El pasado 20 de abril el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), en colaboración con la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), celebraron en el Instituto de la Ingeniería de España un evento centrado en la Ley General de Telecomunicaciones (LGTEL) y los diferentes sectores a los que afecta. Durante la cita, diversos representantes públicos y profesionales compartieron sus puntos de vista en torno a esta “continuista” nueva normativa.
José Luis Ruiz, vicesecretario del COIT, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes: “el pasado mes de junio se promulgó la nueva Ley General de Telecomunicaciones y son muchos los colectivos profesionales que deben conocer las novedades que introduce. Además, los Fondos Next Generation son una gran oportunidad para que los operadores desplieguen redes de banda ancha en todos los rincones de España, para lo que se necesitaría agilizar la tramitación de permisos”.
Lorenzo Avello, subdirector general de Ordenación de las Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, tomó la palabra para abordar la LGTEL en cuanto a la afectación a distintos agentes de la Administración General del Estado. “Afortunadamente, esta es una ley continuista. La regulación no está sujeta a vaivenes políticos, lo que ha provocado un clima de certeza en los operadores que les garantiza el retorno de las inversiones”, subrayó. Además, adelantó que se avecina un nuevo paradigma regulatorio a nivel europeo en un momento en el que España ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea (segundo semestre de 2023).
Coordinación pública para el despliegue de redes
El primero de los paneles que conformó la jornada estuvo centrado en la coordinación para el despliegue efectivo de redes. Moderado por el propio José Luis Ruiz, el primero en intervenir fue Enrique Solano, miembro de la Subdirección General de Explotación de la Dirección General de Carreteras. “Es preciso que la documentación técnica que aportan los operadores en las solicitudes de ocupación reflejen las afecciones que las redes de telecomunicaciones tienen sobre las carreteras (estructuras, drenajes…)”, enfatizó. Asimismo, demandó mayores recursos para la Administración Pública, encargada de autorizar los permisos pertinentes para que los despliegues se lleven a término, un extremo que fue apoyado por sus otros dos compañeros de mesa.
Tomás Ángel Sancho, subdirector adjunto de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, remarcó la importancia del despliegue, cuyo objetivo se encuentra íntimamente ligado con el reto demográfico: “es esencial que los operadores de telecomunicaciones entren en contacto con las autoridades de cada cuenca hidrográfica para que las peticiones sean lo más estandarizadas y precisas posibles. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) estamos preparando unos modelos que ayuden a ello”.
José Manuel Rodríguez, consejero técnico del Área de Administraciones Públicas de la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, también participó en el panel. “Desde nuestro punto de vista, se produce cierta falta de comunicación que ralentiza las operaciones. Por otra parte, el conocimiento de la normativa contribuiría a que hubiera menos conflictos y el despliegue se agilizara. Estamos frente a un problema complejo y es fundamental agilizar los trámites mediante la automatización y digitalización del proceso de tramitación en su totalidad, desde la solicitud del permiso hasta la resolución del mismo. Cuando esta medida se consiga implementar en las distintas AAPP se podrán cumplir los plazos legales de resolución, de una manera efectiva y eficiente”, señaló el experto.
La LGTEL y los arquitectos y administradores de fincas
El final de la jornada llegó con un segundo panel centrado en “la posición de distintos colectivos profesionales en la aplicación de la ley”. Conducida por Adrián Nogales, director de Relaciones Institucionales del COIT, la mesa abordó aspectos como las herramientas que necesitan los ayuntamientos para que se cumpla la normativa, el planteamiento que la LGTEL trae sobre el uso de mobiliario urbano y hacia dónde se dirige el futuro de los edificios.
Salvador Díez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid y presidente de honor del Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España, señaló que algunas cuestiones de la Ley son de difícil comprensión dado el elevado contenido técnico de las mismas abogando por el diseño de “píldoras formativas” muy enfocadas al interior de los edificios. “Recordemos que en el apartado de las Telecomunicaciones de un edificio no existe un procedimiento de control en el tiempo por parte de la Administración, como en otras áreas (ascensores, gas…). Quizá serían buenas algunas regulaciones en ese sentido para garantizar el cumplimiento de normas y el mantenimiento de las instalaciones”, dijo durante su intervención.
Por último, Daniel Monfort, gerente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, señaló la necesidad de mayor formación e información sobre este tipo de cambios normativos. “Lo primero que hay que diferenciar es el qué y el cómo. Si bien el fin de hacia dónde vamos es muy loable, fomentar la conectividad del ciudadano en todos los ámbitos y entornos, es necesario definir cómo se materializan esas soluciones para respetar y conservar el entorno urbano”.
Un remedio para esta cuestión, afirmó el propio Monfort, sería la implantación de códigos de buenas prácticas con algunos ejemplos de cómo desarrollar la normativa en el espacio público, en elementos como marquesinas y luminarias. En cuanto al edificio digital y conectado, el ponente lo definió como “el futuro”. Finalmente, resumió su participación afirmando la necesidad de “más formación, más información y más buenas prácticas para que los técnicos municipales y las Administraciones faciliten el trabajo de todos”. Citó algunos ejemplos, como las oficinas de rehabilitación o la calculadora de ayudas que podrían diseñarse para el caso de los programas de ayudas UNICO-edificios en el entorno de las telecomunicaciones y la necesaria difusión a los usuarios”.