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ue el 28 de julio de 2008, en la sede del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), cuando tuvo lugar la I reunión con colegios profesionales del Grupo de Trabajo del MEH para la Transposición de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior. Se planteaba la reunión con objeto de informar a los colegios profesionales sobre el proceso a desarrollar para la citada transposición. La adaptación a la normativa española de la citada Directiva se va a realizar a través de la denominada “Ley Paraguas” (pues va a servir como referencia para la regulación del sector de los servicios), y tiene por objeto favorecer la competitividad en dicho sector. Esta Ley, cuyo proyecto se está tramitando actualmente en el Parlamento, reconoce a los colegios profesionales como “autoridades competentes”, con destacadas funciones para favorecer el desarrollo de la Directiva en temas como la “ventanilla única”, las tramitaciones telemáticas, la atención a los ciudadanos, usuarios y consumidores, la elaboración de códigos de conducta, la resolución extrajudicial de conflictos o la cooperación administrativa, entre otras cuestiones. Y en ese camino estábamos trabajando con el MEH. Se designó un interlocutor único en cada colegio profesional, y se estaba estudiando la compatibilidad de la normativa colegial con la Directiva de Servicios para que a lo largo de 2009, España, pudiera trasladar a la Comisión Europea el resultado global y proceder a la incorporación a su ordenamiento de la citada Directiva. Pero, tras el período estival de 2008, los colegios profesionales nos encontramos con un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que falto de rigor en cuestiones consideradas clave para los Colegios Profesionales, comenzó a generar desasosiego, pues afectaba a los pilares básicos del actual ejercicio de las profesiones colegiadas. Nos preguntábamos entonces si este informe de la CNC formaba parte del proceso de transposición de la Directiva de Servicios o si iba más allá de la propia Directiva dejando vislumbrar una actuación directa contra las profesiones colegiadas y sus organizaciones y una reforma del sector a espaldas de los intereses de los ciudadanos. Transcurrido un año desde esta situación, el 3 de julio pasado el MEH vuelve a convocar a los colegios profesionales, cuando ya se ha anunciado la denominada “Ley Ómnibus” (en la que se reseña aquella normativa que tiene que ser modificada para adaptarse al nuevo mercado de servicios), que modifica 46 leyes estatales y entre ellas, y de forma muy significativa, la Ley de Colegios Profesionales con una propuesta carente de argumentos y con escasa fundamentación. Se nos dice, además, que los colegios debemos proceder a modificar de forma urgente nuestros Estatutos para adaptarlos a esta nueva norma que, en el momento actual, se encuentra en el inicio de su trámite en el Parlamento y cuya redacción final desconocemos. Para dar solidez a los motivos de tanta celeridad se indica que España debe finalizar la transposición de la Directiva de Servicios a finales de año y si no se llega a esta meta, las sanciones que imponga la UE se trasladarán a los CCPP que no hayan realizado su adaptación estatutaria. Ante esta situación, el COIT, junto con el resto de colegios profesionales del ámbito de la Ingeniería, quiere trasladar que las respectivas profesiones que representan son relevantes para el interés general y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por tanto, necesitan estar reguladas, ordenadas y controladas. Por este motivo, no se entiende que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) considere como barreras al ejercicio profesional el papel clave que realizan algunos colegios profesionales en esta sociedad tan dependiente de la tecnología y donde los ingenieros, y otros profesionales, tendremos que aportar todo nuestro saber hacer para ayudar a conformarla. Quizás sea el momento de revalorizar la función de los colegios profesionales, sí, de aquellos que velan por el interés general, representan a profesiones reguladas y realizan funciones delegadas de la Administración General del Estado, frente a otros que están más alejados de estas premisas y, muchos de los cuales, se han gestado al amparo de normativa autonómica. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación se pone a disposición de nuestras autoridades para ayudar en la transposición de la Directiva de Servicios, y en la puesta en marcha de todos los mecanismos para favorecer la competitividad del sector de los servicios, respetando las funciones básicas que los colegios profesionales deben desarrollar para la consecución del bienestar de la sociedad con nuestra intervención profesional colegiada.Los colegios profesionales y la trasposición de la Directiva de Servicios

Hace unos años, como consecuencia de los malos datos de activos de I+D en el sector privado, el Ministerio de Industria de turno impulsó la activación de gastos de I+D para sumar un poco más en la consolidación nacional de balances. A cambio, dado que la reducción de gasto contable llevado a activo suponía un incremento en la base imponible, propuso una deducción fiscal de forma que no solo no tuviera efecto negativo en la liquidación sino que hasta fuera relativamente beneficioso fiscalmente para las empresas el hecho de invertir en I+D. Se contaba con un factor más, aplicado a posteriori, para hacer atractiva la inversión en I+D: el efecto fiscal en lugar de la subvención directa. Hay que señalar que este tipo de actuaciones existen en la mayoría de los países de la OCDE y fue una de las primeras medidas aplicadas por la nueva administración Obama. Siempre es necesario el control de los dineros públicos, pero en este caso de la I+D, el cuerpo de inspectores de hacienda está trabajando con especial dedicación en determinar la corrección de la aplicación de las deducciones por I+D en los cuatro últimos ejercicios. Lo más curioso de todo es que no hay que demostrar el contenido de las inversiones en I+D, su efecto en las ventas o en la mejora de competitividad, esto es, el aprovechamiento y eficiencia de los recursos empleados. Se podrían pedir los retornos previstos en su día, que ahora ya los conocemos dado que son actuaciones de los últimos años. Incluso conocemos si han tenido efecto en las exportaciones, termómetro infalible de la materialización de la competitividad a nivel global. Pero resulta que lo que hay que presentar son certificaciones, evaluaciones y un sinfín de documentos complementarios sobre los proyectos que, ya en su día, fueron incluso evaluados por el propio Ministerio de Industria dentro de los programas correspondientes (programa PROFIT, fundamentalmente), siendo “inválidas” las memorias técnicas y económicas realizadas y evaluadas en su momento por dicho Ministerio. Resulta que una serie de nuevos trámites (con sus gastos) que dan trabajo a determinados agentes públicos totalmente ajenos a la I+D pueden llevar ahora a tener que devolver las deducciones aplicadas en los últimos años. Sería conveniente que esas inspecciones corrieran a cargo de profesionales familiarizados con los proyectos y con la gestión de la innovación. Los colegios profesionales, competentes en la materia de proyectos de esta naturaleza, podrían aportar rigor en esta evaluación. Habría que poner los medios, en definitiva, para evitar la inseguridad jurídica creada para el futuro: pocos activarán gastos de I+D ni se aplicarán ningún tipo de deducción dado el “riesgo” fiscal que representa este hecho y que habría que provisionar como tal. El sistema financiero español tiene encima de la mesa un serio problema que en lenguaje matemático denominaríamos complejo: la morosidad real y la imaginaria valoración de activos en sus balances. Y mientras esta situación persiste, sorprende que las empresas que tengan activos de I+D sean tan estrechamente vigiladas y evaluadas, lo que sin duda está muy bien y hay que exigirlo en todos los ámbitos. Empieza a resultar empalagoso oír y leer el tópico de la necesidad de cambio hacia un modelo económico basado en la incorporación de mayor valor añadido en bienes y servicios, como acción estratégica para el futuro de nuestro país. Siendo la innovación un requisito fundamental en dicha incorporación, nada resultaría mejor que sembrar confianza en su futuro. Pero hace falta valor, fe, optimismo y un entusiasmo casi juvenil para invertir en I+D.  ¿I + qué?

La reciente aprobación de la Ley Ómnibus dejaba pendiente de un desarrollo normativo posterior la delimitación de la obligatoriedad del visado profesional. El COIT ha tenido conocimiento de que es intención del Gobierno, a través de un decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, dejar fuera del grupo de actividades protegidas por el sistema de garantías del visado profesional la mayoría de los proyectos de telecomunicaciones y, en concreto, los relativos a la utilización del dominio público radioeléctrico, por lo que se ve obligado a manifestar su más profunda preocupación ante esta decisión insólita e inesperada. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y el visado de estos proyectos garantiza que el trabajo se lleva a cabo por profesionales competentes y que cumplen con todos los requisitos normativos para su correcta utilización y la consecuente seguridad para la integridad física y la salud de las personas. La eliminación de estas garantías iniciales no se justifica y es gratuita. Los ciudadanos y la Administración quedarían mas desprotegidos ya que el visado responde también de la corrección del acto facultativo con una póliza de responsabilidad civil. Cuando es necesario, la Justicia acude ahora directamente al proyecto visado: ¿cómo y sobre todo cuántos años llevará delimitar las responsabilidades si desaparece? Conscientes de que una decisión en esta línea implica la minusvaloración de la importancia de unas infraestructuras que son clave para el futuro y que soportan la Sociedad de la Información, además de un menosprecio a los profesionales que tanto han hecho por el desarrollo económico y social del país, el COIT, que lleva más de una década trabajando mano a mano con todos los agentes para hacer posible el despliegue de las comunicaciones móviles y el control de las emisiones radioeléctricas, denuncia esta medida política. Esta decisión no sólo no responde al espíritu de la Directiva europea, sino que viene a desmontar, sin analizar sus consecuencias, un sistema de garantías que en la actualidad goza de buena salud, demostrada eficacia y el consenso de todos los agentes implicados. Nuestro prestigio como profesión y el rigor de nuestro colegio han permitido aportar credibilidad y neutralizar, con datos, la alarma social ante el despliegue de estas infraestructuras. El COIT ha manifestado estos planteamientos en todos los foros en que la Administración nos ha requerido, aportando infinidad de informes y documentación que avalan estas tesis. A pesar de los esfuerzos de la SETSI, ante la nula reacción obtenida, el COIT ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda, en la persona de su titular, Elena Salgado, la carta que se transcribe a continuación, en espera de que la cordura asista al Gobierno a la hora de tomar una decisión definitiva que consideramos de vital importancia para nuestro país, nuestro sector, nuestras instituciones y para los profesionales que representamos. Los colegios profesionales contra las cuerdas, las telecomunicaciones menospreciadas y los ciudadanos más desprotegidos Madrid, 22 de enero de 2010 Querida Ministra: El Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) está ultimando una norma de desarrollo de la Ley Ómnibus con el objeto de delimitar la obligatoriedad del visado profesional a ciertas actividades. Parece ser que dentro de ese grupo limitado no estarán los proyectos y los certificados relativos a la utilización del dominio público radioeléctrico, entre los que se encuentran los conocidos como emisiones electromagnéticas (EMR) que tanta repercusión pública han tenido a raíz del reciente desarrollo de la telefonía móvil. Desde el inicio en España de esta nueva tecnología, que ha supuesto una verdadera revolución social, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y sus ingenieros han sido una pieza clave para el éxito de este proyecto y para el desbloqueo, mediante la clarificación solvente, de las barreras que la alarma social despertada por las emisiones electromagnéticas, y su incidencia en la salud de los ciudadanos, ha generado. Un breve relato de estos acontecimientos se adjunta a esta carta. En estos años, por encima de la imagen de las empresas que han desplegado las redes, tanto la propia sociedad, como los ayuntamientos, las asociaciones de usuarios o de vecinos u otros agentes, han confiado al final en el hecho de saber que todos los proyectos de todas las estaciones emisoras están proyectados, medidos, certificados y visados por ingenieros de telecomunicación colegiados. Y ha generado una gran tranquilidad el que el COIT, mediante su visado, no sólo avala la corrección técnica y la conformidad de esos trabajos con los parámetros que exige la ley, sino que además responde de la corrección del acto facultativo y su visado con una póliza de responsabilidad civil. Distintas administraciones, sobre todo locales, se apoyan en nuestros visados como soporte de actos administrativos para cuya comprobación carecen de medios propios. Y todo esto ha sido realizado en contacto estrecho y permanente con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con la que hemos convergido en la defensa del interés público de este gran proyecto de ingeniería que tanto ha beneficiado las relaciones humanas y la eficiencia económica. A este fin, el COIT ha realizado un gran esfuerzo inversor en estructura humana y medios técnicos que ahora quedarían inservibles. Es decir, la credibilidad de una profesión, la de ingeniero de telecomunicación y de su Colegio, obtenida con mucho esfuerzo durante años, ha sido pieza clave para la implantación de esta tecnología en España. ¿De verdad que ya no es necesaria esa credibilidad y esa garantía que viene aportando?. La Sociedad nos dará la respuesta. Pero es que además de este tipo específico de proyectos, las telecomunicaciones en general son el soporte básico e imprescindible sobre el que se construye y se desarrolla la Sociedad de la Información y del Conocimiento, nuevo ámbito de convivencia y desarrollo social, económico y humano por antonomasia. Y también las telecomunicaciones sustentan derechos fundamentales de la persona como la garantía del secreto de las comunicaciones o el derecho a la información. ¿Cómo se pueden minusvalorar los proyectos de las infraestructuras comunes que garantizan esos derechos?, ¿cómo el MEH puede pretender relegar esta importantísima ingeniería del futuro de ese reducido grupo que está configurando para el ejercicio profesional del futuro que prevé la Ley Ómnibus? No es difícil desde el poder desmontar edificios sólidos y con solvencia histórica contrastada. Lo difícil será volver a reconstruirlos luego cuando se constate el error y sus consecuencias puedan ser ya irreversibles. Entretanto el daño no sólo sería para una profesión con gran prestigio, rigurosa, cualificada y muy responsable, o para un sector clave de futuro, sino también para la sociedad española. Y por si quedase alguna duda, hay que constatar que esa decisión política española no viene condicionada por lo dispuesto en la Directiva Europea de Servicios, ni tampoco la situación actual de ejercicio profesional que se pretende modificar es incompatible con la misma. Es más, el marco actual goza del consenso y la satisfacción de todos los agentes implicados y no genera el más mínimo rechazo social, sino al contrario. ¿Qué sentido tiene modificarlo? Espero que su conocimiento de estos hechos pueda reconducir la situación por el bien de nuestro sector y de nuestro país. Un cordial saludo, Francisco Mellado García Decano-Presidente del COIT

4 febrero-marzo 2010 El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), entidad de Derecho Público, y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), entidad de Derecho Privado, han culminado unos necesarios procesos de identificación y separación organizativos y económicos (sedes, recursos humanos y materiales, inversiones, contabilidad, datos, …), que venían siendo reclamados reiteradamente por nuestros asesores y auditores. Estos procesos han sentado las bases para el mejor desarrollo futuro de ambas instituciones y permitirán continuar, desde la autonomía respectiva, las actividades conjuntas que han venido desarrollando desde mucho tiempo atrás. En definitiva, se han establecido las condiciones necesarias para que ambas instituciones, con independencia de las juntas que las dirijan, puedan seguir manteniendo la estrecha colaboración que han caracterizado al COIT y a la AEIT en sus actividades durante casi 50 años. Esta es la situación del resto de las ingenierías en nuestro país, en las que la mayor parte de sus miembros pertenecen tanto a sus colegios como a sus asociaciones. Compaginar el diferente carácter jurídico de ambas instituciones para aprovechar las sinergias de unas actividades comunes es el reto que debemos abordar sus responsables. Conscientes de que es el deseo mayoritario de los ingenieros de telecomunicación, Colegio y Asociación han decidido seguir su línea de colaboración, respetando las especificidades que les son propias, y para ello se disponen a crear un instrumento que regirá sus relaciones a futuro en forma de Acuerdo Marco COIT-AEIT para apoyo, colaboración y desarrollo de actuaciones de amplio espectro, cuyos detalles se plasmarán en anexos específicos que se irán materializando a lo largo del tiempo. Los responsables del COIT y la AEIT estamos convencidos de que este nuevo y obligado escenario de clarificación institucional permitirá que las actuaciones conjuntas que históricamente venimos realizando reciban un gran impulso en beneficio del conjunto de los ingenieros de telecomunicación. Es la dirección marcada en los propios estatutos colegiales que recogen y sustancian “el impulsar y contribuir, incluso económicamente, en estrecha colaboración con la AEIT al progreso de las técnicas propias de la ingeniería de telecomunicación, a la difusión de las mismas ayudando a la investigación científica…“.3 El COIT y la AEIT continúan trabajando conjuntamente por los ingenieros de telecomunicación

Con estas palabras queremos resumir la energía con la que presentamos nuestra candidatura, y el afán con que asumimos esta responsabilidad desde que el pasado día 10 de junio la mesa electoral del COIT nos informara de nuestra proclamación como nueva Junta de Gobierno de la institución. Nos sentimos a la vez honrados y cargados de responsabilidad, porque sabemos que representamos al colectivo de los ingenieros de telecomunicación, que ha contribuido de manera muy importante en los últimos años a la transformación de nuestra sociedad mediante la tecnología y que tiene mucho que aportar en el futuro. Los ingenieros de telecomunicación hemos adquirido un prestigio cierto como profesionales respetados y este reconocimiento es una rica herencia que debemos cuidar y acrecentar. Y para ello, debemos trabajar juntos, potenciar el compañerismo y la excelencia profesional. Queremos aprovechar este número especial de BIT, a caballo entre la gestión de nuestros antecesores y el comienzo de la nuestra, para acercarnos por primera vez a vosotros con esta actitud que pretende ser, sobre todo, ilusionante. Una de nuestras prioridades será permanecer atentos a las inquietudes de todos los ingenieros de telecomunicación que representamos para lo que, desde ahora mismo, nos ponemos a vuestra disposición. Queremos ser la Junta de todos y trabajar por la consecución de todos los logros que este colectivo puede aportar a la sociedad española en un momento determinante para nuestra profesión. Somos conscientes de que los retos son muchos. La crisis económica va a dejar su impronta en toda la sociedad y, por supuesto, en nuestra institución. La nueva regulación sobre el visado y sobre las atribuciones profesionales o la culminación del proceso de transición al Espacio Europeo de Educación Superior supondrán retos sin precedentes para nuestro Colegio. Cambios regulatorios y tecnológicos tan importantes como la televisión del futuro, las nuevas redes de comunicación, la ordenación del espectro, los derechos en el entorno digital seguro y otros que se anuncian inminentes, anticipan consecuencias muy importantes para nuestro sector y serán prioritarios para nuestra Junta directiva. En el orden interno queremos conducirnos con austeridad, en permanente búsqueda de la gestión más eficiente de los recursos con los que contamos y con los que queremos mejorar el funcionamiento de esta institución, desde sus demarcaciones territoriales a sus órganos centrales. Buscaremos, desde nuestros grupos de trabajo, nuevas actividades profesionales para los telecos, donde creemos que necesariamente debemos ser protagonistas: Redes de Nueva Generación, redes de sensores, tecnologías aplicadas al transporte, Seguridad digital, Hogar Digital, nuevo Internet, etc. y otras áreas de actividad, como resolución voluntaria de conflictos, consultoría, o valoración de activos TIC. Reforzar nuestra presencia institucional será fundamental para intervenir en todos estos asuntos. Debemos estar allí donde se decidan aspectos que nos afecten y trabajar para ser un referente para el sector y para la sociedad. Y hacerlo en permanente contacto con los compañeros, para lo que trabajaremos con total transparencia reforzando las herramientas de comunicación que sean necesarias. Queremos dar también la bienvenida al nuevo Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y al Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, ambos muy queridos y respetados por nuestro colectivo, y ponernos a su disposición, porque creemos que la sintonía entre ambas instituciones debe ser máxima. Queremos aprovechar estas escuetas líneas para agradecer a la Junta saliente el esfuerzo realizado y el alto nivel alcanzado. Contamos con una fuerte institución, con un colectivo trabajador de alta excelencia profesional que pensamos debe ser nuestro emblema, así que tenemos por delante una labor apasionante y nos sentimos afortunados por ello. Ya nos hemos “remangado” y trabajaremos intensamente para mejorar cada día. Contando con vuestra ayuda y colaboración, estamos seguros de que conseguiremos logros importantes. 3 Con muchas ganas y ambición

Una vez al año, la Junta de Gobierno del COIT tiene el honor de convertirse por un día en el jurado del reconocimiento más importante de la profesión: el galardón al Ingeniero del Año. Sin duda, revisando las decisiones de los que nos precedieron en esta labor, podemos decir con orgullo que el Cuadro de Honor es digno de exhibirse. Todos y cada uno de los premiados que vienen completando esta lista desde el año 1982 acumulan las virtudes que nos hacen sentir orgullosos de ser ingenieros de telecomunicación y son espejos en los que mirarnos como profesionales de las telecomunicaciones. Hoy nos complace anunciaros desde estas páginas la designación del Ingeniero del año 2010. En esta ocasión el reconocimiento es doble, en las personas de Emma Fernández Alonso y Rafael Gallego Carbonell, Directora General de Talento, innovación y estrategia y Director General de Operaciones de INDRA, respectivamente. Nuestros flamantes ingenieros del año 2010, representan la excelencia profesional construida desde la base. Han desarrollado su carrera en INDRA desde los cimientos hasta la alta dirección. Su dedicación y la de tantos ingenieros como ellos, ha hecho de INDRA la primera empresa española en tecnologías para la defensa y una de las primeras del mundo. Es nuestra obligación como Junta, en estos tiempos que corren, el pensar en los ingenieros más jóvenes y reivindicar la importancia de la ingeniería en la economía española y en el tejido empresarial. Hoy cuando los ingenieros se enfrentan al mercado laboral, se encuentran con un escenario muy distinto al que encontramos muchos de nosotros al salir llenos de ilusión de las Escuelas. Sus comienzos profesionales son muy duros. El tiempo que tardan en encontrar estabilidad profesional y económica es mucho más largo que el de sus antecesores, mientras que somos, según los Servicios Públicos de Empleo, junto a los médicos los profesionales más demandados en el último Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC). Un país que no valora en lo que debe la excelencia de sus ingenieros, hace una mala inversión de futuro y desincentiva la vocación de los que deben ser motor de las infraestructuras, la industria y el progreso en sectores clave para la economía. En nuestro caso concreto, cuando está más que demostrado el beneficioso efecto de nuestro trabajo como multiplicador de la productividad de todos los sectores de la economía, es más que preocupante esta realidad. Con los Ingenieros del Año 2010 premiamos a tantos compañeros que han comenzado a veces en la parte más oculta de los laboratorios, de la gestión de clientes, de la búsqueda de soluciones y que con su buen hacer han asumido responsabilidades y son parte del engranaje que garantiza el triunfo de los equipos de los que forman parte y premiamos también a las empresas que saben confiar en ellos, como garantía del trabajo bien hecho y de la proyección. Es empeño de esta Junta trabajar para que muchas empresas de todos los sectores cuiden los planes de carrera de sus ingenieros en plantilla, convenciéndoles de que esos cuidados revertirán en triunfos tan brillantes como los conseguidos por estos ingenieros del año y todos los que les han precedido en esta orla de honor.3 Nuestro Cuadro de Honor

Queridos compañeros, Hace ya cuatro meses que la nueva Junta de Gobierno del COIT está en pleno ejercicio de sus funciones y quiero aprovechar esta ocasión para exponeros brevemente, tanto las razones que nos movieron a presentarnos a las elecciones como las líneas generales de nuestro plan estratégico para la institución y los retos que ésta afronta. En primer lugar, me referiré a la composición de la candidatura, que finalmente se ha convertido en nuestra flamante Junta de Gobierno. La compone un grupo de compañeros de diferentes perfiles y edades que, de manera matricial, cubre prácticamente el panorama profesional de nuestro sector en todos sus ámbitos. Desde la enseñanza en escuelas a la consultoría, pasando por todo tipo de empresas (grandes operadores, proveedores de equipamiento y soluciones, empresas de tecnología, de servicios etc.). Cinco somos libre-ejercientes (dos de ellos fundadores de este grupo). Desde un punto de vista territorial, es la primera vez en la que casi la mitad de sus miembros ejecutivos no residen profesionalmente en Madrid y más de la mitad no son madrileños (siete son decanos o presidentes de asociaciones territoriales o están las juntas de sus territorios). Creemos que la Junta representa bien a la profesión, conoce bien la institución y todos sin excepción estamos comprometidos a trabajar por ella y por nuestro sector. En segundo lugar, es importante recordar que la Junta anterior había hecho sus deberes. Quedaba diseñado un modelo muy avanzado de desarrollo territorial, y dejaba las cuentas saneadas con un balance equilibrado. Por último, nos encontramos con un cuadro profesional competente y entregado, unas plataformas tecnológicas bien adaptadas a su función y el Colegio con un merecido reconocimiento sectorial. La oportunidad de adelantar las elecciones fue un paso muy acertado del anterior Decano y sus compañeros de Junta. Se habían aprobado las cuentas y el otoño se avecinaba turbulento, como así ha sido. No iba a ser un momento propicio para realizar mudanzas. Y esto abre el segundo punto de mi carta. Los retos actuales de nuestra institución. En primer lugar, la crisis económica, que afecta de lleno a España, y también a nuestros ingenieros y a las empresas del sector. Ni las medidas del Gobierno han servido para mitigar sus efectos, ni tampoco auguran una pronta reactivación de la actividad, por lo que hemos debido analizar sus consecuencias en las cuentas del Colegio, su impacto en el modelo territorial y mecanismos compensadores que garanticen un funcionamiento óptimo del Colegio y de los servicios prestados a los colegiados. Por otro lado, nos encontramos con algunas medidas del Gobierno que impactan de lleno en el ámbito colegial. En diciembre del pasado año se aprobaba en el Parlamento la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, más conocida como Ley Ómnibus. Esta Ley pretendía adaptar la normativa española a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Sin embargo, el Gobierno ha aprovechado para dar un paso más, innecesario desde el punto de vista de la transposición de la Directiva y que la convierte en un misil normativo claramente apuntado a la línea de flotación de los Colegios Profesionales de la Ingeniería. El resumen de la Ley es el siguiente: a partir del mes de octubre de este año 2010, los proyectos de ingeniería que haya que presentar ante la administración por así requerirlo los trabajos, obras, instalaciones y servicios correspondientes no deberán ser visados por los colegios profesionales con un puñado de escasas excepciones, ninguna de las cuales es de aplicación significativa para los ingenieros de telecomunicación (como tampoco para la mayor parte de los ingenieros). Esta disposición ha generado una enorme incertidumbre de todo tipo que alcanza a la propia seguridad en la redacción y ejecución de estos proyectos e instalaciones y pone en cuestión toda la estructura de control documental y normativo de los trabajos de ingeniería. Transcurridos unos meses desde su promulgación, y unas semanas desde su entrada en vigor, aún se desconocen realmente las ventajas que se perseguían con este planteamiento y es legítimo calificar la norma como una chapuza. En todo caso, el COIT ha tenido que adaptar toda su metodología para darle cumplimiento y desde la Junta de Gobierno se han tomado todas las medidas necesarias para que los proyectos realizados por nuestros ingenieros sigan gozando de la calidad que han acreditado siempre, y tanto sus autores como sus clientes puedan disfrutar de la misma seguridad que hasta ahora. Igualmente, estamos en permanente contacto con los operadores y empresas de telecomunicación para mantener, y aún ampliar, los convenios existentes. Por último, intentaremos que todo ello tenga el menor impacto posible en los ingresos de nuestro colegio. Por otro lado, el Gobierno ya ha anunciado la próxima presentación ante el Parlamento de una Ley de Servicios profesionales, de la que solamente se conoce un borrador de su memoria o preámbulo. Éste expresa claramente y sin tapujos que los colegios profesionales son innecesarios, los ingenieros una profesión mal estructurada y desarrollada y plantea un escenario en el que todos los ingenieros, sin distinción de especialidades o títulos, deberán competir en todos los ámbitos profesionales, bajo el curioso razonamiento de que nuestra formación es básicamente común y todos estamos preparados para todo. Es decir, los telecos podríamos y deberíamos proyectar instalaciones nucleares o de depuración de aguas residuales, los industriales puentes y aeropuertos, los agrónomos redes de telefonía móvil, los de minas barcos tanqueros, o los de montes, aviones y helicópteros, mientras los de caminos ampliarían sus proyectos a sistemas de codificación de señales digitales para plataformas de televisión por satélite. Todo ello, naturalmente, sin intervención alguna de los colegios profesionales y en un entorno dudoso de “calidad en el servicio a los usuarios y seguridad de las instalaciones”. El Colegio no va a permanecer impasible ante este proyecto de Ley y estamos colaborando activamente con el resto de las ingenierías para preparar una estrategia común de oposición a estas medidas, mientras trabajamos en el diseño un nuevo modelo de funcionamiento de las ingenierías. Para ello, tendremos que renovar los instrumentos existentes, como la Unión Profesional de Colegios de Ingeniería (UPCI) que, a nuestro juicio, debe adaptarse a las nuevas exigencias y realizar propuestas atrevidas que transformen las instituciones colegiales existentes a un nuevo modelo más acorde con los tiempos que se avecinan. Estos tres escenarios son, cada uno de ellos, lo suficientemente impactantes en nuestra institución colegial como para requerir todo el esfuerzo del colectivo, pero su confluencia temporal convierten los primeros meses de nuestro mandato en los más inciertos que haya tenido nunca la institución. Por ello, la decisión de la anterior Junta de Gobierno, de adelantar las elecciones demuestra su acertada visión, porque al menos, nuestro Colegio se encuentra con una Junta en pleno ejercicio y no en pleno periodo electoral. No quiero terminar esta carta sin hacer referencia a la alta importancia que tiene en estos momentos, en medio de tanta incertidumbre, la adecuada proyección de nuestra profesión como una ingeniería estratégica para el desarrollo económico y la vertebración social de España. Las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación son absolutamente esenciales para España en estos comienzos de siglo. Sin nuestro esfuerzo, canalizado a través de las empresas del sector de las telecomunicaciones y de los nuevos servicios digitales, España será incapaz de competir en un mercado global y los españoles tendremos que acostumbrarnos a una situación de medianía, falta de liderazgo e irrelevancia empresarial, profesional y social. Por ello es vital que acerquemos la institución a la sociedad y sobre todo a los ingenieros jóvenes, porque tenemos el compromiso de trabajar para mejorar su entorno profesional, porque el futuro de la profesión les pertenece y el Colegio tiene la obligación de volcarse con ellos. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los dos ingenieros del año 2010, Emma Fernández y Rafael Gallego, ambos Directores Generales de INDRA y cuyos curricula y méritos son descritos en este mismo número del BIT, porque son la viva expresión de lo que significa ser ingeniero, un buen ingeniero de telecomunicación, y porque poseen sendas trayectorias profesionales que ejemplifican y resumen lo que quisiera transmitir en esta carta. El compromiso por la excelencia profesional que todos nosotros debemos mantener. Un abrazo a todos. Eugenio Fontán Decano-Presidente

Seis meses son tiempo suficiente para hacer un pequeño balance de nuestro quehacer del 2010 y anticiparos además en este editorial algunos de los asuntos que nos mantienen ocupados en este año que acabamos de inaugurar. 2010 quedará para muchos como el año en que nos zambullimos en la crisis económica y en el pesimismo. Desde el COIT, no nos arrugamos ante las dificultades y preferimos recordarlo como el año en que nos reinventamos y supimos afrontar los muchos retos que teníamos sobre la mesa, poniéndonos en rumbo de evolución constante. El pasado año, los Colegios profesionales se enfrentaron con una equivocada transposición de la Directiva de Servicios europea, que trajo como consecuencia la eliminación del visado obligatorio de la mayoría de los trabajos profesionales, un golpe directo al sistema de garantías establecido y al sustento que financia estas organizaciones y es la base de los servicios que ofrecen éstas a los profesionales que representan. En el COIT hemos dado rápida respuesta a esta realidad ofreciendo a nuestros profesionales ejercientes los nuevos Servicios de Garantía de Trabajos Profesionales que se presentan en este número de BIT. También es motivo de satisfacción el apoyo que los principales operadores nos han prestado con la renovación de los convenios de colaboración. Este es el mejor reconocimiento que podíamos tener de los principales agentes del sector. Además, la Ley Ómnibus obligó a diversos cambios en los Estatutos y Reglamento de régimen interior de la institución, que hemos acometido y que están en fase de tramitación ministerial, tras su aprobación por parte de la Asamblea General. Además, los colegiados reunidos en Asamblea refrendaron la gestión de este último año (que prácticamente y a pesar de la incertidumbre por la Ley Ómnibus se cerró en equilibrio) y aprobaron unos presupuestos que, si bien van en línea de los lógicos ajustes propios de los tiempos que corren, garantizan la prestación de todos los servicios y de aquellos nuevos que estamos lanzando. Contar con el apoyo de todos en una Asamblea nos ha llenado de entusiasmo de cara a seguir trabajando por un Colegio fuerte, representativo y unido. En este proceso hemos creado y reactivado diversos grupos de trabajo, abiertos a la participación de todos los colegiados. Intensamente están trabajando los grupos de: Nuevas Actividades Profesionales (NAP), Espectro, Regulación (a punto de reactivarse), Formación y el recién creado Grupo de Jóvenes, que nos permitirá pulsar la opinión de esta parte tan importante del colectivo. Pero también hemos recordado a los más veteranos, a los que homenajeamos en la fiesta de nuestro patrón, San Gabriel, y de aquellos que con su trabajo diario dan proyección a las importantes aportaciones de los ingenieros de telecomunicación en la sociedad, nuestros ingenieros del año, que ocupan la portada de este número. Para subrayar esa excelencia abrimos ahora la XXXI convocatoria de los Premios Ingenieros de Telecomunicación a los mejores Proyectos Fin de Carrera y Tesis Doctorales, en la que esperamos contar, como siempre, con la aportación de muchos brillantes ingenieros de telecomunicación y que tiene de nuevo el respaldo de un nutrido y potente grupo de patrocinadores. Estamos preparados, trabajamos de la mano de las máximas autoridades en materia de telecomunicación del país, con las universidades, el mundo empresarial y el resto de ingenierías para continuar representando a los ingenieros de telecomunicación, y dando servicio a la sociedad, como nos corresponde y es nuestra vocación, en un año que puede ser fundamental para los Colegios Profesionales, ante el preocupante anuncio del Gobierno sobre la inminente aprobación de la Ley de Servicios Profesionales que acaba de hacerse público. Estamos trabajando con el resto de Colegios de la Ingeniería para abordar este asunto de la mejor manera.3 El movimiento se demuestra andando