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Políticas públicas para fomentar la inversión en telecomunicaciones

El primer webinar organizado desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en torno a las políticas públicas para fomentar la inversión en infraestructuras digitales ha tenido como objeto de debate el caso concreto de los centros urbanos y cascos históricos. 

Con cierta idiosincrasia propia, estos dos ámbitos deben adquirir cierta relevancia a la hora de buscar una equiparación y cohesión social entre los ciudadanos de una región, independientemente de dónde vivan, tal y como ha explicitado María Teresa Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

Hoy se inician una serie de webinar cuyo objetivo es compartir casos de éxito, enfatizó la directora general.

Pasados un par de minutos de la hora prevista para el inicio de la sesión, el número de asistentes superaba el centenar. A ellos se han dirigido durante casi tres horas las seis personas que han tomado la palabra para explicar, cada una desde su campo de actuación, cómo se ha ido desarrollando el despliegue de fibra óptica en los diferentes cascos históricos que ya disfrutan de esta prestación.

María Teresa Arcos ha incidido en la necesidad de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas, entrelazando competencias estatales, autonómicas y locales y ha expresado que la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones,  ha posibilitado herramientas de coordinación entre administraciones Retrotrayendo la cuestión al presente inmediato, ha afirmado que “en España hemos podido continuar con nuestras actividades durante el confinamiento gracias a que las redes de telecomunicación han seguido funcionando con la misma calidad y extensión, como no ha sucedido en otros países de nuestro entorno”.

Asimismo, la directora general también ha incidido en que las redes de telecomunicación “no se improvisan, sino que son un éxito colectivo que se viene fraguando desde hace años”. Continuando con los acontecimientos más próximos y refiriéndose a los tres meses de confinamiento, Arcos ha manifestado que “hemos tenido un piloto desgraciadamente costoso, pero en el que se ha demostrado que las redes de telecomunicación han permitido tener un contacto familiar, además de recurrir a ellas para consumir productos de video y productos digitales”.

La perspectiva social también ha tenido un lugar en la intervención de Arcos, que ha ejemplificado en la diferencia sufrida entre el colectivo estudiantil que vive en centros urbanos y el que reside en zonas rurales: “se ha puesto de manifiesto que la conectividad era mejor en las ciudades que en los pueblos, y aunque es lógico desde el punto de vista económico, es insostenible desde el punto de vista social”.

A continuación, ha tomado la palabra Jerónimo Martínez García, secretario general del Ayuntamiento de Toledo. Tras haber precisado algunos datos característicos del casco histórico de la ciudad, como su superficie (1 Km x 1,2 Km), en la que hay 11.000 residentes y que la mayoría de edificios institucionales se ubican en él por ser capital de provincia y de Castilla-La Mancha, ha pasado a esbozar el proceso por el cual se puede decir que esta ciudad, a lo largo y ancho de su centro histórico, ya cuenta con despliegue de fibra óptica.

Su objetivo es acelerar el despliegue de banda ancha para un mayor crecimiento económico y una mejor cohesión social. El problema está en cómo incorporar la fibra óptica sin menospreciar el conjunto histórico de la localidad. De esta forma, la opción principal pasaba por el soterramiento de la infraestructura, seguida del cableado en las fachadas excepto en aquellos bienes de interés cultural. 

Así ha esbozado las fases Jerónimo Martínez: “primero hay que llevar a cabo un plan de despliegue; después la presentación por parte del operador de una declaración responsable por cada actuación, que en Toledo ascienden a más de 130; la licencia de obras avalada por un informe de la comisión de patrimonio, un hecho que ejemplifica la coordinación entre la Comunidad autónoma y el Ayuntamiento local, y por último la mejora del paisaje urbano, centrado en el desmontaje de la red existente de cables de cobre y el soterramiento de las instalaciones”.

Su intervención ha concluido con algunos aspectos que, desde el punto de vista de Martínez, son esenciales: la compenetración de las tres administraciones públicas ya mencionadas, el buen hacer y trabajo conjunto de las corporaciones locales con los operadores que contrata y el ajuste de la financiación para que cada actor implicado pierda algo por un bien mayor colectivo.

A continuación, ha tomado la palabra Alipio García Rodríguez, director de Cohesión Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En este caso, el reto se centraba en ampliar el caso de Toledo a todas y cada una de las localidades de la región castellana. Para ello, ha comentado, se enfrentan a diversos retos, como la extensión de la región, la dispersión de los municipios y el alto porcentaje de reservas naturales que se encuentran protegidas.

“Primero creamos un mapa de telecomunicaciones para saber dónde nos encontrábamos. Llegamos hasta las pedanías y fue una primera toma de contacto, tanto con los ayuntamientos como con los operadores de la zona. Gracias a ese mapa vimos, por ejemplo, cómo en los polos industriales apenas llegaba la fibra óptica”, ha narrado García. De hecho, ese mapeo no solo les sirvió para lo que en un primer momento pensaron, sino que le encontraron otras utilidades con el paso del tiempo: “la Consejería de Educación nos dijo que necesitaba distribuir casi 6.000 líneas de acceso a Internet para el estudiantado y lo único que tuvimos que hacer fue ver qué operadores nos las ofrecían, cuál era su ámbito de cobertura y, guiándonos con las direcciones postales, distribuir las conexiones, algo que nos hubiera llevado mucho más tiempo y esfuerzo realizar sin ese mapa”.

Conocer las necesidades de los operadores ha sido el segundo punto que ha explicado García. “Así pudimos ver que reclamaban ayudas económicas, agilización de los permisos a todos los niveles, solventar las dificultades de los despliegues en cascos históricos y unificar los criterios de los ayuntamientos para los trámites administrativos”, señaló Alipio García.

Así pues, en 2018 se realizó el primer encuentro de operadores de Castilla-La Mancha, lo que acabó eclosionando, un año después, en la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de la región, en la que se engloban desde los operadores más grandes hasta los más pequeños trabajando colaborativamente en una red troncal de distribución común.

Por último, García esbozó algunas medidas concretas puestas en marcha desde su comunidad autónoma. Entre ellas, sobresalen una batería de medidas urgentes para agilizar los trámites relacionados con la implantación de infraestructuras de telecomunicación: que no fuese exigible la calificación urbanística, ya que ralentizaba los despliegues, o la petición de que la fibra óptica llegue a todos y cada uno de los centros educativos de la Comunidad, lo que allanaría el camino para su posterior extensión a los centros urbanos.

Tras esta intervención, el moderador de la sesión, Pedro Alonso Manjón, subdirector general de Redes y Operadores de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dio paso a un debate que ha cerrado la sesión. En él han participado los dos primeros ponentes de la jornada y Miguel del Valle, vocal asesor en la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Alicia Richart, directora general de DigitalES, y Antonio García Vidal, presidente de AOTEC, quienes pusieron de manifiesto la necesidad de incorporar profesionales especializados en los ayuntamientos para las gestión de estas infraestructuras digitales.