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La digitalización recibirá un tercio de los recursos del Plan de Recuperación del Gobierno

Categoría Actualidad

La transición digital será un elemento central de las políticas de transformación del modelo económico español que se impulsarán con fondos europeos. El gobierno ha escogido este ámbito como uno de los prioritarios, junto con la transición ecológica, por su probada influencia en el crecimiento y la modernización del tejido productivo.

El gobierno tiene previsto dedicar un 33% de los recursos económicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española a profundizar en la digitalización del país. Este plan es el instrumento promovido por el ejecutivo para canalizar los fondos europeos destinados a paliar los efectos negativos de la pandemia sobre la economía. La transformación digital es la partida para la que se prevén más recursos después de la transición ecológica, que recibirá un 37% de los fondos europeos.

La eliminación de las barreras de género y la reducción de las desigualdades, completan junto con la digitalización y la transición ecológica, las cuatro grandes transformaciones estratégicas del Plan de Recuperación.

¿Por qué la digitalización?

Las razones por las que el gobierno ha escogido la transformación digital como uno de los grandes objetivos son de diversa índole. En primer lugar, las circunstancias derivadas de la pandemia han acelerado de forma no planificada la digitalización. Las redes de telecomunicaciones han demostrado capacidad y resiliencia y se ha generalizado el teletrabajo y, más en general, el uso de las TIC en muchos otros ámbitos, como el comercio, la salud, o la educación.

El país está bien posicionado para profundizar en este proceso, tal como se desprende del informe DESI (Digital Economy and Society Index), que mide el grado de digitalización de los países europeos, y en los que España ocupa un lugar destacado en distintos aspectos.

Por otro lado, digitalización y crecimiento económico están vinculados. Un reciente estudio de Deloitte muestra que una mejora de 10 puntos en el índice DESI supondría un aumento promedio de un punto al PIB per cápita real de España. Además, el gobierno vincula la digitalización con la modernización del tejido empresarial, la adaptación a la transición ecológica, y también como un elemento vertebrador de cohesión territorial y social.

Medidas y resultados

Respecto al uso de los recursos europeos y a la adopción de medidas concretas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que el ‘Plan España Digital 2025’ será “la hoja de ruta para guiar la agenda”.

Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha detallado algunos ámbitos de inversión como: la conectividad digital, la ciberseguridad y el despliegue del 5G (4.000 millones), competencias digitales (3.500 millones), digitalización de las administraciones (2.600 millones), seis macroproyectos tractores en agricultura, movilidad, turismo, salud, comercio e industria (2.200 millones), digitalización de pymes y startups (1.150 millones), datos e Inteligencia Artificial (500 millones), hub audiovisual (200 millones) y sinergias con otros ejes (5.450 millones).

Con estas medidas inversoras se espera dar un salto cuantitativo y cualitativo importante y lograr, por ejemplo, que el 100% de la población disponga de conectividad con más de 100 Mbps o que el 75% pueda acceder a los servicios del 5G. Con ello se pretende reducir la brecha digital, una de las cuestiones que en este ámbito más preocupa al gobierno. Otros resultados esperados son: la digitalización de dos millones y medio de pymes; la provisión de servicios de teleasistencia para más de 800.000 personas dependientes, y un aumento de 20.000 especialistas en ciberseguridad.

Políticas tractoras

Esta es la denominación de un decálogo de políticas en la que el gobierno estructurará las inversiones incluidas en el Plan de Recuperación. Aunque en cierto modo la digitalización está presente de manera muy transversal dentro de las 10 políticas tractoras, en algunas de ellas su huella es más marcada que en otras.

Esto ocurre en la quinta política tractora, que es la modernización y digitalización del ecosistema empresarial, a lo que se destinará el 17% de los fondos, ante la necesidad urgente, según el Gobierno, “de apoyar el tejido empresarial y garantizar nuestra competitividad industrial”. También se puede reparar la relevancia de la digitalización en las políticas tractoras que implican la modernización de la administración, el refuerzo del sistema nacional de salud, la potenciación de la educación y el conocimiento, o la renovación energética.

Movilización histórica

Los fondos procedentes del Plan de Recuperación para Europa permitirán a España movilizar un volumen de inversión histórico. El acuerdo alcanzado el pasado mes de julio por el Consejo Europeo prevé una financiación total de 750.000 millones de euros. De ellos España recibirá 140.000 millones durante los próximos seis años.

La mitad de los fondos europeos, unos 72.000 millones de euros, serán distribuidos y ejecutados entre 2021 y 2023. De ellos, 27.000 millones se adelantarán en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Este adelanto, independientemente de cuándo efectúe la Comisión los pagos, permitirá acelerar la ejecución del Plan de Recuperación, siempre que se aprueben los presupuestos.

Según el presidente del Gobierno, todas estas inversiones van a desencadenar el desarrollo de la segunda gran modernización de la economía española. Un plan que, en su opinión, va a permitir a España "crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos”.

Gobernanza para los fondos

Dada la importancia del Plan de recuperación para el futuro del país, el gobierno ha pensado en un esquema de gobernanza específico para garantizar que los fondos europeos se usarán de manera eficaz y eficiente.

Este esquema incluye tres puntos: el fortalecimiento de las estructuras administrativas responsables de la gestión de los fondos; la introducción de la mayor agilidad y transparencia en dicha gestión; y por último, pero no menos importante, la eliminación de las trabas administrativas que puedan entorpecer la contratación y ejecución de proyectos.

También se habilitará un marco de colaboración específica con las Comunidades Autónomas para el reparto territorial de los recursos y un mecanismo de interlocución continua con las empresas que participen en los proyectos.