El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lanza una consulta abierta para identificar proyectos que impulsen la extensión de banda ancha de muy alta velocidad al 100% de la población y el despliegue de redes 5G en zonas poco pobladas.
La vía escogida por el Ministerio para captar los proyectos es una solicitud de manifestaciones de interés. El objetivo es recibir propuestas que, mediante un modelo de colaboración público-privada, permitan extender la banda ancha de muy alta velocidad a todo el país y adelantar la cobertura 5G en zonas rurales y áreas de baja densidad de población.
Condiciones y objetivos
Los proyectos propuestos deben cumplir los objetivos incluidos en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y en la Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, publicados el pasado 1 de diciembre de 2020, en el marco del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia de la economía española.
El objetivo general es impulsar la transformación digital profundizando en la cohesión territorial. En el caso del Plan para la Conectividad esto se traduce en dos grandes objetivos específicos como el 100% de la población con cobertura de banda ancha de 30 Mbps para 2023 y el 100% con cobertura de 100 Mbps para 2025.
En cuanto a las redes 5G, el objetivo es que el 75% de la población tenga cobertura mediante sus bandas prioritarias (694-790 MHz, 3.400-3.800 MHz y 24.25-27.5 GHz) para 2025. Antes de esa fecha se quiere adelantar el despliegue de redes 5G en zonas rurales y de población dispersa, áreas en las que la extensión de estas redes sería más lenta con los modelos de despliegue convencionales.
Hasta el 15 de febrero
La solicitud de manifestaciones de interés está abierta a todo tipo de agentes privados y públicos, como operadores de infraestructuras, operadores mayoristas, operadores minoristas, tanto de forma individual como asociados para el proyecto.
Las propuestas se podrán presentar hasta el 15 de febrero y deberán especificar qué instrumentos se consideran más adecuados para alcanzar los objetivos y en qué condiciones. De igual modo, deberán adecuarse a los Instrumentos de colaboración público-privada descritos en el Real Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2020
Además, las propuestas deberán cumplir con el marco normativo de ayudas de Estado de la Unión Europea y su aplicación en el ámbito del despliegue de redes ya que contarán con el apoyo de financiación pública.
Incluir a la España rural
La extensión de la banda ancha que persigue el Gobierno incluye medidas para incentivar el despliegue de esta infraestructura tanto en centros urbanos como en las zonas más despobladas. Hoy en día la velocidad de 100 Mbps es accesible para el 84% de la población y dentro de un año se espera alcanzar el 91% de cobertura.
En la España rural la cobertura de fibra óptica es mucho menor: se sitúa en el 46% de la población. Si bien esta cifra duplica la media europea, e incluso está por encima de países como Francia, Alemania o Reino Unido, el ejecutivo se ha propuesto superar la brecha digital territorial por completo y que en 2025 la banda ancha llegue a toda la población.
Para alcanzar este 100% de cobertura, el Plan para la Conectividad está dotado con 583 millones de euros en el año 2021 y tiene previsto invertir 2.320 millones hasta 2025.
Palanca de la recuperación
Por otra parte, el impulso al despliegue rápido de 5G es una de las prioridades identificadas como palanca de recuperación tanto en el Mecanismo de Recuperación europeo (Next Generation EU) como en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de la economía española presentado el pasado 7 de octubre, que destinará un 33% de sus fondos a la digitalización.
El despliegue de la tecnología 5G constituye, asimismo, uno de los diez ejes principales de la agenda España Digital 2025, presentada el pasado 23 de julio.
La hoja de ruta del gobierno se recoge en la Estrategia de Impulso del 5G, adoptada por el Consejo de Ministros de 1 de diciembre, que prevé una inversión pública de 300 millones de euros en 2021 e incluye la Ley de Ciberseguridad, como una de las medidas que favorecerá el impulso de infraestructuras 5G en España.
La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G cuenta con 300 millones en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025 (Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital).