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Especial 1983, año mundial de las comunicaciones: telecomunicaciones y Administración Pública
1983, año mundial de las comunicaciones Las telecomunicaciones y la administración pública se refiere en este artículo al papel que juega la Administración Pública como promotora de los servicios de telecomunicación, señalando que a consecuencia del carácter de monopolio que tiene su explotación, el mercado de las telecomunicaciones es más bien un mercado de oferta que un mercado de demanda, en el que la dotación de teléfono a todos los hogares o la cobertura del territorio con programas de radio y televisión obedece siempre a propósitos y actitudes voluntaristas por parte de la Administración. Finalmente, se recogen algunas de las opiniones en torno a la situación española, manifestadas por diversos ponentes y participantes en las Jornadas sobre las Telecomunicaciones y la Electrónica, que tuvieron lugar en el Instituto de la Ingeniería de España, a finales de 1981. a Organización de las Naciones Unidas, al proclamar a 1983 como Año Mundial de las Comunicaciones, han puesto el mayor énfasis en el desarollo de las infraestructuras de las comunicaciones, y entre ellas, de una manera especic;l a las infraestructuras de telecomunicaciones, a las que se considera elemento esencial del desarrollo económico y social de los pueblos. Cuando se manejan las estadísticas socioeconómicas internacionales, y se comparan las rentas por cápita de países industriales de avanzado desarrollo, y pa íses subdesarrollados, aparecen diferencias no solo muy Importantes en valores absolutos, por ejemplo, 12.776 dólares para los Estados Unidos y 265 dólares para la India en 1980, si no enormes en valor relativo, que suponen la existencia de diferencias de 1 a 50 y aún superiores, entre unos y otros países. y si se estudian otros indicadores económ icos, como puede ser la densidad telefónica, medida en número de teléfonos por cada 100 habitantes, otra vez aparecen diferencias absolutas y relativas muyjmportantes, que van desde los 80 teléfonos por 100 habitantes de Suecia o USA hasta los 0,44 teléfonos por 100 habitantes de Pakistán, por referirnos a países más conocidos, aunque existen todavía países y territorios con densidades inferiores, que muchos países industrializados habían superado, ya en 1900. Resulta ya clásica la comparación para cada país entre ambos índices y la apreciación de que existe una correlación entre los mismos, de tal modo que si en una representación gráfica se toman como abc isas la renta per cáp ita y en o rdenadas la densidad telefónica, las posiciones de los distintos países se sitúan próximas a una recta, como aparece en la figura. Sin embargo, es evidente que hay países que se sitúan por encima o por debajo de la recta, es decir, que tienen desarrollos telefónicos avanzados o retrasados para su situación económica. O lo que es lo m ismo, que han hecho u n esfuerzo superior o inferior al que podríamos llamar "normal", en materia de telecomunicaciones. Como podrían haberlo hecho en educación, en sanidad, en transportes, o en cualquier otra área de actividad en la que los Estados suelen asumir un importante protagonismo. A ese protagonismo quiero referirme. A mi modo de ver, la política de telecomunicaciones, cuando existe, es una poi ítica voluntarista. La mayor parte de los países han considerado las telecomunicaciones como un tema de soberanía nacional derivado del carácter de servicios de correspondencia pública que tenían los primeros servicios que se desarrollaron -telégrafo, teléfono, radiocomunicación-. Su explotación en régimen de monopolio obedece en mi opinión no tanto a las econom ías de escala que pueden obtenerse en una explotación unificada, sino a la necesidad de extender los servicios a áreas, abonados o modalidades de servicio no rentables, que deben ser subvencionadas por los beneficios que produzcan determinadas áreas o aspectos de la explotación. Creo que en este sentido el texto de la Base 19 del Contrato entre el Estado y la Compañía Telefónica Nacional de España, que regula la concesión del servicio telefónico es elocuente dentro de su concisión, cuando dice "Las tarifas serán equitativas para el público, a fin de no impedir el desarrollo telefónico". Es decir, se r,econoce la necesidad de un desarrollo telefónico que alcance a todos los posibles usuarios, sin limitaciones, en principio, por razones de situación o dispersión geográfica, o de capacidad económica, y se postulan-.argumentos de "equidad" que eliminen o suavicen limitaciones como las indicadas. Este es, a mi modo de ver, el principal papel de la Administración Pública en relación con las telecomunicaciones: ha cerlas llegar a todos. Es decir, también a los habitantes de zonas alejadas o de difícil acceso, e igualmente a quienes por su escasa capacidad económica harán un uso muy limitado de las mismas, que en términos económicos no justificaría poner un teléfono a su alcance. O lo que es lo mismo, negar esa definición corriente entre las Administraciones de telecomunicación que suele expresarse en estos o parecidos términos: "Demanda es la necesidad respaldada por una adecuada capacidad económica". Las telecomunicaciones, y su expresión más importante y popular, el teléfono, deben llegar a todos los hogares y estar a disposición de los posibles abonados o usuarios en cualquier punto del País, con las tarifas más reducidas posibles, compatibles con un servicio de buena calidad y con una gestión financiera sana e independiente, como dice el Convenio Internacional de las Telecomunicaciones en el artículo 40 de su versión de 1973 (Málaga-Torremolinos). Las cuotas de instalación unificadas para cualquier punto del territorio son práctica común y real para muchas Administraciones, y dentro de la progresiva reducción del efecto distancia en las tarifas, ya se está considerando por algunos países la tarifa única nacional, como es habitual en el servicio telegráfico o en el "télex". y lo dicho aquí para el teléfono, como particularmente representativo, es igualmente aplicable tanto a otros servicios afines, fundamentales o complementarios y auxiliares, de menor difusión, cuya gama e importancia relativa presentan una enorme variedad en el espacio y en el tiempo, como a los servicios de radiodifusión sonora y visual, cuya cobertura u[liversal -pretendida, al menos- los aproximan al propio teléfono. La Administración Pública, sea porque explote por sí misma los servicios, o porque encargue o autorice su explotación a través de uno o múltiples concesionarios o Empresas públicas o privadas, debe fomentar la creación y extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones que hagan realidad no solo un elemental derecho del hombre a comunicarse con sus semejantes, sino toda la amplísima gama de las relaciones familiares, comerciales, sociales, recreativas o de participación ciudadana que las telecomunicaciones posibilit~n. La Administración, a través de los Poderes Públicos deben desarrollar una particular sensibilidad para detectar las necesidades y apetencias de la sociedad en materia de comunicaciones a fin de llegar a definir el sistema de telecomunicaciones deseable para el País, y proceder a la estructuración de los servicios, asig, nación de recursos, orientación de la explotación y control de los resultados en una tarea permanente de creación e impulso a la poi ítica nacional de telecomunicaciones, con entidad y directrices propias, que habrá que relacionar con otras poi íticas de ordenación territorial. investigación, desarrollo tecnológico e industrial, empleo, etc., no menos importantes, pero nunca independientes de lo que las telecomunicaciones permitan o promuevan. Finalmente, y como aplicación concreta a la situación española, que por sobradamente conocida por los lectores de esta Revista creo innecesario comentar, vaya terminar con unas reflexiones, compartidas con otros funcionarios de la Administración, que hicimos llegar -evidentemente con ningún éxito- a las altas autoridades del Ministerio de Transpor tes, Turismo y Comunicaciones, como fruto o conclusiones de las Jornadas sobre las Telecomunicaciones "1 la Electrónica en España, que organizaron nuestra Asociación y Colegio a finales de 1981. y que resultaron una oportunidad excepcional para conocer la opinión de múltiples sectores del País sobre la problemática de las telecomunicaciones. Decíamos entonces: "- Debe crearse un marco jurídico que defina el carácter y alcance del monopolio del Estado sobre las telecomunicaciones, los procedimientos de prestación de los distintos servicios por la Administración, Entes Públicos o Concesionarios, y el papel del Gobierno y las Cortes Generales como promotores y representantes del interés pú bl ica! en la materia. - Debe crearse un Organo de la Administración Central de rango adecuado, que tenga por objeto implementar la poI ítica de telecomunicaciones emanada del Gobierno y las Cortes Generales, y que reúna e imbrique los actualmente dispersos o simplemente yuxtapuestos sectores de las telecomunicaciones. Este O rgano habrá de dar u n contenido real a la competencia exclusiva del Estado sobre las telecomunicaciones que establece el artículo 149.21 de la Constitución y deberá promover el establecimiento de objetivos para los aspectos tecnológicos, industriales y de expansión de los servicios y actividades de telecomunicación. - Debe revisarse el Contrato entre el Estado y la Compañía Telefónica Nacional de España, de 31 de Octu bre de 1946, adaptándolo a la realidad española presente, a las corrientes modernas en la materia y a la situación que se derive para las Entidades prestadoras de servicios en el nuevo marco institucional. - Debe potenciarse la expansión de los servicios básicos para acortar distancias con los países más desarrollados, tanto en densidad telefónica y télex, como en cobertura del país por programas de radiodifusión y televisión, servicios móviles y otros servicios y facilidades de moderna aparición. - Debe plantearse resueltamente la existencia de una única Entidad explotadora de los servicios básicos de telecomunicación, que preste el servicio de red con carácter general en todo el territorio nacional. Y ello sin perjuicio de potenciar las actuales Oficinas de Correos como Oficinas de Comunicaciones en las que con un horario adecuado se presten los servicios de contacto con el público, en relación con la admisión y entrega de mensajes telegráficos, utilización de cabinas telefónicas, télex y de correo electrónico, e información y gestión comercial de los distintos servicios, en su caso. - Debe revisarse la actual estructura de las tarifas telefónicas para hacerlas más equitativas para el público, más comprensibles para el usuario y más adecuadas a la expansión de los servicios básicos, auxiliares y complementarios. Esta revisión debe hacerse tomando como referencia los costes, para valorar adecuadamente las subvenciones que deban establecerse entre las prestaciones "sociales" y los márgenes de "utilidad" que convenga introduci r. - Deben establecerse cauces de participación de los usuarios en la definición de determinadas políticas de telecomunicaciones, aumentando la sensibilidad de la Administración y las Entidades explotadoras a los requerimientos de los usuarios, y al interés público. En particular, debe favorecerse el control por el abonado de su consumo telefónico y la expansión de las telecomunicaciones en el medio rural. - Debe revisarse la poi ítica impositiva en relación con las telecomunicaciones, abandonando la práctica presente de monopolio fiscal sobre el servicio telefó nico prestado por la C.T.N.E., e inexistencia de regulación impositiva para otras actividades y servicios prestados por Entidades y particulares, que no armoniza ni fomenta el desarrollo de los distintos servIcIos. - Finalmente, habrá que dotar a la Administración, de los medios personales y materiales precisos para contribuir a estudiar, definir, ordenar, ejecutar y controlar la poi ítica de telecomunicaciones emanada del Gobierno y las Cortes Generales, estableciendo una adecuada organización central. autonómica y periférica." Ojala las nuevas autoridades gubernamentales que en estos días toman el relevo en el País, y la celebración del Año Mundial de las Comunicaciones en 1983, propicien nuevas y más ambiciosas metas para nuestras telecomunicaciones.
30 oct 2015