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Nuevas tecnologías en la justicia: la modernización de un servicio público esencial
M a sociedad de la información en la que estamos inmersos, sumada a la presión social motivada por errores judiciales de difícil comprensión por la ciudadanía, junto con iniciativas políticas como la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia aprobada en el año 2002 que demandaba una justicia más abierta que fuese capaz de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, el Plan de Transparencia Judicial y el Plan de Acción E-Justicia de la Unión Europea configuraban un entorno en el cual la efectiva y eficaz incorporación de las TIC a la administración de Justicia se hizo un imperativo inaplazable. Este imperativo alcanzó forma con el Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia 2009-2012 (PEMJ), punto de inflexión al dotar las iniciativas y proyectos tecnológicos a abordar en el periodo con un presupuesto de más de 400 millones de euros, de los cuales 115 millones corresponden al año 2011, garantizando la continuidad del proceso de transformación en un entorno económico de restricciones presupuestarias. El engarce normativo que permite el uso generalizado de las TIC en la Administración de Justicia y que sustenta la modernización prevista en el PEMJ, está contenido en la recientemente aprobada Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información la comunicación en la Administración de Justicia, dado que el reconocimiento definitivo del derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas que introdujo la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, no resultaba aplicable al ámbito de la Justicia, debido al hecho de que todo despliegue tecnológico en la Justicia debe tener presente que se trata de una tarea muy diferente a la de modernizar cualquier otra administración por su singular realidad constitucional, conformada por una parte por la independencia del Poder Judicial, a la que el poder ejecutivo debe prestar apoyo material y organizativo, y por otro, por la descentralización política derivada del Estado de las Autonomías, en el que una mayoría de comunidades autónomas han asumido competencias en materia de justicia con la aplicación de proyectos de modernización propios en lo que plásticamente ha venido a denominarse la “administración de la administración de Justicia”. El PEMJ en el eje estratégico 3: Una justicia tecnológicamente avanzada” detalla el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora de la eficacia y eficiencia de los servicios de la administración de Justicia con el objeto de facilitar y agilizar trámites y notificaciones, mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y, sobre L El Pasado 5 de julio fue publicada en el BOE la Ley (18/2011) Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. La norma supone la plasmación en la regulación española del Plan de acción e-Justicia de la Unión Europea, que tenía como objetivo facilitar la relación de los ciudadanos y los profesionales con la Administración de Justicia, adaptando a ésta a las nuevas tecnologías. No obstante, en España, el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia (aprobado por Consejo de Ministros en septiembre de 2009) ya venía desarrollando un amplio abanico de proyectos de contenido tecnológico. Una de las ingenieras de telecomunicación implicadas en la coordinación de este Plan repasa en este artículo de forma exhaustiva los proyectos puestos en marcha, detallando en cada caso su alcance y objetivos. MTecnología y sociedad Nuevas tecnologías en la justicia: la modernización de un servicio público esencial Patricia de Las Morenas Coordinadora Unidad de Apoyo Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia Ministerio de Justicia MTecnología y sociedad. Nuevas tecnologías en la justicia: la modernización de un servicio público esencial todo, favorecer la interoperabilidad entre los distintos actores de la Justicia y el ciudadano. La visión general de los programas y actuaciones contempladas está recogida en el siguiente cuadro: El suministro y prestación de información y servicios de forma multicanal garantizando el acceso a los ciudadanos y profesionales de la justicia a este servicio público, es el fundamento del nuevo modelo de justicia en cumplimiento de los principios constitucionales de publicidad y transparencia, que supone la creación de sedes electrónicas y portales de justicia, entre los que cabe destacar el Portal de Secretarios Judiciales, el Portal del Ministerio Fiscal, el Portal para Funcionarios Judiciales, los Portales del Instituto Toxicológico y de los Institutos de Medicina Legal, el Portal de La Nueva Oficina Judicial, ya operativos, y próximamente en Noviembre entrarán en productivo el Portal de la Administración de Justicia orientado al ciudadano y el nuevo Portal de Subastas Judiciales, hito que mejorará la ejecución de las sentencias judiciales, asunto largamente pendiente en la justicia. En lo referente a los Sistemas de Información la aplicación informática de gestión procesal Minerva NOJ, totalmente adaptada a las nuevas leyes de Reforma Procesal, está ya implantada en los órganos judiciales del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla) y en una segunda oleada ya en fase piloto y coincidiendo con la implantación de la Nueva Oficina Judicial en las sedes de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Murcia y Palma de Mallorca se ha instalado la segunda versión de Minerva que responde a los requerimientos del modelo de Servicios Comunes Procesales, y se continuará con las sedes de León, Cuenca y Badajoz. Junto a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que supone un cambio de concepto radical en el funcionamiento de los juzgados al pasar de una orientación unipersonal que realizaba todas las funciones a una organización central que presta servicios a todo un conjunto de órganos jurisdiccionales, se ha desplegado un Plan de Formación extensivo a los más de 14.000 funcionarios de la administración de Justicia, que combina formación presencial con formación on-line via un catálogo de cursos e-learning, todo ello también desarrollado en el marco del PEMJ, que incluye también contenidos pedagógicos personalizados para secretarios judiciales y jueces. En este mismo contexto cabe destacar el sistema Asklepios de análisis forense para los Institutos de Medi- Todo despliegue tecnológico en la Justicia debe tener presente que se trata de una tarea muy diferente a la de modernizar cualquier otra administración por su singular realidad constitucional” “ Figura 1. Eje 3 del Plan de Modernización de la Justicia. cina Legal que incorporara funcionalidades de interoperabilidad con el resto de sistemas de la administración de justicia, y el sistema LIMS de información integral de laboratorio e inteligencia forense instalado en los servicios y laboratorios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Por otra parte, en el ámbito de los distintos sistemas de gestión procesal de oficinas judiciales, institutos de medicina legal y laboratorios, los nuevos Cuadros de Mando (SICC) consisten en una serie de aplicaciones analíticas, ya en productivo desde Julio de 2011, que permiten obtener estadísticas e indicadores de rendimiento de la administración de Justicia bajo diferentes dimensiones de análisis: geográfica, temporal, por órganos, por unidad, por actividad, por procedimiento, etc., permitiendo conocer los volúmenes de trabajo y los tiempos requeridos de tramitación contribuyendo a la definición, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y posibilitando el ejercicio de la justicia conforme los principios de eficacia y eficiencia. El sistema informático y de comunicaciones Lexnet, cuya primera versión del año 2004 ha evolucionado hasta la actual versión 3 en fase final de despliegue, es el medio que permite a los órganos judiciales y los distintos operadores jurídicos (procuradores, fiscales, graduados sociales, notarios, registradores, aeat, etc.) intercambiarse notificaciones en formato electrónico de forma segura y confidencial, con una base instalada de más de 17.000 usuarios distribuidos en distintos colectivos, a los que en breve se sumarán instituciones penitenciarias, entre otros. En la senda marcada, uno de los proyectos más emblemáticos de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia (DGMAJ) es el Expediente Judicial Electrónico, paso histórico para eliminar el papel de los juzgados y agilizar la tramitación de los procedimientos. El proyecto abarca por una parte la digitalización de todos los documentos, tanto los que lleguen en formato papel al registro de entrada como los documentos correspondientes a expedientes vivos en el momento de la implantación, y por otra se generará toda la documentación directamente en formato electrónico para incorporarla al expediente, lo cual permitirá añadir otra información digital como las actuales grabaciones de las salas de vistas, gestionadas a través del sistema e-fidelius, también implantado por la DGMAJ. La puesta en marcha del expediente judicial electrónico constituye un proceso sumamente complejo que comienza con el registro de cientos de miles de documentos en papel de los procedimientos en curso, su digitalización y catalogación, y posterior incorporación a un gestor documental con funciones avanzadas de búsqueda y consulta, y situará a la función jurisdiccional en España a la altura de las más avanzadas tecnológicamente. Se ha comenzado por la sala de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) en la que se han digitalizado más de 20 millones de páginas de procedimientos de la AN, con la previsión de llegar a 27 millones. Esta implantación que servirá como experiencia piloto ha supuesto la organización del nuevo Servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo (SCRRDA) en la AN para centralizar la recepción, registro y catalogación de escritos, así como su digitalización e incorporación al gestor documental. También se conectará con el sistema de notificaciones Lexnet, para permitir la recepción digital de documentación procedente de cualquier otro órgano jurisdiccional y de los profesionales de la justicia (notarios, registradores, procuradores, colegios de abogados, etc.). Tras la Sala de lo Social se continuará con la Sala de los Contencioso Administrativo, en la que se efectuará la integración con el expediente electrónico administrativo, los Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgado MTecnología y sociedad. Nuevas tecnologías en la justicia: la modernización de un servicio público esencial Entre los certificados ya disponibles para su integra tramitación telemática destacan el de antecedentes penales, el de actos de última voluntad, el seguro de cobertura por fallecimiento y el de matrimonio, habiéndose expedido más de 70.000 millones de certificados hasta agosto de 2011” “ Central y Sala de lo Penal y los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria. Paralelamente al proceso que se está desarrollando en la Audiencia Nacional, se han dado también los primeros pasos para el despliegue del expediente judicial electrónico en las Fiscalías de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Antidroga, la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y en los órganos judiciales de las ciudades de León y Burgos. Otra de las cuestiones fundamentales en la modernización de la Justicia es la cooperación y coordinación entre Administraciones para lograr la interoperabilidad de todos los sistemas informáticos y aplicaciones al servicio de la administración de justicia, siendo el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad (EJIS) el instrumento a través del cual se canaliza esta colaboración articulada en tres dimensiones. La organizativa asegura la coordinación y el alineamiento de los procedimientos administrativos que intervienen en la provisión de servicios informáticos judiciales; la semántico-jurídica garantiza el significado preciso de la información intercambiada tomando como punto de partida el Test de Compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial; y la técnica proporciona los mecanismos comunes de transferencia de datos e información entre las distintas aplicaciones. EJIS comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización y volcado de datos de la información, de los formatos y de las aplicaciones, junto con la política de seguridad. En los proyectos EJIS se desarrollarán las correspondientes guías y normas técnicas de aplicación entre las que destacan la normativa relativa al documento judicial electrónico, expediente judicial electrónico, firma digital, digitalización de documentos, conservación y archivo, entre otros; todos ellos alienados con los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad. Otra línea de trabajo desarrollada es en el área de los Registros Civiles, que ha supuesto una nueva organización basada en un registro civil único, informatizado y accesible electrónicamente, concebido como un registro electrónico en el que se practican asientos informáticos, que organiza la publicidad y da fe de los hechos y actos del estado civil independientemente del territorio en que tengan lugar. Entre los certificados ya disponibles para su integra tramitación telemática destacan el de antecedentes penales, el de actos de última voluntad, el seguro de cobertura por fallecimiento y el de matrimonio, habiéndose expedido más de 70.000 millones de certificados hasta agosto de 2011. Por último, y no por ello menos relevante, cabe mencionar los proyectos encuadrados en las actuaciones de Infraestructura tecnológica, con una dotación de 40,8 millones de euros, para pasar de un entorno heterogéneo y descentralizado a una arquitectura basada en dos centros de proceso de datos en alta disponibilidad, con un modelo basado en virtualización y almacenamiento de alta capacidad que unido a la optimización de las comunicaciones de la Nueva Red Judicial (NJR) y la estrategia de monitorización garantice el funcionamiento y servicio de todos los sistemas de información e infraestructuras desplegados. Los proyectos tecnológicos desarrollados y en marcha muestran el explícito compromiso del Ministerio de Justicia con la transformación de todo el sistema, habiéndose dado el impulso definitivo a una nueva administración de la justicia. 3 MTecnología y sociedad. Nuevas tecnologías en la justicia: la modernización de un servicio público esencial Uno de los proyectos más emblemáticos de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia es el Expediente Judicial Electrónico, paso histórico para eliminar el papel de los juzgados y agilizar la tramitación de los procedimientos” “
30 oct 2015