El Institut Cerdà lanza la primera edición del Observatorio de Riesgos que pretende mostrar anualmente los principales riesgos que existen en España y que impactan a las empresas. Para ello, analiza el contexto e identifica los riesgos en el ámbito español, selecciona los más relevantes a corto y medio plazo y expone en detalle cada riesgo (descripción y qué está pasando en España) para finalizar con el riesgo y los impactos de su materialización sobre diferentes ámbitos de las empresas.
Esta entidad catalana asesora y acompaña a las organizaciones públicas y privadas en la toma de decisiones estratégicas para afrontar retos y visualizar oportunidades, en el marco del máximo beneficio para el conjunto de la sociedad. Trabajan en ámbitos como la gestión de riesgos y crisis, infraestructuras y territorio, logística y distribución comercial, y medio ambiente y energía. Así, en el informe ubican, en total, 31 riesgos agrupados en cinco ámbitos: económico, institucional, medioambiental, social y tecnológico.
Ámbito tecnológico
En el capítulo dedicado a los riesgos tecnológicos, “la ciberseguridad, y en particular, el incremento y la sofisticación de los ciberataques continuará siendo en 2022 una de las principales preocupaciones de las empresas españolas”, tal y como enuncian en el informe. En este sentido, también inciden en el hecho de que en 2020 aumentaron en un 61% los incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, aunque no llegaron a comprometer sus servicios. Frente a la “crisis de talento digital y tecnológico”, señalan la necesidad de afrontar la no adaptación al progreso tecnológico y la brecha digital, todo ello en un contexto global de excesiva concentración del poder digital.
Ámbito económico
Según el Institut, “el 2021 ha estar marcado por la recuperación económica”, pese a que el ritmo de crecimiento durante los primeros meses del año se ha visto afectado por el aumento de la incertidumbre causada por distintos factores. Entre ellos están los cuellos de botella y la escasez de materias primas; la inflación experimentada, en paralelo, al haber causado “la mayor subida de los últimos 29 años al registrar una tasa de +5,5% en octubre de 2021”; la falta de determinación en el proceso de transición energética por parte de la UE; la lenta recuperación de los sectores más impactados por la pandemia; y el endeudamiento público.
Ámbito institucional
En el capítulo de riesgos institucionales, el informe señala que el pasado año “ha estado marcado por el deseo y los esfuerzos de las instituciones por reactivar la actividad económica tras la pandemia”. Así, los fondos europeos de recuperación Next Generation de la UE han supuesto un hito. En concreto, señalan que, en España, si no se apuesta por la colaboración público-privada, se perdería “la oportunidad de que el sector privado contribuya con todas sus capacidades a los grandes (y globales) retos económicos, sociales y medioambientales que España tiene por delante, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible”.
Asimismo, aseguran que “el auge de una práctica política basada en el corto plazo y poco continuista entre ciclos electorales, ha provocado que las empresas hayan experimentado cómo la creciente paralización de las decisiones de la gobernanza pública ha aumentado la inseguridad jurídica en su actividad diaria y la incertidumbre en el despliegue de su estrategia a medio y largo plazo”. A ello se suman ciertas tensiones en las relaciones bilaterales con otros estados y el riesgo de debilitamiento de la UE, argumentado en el Brexit, entre otros motivos.
Ámbito medioambiental
En cuanto a los riesgos medioambientales, el documento explicita que “en 2022 se espera que se afiance la tendencia que sitúa el medio ambiente como un potente catalizador de cambios en las empresas”. Así, citan la sequía y la mayor virulencia de incendios forestales como los fenómenos meteorológicos extremos que aumentarán de frecuencia e intensidad. Por ello, concluyen que “los riesgos vinculados a los efectos del cambio climático radican en España en la necesidad de acelerar la planificación y ejecución de nuevas inversiones por parte de las empresas, y en la imprescindible coordinación y colaboración entre el sector público y privado para incorporar las correspondientes medidas de adaptación y mitigación”.
Ámbito social
El documento también aborda los riesgos sociales, entre los que destacan la desigualdad, la falta de expectativas en los jóvenes y las dificultades de integración de la inmigración. En relación a las empresas, agregan que “deberán actualizar sus plantillas mediante procesos de formación y recolocación de profesionales hacia sectores donde la digitalización y la gestión medioambiental y energética serán objetivos prioritarios”. Por último, citan la desinformación como detonador de problemas que actúan en el vínculo entre empresa, sociedad y territorio.