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Alternativas para acceso al bucle local
Editorial Alternativas para acceso al bucle local -------------------------------------------------------------------------------- Por su importancia, no nos cansaremos de repetir que uno de los aspectos más complejos de regular en la transición hacia el logro de la plena competencia en la prestación de los servicios de telecomunicación es todo lo relativo a la red de acceso, tanto en lo que se refiere al acceso físico a las redes existentes, como en lo que concierne al desarrollo de redes alternativas a las telefónicas tradicionales. Lo sucedido recientemente con la telefonía y los servicios Internet/Intranet son dos buenos ejemplos de cómo la competencia en servicios se desarrolla muy rápidamente y de forma eficaz cuando se da acceso al abonado. Pero también son ejemplos paradigmáticos de la dificultad de competir con infraestructuras de acceso propias, por las fuertes inversiones requeridas y el eterno problema del desequilibrio tarifario. Además, la demanda creciente de servicios que requieren anchos de banda superiores ha agravado el problema en España, porque no se desarrollaron aquí las redes de cable, en la época que lo hicieron en la mayoría de los países de la Europa desarrollada. Si se desean obtener simultáneamente los beneficios de una fuerte competencia en servicios (decenas de operadores) y el despliegue de redes de acceso, en cantidad y calidad suficiente, es necesario actuar en dos sentidos: Buscar formas de "desagregar" el bucle de abonado existente, es decir, permitir su utilización por parte de otros operadores, en condiciones técnico-económicas razonables. Se entiende por condiciones razonables aquellas que permiten a los operadores entrantes una competencia efectiva y a la vez no disuadan al operador establecido (Telefónica) de realizar las inversiones correspondiente en la extensión y modernización de la redes. Proporcionar un entorno favorable a la inversión en redes de acceso alternativas. El despliegue de redes fijas vía radio es una de las alternativas de acceso, que más expectativas suscita. En efecto, por un lado aparece como una de las posibilidades mejores para un rápido despliegue, compatible con un "plan de negocios" con inversiones razonables en volumen y periodo de retorno. Por otro lado, al tratarse de una infraestructura nueva permite su regulación como una red "desagragada" desde su nacimiento. En el número 115 de BIT, del pasado mes de junio, publicábamos un Informe Especial, de carácter monográfico sobre "Nuevos sistemas de acceso vía radio de banda ancha". En dicho informe se repasaban los aspectos técnicos y regulatorios aplicables a estos sistemas y se describía la situación de las tecnologías empleadas y alguna de las experiencias pioneras en España. La Secretaria General de Comunicaciones, aplicando la legislación vigente, y específicamente lo indicado en el artículo 20.2 de la LGT, puso en marcha el procedimiento de consulta pública para conocer si la demanda superaba las previsiones, en función del espectro disponible, de las tres licencias en la banda de 3,4-3,6 GHz y las tres en la de 24,5-26,5 GHz. El resultado de la consulta ha sido espectacular. Varias decenas de empresas, españolas y de otros países, se han mostrado interesadas (19 en la banda de 3,4-3,6 GHz y 27 en la banda de 24,5-26,5). La primera impresión, como profesionales del sector, no puede ser más satisfactoria, puesto que demuestra el interés de muchos empresarios para invertir en España en infraestructuras que permiten el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones. Un análisis más detallado de las actividades que desarrollan las empresas solicitantes, previendo las luchas que se van a entablar para no quedar descartadas, nos surgen ciertas dudas, que queremos comentar, a pesar de ser conscientes de que, cuando estas líneas se publiquen, los concursos ya se habrán convocado. No obstante, estarán pendientes las adjudicaciones. En primer lugar observamos que muchos de los operadores que han mostrado su interés son operadores que ya son titulares de licencias B1 y por tanto que tienen su "core business" en la prestación de servicios finales de telefonía y datos. ¿Son conscientes estos operadores de que las licencias C2 les obliga a ofertar las redes de acceso radio que desplieguen en condiciones de neutralidad y trasparencia al resto de titulares de autorizaciones y licencias, es decir a sus competidores?. En segundo lugar, han manifestado también su interés por las nuevas licencias operadores que tienes desplegadas o están desplegando redes de cable (par de cobre o coaxial) y que proporcionan servicios finales por dichas redes. ¿Como pueden evitar el conflicto de interese que plantea esta situación? En tercer lugar, desean entrar en el mercado español operadores norteamericanos que están iniciando este mismo tipo de actividad en otros países (EEUU y Canadá). ¿Qué compromisos con el valor añadido nacional (la industria española) están dispuestos a asumir?. Finalmente, no se debe olvidar que el regulador ha optado por una solución que implica en el fondo que los operadores de servicios finales compitan entre sí compartiendo unas infraestructuras y servicios que operan "terceras partes" (los ganadores de los concursos más dos operadores que consiguieron el espectro en el periodo de la pre-competencia) a su vez en competencia. Las experiencias anteriores de este tipo muestran que los requisitos para tener éxito en estos casos son: Que las "terceras partes" realicen una gestión independiente, transparente y rentable. Que todos los operadores de servicios finales "ganen". Que las Autoridades Reguladoras envíen mensajes muy claros a los agentes de lo que se pretende y sean muy vigilantes de que se cumplen los objetivos. Y , añadimos para la situación particular de España, que no se ponga en peligro la viabilidad del despliegue de otras infraestructuras alternativas (cable). COIT/AEIT valora muy positivamente el acierto de la Administración en sacar a concurso las licencias objeto de este editorial y es consciente de la difícil papeleta que se le presenta al Ministerio de Fomento, puesto que a lo anterior hay que añadir que el plazo máximo de ocho meses que la LGT establece para la resolución, se ve afectado por un cambio de legislatura. Las decisiones que se tomen son importantes porque decidirán de forma directa en el desarrollo de la competencia y el papel que va a jugar la industria y los técnicos españoles en unos sistemas cada vez más importantes en los nuevos mercados globales
30 oct 2015