El Colegio ha participado activamente en la consulta pública sobre la regulación del Servicio Universal de Telecomunicaciones impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el objetivo de trasladar una visión técnica, actualizada y alineada con la realidad del despliegue de redes en España.
En su aportación, el COIT parte de una idea clave: el marco actual del Servicio Universal, tal y como está definido en la Ley General de Telecomunicaciones, necesita una revisión para adaptarse al contexto real de conectividad del país. Los datos oficiales muestran que la cobertura de redes ultrarrápidas ha crecido de forma notable en los últimos años, alcanzando ya a la inmensa mayoría del territorio, incluidos entornos rurales. Esto lleva al Colegio a señalar que, hoy en día, el problema ya no es tanto de oferta de conectividad como de adecuación del marco regulatorio a la realidad tecnológica.
Uno de los principales ejes de la aportación del COIT ha sido la actualización de la velocidad mínima garantizada por el Servicio Universal. El umbral actual de 10 Mbps se considera claramente insuficiente para cubrir las necesidades reales de hogares y empresas, en un entorno donde la administración electrónica, la educación online, los servicios en la nube, las videollamadas o el ocio digital son ya cotidianos. Por ello, el Colegio propone elevar ese mínimo a 30 Mbps de forma inmediata y avanzar progresivamente hacia los 100 Mbps como objetivo deseable y técnicamente coherente con la evolución del mercado.
Otro aspecto clave en el que el COIT ha hecho especial hincapié es la neutralidad tecnológica. A día de hoy, existen múltiples soluciones capaces de prestar servicio (redes fijas, móviles y satelitales) con amplios niveles de cobertura. El Colegio defiende que, antes de activar cualquier mecanismo de Servicio Universal, debe existir una verificación exhaustiva de que realmente no hay ninguna tecnología disponible en esa ubicación. Además, propone que no sea necesariamente un único operador designado quien preste el servicio, sino que puedan establecerse mecanismos competitivos que permitan elegir la solución más eficiente desde el punto de vista técnico y económico, garantizando así la neutralidad y evitando duplicidades de infraestructuras.
En materia de asequibilidad, el COIT valora positivamente que la normativa ya obliga a los operadores a disponer de bonos sociales y que el alto nivel de competencia del mercado español contribuye a mantener precios accesibles, por lo que no se detectan problemas graves en este ámbito.
Asimismo, el Colegio ha propuesto mejoras en los mecanismos de información y control, como la creación de sistemas de información geográfica obligatorios y actualizados, auditorías independientes del coste neto del Servicio Universal y revisiones periódicas de los parámetros técnicos para evitar su obsolescencia. Junto a las soluciones regulatorias, también se apuesta por acuerdos voluntarios entre operadores, incentivos al despliegue en zonas de baja rentabilidad y fórmulas de colaboración público-privada.
Con esta aportación, el COIT defiende una regulación más realista, eficiente y alineada con las necesidades actuales de ciudadanos y empresas, que permita seguir reduciendo la brecha digital, favorecer la cohesión territorial y garantizar un uso óptimo de los recursos del sector.