La jornada “Futuro Conectado de España: Innovación, Regulación y Salud”, organizada por DigitalES y COIT con la colaboración de CCARS, reunió en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a los principales actores del sector para debatir sobre el presente y el futuro de la conectividad, la innovación regulatoria y la relación entre tecnología y salud, con el objetivo de analizar los retos y oportunidades que plantea la conectividad en España.
La jornada fue inaugurada por Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, y Marta Balenciaga, decana-presidente del COIT, quien destacó el papel esencial de las telecomunicaciones como motor del progreso del país. “Las telecomunicaciones son la infraestructura invisible que hace visible el progreso. Y detrás de cada red, de cada señal, de cada conexión, hay personas: investigadores, técnicos, ingenieros, operadores y responsables públicos comprometidos con mejorar la vida de los demás”, señaló Balenciaga. Ambos coincidieron en la importancia de abordar los desafíos actuales y futuros del despliegue de redes en España, con especial atención a la evolución regulatoria y a la visión de todos los agentes implicados.
Matías González, secretario general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, subrayó el compromiso del Gobierno con un despliegue inclusivo y sostenible de las infraestructuras digitales, con el objetivo de llevar la conectividad “a todos los lugares donde todavía no ha llegado”, atendiendo a la complejidad territorial y a los casos aún pendientes.
El secretario general identificó cinco prioridades estratégicas para los próximos años:
- Culminar el despliegue con visión territorial e inclusiva, trabajando junto al sector para resolver casos particulares y asegurar que ningún territorio quede atrás.
- Garantizar la rentabilidad económica de las redes, especialmente en 5G, impulsando casos de uso reales que generen ingresos y valor industrial.
- Reforzar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras, en un contexto geopolítico complejo y con redes cada vez más expuestas. Subrayó la importancia de la ciberseguridad y de infraestructuras capaces de operar incluso en situaciones extremas, para mantener la confianza empresarial y social.
- Mantener la confianza social en el uso del espectro radioeléctrico, una labor que atribuyó al rigor científico y al trabajo del CCARS. Recordó que los límites se basan en estándares internacionales y que las mediciones en España se encuentran sistemáticamente por debajo de esos umbrales, advirtiendo contra discursos populistas.
- Prepararse para el futuro tecnológico, desde la IA hasta la computación cuántica o la revolución aeroespacial. Reconoció que la regulación debe adaptarse con más agilidad al ritmo del sector y destacó la importancia de una Digital Networks Act (DNA) que tenga impacto real, fomente la inversión y facilite alianzas en un mercado europeo heterogéneo.
Como prioridades inmediatas, remarcó la necesidad de seguir facilitando despliegues y reforzar la idea de que “el futuro conectado no se construye desde la administración o desde el sector de forma aislada”, sino mediante diálogo continuo y el reconocimiento de las telecomunicaciones como sector estratégico de país.
La conectividad, clave para la implantación de tecnologías emergentes
El director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, presentó un avance del Informe sobre el Futuro de la Conectividad en España, que enfatiza la necesidad de contar con infraestructuras digitales sólidas, resilientes y preparadas para soportar las tecnologías emergentes que marcarán la próxima década, como la inteligencia artificial, el blockchain o el Internet de las Cosas. El informe analiza la evolución de la conectividad en los próximos 3 a 5 años y los requisitos tecnológicos necesarios para impulsar un modelo digital competitivo.
Sánchez Galindo recordó que “la competitividad de la UE dependerá de la digitalización de todos los sectores”, y que para aprovechar plenamente sus beneficios es imprescindible disponer de redes de última generación y mayores competencias digitales.
En este sentido, destacó que España mantiene un buen nivel de cobertura 5G SA, en torno al 56%, por encima de la media europea, aunque aún por detrás de mercados como Estados Unidos, China o India, donde supera el 90%. Según datos de la Comisión Europea, las necesidades de inversión en infraestructura digital para alcanzar los objetivos de 2030 ascienden a 200.000 millones de euros, de los cuales “España debería movilizar entre 20.000 y 35.000 millones”, señaló el responsable de DigitalES.
Según el director general, el país afronta ahora el desafío de la densificación de las redes, imprescindible para absorber el incremento del tráfico y habilitar nuevos servicios digitales. Esta nueva etapa requerirá “mantener un ritmo inversor sostenido y avanzar hacia una simplificación administrativa real, especialmente en administraciones locales y regionales, para reducir plazos y facilitar la instalación de nuevos emplazamientos y small cells”.
Finalmente, defendió que la conectividad avanzada ya no se mide únicamente por velocidad, sino por latencia ultrabaja, seguridad desde el diseño, disponibilidad y resiliencia. En este contexto, insistió en la urgencia de acelerar despliegues, armonizar costes de espectro y ajustar los marcos regulatorios a la velocidad del progreso tecnológico.
Despliegue de redes en sectores estratégicos
El debate abordó la mejora de procesos de autorización para acelerar el despliegue de redes en entornos estratégicos: carreteras, puertos y despliegue general en territorio nacional.
Sobre simplificación y coordinación administrativa hablaron Enrique Pérez Rodríguez-Carmona, subdirección General de Planificación y Explotación de la Dirección General de Carreteras; Elena Galindo, subdirectora General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras DigitalES; y Jaime Luezas, jefe de Área de Servicios a la Comunidad Portuaria de Puertos del Estado.
Desde la Dirección General de Carreteras se destacó la importancia de armonizar criterios técnicos entre demarcaciones y digitalizar los trámites, con el fin de reducir plazos y garantizar que los despliegues se realicen minimizando la afección al tráfico y manteniendo la seguridad vial. Por su parte, Puertos del Estado puso el foco en la singularidad operativa de los entornos portuarios, donde conviven exigencias de seguridad, logística y actividad permanente. Se expusieron ejemplos de buenas prácticas en varios puertos españoles que han avanzado hacia modelos de coordinación temprana entre operadores y autoridades portuarias para agilizar despliegues.
Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se subrayó que el Punto de Información Único (PIU) será una herramienta esencial para simplificar los trámites y mejorar la información disponible para los operadores, especialmente en proyectos que requieren coordinación interadministrativa. También se avanzó que las prioridades regulatorias estarán centradas en el desarrollo del Reglamento Gigabit, con especial atención a la armonización de procedimientos y a la reducción de cargas administrativas que siguen dificultando despliegues en múltiples territorios.
La subdirectora Elena Galindo destacó que España alcanza niveles muy elevados de conectividad, y la llegada del Reglamento Gigabit “nos pilla con los deberes ya hechos”, tras años de fuerte despliegue por parte de todos los operadores. Persisten aún retos puntuales, como el 2% de hogares sin cobertura de banda ancha fija, y la necesidad de medir el 5G no solo por cobertura —ya superior al 90%— sino también por parámetros de calidad y latencia.
Retos del despliegue 5g, inversiones y marco regulatorio
Representantes de operadores de telecomunicaciones como Digi, MasOrange, Onivia y Telefónica, junto a proveedores de infraestructuras —American Tower España, Cellnex España, TOTEM España y Vantage Towers—, y fabricantes tecnológicos como Nokia, Ericsson, Huawei España y ZTE, compartieron su visión sobre los retos del despliegue de redes, la evolución del marco regulatorio y las nuevas oportunidades que ofrece la conectividad en sectores estratégicos.
Las empresas de infraestructuras coincidieron en que España parte de una posición de liderazgo europeo en conectividad —tanto en fibra como en 5G— gracias al esfuerzo inversor y a la fuerte cooperación entre operadores, fabricantes y empresas de infraestructuras. Sin embargo, subrayaron que el nuevo ciclo tecnológico exige afrontar retos más complejos: avanzar en el despliegue del 5G SA (5G Standalone es la versión completa y “pura” del 5G, porque funciona sobre una red 100% 5G), densificar las redes en entornos urbanos, carreteras y zonas críticas, y abordar las brechas que aún persisten en móvil y banda ancha fija.
En el debate se destacó que el crecimiento exponencial del tráfico, impulsado especialmente por la inteligencia artificial, obliga a redes con mucha más capacidad, eficiencia y resiliencia. En este sentido, la IA será clave no solo como generadora de tráfico, sino como herramienta para optimizar la gestión de red, reducir consumo energético y permitir la priorización de comunicaciones críticas, dando paso a un futuro de redes más autónomas, capaces de autodiagnosticarse y autooptimizarse en tiempo real.
Los representantes de las empresas del sector recordaron que la densificación será uno de los grandes desafíos de los próximos cinco años y que requerirá agilidad administrativa, especialmente a nivel municipal, así como una coordinación más estrecha con el sector energético para garantizar potencia y acometidas en nuevos emplazamientos. Subrayaron la necesidad de una regulación que facilite la instalación de small cells y acelere permisos en el ámbito local.
En el ámbito económico, se resaltó que, tras completar el mayor despliegue de fibra de Europa, el siguiente reto para España es rentabilizar estas redes y maximizar la eficiencia, donde la compartición de infraestructuras y la búsqueda de economías de escala serán fundamentales. Se señaló que la estructura del mercado europeo sigue fragmentada y que la consolidación del sector podría contribuir a reforzar la capacidad inversora.
En materia regulatoria, se reclamó un marco estable, coherente y predecible en todas las administraciones, con menos burocracia, más alineación territorial y una aplicación homogénea de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoró la aportación del programa UNICO 5G Redes Activas, que ha permitido llevar cobertura a zonas donde el despliegue privado no era viable.
En el ámbito europeo, las empresas destacaron que España llega en una posición sólida a la futura Digital Networks Act (DNA), de la que se esperan reglas de juego claras, modernización del marco de infraestructuras y estímulos para invertir en redes más seguras. Se insistió especialmente en abordar la asimetría entre operadores y grandes plataformas digitales, que concentran más del 50% del tráfico sin contribuir proporcionalmente a los costes. Los operadores reclaman que el DNA reconozca el valor de las redes e infraestructuras, y que incluya obligaciones de negociación y redistribución de costes.
El papel del CCARS: ciencia, evidencia y confianza social
La jornada también puso en valor el trabajo del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), cuyo director científico, Alberto Nájera, presentó las últimas evidencias sobre la relación entre campos electromagnéticos y salud. El CCARS, integrado por expertos en física, medicina, telecomunicaciones y salud pública reafirma, a partir de revisiones sistemáticas y meta-análisis internacionales, que a los niveles habituales de exposición no existe relación entre antenas y efectos adversos para la salud. El comité subraya que el conocimiento científico actual no identifica riesgos asociados a la exposición ciudadana y que la confianza social debe fundamentarse en la evidencia, el rigor metodológico y la transparencia, pilares que guían su actividad desde hace más de una década.
