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22.- EDITORIAL La ordenación de las telecomunicaciones. La actuación pública de la AEIT y el COIT durante estos últimos años se ha concentrado, fundamentalmente, en la tarea de concienciar a la sociedad española en general, y a sus representantes en particular, sobre la imperiosa y urgente necesidad de situar a nuestro amplio sector entre el puñado de prioridades que los gobernantes manejan a la hora de configurar el futuro. Y si anotamos las indicaciones de ciertos termómetros (prensa, comisiones oficiales en marcha, discursos y declaraciones), hasta puede parecer que ya hemos tenido éxito en nuestro empeño. Pero ni siquiera por una ilusión óptica se llegan a entrever soluciones. En realidad, se ha disparado un proceso de manoseo de los problemas, de puesta al día de las informaciones y los datos más relacionados con las telecomunicaciones, la electrónica y la informática. Los periodistas, los banqueros, los políticos y hasta los cantantes “hacen manos” con la complicada terminología de los iniciados en tan esotéricas materias. Junto al bit, la robótica y el chip, te descerrajan sin pestañear un “cerebro electrónico”, un “rayo de la muerte” o una teledifusión por cable. Bien, ya estamos en el rollo, que diría un cheli. Y ahora, ¿qué? Pues ahora viene lo bueno. O el desastre, porque si de los diversos Libros, Planes y Programas no salen acciones concretas, inmediatas, coherentes y bien orientadas, no habremos conseguido más que vulgarizar la terminología y, en el mejor de los casos, dar una leve capa de cultura tecnológica a los habituales lectores de periódicos. Nuestra obligación, en estos momentos, consiste en hacer propuestas definidas y ordenadas y ése es también nuestro riesgo, porque nos podemos equivocar (una de las más reconocidas características de muchos españoles es la paralización ante los problemas, por miedo al ridículo en el que se puede caer si uno se equivoca) y, si acertamos, podemos desatar las iras de quienes, con sus redes, están especializados en la pesca en río revuelto. Tan complicado y tan simple como la vida misma. De todas las posibles acciones a emprender con vistas a una mayor racionalización de las estructuras del sector, parece que conviene empezar precisamente por la base, consolidando los incompletos y viejísimos cimientos legales de nuestras telecomunicaciones. Un conjunto de actividades de la importancia estratégica, económica, tecnológica y social como la de las telecomunicaciones no puede seguir descansando sobre piezas jurídicas tan dispares, inconexas y desfasadas como los diversos contratos y decretos que constituyen la actual “desordenación”. La comparación internacional, nos vuelve a dejaren mal lugar, aunque esto importe algo menos. Lo verdaderamente significativo es acabar con la dispersión de competencias (Dirección General de Correos y Telecomunicación, Subsecretaría de Aviación Civil, Subsecretaría de la Marina Mercante, CTNE, Ente Público RTVE, Defensa); la indefinición del alcance real de cada una de ellas; la falta de cauces claros y eficaces para la implantación de una política conjunta, y para su posterior seguimiento y control por parte de los poderes públicos; la falta de criterios políticos orientadores sobre cuestiones tales como el régimen de explotación de los distintos servicios sobre todo, los nuevos, la política de tarifas y las relaciones internacionales. El temario típico de una adecuada ordenación de las telecomunicaciones es amplio. El COIT y la AEIT lógicamente cuentan entre sus miembros con las personas más capacitadas del país para confeccionar cuantas propuestas sean necesarias, y las juntas directivas de ambas instituciones están decididas a abordar el tema con la profundidad que sea necesaria, en el convencimiento de que las casas no se empiezan por el tejado.

23.- EDITORIAL Reflexiones ante un cambio de Gobierno Ante el cambio de Gobierno, tras la celebración de las ya inminentes elecciones legislativas, parece oportuno reflexionar sobre el papel jugado por los Ministerios de Industria y Energía y de Transportes, Turismo y Comunicaciones en lo relacionado con la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. En el Ministerio de Industria y Energía, la Dirección General de Electrónica e Informática canaliza la actividad relacionada con nuestro sector. Su reciente creación fue, el tiempo lo ha demostrado, un indudable acierto. Asuntos arrancados a poco de iniciado su camino, y casi sin presupuesto, junto a otros posteriores, como la reconversión del sector de componentes, la normativa entre homologación, los programas SATCA y FACA, la informatización de Hacienda, y, sobre todo, la puesta en marcha del Plan Electrónico Nacional y una estrecha colaboración con la industria nacional, han significado el primer paso, de los muchos que se tendrán que dar hasta alcanzar el irreversible papel que en el panorama industrial español tendrán la electrónica y la informática a medio plazo. Lo logrado es, a pesar de todo, poco en comparación con los objetivos que la sociedad marcará a nuestro Ministerio de Industria y Energía en el futuro. Sin embargo, a nuestro juicio y ciñéndonos al tema que nos ocupa, el conjunto de su gestión ha de valorarse positivamente. El quehacer del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la ordenación de las telecomunicaciones parece ocupar uno de los últimos lugares en la escala de prioridades establecida. Las consecuencias han sido numerosas. El lastimoso proceso de redacción del tan anunciado Libro Blanco de las Telecomunicaciones, la tan solicitada, tanto por profesionales, como por empresarios y sindicatos, Ley de las Telecomunicaciones, que continúa pendiente, la multiplicación innecesaria y preocupante de las redes, que lleva a cada organismo público a tener la suya propia, o la actual situación de la CTNE, donde sigue sin estar claro si el status actual, con una empresa privada gestionando un servicio público, es el adecuado, si procede o no un control parlamentario, y cuyo Presidente, lejos de dimitir para dedicarse a las elecciones legislativas, ha optado por un “guárdenme el sitio, que enseguida vuelvo”, son algunos de los muchos ejemplos que ratifican lo anteriormente postulado. Si a ello añadimos que al titular del departamento, y a pesar de la reiterada correspondencia enviada por nuestras Juntas Directivas manifestando su inquietud por el futuro de las telecomunicaciones y solicitando la celebración de una entrevista, le conocemos gracias al Festival de la Canción de Benidorm; que la Junta Nacional de las Telecomunicaciones, que tiene asignadas funciones de carácter estratégico en la ordenación de nuestras telecomunicaciones como la planificación y coordinación de redes, la información preceptiva de programas de inversiones, la asignación de funciones o la relación con organismos internacionales, se ha reunido una sola vez en todo el año, y en sesión que no duró ni dos horas; o que su órgano ejecutor, el Gabinete de Ordenación de las Telecomunicaciones carece, a nuestro juicio, del peso específico dentro de la Administración y de los medios materiales y humanos para cumplir los objetivos marcados inicialmente, debe concluirse que la gestión de tan heterogéneo Ministerio, y en materia de telecomunicaciones, ha brillado por su ausencia. Lo anterior ha llevado a solicitar, desde distintas posiciones, entre ellas la nuestra, la creación de un Ministerio de Comunicaciones, que, más centrado en objetivos homogéneos, se enfrente con los problemas que afectan a las telecomunicaciones, que no son pocos, y que nadie parece querer o saber resolver. Este es el reto que habrá de asumir la fuerza política que salga de las urnas el próximo 28 de Octubre.

24.- EDITORIAL En el umbral del cambio. El pasado 28 de Octubre, los españoles se han procurado un Gobierno para los próximos cuatro años, en un acto masivo de ejercicio democrático, que ha dejado un buen sabor en el espíritu de las gentes, con independencia de la suerte que haya corrido cada una de las opciones en liza. Un gobierno mayoritario en las Cortes Generales y en el país, apoyado en casi diez millones de votos, es una buena opción de principio para atacar los problemas y dar cauce a las aspiraciones de cambio (tan insistentemente expresadas) que unen a los pueblos de España. La línea editorial del Bit es conocida por su continuidad, por su perseverancia en reclamar de los poderes públicos atención a los problemas del sector. Esta vez, superando nuestro marco profesional y conectando con el deseo generalizado de la mayoría, queremos unirnos a la esperanza de todos en que se resuelvan los problemas primarios y más acuciantes que se plantean en terrenos como los de la Defensa, Administración, Sanidad, Educación, Justicia, la mejora en el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos, la creación de empleo y riqueza… No queremos ser una voz más en el coro de peticiones, sino representar un deseo, una idea en movimiento, porque confiamos en las posibilidades de nuestro pueblo para mejorar y en la capacidad de nuestro colectivo para caminar en esa dirección. Volviendo a planteamientos más cercanos, los próximos dirigentes de la Administración Publica Española conocen de sobra los planteamientos que, desde fechas ya alejadas, venimos repitiendo en todos los foros a que tenemos acceso. Al mismo tiempo, nosotros conocemos las posturas sustentadas por las fuerzas políticas que han actuado durante los últimos años y que se presentaron a estas elecciones con unos programas concretos, con la oportunidad de exponerlos en nuestra propia tribuna. Sin embargo, es útil repetir una vez más, en lo que se refiere a nuestro sector, las actuaciones que juzgamos urgentes e imprescindibles para superar una situación insatisfactoria y que podemos resumir en los siguientes puntos: - Reconocer la importancia capital que tienen para un país moderno las técnicas de las que nos consideramos conocedores. - Coordinar la actuación de las administraciones Públicas a todos los niveles: central, autonómicas y locales. - Planificar las compras del sector público para que sea posible un mejor funcionamiento de las empresas existentes o por crear. - Definir unos objetivos para el sector empresarial de mayoría pública que fomenten el avance tecnológico y coloquen a nuestro país en el grupo de los más desarrollados. - Ordenar las funciones y tareas del sector, abordando con rapidez leyes como la de Telecomunicación, necesarias para aclarar las distintas áreas de responsabilidad y competencia, acabando con la confusión existente. - Atender el problema de la asimilación tecnológica, como paso imprescindible para reducir nuestra dependencia en terreno tan trascendente. - Renovar las estructuras del país, de acuerdo con las nuevas tecnologías, con la participación en cuanto a ritmos y metas de todas las fuerzas sociales interesadas. En la discusión de estas propuestas y de otras muchas que se quedan en el tintero, así como en la puesta en práctica de algunas de ellas, estaremos siempre dispuestos a colaborar con el futuro Gobierno. Si coincidimos, desde un firme compromiso de participación. Si discrepamos, desde la ajustada crítica. En cualquier caso, sin ningún tipo de apriorismo y sobre la base de la necesidad y la posibilidad de alcanzar los objetivos. Como hasta ahora con anteriores Gabinetes, y para lo que venga en el futuro: señores del Gobierno, cuenten con nosotros.

25.- EDITORIAL Ante el Año Mundial de las Comunicaciones. Por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1983 será el Año Mundial de las comunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el organismo encargado de promover y coordinar, en colaboración con otros numerosos Organismos Económicos y Sociales internacionales, las actividades que tengan lugar con este motivo. Confiamos en que, en esta ocasión, la participación española se desarrolle de forma más brillante que en la última celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones. El interés que puso la nueva Administración en los actos de Cincuentenario de la UIT, a las pocas horas de su toma de posesión, representa un gesto al que no estábamos acostumbrados, que inicia una nueva forma de hacer las cosas. La Comunidad Internacional ha reconocido públicamente algo por lo que venimos clamando desde hace tiempo en nuestro país: que las comunicaciones son una de las infraestructuras básicas para todas las actividades sociales, económicas y culturales. Su desarrollo tiene un interés estratégico primordial en el que deben concentrarse los recursos precisos y las actuaciones administrativas necesarias para asegurar la expansión equilibrada de unos medios que son condición indispensable y elemento integrante del desarrollo de los pueblos. Sin embargo, debemos reconocer que nuestra sociedad no ha asumido estos valores, como lo prueba, por ejemplo, la falta de un tratamiento del tema en los textos escolares similar al que se ofrece de los transportes o las genéricas propuestas de posprogramas en las pasadas elecciones. Pero nuestra preocupación más inmediata debe ser la continuidad en la dispersión de competencias en el organigrama de la Administración, que puede tener consecuencias impredecibles en esta etapa de construcción del nuevo Estado. En efecto, la falta de un órgano administrativo único como instrumento de la soberanía del Estado en esta materia, que sustituya a las competencias genéricas de la Administración (Direcciones Generales de diversos Ministerios, Administraciones Autonómicas, entes autónomos, empresas de servicios públicos, etc.), provoca una permanente fuente de indefiniciones y conflictos y puede llegar a abortar cualquier intento de definir una política coherente en este sector, al suponer cada parte que es soberana y depositaria de las competencias del Estado para determinar libremente su actuación. Lamentablemente, el recurso a la idea de una Unión Internacional de Telecomunicaciones como contrapunto a la desunión nacional en la materia, debe ser adecuadamente matizado, y el análisis de cómo se entiende la Cooperación Internacional en estos temas, que en muchas ocasiones es puesto como ejemplo frente a la falta de efectividad de otros Organismos Internacionales, debe ser fuente permanente de aprendizaje para los españoles. Basta analizar cómo se imponen los intereses de los países más fuertes a la hora de alcanzar, o de que no se alcance, un acuerdo internacional sobre cualquier materia técnica (normas de televisión, reparto de frecuencias, etc.); cómo se establecen las redes internacionales para fomentar o evitar determinados tránsitos, con evidentes despilfarros que repercuten en el coste de los servicios, o hasta qué punto la explotación de satélites de telecomunicación está determinada por intereses muy concretos; cómo se transforma la colaboración con países en desarrollo en una acción de marketing perfectamente organizada y, en fin, cómo las telecomunicaciones no permanecen al margen de los conflictos bélicos y de la estrategia de la tensión que periódicamente nos sobrecoge. Y todo ello debe sumarse a los permanentes vaivenes a que nos tienen acostumbrados la docena de multinacionales que dominan el mercado mundial de equipos de telecomunicación. Pero el que seamos conscientes de esta situación nacional e internacional, evidentemente compleja, que condiciona nuestras posibilidades de actuación, no debe limitar nuestra ya larga petición de que España defina sus grandes objetivos en telecomunicaciones, aunando en torno a ellos los esfuerzos de todos los organismos, sectores e intereses de nuestro país. En cualquier caso, debemos multiplicar nuestras actuaciones para crear en la sociedad española una auténtica conciencia sobre el papel que deben jugar las telecomunicaciones, puesto que es desde una conciencia colectiva, y no únicamente desde el lógico convencimiento que a priori tenemos los profesionales, como pueden lograrse las metas señaladas. No podemos, pues, desaprovechar ocasiones como la que nos brinda la celebración de este Año Mundial de las Comunicaciones para promover estas ideas en cualquier medio, ante cualquier institución, sin olvidar lógicamente las que deberían ser las más interesadas en el tema y que, a menudo, siguen evitando el protagonismo que les corresponde.

26.- EDITORIAL El Plan Electrónico Nacional, cuanto antes. A mediados de Enero de 1982, una comisión formada por once expertos inicia la redacción del Plan Electrónico Nacional. Su composición genera no pocas críticas, entre ellas las de nuestro colectivo a través de nuestras Juntas Directiva y de Gobierno en estas mismas páginas. Tras poco más de un año de trabajos y negociaciones, dicha comisión finaliza, el pasado 3 de Febrero, un documento definitivo que, no nos duelen prendas, es, sin lugar a dudas, el más importante que en nuestro sector se haya desarrollado hasta el momento. Del producto final, titulado “Plan Nacional de la Industria Electrónica”, dividido en seis capítulos, se debe destacar un aspecto especial. Sin entrar en valoraciones cualitativas de su contenido, para lo que habrá tiempo en el futuro, su estructuración constituye un importante punto de inflexión respecto de experiencias anteriores. En efecto, por primera vez un comité de expertos da forma a “recomendaciones” concretas para solucionar problemas igualmente concretos, desmenuza pacientemente la amplia problemática que en electrónica, telecomunicaciones e informática afecta a un país como el nuestro y, en definitiva, ofrece, para cada situación, soluciones “a medida”. Sin embargo, desde que se inició la andadura de la comisión redactora hasta el día en que finalizó su trabajo, han sucedido muchas e importantes cosas en nuestro país. Entre ellas, que el partido en el Gobierno que encargó el estudio en cuestión, ya no es el mismo que ahora lo recibe. Ello implicará, lógicamente, una revisión de su contenido que lo adecue, en caso de que sea necesario, a las nuevas circunstancias. A partir de aquí se inician todo tipo de especulaciones. Desde quienes piensan que todo será trastocado a simples acciones enmarcadas en la política sectorial a llevar a cabo por la Dirección General de Electrónica e Informática, hasta quienes afirman que la intención del Ministerio de Industria es lograr que el borrador definitivo esté, sin más demoras, entregado al Parlamento antes del próximo mes de Junio. Lo que si es cierto es que la comisión redactora aún no ha hecho entrega oficial del documento al Ministro de Industria y Energía, y esto es, al menos, preocupante. Nuestra postura en este asunto es rotunda. Creemos que el borrador actualmente redactado constituye un punto de partida suficientemente importante como para que el Gobierno dé forma, sin grandes dificultades, a lo que será el Plan Electrónico Nacional, en su versión definitiva. El esfuerzo y la colaboración habida desde amplios sectores de nuestra sociedad, muchas veces aunando criterios enfrentados, debe verse ratificado por la voluntad política del Gobierno que, al menos en declaraciones programáticas, siempre ha dejado constancia de su propósito de hacer del sector electrónico, y en la línea de actuación de los países desarrollados de nuestro entorno, uno de los objetivos industriales de una política progresista y moderna.

27.- EDITORIAL Del nuevo tono a la sinfonía inacabada. Por fin, parecen empezar a correr tiempos mejores para las telecomunicaciones en nuestro país. Existe interés en conducir los problemas, ya viejos, a soluciones definitivas, de forma que nunca la sociedad ha recibido tal cantidad de información, ni tantas declaraciones de intención como en los últimos meses. El discurso de Enrique Barón, Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, ante la Junta Nacional de Telecomunicaciones vino a ser el disparo inicial. En los actos celebrados el 17 de Mayo en el Palacio de Comunicaciones de Madrid y el 19 en nuestro salón de actos, los responsables del Gobierno para estos asuntos pudieron comprobar cómo se llenaban unos auditorios con público ávido de conocer las nuevas ideas que el cambio político pueda suponer a nuestro sector. En su intervención en nuestra casa, Enrique Barón resumió lo que podríamos considerar primeras pinceladas de una obra que su equipo no ha hecho sino comenzar y que todos deseamos importante. Hizo suyos todos los argumentos que durante largo tiempo nuestro colectivo vino defendiendo estérilmente ante otros protagonistas. El contenido de su intervención satisfacía, en definitiva, a quienes, incansablemente, han solicitado un mayor peso específico para nuestras telecomunicaciones, a la cabeza de los que creemos encontrarnos. Podemos afirmar que estuvimos ante el Ministro de Comunicaciones, que, además, entiende del turismo y del transporte. Esto, aunque no es suficiente, es, en sí, una importante novedad. Sin embargo, que esto solamente no debe satisfacer la línea iniciada hace años po nuestras Juntas Directivas, es algo que nos parece evidente, pero de lo que queremos dejar constancia y sobre lo que más adelante volveremos. Sentado esto, es preciso constatar que algo ha cambiado en todo este contexto, que el marco no es el mismo, que son otros los personajes. No parece ahora necesario, al menos por el momento, convencer a nadie sobre el papel que le corresponde jugar como administrador de un bien común y del que no se puede hacer dejación, como sucedía hasta hace bien poco. Por fin nuestro colectivo y nuestra Administración Central parecen sintonizar, al menos sobre el papel, unos mismos objetivos. A pesar de ello, y en lo que a telecomunicaciones se refiere, no basta con el “nuevo tono”, a no ser que este sea el inicio de logros concretos. Es necesario activar la ley de las comunicaciones, alcanzar cuanto antes una adecuada ordenación jurídica del sector, llegar lo antes posible a la red civil de servicios integrados y hacer realidad un largo etcétera de reivindicaciones tantas veces planteadas y nunca resueltas. Será entonces cuando se demuestre que los planteamientos genéricos actuales, las buenas intenciones del momento, pasan a ser realidad y no sólo música celestial destinada a alegrar temporalmente la cara de afligidos espectadores deseosos de buena música. En definitiva, Sr. Ministro, y utilizando estas metáforas musicales tan queridas por los responsables de nuestro sector, no queremos quedarnos en el simple tono, que, al fin y al cabo, no es sino una única frecuencia, por muy bien que éste suene, sino lograr, entre todos, esa sinfonía por las que los que vivimos las telecomunicaciones día a día, venimos luchando desde hace tiempo. En esto, como en tantas otras cosas, puede contar con nuestra desinteresada ayuda.

28.- EDITORIAL Corporativismo. No es precisamente, en contra de lo que algunos piensan, el corporativismo “uno de los males de nuestro sector”. Existen, creemos, otros muchos y más importantes problemas que urgen solución. Es más, quizá sea el nuestro uno de los sectores menos corporativistas de la actualidad. Piénsese, si no, en los importantes conflictos profesionales puestos de manifiesto con la ley de incompatibilidades, la cuestión médica o la huelga a altos cargos de la Administración, entre otros. Nadie discute que las sociedades modernas han transformado su estratificación social hacia una mayor complejidad. Consecuencia de ello, el tejido de la sociedad civil, que no permanece estática, está sujeto a multitud de intereses y tensiones, a las que nuestra profesión no permanece, lógicamente, ajena. Esta lucha de intereses/privilegios está sujeta a la interpretación individual y colectiva, de forma que lo que unos pueden entender como corporativismo feroz, otros pueden interpretarlo como defensa legítima de derechos. En cualquier caso, el listón lo pone cada uno donde considera oportuno, en función de su concepción de la sociedad en la que vive, y es difícil clarificar definitivamente lo que se debe entender por corporativismo y evitar así que este vocablo se convierta en arma arrojadiza, que muchos utilizan, cuando les interesa, tan pronto como un colectivo profesional se manifiesta públicamente. Quizá sea necesario, en consecuencia, fijarse en el conjunto de actuaciones de una profesión como colectivo para situarla adecuadamente en el entorno social. En este sentido, nuestra inequívoca postura en contra de movimientos de fines dudosos y que, con toda la carga de subjetividad que este juicio encierra, si entendemos corporativistas, como la Unión Profesional, la Federación de Colegios Profesionales de Ingenieros, ola todavía reciente huelga de altos cargos de la Administración, hacen innecesarios comentarios clarificadores. Queremos resaltar, sin embargo, nuestra firme opinión de que los Colegios Profesionales no podemos, en forma alguna, constituirnos en grupos de presión políticos al margen de los mecanismos reconocidos en nuestra Constitución, ni sustituir a organizaciones sindicales en la defensa de intereses laborales colectivos, sean de trabajadores de cuello blanco, o no. Sin embargo, y sentado lo anterior, a veces se nos ha tachado de corporativistas por el excesivo celo demostrado en defender el área profesional para la que nuestro colectivo se considera especialmente preparado. Los que así colocan el listón de medir, deben entender, fundamentalmente, dos cosas. En primer lugar no consideramos ningún privilegio, aunque volvamos a reconocer la subjetividad de este juicio, la defensa, como colectivo profesional, del entorno en el que nos compete desarrollar nuestros conocimientos, sino, al contrario, un derecho que de hecho ejerce cada profesión, para lograr así un mejor funcionamiento de nuestra sociedad. Ello no es, en absoluto, incompatible, y así lo hemos anunciado repetidamente, con una presencia en nuestro sector de todo profesional capacitado para el desarrollo de una tarea, siempre que efectivamente lo esté. En segundo lugar, las características del trabajo a desarrollar por nuestros profesionales, junto con la bisoñez histórica de nuestra profesión ante otras, confieren a nuestra actuación características especiales. En efecto, nuestra sociedad en general y nuestra Administración en concreto han sido históricamente insensibles a la necesidad de incluir electrónica, telecomunicaciones e informática entre sus necesidades básicas. Ha sido en este terreno concreto en el que nuestras Juntas Directivas, en nombre de nuestro colectivo, han puesto especial énfasis y han recordado sistemáticamente que existe un potencial humano de ingenieros de telecomunicación con el que se cuenta poco y una Administración destecnificada, al menos en este área, que no lo aprovecha. Esto, además, se agrava cuando a la hora de hacer llegar esta idea a nuestra Administración, tropezamos con profesiones que, sin haberse preparado especialmente en este terreno, y dado que tanto electrónica, como telecomunicaciones, o informática están casi en todas partes, defienden desesperadamente áreas profesionales que no son específicamente suyas. Que, por ejemplo, no se reconozca que la electrónica presente en un avión justifica sobradamente la presencia de especialistas, como de hecho está sucediendo, es tan corporativista como lo sería el que nosotros como ingenieros de telecomunicación pretendiéramos excluir a arquitectos a la hora de edificar y equipar una nueva central telefónica. No es, en definitiva, corporativista que cada colectivo defienda el área para la que esté técnicamente preparado. En cualquier caso, quede claro que éste es nuestro “corporativismo”, al que no renunciaremos, sino cuando nuestro país esté, en lo que a cualificación técnica de sus profesionales se refiere, a la altura de los países de su entorno.

29.- EDITORIAL A todos nuestro agradecimiento. El año 1983 está siendo en España un periodo importante para el futuro industrial y de los servicios dentro del amplio campo de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática. Ha coincidido la celebración del Año Mundial de las Comunicaciones, instrumento divulgativo de nuestras técnicas y sus aplicaciones, con el arranque a nivel nacional de las primeras decisiones del gobierno socialista en las áreas que nos son competentes. La reelaboración del Plan Electrónico Nacional, los nombramientos de los responsables del sector público, en las empresas industriales y de servicios, el anuncio de la Ley de Ordenación de las Comunicaciones, etc., proclaman un futuro lleno de interés para los que seguimos con vocación lo que pasa en materia de telecomunicaciones dentro de nuestras fronteras. La AEIT y el COIT han continuado durante este periodo con un quehacer diario, continuación de sus tareas anteriores, intentando a la vez elevar el tono de sus aportaciones al esfuerzo que algunos realizan para el progreso de este sector. Con esta finalidad, se aceptó en su momento la organización de las XXII Jornadas Europeas de Telecomunicación que han tenido lugar en Madrid el pasado mes de Septiembre. Una crónica de lo allí ocurrido, con los datos estadísticos y las aportaciones realizadas se hará en otras páginas distintas a ésta, dentro del propio Bit. Sí es preciso, sin embargo, editorializar un breve resumen que transmita a nuestros lectores el estado de opinión de los organizadores. Sin falsas humildades, sin ánimos de colocarnos en un pedestal, creemos que las jornadas han sido un éxito para los profesionales españoles que han estado en contacto con nuestros colegas europeos durante una semana de trabajo y ocio, en la labor absorbente de imaginar y construir un futuro ya inmediato. Ha sido también una gran satisfacción para los organizadores recoger las felicitaciones de otros países que han sabido apreciar el esfuerzo realizado por un país nuevo en la FITCE en la ejecución de dichas jornadas. Pero junto a los aspectos positivos que de modo global dominan nuestro balance, pensamos que hay algunos otros que ensombrecen seriamente el panorama con el que nos enfrentamos. De manera breve creemos importante destacar dos, sin que su orden indique ninguna prioridad. Dentro del conjunto de ingenieros que trabajan en las áreas específicas de telecomunicación, el colectivo de compañeros que a lo largo de las diferentes y frecuentes informaciones proporcionadas sobre las jornadas, han mostrado su interés por formar parte de FITCE, no ha alcanzado el número que esperábamos. Es una tarea pendiente la de construir una sección FITCE en España que represente dignamente nuestros problemas y soluciones en el ámbito de la Comunidad Europea. Una prueba importante de la falta de sensibilidad por parte de ese colectivo hacia los aspectos técnicos de dichas jornadas ha sido el tener que declarar desierto el concurso para un trabajo periodístico que, a publicar en el Bit, fue convocado por estas juntas directivas el pasado mes de Mayo. Sería deseable recuperar por los ingenieros que trabajan en estos campos concretos de las telecomunicaciones, la idea de una comisión específica en estos sus locales para el estudio de sus problemáticas concretas. Tal vez la sección FITCE pueda ser su marco. En otro plano, la administración responsable del sector ha participado de manera activa en las jornadas, teniendo únicamente que destacar como negativa, la ausencia del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en sus niveles más representativos, en la sesión de inauguración. Esto dio lugar a que las primeras impresiones recibidas por el auditorio sobre las posiciones gubernamentales, de cara al sector, no estuviesen a la altura de lo esperado. Es aún más lamentable el que se desaprovechase un foro como aquél con excusas de última hora y en función, nos tememos, de motivos domésticos que no se justifican en modo alguno. En resumen, un avance en nuestros objetivos de conformar una opinión favorable a las telecomunicaciones en nuestro país y un esfuerzo que se ha podido realizar gracias a la colaboración de ingenieros, empresarios, autoridades locales y nacionales. A todos nuestro agradecimiento.