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41.- EDITORIAL Los eurotópicos. Con el ingreso formal en la CEE, ya tenemos motivos renovados para sustituir los manoseados tópicos hispanos que tantas páginas han llenado durante las últimas décadas, e incluso siglos, por otros lugares comunes no menos convencionales, aunque elevados, eso sí, a la categoría de europeos: los eurotópicos. Como pretendemos no caer en ellos, dejemos constancia de nuestra satisfacción por el acontecimiento y, con un simple “hola Europa” pasemos directamente a los grandes temas que servirán para definir unas telecomunicaciones españolas más a la europea que las actuales. Para empezar, europeizar nuestras telecomunicaciones implica inmediatamente ordenarlas. Nuestros puntos de vista y criterios al respecto ya son sobradamente conocidos, y en este punto y hora sólo insistimos en la urgencia con que debe llevarse a la práctica, después de tanto tiempo malgastado. Otra forma de europeizar consistiría en asumir que las telecomunicaciones de un país como el nuestro necesitan políticas elaboradas en los más altos niveles del Poder Ejecutivo de la Nación, por su impacto sobre la economía y la sociedad en general, y su condición de agente modernizador de ambas, Alguien podría pensar que, en estos momentos, europeizar las telecomunicaciones también significa liberalizarlas ampliamente, pero ahí conviene recordar que los países de la CEE que ya están contemplando procesos liberalizadores semejantes a los de EE.UU. y Japón, disponen de unos equipamientos en telecomunicaciones muy superiores a los nuestros, y de unos grupos industriales nacionales suficientemente fuertes como para necesitar mercados externos y, al tiempo, resistir los envites multinacionales a sus propios mercados internos. Con el peor nivel de penetración telefónica por 1000 habitantes de la CEE (excepto Portugal e Irlanda); con el nivel más bajo en inversión en telecomunicaciones por habitante (idem); con el peor porcentaje de participación de los productos de explotación de las telecomunicaciones en el PIB (idem), y sin tener un grupo industrial genuinamente nacional en este sector, no se pueden acometer las mismas alegrías liberalizadoras que en otros países. Por otra parte se ha demostrado que a mayor liberalización, mayor regulación y control por parte de las autoridades correspondientes, y las nuestras tienen, en el terreno de las telecomunicaciones, una estructura tan endeble y poco desarrollada que difícilmente puede aceptarse la idea de que están en condiciones de regular y controlar casi nada, como puede verse en la práctica diaria. Europeicémonos pues, adquiriendo los buenos hábitos y costumbres de nuestros vecinos; la seriedad de sus planteamientos; la profesionalización y tecnificación de sus Administraciones, e incluso su forma de practicar el nacionalismo. Pero no caigamos en la ingenuidad o en la chapuza de copiar sus esquemas, cuando nuestras condiciones objetivas no coincidan con las suyas y presagien un desastre. Es decir, hagamos las cosas bien, que, además, es lo más sencillo.

42.- EDITORIAL Participar en las asociaciones profesionales europeas. Insistir en la condición de europeos comunitarios que, desde hace cinco meses, nos afecta no es, por ahora, reiterativo. Tras nuestra integración formal en la CEE, resulta ahora necesario hacer tal condición efectiva, especialmente en determinados aspectos, con la asimilación sin tardanza de lo que ello implica. Hace ya años que las demás naciones que integran la Comunidad han iniciado un abierto acercamiento en áreas comunes. A nivel empresarial, tales iniciativas se centran en torno a proyectos tecnológicos, para, conjuntamente, hacer frente a opciones ajenas a los intereses europeos que persiguen objetivos análogos. Para tales iniciativas ya existen, cada vez más consolidadas, propuestas comunitarias en las que, aunque aún tímidamente, nuestras industrias se encuentran involucradas, al menos en la medida de sus posibilidades actuales. Existe otro área que afecta directamente a nuestro papel como profesionales, hacia la que aún no estamos sensibilizados. Nos referimos en concreto a nuestra participación activa en los colectivos europeos de carácter profesional, a los que no damos todavía el peso específico que en otras sociedades tienen. Resulta necesario que asumamos como colectivo, y tal y como lo hemos hecho en otros muchos aspectos, lo que nuestra condición de europeos significa. Básicamente son dos las asociaciones de ingenieros a las que aquí debemos hacer referencia: La Federación europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) engloba a los ingenieros europeos de todas las ramas, siendo uno de sus objetivos más importantes la coordinación de las diferentes titulaciones que a niveles nacionales resultan posibles. A la Federación de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Económica Europea (FITCE) pertenecemos, ahora sí, con todos los derechos. Hasta la fecha asistíamos como miembros adheridos habiendo incluso organizado uno de sus congresos anuales en nuestro país. Trata la FITCE de plantear la problemática que las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías presentan, especialmente en los entornos de los diferentes PTT europeos. Son en nuestro país los ingenieros de telecomunicación que pertenecen a la Administración o a Telefónica quienes pueden y deben ser miembros activos de la FITCE. A ellos recordamos desde aquí el interés que para todos tiene su participación activa. Ambas asociaciones buscan, en definitiva, coordinar las diferentes experiencias que puedan afectar al conjunto de los ingenieros europeos. Ser sensibles a tales iniciativas y asumir lo que ello significa resulta condición ineludible para una sociedad como la nuestra que tiene a estas alturas, que recuperar mucho tiempo perdido.

43.- EDITORIAL Balance obligado de un cuatrienio. Se han cubierto cuatro años de legislatura del Gobierno mayoritario del PSOE, y cuando este número salga de imprenta el pueblo español habrá escogido a sus nuevos gobernantes, en ese ejercicio de soberanía máxima que representa el voto universal. Es, por lo tanto, momento de balance y de proyectos. Nosotros, desde nuestra posición, conscientes de la necesidad de que existan múltiples voces desde la sociedad, que ayuden a la formación de una opinión plural y rica, queremos sumarnos a ambas tareas. Empezando por las acciones desarrolladas por la Administración en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, podemos decir que, si bien se han dado pasos positivos, que permiten hablar de la existencia de “cimientos de un gran edificio”, la inconsistencia de los avances, su trayectoria corta y con demasiadas concesiones, no nos permiten ser muy optimistas al respecto. La organización administrativa no ha alcanzado el rango que nosotros hubiésemos deseado y, además, seguimos en un Ministerio que, si bien ha acogido en su seno a la Secretaría de Comunicaciones, no ha logrado poner nuestros problemas, los del sector, a la altura de nuestros compañeros de viaje (Transportes y Turismo). Se ha cambiado el ímpetu inicial de los momentos de Mayo de 1983, para volver a los discursos de cartón-piedra, que permiten al responsable político de turno pasar sobre los problemas sin apenas tocarlos. De esa organización administrativa debió surgir una norma legal que diese forma y contenido al disperso mundo de la telecomunicaciones en España. Pocas leyes, durante estos cuatro últimos años, han tenido un desarrollo tan confuso como el del anteproyecto hoy llamado LOT. Defendido sin ganas bajo el primitivo título de LOC, por el primer Gobierno Socialista, y reactualizado por el segundo, dejando por el camino aspecto trascendentes, es una norma a la que el futuro Parlamento deberá dedicar el tiempo y cariño suficientes para que no sea un bebé tardío y, además, con serias deficiencias. El segundo punto de referencia de nuestro sector se debe centrar en lo desarrollado por la Compañía Telefónica, sin duda el motor de las telecomunicaciones españolas. Pues bien, es obligado destacar, como ya hemos repetido en otros momentos y otros foros, que España sigue teniendo el peor nivel de penetración telefónica por 1000 habitantes de la CEE, con la excepción de Portugal e Irlanda; que mantenemos el nivel más bajo de inversión en telecomunicaciones por habitante, para idéntico entorno, y que la participación de los productos de explotación de las telecomunicaciones en el PIB es, igualmente, la peor de entre nuestros socios comunitarios. Añadidas a estas realidades, está una gestión de la Compañía que ha dado giros estratégicos radicales, durante este periodo, en sus aspectos industriales, impidiendo la consecución de planes que necesitan tiempo y planificación para su ejecución. En el día de hoy, por ejemplo, se echa de menos la continuidad de la política que estableció el Primer Plan Cuatrienal de la Compañía. En los aspectos de política industrial, la principal referencia para nuestros sectores ha estado en los entornos del Plan Electrónico e Informático Nacional. Fue, sin duda alguna, este reto de la Administración, más lejos en sus objetivos iniciales que en sus logros finales. La teoría del atajo tecnológico, usada como inspiración de las principales políticas industriales desarrolladas en el país, no ha permitido, hasta el momento, a pesar de los importantes recursos utilizados y de los mercados potenciales en presencia, demostrar si, primero, es un atajo y, segundo, si tras él se llega a los objetivos tecnológicos a los que el país debiera optar. El Plan, que estuvo repleto de deseos de obtener resultados brillantes para la galería de los números corrientes, sin fijarse en lo que dejaba de sólido realmente, abre las puertas a un segundo PEIN, ya anunciado, aunque todavía no conocido. La mera existencia de este tipo de planes merece ser saludada, por cuanto que ponen en evidencia las necesidades de planificación y protagonismo del sector público en los mercados tecnológicos avanzados. Otros muchos aspectos, como la gestión del espectro radioeléctrico, la situación de la televisión, la Ley de compras públicas, etc., merecerían ser tratados aquí, pero las limitaciones de espacio nos lo impiden. Sin embargo, no queremos pasar por alto el enorme problema, heredado por el actual Gobierno, que supone la escasez de recursos humanos cualificados para satisfacer las necesidades tecnológicas del país. La falta de previsión, en este sentido, nos ha llevado a que hoy estén en peligro objetivos tan queridos por nosotros como la tecnificación de la Administración y la expansión de la industria y de los productos nacionales. Este error de planificación de recursos para la Universidad, ha de ser corregido por el nuevo Gobierno de forma urgente. Para resumir, creemos que, en este cuatrienio, si bien se ha prestado más atención a los problemas que nos ocupan, la dedicación y el ritmo imprimidos no han alcanzado el nivel suficiente como para permitir al pasaje que se desabroche los cinturones y fumen, si lo desean. Estamos en un periodo aún crítico del viaje, y conducirlo con éxito es un reto al Gobierno que salga elegido y al que nos ofrecemos para colaborar en la construcción de ese mundo de las telecomunicaciones españolas, que tanto nos interesa a todos.

44.- EDITORIAL Una nueva legislatura. Los resultados de las recientes elecciones han puesto un lógico continuismo en la composición del gabinete de Felipe González, sólo alterado por la sustitución de los responsables de algún ministerio. Que uno de estos haya sido el de Industria y Energía y uno de los confirmados el de Transporte, Turismo y Comunicaciones, nos lleva a hacer algunas reflexiones. Si tales reflexiones las iniciamos con el Ministerio de Abel Caballero, parece que nuestro Presidente de Gobierno haya alargado su mandato para que finalice la tarea iniciada. En nuestro área, ésta viene fundamentalmente reflejada por la consolidación como ley de la LOT, que, tras el injustificado retraso de los plazos prometidos, hasta ahora no pasa de ser un borrador más o menos manoseado, y por el papel que en el futuro juegue Telefónica. La tendencia, según declaraciones del Ministro y del Director General de Telecomunicaciones, va en la línea de, no se sabe bien cómo, liberalizar terminales. Muchas incógnitas quedan sobre cómo se llevarán las medidas en la práctica. Léase capacidad de control real de las telecomunicaciones por la Administración, realización y ejecución del Plan Nacional de Telecomunicaciones, etc. Todo ello pendiente, sin embargo, de que el mismo equipo que nos quiso convencer en su día de la inminencia de esta ley en la anterior legislatura, sea capaz de sacarla adelante en esta. En industria, y energía, las cosas han cambiado bastante. Parece ser que se avecina una importante reestructuración en el área tecnológica que incluso parecía que iba a llevarse a cabo antes de los nuevos nombramientos, y que se ha propuesto. Se trataría, o se tratará, de potenciar nuestra capacidad tecnológica coordinando mejor los organismos implicados. Sin embargo, por encima de la estructura que se habilite, el problema es más bien de voluntades y metas. A Joan Majó se le pudo achacar un excesivo interés en el pacto con multinacionales para no quedar descolgados tecnológicamente. Se le acusó de no apoyar, con nitidez y energía suficientes, una vía española, al menos en algunas significativas e importantes áreas. Está ahora por ver si la política que seguirán Luis Carlos Croissier como Ministro del ramo y Julio González Sabat como Director General de Electrónica e Informática será, o no, continuación de aquella. De aquí seguimos y seguiremos recordándoles que para alcanzar esa soberanía tecnológica que todos deseamos, existen otros caminos que los seguidos hasta la fecha, sin que estos hayan de ser, ni mucho menos, despreciados. Nuestros ingenieros, a quienes aquí representamos, están sobradamente preparados para compartir ese riesgo tecnológico al que, junto con empresarios, gobiernos y sindicatos, todos los países de nuestro entorno se han enfrentado si han querido significar algo. Las primeras declaraciones del nuevo Ministro de Industria y Energía señalando que dará más apoyo a la pequeña y mediana industria mueven al optimismo. Sin embargo, la inercia de la solución fácil que supone el vivir a la cómoda sombra de frondosos árboles es muy fuerte, aunque ello suponga el raquitismo de por vida. El tiempo, cuatro años, dirá la última palabra.

45.- EDITORIAL La tecnificación de la función pública. Nuestra integración europea ha venido a ratificar carencias básicas de infraestructura en nuestra Administración. Estas carencias resultan sonrojantes cuando se constatan las escasísimas dotaciones de titulados superiores especializados en Tecnologías de la Información que nutren nuestras Instituciones. No es la primera vez que desde la AEIT y el COIT se llama la atención en este sentido reclamando la necesidad objetiva de una Administración tecnificada capaz de asumir el reto de las Nuevas Tecnologías, tanto para su propia modernización como para el ordenamiento de sectores estratégicos. Es evidente que en esta materia se arrastra la resaca de la crisis económica que impuso restricciones indiscriminadas en la contratación pública de personal, dejando un lastre de cuadros técnicos y de rigidez exasperante en los procedimientos. Las Ofertas de Empleo Público son un ejemplo claro de cómo las inercias burocráticas no sintonizan aún con las necesidades de la propia Administración para coger el paso de los nuevos tiempos. Desde otra perspectiva resultan más que sospechosas las críticas con que sectores de intereses económicos bien definidos se oponen a contrataciones de personal invocando la necesidad de contención del gasto público. Resulta difícil comprender, con qué medios humanos se piensa hacer afectiva la LOT, cuando se apruebe, o cómo se puede liberalizar un mercado de terminales atendiendo adecuadamente las tareas de normalización, homologación, supervisión y vigilancia. O, concretamente, cómo se puede poner en práctica el Plan Nacional de Telecomunicaciones. Puestos a hacer preguntas ingenuas se nos ocurren algunas más, ligadas a la escasez de recursos humanos: ¿Cómo puede mantener la Administración una negociación equilibrada con Telefónica para el nuevo contrato? ¿Cómo controlar la ejecución de éste? ¿Cómo evitar sospechas de “goles cantados” cuando se anuncian grandes acuerdos con multinacionales del sector? ¿Cómo defender adecuadamente nuestros intereses en Bruselas, cuando difícilmente se puede cubrir la asistencia de todas las reuniones de comités, subcomités, etc., de los distintos proyectos en que de alguna forma se ventila nuestro futuro? ¿Hasta cuándo las parcelas cerradas de escalas, escalillas, y cuerpos especiales, amén de la cerrazón de hospitales a todos los titulados que no sean médicos? ¿Con qué recursos humanos los entes sanitarios gerencian los 150000 millones de pts. de su parque electromédico? ¿Cómo cubrir las necesidades de especialistas en Nuevas Tecnologías que plantea el Plan Nacional de Investigación? ¿Cómo se puede seguir manteniendo la situación del personal civil en una estructura moderna de defensa? ¿Qué cuadros técnicos van a diseñar y gestionar la informatización de la Justicia española? El estudio realizado por el COIT y la AEIT ha confirmado el terrible déficit de titulados en Informática, Electrónica y Telecomunicaciones con que se enfrenta nuestro país. Es un hecho que las condiciones de contratación pública no son atractivas en las condiciones actuales del mercado de trabajo. Hablando con propiedad, son deprimentes. La situación es crítica y la realidad de hoy se cobra errores del pasado. Conviene enfrentarse a los hechos e imaginar una política de personal técnico para la función pública que sea atractiva y ágil en su ejecución. Un problema que todos enuncian pero nadie resuelve, ¿hasta cuándo?

46.- EDITORIAL Dos años por delante. Las últimas elecciones para la renovación de las Juntas de Gobierno y Directiva del COIT y la AEIT se han celebrado bajo la normativa electoral que aprobamos durante el año 1986. Con esa modificación estatutaria, las anteriores juntas pretendían dos objetivos fundamentales: - Mejorar el periodo de tiempo hábil, aumentando a dos años de duración el mandato del conjunto del equipo de gobierno. - Hacer más democrático el proceso, renovando por completo la totalidad de las juntas y evitando así ese anómalo periodo de “convivencia” entre dos supuestos programas alternativos. La idea motriz de esta modificación de la normativa electoral, no se queda satisfecha con lo alcanzado hasta el momento. Una vez superado el proceso electoral, y con unas juntas elegidas de continuidad, la apariencia puede ser de que “nada ha cambiado”. Nuestra propuesta es bien distinta. Apoyándonos en los estatutos y modificándolos si es preciso, el grupo de personas que durante más de un decenio se ha ocupado de los asuntos profesionales de nuestro colectivo, quiere declarar abiertamente que no se considera “instalada” en sus posiciones, que llama a una renovación de los modos y las personas y que está dispuesta a realizar esta tarea durante el futuro próximo. Esta declaración, justamente tras un proceso de elecciones, puede parecer mal colocada en el tiempo. Es verdad que hubiese sido más natural su ejecución antes de las votaciones. Como nuestra voluntad es que eso no se repita, lo declaramos en nuestra primera comparecencia ante vosotros. Tenemos dos años para ello y queremos hacerlo sin prisa pero firmemente decididos a cumplirlo. A nuestro entender, los vehículos a utilizar para poder alcanzar un proceso de renovación son los siguientes: - Remover los aspectos legales que impidan la completa participación de quien quiera hacer oír sus propuestas. - Participar en la estructura asociativa, a todos los niveles, comisiones, grupos específicos, etc. Integrándose en lo que está en marcha es la mejor forma de poder ser mañana, el motor de la organización. - Utilizarlos vehículos de expresión (Bit, hojas informativas), para hacer conocer a la profesión las propuestas alternativas que pretenden mejorar el tejido asociativo. Esta idea, la de la renovación, va a permanecer entre nosotros durante todo el periodo de dos años de mandato. No vamos a dejar de mirar a nuestro alrededor para poder producir una renovación en las personas y en las ideas, si estas se producen y consiguen lo que es su meta, calar en las mentes de nuestros compañeros y en las nuestras mismas. Mientras tanto y en paralelo no podemos dejar de ocuparnos de las tareas del día a día y en ese quehacer nos encontramos con un año 1987 que ya parece será el año de la LOT, a la cual dedicaremos parte de nuestro esfuerzo para hacer que el niño que nace traiga, lleno de miga, un pan bajo el brazo. Aprovechando las fechas, el nuevo equipo de gobierno del COIT, y la AEIT, os saluda con el reto de participación y renovación antes descrito, ¿quién recoge el guante?

47.- EDITORIAL 1992. Una oportunidad. Comienza a ser tópico hablar de la fecha de 1992 y de lo que representa para que España pueda dar un salto adelante en el camino de la prosperidad y el desarrollo. No obstante desde esta tribuna consideramos que no es tarea vana insistir en el tema para evitar que ésta sea una más de las oportunidades perdidas o no aprovechadas totalmente. El sector de las tecnologías de la información tiene cada día un peso superior en los países avanzados. El desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones se considera clave para que cualquier país pueda lograr cotas importantes de bienestar y prosperidad en los próximos años. Los acontecimientos de 1992 deben servir para impulsar y desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones para que disminuya el retraso que tenemos en este terreno respecto a los países más desarrollados. Las importantes inversiones que se van a realizar deberán hacerse con la idea de integrar las diferentes redes de telecomunicaciones. En este sentido los distintos organismos responsables deben coordinar sus actuaciones, para que sea el espíritu de cooperación y no el de rivalidad el que impere. La Administración tiene en este terreno la responsabilidad de que los planes que se elaboren, coordinen las actuaciones de todos los organismos implicados. Para esta función la Administración debería crear un organismo específico que instrumentará dicha coordinación, bien mediante un organismo nuevo o revitalizando los existentes o previstos de nueva creación. Pudiera ser entre estos últimos, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, previsto en la LOT, o el Consejo Superior de Informática, prácticamente inoperante en la actualidad. Para la industria del sector deberá constituir también 1992 un reto importante. Asumiendo los riesgos propios de la actividad empresarial, la industria debe involucrarse desde el principio en el desarrollo de las distintas actividades y servicios. El reto a superar sería conseguir que después de 1992 haya disminuido fuertemente nuestra dependencia tecnológica del exterior y seamos un país capaz de desarrollar y exportar tecnologías de la información. Prepararse para que el año 1992 seamos capaces de aprovechar las oportunidades que nos brindan los acontecimientos de los Juegos Olímpicos y la Expo, es tema de hoy. Planificar y trabajar desde ahora son los instrumentos imprescindibles para lograr el éxito. De no hacerlo así, perderemos una vez más la oportunidad.

48.- EDITORIAL Por fin la LOT. Por fin, con el envío al Parlamento de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), se ha dado un paso muy importante para la anunciada y necesaria modernización de este país. Aquí podemos aplicar el conocido dicho: “Más vale tarde que nunca”. Sabemos que el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y en concreto la Dirección General de Telecomunicaciones han tenido que sortear multitud de obstáculos para sacar adelante el proyecto. Desde aquí vaya nuestra felicitación a los protagonistas. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, que desde hace muchos años vienen reclamando la ley, que han trabajado duro sensibilizando a la opinión pública, a gobernantes y gobernados, que han presentado proyectos alternativos, sienten de alguna manera una satisfacción propia porque la LOT, esta vez sí, va a salir adelante. En este sentido tenemos que recordar que el COIT empezó a pedir la elaboración de la LOT en 1976. Hace ya 11 años que el COIT viene reclamando de los sucesivos gobiernos del país, que las Telecomunicaciones requerían una ordenación jurídica. Desde entonces se han elaborado alternativas, se han solicitado entrevistas con miembros relevantes de la Administración, se han organizado multitud de charlas y mesas redondas, con el objetivo de que la Administración de turno, sacara adelante la tan necesaria ley. Valoración positiva. El COIT valora positivamente el contenido del anteproyecto de la LOT. También tenemos que decir que el borrador no contiene todo lo que nos hubiera gustado, pero en lo fundamental lo consideramos correcto. - La LOT recupera para el Estado la regulación, ordenación y planificación de los servicios de Telecomunicación y de las redes asociadas, manteniendo el objetivo de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). - El Plan Nacional de Telecomunicaciones se configura como un elemento clave, en el camino hacia dicha RDSI, como instrumento regulador y unificador de las distintas redes. - Asegura un acceso al uso de los distintos servicios a todos los ciudadanos en condiciones equitativas. - La ley supone técnicamente un avance respecto a borradores anteriores en la definición de los diferentes servicios. La prestación de los servicios portadores y finales en régimen de monopolio, la consideramos totalmente necesaria para evitar inversiones paralelas y obtener una escala que suponga una capacidad de demanda importante, totalmente necesaria para la ordenación del sector industrial. - La prestación de Servicios de Valor Añadido en régimen de competencia va a producir numerosas oportunidades para el desarrollo del sector. - Valoramos positivamente que estos servicios deban utilizar las redes de los Operadores de Servicios Finales y no sean autorizados cuando exista un servicio final o portador equivalente. - Consideramos muy positiva la desaparición del borrador de las agrupaciones de usuarios como entidades capaces de dotarse de servicios particulares de telecomunicación, pues era ésa una ventana abierta al desarrollo de redes de telecomunicaciones paralelas o superpuestas a las públicas. - La liberación de terminales de servicios finales deberá hacerse con la suficiente cautela para proteger la industria nacional. En ese sentido es importante la labor del Consejo Asesor de Telecomunicaciones en el que participan todos los sectores afectados. Objeciones. No obstante esta valoración positiva, observamos en el proyecto algunas lagunas importantes. - Va a coexistir un gran operador de red de carácter privado (Telefónica) con dos operadores menores de tipo público (DGCT y RTVE). Esta situación puede dar lugar, de no existir una intensa labor de coordinación e inspección de la Administración, a una competencia entre los tres operadores, en lugar de una cooperación y coordinación de planes e inversiones. Nuestra opinión es que todas las entidades explotadoras de los servicios portadores o finales deberían tener mayoría de capital público, para asegurar dicha colaboración y por tanto la construcción de la RDSI. Este tema no se contempla en el anteproyecto. - La ley no prevé la dotación de medios económicos para poner en marcha las inversiones previstas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones. Nuestra alternativa contemplaba la necesidad de cuentas consolidadas de los diferentes servicios para poder conocer así el volumen global de recursos generados por los mismos y los transvases de financiación entre unos y otros. Una política de telecomunicaciones. Esperamos y deseamos que la LOT sea aprobada rápidamente por el Parlamento. La LOT es importante, pero no es todo. Dentro de ella y al margen de la misma está toda una serie de temas que son decisivos para que este país tenga una política de telecomunicaciones que actúe como elemento de solidaridad y desarrollo de la industria nacional. La dotación de recursos humanos y técnicos por parte de la Administración, es fundamental para que puedan cumplirse todas las responsabilidades que la ley le encomienda. En este sentido, deberán reformarse radicalmente los mecanismos de contratación de personal y dada la situación de escasez de técnicos, ofrecer unos salarios más competitivos. Queda todo por hacer, los Planes Nacionales de Telecomunicaciones, un nuevo contrato entre Telefónica y el Estado, los reglamentos técnicos de los servicios, una política inteligente de homologaciones, etc., el reto empieza ahora. La política de telecomunicaciones, aunque el marco está puesto, está aún por hacer. Lamentamos por ello que el Ministerio carezca de los recursos humanos suficientes y se vea obligado a contratar una asesoría externa para el inicio del primer Plan Nacional de Telecomunicaciones.