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Ejercicio Libre I Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicación que realizan Ejercicio Libre de la Profesión -------------------------------------------------------------------------------- Los cambios regulatorios en campos de actividad tan importantes para el Ingeniero de Telecomunicación que realiza trabajos como profesional liberal ocurridos en 1998, motivaron al Grupo de Trabajo del ELP a proponer a la Junta Directiva del COIT la celebración de este Congreso. Acogida con todo calor y apoyo dicha iniciativa se eligió la fecha de principios de Febrero para su celebración, una vez finalizada la actividad electoral y una vez que la nueva Junta de Gobierno hubiese tomado posesión de su cargo. Los días elegidos fueron el 5 y 6 de febrero organizándose el Congreso en dos actividades separadas pero coincidentes. El primer día se programó una presentación de materiales para los proyectos de ICT, actividad que sustituye a las antenas colectivas y que esperamos constituya el 80% de la actividad profesional del ELP. Para el segundo día se programaron tres mesas redondas que se orientaban hacia tres temas importantes para nuestra actividad: • La evolución de la reglamentación y su impacto en la práctica del Ejercicio Libre de la Profesión . : • El ELP en el Colegio de Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del tercer milenio. • Campos de actividad del ingeniero de Telecomunicación como profesional libre en nuevos materias no regladas y su problemática fiscal y administrativa. La asistencia de 125 compañeros de los cuales solo un 40% de ellos era libreejerciente, demuestra que el interés por conocer estos aspectos de la profesión despiertan un considerable interés entre los ingenieros de Telecomunicación. Cabe pensar que el interés suscitado por esta actividad profesional, en momentos que pueden considerarse de plena ocupación, se debe al deseo de poder realizar un trabajo profesional sino en los lugares de origen, si lo más próximo posible a ellos y lejos de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona que ofrecen casi un 80% de los puestos de trabajo a los nuevos ingenieros. La jornada del día 5 fue presidida por nuestro compañero, Pedro Alonso Manjón, Subdirector General de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones y responsable de la elaboración del REGLAMENTO Y NORMATIVA SOBRE ICT’S que, en ese momento se encontraba pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, y felizmente aprobado el 19 de Febrero y publicado en el BOE el 9 de Marzo, quién hizo una presentación de sus objetivos y de los resultados que la Secretaría General de Comunicaciones esperaba de su implantación. Igualmente hizo mención a los muchos inconvenientes y dificultades que, a lo largo de su elaboración, hubo que sortear para poder alcanzar el resultado final. La presentación de productos para la red de Televisión corrió a cargo de ALCAD con la presentación de sus últimos productos y gama especialmente adaptada a las características de las ICTs. La presentación de los materiales se complementó con ejemplos prácticos de cómo se pueden utilizar los mismos en las diferentes configuraciones de edificaciones. En el aspecto telefónico POUYET COMUNICACIONES presentó su gama de productos y soluciones para la red de telefonía. Esta presentación, al igual que la de MONDRAGÓN TELECOMMUNICATIONS eran esperadas con gran interés por los asistentes ya que la red telefónica nunca fue objeto de proyectos por parte de los libreejercientes y, al estar ahora integrada en la ICT, requiere la utilización de materiales específicos, según la Norma Técnica de aplicación, cuyas características fueron objeto de cuidadosa y detallada presentación por parte de las dos compañías. La infraestructura, especialmente cajas y registros, corrió a cargo de POUYET COMUNICACIONES e HIMEL, que presentaron sus soluciones y productos para satisfacer los requerimientos de los registros y cajas de paso que requiere la instalación de la infraestructura y canalización de las ICTs. La medida de las instalaciones de ICT, sus niveles y características de las señales recibidas en toma de usuario fueron objeto de una presentación detallada de PROMAX que, con sus equipos mostró la forma correcta de su realización. Se cerraron las presentaciones de productos con una exposición sobre Porteros Electrónicos, función que presenta una gran sinergia con la ICT y que, aunque no regulada por ninguna Norma, puede constituir un complemento a tener en cuenta en los proyectos e instalaciones de las ICTs. Como complemento de estas presentaciones se preparó una exposición con los productos presentados de forma que los asistentes pudieron tomar contacto físico con la realidad de los productos, recibiendo por parte de los técnicos de las mismas todo tipo de aclaraciones a las preguntas planteadas. El día 6 cambió totalmente el panorama al pasar de los aspectos técnicos a los aspectos más teóricos referentes a los profesionales libres y su problemática. La sesión fue abierta por nuestro compañero Roberto Sánchez Sánchez, Subdirector General de Gestión de Recursos Escasos de Telecomunicaciones quién realizó una detallada exposición de la política de la Secretaría General de Comunicaciones en la regulación de aquellas actividades relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico y la normativa de aplicación. Hizo especial énfasis en el cambio en la normativa de solicitud de concesión de autorizaciones para la concesión de frecuencias a los usuarios de grupos cerrados de abonados, que tanto impacto ha tenido en la actividad profesional al reducir sustancialmente el volumen de los trabajos profesionales, exponiendo las nuevas líneas de actuación que permitirán recuperar si no toda, al menos parte de la misma. A continuación se presentaron las tres ponencias recibidas: Comentarios sobre el Real Decreto- Ley 1/98 de Infraestructuras Comunes de telecomunicación y su práctica (Autores: Bernardo Balaguer y Luis Méndez), en la cual se hizo una exposición de cómo dicho Real Decreto se puede cumplir, en contra de diversas opiniones que en esos momentos circulaban por diversos ambientes que insistían en la imposibilidad de su cumplimiento al no haber Reglamento y como los Ayuntamientos han comenzado a exigir la presentación del correspondiente Proyecto Técnico. Breves reflexiones sobre algunos aspectos de los proyectos de ICT(Autor: Agustín Rodrigo Ausin), en la cual el autor expuso su visión y conclusiones sobre la forma de cálculo de honorarios de proyecto. Esta intervención, acogida con gran interés por los asistentes, dio lugar a una de las conclusiones del congreso. El Ingeniero de telecomunicación, técnico titulado competente en telecomunicaciones y la ventanilla (Autor: Luis Méndez) presentó la problemática inherente al cambio en la denominación de los profesionales proyectistas que al ser nombrados técnicos titulados competentes deben demostrar, en todo momento su competencia para realizar determinados trabajos. También presentó una revisión de los campos de actividad que la ventanilla de la SGC ofrece a los Ingenieros de Telecomunicación y como éstos campos se van reduciendo cada vez más. Finalizada la exposición se abrió un animado debate en el curso del cual se recogió, como inquietud importante la necesidad de que el COIT se mantenga en estrecho contacto con la SGC de forma que no se pierdan competencias ni oportunidades de trabajo profesional. También se acordó que la elaboración de los Baremos de Honorarios debería ser una tarea colegiada, a la cual deberían de aportar sus ideas los miembros del colectivo y no dejar solo al Grupo del ELP y luego criticar sus conclusiones. La siguiente mesa redonda, El ELP en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del tercer milenio tenía como moderador a Enrique Gutiérrez Bueno, recién elegido Decano del COIT y que, en este acto hacía su primera presentación pública. Comenzó Enrique explicando cual es su visión del COIT y la AEIT, como organismos abiertos a la participación de todos, con un Decano/Presidente menos personalista y con una implicación muy directa de los miembros de las Juntas en la actividad y vida diaria del Colegio. Las ponencias presentadas en esta mesa fueron las siguientes: El Grupo de trabajo del ELP en el COIT, Actividades y planes para los próximos cuatro años (Autor: Grupo de Trabajo del ELP. COIT), en la cual se presentaron los planes de organización para el trabajo de este grupo y los objetivos básicos a satisfacer: Optimización del COIT para un mejor servicio a los colegiados al menor coste y conseguir, con el apoyo de la Junta de Gobierno, que nuestra profesión y sus trabajos sean relacionados con calidad y profesionalidad, como camino para conseguir un mayor reconocimiento en nuestra sociedad Código de Etica de la Agrupación de Peritos Ingenieros de Telecomunicación (Autor: José Luis Prieto Villaumbrales), presentó las bases y fundamentos por las cuales la función del Perito Judicial debe actuar y cuales son los compromisos que los que realizan estas funciones deben adoptar, proponiendo que se redacte un código de ética y se incorpore a los Estatutos, recién aprobados de esta Agrupación. La Función pública de los Colegios Profesionales (Autor: Francisco Mellado), fue una exposición de los fundamentos legales y de interés social, que justifican y defienden la existencia de los Colegios Profesionales como órganos encargados de regular el ejercicio de la profesión por los miembros de una determinada titulación y cuales son los mecanismos de que disponen para garantizar dichos comportamientos al resto de la sociedad. La competencia desleal (Autor: Luis Méndez), expuso algunas ideas sobre como los libreejercientes, con sus acciones u omisiones, y como la actitud permisiva de unos Estatutos y Reglamento, pendientes de adaptarse a la regulación actual, permiten la aparición de una competencia desleal entre los miembros del mismo Colegio. Expuso, igualmente, como otros colectivos con las mismas competencias, pero miembros de otro grupo colegial realizan en la práctica diaria, y con una actividad tolerante del propio colegio competencia desleal frente a todo el grupo de librejercientes. Colegio, Colegiados, Ejercicio Libre, Comentario, Propuestas... (Autor: Carlos Valero Cebrián) fue una ponencia orientada muy directamente a analizar los diferentes perfiles de los librejercientes y los tratamientos fiscales que son de aplicación en cada caso estableciendo diferencias entre cada uno de ellos, algunas de las cuales se derivan de decisiones tomadas en otro momento histórico, y que hoy, el autor, propone alguna fórmula para paliar esta situación que también puede dar lugar a competencia desleal. Tras estas intervenciones se abrió un fluido e interesante debate del cual se extrajeron como conclusiones el correcto y adecuado planteamiento de la actividad del GRELP, la necesidad de que la calidad de los proyectos sea el hecho diferencial de nuestra profesión y el COIT asuma el compromiso de velar por el mismo a través de un análisis y revisión de los proyectos destinados a visado y que se estudie la creación de algún medio para reparar la desigualdad que la legislación actual establece entre los diversos libreejercientes. La tercera mesa redonda: Campos de actividad del ingeniero de telecomunicación como profesional libre en nuevos materias no regladas y su problemática fiscal y administrativa fue moderada por Jorge Pérez, Ex Decano del Coit. Abrió la misma dando las gracias por haber tenido la oportunidad de despedirse de todos en un acto público y manifestó su opinión de que, aunque con muchas dificultades, el campo profesional libre, en un entorno no reglado, constituye una oportunidad para los miembros de nuestro colectivo. El Ejercicio profesional de informática en el tercer milenio: "Tierra de Nadie" u " objetivo estratégico" para las atribuciones profesionales (Autor: Jesús Rivero Laguna) fue presentado por su autor como un análisis de oportunidad para los Ingenieros de Telecomunicación en el campo informático, en competencia libre con los Licenciados e Ingenieros en Informática, por no existir competencias atribuidas a esta profesión emergente en el campo profesional. Desarrolló diversas teorías sobre el posible acercamiento de ambas titulaciones, la aparición de los nuevos Colegios Profesionales en Informática y la conveniencia de realizar estudios que permitan conocer una postura y oportunidad de negociación de atribuciones profesionales Nuevas técnicas de diseño de redes de distribución de señales de televisión (Autor: Melchor Alonso Requejo), introdujo a los asistentes en el uso de los elementos de informatización y realización de programas específicos para la realización de los cálculos de diseño y obtener una mejora importante de los resultados de la red dimensionada con los mismos. Estudio de diagnóstico de TIC’s: Un nuevo campo para el ingeniero de telecomunicación y una ventaja competitiva para las PYMES, (Autores: Isabel Morales, José Luis Ruiz y Enrique Martínez). Los autores de esta ponencia presentan su experiencia personal en la realización de un trabajo profesional, en el que una vez desarrollada la adecuada metodología se puede realizar un estudio, bien aislado o de un conjunto de empresas para poder identificar las posibilidades que las nuevas TIC’s como fuentes de trabajo profesional en un nuevo sector. Sistemas de cableado estructurado, oportunidades para el ELP en un entorno no reglado (Autores: José Manuel Suero Ruiz, Juan José Sánchez Aguila-Collantes y Adrián Nogales Escudero). Esta ponencia presenta un nuevo y oportuno campo de actividad para los profesionales de la telecomunicación, que puede considerarse la extensión natural del campo de las ICT’s, si bien al no existir reglamentación oficial, normas de obligado cumplimiento, obligatoriedad de la implantación etc., representa un foro totalmente abierto en el cual la titulación y la competencia no son elementos determinantes para la elección de los autores siendo la " competencia profesional" en el sentido de conocimientos técnicos la que marcará las actuaciones que se presenten en este campo. El debate que siguió a estas ponencias relacionó los planteamientos expuestos en la primera, en donde se hablaba de delimitar campos de competencia con las oportunidades que se presentan en el mercado profesional. Surgió, como conclusión de esta mesa, la oportunidad de establecer un campo de estudio en el que se realice un verdadero análisis de la situación formativa, competencial y de orden práctico entre las telecomunicaciones y la informática con objeto de poder determinar, en su momento las posibles recomendaciones o actuaciones ante las autoridades oportunas a la hora de definir y determinar las competencias. Finalizó el Congreso con el ánimo feliz y satisfecho de los asistentes que encontraron en el mismo un foro adecuado para analizar y debatir su problemática. Se elaboraron unas conclusiones finales, algunas esbozadas en el texto anterior, pero que serán objeto de un análisis más pormenorizado en un próximo número y el deseo de que este Congreso se repitiese cada año. Siendo evidente que ni el coste económico ni el esfuerzo de organización están disponibles cada año, se acordó que el Día del Ejercicio Libre de este año fuese como una continuación del Congreso para analizar el estado de la evolución de las conclusiones y que, si los elementos y circunstancias lo permiten el siguiente congreso se celebre en el año 2.000. Grupo de Ejercicio Libre de la Profesión

Gretel Acceso indirecto al bucle de abonado como modelo de implantación del ADSL en España -------------------------------------------------------------------------------- El Grupo de Regulación de las Telecomunicaciones del COIT se constituyó en junio de 1997 como foro de análisis, seguimiento y difusión de los temas de regulación. Tras el inevitable "parón" debido a las elecciones a las Juntas, retoma su compromiso de ofrecer a través del BIT una visión colectiva de los temas de actualidad en regulación Uno de los fenómenos de mayor relevancia en el panorama actual de las telecomunicaciones es el fenómeno Internet/Intranet. El conjunto de servicios que permite hacen cada día más atractivo y llamativo el acceso a estas redes de cualquier tipo de usuario, ya sean éstos instituciones, empresas o simplemente particulares. Numerosos factores están contribuyendo al auge de este fenómeno, en un efecto de bola de nieve, que está creando a su vez una fuerte presión en todos los actores que intervienen en la prestación de este servicio, básicamente los Operadores de Servicios tradicionales de Telecomunicaciones (el dominante y los nuevos entrantes), los Proveedores de Datos y los Proveedores de Acceso a Internet (ISPs), sin olvidar claro está las Asociaciones de Usuarios y las propias Autoridades Regulatorias, que indudablemente participan y tienen mucho que decir en todo este entramado, todo ello sin citar al resto de agentes que intervienen en el esquema internacional que lleva aparejado asímismo el fenómeno Internet. Ya cabe entrever que la problemática y madeja de intereses son múltiples y complejos, lo que en ocasiones hace difícil encontrar soluciones que satisfagan totalmente, y a un tiempo, las legítimas y lógicas aspiraciones de cada uno de los afectados, y en particular, de los usuarios que reclaman, en pocas palabras, un servicio de calidad, de mejores prestaciones (banda ancha), una tarifa a precio asequible (si es posible plana), y con acceso universal. Por un lado los usuarios de Internet reclaman una mayor velocidad a un precio bajo y los operadores de telecomunicaciones disponen, a nivel mundial, de 650 millones de líneas de acceso de pares de cobre, que con las tecnologías clásicas no son capaces de superar los 64 Kbips. Para paliar este cuello de botella la tecnología ha desarrollado diferentes soluciones que se encuentran recogidas bajo la denominación de "soluciones para aumentar el ancho de banda en la última milla". Entre estas soluciones, destinadas a mejorar el aprovechamiento de las infraestructuras basadas en el par de cobre, se encuentra la familia de tecnologías conocidas como xDSL (X Digital Subscriber Line). La solución más popularmente conocida es el Sistema ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) por ser la utilizada mas frecuentemente por las compañías telefónicas. Este sistema, además de la señal de voz normal, permite la transmisión de una señal hacia la central de entre 16 y 640 Kbps y otra desde la central al terminal de gran ancho de banda, hasta 1,5 Mbps e incluso puede llegar a 9 Mbps. Por eso es un sistema muy util para servicios de datos de flujos muy asimétricos como es el caso de Internet. La instalación del sistema ADSL no es demasiado sencilla, ya que se necesita un modem en el domicilio y otro en la central. Además se trata de tecnologías escalables, pero que aún no han alcanzado una solución normalizada de carácter universal. Por otro lado, el modelo de negocio y dimensionamiento de la red telefónica actual, se fundamenta en el número de llamadas telefónicas y la duración de éstas, siendo su tipología y características, diferentes y opuestas a las del acceso a internet, que son menos numerosas pero más largas en duración. Compaginar ambos hechos sobre una misma red, con la tarifa plana, a precio razonable, y con la necesaria disponibilidad de un mayor ancho de banda, sería una tarea difícil incluso en un contexto de monopolio, especialmente si pensamos que hablar de una tarifa plana es hablar también de subvenciones de unos clientes a otros, y en este caso de los que menos usan la red a los que más la usan, lo que sería contrario, como cuestión de principio, al denominado servicio universal. Hacer esto, en el entorno de interconexión que exige el recién estrenado marco de competencia regulada (LGTel), es una tarea casi imposible. En este contexto la tarifa plana y la mayor disponibilidad de ancho de banda, sólo podía hacerse realidad utilizando el actual bucle de abonado con técnicas de mejora de su aprovechamiento, pero obviando la red conmutada telefónica. Esto es lo que se va a hacer a través de la implantación de las tecnologías ADSL en el bucle de abonado que permiten el envío y recepción de flujos de datos a alta velocidad, de forma simultánea al servicio telefónico tradicional. A todo ello se une la fuerte presión social que durante el último semestre del pasado año 1998 se generó en defensa de una tarifa plana para los usuarios de Internet, y que se tradujo en una exigencia de las Cortes Generales al Gobierno, para que, en línea con tendencias similares en el ámbito internacional, estableciera un mecanismo para dar respuesta a dicha presión, lo que implícitamente conducía a soluciones tecnológicas como la considerada. Esto llevó al Ministerio de Fomento a adoptar una actitud proactiva en este campo, con el doble objetivo de tratar de satisfacer las demandas de los usuarios y en paralelo, fomentar la aparición de nuevas tecnologías innovadoras, que ya operan de forma comercial en los países más avanzados, y específicamente en EE. UU. Telefónica por su parte, también ha sido lógicamente receptiva a esta iniciativa, adoptándola como algo propio de las demandas del mercado y del proceso natural de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Esto se hizo, a su vez, valorando la opinión de los agentes del sector, que tuvieron la ocasión de analizar la problemática de la tarifa plana en diversos ámbitos, y específicamente en el seno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Acceso a la Información, auspiciada por el Ministerio de Fomento. A tal fin, el pasado 26 de marzo de 1999, el Ministerio de Fomento ha publicado una Orden, publicada en el BOE 86 de 10 de abril de 1999, que establece el modelo de utilización de estas tecnologías y que básicamente pasa por las siguientes premisas, que se aplicarían únicamente a los operadores "dominantes", hoy en día, Telefónica. Se trata de un acceso asimétrico de velocidades de transmisión elevadas que posibilita la conexión entre dos puntos extremos (usuario y prestador de servicios), con la posibilidad de seleccionar, por parte del usuario, una de entre varias velocidades de acceso, y que permite la facilidad de conexión permanente, consistente en que no se precisa de marcación para establecer la conexión en cada llamada. El operador "dominante" provee el tramo entre el usuario y el prestador de servicios, en las condiciones que se indican más adelante, pudiendo elegir cada usuario un solo prestador de servicios, que no tiene por que ser el mismo que el operador del servicio telefónico. El modelo establece unas obligaciones genéricas y otras específicas, con el doble objetivo de satisfacer, por una parte, la petición de los usuarios de una tarifa plana y mayor ancho de banda, con precios atractivos y con un carácter de práctica universalidad en un razonable período de tiempo, y por otra, las peticiones específicas que puedan provenir de otros agentes del sector, especialmente otros operadores o grandes proveedores de datos e ISPs. En cuanto a las obligaciones genéricas, éstas consisten en el acceso indirecto al bucle de abonado en los denominados puntos de acceso (uno por demarcación) a los que se pueden conectar cualquier titular de una licencia individual (operador de telefonía o de infraestructuras al público) o de una autorización tipo C (Transmisión de datos), y siempre, bajo condiciones equitativas y no discriminatorias entre los distintos operadores. Las condiciones técnicas de acceso indirecto al bucle de abonado se basan en el establecimiento de canales virtuales, con estructuras de trama de Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), entre el punto de terminación de red del abonado al servicio telefónico y el mencionado punto de acceso indirecto, en el que se conecta el operador autorizado. Los medios técnicos para la provisión del acceso indirecto al bucle de abonado mediante tecnologías ADSL, se componen de: • Punto de terminación de red de la red pública telefónica fija, al que se conecta el terminal del abonado. • Medios digitales de transmisión ADSL, establecidos sobre el bucle de abonado de la red pública telefónica fija. • Elementos de transmisión y concentración de tráfico, que proporcionen el transporte de los flujos digitales ATM desde los elementos ADSL establecidos, hasta el punto de acceso indirecto al bucle. • Punto de acceso indirecto al bucle de abonado, en el que se conectan los diferentes operadores autorizados. Se han establecido 109 demarcaciones que cubrirán el territorio nacional, contemplándose dos fases para la total apertura de estas demarcaciones, fase I, hasta el 31 de diciembre del 2000, y fase II, a partir de esta fecha. El comienzo de la operatividad del servicio se producirá en los comienzos de la segunda mitad del presente año y se hará partiendo de unas premisas de tráfico por central local, con una apertura inicial de 161 centrales locales y 10 demarcaciones. Los operadores podrán contratar las siguientes velocidades de conexión al punto de acceso indirecto: • Flujo binario máximo en ambos sentidos de hasta 34 Mbits/segundo. • Flujo binario máximo en ambos sentidos de hasta 155 Mbits/segundo A su vez, las ofertas al usuario comprenderán, al menos, las tres modalidades A, B Y C. Las modalidades A y B proporcionan un flujo binario máximo en sentido operador a usuario de 256 kbits/s y 512 kbits/s respectivamente, y en sentido usuario operador de 128 Kbits/s. La modalidad C proporciona un flujo binario máximo en sentido operador a usuario de 2 Mbits/segundo, y en sentido usuario operador de 300 Kbits/segundo. La relación contractual para la prestación del servicio se establecerá entre el usuario y el prestador de servicios quien, a su vez, contratará con el operador "dominante" el flujo binario correspondiente (34 ó 155 Mbits/seg.) y la Modalidad correspondiente (A, B o C) de servicio, estando previsto, que los niveles de precio en el mercado se sitúen en entornos similares a los correspondientes a los servicios comerciales de este tipo que se prestan en EE. UU. En cuanto a las obligaciones específicas, el operador "dominante" deberá realizar ofertas especiales cuando se le solicite el acceso al bucle de abonado en las centrales locales por algún operador autorizado y para la provisión de modalidades de acceso con mayores requerimientos técnicos que los ya señalados. Entrando en la valoración del modelo, es fácil imaginar que esto se presta a numerosos enfoques y puntos de vista, aunque básicamente se podrían resumir en dos: la valoración desde la óptica de los usuarios y la valoración desde la óptica de los agentes que intervienen en la cadena de valor. En lo referente a los Agentes que intervienen en la cadena de valor, es evidente que las opiniones son diversas y encontradas, aunque la realidad y forma de aplicación de la Orden será la que dicte la bondad o no del modelo. Aunque no hay unanimidad sobre cuales pueden ser las consecuencias para los Proveedores de servicio, la mayoría se inclina a pensar que esta Orden junto con InfoVía Plus, reducirá los mas de 400 ISP’s existentes hoy en España a unas pocas decenas, previsiblemente, a través de procesos de concentración empresarial. También podrían salir beneficiados de la aplicación de esta Orden Ministerial los competidores del operador "dominante", ya que más allá de la preocupación por el uso del bucle de abonado existente, este servicio abre nuevas posibilidades de negocio para todos los operadores, al permitir el crecimiento de un segmento de nuevos clientes prestatarios de nuevos servicios. Estos, combinados con aquellos otros usuarios del servicio telefónico que vienen captando los nuevos operadores en competencia, pueden constituir una base de clientes de calidad, que eventualmente les permitirían el desarrollo de su red de acceso, de una forma selectiva y con clientes "en mano", todo ello, sin las cortapisas a que está sometido el operador dominante. En la otra cara de la moneda, no debe olvidarse que el desarrollo de este servicio, como toda innovación tecnológica, puede llevar consigo efectos de canibalización de algunos de los servicios existentes, aspecto que sin duda afectaría en mayor medida al operador dominante. Es llamativo, que el servicio de acceso ADSL, que nace ligado a la reivindicación de tarifa plana por parte de los de internautas españoles (casi dos millones) beneficiará inicialmente, si son capaces de aprovecharlo, a las empresas y los grandes consumidores de datos, porque podrán conseguir grandes velocidades durante las veinticuatro horas del día a un precio muy inferior al que tienen que pagar hoy por ese mismo servicio, dejando abierta la incógnita sobre la aceptación que tendrá el mismo en el usuario doméstico, que hace un uso esporádico de Internet. En cualquier caso la decisión de la Administración de regular de esta manera el "acceso indirecto al bucle de abonado", además de abaratar el tráfico de datos, puede tener el efecto benéfico de impulsar fuertemente el despliegue de la redes ATM en nuestro país y situarnos en el grupo de cabeza de los países que despliegan la tecnología ADSL. Por otro lado, es un paso más en la dirección de promover la creación de contenidos en castellano, un difícil objetivo largamente acariciado tanto por la Administración como por los distintos agentes del sector, y del mundo cultural. Por el contrario, el aspecto más controvertido de la medida es su posible efecto sobre las inversiones de los operadores entrantes en las redes de acceso y el impacto de este modelo, sobre la competencia efectiva en el bucle da acceso. Por otra parte, también persisten aspectos sobre los que debe aún avanzarse, y merece la pena destacar los concernientes a la consolidación de la tecnología, y el establecimiento de criterios de calidad que involucren a todos los agentes que participan en la provisión del servicio final Como vemos, al regulador le queda mucho trabajo en este tema, y el modelo y desarrollo de este servicio, lejos de estar cerrado y asegurado, precisará del impulso continuado y de la voluntad de las instituciones políticas y agentes del sector, al objeto de llevarlo a buen término. La importancia del tema, los distintos intereses en liza (agentes del sector, instituciones políticas, organizaciones de usuarios, etc.) previsiblemente forzarán un escrutinio permanente sobre el servicio, lo que a buen seguro llevará a enjuiciar los resultados, e indirectamente el modelo elegido, en una fecha no necesariamente coincidente con la prevista por las disposiciones legales (31 de diciembre del 2000). -------------------------------------------------------------------------------- En esta nueva etapa, el GRETEL99 ha quedado definitivamente constituído por las siguientes personas: Margarita Alvarado (estudiante colaboradora) Luis Castejón Claudio Feijóo José Fernandez-Beaumont Pedro Garcia Carlos González José Manuel Huidobro Regina Knaster José Luis Machota Gustavo Matías José Javier Medina Francisco Mellado Adrián Nogales Fabián Plaza Jorge Pérez (coordinador) José Roberto Ramírez Pilar Rodríguez (estudiante colaboradora) José Rueda Malik Samjee (estudiante colaborador) Roberto Sánchez Juan Ignacio Sánchez - Piñole Vicente Sánchez Julián Seseña Carlos Tirado y Juan Vega

Gretel La hora de la radio digital -------------------------------------------------------------------------------- España no puede quedar fuera de la carrera por la implantación de la radio digital que desde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se ha propiciado durante los últimos años en todos los países miembros de este organismo Es mucho lo que está en juego con la introducción de la Radiodifusión Sonora Digital –conocida como DAB- ya que se esperan cambios radicales debido a la mejor utilización del espectro radioeléctrico, a la mayor calidad del sonido (equivalente a la de un disco compacto actual) y a la posibilidad de ofrecer un gran número de nuevos servicios (transmisión de datos, información de tráfico, mensajería, servicios de búsqueda, Internet...). Todo ello sin contar con que desde el punto de vista estrictamente técnico se podrá añadir más parte del espectro para ser utilizado tanto por operadores públicos como privados, a la vez que se podrá simplificar enormemente la gestión de las frecuencias y perfeccionar la recepción de la señal, que será prácticamente inmune a las interferencias. Los radioyentes acabarán siendo los principales beneficiarios. La DAB (Digital Audio Broadcasting) tiene su origen en el proyecto EUREKA, que a finales de los años ochenta abordó la necesidad de desarrollar un sistema de Radiodifusión Sonora Digital que permitiera la recepción móvil y también la difusión de servicios multimedia. Dado que la asignación de frecuencias para estos servicios es una condición necesaria pues no existe espectro disponible, este tema se abordó en la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) de Wiesbaden. Allí se definieron los parámetros físicos que permiten la implantación de 59 bloques de frecuencia para la nueva radio. Amparándose en estas y otras razones la Administración se propone sacar adelante por Real Decreto un Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal cuyo desarrollo legal se sustenta en la disposición adicional cuadragésimo cuarta de la ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Algunos expertos en regulación califican esta medida como "régimen de urgencia" y la atribuyen a la necesidad sentida por el Gobierno de adelantarse a regular un nuevo servicio, similar al de televisión por cable y la televisión digital, con el fin de llenar lagunas legislativas y para que los nuevos servicios que se predican no penetren en el mercado a través de otros medios y, en definitiva, la radio no se vea privada de muchos de sus actuales oyentes. Todas éstas son razones de peso que no hacen sino reforzar la importancia de la implantación de la radio digital en España. Pero, precisamente por esta importancia y porque, como reza el proyecto de real decreto "para facilitar el desarrollo de la radiodifusión sonora digital terrenal en España es preciso partir desde el primer momento de un escenario cierto que permita a todos los sectores involucrados conocer los plazos con arreglo a los cuales se producirá la implantación", se hace necesario desde GRETEL un análisis sereno del tema. Aún ante la carencia de los anexos del Plan Técnico, lo que hace difícil precisar cuál sea el modelo de radio digital que propone el Ministerio de Fomento, cabe destacar en primer lugar que en el proceso de implantación no se contempla ni a corto ni a medio plazo la sustitución de la tecnología analógica por la tecnología digital, al contrario de lo que se ha planteado para el paso del sistema analógico al digital en el área de la televisión terrenal digital, materia en la que se ha establecido un calendario de migración de una tecnología a la otra. Esta indefinición, que en principio no debe considerarse ni buena ni mala, deja a las fuerzas del mercado el que permanezcan dos modelos de radio –el de antes y el de después de la digitalización- o que se proceda algún día al definitivo traslado al sistema más moderno. En cualquiera de los casos, y dado que la nueva radio digital va a necesitar importantes inversiones que no todos están dispuestos ni preparados para afrontarlas, convendría disponer de algún tipo de estudio previo –sea por parte del sector público como del privado- sobre el impacto económico e industrial que puede suponer la implantación de este sistema. Las inversiones de red necesarias para desarrollar el nuevo servicio se ven condicionadas por el hecho de la no existencia de receptores digitales en el mercado o la presencia de unos pocos a precios muy elevados. Además, ya está en el mercado el sistema RDS que ofrece algunos de los nuevos servicios previstos para la radio digital. ¿Quién va a comprar una radio digital? La penetración del nuevo servicio no parece que vaya a ser rápida (es previsible que comience por los automóviles de gama alta), sobre todo teniendo en cuenta la cifra de inversiones necesarias (del orden de 7.000 millones de pesetas) que, según algunas estimaciones, habrá que hacer para reconvertir el actual sistema de recepción. Históricamente los servicios de telecomunicación han tardado un plazo importante en alcanzar su madurez de forma que, normalmente la penetración a los 10 años es de un 20% del mercado potencial. Vista esta evolución parece aconsejable que las nuevas licencias puedan adjudicarse por un periodo superior a los 10 años, dadas las dificultades reales de penetración que se dibujan en el horizonte. La cuestión de los plazos y las condiciones de la adjudicación de las nuevas frecuencias van unidas indefectiblemente a la competencia, es decir, a la subsistencia de los actuales radiodifusores y a la entrada de nuevos agentes. Estamos ante una cuestión que tiene varias aristas. Por una parte los criterios que se exijan para la renovación deben ser tales que no desincentiven la competencia en el caso de que tengan asegurada la renovación, pero al tiempo deben evitar la discrecionalidad en el proceso de renovación, para lo cual habrá que contar con criterios objetivos para fundamentar la renovación. En el borrador de Real Decreto que estamos comentando, se hace mención a unos plazos en que debe alcanzarse determinada cobertura en términos de población, que traducidos a la realidad, supone que el servicio debe comenzar por Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Sin duda esto responde a una realidad comercial obvia que la norma incentiva. Sin embargo, la norma desincentiva a posibles radiodifusores interesados en comenzar el servicio por zonas donde la oferta de radio analógica es mala y los nuevos programas-servicios podrían suponer mayor valor añadido para los usuarios. Conviene no olvidar que algunos de los nuevos servicios de telecomunicación, por ejemplo la TV digital, han alcanzado mayor penetración (usuarios/habitantes) en zonas de menor densidad de población. Por otra parte, dado que en los concursos se establece con claridad y como único criterio de valoración que se tomarán en consideración las infraestructuras preexistentes, podría entenderse que en determinadas circunstancias la estricta aplicación de este criterio podría suponer una barrera de entrada de nuevos agentes al sector radiofónico puesto que tal decisión jugaría a favor de los operadores ya instalados. No debemos olvidar que se debe garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y es aquí dónde cobran importancia los técnicos y el papel regulador de los Organismos competentes. La existencia de proyectos técnicos y su exigencia por la Administración, supondrá en la práctica, la garantía de que el usuario va a disponer de servicios de calidad. En relación con el tema de la competencia cabe añadir que la introducción de la radio digital debería llevar aparejada una profunda revisión de las normas sobre concentración para que se aporte garantías de variedad y pluralidad a la oferta radiofónica en general. A tenor de lo recogido en el proyecto legislativo será difícil conocer de antemano la configuración de la oferta de programas que se emiten en un mismo ámbito geográfico puesto que es posible que coincidan en el tiempo las convocatorias de nivel estatal y autonómico. Podrían añadirse también otras observaciones a distintos puntos concretos del proyecto. Por ejemplo: no está muy claro cuál es la función y la organización del nuevo operador de canal múltiplex que debe afrontar los nuevos servicios de la radio digital (la gestión de la capacidad del múltiplex y la provisión de programas). Cada multiplex necesita un transmisor. Por tanto, al compartirse el múltiplex entre varios radiodifusores es preciso que se pongan de acuerdo en el proveedor del servicio que puede variar según la zona considerada y una vez acordado quién da el servicio, poder repartir los costes asociados. En concreto, el hecho de compartir el múltiplex entre radiodifusores públicos y privados hace difícil compaginar los distintos intereses de los participantes en el múltiplex. Se supone que los radiodifusores públicos deben prestar el servicio orientados por criterios de servicio público (universal) mientras que los privados utilizan criterios de maximizar beneficios. Ambos criterios son difícilmente conciliables si se tienen que compaginar dentro de un mismo múltiplex. En relación con algunos porcentajes se señala en el proyecto que el 20% de la capacidad de transmisión del programa puede utilizarse para la transmisión de nuevos servicios (datos, etcétera), pero se aprecia una indefinición respecto a quién va a ser el transmisor de datos, cuando el desarrollo de estos nuevos servicios puede ser un aspecto clave en el despliegue de la radio digital. Respecto al 15% de duración en las desconexiones regionales que se pretende en el proyecto parece conveniente que esta cifra sea superior –quizás un 20 ó un 25%- dada la diferencia de los distintos territorios que conforman el Estado español y las necesidades relacionadas con los recursos de la publicidad local para las cadenas comerciales. Todavía una acotación fundamentada en la tecnología. Para que sea posible el comienzo de las emisiones de la radiodifusión digital en las fechas previstas es preciso en primer lugar que los bloques de frecuencias se encuentren disponibles. Por ello TVE deberá solicitar autorización para continuar sus emisiones en un canal alternativo en la banda 470 a 758 MHz, lo que significa que deberán resintonizarse los canales y ello puede suponer una apreciable pérdida de audiencia. Para paliar estos y otros inconvenientes quizás se debería prever un tiempo de emisión simultáneo a través tanto de los canales que se van a abandonar como de los que van a comenzar a usarse. El objetivo de que en fecha de uno de enero del año 2000 deberá estar disponible la red de frecuencia única es difícil de cumplir. Debería, por tanto, flexibilizarse dicha fecha. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones

Gretel Condiciones de Calidad en la Prestación de Servicios de Comunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- La regulación de las condiciones de calidad en las que se deben prestar los servicios de comunicaciones es un tema de permanente actualidad, tanto desde el punto de vista de los usuarios, a los que afecta directamente, como desde el de los agentes que se encuentran en competencia dentro del Hipersector de la Información y las Comunicaciones Estas condiciones de calidad incluso afectan notoriamente a la percepción que pueda tener el mercado sobre las bondades y capacidades de este Hipersector. En esta línea de actualidad, la Administración ha presentado muy recientemente un "Proyecto de Orden por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones" como desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en sus aspectos relativos a la regulación del servicio universal y demás obligaciones de servicio público. Todo ello plantea un buen número de cuestiones sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones y su regulación que es interesante considerar en detalle. Así, el propósito de este artículo es la revisión general de la cuestión de la regulación de la calidad en comunicaciones, y no tanto del mencionado Proyecto de Orden que será utilizado tan solo como ejemplo de la posición regulatoria tradicional. Regulación o no regulación, esa es la cuestión En primer lugar se debe plantear si realmente es necesario regular la calidad con que se prestan los servicios de comunicaciones o si debe dejarse que las propias fuerzas de mercado, en un entorno de adecuada competencia, sean las que permitan que los usuarios y el mercado determinen si merece la pena el servicio que tienen contratado con un cierto proveedor al precio que pagan. Esta cuestión de la necesidad o no de regular la calidad de los servicios es aún más importante por dos circunstancias que se dan precisamente en la actualidad, aunque no necesariamente estén presentes en un futuro a medio plazo. La primera de ellas es que el éxito de la introducción de nuevas redes, servicios y aplicaciones convergentes, piénsese en Internet, se basa en una apreciable parte en una estrategia que utiliza la ausencia de calidad como factor determinante en el abaratamiento de costes de todo tipo y en la permisividad para efectuar toda clase de experimentos con usuarios reales. Hay que tener en cuenta que tanto los protocolos de Internet como los dispositivos que permiten encaminar la información, por no hablar de las mismas aplicaciones o software que manejan los usuarios, utilizan estándares de calidad (incluyendo casi la completa ausencia de la misma en algunos casos) totalmente alejados de lo que sería mínimamente aceptable en un entorno de servicios de telecomunica- ción clásicos (como la telefonía básica). Como corolario de esta idea, parecería que la ausencia de regulación de la calidad puede favorecer la aparición de nuevas redes, servicios y aplicaciones que con el tiempo pueden alcanzar unos estándares de calidad aceptables. Otro ejemplo, en este sentido de relación entre calidad y desarrollo del mercado, lo constituye la telefonía móvil, donde la notoria falta de calidad (ruidos, cortes, imposibilidad de establecimiento de la comunicación, zonas de sombra, ...) no ha impedido que este servicio de comunicaciones sea un éxito fulminante en el mercado. La segunda circunstancia a considerar para la regulación de la calidad lo constituyen las obligaciones derivadas del servicio universal de telecomunicaciones, de las obligaciones de servicio público y de las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de comunicaciones. Estas obligaciones están ligadas a la definición del servicio universal y del servicio público así como a la defensa y protección del consumidor. Este segundo punto de vista parece obligar a introducir algún tipo de regulación sobre la calidad de los servicios de tipo universal o público. Obsérvese en cualquier caso, que la introducción de regulación de la calidad para unos servicios y no para otros introduce una asimetría en las obligaciones y en las oportunidades del mercado, sobre todo si se tiene en cuenta la convergencia y la aparición de nuevos servicios basados en el paradigma de Internet. Esta asimetría en servicios que a día de hoy son distintos, como puede ser el ejemplo de la telefonía básica y la telefonía IP, puede ofrecer resultados muy diferentes a los que persigue la regulación en términos de competencia justa. Por otra parte es notorio que la definición de lo que es el servicio universal va a sufrir una revisión continua a lo largo de los próximos años, con las consiguientes implicaciones en la regulación de la calidad de estas nuevas versiones de servicio universal. La regulación de la calidad y la competencia Después de la discusión anterior, se puede aceptar como hipótesis que es necesaria la regulación de la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones por mor del servicio universal y el servicio público. Pero ahora surgen dos dudas. La primera es: ¿a quién se le aplica esta regulación? ¿a todos los operadores o sólo a aquellos que son dominantes?. Y en segundo lugar: la regulación de la calidad ¿es solamente para el servicio universal o, previendo la convergencia y la redefinición del servicio universal, se debe aplicar a prácticamente todos los servicios que puedan ser de interés para los usuarios en un futuro cercano?. En los párrafos siguientes se discuten ambas cuestiones. La regulación de la calidad de la prestación del servicio tan solo a los operadores dominantes tiene puntos fuertes. En primer lugar, es este tipo de operadores el que está ligado con el servicio universal, un servicio que incluye un nivel mínimo de calidad entre los elementos que lo definen, y, en segundo lugar, pudiera ser que la obligación de los operadores dominantes de cumplir unos mínimos de calidad, haga que la competencia se vea obligada a superar estos mínimos para hacer atractiva su oferta de servicios ante el mercado. Sin embargo, es patente que la introducción de una regulación de este tipo corre grandes riesgos. Por un lado introduce otra asimetría más entre los diferentes operadores y proveedores presentes en el mercado español. Por otro lado, puede tentar al efecto contrario al buscado, es decir, rebajar la calidad a costa de un menor coste que haga suficientemente interesante el servicio al usuario. No olvidemos a este respecto que, como se ha mencionado, Internet demuestra cada día que existen usuarios dispuestos a una gran rebaja en la calidad si con ello consiguen una notoria reducción de sus costes. Y esto es cierto, no solamente para los usuarios, sino también para operadores de infraestructuras o proveedores de servicios. Con respecto a la segunda cuestión, ¿qué servicios deben regularse?, el proyecto de orden mencionado solo hace referencia a la calidad de los servicios de telefonía fija y a los circuitos alquilados, hace una mención de pasada para algunos parámetros que podrían aplicarse en un futuro a la telefonía móvil, y deja a un lado, por ejemplo, los servicios de acceso a la información, léase acceso a Internet. Puestos a regular calidad de servicios, no tener en cuenta a la telefonía móvil no parece tener mucho sentido en un país en el cual el año que viene el número de teléfonos móviles sobrepasará al de teléfonos fijos, lo que no solo plantea la cuestión de la regulación de su calidad, sino también la propia definición de telefonía básica y de servicio universal. Con respecto al acceso a Internet, el tema es mucho más complicado y es hasta cierto punto lógico que el proyecto de orden pase de puntillas sobre esta cuestión. ¿Por qué?. Pues porque el acceso a Internet es un servicio donde confluyen diversos operadores y proveedores. ¿Quién es el responsable de la calidad global, que es lo que el usuario final percibe?. ¿El ISP, el operador de acceso (típicamente el telefónico), el operador de datos, algún misterioso operador de backbones en Internet, o quizás el servidor de contenidos?. Considérese el conocido caso de las llamadas fallidas a Internet a través de la extinta Infovía, donde la indefinición del responsable de la calidad del servicio dejaba indefenso al usuario frente a situaciones que simplemente no entendía. O considérese también el reciente informe de la CMT sobre el acceso a Internet en España donde se señalan las barreras que dificultan el acceso masivo de los ciudadanos entre las que están desde el ordenador personal y su abstruso y poco fiable sistema operativo hasta la elevada tarifa plana. Desde esta visión de promoción del acceso a Internet como algo que contribuirá al desarrollo económico y social del país parece ya tiempo de enfrentarse con el problema de su calidad. Por supuesto, dentro de la definición de la calidad de todos estos servicios habría que incluir todo tipo de esquemas de difusión de televisión, o ¿es que al usuario que se le va la señal de un partido por el que ha pagado no hay que considerarlo dentro de los servicios susceptibles de calidad mínima?. Además la transparencia en la calidad es clave en un entorno de competencia y convergencia que se dirige hacia la interconexión de operadores y la interoperabilidad de servicios y donde el usuario solamente percibe la calidad global del servicio y no tiene por qué entender las complejidades técnicas sobre las responsabilidades de los diferentes agentes implicados. Apuntes para un nuevo enfoque de la calidad en comunicaciones Después de las discusiones de los apartados anteriores, parece notorio que no hay ninguna solución que basada en el actual marco regulatorio sea satisfactoria para todos los agentes implicados. Por ello, en este apartado se apunta muy someramente una solución que incluye un cambio de las reglas del juego. Considérense, como ejemplo, los parámetros que miden la calidad del servicio telefónico básico según el proyecto de orden. Son: el tiempo medio de suministro de la conexión inicial, la tasa de cumplimiento de plazos de suministro, la proporción de averías por línea de acceso, el tiempo medio de reparación de averías, la tasa de cumplimiento de plazos de reparación, la proporción de llamadas fallidas, la demora en el establecimiento de llamada, la proporción de puntos de acceso público de pago, la proporción de llamadas a servicios de operadora y de consulta no atendidas y la tasa de reclamaciones por facturación. Dejando a un lado la discusión sobre el valor numérico de los parámetros, que no es el objeto de este artículo, obsérvese que de los diez parámetros mencionados, los ocho primeros se refieren a infraestructuras o a servicios difícilmente separables de éstas y los dos siguientes a servicios claramente desagregables. De estos dos últimos parámetros de servicios es dudoso que exista ninguna necesidad de regulación puesto que, si existe suficiente competencia en servicios, y parece que la hay, ya se encargará el mercado de obtener un servicio satisfactorio. Nótese que hasta en el ejemplo del acceso a Internet, se cuidan estos dos aspectos. En cambio los parámetros de control sobre la calidad de infraestructuras son absolutamente necesarios puesto que hacen referencia a algo que es actualmente, y probablemente durante bastante tiempo, un recurso escaso: la red de acceso. Generalizando a partir de este ejemplo, el principio de la regulación de la calidad sería mantener la vigilancia sobre los parámetros y prestaciones de estos recursos escasos, sean del operador que sean y sirvan para el servicio que sirvan. De esta manera es posible que el usuario tenga una mayor garantía de la calidad y sepa a quién atribuírsela y también es posible que los agentes que tengan que interconectarse o interoperar sabrán con que pueden contar o qué pueden ofrecer al usuario con seguridad, evitando futuros conflictos entre operadores, con el usuario como espectador y damnificado. Una regulación de la calidad basada en esta idea tiene además la ventaja de que el usuario siempre estaría protegido, a veces incluso a su pesar, como cuando está dispuesto a tener un servicio, tipo telefonía móvil, sin reparar inicialmente en los aspectos de calidad. Por supuesto, esto no es más que una idea de comienzo, y todavía sería necesario la consideración de cuáles son los recursos escasos actuales (que pueden cambiar con el tiempo) y que parámetros definen adecuadamente su calidad. También hay que considerar con cuidado si a la regulación de los recursos escasos (básicamente infraestructuras de comunicaciones) hay que añadir la regulación de algunos servicios básicos (soporte a la operación, conmutación, ...) que son complicados de desagregar de las infraestructuras y que quizás deban tener también una definición en términos de parámetros de calidad. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones

Gretel Políticas ante la era digital -------------------------------------------------------------------------------- Noticias como la reciente aprobación del proyecto de firma electrónica, el avance de los planes de I+D estatales y de varias comunidades, así como las nuevas formas de acceso inalámbrico a las redes, nos compensan en parte de otras sobre la menor utilización relativa de Internet o el lentísimo avance del comercio electrónico en España Es hora, pues, de preguntarse si las políticas nacionales favorecen la nueva economía digital, que un reciente informe del Gobierno norteamericano –”Emerging Digital II”– evalúa en casi el 8% del PIB y considera fuente principal de crecimiento económico, de productividad y de reducción de precios en dicho país. En España, en cambio, contamos con más expresiones de voluntad política que con cifras estimativas o hechos reales. Esas voluntades se refieren a conceptos de fronteras tan borrosas como los de innovación y difusión tecnológica, tecnología e innovación, o incluso investigación y desarrollo o formación e investigación. Conceptos todos ellos que, pese a su vaguedad, operan con la misma materia prima, tan inmaterial e intangible como sus derivados: la información, que es –cada vez más– creada, procesada, transmitida y almacenada por medios digitales. Por ello, hay que agradecer el actual proceso de clarificación y reconocimiento de que vivimos en una sociedad de la información. Eso implica admitir que cualquier política global, supranacional, estatal, o regional y local, tiene que responder al desafío de los nuevos tiempos, pese a que la cultura de los agentes no esté preparada. Entre nosotros, ni siquiera está preparada para ese reto la cultura vivida o emitida por quienes deberían liderar el proceso. Nuestros líderes ni siquiera son conscientes de que, precisamente porque la sociedad de la información es mucho más que un concepto, también vivimos en una economía de la información. En consecuencia, cualquier política económica, de cualquier nivel, y muy especialmente las de carácter regional y local, si quiere tener algún efecto sobre la estructura económica a través de recursos tan fundamentales como la innovación y la formación y el conocimiento, tiene que operar sobre las infraestructuras y sobre las superestructuras de la información. Cambiar las superestructuras es tan difícil como instroducir los otros cambios. Implica cambiar la cultura, las ideas y las formas de pensar, percibir o medir el fenémeno. Y en esto ni siquiera contamos con las adecuadas herramientas analíticas. Ni la información aparece explícitamente en las estadísticas oficiales o las cuentas nacionales, ni su economía se enseña en la Universidad o los institutos (salvo en algunas especialidades de empresa que han introducido como materia los sistemas de información). Para colmo, ni siquiera algunos de los mejores economistas llegan todavía a distinguir entre tecnologías de la información y las comunicaciones (telecomunicaciones, informática y medios audiovisuales), contenidos informativos (flujos o mensajes transportados poir tales tecnologías) y conocimiento (resultado de sumar a la materia prima informativa todos sus citados derivados, hasta convertir los flujos informativos en un verdadero stock o depósito de conocimientos). Se trata, sin embargo, de diferencias tan elementales como la existente entre la actividad de los medios de transporte (coches, trenes, barcos o aviones), los objetos transportados (personas o mercancías) y el resultado de ese servicio en el conjunto de la economía. Lo cierto es que, aunque todavíaq no lo sepan ni los que mandan ni esos economistas, estamos inmersos en una economía de la información y el conocimiento, en una economía donde el transporte de información (de datos e ideas al fin y al cabo) tiene ya más importancia real que el transporte de personas o mercancías por tierra, mar y aire, que generan como mucho el 4 ó 5 del PIB y aún menos del empleo en los países más avanzados. Todavía sumarían menos sin descontamos las deseconomías externas como los atascos o las víctimas de accidentes de tráfico, evaluadas por diversos autores en más de la mitad de ese porcentaje. Pero los números cantan: las tecnologías de la información como medios de transporte de datos, ideas, imágenes, etcétera se situarían entre el 5% y el 9% del PIB, aunque si se les añade el creciente valor de los contenidos informativos ya mediatizados alcanzan a duplicar esas respectivas cifras, de forma que el conjunto de la cadena de valor del multimedia o del hipersector informativo se situaría en los países más desarrollados entre el 10% y el 20% del PIB. Pero si en vez de la información queremos estimar el más amplio fenómeno del conocimiento (integrado tanto por la información sobre atributos como por la información sobre técnicas o tecnología) nos iríamos en las economías más avanzadas al 40% ó 50% del PIB y a una cifra algo mayor del empleo. Junto al espacio físico está así surgiendo un espacio informativo, que lo sustituye en tanta o mayor medida como lo complementa. Y ello porque, a la hora de organizar económicamente una sociedad cada vez más compleja, la información pasa a ocupar un papel central en la economía-actividad, si no todavía en la economía-ciencia ni en su enseñanza, que tarda en darse cuenta de las consecuencias del cambio de una economía basada en el mando directo a otra cimentada sobre el control informativo. Alguna responsabilidad tiene en ello el que la información haya sido considera por la teoría como un bien no exclusivo ni transparente, de manera que tarda en imponerse como commodity o mercancía, pese a la tremenda evidencia y a la fuerte capacidad de arrastre de los grandes avances tecnológicos y de los cambios sociales, así como la consideración del conocimiento como la causa de casi dos tercios del aumento de la productividad total de los factores. Así lo acaba de reconocer el Banco Mundial, en su informe “El conocimiento al servicio del desarrollo”. Como otros del G-7 y de otras instituciones internacionales, este informe revela que en las políticas globales se ha pasado de la consciencia a la acción. También en las políticas supraestatales acometidas por los EEUU con su Infraestructrua Global de la Información, la Unión Europea con su política de Sociedad de la Información, e incluso Japón, Canadá y Austria con planes similares. Todas ellas se caracterizan precisamente no sólo por preparar las infraestructrueras de la nueva economía (cables de fibra óptica y satélites prolongados en redes digitales que, además de su propia función, mejoran la de las carreteras, trenes o puertos), sino por querer cambiar algunas superestructuras, empezando por ejemplo los planes tecnológicos o de I+D para favorecer la innovación y la difusión del conocimiento. El IV y el V Programa Marco de la UE son buena prueba de cómo se extiende la horizontalidad de las tecnologías de la información hasta copar la mayoría de los recursos disponibles, ejemplo que necesariamente se extiende a los programas subsidiarios de los estados, las regiones o las ciudadades. Esa horizontalidad se refleja en el Plan español y ahora el madrileño, que han salido después del acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de abril pasado lanzando una Iniciativa Estratégica para el desarrollo de la Sociedad de la Información, presentada como “uno de los fenómenos más complejos e interesantes” de la última etapa del milenio y con efectos “difícilmente medibles” El Gobierno español quiere con ello acometer y liderar una actuación global coordinada que permita a nuestro país situarse en condiciones de igualdad ante los “nuevos escenarios socio-económicos que se están configurando”. Sin embargo, ni a nivel estatal ni regional basta con dar el protagonismo principal a la iniciativa privada para que continúe sus esfuerzos en innovación, construcción de infraestructuras y nuevas aplicaciones. Hay que adoptar una actitud institucional, en pro de un desarrollo armónico y sostenible a medio plazo, sin limitarse a declarar como objetivo el dar a todos acceso a los beneficios de estas nuevas tecnologías y servicios. Y eso requiere algo más que palabras o propósitos de coordinación que pueden encubrir prácticas burocráticas. Requiere impulsar los medios necesarios para que haya un real despliegue de medios, además de optimizar los recursos o de simplificar los canales de interlocución. La forma de hacerlo es una cuestión política, por el momento centrada en crear una Comisión interministerial y en el anuncio de un Ministerio de la Innovación y la Tecnología que libere por fín a estas actividades del adjetivo limitativo de “industriales. Si la razón de ubicar esa Comisión en el actual Ministerio de Industria es que ya posee una visión global de las políticas de oferta y demanda de la Sociedad de la Información, que engloban a la industria, a los Servicios y a los usuarios; ¿por qué no integrar a comunidades autónomas o grandes ciudadades, quienes han de complementar esas políticas con otras propias dirigidas a adaptar su estructura productiva y sus instituciones y culturas a los requerimientos de la productividad y competitividad, que hoy ya tienen ese carácter global?. Al fin y al cabo, serán las empresas de estas regiones y ciudades las que tengan que competir buscando maximizar economías externas (de acceso a mercados y productos, tecnológicas, etcétera) y de aglomeración (evitando las externalidades negativas de la contaminación o el tráfico, etcétera), así como las economías de escala y alcance que proporcionan las nuevas tecnologías y redes de la información. Esa maximización, y en consecuencia el aumento de la productividad y la competitividad como objetivos a los que deben ayudar las políticas, pasa por reducir lo que podemos denominar costes de control (De Lucio, Beninger) o lo que Coase y Williansom denominan costes de transacción. Costes que, pese a esta inadecuación de la economía-ciencia para medir con rigor el impacto de la información, son ante todo y sobre todo costes de la información. Y no solo ahora, sino que han sido especialmente evidentes durante todo el siglo XX, cuando el control de una actividad cada vez más compleja ha sido uno de los fenómenos con los que más ha tenido que operar el decisor (individuo-familia, empresa o administración pública) a la hora de gestionar sus actividades preexistentes o de elegir localizar sus nuevas actividades. Tan evidentes como sumergidos en la teoría, que primero hablaba casi exclusivamente de costes del transporte, luego de costes de mano de obra, después de economías externas o externalidades, más delante de externalidades relacionadas con la economías de escala, capital humano, para terminar reconociendo –aunque sólo en algunos casos– el papel que corresponde a que acumulación de información y de conocimient. En suma, tales políticas deben partir de que los cambios económicos revelados por los procesos de globalización por la aparición de un espacio de flujos informativos, van más allá de alterar el espacio físico y el tiempo, las dos mayores limitaciones humanas. Sus efectos sociales inciden con fuerza en la retroalimentación de los cambios económicos y en el consiguiente desplazamiento de lo tangible a lo intangible, de una economía basada principalmente en la materia y la energía a otra economía centrada en la información. Por eso resulta especialmente percibida la mayor calidad y el superior rendimiento de los servicios, sobre todo de los más intensivos en información, más capaces –por tanto– de atraer sus nuevas tecnologías. Buena parte de la expansión atribuida durante el siglo XX a los servicios ha sido realmente debida a los servicios de carácter más informativo, como por ejemplo el comercio, la educación y la sanidad, por no citar los más recientemente pujantes servicios a empresas, asociados con la desverticalización de la organización productiva. A la hora de gobernar la continuidad de estos procesos, esas políticas deben apreciar también que el nuevo espacio de flujos informativos acelera considerablemente la movilidad de los factores productivos, impulsando profundas transformaciones estructurales y la relevancia estratégica de las tecnologías de la información. No deben ignorar que el homo faber que surgió como consecuencia del homo sapiens convertido en homo oeconomicus, se ha transformado en “homo movilis”, gracias a una creciente demanda de movilidad favorecida por lo que José B. Terceiro ha denominado con gran acierto “socied@d digit@l”. Inmerso en el incesante flujo mediático en el tiempo y en el espacio digital del ocio y del negocio, ha surgido un nuevo tipo, que Terceiro denomina homo digitalis y Matteis homo communicans. Un hombre con derecho a que las acciones de quienes le gobiernan en todos los niveles sean adecuadas a los nuevos tiempos -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones

Gretel Convergencia, Competencia y Regulación en los Mercados de las Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet -------------------------------------------------------------------------------- En breve plazo verá la luz el segundo libro del GRupo de REgulación de las TELecomunicaciones del COIT. En esta obra se recoge una versión revisada y actualizada de los temas tratados en el libro anterior, y se amplía significativamente sus contenidos al incorporar temas relativos al fenómeno Internet, los procesos de convergencia y la nueva economía digital. Jorge Pérez y Claudio Feijóo, en su calidad de coordinadores del GRETEL 2000, nos presenta el libro y nos adelanta algunas de sus conclusiones mas significativas Una perspectiva completa e integrada La publicación a finales de 1998 del primer libro del GRETEL1 constituyó el primer intento en nuestro país de presentar una visión integrada y completa sobre la regulación de los sectores del Telecomunicaciones, Audiovisual e Internet en España. Integrada, porque consideraba simultáneamente los elementos jurídicos, económicos y tecnológicos que influían en los diferentes temas, y lo que es más importante, porque presentaba de manera sencilla y racional la lógica que subyacía en los procesos complejos y cambiantes que caracteriza a estos mercados. Se renunció a parte del rigor analítico de las técnicas de cada disciplina, en favor de una visión multidisciplinar común comprometida con la explicación pedagógica de la problemática de la regulación de los sectores mencionados. Completa, porque anticipando la importancia que posteriormente tendría el fenómeno de convergencia, presentó conjuntamente y de manera relacional las regulaciones dispares de los sectores de telecomunicaciones, audiovisual e Internet. Como resultado el libro ha sido utilizado por los profesionales mas diversos de la regulación como uno de los manuales de referencia a los que acudir para conocer los fundamentos y el estado de una cuestión concreta y como "libro de cabecera" de estudiantes y estudiosos que se introducen por primera vez en este campo. Animados por este resultado y conscientes de la rapidez de los cambios en esta materia, a principios de 1999 se reconstituyó el GRETEL, al que nos referiremos a partir de ahora como GRETEL 20002, con la misión de elaborar una edición actualizada del mismo. Quince meses después tenemos el placer de presentarles un libro que va mucho más allá del objetivo inicialmente previsto. En efecto, se trata de una obra en dos volúmenes, el primero dedicado a la regulación de los sectores de telecomunicaciones, audiovisual e Internet; el segundo dedicado al estudio del fenómeno de la convergencia (tecnológica, de mercados y sectorial), y a la emergencia de la nueva economía digital. Siguiendo el formato del libro anterior, cada uno de sus 18 capítulos acaba con un apartado, denominado comentarios GRETEL, en que se exponen las conclusiones mas relevantes del debate mantenido sobre cada tema por el colectivo de autores. De esta manera se separan nítidamente el análisis, que se pretende riguroso y neutro, de la opinión.. El entorno Tradicionalmente la explotación de los servicios de telecomunicaciones, la informática y la producción audiovisual, constituían sectores de actividad económica disjuntos con sus propias regulaciones específicas. Los avances en microelectrónica, en software, la digitalización de las señales (textos, voz e imagen) y de su transporte, inició un proceso de convergencia tecnológica en sectores que tenían en común el actuar sobre la misma materia prima, la información, y el hacer usos intensivo de redes de comunicaciones. En este contexto, Internet se convirtió en el paradigma de esta convergencia. En paralelo se inició el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, un lento pero inexorable proceso de apertura a la competencia de un sector tradicionalmente explotado en monopolio. Ambos procesos enmarcados en un contexto mas general de globalización, competencia y difusión acelerada de equipamientos y servicios TIC que caracteriza el cambio de siglo, están produciendo la paulatina reestructuración de los mercados y de su regulación. El libro comienza realizando un diagnostico del mercado español de telecomunicaciones y tecnologías de la información y descubre el enorme reto que supone su adaptación a los cambios de entorno. El GRETEL 2000 se sorprende de la ausencia en nuestro país de estudios relevantes sobre el impacto que el proceso de liberalización esta teniendo sobre los aspectos estructurales del mercado, las infraestructuras, la creación de valor añadido y el sistema de innovación. Por ello, alerta a las autoridades públicas y agentes sectoriales sobre la necesidad de considerar los efectos de la regulación no solo desde el punto de vista de la competencia a corto plazo, sino también como un instrumento relevante para favorecer el valor añadido nacional de este sector a medio y largo plazo. Balance del proceso de apertura a la competencia de las telecomunicaciones en España En el libro se analiza el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España desde 1987 a nuestros días. En un ejercicio de sistematización, se distinguen tres fases: liberalización, precompetencia y competencia plena. Cada una de las fases se describen con detalle, poniendo de manifiesto la legislación desarrollada, las instituciones reguladoras implicadas y los nuevos agentes que progresivamente fueron entrado en el mercado español. El GRETEL 2000 analiza las causas que han dado como resultado el modelo español de apertura a la competencia caracterizado por: •Diligencia en la transposición de las directivas de harmonización. •Creación tardía de los operadores de la precompetencia. •Ausencia de restricciones significativas para que Telefónica pudiera actuar en los mercados convergentes del Audiovisual e Internet. •Rapidez en el establecimiento de las condiciones que posibilitan el despliegue de infraestructuras alternativas vía radio. •Régimen de acceso a redes, estructura tarifaría marco y precios de interconexión que a corto plazo disuaden la competencia y la inversión en el bucle de abonado y favorecen la entrada de nuevos operadores en los negocios de "larga distancia" (telefonía internacional, interprovincial y provincial) con bajos niveles de inversión. •No reconocimiento de un modelo de costes para el operador establecido y como consecuencia la no resolución de tres aspectos claves ligados a la regulación del operador establecido: el desequilibrio de tarifas, el reconocimiento del déficit de acceso y del servicio universal. •Poco éxito en la regulación de los servicios convergentes. El GRETEL2000 valora positivamente el proceso seguido hasta ahora pero apremia a los reguladores a que aborden sin dilación los temas pendientes y alienten el debate que permita preparar el próximo cambio de marco regulador que nos anuncia la Comisión Europea3. Las claves de la regulación de las telecomunicaciones A lo largo de ocho capítulos el lector encontrará el análisis detallado de los temas fundamentales de la regulación de las telecomunicaciones en el marco de competencia plena que define la Ley General de Telecomunicaciones, su desarrollo posterior y las resoluciones que las Autoridades Reguladoras han ido tomando antes los problemas concretos que se han planteado. Los temas tratados son: •Las Autoridades Reguladoras Nacionales en la EU. •Entrada al mercado y títulos habilitantes. •Interconexión y Acceso a Redes •Obligaciones de Servicio Público y Derechos de Paso •Gestión del Espectro Radioeléctrico. •Numeración •Infraestructuras en el Interior de Edificios •Costes y Precios de los Servicios de Telecomunicaciones Los temas están tratados de forma estructurada y comprensiva de manera que el lector pueda simultáneamente revisar el estado actual del tema o consultar un aspecto concreto de su interés. En sus comentarios, el GRETEL 2000 descubre como la dinámica del comportamiento de los agentes en el mercado esta sobrepasando ya la regulación existente y plantea la necesidad de modificar dicha regulación para adaptarla a la realidad del mercado. Para ello parece razonable utilizar la oportunidad que plantea la "Revisión" del marco general que se esta haciendo actualmente a nivel comunitario. El Audiovisual No puede pasarse por alto la confusión que existe en la regulación del sector audiovisual en España, no sólo por el número de normas que lo contemplan parcialmente, sino por la categoría y significación de cada una de ellas. Incluso existen algunas muy antiguas que no reflejan ya la situación actual, como el Estatuto de Radio y Televisión de 1980. O bien se trata incluso de leyes derogadas parcialmente, como las leyes que regulaban las Telecomunicaciones por satélite y cable, que están vigentes sólo en parte. A todo esto hay que añadir la dispersión que resulta del reparto de competencias en materia audiovisual, con lo que a las leyes estatales hay que sumar las que dictan las CCAA dentro de su competencia. El libro presenta con todo detalle este panorama, tanto para las distintas modalidades de TV como de Radio. El GRETEL 2000 opina que de la misma manera que el legislador hizo un esfuerzo unificador en la regulación de las telecomunicaciones, fruto del cual es la vigente Ley General de 1998, sería igualmente necesario que se unificara el régimen jurídico del sector audiovisual, no sólo de la televisión, y que por una vez, se adelante a los acontecimientos, previendo la convergencia de los tres sectores, audiovisual, telecomunicaciones e Internet, de manera que se ofrezca a su desarrollo futuro una base regulatoria coherente y motivadora, que sea la guía segura y fiable tanto para los usuarios, como sobre todo para los que operan en el sector. Internet Una mirada apresurada sobre Internet pudiera arrojar la opinión de que se trata de un sector completamente desregulado o al menos carente de una buena cantidad de normas. Este apreciación difiere bastante de la realidad pues Internet lejos de ser una entidad abandonada al libre albedrío de los elementos que la componen, se encuentra gobernada por un buen número de organizaciones y procedimientos estrictos. Otra cosa muy diferente es que estas organizaciones se escapen, hoy, de los esquemas y de los agentes reguladores habituales en otras partes del sector de la información y las comunicaciones. Como se expone en el libro, las organizaciones que gobiernan la evolución de Internet en sus distintos aspectos (protocolos, servicios, numeración, nombres, ...) tienen estructuras y relaciones complejas entre ellas, pero se caracterizan, hoy y al menos nominalmente, por su independencia y neutralidad frente a gobiernos y grandes empresas. Sin embargo, la influencia que tienen las decisiones de estas organizaciones de gobierno de Internet son tremendas tanto desde el punto de vista de mercado como socialmente. Este hecho anima al GRETEL 2000 a proponer el impulso de la presencia de relevantes personalidades del ámbito de influencia hispana en Internet en las organizaciones de gobierno de Internet. Ello debe hacerse, por supuesto, sin vulnerar los principios de neutralidad, independencia y búsqueda del interés común que caracterizan a los que forman parte de estas entidades de gobierno de Internet. Aún así quedan sin regular un buen número de aspectos que pueden ser críticos para la evolución de Internet y el futuro del sector. Ejemplos de algunos de ellos pueden ser el acceso a infraestructuras de los operadores de telecomunicaciones, la agregación de servicios, el servicio universal de acceso a la información o la aplicación de patentes en Internet. Por ello, y en vista de la previsible importancia que pueden adquirir estas cuestiones, se ánima a los organismos reguladores competentes para que sean proactivos y vigilen las condiciones de competencia y de servicio a los ciudadanos relacionadas con el desarrollo de Internet. Las carencias de la regulación de Internet son más patentes desde un punto de vista global, ya que aunque existe regulación sobre algunos aspectos críticos como firma electrónica, propiedad intelectual o comercio electrónico, esta no dista de ser hoy nada más que regulación "regional" que tiene que enfrentarse con una red que cubre el mundo entero y que por tanto crea cuestiones, problemas y oportunidades globales. Convergencia El libro dedica cuatro capítulos al análisis del fenómeno de la convergencia. A partir de su significado en distintos ámbitos (tecnología, capital, mercados, políticas públicas, regulación etc.) se dedica un capítulo al estudio de la situación actual del proceso y a la propuesta un modelo para su análisis. Modelo que posteriormente se desarrollas, a partir del análisis del impacto de la convergencia en las cadenas de valor de los servicios tradicionales de cada sector (comunicaciones, Internet y Audiovisual ) y las nuevas cadenas de valor específicas que surgen en los nuevos servicios y modelos de negocios. La convergencia desde las comunicaciones nos lleva inevitablemente a la problemática del acceso. Internet es el paradigma de la convergencia tecnológica ¿puede ser el paradigma de las demás convergencias?. Para el audiovisual la convergencia se inicia con la difusión interactiva de contenidos.Además, se dedica un capitulo a los problemas de la propiedad intelectual en el entorno emergente de la convergencia. Para el GRETEL 2000 las preguntas clave sobre la regulación de la convergencia hacen referencia a la compatibilidad del modelo actual de regulación de cada uno de los sectores por separado con el desarrollo convergente del mercado, a la conveniencia de reunir la regulación en una única que tenga en cuenta la convergencia y que esté más orientada hacia las reglas generales de la competencia, y finalmente, si la regulación puede adelantar la convergencia de mercados o si es mejor regular mercados convergentes. Como primera respuesta se puede decir que hoy la situación de partida de los diversos sectores en cuanto a su regulación es tremendamente dispar. En este sentido, se podría hablar de un paso previo a la regulación convergente que trataría de hacer uniforme la regulación entre sectores. Las características clave de esta igualación serían: •Abierta, en el sentido de no impulsar posiciones de predominio y permitir la competencia intersectorial e intrasectorial •Mínima, en el sentido de regular solamente aquellas cuestiones (básicamente, recursos escasos y protección del usuario) que el comportamiento del mercado no es capaz de mantener adecuadamente por sí solo. A partir de aquí, el elemento clave para poder entender la regulación en el marco de la convergencia es la cadena de valor que resulta de la aproximación de los sectores de las comunicaciones, Internet y el audiovisual. Esta cadena de valor permitirá comprender en mayor medida algunos de los difíciles retos a los que se enfrentará la regulación en los años venideros. La Economía digital El último capitulo del libro se dedica al estudio de "la explosión" de la economía digital. Se describen las coordenadas de este nuevo fenómeno emergente, las aproximaciones teóricas que existen y la base estadística que las soportan. A partir de estos hallazgos se interpreta el debate sobre la nueva economía y como esta transformando la visión que teníamos sobre fenómenos como la globalización, la ciencia económica, la prácticas empresariales, los mercados financieros y los modelos de negocio. El punto de partida del análisis que se presenta es la constatación de que la pujanza económica de las tecnologías de la información encuentra el campo abonado no sólo en los efectos de la convergencia tecnológica, sino en la creciente importancia alcanzada en el mundo actual por la información y el conocimiento. Es la fuerte demanda de información y conocimiento –es decir, la creciente intensidad informativa de la gran mayoría de las actividades económicas, relacionada con las necesidades de control y transacción– la que impulsa con fuerza la demanda de tecnologías de la información. Desde que el Departamento de Comercio de los EEUU publicó hace poco más de un año el informe Emerging Digital Economy, muchos han sido los análisis y hallazgos sobre el particular. Pero quizá el primero y más importante consiste en que ha logrado sensibilizar sobre la importancia económica y el impacto de las tecnologías de la informacióny las agencias de estadísticas federales han formulado planes para el análisis y medida efectiva del fenómeno y de sus más dinámicas manifestaciones, como el comercio electrónico. Pero todavía sólo podemos entrever el fenómeno fijando algunas de sus coordenadas, y a lo sumo medir algunas de sus innumerables partes, aunque desde la constatación de que muchas de esas partes están cambiando, otras apenas emergiendo, mientras que el todo evoluciona rápidamente. De ahí que en países como España, donde la conciencia científica sobre su importancia es menor y las estadísticas más deficientes, se imponga como prioridad el establecer al menos sus coordenadas para contribuir al desarrollo de un cuadro coherente con el fin de que las empresas, el gobierno y los ciudadanos lo aprovechen mejor. En consecuencia, el GRETEL 2000 urge a las autoridades públicas, al mundo docente e investigador y al conjunto de la opinión pública para que tomen conciencia y actúen conforme a las nuevas realidades, creando los estímulos necesarios en orden a que esas nuevas realidades sean mejor comprendidas, explicadas y gobernadas con el fin de lograr mejor provecho para la economía y la sociedad españolas. Jorge Pérez Martínez Claudio Feijoo González GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones

Gretel Hacia un Nuevo Marco Regulatorio para el sector de las Telecomunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- El pasado 12 de julio la Comisión Europea hizo públicas siete disposiciones (una propuesta directiva marco, cuatro propuestas de directivas específicas, la regulación de la desagregación del bucle local y una decisión sobre el marco regulador del espectro), que suponen un cambio importante del marco regulador de las telecomunicaciones. Los autores de este artículo, miembros del GRETEL, nos presentan el alcance de este conjunto de medidas en el proceso general de liberalización de las telecomunicaciones en la UE y su relación con las recientes medidas liberalizadoras (RDL 7/2000) adoptadas por el gobierno de España La Unión Europea, ha impulsado este proceso adoptando un rol de arbitro y a la vez magno espectador, simultaneando alternativamente la publicación de informes dirigidos a iniciar un proceso consultivo en el sector con la publicación de directivas liberalizadoras vinculantes para los estados miembros de gran importancia política. Desde esta perspectiva, la Unión Europea ha ejercido de impulsora de un proceso que, si bien es cierto ha logrado la completa liberalización, a día de hoy, no está acabado por muchos motivos. En lo que respecta a España, el proceso regulatorio de las telecomunicaciones ha superado distintas fases encaminadas a lograr una competencia plena y efectiva en el sector convergente de las telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones ha supuesto el marco regulatorio en el que se ha desarrollado la nueva situación de competencia a partir del 1 de diciembre de 1999. Este nuevo marco se materializó en una misión, que era ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios en competencia, redundando ésta en una mejora de la calidad y precio de los servicios ofrecidos. Recientemente se han producido un conjunto de decisiones de la Comisión que implican un cambio importante del marco regulador de las telecomunicaciones. Estas reformas, junto con las las nuevas medidas de carácter liberalizador que está planeando el gobierno no pueden entenderse sin la visión europea recogida dentro del "Quinto Informe"1, el "Review 99"2 y los resultados de la consulta pública del originada por el "Review 99"3, entre otros documentos, los cuales han tenido como principal consecuencia la aparición el 12 de Julio de 2000 de siete nuevas disposiciones (una directiva marco, cuatro directivas específicas, una regulación y una decisión ) que constituyen un nuevo marco regulatorio europeo4. Al hilo de esto, la conferencia de prensa-presentación de estas disposiciones de la comisión señala el todavía dominio de los operadores incumbentes como el aspecto negativo del proceso liberalizador teniendo en cuenta que se ha conseguido un mercado en fuerte crecimiento, un gran número de nuevos operadores para elegir y una sensible bajada de tarifas como aspectos positivos dentro de todo este proceso. El nuevo Marco Regulatorio en la UE El proceso que ha dado lugar a un nuevo marco regulatorio en las telecomunicaciones se ha iniciado en el año 1999 y finalizará en a fines del año 2001, fecha límite en la que la última de las nuevas directivas debe de ser transpuesta. Este proceso ha tenido tres etapas claramente diferenciadas: En una primera etapa se ha hecho un análisis minucioso del estado regulatorio de los diferentes estados miembros. Para ello, primeramente se ha obtenido una "fotografía" del estado de implantación del paquete regulatorio comunitario en los diferentes estados miembros. Las conclusiones se han materializado en el Quinto Informe de la Comisión. Por otro lado, también se ha analizado la convergencia (consultas sobre Libro Verde sobre la Convergencia ), el espectro (consultas sobre Libro Verde sobre el Espectro Radioeléctrico) o la televisión digital (conclusiones del informe sobre la televisión digital). Como consecuencia de todas estas consultas públicas, se han obtenido una serie de conclusiones que han inspirado la elaboración en profundidad de una revisión del marco regulatorio, el cual se ha materializado en el la Revisión de 1999 ("Review 99"). En la revisión realizada, se han marcado una serie de objetivos que debía alcanzar el nuevo marco. De entre ellos, se pueden destacar los siguientes: 1. Promover un mercado europeo abierto y competitivo 2. Beneficiar al ciudadano europeo (acceso asequible al servicio universal, protección de datos y de la intimidad, transparencia en las tarifas…) 3. Consolidar el mercado interior en un entorno convergente 4. Establecer una regulación que potencie la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, garantizando los objetivos de interés general. 5. Reducir la regulación hasta el mínimo posible para alcanzar los objetivos políticos. 6. Aspirar a una regulación neutral con el tipo de tecnología. El nuevo marco regulador propuesto en la revisión debe de articularse en torno a 3 líneas de acción: una serie de medidas comunitarias específicas del sector formada por una directiva marco y cuatro directivas particulares reduciendo el número de medidas legales de veinte a seis; un conjunto de medidas no vinculantes tales como recomendaciones, directrices, códigos de conducta… que permitan aportar flexibilidad al marco general; y finalmente, una mayor utilización de la legislación que regula la competencia, la cual sustituirá progresivamente la normativa sectorial. Las principales propuestas de la revisión se enuncian a continuación (ver Tabla 1). Un marco único que regulará las infraestructuras de comunicaciones y sus servicios asociados ( ej. servicios de comunicaciones, servicios de acceso …). Los servicios prestados a través de estas redes como la radiodifusión o los servicios de banco electrónico serán regulados por otras medidas nacionales o comunitarias como la Directiva sobre Comercio Electrónico. Respecto a Internet, seguirá considerándose un servicio de transmisión como el resto, lo cual ya se ha contemplado en el anterior marco. Los servicios a través de Internet como el comercio electrónico no son objeto de estudio en la revisión 99. El nuevo marco de títulos habilitantes contempla la existencia únicamente de autorizaciones generales y las autorizaciones específicas son contempladas únicamente cuando existen recursos escasos. Respecto al acceso a redes y la interconexión, el nuevo marco establece principios comunes para ambos, de tal manera que los operadores entrantes puedan competir con los dominantes independientemente del medio de transmisión. En el espectro radioeléctrico se intentará que las consideraciones que orienten la actuación comunitaria sean también políticas y no solo técnicas. A pesar de que el servicio universal seguirá siendo una de las prioridades de la UE, de facto es marginado en importancia por el resto de medidas al renunciar la comisión a aumentar sus prestaciones hasta el 2002 (siendo conocida la actitud de la Comisión de promover una universalización de las telecomunicaciones mediante la promoción de la competencia y no mediante la vía legal). El lanzamiento de medidas que faciliten la introducción de la competencia en el bucle local responde al impulso ejercido por los quince durante la cumbre de Lisboa. Así por tanto, la Comisión empleará las facultades que tiene conferidas en virtud del Derecho de la competencia, no acudiendo a la vía habitual (presente en el resto de estas directivas) para impulsar el acceso desagregado en la UE. Además, se pide que exista una actuación reguladora coherente a escala comunitaria. Sin llegar a crear una autoridad reguladora comunitaria que resultaría muy costosa, sería conveniente aumentar la colaboración entre la Comisión y las ARN. Por último, se propone adaptar la directiva 97/66/EC relacionada con temas de propiedad intelectual y privacidad, a los nuevos y previsibles desarrollos en servicios y tecnologías que has aparecido o aparecerán próximamente. El objetivo último es que los usuarios posean el mismo nivel de protección, independientemente de la tecnología utilizada, como ya fue declarado en el "Review 99" Fruto de las propuestas de la revisión, surgió la comunicación de la comisión de 26 de abril de 2000 con los resultados de la consulta pública sobre la revisión 99. A partir de esta y de las propuestas de los agentes del sector salió a la luz el 12 de julio de 2000, el nuevo marco regulatorio el cual comenzará a ser aplicado a partir del momento que es transpuesto. Este fenómeno queda resumido en la siguiente figura: En nuestra opinión los elementos mas relevantes de nuevo marco regulador que se propone son: Disminución significativa de la capacidad de los estados miembros de la UE de imponer condiciones a los operadores en el proceso de otorgamiento de los títulos habilitantes. Aparición de la figura de los operadores con "poder significativo en un mercado". Esta figura permite a las autoridades reguladoras nacionales extender de manera flexible a otros operadores condiciones que hasta ahora solo afectaban al operador histórico. Desregulación total de los servicios y fuerte regulación del acceso, interconexión y compartición de las infraestructuras existentes. La desagregación inmediata del bucle de abonado de las redes fijas y su mas que probable extensión a medio plazo a las redes móviles, supone un cambio radical de las condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones de consecuencias difícilmente previsibles. El reto consiste en encontrar las condiciones que incentiven a los operadores, en particular a los operadores históricos nacionales, al despliegue y modernización de sus infraestructuras. Renuncia a utilizar el "servicio universal" como instrumento para extender a toda la población el acceso a las infraestructuras y servicios de la Sociedad de la Información. Aparición de elementos de regulación convergente (telecomunicaciones + audiovisual) tendente a romper la integración vertical de la cadena de valor existente en el sector audiovisual. Estricta y polémica regulación de los derechos de propiedad intelectual de los contenidos y de la privacidad en las nuevas redes (Internet). Este tema generará fuertes controversias en los próximos meses. Estos cambios implican necesariamente una importantísima reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) y de su desarrollo normativo. Si no fuera por los plazos tan cortos que hay para la transposición de las directivas al ordenamiento jurídico español, los autores de este artículo recomendarían iniciar el procedimiento para la tramitación de una nueva LGTel. El Real Decreto-Ley 7/20005 En España la situación ha cambiado enormemente los últimos años. Inicialmente, España era un país que destacaba en el seno de la Unión por su lentitud a la hora de aplicar medidas liberalizadoras que la hicieran salir del periodo de monopolio, con la llegada al poder del partido popular la situación que ha cambiando radicalmente hasta llegar a la situación contraria. España es en la actualidad uno de los países que anticipan las reformas liberalizadoras. En este sentido, una parte de las medidas tomadas en el Real Decreto-ley del pasado 23 de junio constituyen un adelanto a algunas de las nuevas medidas adoptadas con el nuevo marco europeo comentado en el apartado anterior. Existe sin duda la voluntad política de dinamizar el mercado con el objetivo último de implantar la Sociedad de la Información de una manera rápida y sencilla, un claro motor económico y generador de empleo en el centro de la sociedad española. En la Tabla 2 aparecen las medidas adoptadas en España. Sin embargo, existen algunas medidas tomadas por el gobierno que no tienen equivalencia a priori con ninguna de las directivas que han aparecido hasta ahora, como es el caso de la tarifa plana. Es curioso el hecho de que el gobierno español ha impulsado la tarifa plana mediante Real Decreto imponiendo al operador dominante una tarifa y horario determinado. Esta medida política no tiene parangón en la política europea. La apertura del bucle en España merece especial consideración pues de nuevo sitúan a nuestro país entre aquéllos que adelantan la aplicación de una medida de obligado cumplimiento de la Comisión. Sin embargo, como se puede comprobar en la tabla, la fecha impuesta por la Comisión es prácticamente coincidente con la Española. Por lo tanto, España va a tener poca ventaja respecto a otros estados miembros. También ha existido cierta anticipación respecto a la Contabilidad de Costes impuesta al operador dominante, aunque las medidas adoptadas por el gobierno son mucho menos amplias que las recogidas en la nueva Directiva de Acceso e Interconexión, la cual, entre otras medidas, otorga una parcela de poder mayor a las ARN. En resumen, el Real Decreto-Ley de 23 de junio ha introducido nuevas medidas que suponen un paso más en el proceso liberalizador iniciado hace años. La trascendencia de algunas de ellas como la desagregación del bucle hace que sea digno de alabanza el impulso adoptado por el gobierno, debido a la trascendencia que tiene esta medida en el mercado. La osadía de la tarifa plana introducida por el gobierno va en principio en contra de la política europea de telecomunicaciones pero muestra una clara voluntad política de impulsar el acceso a Internet. Al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología le espera un gran trabajo el próximo año para poder adaptar la LGTeL a las nuevas directivas. -------------------------------------------------------------------------------- TABLA 1. PAQUETE NORMATIVO DEL NUEVO MARCO REGULADOR EN LA UE Disposición Fecha límite en la Implantación COM (2000) 384 Directiva sobre acceso e interconexión de redes de comunicaciones. (Directive of the European Parliament and of the Council on acces to, and interconection of, electronic comunications networks and associated facilities) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 393 Directiva sobre un marco regulatorio común para redes y servicios de comunicación. (Directive of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framwork for electronic communications networks and services) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 392 Directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios en relación a redes y servicios de comunicación (Directive of the European Parliament and of the Council on universal service and user" rights relating to electronic commuications networks and services) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 386 Directiva sobre autorizaciones en redes y servicios de Telecomunicación. (Directive of the european Parliament and of the Council and the authorisation and electronic communications networks and services) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 385 Directiva sobre el procedimiento de datos personales y la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones. (Directive of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communication sector) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 394 Regulación del Parlamento Europeo y el consejo sobre la desagregación del acceso local. (Regulation of the European parlamient and of the Council on unbundled acces to the local loop) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 407 final Decisión sobre un marco regulatorio para política de espectro en la Unión Europea. (Decisión of the European parliament and of the Council on a regulatory framework radio spectrum policy in the European Community) (Decisión con la entrada en vigor para toda la UE) TABLA 2 PAQUETE NORMATIVO DEL RDL 7/2000 Aspecto Fecha límite en la Implantación Apertura del Bucle y selección de operador Obligación de los operadores dominantes de redes telefónicas fijas de facilitar el acceso desagregado y compartido al bucle de abonado Obligación por parte de los operadores dominantes de redes públicas fijas de facilitar los procedimientos de selección de operador de llamada a llamada y preasignación para llamadas metropolitanas. A partir de enero de 2001 Antes del 15 de noviembre de 2000 Modificación de Tarifas Telefónicas Obligación por parte de los operadores dominantes del servicio telefónico fijo disponible al público de crear un programa de tarifas para el servicio telefónico fijo metropolitano de 600 minutos de tráfico al mes con valor de 700 pesetas. Obligación por parte de los operadores dominantes del servicio telefónico fijo disponible al público de incorporar una tarifa de acceso a Internet a través de RTC a un precio de 2750 ptas. mensuales independientemente del número de llamadas. A partir del 1 de noviembre de 2000 A partir del 1 de noviembre de 2000 Impulso de competencia en móvil Obligación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de efectuar un estudio sobre las posibles alternativas con el fin de incrementar la competencia en la telefonía móvil. Antes del 31 de octubre de 2000 OIR Obligación de la CMT para presentar la propuesta de modificación de la OIR de Telefónica con el fin de garantizar la eficacia competitiva de las medidas liberalizadoras de 23 de junio de 2000. Antes del 15 de septiembre de 2000 Contabilidad de Costes Publicación de la contabilidad de costes en lo operadores dominantes del servicio telefónico fijo y líneas alquiladas en las áreas de negocio telefónico fijo, líneas alquiladas, interconexión y servicio universal o en operadores de telecomunicaciones no dominantes pero con obligaciones de servicio universal. Antes del 31 de julio del año siguiente al del ejercicio en cuestión -------------------------------------------------------------------------------- Jorge Pérez Martínez Héctor Pérez Sáinz Sergio Pérez Sáinz

Ante el proyecto de Real Decreto relativo a servidumbres, límites de exposición y otras restricciones de emisiones radioeléctricas1 Pocos desarrollos técnicos en la historia de las telecomunicaciones han tenido una aceptación social tan rápida y extensa como la telefonía móvil, y muchos menos han generado tantas expectativas como la que suscita la fusión Móvil-Intenet que producirán las futuras generaciones de móviles. Sin embargo, desde hace unos meses se percibe en España un aumento de la preocupación que suscita la exposición humana a los campos electromagnéticos producidos por las estaciones base utilizadas en comunicaciones móviles. Esta creciente alarma social puede poner en peligro el normal desarrollo de la Sociedad de la Información y del sector de las comunicaciones móviles, en particular. Centenares de Ayuntamientos, entre los que se encuentran capitales de provincias, han suspendido temporalmente la correspondiente concesión de licencias a los Operadores para la instalación de antenas de telefonía móvil hasta que no se apruebe una reglamentación sobre los niveles máximos de exposición (se refieren al RD que comentamos); Por otra parte, ante el retraso en la tramitación del RD y el aumento de la presión social, la Generalitat de Cataluña y algunos municipios han promulgado normativas particulares sobre el asunto en su ámbito territorial. La causa principal de la situación creada en nuestro país es que la Administración Central está reaccionando con demasiada lentitud ante la vorágine de informaciones contradictorias que han aparecido en los diferentes medios de comunicación, con el consiguiente impacto en la opinión pública, dando lugar a que un problema tan complejo como el que nos ocupa sea abordado olvidando los importantes esfuerzos (investigación científica, políticas públicas en el área de la salud, creación de normativas técnicas de seguridad de terminales e instalaciones radioeléctricas, etc) que, desde hace años, se llevan realizando en muchos países, entre ellos los de la Unión Europea. Por este motivo, y con ocasión de la próxima entrada en vigor del Real Decreto relativo a las servidumbres, a los límites de exposición y otras restricciones de emisiones radioeléctricas, el Gretel, como grupo de expertos en materia de regulación de las telecomunicaciones, cree conveniente en esta ocasión complementar su análisis del Real Decreto con una explicación general del problema planteado, esperando que contribuya a despejar las dudas suscitadas y, sobre todo, ayude a reducir la confusión presente en prescriptores y formadores de la opinión pública. LA PERCEPCIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS En los países avanzados, la opinión pública está muy sensibilizada sobre los potenciales impactos en la salud y en el medio ambiente procedentes de las innovaciones científico-técnicas. La velocidad del cambio tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación hacen que se difundan los supuestos riesgos potenciales de una innovación antes de que las investigaciones científicas hayan podido clarificar totalmente la naturaleza del riesgo. Los responsables públicos, agentes sectoriales y los profesionales competentes en cada una de las áreas involucradas tienen que considerar esta nueva forma de “percepción social del riesgo”, asumiendo la toma de decisiones en un entorno con un cierto grado de incertidumbre científica, sin perder de vista la posible “inquietud de la población”. En la evaluación, gestión y control de la percepción social del riesgo a las emisiones radioeléctricas hay que considerar los siguientes aspectos: a) Obtención de la “evidencia” científica de los efectos de las emisiones radioeléctricas en la salud y evaluación del riesgo. b) Aplicación del “principio de precaución”, de manera que se mitigue dicho riesgo. c) Establecimiento de una normativa regulatoria sobre equipos e instalaciones que garanticen la seguridad del entorno mediante el cumplimiento estricto de b). d) Comunicar adecuadamente al conjunto de la sociedad la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas para superarlo. Acotación del problema, evidencia científica, evaluación del riesgo y aplicación del principio de precaución Conviene señalar en primer lugar que nuestro ámbito se circunscribe a emisiones procedentes de instalaciones utilizadas en sistemas de comunicaciones radio, es decir, exposiciones de RF de baja intensidad; ello quiere decir que quedan fuera de nuestro análisis las radiaciones ionizantes y las emisiones de ondas electromagnéticas de baja frecuencia (en particular las de 50 Hz, procedentes de tendidos eléctricos de alta tensión). Por otra parte, no se puede tratar de igual manera las emisiones procedentes de las estaciones base y las de los terminales;. por ejemplo, la exposición a la que están sometidas las personas que viven en las cercanías de las estaciones base (fuera de las zonas de exclusión) es muy inferior a la que se somete una persona cuando mantiene una comunicación desde un teléfono móvil. Se han realizado muchos estudios (búsqueda de la evidencia científica) sobre la exposición de los seres humanos a los campos electromagnéticos sin que, hasta el momento, ninguno de ellos haya demostrado que éstos pueden afectar a la salud de las personas. También se han realizado numerosos experimentos para evaluar los efectos biológicos que producen los campos electromagnéticos, pero ninguno ha demostrado que dichos efectos sean dañinos. Estas conclusiones están recogidas en los informes de evaluación del riesgo elaborados por la Organización Mundial de la Salud2, la Comisión Europea3, el informe Stewart4 publicado en el Reino Unido o los recientemente publicados en Francia5, en EEUU6 y en España7. La regulación europea3 en materia de emisiones radioeléctricas se basa en la Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). Esta Recomendación está alineada con las recomendaciones internacionales emitidas por la Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) y los trabajos efectuados por el organismo de normalización europeo reconocido Comité Europeo de Normas Electrotécnicas (CENELEC). En España el Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado recientemente las conclusiones y recomendaciones de un estudio encargado a un comité de expertos relacionados con la evaluación del riesgo de los campos electromagnéticos (CEM) sobre la salud humana, todos de reconocido prestigio nacional e internacional. La principal conclusión del trabajo ha sido la siguiente: “a la luz de los conocimientos científicos actuales se puede afirmar que la exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos a la salud, dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, y que el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos”. En los informes más recientes señalados anteriormente, se observa un alto grado de convergencia en los criterios y propuestas. Las recomendaciones comunes son: • Hasta el conocimiento científico actual, no existe riesgo pero deben proseguirse las investigaciones. • Es necesario aplicar el “principio de prudencia” para evitar el riesgo. • La exposición a las emisiones radioeléctricas provenientes de las estaciones base es muy inferior a la procedente de los terminales. • Establecer procedimientos más precisos de medida de las emisiones de los terminales y mejorar los procedimientos que aseguren que no se alcanzan los valores máximos de exposición recomendados en las zonas accesibles de las estaciones base. • Se deben tener mayores precauciones con la exposición de “colectivos sensibles”, como son niños, embarazadas, ancianos, enfermos, etc. • Es necesario informar adecuadamente al público. El Informe español “Campos electromagnéticos y salud pública” Con cierto retraso y precipitación, el Estado español, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, convocó a un comité pluridisciplinar de expertos independientes con el fin de elaborar un informe técnico acerca de los CEM y su posible incidencia en la salud pública; este grupo de trabajo celebró su reunión de constitución el 7 de marzo de 2000. Aunque cuando escribimos estas líneas todavía no se conocía el contenido del informe mencionado, recientemente este Comité de Expertos ha presentado sus conclusiones y recomendaciones, de las que a continuación recogemos las más relevantes. Conclusiones: • “la exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos a la salud, dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz” • “el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos”. • “a los valores de potencia de emisión actuales, a las distancias calculadas en función de los criterios de la recomendación, y sobre las bases de la evidencia científica disponible, las antenas de telefonía y los terminales móviles no representan un peligro para la salud pública”. • “en cumplimiento del principio de precaución y a pesar de la ausencia de indicios de efectos nocivos para la salud, conviene fomentar el control sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de hacer un seguimiento a medio y largo plazo de las exposiciones a campos electromagnéticos”. Con respecto a la telefonía móvil y los campos electromagnéticos derivados, las autoridades sanitarias, por el principio de precaución deberían: • Instar a las compañías fabricantes de terminales celulares a clasificar y etiquetar sus productos en función de sus potencias de emisión, de hecho algunos de estos fabricantes ya lo hacen. • Actualizar los procedimientos de solicitud, autorización, instalación e inspección de antenas de telefonía, con el fin de que los ciudadanos estén convenientemente informados y adopten las decisiones que consideren más idóneas a la hora de permitir la instalación de estos equipos en sus propiedades. • Garantizar el cumplimiento de la Recomendación de la UE, especialmente en el caso de la instalación de estaciones base en las inmediaciones de espacios sensibles, tales como centros educativos, de salud, hospitales o parques públicos, y evitar que el haz de emisión directa de estas antenas afecte o se dirija a dichas zonas. • Promover un uso racional de los teléfonos móviles, particularmente a los grupos de especial atención (niños, adolescentes o portadores de implantes activos, entre otros) con objeto de reducir exposiciones innecesarias a los CEM. El Proyecto de RD del Ministerio de Ciencia y Tecnología Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo han elaborado conjuntamente, basándose en el informe anteriormente mencionado, un proyecto de Real Decreto para la protección de los ciudadanos ante a las emisiones de las estaciones radioeléctricas utilizadas por los operadores para la prestación de servicios de radiocomunicaciones. Algunas de las principales medidas que contempla son: • Se definen como niveles máximos de exposición los recomendados por las Instituciones europeas; estos niveles se corresponden con los propuestos por la ICNIRP. • Para la autorización de instalaciones radioeléctricas a los operadores que establecen redes para los servicios de radiodifusión y televisión y los titulares de licencias individuales tipo B2 y C2, se exige un Proyecto o Propuesta Técnica que incluya un estudio indicando que los niveles de emisión radioeléctrica sobre los lugares en que puedan permanecer habitualmente las personas son inferiores a los de las normas indicadas anteriormente. • Presentación de un informe anual sobre el cumplimiento de la normativa del RD por parte de los operadores de telefonía móvil y de acceso radio (titulares de licencias individuales B2 y C2, respectivamente), que deberán remitir al MCYT: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) podrá ampliar esta obligación a titulares de otras instalaciones radioeléctricas. • Con carácter anual, la SETSI, sobre la base de los resultados obtenidos en las citadas inspecciones y la de los informes presentados por los operadores, elaborará y hará público un informe sobre la exposición a emisiones radioeléctricas. • Aplicación de un principio de precaución adicional en la planificación de las estaciones base fundamentado en que la ubicación de las estaciones radioeléctricas minimice los niveles de exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales asociados a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio. • Adecuación de las estaciones base ya instaladas y en funcionamiento a los requisitos del RD en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento aprobado por dicho RD. Los operadores que establezcan redes soporte de servicios de radiodifusión sonora y televisión y los titulares de licencias individuales de tipo B2 y C2 deberán remitir al MCYT una certificación de la conformidad de dichas instalaciones con los valores máximos establecidos, expedida por un técnico competente en materia de telecomunicaciones. El proyecto de RD contempla además un capítulo dedicado a la Evaluación Sanitaria de Fuentes de Emisiones Radioeléctricas. Según el citado texto “en función de los datos disponibles, el Ministerio de Sanidad y Consumo evaluará los riesgos sanitarios potenciales de la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas, teniendo en consideración el número de personas expuestas, sus características epidemiológicas, edad, partes del organismo expuestas, tiempo de exposición y condiciones sanitarias de los sujetos”. Así mismo, “El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, desarrollará los criterios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y prácticas que puedan dar lugar a la exposición a emisiones radioeléctricas de la población, con el fin de aplicar medidas para minimizar la exposición”. Sin entrar en el debate sobre los niveles máximos de exposición (que consideramos es el campo de los expertos en salud pública), todo parece indicar que este Real Decreto y su posterior desarrollo garantizará suficiente grado de seguridad a las instalaciones radioeléctricas. En este sentido, los Ingenieros de Telecomunicación tendrán un papel destacado como garantes del cumplimiento de la normativa en materia de emisiones, mediante su participación en la elaboración del proyecto o propuesta técnica, la realización de mediciones y en los procesos de certificación e inspección de las instalaciones. Comentarios del GRETEL 2001 Sin embargo, el GRETEL considera que el informe de Sanidad y el RD, anteriormente descritos, llegan tarde. Cuando escribimos estas líneas, asistimos a un debate público en el que el principal Partido en la oposición, varias Comunidades Autónomas y Alcaldes de varias de las principales ciudades españolas, proponen valores de límites de exposición distintos a los propuestos en el RD. A su vez, la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Castilla-La Mancha y distintas Administraciones Locales, amparándose en sus competencias en salud y urbanismo, han promulgado una normativa propia en su respectivo ámbito territorial. La polémica competencial entre las distintas Administraciones Públicas está servida. Así, los Entes locales consideran que en su ámbito territorial propio son competentes para otorgar licencias de ubicación en dominio público de infraestructuras de red o instalaciones (en este caso de telecomunicaciones), competentes para la declaración de algunas actividades y sus instalaciones (por ejemplo de telecomunicaciones) como clasificadas según el Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas (aún no ha sido derogado) y competentes para considerar determinadas obras o instalaciones (de telecomunicaciones por ejemplo) en dominio privado como contrarias a los planes de ordenación urbana aunque haya sido aprobada dicha instalación por una comunidad de propietarios. Las Comunidades Autónomas aducen su competencia exclusiva, también en su ámbito territorial, para Ordenación del territorio así como las de desarrollo legislativo en Medio Ambiente y Salud en virtud de las cuáles podrían establecer por un lado criterios de ubicación para las instalaciones de telecomunicación y por otra normas de protección más estrictas que las básicas emanadas de la Administración General del Estado. GRETEL urge encarecidamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología a la inmediata publicación del RD y simultáneamente crear las condiciones para conseguir lo antes posible una normativa armonizada aceptada por todas las Administraciones involucradas. Por otro lado, recomienda que el Gobierno español impulse acciones similares en el ámbito de la Unión Europea. Por último, GRETEL quiere manifestar su preocupación por la alarma social (incremento de la percepción social del riesgo) que puede resultar como consecuencia del proceso de amplificación social del riesgo que se produce desde los medios de comunicación al informar del efecto combinado de las controversias científicas, las controversias competenciales entre administraciones y las controversias políticas. En este sentido, recomendamos el establecimiento de lugares de encuentro y participación de los agentes involucrados y el desarrollo de políticas conjuntas de comunicación que permitan ofrecer información contrastada y veraz que atempere la alarma social creada. 2 WHO, “Electromagnetic Fields and Public Health: Mobile Telephones and their Base Stations”. Hoja nº 193 (2000) 3 Recomendación 1999/519/CE. http://europa.eu.int/eurlex/es/lif/dat/1999/es_399X0519.html 4 Publicado por el IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones) el 11 de mayo del 2000 5 Rapport au Directeur Général de la Santé. “Les Telephones Mobiles, leurs Stations de Base et la Santé”. 16 janvier 2001 6 GAO. “Research and Regulatory Efforts on Mobile Pone Health Issues”. May 2001 7 Ministerio de Salud y Consumo. “Campos electromagnéticos y salud pública”. Resumen informativo. 11 deMayo de 2001