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Telefonía móvil: los ayuntamientos tienen la última palabra
Telefonía móvil: los ayuntamientos tienen la última palabra Una de las características diferenciales de las telecomunicaciones es, sin duda, su capacidad para crear valor en el conjunto del tejido económico mediante la generación de actividades, dentro de la práctica totalidad de los sectores, que cada vez recurren de forma más intensiva a la utilización de la información y el conocimiento. Podría decirse que las telecomunicaciones constituyen el sistema nervioso de una sociedad moderna. En ese incuestionable camino hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, resulta evidente la necesidad, tanto de desarrollar e implantar nuevas tecnologías como de hacer llegar sus “beneficios y bondades”, en las mejores condiciones, a todos los ciudadanos. Pero en ese tránsito de las tecnologías y sus beneficios a toda la población, se manifiesta claramente como condición “necesaria” -aunque no suficiente: el despliegue de redes e infraestructuras de Telecomunicación. Un despliegue establecido mediante la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones. Como consecuencia de ello, la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, dedicada básicamente a las comunicaciones móviles, aprobó un procedimiento administrativo de referencia y una serie de recomendaciones “para favorecer el desarrollo armónico de las infraestructuras de red de radiocomunicaciones”, garantizando su despliegue ordenado, equilibrado, de calidad, riguroso, y con el máximo respeto al medio ambiente, a la salud y a la seguridad de toda la ciudadanía. Para conseguirlo, la totalidad de los organismos competentes, a todos los niveles, deberían haber trabajado hasta ahora a fin de poder disponer de una reglamentación única y unas ordenanzas municipales comunes en su espíritu, de tal manera que permitiesen, en aras del bien común, desarrollar las infraestructuras de telecomunicación bajo unas mismas premisas, criterios y parámetros. A fecha de hoy, esa no es la realidad. Raro es el día en el que no aparecen noticias de ámbito local donde se denuncia un bloqueo en el despliegue de redes, una ralentización en el proceso de concesión de licencias, etc. Ello dificulta enormemente la labor de despliegue de las infraestructuras, encarece su coste y, por último, ejerce un marcado impacto en esa disponibilidad de servicios de telecomunicación que todos demandamos. Por si hubiera dudas, una reciente sentencia del Tribunal Supremo determina que los niveles de exposición que recoge la normativa vigente, fundada en la intervención facultativa de los ingenieros de Telecomunicación, son los adecuados. Junto con las últimas aportaciones de la Organización Mundial de la Salud, (fact sheet nº 304. Mayo 2006), coadyuva, una vez más, a desenmascarar a oportunistas y agitadores que propagan tesis que a ingenieros y científicos deberían avergonzarnos. El hecho indiscutible es que los operadores defienden el propósito de ofrecer una mejor cobertura para optimizar el servicio, entre otras cosas, debido a los compromisos que mantienen con la Administración. Sin embargo, aún se les pone en la tesitura de no disponer de todos los permisos y licencias que una heterogénea y compleja administración autonómica, insular y local les impone lo que coincide, además, con una escasa coordinación entre éstas últimas. Falta, a nuestro juicio, un mensaje claro y contundente de las distintas administraciones que remate el emitido por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En especial, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo que, ante la todavía preocupante alarma social, no logra transmitir el mensaje de tranquilidad que su propio Comité de Expertos propugna. Año tras año perdemos terreno frente a otros países en el desarrollo de la Sociedad de la Información en movilidad. Los ingenieros de Telecomunicación hemos pedido, en reiteradas ocasiones, que las administraciones locales se conciencien de la situación y den el paso definitivo con el objetivo de resolver una situación que dura ya demasiados años. Como bien saben los Ayuntamientos, a los profesionales nos tienen a su entera disposición para solucionar esta complicada y difícil situación en la línea de lo establecido por el convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación que esperemos produzca resultados positivos para todos.
30 oct 2015