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En beneficio de los ciudadanos europeos Nos encontramos ante una nueva oportunidad de debate sobre la política europea de Telecomunicaciones tras la publicación, el 29 de junio de 2006, de una Comunicación de la Comisión Europea que plantea la revisión del marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Lo hace con objetivos poco ambiciosos pues, partiendo de que, en su opinión, la regulación europea ha sido una historia de éxito, sólo aborda cambios parciales, lo que no concuerda con la opinión de muchos, entre ellos, con la nuestra. Es el momento de hacer una reflexión a fondo sobre el futuro marco regulador, partiendo de la situación del sector en España, y proponer alternativas que enfoquen plenamente unos objetivos centrados en el beneficio de los ciudadanos europeos. Estamos interesados en el debate, al que aportaremos nuestras propuestas, desde el convencimiento de que nuestras telecomunicaciones no atraviesan, transcurridos ya ocho años de liberalización, por el buen momento que todos hubiésemos deseado. Si realmente se pretende perseguir el beneficio de los ciudadanos europeos, COMO CIUDADANOS, es necesario ir más allá, y no limitarse sólo a pensar en lo que el ciudadano, en tanto consumidor, pudiera lograr a corto plazo. Es preciso hacer una distinción entre consumidor y ciudadano, entre el mercado y la necesidad de impulsar la naciente Sociedad de la Información europea. El logro de beneficios inmediatos para el consumidor actual, principalmente con la competencia en ampliación de servicios y la permanente bajada de precios, está condicionando el futuro desarrollo de todo el sector. El objetivo a medio y largo plazo tiene que seguir siendo el crecimiento de la economía, así como la generación de riqueza y empleo que se deriven del progreso de la Sociedad de la Información. Para ello, la regulación debe contemplar de forma prioritaria, además de la competencia en los actuales mercados, las necesidades de innovación y de nuevas inversiones. La convergencia, referente permanente de las transformaciones del sector, tiene que ser considerada, además de como fenómeno tecnológico, también, y sobre todo, desde el punto de vista socioeconómico. La regulación europea que se implante va a condicionar la forma en que se comporten los agentes económicos, particularmente en cuestiones estratégicas, como la innovación y la inversión, verdaderos motores del futuro. Uno de los aspectos más significativos de este planteamiento, a medio y largo plazo, es la necesidad de inversión en infraestructuras. La convergencia, por ejemplo en el ámbito fijo-móvil o en la integración del audiovisual, debe desembocar definitivamente en las esperadas redes de nueva generación, cuyo despliegue se encuentra actualmente más retrasado de lo que se preveía hace ya una década. Nuevas infraestructuras que facilitarán el soporte para los nuevos servicios de la Sociedad de la Información, basados tanto en la utilización masiva de la banda ancha como en la integración de soluciones a partir de los diferentes aspectos de la convergencia. La competencia de plataformas integradas con las nuevas infraestructuras, va a requerir, además, el desarrollo de un auténtico mercado único, con un marco regulador que garantice la igualdad de todos los ciudadanos europeos para disponer de los servicios y de los beneficios de la Sociedad de la Información en condiciones similares. En este sentido, hay que recordar, desde la perspectiva española, la necesidad de una armonización del mercado único por parte del marco regulador, especialmente en aspectos como los derechos de los usuarios, el tratamiento fiscal o la participación de capital público en el accionariado de compañías privadas, presencia que desequilibra el mercado único y que resulta incompatible con un sector liberalizado de hecho. La nueva regulación debe, finalmente, considerar asimismo el interés de los ciudadanos europeos desde la perspectiva de la competencia no europea. El riesgo de un marco que no facilite de forma decidida la innovación y la inversión, representa un peligro para el eventual retraso del desarrollo de las comunicaciones electrónicas en Europa, y otorgaría ventaja a otros operadores globales no pertenecientes a la Unión Europea para entrar en los mercados de nuestro continente.

Cuarenta meses para el apagado analógico En julio de 2005 el Gobierno lanzó una serie de medidas de impulso para el lanzamiento e implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en nuestro país, estableciendo como fecha para el apagado analógico el mes de abril de 2010, antes de la fecha establecida por la Unión Europea. Han pasado desde entonces diecisiete meses y el panorama de implantación de la TDT muestra todavía signos de incertidumbre que hay que tratar de despejar con medidas concretas. El éxito de nuestro país en la implantación de la TDT depende del trabajo bien hecho y coordinado entre todos los agentes y que los resultados lleguen al ciudadano de forma que perciba las ventajas de esta nueva tecnología. Tenemos que ser capaces de trasladar al ciudadano que la TDT es algo más que una tecnología de sustitución y convencerle de sus muchos valores añadidos. Una vez finalizados los trabajos del Foro Técnico de la Televisión Digital, que, bajo los auspicios del MITyC, congregó a todos los agentes involucrados en el proceso de implantación de la TDT –fabricantes, radiodifusores, operadores de red, facultativos, empresas instaladoras, administradores de fincas, organizaciones de consumidores y usuarios–, es el momento para que el MITyC lidere el proyecto y aporte, en el plazo más breve posible, una planificación detallada de extensión de cobertura por áreas técnicas, hasta alcanzar los niveles de cobertura comprometidos, junto con el calendario de apagado de la televisión analógica en dichas áreas. Esta planificación permitirá, asimismo, que los profesionales competentes ofrezcan soluciones técnicas adecuadas para aquellos municipios que puedan quedar fuera de las zonas planificadas y deseen ampliar dichas coberturas. Queda mucho por hacer y tenemos poco tiempo. Los radiodifusores tienen que promocionar el uso de la televisión digital poniendo en marcha contenidos nuevos y atractivos, así como servicios interactivos que contribuyan a enriquecer sus programas, fidelizar sus audiencias y acercar la sociedad de la información a sus telespectadores; los operadores de red, por su parte, tienen que ser capaces de ofrecer la cobertura necesaria en toda España en los plazos establecidos. Es importante conocer qué parque de edificios queda por adaptar para la adecuada recepción colectiva de la TDT y los resultados de los ya adaptados. Se han de intensificar las campañas de publicidad, información y divulgación destinadas al ciudadano, que desconoce las ventajas de la TDT, que le sensibilicen hacia el cambio a esa nueva forma de ver la televisión. Finalmente, es importante destacar que los descodificadores instalados hasta la fecha son, mayoritariamente, tipo “zapper” (sin interactividad). Para cambiar esta tendencia y facilitar que el parque de receptores que se vaya creando permita una mayor penetración de la Sociedad de la Información, fin último de la apuesta pública por la televisión digital, se deberían ofrecer programas producidos con capacidad interactiva al tiempo que se desarrollen otro tipo de medidas por parte del MICyT que fomenten la disponibilidad de receptores MHP en el mercado y su adquisición por los ciudadanos. Quizás las respuestas o el cambio de rumbo en los planteamientos anteriores haya que buscarlos en “Impulsa TDT”, de quien se esperaba más, y a quien hay que pedir más. Esperemos, por tanto, sus actuaciones y respuestas. Pero también hay cuestiones que el MITyC debería regular para facilitar que los distintos radiodifusores, que se ven obligados a compartir un múltiplex, lleguen a acuerdos aunque tenga intereses no coincidentes en la utilización del múltiplex que comparten. Hay que favorecer experiencias de apagado selectivo como el proyecto piloto “Soria digital” que, gestionado por la entidad pública empresarial RED.es, deberá aportar información sobre aspectos técnicos y jurídicos implicados en el apagado, proceso de adaptación de antenas colectivas, planes de comunicación que se deberán desarrollar para informar a la población, velocidad de penetración de la TDT y plazos mínimos de emisiones simultáneas analógicas y digitales para completar con éxito el proceso de transición. Este proyecto se debería completar con antelación suficiente al inicio del plan de apagado progresivo. En definitiva, son muchas las cuestiones a resolver en estos cuarenta meses que nos separan del cada vez más cercano apagado analógico. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, consciente de que para alcanzar los objetivos tenemos todos que arrimar el hombro, pone a disposición de las entidades involucradas en la implantación de la TDT sus conocimientos para facilitar la extensión de la cobertura mediante micro-reemisores, definir el proyecto técnico de despliegue de TDT, elaborar el material divulgativo necesario y realizar las labores informativas y formativas necesarias hacia el ciudadano. Hagamos, entre todos, que la TDT sea una nueva ventana de entrada a la Sociedad de la Información y represente mucho más que la mera sustitución de una tecnología por otra.

Una nueva etapa El intenso proceso electoral que ha tenido lugar ha supuesto una demostración del nivel de desarrollo y madurez alcanzado por nuestras instituciones, así como del interés que suscitan, de lo que todos debemos alegrarnos. Una vez finalizado el mismo con la proclamación por parte de las Mesas Electorales, mediante las correspondientes Actas firmadas por unanimidad de sus miembros, de la candidatura electa tanto para el gobierno del COIT como para el de la AEIT, se ha celebrado la preceptiva reunión conjunta para el traspaso de poderes entre las Juntas salientes y entrantes. De esta manera, cumpliendo con nuestros Estatutos, las Juntas entrantes han asumido sus funciones con renovada ilusión y compromiso de servicio al colectivo, retornando así la normalidad al funcionamiento diario de nuestras instituciones. Formalizada la toma de posesión por las nuevas Juntas, queremos que sus actuaciones sean ya de todos y para todos. Hacemos una llamada a la unidad y a la participación, manteniendo un discurso institucional, integrador, abierto a todos y en positivo. Las puertas de nuestras instituciones estarán siempre abiertas a todos los Ingenieros de Telecomunicación. A todos los que nos han votado, queremos manifestarle nuestro agradecimiento por confiar en nosotros para llevar adelante el programa que hemos defendido. Trataremos de no defraudarles. A los que no lo han hecho, queremos asegurarles que nos importan y aportan mucho sus críticas constructivas al funcionamiento de nuestras dos instituciones y, sobre todo, sus argumentos, que recogeremos en positivo para mejorar nuestra gestión en donde sea necesario. Esperamos ganar su confianza. A los que no han participado, quisiéramos ser capaces de ofrecerles motivos para que en el futuro sean de su interés estas elecciones y la actividad de nuestras instituciones. Las nuevas Juntas del COIT y de la AEIT ya están trabajando para hacer que nuestras instituciones os representen a todos y os puedan dar el mejor servicio, para tratar de reforzar nuestra identidad como colectivo, y para seguir impulsando nuestra presencia en el Sector y en la Sociedad. Las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información deben tener en nuestras organizaciones profesionales un faro de referencia. Tenemos mucho trabajo por delante. Contamos con unas sólidas Juntas, que aúnan experiencia y juventud, y con un programa electoral, conocido por todos, que pondremos en práctica. Y a eso vamos a dedicarnos, a seguir con el intenso trabajo de los últimos años y a mejorar en todo lo posible, contando siempre con vuestra ayuda y colaboración y con la ilusión y el esfuerzo de todos los miembros de las nuevas Juntas electas.

Nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 1.Enrique Gutiérrez Bueno Decano Presidente 2.Francisco Mellado García Vicedecano 3.Adrián Nogales Escudero Secretario 4. José Fabián Plaza Fernández Vicesecretario 5. Carlos González Mateos Tesorero 6. Carlos Fernández Valdivielso Vocal 1º 7. Carlos Jiménez Suárez Vocal 2º 8. Bernardo Balaguer Monterrubio Vocal 3º 9. José Luis Adanero Palomo Vocal 4º 10. Marta Balenciaga Arrieta Vocal 5º 11. Antonio Lecuona Ribot Vocal 6º 12. Luis F. Méndez Fernández Vocal 7º 13.Julio Martínez Sabater Vocal 8º 14. Juan J. Sánchez Águila-Collantes Vocal 9º 15. Pedro M. Sandoval Díaz Vocal Suplente 1º 16. Mª Araceli García Cuartango Vocal Suplente 2º 17. Andrés Brox Ruiz Vocal Suplente 3º 18. Francisco Doncel Campos Vocal Suplente º 19. Luis de Eusebio Ramos Vocal Suplente 5º Más información en http://www.ingenierosdetelecomunicacion.net

Nueva Junta Directiva de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación 1. Enrique Gutiérrez Bueno Decano Presidente 2. José Ignacio Alonso Montes Vicepresidente 3. Adrián Nogales Escudero Secretario 4. Francisco J. Gabiola Ondarra Vicesecretario 5. Carlos González Mateos Tesorero 6. José Luis Ruiz Mendoza Contador 7. Olga Pérez Sanjuán Vocal 1º 8. Isaac Ruiz Gómez Vocal 3º 9. José Manuel Martínez Adrados Vocal 4º 10. José Manuel Huidobro Moya Vocal 5º 11. Victoria Ramos González Vocal 7º 12. Francisco Bosch Roig Vocal 8º 13. Mª Victoria Andrade Blanco Vocal Suplente 1º 14. Gustavo Bermejo Martín Vocal Suplente 2º 15. Alfonso Fernández Durán Vocal Suplente 3º 16. Antonio Moreno Calvo Vocal Suplente 5º Faltan en la fotografía: Gil Carlos Bernárdez Matovelle, Vocal 2º; Miguel Vergara Trujillo, Vocal 6º y Ramón Merchán Sanzano, Vocal Suplente 4º Más información en http://www.ingenierosdetelecomunicacion.net

Bolonia, muchas cosas en juego En 1999, los ministros europeos de educación firmaron una declaración en Bolonia, según la cual todos los países debían adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, estableciéndose dos niveles de formación, además del doctorado. Pasados casi ocho años, con propuestas divergentes y, en algunos casos, incluso opuestas, el mundo profesional contempla con preocupación las consecuencias de este proceso, pues se trata de una cuestión que desborda el entorno académico, que condicionará el futuro de las profesiones, los conocimientos de nuestros ingenieros y la competitividad de España en el concierto internacional. Frente a la necesidad de, al menos, 5 años lectivos para ejercer la abogacía, la arquitectura o la medicina en España, la última propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia sugería la existencia de un único nivel de ingeniero, que estaría en los estudios de Grado, con 240 créditos, que equivalen a tres años lectivos y otro dedicado al proyecto fin de carrera, prácticas en empresas, etc., grado en el que se depositarían las atribuciones profesionales de cada rama de conocimiento. Según se proponía, sería este el perfil de ingeniero para nuestro país, dejándose los estudios de Master, sin concretar todavía, para especializaciones en el conocimiento. Propuesta que significaría la desaparición de esa ingeniería actual que ha venido gozando del prestigio y el reconocimiento allá donde hayan ido a trabajar sus profesionales. Tal posibilidad generó una lógica e inevitable alarma en las diferentes ramas de la ingeniería española, unidas frente a lo que sería una más que posible disminución de conocimientos y capacidades de nuestros ingenieros del futuro. Tan contundente respuesta de la ingeniería hizo rectificar al Ministerio de Educación y Ciencia, que ha creado un grupo de trabajo, con la participación de los afectados, para buscar la mejor solución para el futuro. La adaptación permanente a las nuevas demandas que plantea el desarrollo tecnológico, así como la necesidad de garantizar las mejores infraestructuras, la defensa del medioambiente, la seguridad industrial o la innovación en redes y servicios, requiere de profesionales capaces de gestionar realidades complejas, formados para ello. El fuerte dinamismo de recuperación experimentado por nuestro país en la última década ha sido posible por la existencia de empresas capaces, y, de forma especial, por la presencia de profesionales preparados. Ingenieros preparados con los dos niveles de conocimientos que se están asumiendo en Europa, con un nivel superior con periodos de formación entre cinco y seis años, como en Francia, Alemania, el Reino Unido, Suecia, Italia, Holanda, Finlandia, Portugal….., camino que debe seguir España. Bolonia no puede ser, en absoluto, un proceso de convergencia hacia una única titulación, sino un reconocimiento de las cada vez mayores exigencias en el campo de la ingeniería. Conscientes de ello, y consecuente con su compromiso con la sociedad, nuestro Colegio, unido a los demás Colegios de Ingeniería Superior de nuestro país, tratará de evitar, utilizando los mecanismos democráticos adecuados, lo que en estos momentos se presenta como una gravísima equivocación en el diseño de nuestra futura educación universitaria.

stamos en un momento crucial para el desarrollo de la nueva generación de redes (NGN), la generación que llevará la fibra óptica hasta los hogares (FTTH). Ya se está llegando al límite de uso de las redes basadas en el par de cobre, que, gracias al ADSL, están alargando su “defunción” y viviendo una época de gloria. Ahora, para que no se queden obsoletas las infraestructuras, es obligado desarrollar nuevas redes, con capacidad suficiente para soportar la demanda de ancho de banda y calidad de servicio que las nuevas aplicaciones multimedia demandan. Servicios como la televisión sobre IP, la televisión de alta definición, el vídeo bajo demanda, los juegos en la red, o los servicios avanzados para las empresas, dan una nueva dimensión a los requisitos de los usuarios, que, por ahora, sólo demandan un acceso de banda ancha de unos pocos Mbit/s, pero que, en un futuro muy próximo, necesitarán órdenes de magnitud muy superiores y garantías de calidad de servicio suficientes. El despliegue de las nuevas redes representa una nueva oportunidad para el sector, pero requiere de grandes inversiones, algo que solamente pueden abordar algunos de los operadores comprometidos con el despliegue de infraestructura propia. Para lograrlo, como ya se ha destacado en estas mismas páginas, se requiere un marco regulatorio estable que garantice el retorno de la inversión realizada. Se corre el riesgo, si no se regula correctamente, de desincentivar la inversión, y lograr un efecto contrario al pretendido, que debe ser, en todo caso, el fomento de la competencia efectiva, la existencia de modernas y potentes redes y la innovación en servicios. Este debate, de enorme actualidad, ha llevado a la CMT a generar una consulta pública sobre las Redes de Acceso de Nueva Generación, lanzada públicamente en mayo, que pretende recabar opiniones y sugerencias de los agentes que pudieran resultar afectados por cambios regulatorios futuros en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, ante la profunda transformación que está teniendo lugar en las infraestructuras que soportan los servicios. La inversión prevista, de varios miles de millones de euros en los próximos años, es muy importante. Importante es, además, el hecho de que llegaría en un momento en el que las inversiones en redes móviles están reduciéndose considerablemente, al estar prácticamente ya desplegadas las redes de 3G. Siendo así, serviría para mantener el buen momento que está pasando el sector, con un crecimiento cercano al 10% el pasado año, para generar nuevos empleos para los profesionales y para acercar mucho más los servicios de la Sociedad de la Información a los ciudadanos, permitiendo disminuir el diferencial que aún mantenemos con los países de nuestro entorno. No podemos dejar escapar esta nueva oportunidad, en la que nos jugamos algo más que el futuro del sector. Nos jugamos, también, el de la competitividad del resto de sectores, pues las telecomunicaciones son, no lo olvidemos, un factor esencial en el desarrollo de toda la sociedad. bE El debate en torno a las Redes de Nueva Generación

El desarrollo de las tecnologías inalámbricas es el factor crítico para la evolución del sector de las telecomunicaciones. Ello es así tanto por el enorme valor que la movilidad supone para los usuarios, como por su papel en la consecución de una competencia innovadora, efectiva y sostenible. En el desarrollo de las redes y los servicios soportados por sistemas radioeléctricos, la racionalidad en la asignación del espectro y la eficiencia en su uso se convierten en condiciones sine qua non para el desarrollo del sector en su conjunto. Como ejemplos concretos de ello se encuentran, en los momentos actuales, tanto el uso que se dé al excedente de espectro del “apagado analógico” en el paso a la televisión digital, como la asignación de bandas de frecuencia para el despliegue de nuevas tecnologías de banda ancha inalámbrica (como WiMAX), o el espectro de cara a un probable crecimiento en la demanda de servicios de comunicaciones móviles de tercera generación. En la actualidad, la práctica totalidad de las administraciones europeas considera al espectro radioeléctrico (recurso escaso o, al menos, limitado, dado el estado actual de la técnica), como un bien de dominio público y de competencia estatal, y, aunque sus actuaciones quedan supeditadas a los mandatos de organizaciones internacionales (UIT, CEPT o la propia Comisión Europea), corresponde a las administraciones nacionales dar los pasos necesarios para mejorar las condiciones de gestión del mismo. La gestión tradicional se basa en una detallada planificación ex ante del uso que debe hacerse de cada banda de frecuencias, especificando los servicios que pueden prestarse, la tecnología a usar y los operadores que podrán acceder al recurso. Las ventajas de este sistema son minimizar los problemas de interferencias perjudiciales, lograr una coordinación internacional que asegure la compatibilidad de los sistemas de comunicación y la creación de importantes economías de escala en el mercado de dispositivos electrónicos. Pero estos mecanismos tradicionales configuran un modelo de gestión compleja y poco flexible, que no se adapta bien a los recientes avances tecnológicos y que tiene una reducida eficiencia técnica, económica y social. Como respuesta a las deficiencias señaladas, ahora es posible introducir mecanismos de mercado en esta gestión, de manera que, manteniendo el objetivo de garantizar los requisitos técnicos de uso del recurso, se favorezca la flexibilidad, transparencia y rapidez de respuesta en la gestión al tiempo que se maximiza el excedente social del uso del espectro. Este nuevo enfoque, en línea con los objetivos del marco regulador europeo, se basa en la sustitución progresiva de las intervenciones ex ante por medidas ex post. Garantizándose la protección frente a interferencias, la calidad de los servicios y el fomento de la innovación, que pueden variar para cada banda y para cada servicio, es posible la introducción de innovaciones en los mecanismos de asignación primaria de espectro que favorezcan la transparencia y la eficiencia en esta asignación, la definición con precisión de los derechos otorgados a cada uno de los usuarios del espectro, la creación de un comercio secundario de espectro en el que los agentes pudieran transferir sus derechos de uso a otros operadores, y, finalmente, la paulatina adopción de medidas de liberalización o flexibilización del uso del espectro radioeléctrico que permita modificar las condiciones de uso de cada banda. Proceso de cambio que, garantizando y protegiendo explícitamente la prestación de servicios esenciales, puede comenzar por aquellas bandas donde la utilidad de introducir estos nuevos mecanismos de gestión resulte más sencilla. Pero que, en cualquier caso, requiere alcanzar un consenso entre los agentes implicados, ofreciendo información de forma transparente, coordinando las acciones de los reguladores y promoviendo el lanzamiento de consultas públicas detalladas que recaben las opiniones del sector. El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de uso del dominio público radioeléctrico, recientemente planteado en la Comisión Permanente del CATSI, podría ser la herramienta que posibilite este nuevo marco de funcionamiento perfilado. La cesión de derechos de uso del espectro y la transformación de los títulos habilitantes para el ejercicio del derecho de uso privativo del dominio público radioeléctrico, entre otras consideraciones recogidas en el proyecto de Real Decreto, permitirá una mayor apertura y uso del espectro, dinamizando el conjunto del sector. Los ingenieros de Telecomunicación estaremos a disposición de la SETSI para ayudar en esta labor.
Hacia una nueva gestión del espectro