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Identidades digitales y firma electrónica ¿Libre mercado o monopolio?
Identidad Digital EL DNI ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA Identidades digitales y firma electrónica ¿Libre mercado o monopolio? José Pérez Ingeniero de Telecomunicación Nos encontramos en un momento clave en el desarrollo de la identidad electrónica en España. El lanzamiento del DNI electrónico fomentará el uso de identidades digitales en el mundo electrónico, como medio seguro de identificación y de firma de documentos de particulares, pero por el camino han ido apareciendo proveedores de servicios de certificación, PSC (Prestadores de Servicios de Comunicación), de acuerdo con la Directiva europea de firma electrónica y con la transposición de la legislación europea a Reales Decretos y Leyes Orgánicas. ¿Estamos ante un nuevo monopolio natural? El Parlamento Europeo, en 1999, hace ahora siete años, promulgó una Directiva para fijar el marco comunitario sobre firma electrónica, con el fin de armonizar la legislación comunitaria al respecto. En ella se promovía el libre mercado en cuanto a proveedores de certificación electrónica y de firma electrónica, al igual que se había ido realizando en otros sectores, como el de las telecomunicaciones y, en general, en prestación de servicios. Dicha Directiva fue trasladada a la legislación española, antes de que fuera aprobada en el Parlamento Europeo, mediante el Real Decreto Ley 14/1999, que fijaba las bases para la prestación de servicios de firma electrónica en el entorno español, aunque su reglamento nunca llegó. No obstante, más tarde sí que llegaría la ley de la firma electrónica, la Ley 59/2003, al final de la legislatura de dicho año, que detallaba el Real Decreto Ley anterior, modificando algunos aspectos pero sin que hasta la actualidad haya sido reglamentado, al igual que ocurrió con el RDL 14/1999. Sin embargo, tanto en uno como en la otra, aparecía un actor clave, diferenciado del resto de proveedores, que no debía cumplir con todas las especificaciones, avales, etc., que era el propio Estado, a través de la empresa pública Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda (FNMT), empresa pública dependiente del Ministerio de Economía, que podía prestar servicios de firma electrónica avan 44 bit 156 ABR.-MAY. 2006 Identidad Digital EL DNI ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA “La FNMT, durante estos años, ha ido zada / reconocida, sin poseer el aval fijado en la ley, utilizando certificados “software”, lo cual abarataba notablemente sus costes (eliminando una gran barrera para llegar al mercado), entre otras cosas. De hecho, la FNMT, durante estos años, ha ido comercializando sus soluciones, mediante convenios como, por ejemplo, el publicado el 7 de marzo de 2006 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) firmado con el Ministerio de Justicia, a las distintas Administraciones Públicas (AAPP), y con un modelo de negocio principalmente basado en el cobro por consulta del directorio LDAP, directorio de certificados, que debe ser de libre acceso, según la ley de firma del año 2003. Frente a esto, en el mercado español, han ido apareciendo, en virtud del libre mercado creado por la Directiva europea del año 1999, distintos prestadores de servicios de certificación (PSC), tales como Camerfirma, Firma Profesional, ACE – perteneciente a Telefónica –, etc., que están prestando servicios de certificación electrónica con un modelo de negocio, principalmente basado en el cobro de los certificados anualmente, para cubrir los costes de licencia software, gestión, soporte, etc., e intentando llegar al mercado con una oferta competitiva. Claro está, dentro de un entorno, donde el dominante (la FNMT tiene el 85% de los certificados emitidos en España) ‘regala’ los certificados, y cobra a los terceros que quieran comprobar la vigencia del certificado, frente a empresas privadas, que intentan comercializar sus certificados de firma electrónica, sobre todo, en un entorno en que estos certificados solamente tienen utilidad, principalmente en la relación comercializando sus soluciones, a las distintas Administraciones Públicas, mediante convenios como el firmado con el Ministerio de Justicia” con las AAPP, la situación de futuro que se presentaba era complicada. El 16 de marzo de 2006, además, ha cambiado el entorno. Se han comenzado a emitir DNI electrónicos, a modo de piloto, en Burgos. Este asunto se veía venir desde hacía varios años, aunque los retrasos sucesivos en el lanzamiento hacían verlo como una amenaza para los proveedores de firma electrónica ‘privados’, a largo plazo o con una probabilidad de llevarse a cabo en un corto plazo no muy alta. Pero acaba de ocurrir. El DNI electrónico se va a convertir en la herramienta por excelencia de identificación de personas físicas, tanto españoles como residentes en España, al igual que lo es el DNI tradicional en el ‘mundo físico’, donde el Ministerio del Interior, mediante el carné de identidad, permite que se identifique a cualquier persona residente en España y españoles en general. ¡Claro está! Este mercado, el de la identificación en el ‘mundo físico’ no está liberalizado. Si hablamos de la firma de documentos en el ‘mundo físico’, se trata de un mercado regulado, de tal forma que afectan, como pruebas en juicio, de forma distinta de si la firma ha sido legalizada o se ha firmado un documento público, en cuanto se considera como auténtico, frente a firmas no legalizadas o realizadas en documento privado, donde para que fueran prueba en juicio, requerirían de un análisis pericial. De hecho, se trata, en lo bit 156 ABR.-MAY. 2006 45 como el de las telecomunicaciones, han intentado – y una muestra es el caso español – mantener la condi- ción de monopolio natural por parte del Estado. Es lógico, como transposición del mundo físico al mundo electró- nico, el que la identificación de los residentes en España y españoles sea realizada por el Ministerio del Interior, aunque quizás entonces no debería haber sido promulgada la Pensemos en otros mercados donde ha ocurrido esto y, a voz de pronto, aparece el de servicios de acceso a Internet inalámbricos de banda ancha (wifi), que distintos ayuntamientos han ofrecido de forma gratuita a sus ciudadanos, compitiendo deslealmente, con fondos públicos, con los operado- res de telecomunicaciones priva- dos. En estos casos, la CMT (Comi- sión del Mercado de Telecomunica- ciones) ha actuado rápida y eficien- Identidad Digital EL DNI ELECTRÓNICO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA “En el mercado español han ido apareciendo, en virtud del libre mercado creado por la Directiva europea del año 1999, distintos prestadores de servicios de certificación (PSC)” que a la legalización de firmas y documentos públicos (notariales) de un mercado muy regulado, el de la fe pública, prestado por profesionales independientes, los notarios, con una tendencia a nivel europeo – y según se extracta de distintos informes a la Comisión – hacia la libre competencia y la desaparición del monopolio de la fe pública. Sin embargo, en el ‘mundo electrónico’, la Directiva europea ya intenta, de entrada, estar en un mundo de libertad de prestación de servicios de identificación y firma electrónica, y así lo articula en el documento. Sin embargo, los países, como ya ocurrió en el pasado en la liberalización de sectores considerados como clave, tales Directiva Europea de Firma Electrónica, ya que diferentes empresas privadas, con capital no necesariamente público, han realizado cuantiosas inversiones en lanzar servicios de certificación electrónica y con ello han promovido el desarrollo de la Sociedad de la Información, y ahora, como recompensa, el Estado compite con ellos haciendo ‘dumping’ de servicios, ‘regalando los certificados de firma electrónica e incluso el dispositivo soporte (DNI)’ al mismo coste (tasa) que tenía el DNI tradicional. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, los prestadores de servicios de certificación deben cambiar su modelo de negocio. Sería injusto trasladar al Estado la responsabilidad de la ausencia de cambio de modelo de negocio por parte de estos actores ya que, desde hace unos meses, el lanzamiento del DNI electrónico aparecía como un evento a corto plazo, una vez licitado el proyecto piloto pero, sin embargo, también es cierto que dicho lanzamiento no es muy acorde con la Directiva Europea del año 1999, que claramente habla de la libre prestación de servicios de firma electrónica y certificación electrónica, donde el Estado vuelve a competir, haciendo ‘dumping’ con otros prestadores. temente. Pensemos, por tanto, por ejemplo, en que en un determinado momento, el Estado decidiera regalar un coche a cada español, de un fabricante designado por el Estado. Obviamente, el resto de fabricantes deberían abandonar el país ya que sus planes de negocio serían inviables, … aunque claro, como es lógico, esto no ocurriría. Nos encontramos en un momento clave, como decíamos al principio, pero la realidad es que en los sectores tecnológicos los Estados no suelen aplicar los principios básicos de la economía tradicional y se olvidan que si en la vieja economía: beneficio = ingresos – costes en la nueva economía la fórmula es la misma. • Bibliografía legal: Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
30 oct 2015