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54.- EDITORIAL Adiós, Sr. Ministro, bienvenido, Sr. Ministro. Cada vez que se produce un relevo en la máxima jerarquía política de las Comunicaciones, las Juntas Directiva y de Gobierno de la AEIT y del COIT nos planteamos un esquema parecido: tratamos de trascender el plano de la pura cortesía del “hola” y del “adiós”, repasando la lista de cuestiones pendientes, tanto para valorar la actuación del ministro saliente, como para informar al entrante. Pues bien, sucesivos análisis del sector de las Telecomunicaciones nos llevaron a establecer ya en 1981 un cuadro de problemas básicos (véase el número 17 del BIT dedicado al Libro Blanco de las Telecomunicaciones), que venían a sintetizarse en los siguientes puntos: - Ausencia de una ley modernizadora del entramado jurídico de las Telecomunicaciones, y de reglamentos para regular los distintos servicios. - Poca dedicación de la Administración a las Telecomunicaciones, baja tecnificación de la misma y nivel insuficiente de la máxima jerarquía dedicada exclusivamente a la política sectorial. - Ausencia de objetivos públicos para el desarrollo de los servicios existentes y la implantación de otros nuevos, asumidos tras el necesario debate político. - Bajos niveles de penetración de los servicios existentes, lo cual frena la modernización de la economía española. - La comparación internacional, la demanda encubierta, los bajos índices de extensión de los servicios y la capacidad industrial justifican y permiten un ritmo muy superior de la expansión y renovación de las redes existentes. Insistimos, esto quedó escrito en 1981. ¿Dónde estamos en este momento? El Sr. Barón, como buen parlamentario, puso en marcha los primeros intentos de llevar al BOE la LOT, y dejó la carambola casi preparada para que otro parlamentario, el Sr. Caballero se anotase el punto. Algo parecido sucedió con la creación de la Dirección General de Telecomunicaciones, que no es aún la solución definitiva al problema del bajo nivel administrativo y político de este sector. Otra actividad conocida del Sr. Caballero se centró también en el plano legislativo, en el tema de la televisión, con un esquema más que razonable. Aumentó el número de plazas funcionariales destinadas a tecnificar las dependencias del Ministerio, pero sin dotarlas a tiempo del nivel suficiente, y encarriló el tema del añorado satélite español, después de excesivas dudas y retrasos. Como balance resumido, debemos decir que la orientación general de las actuaciones del último ministro coincidía bastante con las líneas fundamentales defendidas por la AEIT y el COIT, pero la profundidad de las acciones era más bien limitada, y el ritmo excesivamente lento, comparado con la evolución natural del sector. En cuanto al talante, siempre nos pareció demasiado tímido, retraído y poco agresivo para ser ministro. Tal vez por eso no abordó el necesario debate político sobre el futuro de las Telecomunicaciones españolas; no marcó con nitidez los objetivos globales del sector; ni globalizó sus aspectos económicos, tecnológicos e industriales en una auténtica política estratégica. Es decir, no, “mandó” lo suficiente en las Telecomunicaciones, por lo cual se lleva a casa una buena parte de responsabilidad en el deterioro actual del servicio telefónico. Sr. Barrionuevo: nos consta que Vd. está muy acostumbrado a tomar decisiones. Bienvenido.

55.- EDITORIAL Calidad del servicio telefónico. Desde hace ya varios meses estamos asistiendo a un auténtico aluvión de críticas, reflejadas en los medios de comunicación, sobre la calidad del servicio telefónico y por ende del funcionamiento de Telefónica. Desde aquí, intentamos dar una visión del tema, desde la perspectiva que da nuestra profesión, que no lo olvidemos, nació al tiempo que se desarrollaban las comunicaciones telefónicas. El concepto de calidad, que en principio parece tan sencillo, esconde una interrelación de variables y parámetros muy compleja, cuya comprensión se escapa de una visión unilateral, ya sea meramente técnica, económica o social. Para aproximarnos a dicho problema, utilizaremos un modelo que se emplea en Telefónica, en el que se definen unos índices que engloban los diferentes conceptos, a saber: Calidad del Servicio, Atención a la Demanda y Atención al Cliente. La Calidad del Servicio mediría por un lado la mayor o menor bondad técnica de la Red para soportar los servicios de telecomunicaciones, fundamentalmente el telefónico y por otro la eficacia de Telefónica en mantener la red y los terminales. La Atención de la Demanda, mide el grado de cumplimiento de las demandas de los usuarios, tanto en el servicio telefónico como en otros (lista de espera). La Atención al Cliente mide el grado de satisfacción de los clientes con el trato en los servicios de Telefónica (reclamaciones por cobro indebido, atención en las oficinas comerciales, etc…). La Calidad del Servicio, depende de los medios técnicos, Centrales de Conmutación de los diferentes niveles jerárquicos, medios de transmisión, que enlazan estas centrales y red del abonado. Estos medios se han quedado pequeños, ante el volumen de tráfico que aspira a circular por ellos. También ha incidido en la calidad, una disminución del nivel de mantenimiento de los mismos, como consecuencia de diferentes cuestiones que afectan al personal de Telefónica y que analizaremos posteriormente. Otro tema que incide aquí es el acelerado cambio tecnológico en el que está inmersa Telefónica y que exige una introducción en la Red de nuevos equipos y sistemas, que deben ser compatibles con los anteriores y que eleva fuertemente la complejidad de su operación y mantenimiento. La Atención a la Demanda, depende también de muchas variables. Entre ellas están: existencia de líneas vacantes en las centrales, disponibilidad de red exterior, buen funcionamiento del complejo sistema de gestión que se produce desde que el usuario solicita un teléfono o un circuito, hasta que se lo instalan en su domicilio o empresa. En este tema, aunque se ha aumentado fuertemente el número de teléfonos y circuitos instalados, se producen unos periodos de espera medios del orden de 6 meses para un teléfono, lo que en estos tiempos que corren, no es presentable. En cuanto al resto de servicios de telecomunicaciones, la situación no es mejor, con el agravante de la fuerte repercusión económica que en este caso tienen las demoras existentes, que afectan al funcionamiento de las empresas. La clave de la actual situación en este tema ha sido la incorrecta previsión de la demanda efectuada por Telefónica. Recordamos que el propio COIT ha dicho y publicado desde hace años en esta revista, que España mantenía un bajísimo nivel de inversiones en telecomunicaciones, sobre todo si se compara con los países europeos de la CEE. La Atención al Usuario depende, como no, por un lado del trato de los empleados de Telefónica a los mismos y por otro de la bondad de los procedimientos de gestión. En este tema, justo es reconocerlo, se ha producido una mejora respecto a situaciones anteriores, con la creación de las Oficinas de usuarios, introducción de servicios como el de facturación detallada, etc. además de un cambio general en las relaciones con los clientes. La propia Telefónica ha reconocido, por boca de su Presidente, que la Calidad de Servicio actual es mala y que se ha degradado fuertemente en los últimos años. Se han aducido diferentes razones que han motivado la situación actual. A nuestro entender, las principales han sido: - Una visión excesivamente economicista de la gestión de la empresa, que ha primado fuertemente los aspectos financieros (saneamiento financiero, salida a las bolsas extranjeras…) sobre cualquier otro. - Consecuencia de lo anterior, una política de limitación de las inversiones y contención de los gastos, que ha producido, especialmente en el tema personal, fuertes distorsiones. - La política de “crecimiento cero” de plantilla, mantenida desde el año 83 al 86, ha producido una fuerte disminución del personal operativo, resistiéndose el nivel de conservación de la Red. - Una disminución del nivel de motivación de los empleados, como consecuencia de un clima laboral deteriorado, producto fundamentalmente, de los fracasos en los intentos de solucionar el problema de la Caja de Pensiones (ITP). - Una totalmente incorrecta previsión de la demanda, que no ha sabido prever el gran incremento de la misma producido desde el año 85 hasta el actual. Esta previsión es fundamental, pues los procesos a poner en marcha para atenderla son muy complejos y requieren tiempo. - Una cierta confusión organizativa, producto de los continuos cambios en la organización de Telefónica. Estos cambios, no necesariamente negativos, sin embargo han chocado con la “Cultura Telefónica”, produciendo desconcierto en el personal. No está exenta de responsabilidades en esta situación la Administración, que ha hecho una dejación total de su responsabilidad de que el servicio público, se de en buenas condiciones. ¿Significa todo esto que el equipo de gestión de Telefónica lo ha hecho todo mal? Entendemos que no. Su gestión tiene, como todo en la vida, luces y sombras. Decisiones como el aumento de la proyección internacional de Telefónica, la colaboración en el proceso de reconversión de los suministradores, la captación de capital extranjero, son a nuestro entender correctas. No obstante se ha echado en falta una mayor atención al aspecto de servicio público y un mayor peso de las opiniones de los técnicos en la política de Telefónica. ¿Se concebiría que en el Banco de España la mayoría de los directivos fueran Ingenieros de Telecomunicación?

56.- EDITORIAL RETEVISIÓN: Un nuevo paso. Siempre ha sido criterio de COIT manifestarse antelas iniciativas y realizaciones de nuestro ámbito profesional, mostrando el papel que nos corresponde al acompañarlas en su desarrollo y criticarlas con la intención de que en ellas manden la racionalidad, la economía y los diferentes aspectos del “humanismo tecnológico”. Hoy nos enfrentamos a la gestación de Retevisión, y no podríamos por menos expresar nuestro criterio: En tiempos por fortuna pasados, nadie se preocupó por un servicio nacional de distribución, contribución y difusión de señales radiofónicas y televisivas “para todos”. Porque apenas se consentía la existencia de cadenas de radio no sospechosas y porque se entendía la televisión como un instrumento al exclusivo servicio del sistema. Más recientemente, al iniciarse la organización del estado de las autonomías, surgió una Ley de Terceros Canales que, mirando única y parcialmente a la televisión, planteaba el desarrollo de redes “autonómicas” apoyadas en la infraestructura de RTVE, que no se llegaron a materializar por dos razones principales: - Los entes encargados de gestionar servicios de radio y televisión autonómicos hicieron ver a sus correspondientes administraciones cómo, si creaban la infraestructura propia, ésta podría utilizarse para servicios integrados de la comunidad. - Además, el celo y las exigencias de RTVE dieron pie a que los parlamentos autonómicos –acogiéndose a la letra de sus estatutos de autonomía- autorizasen gastos para duplicar infraestructuras de redes bajo el pretexto de que así se evitaban indefiniciones de titularidad y patrimonio. En los últimos tiempos, tras los cambios de dirección general y dirección técnica de RTVE, cambiaron las voluntades y se inició una línea de colaboración no exenta de sospechas por parte de los periféricos (confirmadas en más de una ocasión futbolística), mientras Telefónica anunciaba la creación de una red de transporte de vídeo claramente dirigida a enlazar TV3, ETB, TVG, TVV y TVA… A lo largo de estas vicisitudes, los promotores de la televisión privada, preocupados por su futuro negocio, han venido exigiendo la creación de un ente transportador y difusor de señales en las que las empresas tuviesen parte de capital y capacidad decisiva. Apoyándolos, se manifestaron las tres televisiones autonómicas “históricas” y, en el entretanto, apareció la Ley de la Televisión Privada. Ante la nueva situación, Retevisión, como servicio “para todos”, es una necesidad indiscutible, sobre la que tenemos varias propuestas que hacer: Debe ser una entidad pública que se entronque en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Gestionará todo tipo de señales, de radio o televisión, que se generen en cualquier centro de producción –fijo o móvil- y hayan de llegar a otro centro productor o a los receptores finales. Por tanto, en la red que administre se han de apoyar tanto las televisiones privadas como las públicas, evitando que los nuevos “terceros canales” creen infraestructuras propias y que RTVE pueda actuar como “juez y parte” en la gestión de enlaces. El nuevo ente debe extender su gestión al ámbito de los enlaces y la difusión vía satélite, actuando, de momento, entre los radiodifusores y Telefónica, mientras trabaja por la consecución del satélite español y procura con su lanzamiento los máximos retornos industriales. Retevisión asumirá la realidad –ya de hecho- de la difusión por cable y la no lejana realidad de la televisión de alta definición. Su objetivo final, definido en criterios de planificación teórica y económica, ha de ser la unicidad de la red, teniendo en cuenta que el futuro de ésta sea la banda ancha, y que su modernización no sufra demoras a pesar de las circunstancias que rodean al caso. Aguardando el nuevo paso que Retevisión viene a significar en el camino de la racionalización de nuestras telecomunicaciones, sólo nos quedan por hacer dos apuntes finales: - Uno, de índole económica: Es un acierto la paralización del desarrollo de la red de vídeo que estaba montando Telefónica. - Otro, de tipo humano, sobre el colectivo profesional que hoy cumple funciones en RTVE y mañana las cumpliría en Retevisión: Son mujeres y hombres con una cualificación específica y alta, capaces y necesarios para que el proyecto sea realidad sin atrancos. Es de esperar que se les respete en todos los aspectos, humanos y profesionales. Que no sean “víctimas” de un trauma organizativo. Solidariamente, eso esperamos.

57.- EDITORIAL Fusiones en la industria electrónica. En los últimos años hemos asistido a procesos muy importantes en la economía española, que han sido profundamente tratados en sus aspectos económicos y menos profundamente desde el punto de vista profesional, nos referimos a reestructuraciones de sectores como el siderúrgico y el naval, o al proceso de fusión bancaria. Durante el último año, se trabajó intensamente y solamente conocido por personas o personajes muy próximos a los centros de decisión, en el análisis de lo que debería ser el sector industrial de la electrónica, a la vista de los retos que plantea el mercado único. De este proceso estaban excluidas las empresas multinacionales, y se puede decir que no precisamente como castigo, sino porque en su gran mayoría habían tenido todas las opciones posibles para su reorganización o dimensionamiento, contando con ayudas económicas importantes, y lo que es más discutible con la posibilidad de negociar parcelas de mercado. Como en todo proceso, es seguro que hay excepciones, y en este editorial no se plantea analizar el porqué. Una vez establecidos los principios del reparto de una tarta que se supone suculenta e importante, el objetivo parece ser “racionalizar” el esfuerzo industrial, con capital mayoritariamente nacional, y no se sabe bien si es para evitar una lucha fraticida, para consolidar una industria nacional potente, o para preparar la novia. Seamos positivos y pensemos que es para consolidar una industria nacional, si bien es oportuno recordar que el mayor comprador de telecomunicaciones, está presente en el juego de la reordenación, pero no parece que ponga mercado a disposición. El sistema diseñado, prevé crear tres, algunos dicen cuatro, grupos, en los que actuarían de motor inicial, una empresa privada caracterizada por su tamaño y la parte especializada de la empresa pública característica del sector. A esta cabecera o núcleo, se asociarían aquellas empresas (normalmente pequeña o mediana) que aportarán una especialización identificada con el área en cuestión. Antes de analizar el planteamiento, es oportuno aclarar, que en toda esta actuación, se ha previsto que sean criterios empresariales los que justifiquen todos los movimientos previstos, aportando como ideas, la combinación de los diferentes intereses, bien sea mediante la compra de activos, el intercambio de participación, la creación de nuevas empresas participadas o incluso la potencia de algún “holding”, y ofreciéndose en cierto modo el Ministerio de Industria como garante de la operación. El primer movimiento práctico de esta estrategia se hace público, con el acuerdo firmado a finales de Diciembre pasado entre los presidentes de Telefónica y el INI, por el que se inicia la estructuración de dos grupos: el de comunicaciones y el de software. Nada o poco se puede decir a actuaciones que están planteadas con criterios como los expuestos, como no sea el hecho de que ninguna de las partes que intervienen en el proceso, se encuentran respuestas sobre el proyecto empresarial que las mueve. ¿Es posible que no exista? ¿Se tratará con esta propuesta, de acallar voces que están pidiendo un mayor protagonismo en el mercado? ¿Se trata de sanear, aprovechando capacidades de gestión privadas, el sector público relacionado con esta industria? El discurso que se hace en relación con el establecimiento de una industria española que equilibre peso de las multinacionales en el mercado interno y que a su vez sea capaz de competir en mercados extranjeros, como otra multinacional, puede hasta carecer de sentido, cuando básicamente se oriente hacia mercados cautivos de Defensa, que además de exigir una madurez industrial suficiente para que sea aceptada por el usuario final (los diferentes Ejércitos) tiene una gran incertidumbre en los presupuestos. En relación con el software, ¿cuáles son los criterios? Ni siquiera este sector es homologable en sus características a los puramente industriales, y hasta es bastante probable que en este caso, haya más perdedores que ganadores, por la gran atomización de las empresas que basan su existencia en una alta especialización. Simultáneamente y pensamos que provocado por este movimiento, se iniciaron otros, que no parecen ser especulativos, pero cuya trascendencia puede ser mayor a la esperada porque pueden significar vías de cambio en los objetivos básicos de nuestras industrias, que podrán estar plenamente justificados si no se encuentra forma mejor de organizar el sector. Por mucho que se quiera vender la racionalidad de este proceso, que sin duda ninguna la tiene, existen muchas preguntas en el aire, a las que no se puede responder sólo desde la política. Es necesario ofrecer respuestas concretas, que incluso puedan facilitar la definición de las alternativas empresariales, no sea que las reacciones resulten ser negativas y el efecto justamente el contrario al esperado. En otros países de nuestro entorno, y muy recientemente, situaciones parecidas generan un gran debate. ¿Por qué no sucede esto en España? Este país está tan acostumbrado a que le presenten los hechos, que se autolimita el derecho de preguntar, hasta el punto de que se señale al que pregunta, este es uno de esos casos, en que además le asiste el derecho del contribuyente.

58.- EDITORIAL El desarrollo de la LOT y otros retrasos. En Diciembre de 1987 vio la luz en el BOE, la tan esperada y necesaria Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. En dicha Ley se decía que en el plazo de un año, se publicarían los Reglamentos Técnicos de los Servicios, el Plan Nacional de Telecomunicaciones y el Contrato entre Telefónica y el Estado. Pues bien, ha pasado un año y medio y “aquí no aparece nada”. En este caso, es la Administración la primera que incumple los plazos, lo que no es muy buen ejemplo para los demás. Hasta aquí, simplemente una constatación, que el COIT-AEIT, quiere poner de manifiesto. Parece claro que el retraso en el desarrollo de la LOT, incluso después de la aprobación de la misma, produce una situación confusa, que a nuestro entender no es nada propicia para el desarrollo racional del Sector. Un ejemplo de esto podría ser la proliferación de terminales telefónicos “piratas”, que se favorece por la inexistencia de los Reglamentos Técnicos. ¿Cuáles son las razones de este retraso? A esta pregunta sería conveniente que contestaran los responsables políticos. Desde aquí nos surgen varios interrogantes: - ¿No sería utópico pensar que el plazo de un año era suficiente para el desarrollo de la LOT? - ¿Existe suficiente voluntad política para sacar adelante un tema tan complejo? - ¿Está el sector realmente interesado en que se realice el desarrollo de la Ley, o acaso ese interés es meramente formal y en la práctica no se demuestra? Un retraso excesivo en resolver estos problemas puede conllevar el riesgo de que la LOT quede sobrepasada por directivas de normativa comunitaria elaboradas por Bruselas, que pudieran no ser armónicas con la propia LOT. La Administración debe poner el máximo empeño en resolver de una manera no perfecta y excesivamente lenta, sino razonable, estas asignaturas pendientes. Para lo cual debe contar con personal técnico cualificado y motivado. El hecho de que en la Oferta Pública de Empleo de este año no existan plazas de Ingeniero de Telecomunicación, no ayuda precisamente a sacar la LOT adelante. Pero este es otro tema, que trataremos con más profundidad próximamente.

59.1.- EDITORIAL Situación de la Administración de las Telecomunicaciones. Desde estas mismas páginas, ya nos hemos ocupado en repetidas ocasiones de la importancia creciente que el sector de las telecomunicaciones juega en el desarrollo de los países industrializados. También hemos tratado el papel que las administraciones deben desempeñar en un sector definido por la propia Constitución como estratégico, y que es aceptado por todas las fuentes económicas y gubernamentales como de previsible máxima expansión en los próximos años. Hoy queremos exponer, la situación en que se encuentran los Ingenieros de Telecomunicación que prestan sus servicios en la Dirección General de Telecomunicaciones, centro directivo de la Administración española encargado de asumir y desempeñar entre otras las siguientes tareas y funciones: - Estudios y propuestas sobre: política general en la materia, reglamentación y legislación. Elaboración de los reglamentos técnicos. Especificaciones técnicas y certificados de cumplimiento de equipos de telecomunicación. - Ordenación y planificación de las redes públicas y privadas. Elaboración del Plan Nacional de Telecomunicaciones. - Estudios y propuestas sobre tarifas de los servicios de Telecomunicación. - Concesiones, autorizaciones y licencias administrativas. - Comprobación técnica nacional e internacional de emisiones radioeléctricas. - Colaboración con el MINER en la definición de la política industrial del sector. - Colaboración con el Ministerio de AA.EE. en la coordinación internacional de las Telecomunicaciones. - Coordinación con el Ministerio de Defensa para la aplicación de las telecomunicaciones civiles a la defensa nacional. - Control y seguimiento de los planes y actuaciones de Telefónica de España. - Tareas en el campo de la I+D. - Inspección de Redes y Servicios civiles de telecomunicación. - Etc. Además, la DGTEL gestiona o participa en la gestión de programas y proyectos nacionales e internacionales, entre los que enumeramos: STAR, RACE, DRA, DRIVE, COST, COSINE, HISPASAT, RETEVISION, PRONTIC, RICO, etc. Hasta la creación de la DGTEL, por R. D. 1209/1985 de 19 de Junio, todas las funcione y tareas descritas eran desempeñadas por una serie de entidades como: Telefónica, Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, Dirección General de Medios de Comunicación Social del Estado, RTVE, etc. Transcurridos más de cuatro años desde su creación, para hacer frente a todas las tareas y funciones mencionadas, cuyo carácter eminentemente técnico impone la necesidad de que sean desarrolladas en su mayoría por Ingenieros de Telecomunicación, la DGTEL cuenta tan sólo con unos cuarenta de ellos, sin que se haya previsto su ampliación, ya que en la oferta pública de empleo de 1989 ¡no se contemplan nuevas plazas! Por otra parte, el nivel retributivo y administrativo que se ofrece a los Ingenieros de telecomunicación en esa Dirección General, es tan bajo en la mayoría de los casos que, no sólo existe un continuo éxodo de los mismos, sino que en las ofertas públicas de empleo realizadas hasta la fecha, la respuesta ha sido muy baja, llegándose al caso de que no toman posesión de la plaza, candidatos que han superado satisfactoriamente las pruebas al conocer el nivel retributivo de los puestos que se les ofrecen. La ubicación física de la DGTEL, las condiciones de hacinamiento, así como la falta de medios para la realización del trabajo, impropios de una Dirección General moderna, que trata temas de la más avanzada tecnología, hacen dudar de la capacidad de la misma para desempeñar misiones de tanta envergadura, y de la voluntad real de conseguir una administración de Telecomunicaciones como la que el desarrollo socioeconómico español demanda en estos momentos. Queremos llamar la atención de nuestros gobernantes, desde estas páginas, para alentarlos sobre la necesidad urgente de tomar medidas que impidan la degradación de la capacidad técnica de la Dirección General de Telecomunicaciones, y con ella de una Administración de las Telecomunicaciones que deseamos fuerte y eficaz, elevada al rango de Ministerio o Secretaría de Estado en línea con los países desarrollados del entorno en que nos movemos.

59.2.- EDITORIAL Nuevo Director en la ETSITM. El pasado 29 de Junio Don Vicente Ortega tomó posesión del cargo de Director de la ETSIT de Madrid. Un hecho de esta naturaleza, normalmente, habría sido recogido en las páginas de información del BIT. Sin embargo, lo sucedido en los dos meses transcurridos desde que Don Enrique Page presentase su dimisión y el resultado final: el nombramiento por la Junta de Gobierno de la UPM de un Director en funciones para un periodo de un año, merece en opinión de las Juntas del COIT y la AEIT, ser reflejado en este editorial. Vaya por delante el respeto de estas Juntas por la vida interna de una institución que desde estas páginas ha sido puesta en varias ocasiones como ejemplo de centro de excelencia de la Universidad española. Pero precisamente porque hemos dicho que la ETSITM es un modelo a imitar, nos sentimos con el compromiso moral de reflexionar sobre las causas que han producido esta situación y al proponer algunas soluciones, por arriesgadas y utópicas que puedan ser consideradas. ¿Cómo es posible que ningún profesor haya presentado su candidatura para dirigir un centro de tanto prestigio? La explicación se nos antoja sencilla: por un lado la LRU ha limitado significativamente las competencias del Director de Centro a favor de los Departamentos, por otro los profesores prefieren dedicar su esfuerzo a trabajos de investigación y docencia que son intelectualmente más agradecidos y por qué no decirlo, económicamente más beneficiosos. En efecto, al pasar las responsabilidades de investigación e impartición de las enseñanzas a los Departamentos, el Director de Centro debe asumir las ingratas tareas de administración, organización y control de las enseñanzas y representación del Centro en el exterior. Asumir un papel moderador con unos Departamentos poderosos, fuerte representación estudiantil y en una coyuntura interna más que complicada. Y sin embargo, a nadie se le oculta que una dirección débil puede tener consecuencias catastróficas a medio plazo en la formación de los futuros Ingenieros de telecomunicación y una pérdida de imagen que afectará negativamente a las relaciones entre los investigadores y las instituciones públicas y privadas. ¿Cómo fortalecer esta figura? Se nos ocurren unas ideas sencillas. En primer lugar, aliviar al Director de las tareas administrativas, mediante la contratación por la Universidad de un gestor. En segundo lugar, nos parece que un Centro de esta complejidad, necesita un Consejo Social, similar al que existe para la Universidad, formado por representantes de diversas fuerzas sociales y profesionales que pudieran trazar las líneas de política general del centro, que ayudaría a suavizar los conflictos internos del centro y que sería un apoyo importante de su Director. Queremos acabar esta editorial felicitando al nuevo Director por su nombramiento, y ofreciéndole la colaboración más generosa del COIT y la AEIT, en esta etapa tan difícil.

60.- EDITORIAL Retos e incertidumbres de la integración en Europa. La integración de España en la Comunidad Económica Europea está provocando un ajuste general en todos los sectores de nuestro país. Más acusado si añadimos que este proceso unilateral es simultáneo con otro que afecta a toda la Comunidad como es la creación del Mercado Interior. Las Telecomunicaciones, como pieza esencial en el desarrollo de la sociedad, son objeto de un cuidado especial por todas las instituciones que juegan un papel importante en el diseño de políticas y estrategias: la Comisión, el Consejo, los Estados Miembros, los operadores de red, las asociaciones de fabricantes, los países terceros… Tras la aparición del Libro Verde de la Comisión y de la Resolución del 30 de Junio de 1988 del Consejo, en las que se señalan las posiciones de ambas instituciones, nos hallamos en la fase caliente de adopción de decisiones en dos grandes temas: la liberación de servicios y su armonización. Parece claro que debe progresarse conjunta y simultáneamente en ambos terrenos, midiendo bien el impacto de las medidas a adoptar, teniendo en cuenta los diversos grados de desarrollo e involucrando a todas las instituciones en su adopción. De no hacerse así, se corre el serio peligro de generar un mercado desordenado, desequilibrar la balanza comercial del sector equipos, hoy positiva, y, desde luego, relegar a un ultísimo término la función social de las Telecomunicaciones. Es necesario pues acordar y establecer un escenario de servicios adecuado y un calendario para su puesta en marcha ajustado a las situaciones nacionales de partida. La pregunta ahora sería: ante toda esta avalancha ¿está nuestro país dando pasos adecuados para obtener los mayores beneficios de esta situación? Tal parece como si las rémoras creadas por una situación monopolística estuvieran impidiendo que tanto la industria como los prestadores de servicios, a pesar de conocer esta nueva situación, fueran incapaces de adaptarse a la nueva cultura. Por otra parte la Administración de Telecomunicaciones, que amén de defender nuestros intereses en los foros donde se elaboran estas disposiciones, deberá actuar de árbitro justo y neutral en el juego de la concurrencia, necesita fortalecer su posición y establecer un mecanismo de comunicación más eficaz que el actual con las entidades afectadas a fin de que se pueda conformar nuestra postura ante cualquier iniciativa comunitaria. En la Europa de los 90 cada vez van a ser más importantes las alianzas diplomáticas con otros países de intereses homogéneos y sobre todo presentar un sólido frente común nacional. ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo? Es claro que la misma LOT, en pequeña medida, y sus desarrollos, en mayor medida, se verán afectados por las normas comunitarias que se publiquen pero lo más importante es que el contenido de éstas y su calendario de aplicación, sean los más convenientes para un sector como el nuestro que se encuentra en pleno desafío de recuperación y modernización. Si no lo hacemos bien quedaremos subdesarrollados y lejos de los centros de decisión no sólo en temas industriales sino de servicios.