El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha trasladado a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado; a los portavoces parlamentarios de todos los Grupos Políticos, y al Gobierno una serie de recomendaciones constructivas respecto a cómo podría superarse el impasse generado por la forma en que se desarrolló el proceso de preselección de aspirantes a Consejeros y Presidente de la Corporación RTVE, tras el Concurso Público convocado por el Congreso de los Diputados y el Senado el 17/07/2018, pendiente aún de resolución, y que está afectando gravemente a la gobernanza de la entidad.
Hay que recordar que RTVE dejó de ser un Ente Público en 2006 (Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, LRTV), para convertirse en una Sociedad Mercantil Estatal, sometida a la regulación de las Sociedades Anónimas y al Estatuto de los Trabajadores. Consume más de 1.000M€ de dinero público cada año, con una plantilla de 6.300 personas. En consecuencia, debe ser gestionada con extremo rigor profesional, para que un eficiente uso de sus recursos humanos, económicos y técnicos pueda garantizar un eficaz desenvolvimiento de las encomiendas legales, políticas, sociales y culturales que estructuran los Servicios Públicos de la Radio y la Televisión de titularidad estatal. Sin una gestión eficiente de los recursos, no puede haber un Servicio Público eficaz.
Sin embargo, en estos 14 años no se ha operado el cambio de cultura de Ente Público a Sociedad Mercantil, incumpliendo importantes exigencias legales, lo que ha provocado valoraciones negativas de numerosos aspectos de su gestión por parte del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Eso ha privado a RTVE de una estrategia clara y sostenida para hacer frente al proceso de transición digital hacia la globalización, que está amenazando la supervivencia de los Servicios Públicos de TV generalista y unidireccional en toda Europa.
Entre las consecuencias más conocidas están la desmoralización de una plantilla infrautilizada; la fuerte caída de audiencias; la lenta e incompleta transformación tecnológica, y la falta de cooperación con las entidades públicas audiovisuales de los otros 20 países de habla hispana, lo que está impidiendo que RTVE pueda convertirse en la voz más potente y fiable del panorama audiovisual hispanohablante, aprovechando el enorme valor estratégico de nuestro idioma.
Parecía que la convocatoria de un Concurso Público, respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad, para elegir a los miembros del Consejo de Administración, realizada por las Cortes Generales el 17/07/2018, iba en la dirección de encontrar personas experimentadas en alta dirección empresarial, pública o privada, para garantizar la correcta gobernabilidad de RTVE. En principio, se dirigió a todas aquellas personas que estuvieran “en posesión del título de Doctor, Licenciado, Grado o título equivalente o contar con reconocida competencia profesional en el sector de la comunicación”, y se presentaron 95 personas.
Pero en su desarrollo, comandado por la “Comisión Mixta Congreso-Senado para el control de RTVE”, quedaron laminados dichos criterios y se pasó, de facto, a la figura de un Concurso Restringido. La distorsionada aplicación de un baremo, que ni siquiera se publicó con la convocatoria sino 17 días después de su cierre, excluía, en la práctica, a todos los titulados universitarios (cientos de miles de Ingenieros, Economistas, Abogados, Físicos, etc.) que no fueran además periodistas, ni hubieran trabajado en RTVE, pues ninguno de ellos podría alcanzar más que 45 de los 65 puntos mínimos para pasar a la segunda fase, aunque su experiencia previa incluyera la dirección ejecutiva de varias empresas públicas y/o privadas, y presentaran el mejor Proyecto de Gestión para RTVE
Incluso se dio la incongruencia de excluir a los propios Ingenieros de Telecomunicación, cuya formación académica y experiencia profesional pivota en torno al concepto mismo de la función social de la comunicación entre las personas, lo que constituye el “juramento hipocrático” de nuestra profesión, y nos capacita de manera muy especial para colaborar en la gestión de cualquier tipo de operador que actúe en el sector
Finalmente, quedaron preseleccionadas 20 personas, todas periodistas y/o del entorno de RTVE, ninguna de las cuales, al parecer, ha dirigido jamás una empresa, ni pública ni privada, durante el mínimo de cinco años que establece el artículo 14 de la vigente LRTV.
Una treintena de recursos, y la convocatoria de Elecciones Generales dejaron el Concurso en suspenso.
A la vista de ello, hemos propuesto a los Partidos Políticos:
1. Mantener y extender a todas las Empresas Públicas la figura de Concurso Público abierto, democrático y transparente, con respeto absoluto a los criterios de igualdad, mérito y capacidad, consagrados por la propia Constitución, pues parece la más adecuada para facilitar la incorporación de personas cualificadas de la Sociedad Civil a la gestión profesionalizada de RTVE y de cualquier otra Empresa Pública, en beneficio del uso eficiente de los recursos públicos; para garantizar su independencia, y en bien de los intereses generales de la población.
2. En este caso concreto, y al objeto de respetar los derechos de las 95 personas admitidas al Concurso, respetuosamente nos permitimos proponer:
a) Anular la preselección efectuada en su día, pues se hizo mediante la aplicación de un artificioso baremo que no garantizaba las condiciones de igualdad, mérito y capacidad de todos los concursantes, y sobre el que éstos ni siquiera llegaron a tener conocimiento previo.
b) Encargar, a alguna entidad especializada, la elaboración de un nuevo catálogo de los méritos profesionales necesarios para dirigir, de forma eficaz y eficiente, una Empresa Pública del tamaño y la importancia de RTVE, y acorde con el citado artículo 14 de la vigente Ley 17/2006.
c) Nombrar un Comité de expertos en procesos de selección de personal de alta dirección empresarial, para que, en base al nuevo catálogo de méritos, asigne los baremos y los aplique sobre las candidaturas aceptadas, presentando, de forma transparente, la preselección de las 20 mejor puntuadas a las Cortes, que elegirán a las 10 personas que hayan de ocupar los puestos del Consejo y, de entre ellas, a la que ejerza la Presidencia Ejecutiva de RTVE.
3. Alternativamente, si por alguna razón esto no fuera posible, sugerimos que se anule el Concurso y se lleve a cabo una nueva convocatoria, antes que consumar una preselección viciada por graves irregularidades, lo que podría conducir a una más que probable corrección por las más altas instancias judiciales, y a un nuevo deterioro de la gobernanza de RTVE.