Nuestras alegaciones van orientadas al cambio de modelo de operador designado, a la solicitud de garantías de acceso efectivo y protección para los colectivos vulnerables, además de la necesidad del análisis de los datos y una evaluación pública tras el primer año de aplicación.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) ha presentado sus alegaciones al proyecto de orden sobre el cese de determinadas obligaciones de servicio público vinculadas al acceso a internet de banda ancha y a las comunicaciones vocales en una ubicación fija. El Colegio reclama que el cambio mantenga una garantía efectiva para los usuarios a los que el mercado no atienda.
El COIT reconoce el alto nivel de cobertura alcanzado por la fibra óptica, el 5G, el acceso fijo inalámbrico y las redes satelitales. Por ello, apoya superar el modelo de operador designado único y avanzar hacia otro que permita seleccionar la solución técnica y económicamente más adecuada para cada ubicación, respetando la neutralidad tecnológica.
El cese de estas obligaciones no supone la desaparición del servicio universal y solicita que la orden lo recoja expresamente. Para los ciudadanos que no encuentren una oferta adecuada, propone un procedimiento de garantía activable a solicitud del usuario, con plazos definidos para comprobar la situación y, cuando sea necesario, designar un operador que preste el servicio con los mecanismos de compensación correspondientes.
Las alegaciones subrayan que la cobertura de una red no acredita por sí sola que el servicio pueda contratarse en una vivienda concreta. La capacidad disponible, las dificultades de instalación o los costes de alta pueden condicionar el acceso. Proponemos verificar la disponibilidad por referencia catastral mediante un sistema de información geográfica actualizado.
El Colegio también reclama datos objetivos sobre la demanda, además de los de cobertura. Solicita publicar información sobre las peticiones de servicio atendidas y no atendidas, los plazos de provisión y las viviendas sin una oferta contratable que cumpla los parámetros del servicio universal. Asimismo, pide incorporar la referencia completa al informe de la CNMC y una síntesis de sus conclusiones.
En el ámbito rural, planteamos asegurar con antelación la continuidad del programa UNICO Demanda Rural, cuya finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2027, o de un instrumento que lo sustituya. El objetivo es mantener condiciones asequibles que contemplen tanto la cuota como los costes de alta, terminal e instalación.
La protección de los colectivos vulnerables ocupa otro apartado de las aportaciones. El COIT valora la continuidad del abono social para sus actuales beneficiarios y propone facilitar el acceso de nuevos usuarios a condiciones equivalentes, así como conservar el beneficio al cambiar de operador. También solicita asegurar la continuidad de las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Para comprobar los efectos del cambio, el Colegio propone una evaluación pública tras el primer año completo de aplicación, un seguimiento anual posterior y una cláusula de revisión si se detectan zonas o colectivos sin atención adecuada.
