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Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales
Café de redacción El pasado 2 de agosto el Consejo de Ministros daba luz verde al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, actualmente en trámite parlamentario. El proyecto, ambicioso en cuanto a su alcance, dibuja un nuevo panorama para las organizaciones colegiales y su publicación ha generado protestas numerosas entre las organizaciones profesionales de los más diversos ámbitos. Los Colegios Profesionales de la ingeniería, a través de UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros) han consensuado sus alegaciones y añadido, en cada caso, las notas diferenciales de cada rama. Éstas han sido ya presentadas y se está intensificando la interlocución con todos los agentes implicados para promover cambios que garanticen que la redacción final de la Ley tenga las máximas garantías para profesionales y ciudadanos. Reunimos alrededor de la mesa de nuestro Café de redacción a algunos de los máximos responsables de la ingeniería española: Román Escudero Gallego (Decano de ICAI), Adolfo Rodríguez González (Decano-Presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros de Minas), Juan Santamera Sánchez (Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos), Baldomero SeguraGarcía del Río (Presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Agrónomos) y Eugenio Fontán Oñate (Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación), en un coloquio moderado por Francisco Javier Gabiola Ondarra, Secretario General del COIT, en el que se analiza el contenido del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, los planteamientos hechos desde la ingeniería a raíz de su publicación y las implicaciones de este proyecto para las organizaciones colegiales y los profesionales que representan. Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales De izda. a dcha. Adolfo Rodríguez González, Román Escudero Gallego, Eugenio Fontán Oñate, Francisco Javier Gabiola Ondarra, Juan Santamera Sánchez y Baldomero Segura García del Río. BIT. Muchos Colegios Profesionales, dentro y fuera de nuestra rama, han manifestado que la gestación de esta norma se ha llevado a cabo de una forma poco transparente y que su publicación en el último Consejo de Ministros antes del verano era una muestra más de la falta de ambición de consenso con la que ha sido redactada. ¿Estáis de acuerdo con estas apreciaciones? Juan Santamera. En primera instancia podemos decir que el Anteproyecto se presentó con cierta falta de transparencia inicial y que el momento de su publicación fue inoportuno. Tenemos la sensación de que el Gobierno tenía un calendario fijado para esta norma y siguió los pasos para cumplirlo. Sin embargo, el proceso de audiencia pública posterior se ha alargado y hemos tenido tiempo de manifestar nuestra opinión, aunque un poco aceleradamente. Baldomero Segura. Creo que por parte de UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros) se ha colaborado muy activamente con la Dirección General de Política Económica y, sin embargo, parece que el resultado de esa colaboración ha sido poco visible. Se han entregado informes y documentación, se han mantenido reuniones y se ha actuado con espíritu de colaboración activa y la respuesta que hemos recibido con este anteproyecto de Ley nos ha defraudado, tanto en los tiempos, como en el contenido. Después, evidentemente, se nos ha permitido hacer las alegaciones, pero tenemos cierto grado de insatisfacción por la forma en la que hemos sido tratados, cuando hemos colaborado lealmente con los responsables de elaborar este anteproyecto. Adolfo Rodríguez González. La lectura del anteproyecto ya indica una improvisación bastante notable en su contenido, habiendo incluso discrepancia entre unos artículos y otros. Esto da pistas de la voluntad de sacarlo como sea en el plazo que se habían marcado sin considerar las aportaciones que se les había hecho por parte de organizaciones profesionales. El motivo real de esta urgencia no lo conocemos. La verdad es que el anteproyecto no ha respondido a las expectativas que teníamos los colegios profesionales y esperamos que se pueda mejorar sustancialmente. Román Escudero Gallego. El proceso ha estado marcado por una falta de diálogo efectivo con las organizaciones profesionales. De hecho, durante el mismo ha habido una permanente ocultación del texto que se estaba preparando. Recibíamos diferentes borradores a modo de globos sonda que no respondían al texto final presentado a principios de agosto. Efectivamente creemos que se ha llevado de forma poco transparente y así lo hemos manifestado en nuestro escrito de alegaciones, que está basado en el informe presentado por la UPCI que ha servido de punto de partida para las aportaciones consensuadas de los colegios de ingeniería, añadiendo cada uno las notas diferenciales de cada rama. Entendemos que el anteproyecto no responde a las necesidades reales y que no resuelve la mayor parte de los problemas existentes, además de dañar la autonomía, la independencia, la imparcialidad y la autorregulación de los colegios profesionales. Eugenio Fontán. Desde nuestro colegio somos testigos de que ha habido un diálogo permanente, pero es cierto que ese diálogo se ha movido generalmente en una sola dirección. Los colegios de ingeniería hemos hecho aportaciones muy numerosas, hemos tratado de inter-La norma remite a la creación de una Comisión posterior para definir las atribuciones. Deberemos limar los conflictos que pueda haber en materia de competencias, aunque se me antoja un trabajo arduo”. “Adolfo Rodríguez González“ pretar las preocupaciones que la Administración tenía y hemos colaborado con ella. Lo que no hemos tenido en el proceso es un retorno claro. Y no ha sido un proceso que nos permitiera prever hacia donde nos dirigíamos, ni conocer cuáles eran los objetivos del Anteproyecto. En algunos momentos parecía que se referían a acomodarse a las disposiciones de la Unión Europea, como si fuera una mera trasposición de obligaciones impuestas, como se ha afirmado a menudo, y en otros casos parecía que podía deberse a un impulso propio en la Administración española. BIT. ¿Existían directrices europeas que hicieran obligada esta profunda reforma regulatoria sobre los colegios profesionales? ¿Existe constancia de que en otros países del entorno europeo, (Francia, Reino Unido, Alemania,...) se pretendan realizar reformas en este sentido? Adolfo Rodríguez González. Se ha comentado en repetidas ocasiones durante el proceso la existencia de grupos de presión a través de algunas organizaciones europeas que han impulsado el discurso liberalizador, animados por un interés económico y empresarial. Esto ha sido más evidente en profesiones que tienen grupos de presión económica asociados más potentes. Baldomero Segura. Es cierto que en España tenemos un régimen muy regulado y muy mal regulado y era necesario incluir cierto orden en esa regulación, pero se ha utilizado mal la excusa de que estos cambios los exige Europa. La normativa europea marca pautas de carácter general, que no entran a regular cómo se hacen las cosas en cada uno de los países. El problema es que se ha buscado una nueva regulación sin que nadie haya explicado a qué modelo queremos llegar. Nosotros hemos estudiado qué es lo que hacen los ingenieros en los diferentes países para organizarse, como desarrollan su trabajo profesional, pero creemos que el gobierno no lo ha hecho y no ha definido un modelo al que encaminarnos. Porque además en Europa no existe un único modelo, cada país europeo tiene su propia manera de organizar las profesiones, por ello creemos que Europa ha sido más bien una excusa que una razón para este cambio. Adicionalmente esta norma afecta a todas las profesiones, con problemáticas y características bien distintas, lo que haría más aconsejable el establecimiento de un marco general acompañado de regulación específica para cada una de las profesiones. Eugenio Fontán. No había directrices europeas que hicieran obligada esta profunda reforma regulatoria sobre los colegios profesionales. En estos casos la memoria justificativa de la Ley debería recoger expresamente cuáles son las directrices de manera transparente y no se ha hecho en este caso porque no existe esa referencia. Hay un desenfoque institucional muy notable sobre los colegios profesionales, que son un elemento más de vertebración institucional de la sociedad española. Los ingenieros españoles tienen una valoración alta en todos los informes de referencia, índices de paro muy bajos y proveen de talento a las empresas de ingeniería españolas de cualquier ámbito. Es decir, da la impresión de que los ingenieros españoles tienen un posicionamiento mejor que el de la media de los egresados académicos de nuestro país y eso no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar el posible impacto que este anteproyecto pudiera tener en estas profesiones. Román Escudero Gallego. La supervivencia de los colegios, al margen de cómo quede la Ley finalmente, dependerá de lo que seamos capaces de innovar y del valor añadido que estemos dando a nuestros colegiados”. Por último, otro error notable que ha cometido la Administración a través de la Dirección General de Política Económica, es que no ha sido capaz de explicar económicamente el impacto de estas medidas. Se nos ha dicho que el resultado de esta liberalización en términos económicos supondría uno o dos puntos del PIB, pero nunca se ha explicado el por qué de esta magnitud económica. BIT. El anteproyecto actual establece un régimen discriminatorio para profesiones de ingeniería porque no hay una referencia directa como en el resto de los casos a la colegiación obligatoria por profesión, sino por actividades concretas. ¿Por qué consideráis que se relega a las profesiones de ingeniería? ¿Cómo se puede interpretar la mención genérica a “otros posibles técnicos competentes” que hace el anteproyecto al referirse a las atribuciones profesionales de ingeniería, ingeniería técnica, arquitectura y arquitectura técnica? Román Escudero Gallego. Uno de los principales fallos de este anteproyecto es que no delimita claramente cuáles van a ser las actividades que van a estar cubiertas por la obligación de colegiarse y cuáles no. El ámbito del texto normativo es muy amplio, abarca toda la actividad de servicios y eso lo hace complejo, pero creo que lo primero sería delimitar la colegiación claramente. Esto despejaría mucho las incógnitas que tenemos a día de hoy. Creo que en el caso de la ingeniería no han delimitado claramente este aspecto porque no han comprendido debidamente el significado del visado, que ha sido entendido como un peaje. No han contemplado el valor añadido que los colegios hemos estado dando a la sociedad. Y este es uno de los puntos donde tenemos que poner énfasis en nuestros diálogos con la Administración. Juan Santamera. Desde la Administración se ha visto el visado como un anacronismo, pero parece que finalmente están dispuestos a incluir bajo el paraguas de la colegiación obligatoria aquellas actividades profesionales que puedan afectar a la seguridad de las personas, de los bienes y al medio ambiente. Habrá que ver qué actividades se incluyen finalmente aquí. Pensemos que Bolonia tampoco ha traído claridad en estos temas. Prueba de ello es el reconocimiento de los ingenieros con nivel de máster. Esta es una batalla que llevamos dando muchos años y en la que todavía el Ministerio no ha sido sensible, cuando en estos momentos es algo que nos está perjudicando en el exterior. Eugenio Fontán. Creo que los ingenieros estamos acostumbrados a poner orden en las situaciones caóticas. El visado garantiza que se han seguido los parámetros y requisitos exigibles al tipo de instalación, que se ha respetado la normativa de aplicación y que se han planteado al menos los cálculos y las salvaguardas que esa instalación requiere. Para la sociedad, para los clientes, para los usuarios y para un juez que tenga que arbitrar un conflicto, a veces diez o quince años después, si un proyecto puede afectar a la seguridad de las personas, existe un documento en el que se puede comprobar que todos los pasos exigibles se han cumplido. El proyecto visado permite analizar donde está la responsabilidad y hacer el seguimiento. Unos visados con tarifas ajustadas a los costes sirven para aportar una garantía jurídica muy importante. Pensemos, por ejemplo, lo que podría suponer que Si un buen día la Administración decide cerrar los colegios, sería fácil que afloraran otras instituciones que estarían en condiciones de prestar sus servicios a los ingenieros, pero ¿serían independientes? Deberemos abrir estos debates”. Eugenio Fontán Oñate En España hubiera decenas de miles de conflictos respecto a las estaciones base de telefonía móvil. Actualmente se puede comprobar que todas las instalaciones se ajustan a la legalidad. Y esto es aplicable a muchas más instalaciones en el ámbito de la ingeniería. Lo que reclamo es una mayor confianza en las instituciones que, de una forma bastante altruista, contribuimos a poner orden y a salvaguardar la seguridad. Baldomero Segura. En la redacción de la Ley han quedado muchos asuntos en el aire. Los encargados de redactarla han tenido reuniones con los colegios y han ido incorporando sugerencias de unos y de otros. Nosotros hemos planteado una voz única a través de la UPCI, pero también han participado los colegios de otras ramas. Este problema se repite en España: el redactor de la Ley no conoce a fondo la materia sobre la que tiene que legislar. No se conoce, por ejemplo, cual es la actividad de un ingeniero, o un ingeniero técnico. Ese desconocimiento ha quedado plasmado en el texto, que en algún momento parece un refrito de normas anteriores en vez de ser fruto del esfuerzo de sentarse y hacer un análisis profundo de la situación. BIT. Otro de los aspectos de difícil comprensión de la norma es que prevé aunar bajo el mismo paraguas a todas las profesiones reguladas de la ingeniería, debido a lo que denomina “conocimientos comunes numerosos” entre las diferentes ramas. ¿Tiene consistencia este planteamiento cuando las Órdenes Ministeriales que establecen los requisitos de los títulos universitarios (de 2009) contemplan la adquisición de competencias diferentes? Adolfo Rodríguez González. Creo que se está configurando una línea de actuación que tiene por objeto vincular los conocimientos a los trabajos. En esa línea está Europa y el mundo anglosajón. Pero la norma remite a la creación de una Comisión posterior para definir las atribuciones, en la que sin duda será difícil que nos pongamos de acuerdo. Deberemos limar los conflictos que pueda haber en materia de competencias, aunque se me antoja un trabajo arduo. Román Escudero Gallego. En el momento en que nos encontramos, en que las técnicas se van difuminando y ampliando, se hará preciso hacer una evaluación de qué conocimientos son necesarios para diseñar un proyecto y qué titulados se ajustan a esos conocimientos para delimitar las competencias. Es cierto que con las titulaciones de Bolonia, en que surgen nuevos títulos continuamente, debemos valorar el asunto de las certificaciones. Al final lo importante será determinar qué conocimientos básicos has adquirido y cuál es tu devenir profesional, que va agrandando esos conocimientos. Si la primera pregunta es: ¿qué conocimientos hacen falta para hacer ese trabajo? La siguiente pregunta lógicamente será: ¿Quién posee esos conocimientos? Juan Santamera. Creo que es una gran irracionalidad decir que un ingeniero de caminos puede hacer un barco y un ingeniero aeronáutico una presa. Por eso es imprescindible ceñirse a los planes de estudio. También creo que es bueno en ese sentido introducir los certificados de aptitud profesional. Creo que se nos está instando a ponernos de acuerdo y que planteemos una propuesta razonable. Posiblemente ponernos de acuerdo en las atribuciones entre colegios va a ser complejo y haya casos en los que no lo consigamos y será la autoridad la Juan Santamera Sánchez Es una gran irracionalidad decir que un ingeniero de caminos puede hacer un barco y un ingeniero aeronáutico una presa. Por eso es imprescindible ceñirse a los planes de estudio”. “ Café de redacción | ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 24diciembre 2013 119955 que tenga que dirimir. Pero lo que tengo claro es que lo más lógico es remitirnos a los planes de estudio y a la formación adquirida inicialmente y la desarrollada luego profesionalmente. En Europa hay casos como el del instituto de ingenieros civiles inglés, que evalúa la experiencia en el periplo profesional. Habrá incluso actividades que queden abiertas a otros profesionales fuera de la ingeniería. Estamos en un mundo muy cambiante y es muy difícil encasillarnos. Baldomero Segura. El modelo actual de formación del ingeniero en España tiende a desaparecer. Nos encaminamos hacia un modelo donde actividad profesional esté basada en las competencias adquiridas. Hay competencias genéricas que seguramente podamos hacer casi todos los ingenieros y hay materias específicas de cada una de las especialidades. A la especialidad se puede llegar a partir de una formación genérica, completada por una específica o por experiencia o formación adicional. Lo que ocurre es que en este tema, como en tantos en nuestro país, se ponen parches. En España tenemos un modelo rígido de profesiones en el cual las competencias de tu profesión las adquieres durante tu fase de estudio y sales de la universidad con un título profesional, además de un título académico. Eso ha ido cambiando, pero las universidades se han negado a perder la posibilidad de que sus egresados sigan teniendo un título profesional. En el 2009 se produjo un enfrentamiento entre los colegios profesionales que decíamos que el título profesional tenía que darse después de la universidad y las universidades que pedían seguir manteniendo el control sobre las atribuciones profesionales. Hasta ahora hemos tenido un modelo en que el título universitario era profesional y nos daba competencias y atribuciones. Ahora, con las nuevas titulaciones se produce una modificación, que hemos salvado asimilándolas a las antiguas profesiones, porque no se ha querido romper el sistema profesional. Surgen nuevos ingenieros como los ingenieros geólogos o químicos, que están trabajando en España pero que no tienen atribuciones profesionales, se encuentran en un “limbo”. Tengo la sensación de que estamos dando palos de ciego. Adolfo Rodríguez González. Decís que hay un conocimiento de base en las escuelas, una serie de enseñanzas comunes que te capacitan como profesional en distintos campos, sin embargo, estas ingenierías nuevas en muchos casos se están caracterizando porque no tienen esa base común. Eugenio Fontán. En ninguna legislación, y por supuesto no en el anteproyecto, he leído que a la hora de defender a un cliente en un juicio puedan hacerlo abogados u “otros técnicos competentes” ¿Por qué esta coletilla solo se aplica a las profesiones de ingeniería? Creo que principalmente por desconocimiento. Representamos a profesiones con muchos años de historia. A lo largo de este tiempo ha habido muchos cambios. Si las atribuciones profesionales se clarificaran, cabría la posibilidad de que determinadas nuevas profesiones pudieran ejercer algunas actividades. Se podrían analizar determinadas atribuciones profesionales y que aquellas profesiones que no pertenezcan a las nueve ramas de ingeniería, pero que se hayan ido incorporando con el tiempo, y que acrediten un conocimiento suficiente en la materia, puedan ejercer esas competencias profesionales concretas. Habría que analizar y exigir también en la formación académica de estos ingenieros de nuevo cuño los conocimientos mínimos que deben recibir. Debemos tener en cuenta a las nuevas profesiones y valorar si las universidades, a la hora de sacar El problema es que se ha buscado una nueva regulación sin que nadie haya explicado a qué modelo queremos llegar. Europa ha sido más bien una excusa que una razón para este cambio”. “ Baldomero Segura García del Río Café de redacción | ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 119955 diciembre 2013 25 estos títulos, están garantizando los conocimientos oportunos en esas nuevas titulaciones. BIT. Como sabéis, el Ministerio de Economía tiene previsto crear un grupo de trabajo integrado por los Ministerios sectoriales afectados, para decidir las atribuciones de la ingeniería a través de una norma. ¿Qué esperáis de esos trabajos?¿En qué plazo de tiempo estimáis que podamos tener algún tipo de resolución al respecto? Baldomero Segura. En primer lugar decir que a nosotros se nos ha manifestado que no era intención del Ministerio de Economía, ni de otros Ministerios sectoriales, que no participaran los colegios profesionales en estos grupos de trabajo. Al menos esperamos poder tener la capacidad de trasmitir nuestra posición. Con diálogo se puede llegar a un cierto consenso a la hora de establecer las distintas atribuciones. Aquellas que ya se ha dicho que pueden ser genéricas entre la mayoría de las ramas de la ingeniería y aquellas que son específicas de una determinada rama. En cuanto al plazo, en España y en materia de legislación, eso puede ser algo absolutamente impredecible. Juan Santamera. No soy muy optimista con relación al proceso, porque creo que será difícil llevar una posición de consenso entre todos los colegios respecto a las atribuciones. BIT. ¿Se encuentran los colegios profesionales ante una amenaza a su supervivencia? Juan Santamera. Creo que en primer lugar estamos salvaguardados por la Constitución que nos reconoce. Además no veo esta Ley como una amenaza sino una oportunidad para acomodarnos a los tiempos en que estamos. Pienso que entre los propios colegios hay bastantes diferencias. Esperamos que la Administración entienda estas diferencias y comprenda que para un ingeniero el valor que ofrecemos asegurando su actividad es muy alto y aporta seguridad a la propia Administración. Creo que la Administración está en proceso de entender la importancia de estos conceptos. Adolfo Rodríguez González. La continuidad de los colegios lógicamente dependerá de su capacidad económica para subsistir. Y la legislación nos puede quitar las posibilidades de financiación. Pensemos que la actividad de formación que también realizamos, por ejemplo, no permite ingresar dinero suficiente como para mantener los servicios. Si organizamos actividades de difusión, congresos u otros actos, tampoco mantendríamos la estructura necesaria. La cuota sería el único medio de subsistencia y todos sabemos que los jóvenes están cada vez más desapegados de cualquier asociacionismo. No soy catastrofista, pero no nos ponen fácil nuestra subsistencia. Baldomero Segura. No creo que estemos ante el fin de los colegios. Lo que parece evidente es que tendremos que cambiar. Durante los primeros años de nuestra existencia hemos estado sustentándonos gracias al visado. No cobrábamos una cuota muy alta porque teníamos ingresos suficientes por derechos del visado que eran los que mantenían la actividad y nos daban autonomía económica. Seguramente tengamos que evolucionar a otro modelo distinto prestando servicios a los colegiados y si no somos capaces de que estos servicios se autofinancien, nos veremos abocados a desaparecer o a cambiar nuestras estructuras. Esto aplica a los colegios territoriales, que tendrán que girar hacia colegios nacionales, o incluso se podrá plantear unirnos a otras profesiones para seguir adelante. Nuestra posibilidad de supervivencia va a depender de que seamos capaces de adaptarnos a la nueva situación. Román Escudero Gallego. Creo que la supervivencia de los colegios, al margen de cómo quede la Ley finalmente, dependerá de lo que seamos capaces de innovar y del valor añadido que estemos dando a nuestros colegiados. Si no somos capaces de dar más, no tendremos una razón de ser. Tenemos que reinventarnos y buscar un autentico servicio a la sociedad y a nuestros colegiados y un valor añadido para ellos que les haga atractivo el ser colegiados. Café de redacción | ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 26diciembre 2013 119955 Eugenio Fontán. A los responsables de los colegios nos toca analizar hacia qué modelo vamos, qué tipo de servicios vamos a prestar y cómo vamos a mover a un joven ingeniero a participar en el colegio. Esto no se refiere exclusivamente a los beneficios, la reflexión no debe venir por el lado de tratar de justificar una cuota sino por cómo se justifica que yo participe en un colectivo, más allá de que me den una serie de beneficios económicos, de seguros, cursos, descuentos… Respecto a la subsistencia económica me parece fundamental definir un modelo.¿Qué papel debe jugar en cuanto a los ingresos el porcentaje correspondiente a las cuotas, a los derechos de visado y a otras actividades? Y esto es importante porque en la medida en que seamos más independientes de decisiones administrativas, estaremos garantizando también la viabilidad del Colegio frente a interferencias de carácter administrativo. Si un buen día la Administración decide cerrar los colegios, sería fácil que afloraran otras instituciones hermanas que estarían en condiciones de prestar sus servicios a los ingenieros. Pero: ¿serían independientes? Deberemos abrir estos debates. BIT. El anteproyecto contempla la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en la ingeniería en actividades vinculadas al interés general, que sin embargo no han sido tenidas en cuenta al regular la colegiación obligatoria. Desde este punto de vista, ¿Cuál sería el encaje más razonable que podría tener la colegiación obligatoria, el visado y el seguro en las actividades de ingeniería que afecten al interés general? Juan Santamera. Para mí los tres temas están tremendamente relacionados. Creemos que tiene una enorme importancia el Seguro de Responsabilidad Civil, porque no podemos permitirnos que pueda haber accidentes en proyectos no cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. Esto sería inaceptable. Es algo consustancial a la actividad de los colegios y al trabajo de los ingenieros y lógicamente la colegiación obligatoria es la base de este sistema de garantías. Baldomero Segura. Ligar estos conceptos es una parte esencial de lo que será la acción futura del colegio y creo que en el anteproyecto de Ley está muy mal traído y llevado. De hecho, en diferentes partes del mismo se dicen cosas contradictorias. Esperemos que el proyecto definitivo deje el escenario más claro, porque parece que sí han entendido que el seguro es imprescindible para ciertas actividades, pero no han armado una estructura en que pueda mantenerse esas garantías. Adolfo Rodríguez González. Además la póliza colectiva permite negociar con la entidad aseguradora y obtener precios más baratos. Y sin duda, ya nos encontramos con ingenieros a los que se les queda corto el seguro de responsabilidad civil y buscan productos que cubran toda la actividad de su gabinete. Los colegios debemos pensar también en ampliar el concepto de seguro de responsabilidad civil porque ya los propios colegiados nos están demandando un producto que cubra toda su actividad. Eugenio Fontán. Creo que el anteproyecto no hace un análisis correcto. Dentro de las responsabilidades que dirimen los jueces en conflictos que afectan a instalaciones de ingeniería pesan las compensaciones económicas a que tienen derecho los damnificados. Estas compensaciones económicas, en ausencia de seguros, correrían a cargo del profesional condenado o la empresa y, eventualmente, del Estado. Por eso el seguro, además de garantizar las compensaciones, da confort a la Administración. Lo que no se ha pensado es que la compañía de seguros tiene que discriminar qué responsabilidades está cubriendo y, lógicamente, ninguna compañía de seguros va a tener suficiente conocimiento ni experiencia para prever cualquier eventualidad en cualquier tipo de proyecto. A la aseguradora le conviene la figura del colegio profesional que, mediante un procedimiento pautado y perfectamente normado, establezca que el proyecto cumple con los requisitos para ser asegurado. Con la labor de los colegios la compañía de seguros entiende que el proyecto es conforme a las disposiciones legales y que el proyecto cumple con el interés general y con la salvaguarda de la seguridad de las personas. En el anteproyecto de Ley se habla del seguro como si fuera una panacea, pero no se vincula al otro elemento, que es el visado, que garantiza que un proyecto está ajustado a la normativa. Adolfo Rodríguez González. Esto las aseguradoras lo tienen muy en cuenta. Si no fuera así, seguramente los seguros se encarecerían muchísimo. Café de redacción | ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES 119955 diciembre 2013 27 Eugenio Fontán. Si debilitas a la institución colegial, el seguro probablemente subirá y habrá gente que no lo contrate, con lo que se producirá una incertidumbre jurídica y una inseguridad en cuanto a la asunción de responsabilidades que se puedan derivar de los siniestros. BIT. La norma incluye mecanismos de control de la Administración sobre los colegios profesionales. ¿Supone una injerencia en la actividad de estas instituciones? De forma concreta en el tema del control deontológico que vienen ejerciendo los colegios profesionales, según la nueva normativa debe ejercerse por órganos colegiales formados mayoritariamente por miembros no ejercientes, no colegiados y un representante de la Administración. ¿Qué implicaciones tiene ese cambio? Baldomero Segura. Efectivamente se incrementan las medidas de control. Lo que no tengo tan claro es la capacidad en medios de la Administración para ejercer ese control sobre los colegios, ni tampoco se establecen plazos ni mecanismos concretos. La motivación la desconozco. Los colegios de ingeniería no hemos tenido problemas económicos serios que puedan justificar ese nivel de intervención. Con relación al control deontológico, éste siempre ha estado en manos de los colegios, que han resuelto los conflictos relativos a la deontología profesional sin mayores problemas. El hecho de que el control deontológico deje de estar en las juntas de gobierno de los colegios y pase a un organismo específico de control no tiene mayor importancia. Si hay que crear un nuevo organismo de control, lo creamos, pero me llama la atención que no puedan entrar a formar parte los ejercientes, porque en determinados asuntos técnicos tienen un conocimiento que les permitiría entrar a valorar los asuntos con más autoridad que alguien que a lo mejor no los ha valorado nunca. Eugenio Fontán. Yo creo que la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía tiene tareas mucho más importantes, sinceramente, que meterse a regular este tipo de funcionamientos. Se podrían aportar unas recomendaciones, pero en el Anteproyecto se hacen “recomendaciones” de obligado cumplimiento, esto es: obligatorias. A mi me parece gravísimo que se planteen eventualidades como intervenir un colegio cuando no se establecen estrictamente qué causas pudieran dar lugar a esa intervención. De recogerse en el texto final, deberían estar perfectamente definidas. No olvidemos que los colegios, aunque sean instituciones de derecho público, están formados por miles de personas. En los colegios cada persona es un voto. Una institución de este tipo es muy sensible a una intervención administrativa. Yo me pregunto por qué en otras agrupaciones como puedan ser patronales, sindicatos, etc., no se prevén estas actuaciones. Esto hay que verlo en el marco de un desenfoque clarísimo que la Administración tiene sobre cómo funciona una sociedad moderna. Yo creo que debería de haber unas pautas muy claras que garanticen la menor intervención posible en instituciones que son democráticas. Respecto a los Comités Deontológicos, que haya una intervención mayor o menor de personas desvinculadas al ejercicio profesional es un tema que dependerá de cada colegio y de sus diferentes materias. Pero en todo caso yo creo que la intervención como punto de partida debería ser escasa. Además no puede ser lo mismo que nos refiramos a colegios de colegiación obligatoria, en los que a lo mejor está más justificada una intervención, que a colegios de colegiación voluntaria que debería ser muchísima más laxa. Esta medicina para todos que plantea el anteproyecto no me gusta. BIT. ¿Cómo es posible que el anteproyecto tenga prácticamente el mismo contenido que el primer borrador que fue elaborado por el gobierno anterior hace ya tres años? Baldomero Segura. El texto de hace tres años estaba menos elaborado. Es cierto que básicamente coincide en casi todo con la redacción presentada aunque lo que era más llamativo lo han eliminado o lo han dejado en manos de comisiones, como en el caso de la ingeniería. Se eliminan algunas cuestiones de la parte dispositiva, con la intención de que se estudie posteriormente con una Comisión. En la Administración española los proyectos de Ley se gestan en las Direcciones Generales. El director puede cambiar, pero los subdirectores siguen siendo los funcionarios correspondientes de cada área y cuando se decide reactivar los proyectos, la base que se utiliza es la que ya se ha empezado a trabajar. En estos casos la mayoría de las correcciones son políticas, no técnicas. Yo no creo que el espíritu de la Dirección General de Política Económica haya cambiado tanto desde el anterior gobierno a este, porque las pautas que siguen van en la misma dirección con algunas matizaciones, pocas. Román Escudero Gallego. Esta similitud en la redacción confirma que este Gobierno está tomando directivas que ha heredado del gobierno anterior. No han sido capaces de poner nuevas ideas encima de la mesa. Eugenio Fontán. La clase política ha conseguido que, de manera creciente, la sociedad española esté dando la espalda a los partidos y a las administraciones. Hay un gran desencanto y creo que, simplemente, este anteproyecto es un ejemplo muy pequeñito de esa falta de óptica por parte de las Administraciones Públicas y de los gobiernos a la hora de entender a la sociedad. Los que estamos al frente de las instituciones colegiales tenemos una responsabilidad muy importante que es prestar un buen servicio a nuestros ingenieros, muchos de los cuales, sobre todos los más jóvenes, se ven obligados a plantearse su futuro fuera de España. Estamos asistiendo a un cambio de modelo y creo que la Administración y los partidos políticos no lo han entendido todavía y están tomando medidas de escasa ambición. Ahora reforman esas instituciones que cumplen un papel, que no son nada costosas sino que ahorran dinero en la Administración y, en cambio, no hacen reformas mucho más importantes y de mayor calado, que requieren mayor coraje político. BIT. Las alegaciones que ha presentado la ingeniería han sido muy convergentes, de hecho en el ámbito de UPCI se han presentado alegaciones comunes a las que cada colegio ha unido sus propias alegaciones sectoriales. En el proceso legislativo, el siguiente paso será la concreción del texto para su aprobación por el Consejo de Ministros y posterior trámite parlamentario. En caso de que no hayan sido contempladas las alegaciones presentadas desde los colegios de ingeniería ¿Se han planteado nuevas medidas o actuaciones? Adolfo Rodríguez González. Tratando de ser positivo, vamos a intentar asumir la parte más razonable de la norma, como las auditorías y otras medidas que pueden mejorar el funcionamiento de los Colegios y pelear contra aquellas que consideramos realmente perjudiciales. Juan Santamera. Yo soy de los que piensa que es mejor no poner la venda antes que la herida. Además de las actuaciones que se han hecho, lo único que está encima de la mesa por nuestra parte es hablar con los parlamentarios a los que tengamos acceso y, en segunda instancia, entrar por la vía de la enmienda parlamentaria. En todo caso ya nos han prevenido de que lo que sale del Consejo de Ministros tiene pocas posibilidades de ser cambiado por la vía parlamentaria en el sistema español. Román Escudero Gallego. En el momento actual todos estamos haciendo acciones coordinadas y conjuntas desde la UPCI y el Instituto de la Ingeniería de España. Esta misma mesa es un reflejo de ese espíritu. Por nuestra parte seguiremos apoyando todas estas acciones y dialogando con los ministerios para ver qué podemos hacer para mejorar el anteproyecto. Una vez que se apruebe la Ley veremos si es preciso acometer otras acciones, en función del redactado final.3 Café de redacción | ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES BIT magazine interviews the Deans of Engineering Schools such as Telecoms, Mining, Civil, Agriculture and ICAI to obtain their views on the latest draft of the government’s proposed legislation that will regulate the activities of these organizations and their members as professionals. This effort commenced several years ago and appears to be simply a transposition of European Union rules and obligations to highly diverse institutions which have very different functions in each member country. In the current draft, Project Certification by professional schools seams to be considered more as a toll instead of a guarantee of soundness and safety but without it, liability premiums would certainly skyrocket and legal responsibilities would become diffused. PROPOSED LEGISLATION FOR PROFESSIONAL SCHOOLS & SERVICES 28diciembre 2013 119955
30 oct 2015