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Luis Méndez Fernández EL COIT IMPULSOR DE LOS PRIMEROS TRABAJOS La infraestructura de telecomunicaciones en el interior de edificios n la primavera de 1996, durante un encuentro de nuestro Decano, Jorge Pérez, con representantes de la Comunidad Autónoma de Madrid para hablar de diversos temas técnicos, le fue transmitida la inquietud por la falta de un reglamento técnico que sirviese de guía para poder requerir de los constructores de viviendas la dotación de servicios de telecomunicación en el interior de edificios, primero de nueva construcción y posteriormente para la adaptación siempre que fuese posible, de los existentes. Aunque la ciudad de Madrid se encuentra muy limpia en lo que a tendidos aéreos y cables de fachada se requiere, -en los barrios periféricos aparecen cableados de fachada-, múltiples antenas individuales y la aparición de antenas parabólicas de fachada que tanto afectan al entorno visual mientras que los edificios de nueva construcción sólo cuentan, en muchas ocasiones, con la infraestructura de Antena Colectiva, cuando los avances tecnológicos ya hacen pensar en la pronta presencia de servicios tales como televisión por cable, televisión por satélite, analógica y digital. Recogiendo esta inquietud, el Decano presentó el mensaje a los distintos grupos de trabajo, siendo el del Ejercicio Libre de la Profesión el que decididamente ofreció su esfuerzo y apoyo para tratar de preparar este documento. Se convocó una mesa de trabajo a la que se invitaron a representantes de diversas organizaciones con intereses en el tema: Comunidad Autónoma de Madrid, Dirección General de la Vivienda, DGTel, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Aniel, etc., Con los que aceptaron la invitación y nombraron representantes se convocó una primera reunión en el curso de la cual se eligió una Presidencia del Grupo que recayó en el representante de la Comunidad Autónoma de Madrid y cuya Secretaría la ostentó en un representante del COIT. Nacía así el grupo DITEL (Dotación de Infraestructura de Telecomunicación en el Interior de Edificios). Con objeto de poder centrar los trabajos a realizar se consensuó que el documento, debería satisfacer los siguientes fines: a) Servir de base a los Técnicos Competentes en Telecomunicaciones para preparar el Proyecto de Dotación de Infraestructuras de Telecomunicación en el Interior de Edificios de forma que el mismo forme parte integrante del proyecto de edificación a presentar a los Ayuntamientos con la solicitud de obra. b) Servir de base para La construcción de los recintos conductos y canalizaciones de que debe disponer el edificio para albergar estos servicios, constituir el documento base para que el instalador realizase la instalación de los elementos definitivos en el Proyecto, servir de base para que un Técnico Competente en Telecomunicaciones pueda realizar el certificado de estado de dichas instalaciones. c) Servir para que los edificios de nueva construcción estén dotados de los elementos de Infraestructura de Telecomunicaciones necesarios para que los propietarios puedan disfrutar de los mismos sin subordinación ni dependencia de los operadores evitando también los antiestéticos cableados por fachada y las antenas individuales en tejados y balcones. Así, comenzaron los trabajos con la preparación de un índice, cuyo contenido fue discutido durante varias sesiones hasta alcanzar un consenso sobre del mismo. Una vez completado el índice se procedió a ir rellenando los diferentes puntos del mismo tanto con documentos aportados por los miembros de la comisión como por aportaciones personales escritas por los miembros de la misma. Completado el índice, se comenzó la distribución de los diversos borradores de trabajo que se iban produciendo, los cuales se enriquecían con las aportaciones de diferentes miembros del grupo, entre las que cabe destacar, de forma especial, las continuas y valiosas del Grupo del Ejercicio Libre de la Profesión. En el mes de Febrero de 1997, con ocasión del certamen ASLAN"97, se presentaron en público los primeros resultados de los trabajos desarrollados por el Grupo DITEL, en una conferencia de contenido esquemático, ya que entonces el documento alcanzaba una extensión de más de ciento cincuenta páginas. A partir de dicha presentación llegaron al Comité diversas y variadas solicitudes del texto de dicho documento, cuya presentación final estaba prevista para el mes de Julio de 1997. En este contexto, y con el revuelo surgido a través de la llamada batalla de los decodificadores, la DGTel cobra un papel protagonista pasando a convertirse en el motor de una iniciativa similar convocado en una reunión más amplia a los diferentes grupos con intereses en el tema con objeto de recabar sus aportaciones. * Luis Méndez Fernández Es Coordinador del DITEL del COIT Ante tal decisión, el grupo DITEL carecía ya de razón de ser, por tratarse de una duplicación de esfuerzos y ser el documento auspiciado por la DGTel, con independencia de que cubra o no los mismos objetivos, el que más posibilidades tiene de poder obtener el respaldo de los diversos Organismos con competencias en el tema, por lo que se suspendieron los trabajos del mismo, integrándose los representantes del COIT en los diversos grupos de trabajo creados por la DGTel. A través de ellos, el COIT trata de seguir llevando el espíritu inicial conscientes de que el desarrollo de las nuevas tecnologías de telecomunicación tiene que llegar a los usuarios sin limitaciones ni servidumbres por parte de los operadores. La liberalización de las telecomunicaciones a partir de 1998, dará lugar a la aparición de los operadores de telecomunicaciones por cable, operadores de telefonía básica, plataformas de televisión digital, servicios tales como el MMDS, etc. que requerirán la existencia en el interior de los edificios de infraestructuras que permitan a los usuarios ser independientes de los operadores, poder cambiarse con facilidad de uno a otro si así lo desean. Nada de esto será factible si las Comunidades Autónomas, con competencias en telecomunicaciones, y los Ayuntamientos, con competencias en la concesión de licencias, no establecen los mecanismos adecuados para que todas las viviendas de nueva construcción, y en lo posible aquellas objeto de remodelaciones importantes, sigan las normas así establecidas. Será la ocasión única para evitar que dentro de unos años Alcaldes de ciudades históricas, o no tan históricas, se quejen del estado de las fachadas de sus casas y tejados y los Ingenieros de Telecomunicación estamos llamados a ser los protagonistas, una vez más, en estas nuevas páginas de la Historia reciente.

Ramón J. Vivero Blas El problema de los requisitos esenciales en las normas de equipos radio anto en España, como en otros países de nuestro entorno, los equipos de telecomunicación en general, y los equipos radio en particular, están sujetos a un sistema de Certificación mediante terceros (distintos del fabricante) con el fin de "garantizar el funcionamiento eficiente de los servicios y redes de telecomunicación, así como la adecuada utilización del espectro radioeléctrico", en palabras de nuestra, todavía vigente LOT (artículo 29 de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, de 18 de diciembre, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre), que el borrador de Ley General de Telecomunicaciones mantiene con esta misma redacción. Esto se traduce en la necesidad de que todos los "equipos, aparatos, dispositivos y sistemas de cualquier naturaleza que utilicen el espectro de frecuencias radioeléctricas" dispongan de un certificado de cumplimiento de las correspondientes especificaciones técnicas. Pero, ¿cual debe ser el contenido de esas especificaciones técnicas?. Aunque lo explícita la LOT, el decir que debe limitarse a "requisitos esenciales" no es respuesta a la anterior pregunta, pues no es sino reformularla como: ¿Cuales son "requisitos esenciales"?. Bien pudiera parecer que la pregunta está hecha para que sea contestada autonómamente por el Organismo Regulador, pues con estos requisitos se satisfacen algunos de los objetivos de control de mercado que se ha propuesto (por supuesto, siempre dentro del marco legal que haya sido definido), sin embargo, la utilización de conceptos como "funcionamiento eficiente" o "adecuada utilización", a los que se les puede atribuir una indudable significación técnica, limitan esa autonomía. Esta línea de actuación ha seguido la Comisión Europea, cuando en la Directiva 91/263/CEE sobre equipos terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad, para el ámbito radio, se limita a mencionar en el articulo 4º, como "requisito esencial", "el uso eficiente del espectro de radiofrecuencias", dejando en manos de los organismos de normalización preparar las correspondientes normas armonizadas que, recogiendo los requisitos esenciales, sean traspuestas con reglamentaciones técnicas comunes (CTRs), de obligado cumplimiento, y cuyas referencias se publiquen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE). Por supuesto, tanto a nivel nacional como Europeo, el Gobierno del Estado o la Comisión Europea, si consideran que las normas no incluyen la totalidad, o sobrepasan, los requisitos esenciales, podrán rechazar la publicación de su referencia en el BOE o en el DOCE. Y justamente deberán ser cuidadosos en situar correctamente la vidriosa frontera entre los parámetros "esenciales" y aquellos otros que simplemente especifican una mayor o menor "calidad" del equipo radio (pues, ¿no es una mínima calidad un requisito esencial?). Por otra parte, no todos los parámetros radio típicos están sujetos al mismo régimen de certificación: como consecuencia de la publicación de la Directiva del Consejo 89/336/CEE (traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo), que por su carácter "horizontal" incluye en su campo de aplicación los equipos radio, debemos distinguir entre los parámetros de EMC (compatibilidad electromagnética) "clásicos" y los parámetros radio de "gestión del espectro". Aunque por consideraciones técnico-políticas no es fácil ponerse de acuerdo sobre la pertenencia de algunos de los parámetros a una u otra categoría, podemos tomar por buena la clasificación propuesta por el ERC (Comité Radio Europeo) de la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicación) que se muestra en el Anexo I, aún cuando no tenga carácter exhaustivo. Y por fin, ¿cuales son los "requisitos esenciales" que los organismos de normalización consideran como tales?: - En la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), en la especificación de los sistemas radio en sus Recomendaciones, se pueden identificar numerosos requisitos, pero, por no ser esa su misión, no se preocupan de señalar los "esenciales" para la certificación de equipos. Sin embargo podríamos considerar como tales, la tolerancia de frecuencia de los transmisores, y la potencia de las emisiones no esenciales, precisamente por citarse expresamente en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio de la UIT. - En el ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación), donde está generalizada la regla del consenso en la preperación de normas, consecuencia de la igualdad de derechos entre todos sus miembros (sean fabricantes, Administraciones o asociaciones de usuarios) en esta fase, éstas recogen típicamente parámetros como los citados en el Anexo II, de los que cabe destacar los de las TBRs, por las implicaciones reglamentarias antes descritas cuando son transpuestas con las CTRs. Con estos ejemplos podemos ver cual es la respuesta que se da en la práctica a la cuestión de los requisitos esenciales. Sin embargo, aunque podría escribirse largamente sobre ello, no la hemos acompañado de ninguna justificación para el adjetivo "esencial", por lo que todavía podría dudarse de realmente lo fuesen: pero ésto es porque, más que acudir a la doctrina científica, se considera que debe ser la participación de los distintos agentes interesados (fabricantes, asociaciones de usuarios, etc.) aceptando o rechazando una norma (en las encuestas públicas del ETSI o en la preceptiva consulta establecida para nuestros Reales Decretos de especificaciones técnicas) la que fije en cada momento histórico, para cada sistema (y consiguientemene para su servicio asociado) esos requisitos esenciales. Para terminar situándonos en el futuro, dando pie así a futuros artículos, hay que mencionar que la Comisión Europea está preparando una nueva Directiva (conocida como CTE "connected telecommunication equipment"), que vendrá a sustituir y completar la 91/263/CEE incluyendo equipos radio no terminales, que diseña un tratamiento novedoso para los requisitos esenciales (Para equipos radio, el uso efectivo del espectro radio, y para equipos terminales, el evitar una degradación inaceptable del servicio). RECUADRO PARAMETROS DE GESTION DEL ESPECTRO + Transmisores Máscara de Transmisión (consistente en potencia radiada aparente, potencia radiada en el canal adyacente, y emisiones fuera de banda y emisiones no esenciales, tal y como se defienen en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.). Bandas de frecuencia (de utilización) Tolerancia de frecuencia Comportamiento transitorio Intermodulación Canalización radiofrecuencia Sistema de modulacion (si apropiado) Polarización de la antena (si apropiado) Ganancia de antena (si apropiado) + Receptores Radiaciones parásitas y respuestas parásitas en radiofrecuencia Selectividad Bloqueo / desensibilización Tolerancia de radiofrecuencia y estabilización (AFC) (si apropiado) Sensibilidad Intermodulación Rechazo co-canal Sistema de demodulación Polarización de la antena (si apropiado) Ganancia de antena (si apropiado) * Ramón J. Vivero Blas Es Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, secretaría General de Comunicaciones. Anexo IETS 300 086 (norma para el servicio móvil terrestre, modulación angular) + Transmisor Tolerancia de frecuencia * Potencia de portadora en conector de salida * Potencia radiada aparente * Desviación de frecuencia * Potencia en canal adyacente * Emisiones no esenciales * Intermodulación (Atenuación) * Comportamiento transitorio en frecuencia * + Receptor Sensibilidad máxima utilizable * Característica de amplitud RF * Rechazo co-canal * Selectividad * Rechazo a respuestas parásitas * Rechazo a intermodulación * Bloqueo/desensibilización * Radiaciones parásitas.* NOTA: Los parámetros con un asterisco (*) se citan en la Decisión ERC sobre la ETS respectiva como aquellos a ser incluidos en reglamentaciones nacionales de certificación. TBR 19 (GSM): + Transmisor Emisiones no esenciales (conducidas y radiadas) Tolerancias de frecuencia y de fase Potencia de salida (duración de la ráfaga); temporización del control de potencia. Máscara espectral de RF + Receptor Indicación de trama errónea (también cuando se emplea salto de frecuencia) Rechazo co-canal Rechazo canal adyacente Nivel mínimo de señal de entrada o umbral de sensibilidad del receptor Rechazo a la intermodulación Bloqueo y respuestas parásitas Variación de la clase de potencia del terminal móvil; restablecimiento de llamada (no se permite si la llamada está presente)

EJERCICIO LIBRE Ante el nuevo marco normativo de aplicación a las edificaciones Luis Mendez y Bernardo Balaguer (ELP) a Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones primero y posteriormente la Ley General de Telecomunicaciones constituyen el devenir de una actividad legislativa encaminada a definir el marco regulador de las telecomunicaciones. El imparable desarrollo del sector con la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas pronto dejó anticuada la LOT y surgió la necesidad, no ya de actualizarla poniéndole parches, sino de acometer seriamente un proceso de regulación y normalización del uso de todas ellas. Hemos seguido de cerca lo concerniente al aspecto legislativo de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en el interior de los edificios, por su especial incidencia en nuestra actividad profesional como Ingenieros de Telecomunicación y especialmente desde nuestra responsabilidad como integrantes del Grupo ELP del COIT. Hagamos un poco de historia. La Ley 49/1966 de Antenas Colectivas constituyó, en su momento, uno de los hitos reguladores más importantes en lo que se refiere al acceso de los usuarios al servicio de Televisión. La política de la entonces DGTel a través de sus Jefaturas Provinciales de Inspección, con su labor del vigilancia y exigencia de cumplimiento de la ley consiguieron que una gran parte de las viviendas de nueva construcción desde el año 1966 estuviesen dotadas de antenas colectivas. Sin embargo, una política y legislación tan concreta y orientada a un servicio tan importante como es el acceso a la información, tendente a preservar el impacto ambiental visual, fue diluiéndose en el tiempo y acabó teniendo poco éxito. Con el paso del tiempo sólo las viviendas de protección oficial para las cuales la concesión de la cédula de habitabilidad dependía de un Ministerio fueron las que cumplieron a rajatabla lo indicado en dicha ley, si bien hay que señalar la excepción de algunos promotores que conscientes de que su aplicación significaba un bien para los propietarios de las viviendas, tomaron la iniciativa en su cumplimiento. Debemos resaltar que dentro de este contexto hubo unos grandes ausentes: los Ayuntamientos. Pese a la obligación expresa que hacía la citada ley sobre la necesidad de que se dictasen ordenanzas regulando la instalación de las antenas en los edificios los Ayuntamientos hicieron caso omiso de la misma y dejaron proliferar en los tejados de los edificios las antenas individuales, creando una verdadera maraña de mástiles y antenas. Hoy parece que en los Ayuntamientos se está desarrollando una nueva conciencia de impacto ambiental visual. Tímidamente van apareciendo ordenanzas, pero todavía está lejano el momento, en que desde el punto de vista municipal, queden reguladas estas instalaciones. La publicación del Real Decreto-ley 1/1998, establece unas nuevas directrices en la actuación de los profesionales del sector de las telecomunicaciones, por ello analicemos ¿Qué representa este Real Decreto -Ley, desde el punto de vista legislativo para el acceso a los servicios de telecomunicación? Con carácter general: - Delimita responsabilidades en cuanto al origen, localización y reparación de averías - Responsabilidad de los operadores - Responsabilidad de la comunidad de propietarios - Responsabilidad del usuario final del servicio En relación con los usuarios: - Satisface el cumplimiento del artículo 20.1.d) de la Constitución. - Permite a los usuarios de los Servicios de Telecomunicación, la elección entre los distintos medios que faciliten información. - Radiodifusión y Televisión - Interactivos - Garantiza el acceso al servicio universal de Telefonía Básica. - Garantiza el acceso al servicio de Telecomunicaciones por cable. - Garantiza el acceso al servicio público de RTV. - Garantiza el secreto de las Telecomunicaciones. - Establece recintos de Instalaciones de Telecomunicación. Resumiendo: - Proporciona el acceso a los servicios de Telecomunicación existentes y la posibilidad de facilitar su adaptación a los de nueva implantación - Garantía de calidad y numero de tomas de usuario "adecuado". - Libertad en la elección de los operadores del servicio, sin limitaciones de ningún tipo. - En viviendas ya construidas, desbloquear una situación de indefensión frente a la Comunidad de Propietarios para disponer de las instalaciones necesarias para los servicios de Telecomunicación En relación con los Ayuntamientos: - Establece los cauces para que las Ordenanzas que regulen la instalación de antenas en fachadas y balcones puedan ser efectivas al existir el marco que regula la utilización de elementos comunes para instalaciones individuales. - Constituye la base para la implantación de los servicios de telecomunicación en los nuevos edificios, reduciendo al mínimo el impacto estético que ello puede suponer. - Número de antenas reducido. - Acceso mediante canalización subterránea o empotrada. - Supone un elemento importante para conseguir la adecuación de las instalaciones en los edificios ya construidos para permitir el acceso a los servicios de telecomunicación. En relación con los operadores: - Permite la actuación de los mismos en condiciones de igualdad. - Transparencia para todos los operadores. - Contar con las mismas oportunidades de acceso a los usuarios. En relación con los Técnicos Titulados e Instaladores. - Su intervención garantiza la calidad de la instalación - Por la obligatoriedad de un Proyecto Técnico realizado por Técnico Titulado Competente en Telecomunicaciones y visado por el Colegio correspondiente, que constituye el soporte para la realización de la instalación, al describir los elementos que la componen, ubicación y cumplimiento de las exigencias de la Norma. - Por la exigencia de que los trabajos de instalación sean realizados por Instaladores de Telecomunicación, debidamente inscritos en el Registro de Instaladores de Telecomunicación de ámbito nacional, que evita el intrusismo. - Por la obligatoriedad, una vez finalizados los trabajos de ejecución, de un certificado o boletín de instalación, emitido por el Técnico Titulado o el Instalador, dependiendo de la complejidad de la misma, que garantice su operatividad. - La aparición de tareas de conservación y mantenimiento de estas redes, permitiendo su evolución posterior y adaptaciones o incorporaciones de nuevas facilidades a las mismas con la garantía de calidad que requieren. Resumiendo: Lo expuesto anteriormente conlleva la exigencia de una visión con horizontes más amplios que los actuales, por las siguientes razones: - Aparecen nuevas instalaciones que supone una formación específica, tanto para los Técnicos Titulados como para los Instaladores de Telecomunicación. - Se hacen precisos nuevos equipamientos técnicos, para la redacción del Proyecto, para la ejecución de la instalación y para la realización de las mediciones exigidas el la Certificación o boletín de instalación.. - Se exige una mayor presencia en la obra, colaborando con el Arquitecto, con el promotor y entre sí el titulado e instalador. *Luis Méndez Luis Méndez es presidente de AITA y miembro de la Comisión de Ejercicio Libre de la Profesión. *Bernardo Balaguer Bernardo Balaguer es presidente de AEIT-XXX y representante de la Comisión de Ejercicio Libre de la Profesión. CONCLUSIÓN: Pese a los inconvenientes aducidos por algunos colectivos sobre el posible incremento del precio de las viviendas con motivo de la aplicación de este Real Decreto Ley, hay que señalar: Que no todos son costes nuevos, ya que elementos tales como la antena colectiva, las canalizaciones telefónicas, etc. ya estaban contemplados en muchas viviendas, por lo que el incremento de precio es diferencial, no total, y que en cambio ahora, al estar integrados todos los elementos bajo un Proyecto Técnico único, redactado, instalado y certificado se garantiza la operatividad de toda la red, evitándose trabajos complementarios, instalación de nuevas tomas de Televisión, de teléfono, etc. que siempre han significado no sólo, un coste extra más elevado que si van incorporados en la obra inicial, sino que en muchas ocasiones se han realizado sin garantías de calidad, al ser ejecutados por personal no cualificado que con sus deficientes intervenciones, han ocasionado un perjuicio y coste a toda la Comunidad, amén de soluciones antiestéticas, como cables exteriores en paredes y pasillos de las viviendas o rozas con sus molestias y coste correspondiente. Solo nos queda felicitar desde aquí al Ministerio de Fomento quien a través de la Secretaría General de Comunicaciones ha dado ya un paso de gigante con la publicación del Real Decreto y que consolidará su pisada, con la publicación del Reglamento que tan imprescindible se está haciendo en estos momentos.

Ejercicio Libre I Congreso Nacional de Ingenieros de Telecomunicación que realizan Ejercicio Libre de la Profesión -------------------------------------------------------------------------------- Los cambios regulatorios en campos de actividad tan importantes para el Ingeniero de Telecomunicación que realiza trabajos como profesional liberal ocurridos en 1998, motivaron al Grupo de Trabajo del ELP a proponer a la Junta Directiva del COIT la celebración de este Congreso. Acogida con todo calor y apoyo dicha iniciativa se eligió la fecha de principios de Febrero para su celebración, una vez finalizada la actividad electoral y una vez que la nueva Junta de Gobierno hubiese tomado posesión de su cargo. Los días elegidos fueron el 5 y 6 de febrero organizándose el Congreso en dos actividades separadas pero coincidentes. El primer día se programó una presentación de materiales para los proyectos de ICT, actividad que sustituye a las antenas colectivas y que esperamos constituya el 80% de la actividad profesional del ELP. Para el segundo día se programaron tres mesas redondas que se orientaban hacia tres temas importantes para nuestra actividad: • La evolución de la reglamentación y su impacto en la práctica del Ejercicio Libre de la Profesión . : • El ELP en el Colegio de Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del tercer milenio. • Campos de actividad del ingeniero de Telecomunicación como profesional libre en nuevos materias no regladas y su problemática fiscal y administrativa. La asistencia de 125 compañeros de los cuales solo un 40% de ellos era libreejerciente, demuestra que el interés por conocer estos aspectos de la profesión despiertan un considerable interés entre los ingenieros de Telecomunicación. Cabe pensar que el interés suscitado por esta actividad profesional, en momentos que pueden considerarse de plena ocupación, se debe al deseo de poder realizar un trabajo profesional sino en los lugares de origen, si lo más próximo posible a ellos y lejos de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona que ofrecen casi un 80% de los puestos de trabajo a los nuevos ingenieros. La jornada del día 5 fue presidida por nuestro compañero, Pedro Alonso Manjón, Subdirector General de Promoción y Normalización de Servicios de Telecomunicaciones y responsable de la elaboración del REGLAMENTO Y NORMATIVA SOBRE ICT’S que, en ese momento se encontraba pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, y felizmente aprobado el 19 de Febrero y publicado en el BOE el 9 de Marzo, quién hizo una presentación de sus objetivos y de los resultados que la Secretaría General de Comunicaciones esperaba de su implantación. Igualmente hizo mención a los muchos inconvenientes y dificultades que, a lo largo de su elaboración, hubo que sortear para poder alcanzar el resultado final. La presentación de productos para la red de Televisión corrió a cargo de ALCAD con la presentación de sus últimos productos y gama especialmente adaptada a las características de las ICTs. La presentación de los materiales se complementó con ejemplos prácticos de cómo se pueden utilizar los mismos en las diferentes configuraciones de edificaciones. En el aspecto telefónico POUYET COMUNICACIONES presentó su gama de productos y soluciones para la red de telefonía. Esta presentación, al igual que la de MONDRAGÓN TELECOMMUNICATIONS eran esperadas con gran interés por los asistentes ya que la red telefónica nunca fue objeto de proyectos por parte de los libreejercientes y, al estar ahora integrada en la ICT, requiere la utilización de materiales específicos, según la Norma Técnica de aplicación, cuyas características fueron objeto de cuidadosa y detallada presentación por parte de las dos compañías. La infraestructura, especialmente cajas y registros, corrió a cargo de POUYET COMUNICACIONES e HIMEL, que presentaron sus soluciones y productos para satisfacer los requerimientos de los registros y cajas de paso que requiere la instalación de la infraestructura y canalización de las ICTs. La medida de las instalaciones de ICT, sus niveles y características de las señales recibidas en toma de usuario fueron objeto de una presentación detallada de PROMAX que, con sus equipos mostró la forma correcta de su realización. Se cerraron las presentaciones de productos con una exposición sobre Porteros Electrónicos, función que presenta una gran sinergia con la ICT y que, aunque no regulada por ninguna Norma, puede constituir un complemento a tener en cuenta en los proyectos e instalaciones de las ICTs. Como complemento de estas presentaciones se preparó una exposición con los productos presentados de forma que los asistentes pudieron tomar contacto físico con la realidad de los productos, recibiendo por parte de los técnicos de las mismas todo tipo de aclaraciones a las preguntas planteadas. El día 6 cambió totalmente el panorama al pasar de los aspectos técnicos a los aspectos más teóricos referentes a los profesionales libres y su problemática. La sesión fue abierta por nuestro compañero Roberto Sánchez Sánchez, Subdirector General de Gestión de Recursos Escasos de Telecomunicaciones quién realizó una detallada exposición de la política de la Secretaría General de Comunicaciones en la regulación de aquellas actividades relacionadas con el uso del espectro radioeléctrico y la normativa de aplicación. Hizo especial énfasis en el cambio en la normativa de solicitud de concesión de autorizaciones para la concesión de frecuencias a los usuarios de grupos cerrados de abonados, que tanto impacto ha tenido en la actividad profesional al reducir sustancialmente el volumen de los trabajos profesionales, exponiendo las nuevas líneas de actuación que permitirán recuperar si no toda, al menos parte de la misma. A continuación se presentaron las tres ponencias recibidas: Comentarios sobre el Real Decreto- Ley 1/98 de Infraestructuras Comunes de telecomunicación y su práctica (Autores: Bernardo Balaguer y Luis Méndez), en la cual se hizo una exposición de cómo dicho Real Decreto se puede cumplir, en contra de diversas opiniones que en esos momentos circulaban por diversos ambientes que insistían en la imposibilidad de su cumplimiento al no haber Reglamento y como los Ayuntamientos han comenzado a exigir la presentación del correspondiente Proyecto Técnico. Breves reflexiones sobre algunos aspectos de los proyectos de ICT(Autor: Agustín Rodrigo Ausin), en la cual el autor expuso su visión y conclusiones sobre la forma de cálculo de honorarios de proyecto. Esta intervención, acogida con gran interés por los asistentes, dio lugar a una de las conclusiones del congreso. El Ingeniero de telecomunicación, técnico titulado competente en telecomunicaciones y la ventanilla (Autor: Luis Méndez) presentó la problemática inherente al cambio en la denominación de los profesionales proyectistas que al ser nombrados técnicos titulados competentes deben demostrar, en todo momento su competencia para realizar determinados trabajos. También presentó una revisión de los campos de actividad que la ventanilla de la SGC ofrece a los Ingenieros de Telecomunicación y como éstos campos se van reduciendo cada vez más. Finalizada la exposición se abrió un animado debate en el curso del cual se recogió, como inquietud importante la necesidad de que el COIT se mantenga en estrecho contacto con la SGC de forma que no se pierdan competencias ni oportunidades de trabajo profesional. También se acordó que la elaboración de los Baremos de Honorarios debería ser una tarea colegiada, a la cual deberían de aportar sus ideas los miembros del colectivo y no dejar solo al Grupo del ELP y luego criticar sus conclusiones. La siguiente mesa redonda, El ELP en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación del tercer milenio tenía como moderador a Enrique Gutiérrez Bueno, recién elegido Decano del COIT y que, en este acto hacía su primera presentación pública. Comenzó Enrique explicando cual es su visión del COIT y la AEIT, como organismos abiertos a la participación de todos, con un Decano/Presidente menos personalista y con una implicación muy directa de los miembros de las Juntas en la actividad y vida diaria del Colegio. Las ponencias presentadas en esta mesa fueron las siguientes: El Grupo de trabajo del ELP en el COIT, Actividades y planes para los próximos cuatro años (Autor: Grupo de Trabajo del ELP. COIT), en la cual se presentaron los planes de organización para el trabajo de este grupo y los objetivos básicos a satisfacer: Optimización del COIT para un mejor servicio a los colegiados al menor coste y conseguir, con el apoyo de la Junta de Gobierno, que nuestra profesión y sus trabajos sean relacionados con calidad y profesionalidad, como camino para conseguir un mayor reconocimiento en nuestra sociedad Código de Etica de la Agrupación de Peritos Ingenieros de Telecomunicación (Autor: José Luis Prieto Villaumbrales), presentó las bases y fundamentos por las cuales la función del Perito Judicial debe actuar y cuales son los compromisos que los que realizan estas funciones deben adoptar, proponiendo que se redacte un código de ética y se incorpore a los Estatutos, recién aprobados de esta Agrupación. La Función pública de los Colegios Profesionales (Autor: Francisco Mellado), fue una exposición de los fundamentos legales y de interés social, que justifican y defienden la existencia de los Colegios Profesionales como órganos encargados de regular el ejercicio de la profesión por los miembros de una determinada titulación y cuales son los mecanismos de que disponen para garantizar dichos comportamientos al resto de la sociedad. La competencia desleal (Autor: Luis Méndez), expuso algunas ideas sobre como los libreejercientes, con sus acciones u omisiones, y como la actitud permisiva de unos Estatutos y Reglamento, pendientes de adaptarse a la regulación actual, permiten la aparición de una competencia desleal entre los miembros del mismo Colegio. Expuso, igualmente, como otros colectivos con las mismas competencias, pero miembros de otro grupo colegial realizan en la práctica diaria, y con una actividad tolerante del propio colegio competencia desleal frente a todo el grupo de librejercientes. Colegio, Colegiados, Ejercicio Libre, Comentario, Propuestas... (Autor: Carlos Valero Cebrián) fue una ponencia orientada muy directamente a analizar los diferentes perfiles de los librejercientes y los tratamientos fiscales que son de aplicación en cada caso estableciendo diferencias entre cada uno de ellos, algunas de las cuales se derivan de decisiones tomadas en otro momento histórico, y que hoy, el autor, propone alguna fórmula para paliar esta situación que también puede dar lugar a competencia desleal. Tras estas intervenciones se abrió un fluido e interesante debate del cual se extrajeron como conclusiones el correcto y adecuado planteamiento de la actividad del GRELP, la necesidad de que la calidad de los proyectos sea el hecho diferencial de nuestra profesión y el COIT asuma el compromiso de velar por el mismo a través de un análisis y revisión de los proyectos destinados a visado y que se estudie la creación de algún medio para reparar la desigualdad que la legislación actual establece entre los diversos libreejercientes. La tercera mesa redonda: Campos de actividad del ingeniero de telecomunicación como profesional libre en nuevos materias no regladas y su problemática fiscal y administrativa fue moderada por Jorge Pérez, Ex Decano del Coit. Abrió la misma dando las gracias por haber tenido la oportunidad de despedirse de todos en un acto público y manifestó su opinión de que, aunque con muchas dificultades, el campo profesional libre, en un entorno no reglado, constituye una oportunidad para los miembros de nuestro colectivo. El Ejercicio profesional de informática en el tercer milenio: "Tierra de Nadie" u " objetivo estratégico" para las atribuciones profesionales (Autor: Jesús Rivero Laguna) fue presentado por su autor como un análisis de oportunidad para los Ingenieros de Telecomunicación en el campo informático, en competencia libre con los Licenciados e Ingenieros en Informática, por no existir competencias atribuidas a esta profesión emergente en el campo profesional. Desarrolló diversas teorías sobre el posible acercamiento de ambas titulaciones, la aparición de los nuevos Colegios Profesionales en Informática y la conveniencia de realizar estudios que permitan conocer una postura y oportunidad de negociación de atribuciones profesionales Nuevas técnicas de diseño de redes de distribución de señales de televisión (Autor: Melchor Alonso Requejo), introdujo a los asistentes en el uso de los elementos de informatización y realización de programas específicos para la realización de los cálculos de diseño y obtener una mejora importante de los resultados de la red dimensionada con los mismos. Estudio de diagnóstico de TIC’s: Un nuevo campo para el ingeniero de telecomunicación y una ventaja competitiva para las PYMES, (Autores: Isabel Morales, José Luis Ruiz y Enrique Martínez). Los autores de esta ponencia presentan su experiencia personal en la realización de un trabajo profesional, en el que una vez desarrollada la adecuada metodología se puede realizar un estudio, bien aislado o de un conjunto de empresas para poder identificar las posibilidades que las nuevas TIC’s como fuentes de trabajo profesional en un nuevo sector. Sistemas de cableado estructurado, oportunidades para el ELP en un entorno no reglado (Autores: José Manuel Suero Ruiz, Juan José Sánchez Aguila-Collantes y Adrián Nogales Escudero). Esta ponencia presenta un nuevo y oportuno campo de actividad para los profesionales de la telecomunicación, que puede considerarse la extensión natural del campo de las ICT’s, si bien al no existir reglamentación oficial, normas de obligado cumplimiento, obligatoriedad de la implantación etc., representa un foro totalmente abierto en el cual la titulación y la competencia no son elementos determinantes para la elección de los autores siendo la " competencia profesional" en el sentido de conocimientos técnicos la que marcará las actuaciones que se presenten en este campo. El debate que siguió a estas ponencias relacionó los planteamientos expuestos en la primera, en donde se hablaba de delimitar campos de competencia con las oportunidades que se presentan en el mercado profesional. Surgió, como conclusión de esta mesa, la oportunidad de establecer un campo de estudio en el que se realice un verdadero análisis de la situación formativa, competencial y de orden práctico entre las telecomunicaciones y la informática con objeto de poder determinar, en su momento las posibles recomendaciones o actuaciones ante las autoridades oportunas a la hora de definir y determinar las competencias. Finalizó el Congreso con el ánimo feliz y satisfecho de los asistentes que encontraron en el mismo un foro adecuado para analizar y debatir su problemática. Se elaboraron unas conclusiones finales, algunas esbozadas en el texto anterior, pero que serán objeto de un análisis más pormenorizado en un próximo número y el deseo de que este Congreso se repitiese cada año. Siendo evidente que ni el coste económico ni el esfuerzo de organización están disponibles cada año, se acordó que el Día del Ejercicio Libre de este año fuese como una continuación del Congreso para analizar el estado de la evolución de las conclusiones y que, si los elementos y circunstancias lo permiten el siguiente congreso se celebre en el año 2.000. Grupo de Ejercicio Libre de la Profesión

Gretel Acceso indirecto al bucle de abonado como modelo de implantación del ADSL en España -------------------------------------------------------------------------------- El Grupo de Regulación de las Telecomunicaciones del COIT se constituyó en junio de 1997 como foro de análisis, seguimiento y difusión de los temas de regulación. Tras el inevitable "parón" debido a las elecciones a las Juntas, retoma su compromiso de ofrecer a través del BIT una visión colectiva de los temas de actualidad en regulación Uno de los fenómenos de mayor relevancia en el panorama actual de las telecomunicaciones es el fenómeno Internet/Intranet. El conjunto de servicios que permite hacen cada día más atractivo y llamativo el acceso a estas redes de cualquier tipo de usuario, ya sean éstos instituciones, empresas o simplemente particulares. Numerosos factores están contribuyendo al auge de este fenómeno, en un efecto de bola de nieve, que está creando a su vez una fuerte presión en todos los actores que intervienen en la prestación de este servicio, básicamente los Operadores de Servicios tradicionales de Telecomunicaciones (el dominante y los nuevos entrantes), los Proveedores de Datos y los Proveedores de Acceso a Internet (ISPs), sin olvidar claro está las Asociaciones de Usuarios y las propias Autoridades Regulatorias, que indudablemente participan y tienen mucho que decir en todo este entramado, todo ello sin citar al resto de agentes que intervienen en el esquema internacional que lleva aparejado asímismo el fenómeno Internet. Ya cabe entrever que la problemática y madeja de intereses son múltiples y complejos, lo que en ocasiones hace difícil encontrar soluciones que satisfagan totalmente, y a un tiempo, las legítimas y lógicas aspiraciones de cada uno de los afectados, y en particular, de los usuarios que reclaman, en pocas palabras, un servicio de calidad, de mejores prestaciones (banda ancha), una tarifa a precio asequible (si es posible plana), y con acceso universal. Por un lado los usuarios de Internet reclaman una mayor velocidad a un precio bajo y los operadores de telecomunicaciones disponen, a nivel mundial, de 650 millones de líneas de acceso de pares de cobre, que con las tecnologías clásicas no son capaces de superar los 64 Kbips. Para paliar este cuello de botella la tecnología ha desarrollado diferentes soluciones que se encuentran recogidas bajo la denominación de "soluciones para aumentar el ancho de banda en la última milla". Entre estas soluciones, destinadas a mejorar el aprovechamiento de las infraestructuras basadas en el par de cobre, se encuentra la familia de tecnologías conocidas como xDSL (X Digital Subscriber Line). La solución más popularmente conocida es el Sistema ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) por ser la utilizada mas frecuentemente por las compañías telefónicas. Este sistema, además de la señal de voz normal, permite la transmisión de una señal hacia la central de entre 16 y 640 Kbps y otra desde la central al terminal de gran ancho de banda, hasta 1,5 Mbps e incluso puede llegar a 9 Mbps. Por eso es un sistema muy util para servicios de datos de flujos muy asimétricos como es el caso de Internet. La instalación del sistema ADSL no es demasiado sencilla, ya que se necesita un modem en el domicilio y otro en la central. Además se trata de tecnologías escalables, pero que aún no han alcanzado una solución normalizada de carácter universal. Por otro lado, el modelo de negocio y dimensionamiento de la red telefónica actual, se fundamenta en el número de llamadas telefónicas y la duración de éstas, siendo su tipología y características, diferentes y opuestas a las del acceso a internet, que son menos numerosas pero más largas en duración. Compaginar ambos hechos sobre una misma red, con la tarifa plana, a precio razonable, y con la necesaria disponibilidad de un mayor ancho de banda, sería una tarea difícil incluso en un contexto de monopolio, especialmente si pensamos que hablar de una tarifa plana es hablar también de subvenciones de unos clientes a otros, y en este caso de los que menos usan la red a los que más la usan, lo que sería contrario, como cuestión de principio, al denominado servicio universal. Hacer esto, en el entorno de interconexión que exige el recién estrenado marco de competencia regulada (LGTel), es una tarea casi imposible. En este contexto la tarifa plana y la mayor disponibilidad de ancho de banda, sólo podía hacerse realidad utilizando el actual bucle de abonado con técnicas de mejora de su aprovechamiento, pero obviando la red conmutada telefónica. Esto es lo que se va a hacer a través de la implantación de las tecnologías ADSL en el bucle de abonado que permiten el envío y recepción de flujos de datos a alta velocidad, de forma simultánea al servicio telefónico tradicional. A todo ello se une la fuerte presión social que durante el último semestre del pasado año 1998 se generó en defensa de una tarifa plana para los usuarios de Internet, y que se tradujo en una exigencia de las Cortes Generales al Gobierno, para que, en línea con tendencias similares en el ámbito internacional, estableciera un mecanismo para dar respuesta a dicha presión, lo que implícitamente conducía a soluciones tecnológicas como la considerada. Esto llevó al Ministerio de Fomento a adoptar una actitud proactiva en este campo, con el doble objetivo de tratar de satisfacer las demandas de los usuarios y en paralelo, fomentar la aparición de nuevas tecnologías innovadoras, que ya operan de forma comercial en los países más avanzados, y específicamente en EE. UU. Telefónica por su parte, también ha sido lógicamente receptiva a esta iniciativa, adoptándola como algo propio de las demandas del mercado y del proceso natural de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Esto se hizo, a su vez, valorando la opinión de los agentes del sector, que tuvieron la ocasión de analizar la problemática de la tarifa plana en diversos ámbitos, y específicamente en el seno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Acceso a la Información, auspiciada por el Ministerio de Fomento. A tal fin, el pasado 26 de marzo de 1999, el Ministerio de Fomento ha publicado una Orden, publicada en el BOE 86 de 10 de abril de 1999, que establece el modelo de utilización de estas tecnologías y que básicamente pasa por las siguientes premisas, que se aplicarían únicamente a los operadores "dominantes", hoy en día, Telefónica. Se trata de un acceso asimétrico de velocidades de transmisión elevadas que posibilita la conexión entre dos puntos extremos (usuario y prestador de servicios), con la posibilidad de seleccionar, por parte del usuario, una de entre varias velocidades de acceso, y que permite la facilidad de conexión permanente, consistente en que no se precisa de marcación para establecer la conexión en cada llamada. El operador "dominante" provee el tramo entre el usuario y el prestador de servicios, en las condiciones que se indican más adelante, pudiendo elegir cada usuario un solo prestador de servicios, que no tiene por que ser el mismo que el operador del servicio telefónico. El modelo establece unas obligaciones genéricas y otras específicas, con el doble objetivo de satisfacer, por una parte, la petición de los usuarios de una tarifa plana y mayor ancho de banda, con precios atractivos y con un carácter de práctica universalidad en un razonable período de tiempo, y por otra, las peticiones específicas que puedan provenir de otros agentes del sector, especialmente otros operadores o grandes proveedores de datos e ISPs. En cuanto a las obligaciones genéricas, éstas consisten en el acceso indirecto al bucle de abonado en los denominados puntos de acceso (uno por demarcación) a los que se pueden conectar cualquier titular de una licencia individual (operador de telefonía o de infraestructuras al público) o de una autorización tipo C (Transmisión de datos), y siempre, bajo condiciones equitativas y no discriminatorias entre los distintos operadores. Las condiciones técnicas de acceso indirecto al bucle de abonado se basan en el establecimiento de canales virtuales, con estructuras de trama de Modo de Transferencia Asíncrono (ATM), entre el punto de terminación de red del abonado al servicio telefónico y el mencionado punto de acceso indirecto, en el que se conecta el operador autorizado. Los medios técnicos para la provisión del acceso indirecto al bucle de abonado mediante tecnologías ADSL, se componen de: • Punto de terminación de red de la red pública telefónica fija, al que se conecta el terminal del abonado. • Medios digitales de transmisión ADSL, establecidos sobre el bucle de abonado de la red pública telefónica fija. • Elementos de transmisión y concentración de tráfico, que proporcionen el transporte de los flujos digitales ATM desde los elementos ADSL establecidos, hasta el punto de acceso indirecto al bucle. • Punto de acceso indirecto al bucle de abonado, en el que se conectan los diferentes operadores autorizados. Se han establecido 109 demarcaciones que cubrirán el territorio nacional, contemplándose dos fases para la total apertura de estas demarcaciones, fase I, hasta el 31 de diciembre del 2000, y fase II, a partir de esta fecha. El comienzo de la operatividad del servicio se producirá en los comienzos de la segunda mitad del presente año y se hará partiendo de unas premisas de tráfico por central local, con una apertura inicial de 161 centrales locales y 10 demarcaciones. Los operadores podrán contratar las siguientes velocidades de conexión al punto de acceso indirecto: • Flujo binario máximo en ambos sentidos de hasta 34 Mbits/segundo. • Flujo binario máximo en ambos sentidos de hasta 155 Mbits/segundo A su vez, las ofertas al usuario comprenderán, al menos, las tres modalidades A, B Y C. Las modalidades A y B proporcionan un flujo binario máximo en sentido operador a usuario de 256 kbits/s y 512 kbits/s respectivamente, y en sentido usuario operador de 128 Kbits/s. La modalidad C proporciona un flujo binario máximo en sentido operador a usuario de 2 Mbits/segundo, y en sentido usuario operador de 300 Kbits/segundo. La relación contractual para la prestación del servicio se establecerá entre el usuario y el prestador de servicios quien, a su vez, contratará con el operador "dominante" el flujo binario correspondiente (34 ó 155 Mbits/seg.) y la Modalidad correspondiente (A, B o C) de servicio, estando previsto, que los niveles de precio en el mercado se sitúen en entornos similares a los correspondientes a los servicios comerciales de este tipo que se prestan en EE. UU. En cuanto a las obligaciones específicas, el operador "dominante" deberá realizar ofertas especiales cuando se le solicite el acceso al bucle de abonado en las centrales locales por algún operador autorizado y para la provisión de modalidades de acceso con mayores requerimientos técnicos que los ya señalados. Entrando en la valoración del modelo, es fácil imaginar que esto se presta a numerosos enfoques y puntos de vista, aunque básicamente se podrían resumir en dos: la valoración desde la óptica de los usuarios y la valoración desde la óptica de los agentes que intervienen en la cadena de valor. En lo referente a los Agentes que intervienen en la cadena de valor, es evidente que las opiniones son diversas y encontradas, aunque la realidad y forma de aplicación de la Orden será la que dicte la bondad o no del modelo. Aunque no hay unanimidad sobre cuales pueden ser las consecuencias para los Proveedores de servicio, la mayoría se inclina a pensar que esta Orden junto con InfoVía Plus, reducirá los mas de 400 ISP’s existentes hoy en España a unas pocas decenas, previsiblemente, a través de procesos de concentración empresarial. También podrían salir beneficiados de la aplicación de esta Orden Ministerial los competidores del operador "dominante", ya que más allá de la preocupación por el uso del bucle de abonado existente, este servicio abre nuevas posibilidades de negocio para todos los operadores, al permitir el crecimiento de un segmento de nuevos clientes prestatarios de nuevos servicios. Estos, combinados con aquellos otros usuarios del servicio telefónico que vienen captando los nuevos operadores en competencia, pueden constituir una base de clientes de calidad, que eventualmente les permitirían el desarrollo de su red de acceso, de una forma selectiva y con clientes "en mano", todo ello, sin las cortapisas a que está sometido el operador dominante. En la otra cara de la moneda, no debe olvidarse que el desarrollo de este servicio, como toda innovación tecnológica, puede llevar consigo efectos de canibalización de algunos de los servicios existentes, aspecto que sin duda afectaría en mayor medida al operador dominante. Es llamativo, que el servicio de acceso ADSL, que nace ligado a la reivindicación de tarifa plana por parte de los de internautas españoles (casi dos millones) beneficiará inicialmente, si son capaces de aprovecharlo, a las empresas y los grandes consumidores de datos, porque podrán conseguir grandes velocidades durante las veinticuatro horas del día a un precio muy inferior al que tienen que pagar hoy por ese mismo servicio, dejando abierta la incógnita sobre la aceptación que tendrá el mismo en el usuario doméstico, que hace un uso esporádico de Internet. En cualquier caso la decisión de la Administración de regular de esta manera el "acceso indirecto al bucle de abonado", además de abaratar el tráfico de datos, puede tener el efecto benéfico de impulsar fuertemente el despliegue de la redes ATM en nuestro país y situarnos en el grupo de cabeza de los países que despliegan la tecnología ADSL. Por otro lado, es un paso más en la dirección de promover la creación de contenidos en castellano, un difícil objetivo largamente acariciado tanto por la Administración como por los distintos agentes del sector, y del mundo cultural. Por el contrario, el aspecto más controvertido de la medida es su posible efecto sobre las inversiones de los operadores entrantes en las redes de acceso y el impacto de este modelo, sobre la competencia efectiva en el bucle da acceso. Por otra parte, también persisten aspectos sobre los que debe aún avanzarse, y merece la pena destacar los concernientes a la consolidación de la tecnología, y el establecimiento de criterios de calidad que involucren a todos los agentes que participan en la provisión del servicio final Como vemos, al regulador le queda mucho trabajo en este tema, y el modelo y desarrollo de este servicio, lejos de estar cerrado y asegurado, precisará del impulso continuado y de la voluntad de las instituciones políticas y agentes del sector, al objeto de llevarlo a buen término. La importancia del tema, los distintos intereses en liza (agentes del sector, instituciones políticas, organizaciones de usuarios, etc.) previsiblemente forzarán un escrutinio permanente sobre el servicio, lo que a buen seguro llevará a enjuiciar los resultados, e indirectamente el modelo elegido, en una fecha no necesariamente coincidente con la prevista por las disposiciones legales (31 de diciembre del 2000). -------------------------------------------------------------------------------- En esta nueva etapa, el GRETEL99 ha quedado definitivamente constituído por las siguientes personas: Margarita Alvarado (estudiante colaboradora) Luis Castejón Claudio Feijóo José Fernandez-Beaumont Pedro Garcia Carlos González José Manuel Huidobro Regina Knaster José Luis Machota Gustavo Matías José Javier Medina Francisco Mellado Adrián Nogales Fabián Plaza Jorge Pérez (coordinador) José Roberto Ramírez Pilar Rodríguez (estudiante colaboradora) José Rueda Malik Samjee (estudiante colaborador) Roberto Sánchez Juan Ignacio Sánchez - Piñole Vicente Sánchez Julián Seseña Carlos Tirado y Juan Vega

Gretel La hora de la radio digital -------------------------------------------------------------------------------- España no puede quedar fuera de la carrera por la implantación de la radio digital que desde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se ha propiciado durante los últimos años en todos los países miembros de este organismo Es mucho lo que está en juego con la introducción de la Radiodifusión Sonora Digital –conocida como DAB- ya que se esperan cambios radicales debido a la mejor utilización del espectro radioeléctrico, a la mayor calidad del sonido (equivalente a la de un disco compacto actual) y a la posibilidad de ofrecer un gran número de nuevos servicios (transmisión de datos, información de tráfico, mensajería, servicios de búsqueda, Internet...). Todo ello sin contar con que desde el punto de vista estrictamente técnico se podrá añadir más parte del espectro para ser utilizado tanto por operadores públicos como privados, a la vez que se podrá simplificar enormemente la gestión de las frecuencias y perfeccionar la recepción de la señal, que será prácticamente inmune a las interferencias. Los radioyentes acabarán siendo los principales beneficiarios. La DAB (Digital Audio Broadcasting) tiene su origen en el proyecto EUREKA, que a finales de los años ochenta abordó la necesidad de desarrollar un sistema de Radiodifusión Sonora Digital que permitiera la recepción móvil y también la difusión de servicios multimedia. Dado que la asignación de frecuencias para estos servicios es una condición necesaria pues no existe espectro disponible, este tema se abordó en la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) de Wiesbaden. Allí se definieron los parámetros físicos que permiten la implantación de 59 bloques de frecuencia para la nueva radio. Amparándose en estas y otras razones la Administración se propone sacar adelante por Real Decreto un Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal cuyo desarrollo legal se sustenta en la disposición adicional cuadragésimo cuarta de la ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Algunos expertos en regulación califican esta medida como "régimen de urgencia" y la atribuyen a la necesidad sentida por el Gobierno de adelantarse a regular un nuevo servicio, similar al de televisión por cable y la televisión digital, con el fin de llenar lagunas legislativas y para que los nuevos servicios que se predican no penetren en el mercado a través de otros medios y, en definitiva, la radio no se vea privada de muchos de sus actuales oyentes. Todas éstas son razones de peso que no hacen sino reforzar la importancia de la implantación de la radio digital en España. Pero, precisamente por esta importancia y porque, como reza el proyecto de real decreto "para facilitar el desarrollo de la radiodifusión sonora digital terrenal en España es preciso partir desde el primer momento de un escenario cierto que permita a todos los sectores involucrados conocer los plazos con arreglo a los cuales se producirá la implantación", se hace necesario desde GRETEL un análisis sereno del tema. Aún ante la carencia de los anexos del Plan Técnico, lo que hace difícil precisar cuál sea el modelo de radio digital que propone el Ministerio de Fomento, cabe destacar en primer lugar que en el proceso de implantación no se contempla ni a corto ni a medio plazo la sustitución de la tecnología analógica por la tecnología digital, al contrario de lo que se ha planteado para el paso del sistema analógico al digital en el área de la televisión terrenal digital, materia en la que se ha establecido un calendario de migración de una tecnología a la otra. Esta indefinición, que en principio no debe considerarse ni buena ni mala, deja a las fuerzas del mercado el que permanezcan dos modelos de radio –el de antes y el de después de la digitalización- o que se proceda algún día al definitivo traslado al sistema más moderno. En cualquiera de los casos, y dado que la nueva radio digital va a necesitar importantes inversiones que no todos están dispuestos ni preparados para afrontarlas, convendría disponer de algún tipo de estudio previo –sea por parte del sector público como del privado- sobre el impacto económico e industrial que puede suponer la implantación de este sistema. Las inversiones de red necesarias para desarrollar el nuevo servicio se ven condicionadas por el hecho de la no existencia de receptores digitales en el mercado o la presencia de unos pocos a precios muy elevados. Además, ya está en el mercado el sistema RDS que ofrece algunos de los nuevos servicios previstos para la radio digital. ¿Quién va a comprar una radio digital? La penetración del nuevo servicio no parece que vaya a ser rápida (es previsible que comience por los automóviles de gama alta), sobre todo teniendo en cuenta la cifra de inversiones necesarias (del orden de 7.000 millones de pesetas) que, según algunas estimaciones, habrá que hacer para reconvertir el actual sistema de recepción. Históricamente los servicios de telecomunicación han tardado un plazo importante en alcanzar su madurez de forma que, normalmente la penetración a los 10 años es de un 20% del mercado potencial. Vista esta evolución parece aconsejable que las nuevas licencias puedan adjudicarse por un periodo superior a los 10 años, dadas las dificultades reales de penetración que se dibujan en el horizonte. La cuestión de los plazos y las condiciones de la adjudicación de las nuevas frecuencias van unidas indefectiblemente a la competencia, es decir, a la subsistencia de los actuales radiodifusores y a la entrada de nuevos agentes. Estamos ante una cuestión que tiene varias aristas. Por una parte los criterios que se exijan para la renovación deben ser tales que no desincentiven la competencia en el caso de que tengan asegurada la renovación, pero al tiempo deben evitar la discrecionalidad en el proceso de renovación, para lo cual habrá que contar con criterios objetivos para fundamentar la renovación. En el borrador de Real Decreto que estamos comentando, se hace mención a unos plazos en que debe alcanzarse determinada cobertura en términos de población, que traducidos a la realidad, supone que el servicio debe comenzar por Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Sin duda esto responde a una realidad comercial obvia que la norma incentiva. Sin embargo, la norma desincentiva a posibles radiodifusores interesados en comenzar el servicio por zonas donde la oferta de radio analógica es mala y los nuevos programas-servicios podrían suponer mayor valor añadido para los usuarios. Conviene no olvidar que algunos de los nuevos servicios de telecomunicación, por ejemplo la TV digital, han alcanzado mayor penetración (usuarios/habitantes) en zonas de menor densidad de población. Por otra parte, dado que en los concursos se establece con claridad y como único criterio de valoración que se tomarán en consideración las infraestructuras preexistentes, podría entenderse que en determinadas circunstancias la estricta aplicación de este criterio podría suponer una barrera de entrada de nuevos agentes al sector radiofónico puesto que tal decisión jugaría a favor de los operadores ya instalados. No debemos olvidar que se debe garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y es aquí dónde cobran importancia los técnicos y el papel regulador de los Organismos competentes. La existencia de proyectos técnicos y su exigencia por la Administración, supondrá en la práctica, la garantía de que el usuario va a disponer de servicios de calidad. En relación con el tema de la competencia cabe añadir que la introducción de la radio digital debería llevar aparejada una profunda revisión de las normas sobre concentración para que se aporte garantías de variedad y pluralidad a la oferta radiofónica en general. A tenor de lo recogido en el proyecto legislativo será difícil conocer de antemano la configuración de la oferta de programas que se emiten en un mismo ámbito geográfico puesto que es posible que coincidan en el tiempo las convocatorias de nivel estatal y autonómico. Podrían añadirse también otras observaciones a distintos puntos concretos del proyecto. Por ejemplo: no está muy claro cuál es la función y la organización del nuevo operador de canal múltiplex que debe afrontar los nuevos servicios de la radio digital (la gestión de la capacidad del múltiplex y la provisión de programas). Cada multiplex necesita un transmisor. Por tanto, al compartirse el múltiplex entre varios radiodifusores es preciso que se pongan de acuerdo en el proveedor del servicio que puede variar según la zona considerada y una vez acordado quién da el servicio, poder repartir los costes asociados. En concreto, el hecho de compartir el múltiplex entre radiodifusores públicos y privados hace difícil compaginar los distintos intereses de los participantes en el múltiplex. Se supone que los radiodifusores públicos deben prestar el servicio orientados por criterios de servicio público (universal) mientras que los privados utilizan criterios de maximizar beneficios. Ambos criterios son difícilmente conciliables si se tienen que compaginar dentro de un mismo múltiplex. En relación con algunos porcentajes se señala en el proyecto que el 20% de la capacidad de transmisión del programa puede utilizarse para la transmisión de nuevos servicios (datos, etcétera), pero se aprecia una indefinición respecto a quién va a ser el transmisor de datos, cuando el desarrollo de estos nuevos servicios puede ser un aspecto clave en el despliegue de la radio digital. Respecto al 15% de duración en las desconexiones regionales que se pretende en el proyecto parece conveniente que esta cifra sea superior –quizás un 20 ó un 25%- dada la diferencia de los distintos territorios que conforman el Estado español y las necesidades relacionadas con los recursos de la publicidad local para las cadenas comerciales. Todavía una acotación fundamentada en la tecnología. Para que sea posible el comienzo de las emisiones de la radiodifusión digital en las fechas previstas es preciso en primer lugar que los bloques de frecuencias se encuentren disponibles. Por ello TVE deberá solicitar autorización para continuar sus emisiones en un canal alternativo en la banda 470 a 758 MHz, lo que significa que deberán resintonizarse los canales y ello puede suponer una apreciable pérdida de audiencia. Para paliar estos y otros inconvenientes quizás se debería prever un tiempo de emisión simultáneo a través tanto de los canales que se van a abandonar como de los que van a comenzar a usarse. El objetivo de que en fecha de uno de enero del año 2000 deberá estar disponible la red de frecuencia única es difícil de cumplir. Debería, por tanto, flexibilizarse dicha fecha. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones

Gretel Condiciones de Calidad en la Prestación de Servicios de Comunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- La regulación de las condiciones de calidad en las que se deben prestar los servicios de comunicaciones es un tema de permanente actualidad, tanto desde el punto de vista de los usuarios, a los que afecta directamente, como desde el de los agentes que se encuentran en competencia dentro del Hipersector de la Información y las Comunicaciones Estas condiciones de calidad incluso afectan notoriamente a la percepción que pueda tener el mercado sobre las bondades y capacidades de este Hipersector. En esta línea de actualidad, la Administración ha presentado muy recientemente un "Proyecto de Orden por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones" como desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en sus aspectos relativos a la regulación del servicio universal y demás obligaciones de servicio público. Todo ello plantea un buen número de cuestiones sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones y su regulación que es interesante considerar en detalle. Así, el propósito de este artículo es la revisión general de la cuestión de la regulación de la calidad en comunicaciones, y no tanto del mencionado Proyecto de Orden que será utilizado tan solo como ejemplo de la posición regulatoria tradicional. Regulación o no regulación, esa es la cuestión En primer lugar se debe plantear si realmente es necesario regular la calidad con que se prestan los servicios de comunicaciones o si debe dejarse que las propias fuerzas de mercado, en un entorno de adecuada competencia, sean las que permitan que los usuarios y el mercado determinen si merece la pena el servicio que tienen contratado con un cierto proveedor al precio que pagan. Esta cuestión de la necesidad o no de regular la calidad de los servicios es aún más importante por dos circunstancias que se dan precisamente en la actualidad, aunque no necesariamente estén presentes en un futuro a medio plazo. La primera de ellas es que el éxito de la introducción de nuevas redes, servicios y aplicaciones convergentes, piénsese en Internet, se basa en una apreciable parte en una estrategia que utiliza la ausencia de calidad como factor determinante en el abaratamiento de costes de todo tipo y en la permisividad para efectuar toda clase de experimentos con usuarios reales. Hay que tener en cuenta que tanto los protocolos de Internet como los dispositivos que permiten encaminar la información, por no hablar de las mismas aplicaciones o software que manejan los usuarios, utilizan estándares de calidad (incluyendo casi la completa ausencia de la misma en algunos casos) totalmente alejados de lo que sería mínimamente aceptable en un entorno de servicios de telecomunica- ción clásicos (como la telefonía básica). Como corolario de esta idea, parecería que la ausencia de regulación de la calidad puede favorecer la aparición de nuevas redes, servicios y aplicaciones que con el tiempo pueden alcanzar unos estándares de calidad aceptables. Otro ejemplo, en este sentido de relación entre calidad y desarrollo del mercado, lo constituye la telefonía móvil, donde la notoria falta de calidad (ruidos, cortes, imposibilidad de establecimiento de la comunicación, zonas de sombra, ...) no ha impedido que este servicio de comunicaciones sea un éxito fulminante en el mercado. La segunda circunstancia a considerar para la regulación de la calidad lo constituyen las obligaciones derivadas del servicio universal de telecomunicaciones, de las obligaciones de servicio público y de las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de comunicaciones. Estas obligaciones están ligadas a la definición del servicio universal y del servicio público así como a la defensa y protección del consumidor. Este segundo punto de vista parece obligar a introducir algún tipo de regulación sobre la calidad de los servicios de tipo universal o público. Obsérvese en cualquier caso, que la introducción de regulación de la calidad para unos servicios y no para otros introduce una asimetría en las obligaciones y en las oportunidades del mercado, sobre todo si se tiene en cuenta la convergencia y la aparición de nuevos servicios basados en el paradigma de Internet. Esta asimetría en servicios que a día de hoy son distintos, como puede ser el ejemplo de la telefonía básica y la telefonía IP, puede ofrecer resultados muy diferentes a los que persigue la regulación en términos de competencia justa. Por otra parte es notorio que la definición de lo que es el servicio universal va a sufrir una revisión continua a lo largo de los próximos años, con las consiguientes implicaciones en la regulación de la calidad de estas nuevas versiones de servicio universal. La regulación de la calidad y la competencia Después de la discusión anterior, se puede aceptar como hipótesis que es necesaria la regulación de la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones por mor del servicio universal y el servicio público. Pero ahora surgen dos dudas. La primera es: ¿a quién se le aplica esta regulación? ¿a todos los operadores o sólo a aquellos que son dominantes?. Y en segundo lugar: la regulación de la calidad ¿es solamente para el servicio universal o, previendo la convergencia y la redefinición del servicio universal, se debe aplicar a prácticamente todos los servicios que puedan ser de interés para los usuarios en un futuro cercano?. En los párrafos siguientes se discuten ambas cuestiones. La regulación de la calidad de la prestación del servicio tan solo a los operadores dominantes tiene puntos fuertes. En primer lugar, es este tipo de operadores el que está ligado con el servicio universal, un servicio que incluye un nivel mínimo de calidad entre los elementos que lo definen, y, en segundo lugar, pudiera ser que la obligación de los operadores dominantes de cumplir unos mínimos de calidad, haga que la competencia se vea obligada a superar estos mínimos para hacer atractiva su oferta de servicios ante el mercado. Sin embargo, es patente que la introducción de una regulación de este tipo corre grandes riesgos. Por un lado introduce otra asimetría más entre los diferentes operadores y proveedores presentes en el mercado español. Por otro lado, puede tentar al efecto contrario al buscado, es decir, rebajar la calidad a costa de un menor coste que haga suficientemente interesante el servicio al usuario. No olvidemos a este respecto que, como se ha mencionado, Internet demuestra cada día que existen usuarios dispuestos a una gran rebaja en la calidad si con ello consiguen una notoria reducción de sus costes. Y esto es cierto, no solamente para los usuarios, sino también para operadores de infraestructuras o proveedores de servicios. Con respecto a la segunda cuestión, ¿qué servicios deben regularse?, el proyecto de orden mencionado solo hace referencia a la calidad de los servicios de telefonía fija y a los circuitos alquilados, hace una mención de pasada para algunos parámetros que podrían aplicarse en un futuro a la telefonía móvil, y deja a un lado, por ejemplo, los servicios de acceso a la información, léase acceso a Internet. Puestos a regular calidad de servicios, no tener en cuenta a la telefonía móvil no parece tener mucho sentido en un país en el cual el año que viene el número de teléfonos móviles sobrepasará al de teléfonos fijos, lo que no solo plantea la cuestión de la regulación de su calidad, sino también la propia definición de telefonía básica y de servicio universal. Con respecto al acceso a Internet, el tema es mucho más complicado y es hasta cierto punto lógico que el proyecto de orden pase de puntillas sobre esta cuestión. ¿Por qué?. Pues porque el acceso a Internet es un servicio donde confluyen diversos operadores y proveedores. ¿Quién es el responsable de la calidad global, que es lo que el usuario final percibe?. ¿El ISP, el operador de acceso (típicamente el telefónico), el operador de datos, algún misterioso operador de backbones en Internet, o quizás el servidor de contenidos?. Considérese el conocido caso de las llamadas fallidas a Internet a través de la extinta Infovía, donde la indefinición del responsable de la calidad del servicio dejaba indefenso al usuario frente a situaciones que simplemente no entendía. O considérese también el reciente informe de la CMT sobre el acceso a Internet en España donde se señalan las barreras que dificultan el acceso masivo de los ciudadanos entre las que están desde el ordenador personal y su abstruso y poco fiable sistema operativo hasta la elevada tarifa plana. Desde esta visión de promoción del acceso a Internet como algo que contribuirá al desarrollo económico y social del país parece ya tiempo de enfrentarse con el problema de su calidad. Por supuesto, dentro de la definición de la calidad de todos estos servicios habría que incluir todo tipo de esquemas de difusión de televisión, o ¿es que al usuario que se le va la señal de un partido por el que ha pagado no hay que considerarlo dentro de los servicios susceptibles de calidad mínima?. Además la transparencia en la calidad es clave en un entorno de competencia y convergencia que se dirige hacia la interconexión de operadores y la interoperabilidad de servicios y donde el usuario solamente percibe la calidad global del servicio y no tiene por qué entender las complejidades técnicas sobre las responsabilidades de los diferentes agentes implicados. Apuntes para un nuevo enfoque de la calidad en comunicaciones Después de las discusiones de los apartados anteriores, parece notorio que no hay ninguna solución que basada en el actual marco regulatorio sea satisfactoria para todos los agentes implicados. Por ello, en este apartado se apunta muy someramente una solución que incluye un cambio de las reglas del juego. Considérense, como ejemplo, los parámetros que miden la calidad del servicio telefónico básico según el proyecto de orden. Son: el tiempo medio de suministro de la conexión inicial, la tasa de cumplimiento de plazos de suministro, la proporción de averías por línea de acceso, el tiempo medio de reparación de averías, la tasa de cumplimiento de plazos de reparación, la proporción de llamadas fallidas, la demora en el establecimiento de llamada, la proporción de puntos de acceso público de pago, la proporción de llamadas a servicios de operadora y de consulta no atendidas y la tasa de reclamaciones por facturación. Dejando a un lado la discusión sobre el valor numérico de los parámetros, que no es el objeto de este artículo, obsérvese que de los diez parámetros mencionados, los ocho primeros se refieren a infraestructuras o a servicios difícilmente separables de éstas y los dos siguientes a servicios claramente desagregables. De estos dos últimos parámetros de servicios es dudoso que exista ninguna necesidad de regulación puesto que, si existe suficiente competencia en servicios, y parece que la hay, ya se encargará el mercado de obtener un servicio satisfactorio. Nótese que hasta en el ejemplo del acceso a Internet, se cuidan estos dos aspectos. En cambio los parámetros de control sobre la calidad de infraestructuras son absolutamente necesarios puesto que hacen referencia a algo que es actualmente, y probablemente durante bastante tiempo, un recurso escaso: la red de acceso. Generalizando a partir de este ejemplo, el principio de la regulación de la calidad sería mantener la vigilancia sobre los parámetros y prestaciones de estos recursos escasos, sean del operador que sean y sirvan para el servicio que sirvan. De esta manera es posible que el usuario tenga una mayor garantía de la calidad y sepa a quién atribuírsela y también es posible que los agentes que tengan que interconectarse o interoperar sabrán con que pueden contar o qué pueden ofrecer al usuario con seguridad, evitando futuros conflictos entre operadores, con el usuario como espectador y damnificado. Una regulación de la calidad basada en esta idea tiene además la ventaja de que el usuario siempre estaría protegido, a veces incluso a su pesar, como cuando está dispuesto a tener un servicio, tipo telefonía móvil, sin reparar inicialmente en los aspectos de calidad. Por supuesto, esto no es más que una idea de comienzo, y todavía sería necesario la consideración de cuáles son los recursos escasos actuales (que pueden cambiar con el tiempo) y que parámetros definen adecuadamente su calidad. También hay que considerar con cuidado si a la regulación de los recursos escasos (básicamente infraestructuras de comunicaciones) hay que añadir la regulación de algunos servicios básicos (soporte a la operación, conmutación, ...) que son complicados de desagregar de las infraestructuras y que quizás deban tener también una definición en términos de parámetros de calidad. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones

Gretel Políticas ante la era digital -------------------------------------------------------------------------------- Noticias como la reciente aprobación del proyecto de firma electrónica, el avance de los planes de I+D estatales y de varias comunidades, así como las nuevas formas de acceso inalámbrico a las redes, nos compensan en parte de otras sobre la menor utilización relativa de Internet o el lentísimo avance del comercio electrónico en España Es hora, pues, de preguntarse si las políticas nacionales favorecen la nueva economía digital, que un reciente informe del Gobierno norteamericano –”Emerging Digital II”– evalúa en casi el 8% del PIB y considera fuente principal de crecimiento económico, de productividad y de reducción de precios en dicho país. En España, en cambio, contamos con más expresiones de voluntad política que con cifras estimativas o hechos reales. Esas voluntades se refieren a conceptos de fronteras tan borrosas como los de innovación y difusión tecnológica, tecnología e innovación, o incluso investigación y desarrollo o formación e investigación. Conceptos todos ellos que, pese a su vaguedad, operan con la misma materia prima, tan inmaterial e intangible como sus derivados: la información, que es –cada vez más– creada, procesada, transmitida y almacenada por medios digitales. Por ello, hay que agradecer el actual proceso de clarificación y reconocimiento de que vivimos en una sociedad de la información. Eso implica admitir que cualquier política global, supranacional, estatal, o regional y local, tiene que responder al desafío de los nuevos tiempos, pese a que la cultura de los agentes no esté preparada. Entre nosotros, ni siquiera está preparada para ese reto la cultura vivida o emitida por quienes deberían liderar el proceso. Nuestros líderes ni siquiera son conscientes de que, precisamente porque la sociedad de la información es mucho más que un concepto, también vivimos en una economía de la información. En consecuencia, cualquier política económica, de cualquier nivel, y muy especialmente las de carácter regional y local, si quiere tener algún efecto sobre la estructura económica a través de recursos tan fundamentales como la innovación y la formación y el conocimiento, tiene que operar sobre las infraestructuras y sobre las superestructuras de la información. Cambiar las superestructuras es tan difícil como instroducir los otros cambios. Implica cambiar la cultura, las ideas y las formas de pensar, percibir o medir el fenémeno. Y en esto ni siquiera contamos con las adecuadas herramientas analíticas. Ni la información aparece explícitamente en las estadísticas oficiales o las cuentas nacionales, ni su economía se enseña en la Universidad o los institutos (salvo en algunas especialidades de empresa que han introducido como materia los sistemas de información). Para colmo, ni siquiera algunos de los mejores economistas llegan todavía a distinguir entre tecnologías de la información y las comunicaciones (telecomunicaciones, informática y medios audiovisuales), contenidos informativos (flujos o mensajes transportados poir tales tecnologías) y conocimiento (resultado de sumar a la materia prima informativa todos sus citados derivados, hasta convertir los flujos informativos en un verdadero stock o depósito de conocimientos). Se trata, sin embargo, de diferencias tan elementales como la existente entre la actividad de los medios de transporte (coches, trenes, barcos o aviones), los objetos transportados (personas o mercancías) y el resultado de ese servicio en el conjunto de la economía. Lo cierto es que, aunque todavíaq no lo sepan ni los que mandan ni esos economistas, estamos inmersos en una economía de la información y el conocimiento, en una economía donde el transporte de información (de datos e ideas al fin y al cabo) tiene ya más importancia real que el transporte de personas o mercancías por tierra, mar y aire, que generan como mucho el 4 ó 5 del PIB y aún menos del empleo en los países más avanzados. Todavía sumarían menos sin descontamos las deseconomías externas como los atascos o las víctimas de accidentes de tráfico, evaluadas por diversos autores en más de la mitad de ese porcentaje. Pero los números cantan: las tecnologías de la información como medios de transporte de datos, ideas, imágenes, etcétera se situarían entre el 5% y el 9% del PIB, aunque si se les añade el creciente valor de los contenidos informativos ya mediatizados alcanzan a duplicar esas respectivas cifras, de forma que el conjunto de la cadena de valor del multimedia o del hipersector informativo se situaría en los países más desarrollados entre el 10% y el 20% del PIB. Pero si en vez de la información queremos estimar el más amplio fenómeno del conocimiento (integrado tanto por la información sobre atributos como por la información sobre técnicas o tecnología) nos iríamos en las economías más avanzadas al 40% ó 50% del PIB y a una cifra algo mayor del empleo. Junto al espacio físico está así surgiendo un espacio informativo, que lo sustituye en tanta o mayor medida como lo complementa. Y ello porque, a la hora de organizar económicamente una sociedad cada vez más compleja, la información pasa a ocupar un papel central en la economía-actividad, si no todavía en la economía-ciencia ni en su enseñanza, que tarda en darse cuenta de las consecuencias del cambio de una economía basada en el mando directo a otra cimentada sobre el control informativo. Alguna responsabilidad tiene en ello el que la información haya sido considera por la teoría como un bien no exclusivo ni transparente, de manera que tarda en imponerse como commodity o mercancía, pese a la tremenda evidencia y a la fuerte capacidad de arrastre de los grandes avances tecnológicos y de los cambios sociales, así como la consideración del conocimiento como la causa de casi dos tercios del aumento de la productividad total de los factores. Así lo acaba de reconocer el Banco Mundial, en su informe “El conocimiento al servicio del desarrollo”. Como otros del G-7 y de otras instituciones internacionales, este informe revela que en las políticas globales se ha pasado de la consciencia a la acción. También en las políticas supraestatales acometidas por los EEUU con su Infraestructrua Global de la Información, la Unión Europea con su política de Sociedad de la Información, e incluso Japón, Canadá y Austria con planes similares. Todas ellas se caracterizan precisamente no sólo por preparar las infraestructrueras de la nueva economía (cables de fibra óptica y satélites prolongados en redes digitales que, además de su propia función, mejoran la de las carreteras, trenes o puertos), sino por querer cambiar algunas superestructuras, empezando por ejemplo los planes tecnológicos o de I+D para favorecer la innovación y la difusión del conocimiento. El IV y el V Programa Marco de la UE son buena prueba de cómo se extiende la horizontalidad de las tecnologías de la información hasta copar la mayoría de los recursos disponibles, ejemplo que necesariamente se extiende a los programas subsidiarios de los estados, las regiones o las ciudadades. Esa horizontalidad se refleja en el Plan español y ahora el madrileño, que han salido después del acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de abril pasado lanzando una Iniciativa Estratégica para el desarrollo de la Sociedad de la Información, presentada como “uno de los fenómenos más complejos e interesantes” de la última etapa del milenio y con efectos “difícilmente medibles” El Gobierno español quiere con ello acometer y liderar una actuación global coordinada que permita a nuestro país situarse en condiciones de igualdad ante los “nuevos escenarios socio-económicos que se están configurando”. Sin embargo, ni a nivel estatal ni regional basta con dar el protagonismo principal a la iniciativa privada para que continúe sus esfuerzos en innovación, construcción de infraestructuras y nuevas aplicaciones. Hay que adoptar una actitud institucional, en pro de un desarrollo armónico y sostenible a medio plazo, sin limitarse a declarar como objetivo el dar a todos acceso a los beneficios de estas nuevas tecnologías y servicios. Y eso requiere algo más que palabras o propósitos de coordinación que pueden encubrir prácticas burocráticas. Requiere impulsar los medios necesarios para que haya un real despliegue de medios, además de optimizar los recursos o de simplificar los canales de interlocución. La forma de hacerlo es una cuestión política, por el momento centrada en crear una Comisión interministerial y en el anuncio de un Ministerio de la Innovación y la Tecnología que libere por fín a estas actividades del adjetivo limitativo de “industriales. Si la razón de ubicar esa Comisión en el actual Ministerio de Industria es que ya posee una visión global de las políticas de oferta y demanda de la Sociedad de la Información, que engloban a la industria, a los Servicios y a los usuarios; ¿por qué no integrar a comunidades autónomas o grandes ciudadades, quienes han de complementar esas políticas con otras propias dirigidas a adaptar su estructura productiva y sus instituciones y culturas a los requerimientos de la productividad y competitividad, que hoy ya tienen ese carácter global?. Al fin y al cabo, serán las empresas de estas regiones y ciudades las que tengan que competir buscando maximizar economías externas (de acceso a mercados y productos, tecnológicas, etcétera) y de aglomeración (evitando las externalidades negativas de la contaminación o el tráfico, etcétera), así como las economías de escala y alcance que proporcionan las nuevas tecnologías y redes de la información. Esa maximización, y en consecuencia el aumento de la productividad y la competitividad como objetivos a los que deben ayudar las políticas, pasa por reducir lo que podemos denominar costes de control (De Lucio, Beninger) o lo que Coase y Williansom denominan costes de transacción. Costes que, pese a esta inadecuación de la economía-ciencia para medir con rigor el impacto de la información, son ante todo y sobre todo costes de la información. Y no solo ahora, sino que han sido especialmente evidentes durante todo el siglo XX, cuando el control de una actividad cada vez más compleja ha sido uno de los fenómenos con los que más ha tenido que operar el decisor (individuo-familia, empresa o administración pública) a la hora de gestionar sus actividades preexistentes o de elegir localizar sus nuevas actividades. Tan evidentes como sumergidos en la teoría, que primero hablaba casi exclusivamente de costes del transporte, luego de costes de mano de obra, después de economías externas o externalidades, más delante de externalidades relacionadas con la economías de escala, capital humano, para terminar reconociendo –aunque sólo en algunos casos– el papel que corresponde a que acumulación de información y de conocimient. En suma, tales políticas deben partir de que los cambios económicos revelados por los procesos de globalización por la aparición de un espacio de flujos informativos, van más allá de alterar el espacio físico y el tiempo, las dos mayores limitaciones humanas. Sus efectos sociales inciden con fuerza en la retroalimentación de los cambios económicos y en el consiguiente desplazamiento de lo tangible a lo intangible, de una economía basada principalmente en la materia y la energía a otra economía centrada en la información. Por eso resulta especialmente percibida la mayor calidad y el superior rendimiento de los servicios, sobre todo de los más intensivos en información, más capaces –por tanto– de atraer sus nuevas tecnologías. Buena parte de la expansión atribuida durante el siglo XX a los servicios ha sido realmente debida a los servicios de carácter más informativo, como por ejemplo el comercio, la educación y la sanidad, por no citar los más recientemente pujantes servicios a empresas, asociados con la desverticalización de la organización productiva. A la hora de gobernar la continuidad de estos procesos, esas políticas deben apreciar también que el nuevo espacio de flujos informativos acelera considerablemente la movilidad de los factores productivos, impulsando profundas transformaciones estructurales y la relevancia estratégica de las tecnologías de la información. No deben ignorar que el homo faber que surgió como consecuencia del homo sapiens convertido en homo oeconomicus, se ha transformado en “homo movilis”, gracias a una creciente demanda de movilidad favorecida por lo que José B. Terceiro ha denominado con gran acierto “socied@d digit@l”. Inmerso en el incesante flujo mediático en el tiempo y en el espacio digital del ocio y del negocio, ha surgido un nuevo tipo, que Terceiro denomina homo digitalis y Matteis homo communicans. Un hombre con derecho a que las acciones de quienes le gobiernan en todos los niveles sean adecuadas a los nuevos tiempos -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones