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33.- EDITORIAL Un parón a tiempo. Los colegios profesionales, son la parte más importante del entramado asociativo profesional de España. Tienen en su historia un contenido importante de tradiciones y funcionamiento democráticos, aún en épocas donde las situaciones imperantes no eran nada favorables a tales “veleidades”. Estas tradiciones y la valoración positiva de cualquier forma asociativa que los ciudadanos de un país se den, para evitar caer en la existencia de sociedades invertebradas, hacen apoyar de principio la idea de los colegios profesionales como una vía, no la única, del asociacionismo profesional. Una vez sentadas las bases anteriores, se está en mejor situación para acometer una tarea que nos resulta ingrata: dejar clara nuestra rotunda oposición al actual anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales que el Gabinete del PSOE parecía decidido a llevar a las Cortes en el próximo periodo de sesiones. Y nos resulta ingrata porque entendemos que tras la argucia de algún habilidoso maestro de pasillo, la Constitución obliga al Gobierno a regular “las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las Profesiones Tituladas”. Enfrentados pues a cumplir con un desarrollo de la Constitución, el gobierno ha desaprovechado una ocasión más para avanzar en el compromiso histórico de organizar desde el marco legal una sociedad que mire al futuro y no se embelese con las imágenes del pasado. El gobierno, y su ministro de la Presidencia, han sufrido el canto de las sirenas de los pasillos para intentar con un proyecto de ley que nos afecta a todos los profesionales, eliminar un moscón incómodo instalado en su seno (las actitudes de algunos colegios que han servido como oposición frontal a algunos de sus proyectos más atrancados). Nos parece mal método el intentar combatir a través de algo universal lo que no deja de ser un comportamiento sectario, torcido y radicalmente rechazable como el que ha mantenido una parte del amplio colectivo profesional. Pero nos parece peor el que se haya desaprovechado la ocasión para no abrir un debate con la sociedad organizada a través de sus asociaciones naturales acerca de los objetivos y funciones que deban tener los colectivos profesionales en una sociedad que mira ya al siglo XXI. Nos parece urgente definir si queremos avanzar hacia una Administración organizada sobre el criterio de su profesionalidad (incorporación de profesionales a sus filas), o bien, que prefiere mantener delegaciones de funciones más propias de épocas donde el atraso técnico de los administradores no les dejaba más remedio que hacer dejación de sus obligaciones. Es el momento de superar viejas concepciones de organización social en torno a las corporaciones, de discutir sobre la obligatoriedad de colegiación, de celebrar un debate para el futuro. Pues bien, nada de esto se ataca en el texto que se nos ha enviado para consulta. Solamente una situación que empeora el texto legislativo anterior, que no reconoce la pluralidad existente en las profesiones y que no distingue entre las infinitas modalidades de lo corporativo, entrando de manera conservadora en lo existente sin cuestionarse si para hacer eso merece la pena moverse o sería más rentable quedarse sin refrendar un pasado ampliamente rechazable. Algunas razones que pueden aclarar aún más “el estado del arte” en este tema son de modo telegráfico, las actitudes que los distintos colectivos han tomado hacia la ley. Han sido las fuerzas más conservadoras, menos proclives a remozar España las que con un disimulo mal ejecutado han apoyado a través de sus críticas el actual anteproyecto, que ha recibido las reprobaciones absolutas de todos los colectivos que en este periodo democrático han apostado siempre por mejorar la condición de nuestra organización social. La decisión tomada por el Gabinete González de paralizar la “criatura” del Ministro Moscoso nos parece cuando menos, prudente; ahora bien lo que nos parecería excelente es que el berraco en cuestión una vez devuelto a los corrales se le dedicase a buen fin, atacando la faena a ser posible con una nueva propuesta que partiendo de cero cumpliera su objetivo: adecuar ley y sociedad a los tiempos en que vivimos. Para ese proyecto nos ofrecemos a colaborar en el objetivo de realizar una ley perdurable y con futuro.

34.- EDITORIAL La Ley de Ordenación de las Comunicaciones En los últimos años, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, están sometidas a un intenso debate público, forzado por un no menos rápido cambio de sus bases tecnológicas. La consecuencia lógica de tal procesote discusión debe ser la readaptación, tras los estudios que sean precisos, de las normativas legales que rigen las disciplinas que nos ocupan. El caso de las telecomunicaciones en España es de una gravedad reconocida. No existen los mecanismos que regulen su funcionamiento interno y lo que es peor, no parece que se vayan a poner en marcha de manera inmediata. Por ello, la existencia de un borrador de Ley de Ordenación de las Comunicaciones ha sido recibido por los “interesados en la materia”, como un material a estudiar, a debatir. Como entre esta pequeña corte de “aburridos interesados” nos contamos las actuales Juntas de Gobierno del COIT y la AEIT, nos pusimos a trabajar sobre un análisis primero de lo que nos parecía el borrador en cuestión. Se generó el documento que recibisteis con el último Bit y que se presentó en la celebración del pasado día de San Gabriel. Definitivamente nuestro patrón no estuvo afortunado y el mensaje que recibimos desde los redactores del borrador (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones) fue confuso. El representante de dicho Ministerio, al que hay que agradecer su valor, tuvo que recurrir a todas sus mejores habilidades para superar algo que no era fácil, las enormes deficiencias del texto que se nos proponía. El resultado fue que no hubo debate y que las más de 150 personas presentes se fueron con la cabeza caliente y los pies fríos de un acto que se preveía de interés y lleno de contenido. Una pena. Pero como nuestra voluntad no está para pararse en las pequeñas batallas, sino que quiere sobremanera avanzar en la consecución de un aparato legal sintonizado con las necesidades del sector en la actualidad, anotamos la actuación del último San Gabriel, en el “debe” de un Ministerio que parece ocupado en deshojar la margarita de sus incompetencias en materia de comunicaciones, y seguimos adelante. Continuamos solicitando que se abra el debate de la LOC, que se complementen aquellas parcelas que, según se reconoció públicamente, son indispensables para que se entienda el actual borrador. Si hace falta conocer el contrato del Estado con la CTNE para que la LOC tenga coherencia, pues anúnciese en qué términos están las discusiones. Si se están poniendo dificultades al futuro del sector por las actuaciones de otros ministerios que con sus planes condicionan el futuro de la LOC, pues acelérese el proceso de discusión global y no sectorial de estas problemáticas, conviértase el problema en un problema de Estado y no de un Ministerio. Y además solicitamos que si como se nos dijo, el espíritu de nuestra propuesta era válido en algunos aspectos, se nos exijan nuevas y más elaboradas aportaciones; queremos trabajar en lo que nos es muy querido, queremos aportar nuestros conocimientos y experiencias. Todo esto sin que confundamos, en ningún caso, que el límite de nuestra participación acaba donde la voluntad de los elegidos para gobernar marquen. Está en la inteligencia de éstos el querer o no aprovechar la aportación de alguien que siempre ha estado del lado de los que pretenden modernizar y hacer más eficaces las telecomunicaciones en España.

35.- EDITORIAL Ingenieros de Telecomunicación: ¡Se buscan! Durante años nos hemos preocupado desde estas páginas por el sector de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática, clamando por un reconocimiento formal de quienes toman decisiones económicas y políticas de algo que nos parecía obvio desde hace tiempo: la condición de sector clave para el desarrollo económico y social del país en las próximas décadas. Incluso hemos dado más importancia a esta cuestión que a otras de tipo corporativo, en contra del comportamiento habitual de la inmensa mayoría de los colegios profesionales, que suelen anteponer sus privilegios de casta a los intereses del conjunto de la sociedad. Esta actitud abierta, solidaria con otras posturas sustentadas por los colectivos más amplios y heterogéneos y volcada hacia el futuro, otorga a nuestro Colegio y a nuestra Asociación una importante dosis de credibilidad y de fuerza moral a la hora de exponer cualquier planteamiento, sea ante las administraciones, las empresas, los medios de comunicación o la sociedad en general. Y de ahí creemos que nace el auténtico prestigio de una profesión en su conjunto. Prestigio del que indudablemente empieza a haber muestras cada vez más generalizadas, y a favor del cual opera la decidida expansión del sector, hoy ya declarado oficialmente como de interés preferente, y sobre el cual concurren una serie de acciones impulsoras. Hoy vamos a centrar nuestra preocupación en el impacto que esas acciones pueden tener sobre la profesión, y viceversa. Se esté, o no, de acuerdo con los vectores estratégicos que inspiran las medidas impulsadas desde el Ministerio de Industria y Energía y desde la Telefónica, el hecho cierto es que con los planes y compromisos vigentes en la mano, durante el cuatrienio 1985-88 se van a crear entre 800 y 1000 puestos de trabajo perfectamente ocupables por ingenieros de telecomunicación. Suponiendo que el resto de la oferta de empleos para nuestros profesionales se mantenga al menos como hasta ahora (no hay desempleo propiamente dicho en esta ingeniería) nos encontramos con un peligrosísimo cuello de botella, que puede desembocar en dos situaciones poco deseables: o bien una buena parte de estos nuevos puestos es ocupada por otro tipo de profesionales menos preparados para el manejo de los conceptos y tecnologías propias de nuestro currículum académico y profesional, o bien se abortan algunas de esas iniciativas, en su aspecto de captación real de tecnología transferida o de generación de tecnología propia por falta de capital humano nacional, lo cual es más propio de un país tercermundista. ¿Solución? A corto plazo, ninguna enteramente satisfactoria. A largo plazo, es indudable la necesidad de dotar a la infraestructura académica de nuestra profesión de los medios que la importancia relativa del sector reclama. No sólo se trata de dedicar más fondos a la Escuela de Madrid, y de desbloquear el subdesarrollo en que la actitud caciquil y corporativista del sempiterno Rector de la Universidad Politécnica de Barcelona tiene sumida a la segunda de nuestras escuelas técnicas superiores, sino además estudiar urgentemente las medidas necesarias para la creación de nuevas escuelas, siempre con los suficientes medios como para dar una formación a la altura de las circunstancias. El futuro del sector lo exige, y los cientos de españoles que desean ser ingenieros de telecomunicación, sin cabida en los centros actuales, también. En el plazo más inmediato, el COIT y la AEIT van a ponerse en contacto con las entidades y empresas involucradas, para tratar de colaborar en la cobertura del mayor número posible de esos nuevos puestos con ingenieros de telecomunicación, en un afán más orientado a atender el reto de futuro, que a “copar” puestos supuestamente privilegiados, cuyos contenidos, repetimos, se adaptan perfectamente a nuestro perfil profesional. A todo esto, dedicaremos un próximo número de Bit.

36.- EDITORIAL Comunicaciones espaciales: una propuesta injustificable. Una vez más, la Administración se empeña en ahondar la brecha que nos separa de los países industrializados; ahora, con ocasión de las comunicaciones espaciales. Una vez más, nos vemos obligados a salir al paso. Todos los países europeos de nuestro entorno están embarcados en desarrollos más o menos globales de sus sistemas de telecomunicación, desarrollos en los que, sin abandonar la extensión de los sistemas terrenales clásicos, las comunicaciones espaciales ocupan un lugar preponderante, fundamentalmente en el campo de la televisión. Francia, por ejemplo, con una infraestructura actual ya envidiable, con cinco canales nacionales de televisión, uno de ellos de pago y otro basado en le sistema Eutelsat, tiene en marcha proyectos de radiodifusión directa por satélite (TDF-1, con dos satélites de cuatro canales), de satélites de comunicaciones y distribución de TV (TELECOM1, con tres satélites, uno de ellos ya lanzado) de distribución por cable y fibra óptica y, en fin, de TV de baja potencia que podría llegar a los 2500 transmisores. En todos ellos, la participación de la industria francesa es prácticamente total, lo que hará que se sitúe en condiciones óptimas de competitividad cara a un mercado exterior en continua expansión. Y siempre, naturalmente, con el decidido apoyo de las sucesivas administraciones, como es tradicional en el país vecino, en el que los proyectos gubernamentales son el motor principal de la industria punta. Es mucha la distancia que nos separa de Francia y resultaría poco realista el pretender que nuestro país se embarcara en programas tan ambiciosos. Sin embargo, sí es imitable el espíritu que lo anima. Así lo han entendido países como Suecia con dos proyectos de satélite: TELE X y NORDSAT; Italia, con el proyecto ITALSAT, un canal en el OLIMPUS y varios en EUTELSAT; Luxemburgo, con dos canales en el proyecto francés TDF-1 y un proyecto de satélite de 16 canales de comunicaciones y de distribución de TV (GDL); en fin, los países europeos consideran las comunicaciones espaciales como un sector decisivo dentro del desarrollo tecnológico. ¿Y España? España plantea la paradoja de ocupar el quinto puesto europeo en número de receptores de TV y uno de los últimos en I+D, junto con Portugal, Grecia y Chipre. No parece esto último muy acorde con las pretensiones de un país industrial medio que debería optar a la comparación y competencia con otros de capacidad similar, máxime ante las perspectivas de incorporación a la CEE. En relación con las comunicaciones, España tiene más necesidades de las que actualmente su infraestructura puede satisfacer. Puede ser artificial o no, pero es patente la exigencia de una mayor oferta de televisión, lo que conlleva la creación de alternativas a las actuales redes terrenales de distribución de TV y de comunicaciones en general; también debería resultar patente la exigencia de potenciación de los sectores industriales implicados: aeroespacial, electrónica profesional y de gran público y finalmente el de producción de programas de TV. Estas necesidades podrían empezar a ser satisfechas con un proyecto de comunicaciones espaciales con la televisión como motor del mismo, es decir, de un sistema de TV directa por satélite que incluyera canales de baja potencia para otras aplicaciones: distribución de TV, datos, etc. Y es en esta línea donde se encuentra la única actividad realizada hasta ahora: un trabajo del INTA, a petición de RTVE que consistió en un estudio de definición preliminar de un proyecto de sistema de TV directa por satélite. Hasta Septiembre de 1984, la Administración y la industria electrónica no se interesan en absoluto por el tema, salvo dos trabajos aislados en el campo de la recepción. En dicho mes se constituyó la CECE (Comisión Especial para las Comunicaciones Espaciales), al amparo de la Junta Nacional de Telecomunicaciones, en la que están representados en teoría todos los sectores públicos y privados implicados (Administración, CTNE, radiodifusores e industria), aunque con la paradójica excepción del INTA. Pues bien, la CECE redactó y entregó a finales de Enero un documento-propuesta al Gobierno que, a nuestro juicio, justifica el título de esta editorial y cuyas decepcionantes conclusiones básicas son: 1ª) Proponer la regulación de la recepción de señales de TV de otros satélites. 2ª) Estimar injustificada la implantación de un satélite propio. 3ª) Como alternativa alquilar capacidad en algún satélite de organizaciones internacionales, y 4ª) considerar conveniente hacer, en un futuro indefinido, un estudio de viabilidad de un satélite propio. En resumen, la CECE aparte de solicitar la extensión de la Ley de Antenas colectivas, propone la renuncia expresa a que España disponga de un satélite propio a medio plazo, argumentando una demanda insuficiente de servicios junto con elevados costes e insuficiente retorno industrial y tecnológico. Nuestra valoración es muy diferente. Por un lado ya hemos señalado la necesidad de servicios. Por otro, las cifras manejadas en el documento están sobrevaloradas, según nuestras estimaciones aproximadamente al doble del valor real, a lo que hay que unir que el coste de un sistema de satélite comparado con el de una red terrenal equivalente (cobertura total e inmediata) es muy favorable para el primero. Finalmente, los argumentos de retorno no resisten el mínimo análisis: el retorno industrial en el sector aeroespacial pede llegar a ser del 30 al 35% en el primer satélite y crecer en proyectos sucesivos. Está claro, además, que el porcentaje será cada vez más pequeño según se demore la decisión. En el sector terreno de emisión el retorno se estima en un 70% y en el sector recepción sería superior. En este último sector la renuncia significa la entrega del mismo a la tecnología extranjera; todo ello sin entrar a considerar las implicaciones en la industria de producción de programas de TV y las necesidades culturales de España. En un próximo artículo justificaremos todas esas afirmaciones. En fin, no comprendemos a la Administración, ni a la industria, ni a los radiodifusores, ni tan siquiera a la CTNE que a la larga también podría salir perjudicada. No comprendemos la propuesta realizada por la CECE y por ello solicitamos al Gobierno que no la tome en consideración y decida un estudio serio y urgente de la cuestión sin esperar a que un acontecimiento singular, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de 1992 (los coreanos han decidido ahora tener un satélite propio para los Juegos del 88 en Seúl) haga tomar una decisión precipitada de última hora que sería mucho más desfavorable. Debemos competir en el ámbito europeo, a nuestro juicio, en algo más que en los cítricos.

37.- EDITORIAL Asumir el reto tecnológico. Al cabo de dos años de vigencia de Plan Electrónico e Informático Nacional, y cuando ya la Dirección General de Electrónica e Informática anuncia una revisión del mismo “al alza”, parece oportuno sopesar y valorar el camino recorrido hasta le fecha. La pregunta que en este sentido debemos hacernos es si el objetivo alcanzado de nivelar nuestra balanza de pagos es suficiente o no, y justifica el moderado triunfalismo de parte de la Administración. Importante resulta valorar el cómo ello se ha logrado y revisar el estado tecnológico actual de nuestra industria. A nuestro juicio, la nivelación “artificial” de nuestra balanza comercial, alcanzada pactando con las empresas multinacionales, no ha traído, ni traerá por sí sola, un desarrollo tecnológico propio, y es precisamente éste el gran fracaso del PEIN puesto en práctica. En muchos países, el tirón de la industria electrónica lo han dado las pequeñas y medianas industrias. En ello ha tenido una importantísima influencia el ambiente en que dichas empresas se movían. Las sociedades de capital-riesgo, los organismos dedicados a la investigación, la universidad, la ordenación y planificación de la demanda, la política de prototipos seguida, y, en general, el apoyo gubernamental al nacimiento y proliferación de industrias con tecnología y capital nacionales, ha significado, en conjunto, un caldo de cultivo adecuado para el protagonismo de la pequeña y mediana industria. En España este ambiente no existe y las PYMES, tal y como el anterior Ministro de Industria reconoció recientemente, son una de las asignaturas pendientes del presente gobierno. Tal estado de las cosas sucede porque el conjunto de los protagonistas, cada uno por separado y todos en conjunto, no han asumido el reto que las nuevas tecnologías suponen. Ni los empresarios, ni la banca, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni el propio Gobierno han estado, ni están, a la altura de las circunstancias. Sin embargo, de todos ellos destaca la responsabilidad que el Gobierno tiene sobre el conjunto. Ni los empresarios proliferan porque sí; ni la banca, aunque debiera, invierte si no es con determinadas condiciones que garanticen básicamente el éxito de la operación; ni los profesionales se sienten necesariamente llamados, aunque para ello debieron haber sido formados, a patentizar contra corriente su vocación tecnológica o empresarial; ni los sindicatos pueden, al menos en estos momentos, dar más importancia a la tecnología que al empleo. Es el Gobierno quien tiene que demostrar su adecuación a los tiempos haciendo que el conjunto funcione. De él es la mayor responsabilidad. El PEIN no ha sido, hasta la fecha, la respuesta adecuada, ni la solución que nuestro país necesita. Nivelada la balanza de pagos, ¿quién se preocupa ahora de nuestra industria, de crear tecnología en nuestro país, de desarrollar nuestras propias capacidades, productos y sistemas?

38.- EDITORIAL Por algo se empieza. Al menos desde 1975 “por la tarde”, las Juntas Directivas de la AEIT y del COIT venimos propugnando la cada vez más urgente e imperiosa necesidad de reforzar el organigrama administrativo del que depende la ordenación, regulación, planificación y control políticos de las telecomunicaciones españolas. Más o menos 10 años después del comienzo de estas reivindicaciones de los profesionales, ha aparecido, sin que haya que hacerse muchas ilusiones sobre la relación causa-efecto, el Real Decreto 1.209/85 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, por el cual se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. A la vista de su contenido, no podemos considerar este acontecimiento más que como un tímido primer paso hacia la consolidación de una Administración de Telecomunicaciones fuerte, tecnificada, ágil, única y moderna. Por algo se empieza, aunque sea tarde. Para que esta Administración sea realmente fuerte, falta aún que su máximo responsable “con dedicación exclusiva” se siente cada miércoles en el Consejo de Ministros, teniendo como única preocupación el mundo de las comunicaciones, al margen de autobuses, aviones, trenes y tour operators. Una Secretaría General, con rango de Subsecretaría, ni siquiera garantiza la presencia del mundo de las telecomunicaciones en los Presupuestos del Estado, con entidad propia. Bienvenida sea, como camino intermedio y no como objetivo. Para que esa misma Administración sea tecnificada, es necesaria una urgentísima incorporación de los profesionales adecuados de acuerdo con el nivel de complejidad técnica que las telecomunicaciones van adquiriendo, y sin cuyo conocimiento es imposible tomar decisiones acertadas y rápidas. A nadie se le ocurriría criticar la densidad de economistas por metro cuadrado existente en un Ministerio de Economía, y sin embargo se acusa de corporativismo a quienes propugnan el incremento de profesionales de las telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Lo anterior no implica necesariamente masificar el funcionariado, sino, al contrario, agilizar la gestión pública gracias al concurso de especialistas que aportan un alto valor añadido a sus funciones. La unicidad de la Administración de las Telecomunicaciones requerirá, no sólo agrupar todas las competencias dispersas por los recovecos de la Administración Central en esta materia, sino también evitar la posible dispersión que el empuje de ciertas Comunidades Autónomas pueda provocar y, lo que es aún más importante, aglutinar bajo ese deseable Ministerio de Comunicaciones, las responsabilidades no sólo reglamentarias y políticas de las telecomunicaciones, sino también las económicas, cuyos centros de decisión se encuentran hoy alojados en los Ministerios de Economía e Industria y Energía, más que el de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Así pues, bienvenido sea el Decreto, bienhallados los nombramientos de Director General de Telecomunicaciones y Asesor Ejecutivo del Ministro, que recaen por primera vez en profesionales cualificados de las telecomunicaciones, y bien deseada sigue siendo la solución global de tipo tanto organizativo (un Ministerio, para no ser el único país grande de la CEE que no subraye a ese nivel la importancia de las telecomunicaciones) y el marco legal que en forma de LOC, LOT, o LOX encauce el desarrollo futuro de nuestro sector.

39.- EDITORIAL Sobre ESPRIT, EUREKA, RACE, SDI y otras oportunidades. La complejidad creciente de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, así como las exigencias financieras y humanas que plantea su desarrollo, obligan a una coordinación de esfuerzos internacionales, a la hora de poner en marcha cualquier programa ambicioso de tipo científico-tecnológico. Es, más que nunca, la hora de la cooperación internacional. Los ciclos de vida de las tecnologías y de los productos en que se plasman, se acortan. Las sucesivas generaciones de componentes, equipos y sistemas mueren cada vez más jóvenes, siguiendo una ley afortunadamente contraria a la de los seres humanos. La competencia por mantenerse o mejorar posiciones en los mercados internacionales es, por tanto, cada vez más cruenta, y sólo a los muy preparados, los que producen innovaciones con muy alta competitividad y a los que manejan la información adecuada en el momento oportuno, son capaces de sobrevivir. El propio gigante norteamericano, ve amenazadas sus posiciones por la laboriosidad y sagacidad de los japoneses, mientras la vieja Europa sigue gastando casi un 10% de su PIB global en el mantenimiento de las fronteras internas. En este ambiente, los objetivos de tipo tecnológico están desplazando a los estrictamente económicos en la política general de los principales países. Cuando Reagan o Mitterrand quieren ilusionar a sus votantes, ofreciéndoles opciones de futuro, “inventan” complicados programas de desarrollo tecnológico, a los que atribuyen casi milagrosas propiedades para resolver los problemas de sus respectivas áreas de influencia. Acertada o no, ésta es la vía de finales del siglo XX, por la que resulta imprescindible caminar. Y nosotros, con la casa sin barrer. Parece trágico signo el que nos sitúa históricamente ante grandes disyuntivas fuera del tiempo adecuado. O llegamos demasiado pronto, o llegamos demasiado tarde, pero en muy raras ocasiones conseguimos llegar al sitio adecuado en el momento preciso. Superada la transición política, aceptado el sistema democrático y realizada la reconversión de nuestros sectores industriales obsoletos, las oportunidades que los programas de cooperación tecnológica internacional brindan al proceso de reindustrialización, que coloque a nuestra economía en situación adecuada para abordar las próximas décadas de forma airosa, nos pasan por delante sin tener aún la preparación precisa para obtener todas las posibles ventajas. La Administración sigue sin estar lo suficientemente tecnificada como para abordar toda la serie de negociaciones que están teniendo lugar ya en los escenarios europeos, norteamericanos y japoneses. La buena voluntad y extraordinaria entrega con que algunos altos funcionarios están actuando, no suple, desgraciadamente, la carencia de expertos en las distintas materias objeto de estos programas, donde se ventila mucho de nuestro futuro. Tampoco nuestras empresas industriales demuestran estar suficientemente preparadas ni siquiera concienciadas en muchos casos, para hacer frente a este reto, lo cual llevará a una creciente dependencia respecto a empresas extranjeras. Nuestro sistema ciencia-tecnología, tiene también diversas carencias que le impiden adaptarse de forma ágil al ritmo que la cooperación internacional impone. Entre los proyectos de investigación básica generalmente apoyados por la CAICYT y los programas industriales que a duras penas llegan a las ventanillas del CDTI, existe un hueco en el que, precisamente se suelen mover los programas competitivos, impulsados por la cooperación entre gobiernos e industrias. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible partir de un análisis al menos tan crudo como el anterior, para poder alcanzar resultados positivos. Porque estamos convencidos de que no sólo se deben sino que se pueden alcanzar. Pero no es ya el tiempo de la ficción sino de la realidad, y no basta, por tanto, estampar firmas en documentos de cooperación internacional, sino prepararse rápidamente para que dicha cooperación sea verdaderamente real. Sin ánimo de establecer decálogos inflexibles, nos permitimos apuntar algunas necesidades de muy urgente solución, vías a nuestra incorporación efectiva al proceso de avance tecnológico internacional: - Urgente tecnificación de nuestra Administración, donde sobran varios miles y faltan varias decenas de personas. - Puesta en marcha de programas especiales para formación de técnicos en los campos tecnológicos considerados como estratégicos. - Creación de nuevas instituciones que puedan programar, gestionar y controlar programas de cooperación tecnológica, sin la pesadez burocrática de las ya existentes. - Puesta en marcha inmediata de programas tecnológicos nacionales, que aglutinen nuestros recursos investigadores, sirvan para hacer más eficaz la formación de nuestros técnicos y permitan colaborar con otros países en términos de menor dependencia e incluso, en algunos casos, de igual a igual. El país tiene suficientes reservas de ilusión, imaginación y capacidad de esfuerzo, como para situarse en las primeras filas de esta maratón tecnológica a la que se han lanzado los principales países del mundo, pero es preciso pasar inmediatamente de las palabras a los hechos, superando nuestro antiguo complejo de país cuya capacidad innovadora se agota en lo cultural y no traspasa las fronteras de lo científico y tecnológico. ¿Ayudamos todos?

40.- EDITORIAL Multinacionales y tecnología. Los acuerdos alcanzados en los dos últimos años entre nuestra Administración y diferentes multinacionales, triunfalmente difundidos por los medios de comunicación, pueden haber llevado al ciudadano medio, y a más de un técnico en la materia, a pensar que sólo a través de este tipo de empresas se puede llegar a poseer tecnología en nuestro país. Cambiar mercado cautivo y facilidades de todo tipo por tecnología, parece ser la política seguida por nuestro Gobierno. A este planteamiento quisiéramos hacer algunas breves matizaciones. Cuestionar, a estas alturas, el fenómeno multinacional, su potencia tecnológica, y su ventajosa presencia, dominante, en algunas áreas, resultaría, en nuestro país, inútil. De sobra conocido es el modelo defendido por quienes piensan que el camino más corto para tener tecnología propia, el que nos permitirá saltar etapas, pasa por el establecimiento de acuerdos con empresas multinacionales. No es, sin embargo, y aunque se nos quiera hacer ver lo contrario, oro todo lo que reluce. Según un reciente informe de la Universidad Autónoma de Madrid en torno al fenómeno tecnológico en España, solo un 3% de la tecnología importada es realmente innovadora, y, de ésta, la mayor parte se podría desarrollar en nuestro país, si se pusieran los medios. En definitiva, debemos preguntarnos si resulta imprescindible el acuerdo con las multinacionales en todos los casos para poseer la tecnología. Creemos sinceramente que no. Entre otras cosas, porque nuestros profesionales han dado sobradas muestras de poder asumir el mismo reto tecnológico que los de otros países. Resulta necesario, a nuestro juicio, y para aclarar conceptos al ciudadano medio, distinguir entre la auténtica tecnología punta y lo que podríamos llamar tecnología avanzada o alta tecnología, que contempla el diseño de sistemas y equipos de gran sofisticación y prestaciones, que está al alcance de quien quiera desarrollarla porque viene, o casi viene, “en los libros”. Mientras que para poder abordar lo que hemos llamado tecnología punta resulta, en los momentos actuales, imprescindible depender de una multinacional, no sucede lo mismo con el otro nivel tecnológico: aquí, quien ha arriesgado, ha recogido sus frutos. Países como Italia, y no Japón ni EE.UU., deben servirnos de ejemplo. Parece que, como país, hemos decidido jugar la baza tranquila y segura de la dependencia tecnológica. Dependencia “atenuada” o “controlada”, según gustan de matizar sus responsables, pero dependencia al fin y al cabo. Nos encontramos, así, cada vez más irreversiblemente abocados a jugar el papel de vasallos para siempre, con nuestro desarrollo propio condicionado, y nuestra independencia limitada e inestable. Elegidas las áreas adecuadas, solo arriesgando y trabajando “sin red” poseeremos tecnología propia de verdad. Existen actualmente empresas, aunque en número mucho menor del deseado, y profesionales, que están demostrando que es posible. Que ello se generalice resulta, quizá , un problema de política global que es imprescindible abordar con urgencia. Todo lo expuesto debe posibilitar, además nuestra adecuada participación en proyectos de carácter multinacional, en condiciones de igualdad, cosa que solo sucede cuando se posee tecnología. En resumen: multinacionales, rotundamente si, pero en donde sean realmente necesarias y/o aporten tecnología punta. En las áreas restantes se puede y debe desarrollar tecnología española.