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Estimado Sr. Director de la Revista BIT, En el último número de su revista (nº 162, abril-mayo 2007) se publicó un artículo bajo el título “Réquiem por la Universidad”, firmado por D. Daniel Martín, que se dice extraído del diario Estrella Digital y cuyo contenido, por su carácter difamatorio hacia la universidad española, me siento obligado a contestar. Debe saber el señor Martín, que la universidad moderna es una institución abierta a toda la sociedad, que produce y transmite la cultura, de manera crítica, por medio de la investigación y la docencia, y no una institución decimonónica para la formación de una minoría selecta –una élite intelectual dice él– elegida para dirigir los designios de un país. O acaso, ¿le preocupa al señor Martín que su mérito personal sea considerado inversamente proporcional al número de personas que ostentan el mismo título universitario que él? También debe saber el señor Martín, que la calidad del profesorado universitario, lejos de menguar como él dice, va en aumento, merced a los criterios de exigencia crecientes que se requieren para el acceso a las plazas de profesorado y a las evaluaciones docentes y de investigación que deben superarse a lo largo de su carrera profesional. O acaso, ¿el señor Martín hubo de superar una prueba de habilitación o de acreditación nacional para poder optar –no digo ya ser contratado– a una plaza de periodista? O, tal vez, ¿debe el señor Martín pasar una evaluación periódica, realizada por la Comunidad Autónoma o por el Gobierno de la nación, para promocionar profesionalmente o para incrementar su nómina mensual? El profesorado universitario sí. Pero lo que me resulta más ofensivo del artículo en cuestión, es su más que desvelada insinuación del cuasianalfabetismo que padecen los actuales estudiantes universitarios en España y de su falta de sensibilidad y rigor crítico. Pues sepa el señor Martín que nuestros estudiantes, hoy, además de estudiar sus asignaturas regladas, se comprometen más que nunca en acciones de cooperación para el desarrollo de las comunidades y los pueblos más desfavorecidos del mundo, están presentes en los órganos colegiados de gobierno de la universidad con una representación superior a la que nunca han tenido, mantienen intercambios académicos con estudiantes de universidades extranjeras en una proporción nunca vista y participan más que nunca en un sin número de actividades culturales y deportivas de extensión universitaria. Todo ello conforma el verdadero retrato universitario de hoy en día y no ese otro, esperpéntico, que nos ha esbozado el señor Martín en su artículo. Por último, quiero transmitirle mi opinión desfavorable a que una revista del prestigio de BIT haya recogido en sus páginas un texto tan banal e incendiario como el citado, que no sólo desmerece la calidad conseguida por esta revista a lo largo de sus ya casi 30 años de publicación, sino que también ofende, de forma completamente gratuita, a los profesionales que trabajamos en la universidad y a los titulados que egresan de sus aulas. Por todo ello, me veo en la necesidad, siempre incómoda, de reclamarle una rectificación al artículo del señor Martín, rogándole la publicación de esta carta en el próximo número de la revista BIT. Antonio Pérez Yuste Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid Carta al director

1985/2005 Una vision de conjunto de veinte años de evolución de la regulación de las Telecomunicaciones en España Veinte años ininterrumpidos asumiendo funciones y responsabilidades en la Administración del Estado respecto a la elaboración de la normativa aplicable al sector de las telecomunicaciones, parecen un espacio de tiempo suficiente para permitir una visión global de lo que ha sido la regulación de este sector con una perspectiva que permita dotar de significado el proceso normativo en España. Este espacio de tiempo tiene además una importancia mayor que la del mero tiempo real transcurrido, si se toma en consideración que en dicho periodo se ha pasado de una práctica ausencia de regulación de este sector a una presumible sobreregulación, que está exigiendo una labor de simplificación y codificación que permita tanto un conocimiento de lo realmente vigente de la regulación como una clara segregación de los sectores que, por evolución, han ido desagregándose del tronco común de la regulación de las telecomunicaciones (Audiovisual y Sociedad de la Información). Un análisis global del significado de la regulación elaborada en este periodo y sus características permite distinguir, al menos, dos periodos de tiempo claramente definidos, que a su vez pueden subdividirse en dos fases cada uno de ellos. Los periodos claramente diferenciados son los referidos a las legislaturas con Gobiernos del PSOE y los referidos a las legislaturas con Gobiernos del PP. Cada uno de estos periodos puede a su vez subdividirse en dos fases: una primera de impulso y elaboración de un marco normativo global del sector con una sobreabundancia de regulación colateral para delimitar ese marco y una segunda parte, en la que la actividad normativa decae, limitándose las actuaciones a la regulación de los “flecos” pendientes de la fase inicial o a atender a solucionar problemas concretos derivados de la regulación global de la fase anterior. PRIMERA ETAPA La primera fase del primer periodo se caracteriza por la reasunción por parte del Estado de las competencias normativas del sector, al amparo del artículo 149.1.21 de la Constitución, para elaborar un marco regulador global de las telecomunicaciones. Este periodo abarcaría desde 1985 hasta 1992 y supondría, por una parte, la elaboración de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987 y la aprobación del Contrato del Estado con Telefónica de España que sustituyese al contrato aprobado por Decreto de 31 de octubre de 1946, que tenía carácter de “lex pacticia” , prevalecía sobre las restantes leyes del Estado y que en la doctrina del derecho admi- “Los dos periodos analizados se caracterizarían por la introducción en el Estado español de la primera regulación global del sector de las telecomunicaciones, que había estado ausente de normativa desde el periodo de la Segunda República” Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones de las Telecomunicaciones y la aprobación de la nueva Ley General de las Telecomunicaciones de 1998, que supone el abandono de la exigencia de concesión administrativa y el mantenimiento de derechos especiales o exclusivos de determinados operadores y la introducción de un nuevo modelo normativo caracterizado por la inscripción registral de los que quieran prestar servicios de telecomunicaciones, otorgándoseles, bien una licencia, bien una Autorización General. Este modelo nuevo supone la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones como organismo encargado del control de la competencia en el mercado de carácter independiente y la elaboración de una colección de normas de desarrollo de la Ley que regulen los distintos aspectos derivados de una prestación de servicios en el mercado que con anterioridad no estaban tratados en las normas. La segunda fase de este periodo de gobiernos del PP se caracnistrativo se había estudiado durante un gran periodo de tiempo como ejemplo de cesión de soberanía del Estado. A título de anécdota de este periodo merecen destacarse los problemas teóricos estudiados por la Administración acerca de cuál sería la actuación posible en el supuesto de que Telefónica de España (en aquel momento CTNE) se negase a formalizar el nuevo contrato que sustituyese al anterior, y, en consecuencia, no pudiesen cumplirse las previsiones de la disposición transitoria de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones que encomendaba la formalización de un nuevo contrato, y la posibilidad de tener que acudir a la declaración de inconstitucionalidad del contrato anterior. Este periodo mantiene básicamente el monopolio de los servicios portadores y finales, establece por primera vez la diferenciación de la regulación de los sectores de audiovisual y de las telecomunicaciones, define el espectro radioeléctrico como un bien de dominio público y establece los parámetros básicos de la tasa por ocupación de dicho dominio. La segunda fase de este primer periodo, que abarca la fase final de los Gobiernos de la primera etapa del PSOE, se limita a extraer las consecuencias últimas de la normativa del marco general, si bien como consecuencia de las primeras Directivas de la Unión Europea de liberalización de las telecomunicaciones, se inicia el proceso liberalizador de este sector. Ya la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones había dado los primeros pasos liberalizadores (equipos y aparatos terminales, uso del espectro radioeléctrico, servicios de valor añadido), pero el núcleo central de las telecomunicaciones, los en aquellos momentos llamados servicios portadores y finales, continuaba su régimen de explotación en monopolio. Las modificaciones introducidas a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones en 1992, permitiendo el oligopolio de los servicios portadores y finales, que no llegó a hacerse realidad en este periodo, la Ley de Telecomunicaciones por Satélite y la Ley de telecomunicaciones por cable, así como el concurso adjudicando una segunda concesión de telefonía móvil a Airtel, suponen los primeros pasos de ruptura de dicho régimen monopolista. Este periodo de Gobiernos del Partido Socialista concluye con el otorgamiento por parte de la Unión Europea de una moratoria al Reino de España para la liberalización de las telecomunicaciones hasta el año 2003. También se produjo el diseño de unas adjudicaciones de operadores de cable que no llegan a concluirse y que dentro de las previsiones del partido en el Gobierno en aquel momento, tendrían un plazo de tiempo hasta el fin de la moratoria para actuar en un mercado en oligopolio, y con los intentos de la puesta en funcionamiento de un segundo operador de red. SEGUNDA ETAPA La segunda etapa, de gobiernos del Partido Popular, supone como característica determinante de toda la normativa posterior, la renuncia a la moratoria para la liberalización en España hasta el 2003, y la aceptación de la plena competencia en telecomunicaciones a partir del 31 de diciembre de 1998. Este compromiso obliga a un replanteamiento global de la normativa de telecomunicaciones, con el consiguiente abandono del modelo de la Ley de Ordenación teriza por una cierta disminución de la actividad normativa, ya que las normas que se aprueban en la segunda legislatura son fundamentalmente algunas ya elaboradas y pendientes de tramitar de la legislatura anterior (equipos y aparatos, protección de la salud frente a emisiones radioeléctricas), o la atención de problemas puntuales derivados del proceso liberalizador. Este periodo se caracteriza además por una fase recesiva en los aspectos económicos de las telecomunicaciones, que obligan a reconsiderar cuestiones tales como la imposición de una tasa por reserva del dominio público radioeléctrico elevada para el UMTS, o la retirada de obligaciones de despliegue y de avales a los servicios de operadores de cable y de telefonía móvil de tercera generación. La actividad más importante de carácter normativo de este periodo es la Ley General de Telecomunicaciones del año 2003, que sustituye a la de 1998 para acomodar la normativa española al ”Paquete Telecom 2002”, pero esta Ley, a diferencia de la anterior, no supone un cambio de modelo, sino la mera introducción de retoques puntuales. CONCLUSIÓN Puede concluirse que los dos periodos analizados se caracterizarían por la introducción en el Estado español de la primera regulación global del sector de las telecomunicaciones, que había estado ausente de normativa desde el periodo de la Segunda República, en la fase de gobiernos del Partido Socialista, con apuntes de un inicio de la liberalización para acomodarse a las ideas que se manejaban en la Unión Europea, aunque con ciertas reticencias a dicho proceso liberalizador y la introducción de la plena competencia en las telecomunicaciones, así como la elaboración de una nuevo marco jurídico acomodado a dicha característica con los gobiernos del PP. Desde una perspectiva de la evolución sufrida en la regulación de las telecomunicaciones con vistas a las futuras actuaciones, se considera que la nueva fase que se inicia con los nuevos gobiernos del PSOE, deberá caracterizarse por la conclusión del desarrollo reglamentario que acomode nuestra legislación al Paquete Telecom 2002, mediante la aprobación de dos Reglamentos fundamentales de desarrollo: el de Obligaciones de servicio público y el de dominio público radioeléctrico (este segundo Reglamento debería englobar normativa dispersa en materia de espectro para convertirse en una norma única en materia de espectro radioeléctrico). Asimismo este periodo debería caracterizarse por delimitar claramente los tres ordenamientos segregados de un tronco común: el de telecomunicaciones en sentido estricto, el de audiovisual y el de sociedad de la información, para dejar claramente definidos los ámbitos de aplicación de cada uno de ellos, así como delimitar las competencias entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Administración del Estado, estableciendo claramente la diferenciación entre las competencias en materia de mercados y las competencias en materias de servicio público y derecho de los ciudadanos. Una vez concluido este proceso podría intentarse una nueva estructura de las normas reguladoras de las telecomunicaciones que permitiese englobar en una única norma el desarrollo reglamentario de la Ley General de Telecomunicaciones, simplificando la pluralidad de normas actualmente existentes de segundo nivel, para permitir una mayor seguridad y facilidad en el tratamiento del ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. Esta actividad sería equivalente a la actividad codificadora que en el siglo XIX se efectuó respecto al derecho privado para este sector en la actualidad.

LOS DERECHOS RELACIONADOS CON LA CREACIÓN EN EL MUNDO DIGITAL Una revisión de Creative Commons GRETEL 2005 Una de las cuestiones que los creadores se plantean en el mundo digital es cómo seleccionar con detalle las posibilidades que se otorgan a los que disfrutan de su obra; es decir, poder seleccionar “a la carta”, por ejemplo, si se permite la posibilidad de copiar la obra en cualquier condición, de modificarla, de reconocer la autoría, o de extraer un beneficio económico de ella no siendo el autor original. Obviamente, todas estas posibilidades se recogen en el derecho de propiedad intelectual de los creadores, y particularmente en el español, pero hasta ahora no existían mecanismos sencillos para hacer públicos en detalle los permisos que el creador otorga al respecto de una obra concreta. Precisamente, Creative Commons (CC) se fundó con la idea de proporcionar instrumentos concretos (“licencias”) a los creadores que quieren hacer un uso específico de los derechos que les otorga la legislación sobre derechos de autor para los medios digitales, es decir, instrumentos legales que les permitan, entre otros, compartir sus obras, dejar que otros las modifiquen, reutilicen o redistribuyan, manteniendo su reconocimiento como creadores. Por supuesto, estas licencias, para que tengan validez legal, se apoyan directamente en los mecanismos establecidos en las leyes de propiedad intelectual internacionalmente aceptadas y desde este punto de vista no suponen una ruptura con la legislación existente, sino más bien se basan en ella. ¿QUÉ ES CREATIVE COMMONS2? Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2001, ubicada en la Stanford Law School (Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford). Además del conocido “All rights reserved” (“todos los derechos reservados”) que vemos habitualmente acompañando a las notas de copyright, CC propone que se impulse también el “Some rights reserved” (“algunos derechos reservados”). Para ello, CC ha elaborado, siguiendo una rigurosa práctica jurídica, un conjunto de licencias que pone libremente a disposición de los creadores. TIPOS DE LICENCIAS Las licencias de CC están inspiradas parcialmente en las del software libre, aunque es muy importante destacar que no han sido creadas para su aplicación a programas de software3. Cada una de ellas ofrece una combinación de las siguientes características: – Reconocimiento. El creador permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra mientras se reconozca y cite adecuadamente al autor original. – No comercial. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra mientras no sea utilizada con fines comerciales. – Prohibición de obras derivadas. El creador permite copiar, distribuir y comunicar públicamente copias inalteradas de la obra, pero no realizar trabajos derivados de ellas. – Redistribución bajo la misma licencia. Se permite distribuir obras derivadas sólo bajo una licencia idéntica a la que regula la obra original. En el caso específico de la música, el uso de determinados fragmentos de algunas obras musicales para su incorporación a nuevas obras derivadas se contempla bajo las licencias denominadas Sampling Licence, las cuales establecen distintas posibilidades en tres modelos diferentes, más o menos restrictivas para aquellos que deseen usarlas Las licencias de CC también facilitan que aquellas personas que deseen que su trabajo sea de “dominio público” (esto es, renuncian a todos los derechos que les otorga la legislación de copyright) puedan hacerlo. CC busca con estas licencias fomentar la reutilización creativa de las obras intelectuales, permitiendo al mismo tiempo que el creador mantenga los derechos que considere oportunos. Naturalmente, su uso no afecta a otros aspectos, como la denominada “copia privada” (“fair use”) o cualquier otro derecho recogido en las leyes del copyright u otras leyes aplicables. Así, CC ofrece un sistema flexible para seleccionar la licencia, utilizando unos formularios en su sitio web. Se eligen las características con las que el creador quiere distribuir su obra, y el sistema ofrece tres expresiones de la licencia resultante: una en lenguaje normal, con un resumen del texto legal; otra, en lenguaje legal, que es en realidad el que debe utilizarse para distribuir la obra (será una de las licencias de CC); y por último, una versión “digital”, metadatos que se pueden usar para facilitar el trabajo de los buscadores web. ALGUNOS EJEMPLOS DE USO DE ESTAS LICENCIAS Las licencias CC están siendo empleadas en diversos ámbitos, como la fotografía, la música, la educación, el arte, la literatura, etc. Uno de los ejemplos más destacables en cuanto al uso de licencias CC es el de la educación, en el que se perciben de forma especial las ventajas de compartir material educativo, avanzar sobre otros trabajos ya realizados, delimitar si se permite que terceros se puedan lucrar con las creaciones de cada autor, etc. Pero no es éste el único ámbito en el que se están usando. Ya hay gran cantidad de material disponible (habitualmente vía web), distribuido con licencias CC por diferentes motivos, como maximizar la distribución de trabajos que no se quieren rentabilizar económicamente, o para los que se ofrece otra distribución paralela lucrativa. La adecuada combinación de las características de las licencias permite satisfacer una amplia gama de los requisitos que puede tener un creador. Entre este material ya disponible, se mencionan a continuación algunos ejemplos: – The Public Library of Science (PloS), organización sin ánimo de lucro de científicos que tiene como objetivo convertir la literatura científica y médica en un recurso público disponible de forma gratuita4 , distribuye sus revistas mediante licencias CC. – MIT Open Courseware, materiales de gran cantidad de asignaturas de las titulaciones impartidas en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology5, disponibles vía web. – The Connexions Project, proyecto experimental de desarrollo colaborativo, compartición de material y publicación de contenidos, coordinado por Rice University (Houston), permite utilizar y reutilizar sus contenidos6, – Soundclick y Dmusic ofrecen grabaciones musicales para su uso a través de las licencias de Sampling. – David Byrne, Gilberto Gil y Beastie Boys han licenciado usando CC un disco promocional con sus grabaciones editado el pasado mes de noviembre. – El Profesor Lawrence Lessig ha publicado en Internet el libro “Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity”7 . Otras organizaciones o grupos que emplean las licencias CC para parte de sus contenidos son: – La editorial O’Reilly & Associates8, – DigiBarn Computer Museum9, – La editorial de Whole Earth Catalog y Whole Earth Magazine10, – The Berkman Center for Internet and Society at Harvard Law School11, – The OpenPhoto Project12, – Wu Ming, empresa de producciones narrativas (literatura, cine o videojuegos) 13, – Libros de Cory Doctorow14, – Las secuencias de la película “Nothing So Strange” (no el montaje final de la película)15. Y los españoles: – El equipo de abogados Bufet Almeida16, – Los grupos de música Adore17 y La Mundial18. – La Asociación de Usuarios de Internet19. Asimismo, Creative Commons trabaja o colabora, actualmente, con diversos organismos para el desarrollo de nuevos proyectos, como Electronic Frontier Foundation, Streamcast Networks, MusicBrainz, Open Content Network, Public Library of Science y Open Studios entre otros. INCOMPATIBILIDADES Las licencias de CC están diseñadas de forma que no sólo dan ciertas posibilidades legales a quien recibe una obra; también imponen algunas condiciones que obligan a que esas posibilidades no se vean coartadas por medios técnicos. En particular, son incompatibles con las versiones actuales de los sistemas DRM (“Digital Rights Management”, “gestión digital de derechos -de autor-”) ya que éstos son restrictivos al uso de derechos y no permiten aún licencias del tipo comentado en este artículo. En este sentido, al prohibir mediante estos sistemas cualquiera de los derechos garantizados por la licencia, se está violando la misma, ya que todas prohíben la utilización de medidas de control de acceso o uso del trabajo que se distribuye que sean inconsistentes con los términos del contrato de licencia, al estilo de lo que sucede con las licencias “copyleft” del software libre. INTERNATIONAL COMMONS CC está trabajando también con grupos nacionales de todo el mundo, con el objetivo de que se adapten las licencias a la legislación de los distintos países y se traduzcan a los diferentes idiomas. Así, ya están disponibles las licencias en Austria, Brasil, Canadá, Finlandia, Alemania, Japón, Holanda, España y Taiwan. Están en proceso en Australia, Bélgica, China, Croacia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Suecia, Sudáfrica y Reino Unido. En España, se ha anunciado recientemente la traducción de las licencias de CC20 al castellano21 y al catalán22 , y la adaptación a la legislación española, que ha coordinado la Universitat de Barcelona (concretamente Ignasi Labastida i Juan, coordinador de los proyectos CCEspaña y CC-Catalunya)23. Entre otras iniciativas, se ha creado una lista para debatir sobre la traducción y la adaptación de las licencias de Creative Commons en nuestro país: http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-es ALGUNAS CONCLUSIONES Creative Commons está ocasionando una gran actividad a su alrededor, trascendiendo con mucho el aspecto meramente legal. Con independencia de que el tiempo muestre su éxito como iniciativa, o todo lo contrario, ha supuesto la aparición de un mecanismo ágil para resolver algunos de los problemas relacionados con la creación de obra intelectual en el siglo de Internet y los nuevos medios digitales. Por otro lado, una vez disponibles estas licencias, el gran reto de las soluciones como CC reside ahora en que sean adoptadas por un grupo suficientemente amplio de creadores, que de ese modo ayuden a crear una “infraestructura común de creación intelectual”, compartida por todos ellos bajo alguna de las licencias que CC ha propuesto15. La existencia de esa infraestructura, en caso de producirse, podría suponer la puesta a disposición de los creadores de material que podrían utilizar como base para otros trabajos, creando “economías de escala” para la creación, a costa de una cierta renuncia a algunos de los derechos y permisos más usuales. Si este esquema, desde el punto de vista de recompensa de la creatividad, es mejor o peor que el actual, o siquiera distinto, es algo que los próximos años mostrarán, pero en cualquier caso, el debate en torno a los contenidos y sus derechos en los nuevos medios digitales sigue aún abierto y, sin duda, se producirán nuevos desarrollos en estas áreas a los que conviene estar muy atentos, ya que definirán como los contenidos pueden llegar a circular en las redes de conocimiento y ocio, actuales y futuras.” 1 Copyright 2005 Grupo GRETEL. Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia Reconocimiento-CompartirIgual 2.1 de Creative Commons, disponible en https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/es/legalcode.es 2 Información disponible en https://creativecommons.org/3 Para los casos de software, CC recomienda el uso de las licencias ofrecidas por la Free Software Foundation y la Open Source Initiative. 4 https://www.plos.org 5 https://ocw.mit.edu/index.html 6 http://cnx.rice.edu/ 7 http://www.free-culture.cc/freecontent/ 8 http://www.oreilly.com/press/ 9 http://www.digibarn.com 10 http://www.wholeearthmag.com 11 https://cyber.harvard.edu/ 12 http://openphoto.net/ 13 http://www.wumingfoundation.com/italiano/spanish_directo.htm 14 http://craphound.com/bio.html 15 http://www.nothingsostrange.com/open_source/ 16 https://www.bufetalmeida.com/17 http://adore.webcindario.com/pagina web 2.0/ descarga.htm 18 http://www.lamundial.net/home.php?pg=mp3 19 http://www.aui.es 20 Creative Commons España (iCommons Spain). 21 https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC_Affiliate_Network Véase un ejemplo de Reconocimiento en: http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/es/legalcode.es 22 Véase un ejemplo de Reconocimiento en: http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/es/ legalcode.ca 23 El pasado 24 de enero de 2005 tuvo lugar la presentación en Madrid de Creative Commons España. 24 Esta es una de las razones fundamentales por la que el GRETEL ha incluido en sus artículos para BIT este tipo de licencias desde octubrenoviembre de 2004.

Doce ideas para la reforma del sector audiovisual Gretel1 El Audiovisual y, muy particularmente la televisión, constituye, sin duda, uno de los pilares de lo que se conoce como sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Es por ello por lo que el GRETEL se planteó, a lo largo de 2004, la elaboración de un documento de reflexión sobre los potenciales retos y oportunidades que podrían surgir de la previsible evolución técnica y de negocio en el sector audiovisual. Este trabajo2 fue terminado el pasado mes de diciembre y entregado, entre otros, al Consejo de Sabios. No obstante, cubre un ámbito mucho más amplio que la mera reforma de los medios de titularidad pública y, por consiguiente, ahora que se está debatiendo la reforma legislativa sobre el sector audiovisual y se han planteado cuestiones muy relevantes sobre los modelos de negocio viables en el sector, resulta pertinente insistir en algunos de los mensajes clave de un informe hecho desde el conocimiento de los profesionales del sector, y que busca el mejor y más transparente desarrollo del sector audiovisual. Por estas razones, se recogen a continuación un catálogo de doce puntos que sintetizan lo más sustancial de los postulados del GRETEL sobre el audiovisual. CUESTIONES GENERALES 1. El GRETEL considera que para impulsar el desarrollo del sector audiovisual, y en particular, el de la televisión digital interactiva como una forma de avanzar en modelos de negocio que ya no tienen que estar basados únicamente en el reparto de la “tarta” publicitaria, es necesario reformar y actualizar las reglas del juego, tanto desde el punto de vista legislativo como de mercado. 2. El análisis que acaba de concluir el llamado “Consejo de Sabios” se centra en proponer un nuevo modelo de televisión pública, aunque el GRETEL opina que es necesario ir urgentemente mucho más allá para cubrir asimismo: – el establecimiento de un modelo de competencia plena en un libre mercado, – el impulso de la televisión digital en sus diferentes variantes de oferta y – la creación del consejo del audiovisual de ámbito estatal. SOBRE LOS OBJETIVOS DE SERVICIO PÚBLICO Y MODELO DE PRESTACIÓN 3. Se echa de menos en el modelo de televisión pública propuesto por el Consejo de Sabios un riguroso análisis de la eficiencia económica necesaria para obtener la óptima rentabilidad social de los diferentes modelos de prestación de las obligaciones de servicio público. Es decir, no queda claro por qué se ha escogido el modelo de prestación y gestión propuesto y no cualquier otro, en la misma línea que señala el propio experto en temas de financiación propuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda. En este sentido, una separación nítida entre el modelo de prestación de las obligaciones de servicio público y el modelo de prestación de actividades comerciales parece obligada, incluyendo el examen de las diversas posibilidades para que estos modelos de prestación sean públicos o privados. De esta manera se avanzaría en la transparencia tanto de la financiación, como del modelo de gestión, y se simplificaría el control posterior de la gestión de la televisión con objetivos de servicio público previamente definidos. 4. El GRETEL se inclina, después del análisis del punto anterior, por considerar que aún es necesario un servicio público significativo, sin perjuicio de que este modelo se revise cada cierto tiempo, puesto que se constata el avance de la gestión privada del audiovisual en la medida en la que aumenta la competencia en este mercado y avanzan y se extienden las nuevas tecnologías. Asimismo, considera que, para que exista seguridad jurídica y no se produzcan distorsiones estructurales en el mercado, se requiere una exquisita definición de las obligaciones de servicio público y la máxima transparencia en el modelo de prestación de las mismas. Así, la parte de la televisión pública dedicada al cumplimiento de los objetivos de servicio público no estaría en la carrera comercial del “todo vale”, sino en la de la calidad de los contenidos y el servicio a las libertades y derechos de los ciudadanos. 5. Con respecto al gobierno y gestión de la televisión pública, deben definirse previamente los mecanismos de control de su gestión y labor frente a la sociedad, incluyendo la delimitación ex-ante de los recursos de deuda o financiación y de los medios necesarios para la prestación de este servicio público. Para ello es fundamental la independencia de los gestores y un órgano que monitorice periódicamente el cumplimiento de los objetivos de servicio público definidos. También, evidentemente, los gestores de la televisión pública deben ser diferentes de los miembros del órgano de control. 6. El GRETEL llama la atención sobre los problemas que pueden surgir si, de forma paralela a la adopción de un nuevo modelo de televisión pública de cobertura nacional, no se aplican las mismas o similares reformas a las televisiones autonómicas. De lo contrario, se habría conseguido un nuevo modelo racional de televisión pública de ámbito estatal y seguirá funcionando el viejo modelo de televisión pública autonómica que se había calcado del modelo RTVE que tantos problemas ha ocasionado. SOBRE EL MERCADO Y TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL 7. Se considera que el modelo “natural” de prestación de los servicios audiovisuales debe basarse en la competencia en un mercado abierto, donde el servicio público sería una excepción, aunque no por ello deja de ser esencial su prestación, requiriendo la reserva de los recursos necesarios. La introducción de esta normalidad del mercado en competencia requiere la introducción de medidas tales como igualdad, transparencia, neutralidad, así como una sensata regulación específica mínima, mientras no exista una competencia efectiva que garantice la oferta plural y universal, y que, desde luego, debe incluir el examen de los mercados “aguas arriba” que puedan condicionar el desarrollo del audiovisual como el de los contenidos (acceso al mercado de contenidos) o el de la producción. 8. En este sentido, existe margen para que la actual oferta de televisiones nacionales en abierto en España sea ampliada y, si existen los recursos técnicos (espectro radioeléctrico) para ello, hay que evaluar cuántos canales y por qué medios serían posibles para la consecución de una competencia sostenible (incluyendo la viabilidad del modelo de negocio), en la que también se debe fomentar la innovación. En ningún caso, se debe alterar la fecha anunciada para el “apagón analógico” o postergar el lanzamiento efectivo de la televisión digital terrenal (TDT), so pena de comprometer su ventana de oportunidad comercial. 9. La televisión digital es una oportunidad para una mayor competencia e innovación porque supone multiplicar, al menos, por cuatro la capacidad del espectro radioeléctrico (sin contar con otras eficiencias técnicas, como la frecuencia única, que pueden aumentar este número, aunque también será necesario contar con las dificultades prácticas de la transición). En este sentido, una de las bases de la regulación tradicional del sector audiovisual, que era la consideración de utilizar un recurso escaso como el espectro radioeléctrico, queda en cuestión con la evolución tecnológica. Asimismo, deben reasignarse de forma urgente los canales que dejó libre Quiero TV y exigir la contrapartida de nuevos contenidos y servicios. A este respecto, y en una visión de servicio público significativo que debería ser contrastada como forma eficiente de gestión, la televisión de servicio público debería, de forma transitoria y en consonancia con el modelo que se adopte, ser promotor de nuevos canales digitales. En cualquier caso, hay que notar que no es posible hacer la transición hacia la televisión digital sin unas condiciones atractivas para los agentes que vayan más allá del modelo de negocio basado en el reparto de la tarta publicitaria. Asimismo, la transparencia y la equidad en la asignación de canales y programas para la TDT debe alcanzar el ámbito autonómico y local, no solamente el estatal. 10. Para que la implantación de la TDT tenga el éxito esperado y deseado, debe existir un entorno de interoperabilidad máximo, lo cual quiere decir que los interfaces deben ser abiertos y los dispositivos terminales multi-tecnológicos, incluyendo la previsible evolución tecnológica del mundo digital (sistemas multinorma para presentación y recepción de televisión digital, sistemas de pago por ciertos servicios, etc.). Adicionalmente, es necesario cumplir específicamente la normativa que obliga a disponer de las infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) en todos los edificios para poder disfrutar de las ventajas de la televisión digital, a la vez que se motive a los usuarios a acceder a los nuevos canales y servicios. Bien por la parte del descodificador o por la parte de la antena colectiva, podrían considerarse ciertas ayudas al usuario para dotarse de los equipos necesarios para lograr masas críticas de equipamiento en períodos razonables. CONSEJO DEL AUDIOVISUAL DE ÁMBITO ESTATAL 11. La solución más adecuada para el modelo de Consejo del Audiovisual sería la creación de un regulador convergente con competencias en la vigilancia del mercado, para el que, probablemente, la mejor opción sería la ampliación de competencias de la CMT, dada su experiencia, y, al mismo tiempo, configurar un regulador específico de audiovisual, defensor de los derechos y libertades constitucionales. De esta forma, se separarían los intereses del mercado de los intereses de los usuarios. Lógicamente, para una serie de procedimientos (sanciones, por ejemplo) habría que establecer la adecuada coordinación entre ambas agencias. 12. Se constituyan o no un regulador convergente y un regulador específico, se precisaría habilitar en dichos reguladores (y en los autonómicos) los órganos y procedimientos consultivos necesarios para coordinar las acciones del Consejo de ámbito estatal con las de los Consejos autonómicos. 1 Copyright 2005 Grupo GRETEL. Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia Reconocimiento-CompartirIgual 2.1 de Creative Commons, disponible en http:// creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/es/legalcode. es 2 GRETEL 2005 “El Sector Audiovisual y su Evolución. La Televisión, Retos y Oportunidades”. Disponible electrónicamente en www.coit.es y www.gtic.ssr.upm.es/ccoit.

La gestión de derechos digitales. Sistemas DRM GRETEL Tanto los contenidos como su empaquetamiento y los medios que regulan su acceso se han convertido en un punto crítico de la cadena de valor del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del que depende, en gran parte, el éxito o fracaso de casi cualquier producto en el nuevo entorno digital. Si bien el desarrollo tecnológico en cuanto a los medios digitales (Internet, comunicaciones móviles o televisión) y la llegada de la banda ancha posibilitan un modelo de acceso a contenidos "novedoso", existen aún importantes cuestiones por resolver, sobre todo desde el punto de vista de negocio, para lograr la viabilidad de dicho acceso. Ante esta cuestión, los sistemas de gestión de derechos digitales (en adelante DRM) representan una vía que facilita el acceso controlado a contenidos de tipo texto, audio o vídeo, y por tanto, posibilitan la aparición de nuevos modelos de negocio sobre el acceso y uso de los mismos. Un ejemplo práctico y de actualidad sobre el uso de DRM lo encontramos en las descargas de contenidos desde terminales móviles. En este caso, se permite la descarga y previsualización de un contenido, pero sin que el usuario disponga de una disponibilidad total hasta que no adquiera los derechos correspondientes. Asimismo, y en función del modelo de negocio concreto, este usuario podría consumir el contenido en otro terminal o plataforma, o también reenviar el contenido a otros usuarios. Toda la gestión de los permisos necesarios para el uso de los contenidos, según cada una de las opciones posibles, sería manejada a través del sistema DRM. En los apartados siguientes se consideran las cuestiones de actualidad alrededor de los sistemas DRM. CONFIANZA Y SEGURIDAD Una de las claves fundamentales para el éxito de los sistemas DRM residirá en su capacidad de creación de modelos que aporten confianza y seguridad en el acceso a contenidos, tanto para los propietarios de derechos de propiedad intelectual o proveedores de contenidos como para los usuarios. Para los primeros, los sistemas DRM potencian el uso legal de los contenidos, protegiendo la propiedad intelectual durante las operaciones comerciales que involucran contenidos digitales y previniendo los usos ilegítimos de los mismos. Además, los sistemas DRM constituyen una potente herramienta de gestión, lo que facilitaría un adecuado reparto de derechos entre los distintos participantes en una obra. Para los proveedores de contenidos y suministradores de hardware y software, se posibilita una mayor flexibilidad en la creación de productos y servicios, equilibrando restricciones de acceso con precios. Una ventaja añadida sería la capacidad que tendría el uso de sistemas DRM (en combinación con canales interactivos) de recogida de datos del usuario, lo que ayudaría a la industria a elaborar productos y servicios que encajen en su perfil. Por último, de cara al usuario, los sistemas DRM proporcionan confianza en estos accesos protegidos, todo ello sin olvidar que los derechos y limitaciones de los consumidores respecto a cada tipo de acceso deben quedar claramente expuestos y que, en cualquier caso, se ha de lograr la implicación de éstos en cuanto al consumo de contenidos legales. Existen diversos mecanismos para proporcionar dicha seguridad y confianza que van desde los mecanismos contractuales como las licencias, hasta los mecanismos de tipo legislativo como las leyes de propiedad intelectual o los mecanismos técnicos basados en instrumentos de protección, como son los certificados digitales. Sobre la seguridad existen diferentes opiniones. Por un lado, muchos desarrolladores y fabricantes se conforman con que los sistemas DRM consigan "mantener a los usuarios legales en la legalidad" ("keep honest users, honest"). Por otro lado, la realidad ha demostrado tercamente que basta con que un sistema DRM se rompa una sola vez, para que sea prácticamente inservible, y por tanto, se plantea un enorme reto en el que no hay fallo posible. ESTÁNDARES E INTEROPERABILIDAD La interoperabilidad ofrece la adaptación de distintos servicios a distintas plataformas y terminales, por lo que supone una ventaja para el usuario que, cada vez más, demanda accesos a los contenidos desde cualquier dispositivo y contexto. Además, la interoperabilidad ofrece ventajas de cara a la industria de contenidos, ya que permite el acceso a diversos canales de distribución del material, o a los fabricantes de dispositivos, a los que atrae la creación de un "entorno personal" del usuario mediante la interoperabilidad de los dispositivos que una misma persona utiliza para el consumo de contenidos (grabador de vídeo digital, ordenador personal, terminal de comunicaciones móviles, reproductores portátiles de audio o televisión, etc.). En el estadio actual de desarrollo de DRM, muchas de las soluciones se han auspiciado desde la industria, en forma de estándares propietarios enfocados a una plataforma concreta (como, por ejemplo, los terminales de comunicaciones móviles). Lograr la compatibilidad e interoperabilidad entre equipos mediante el desarrollo de estándares abiertos acabaría con dicha fragmentación del mercado y potenciaría el éxito de las soluciones DRM. En este sentido sería deseable el establecimiento de un estándar internacional que defina una arquitectura común para estos sistemas, de cara a crear economías de escala y proporcionar un mercado global que no resulte controlado por un único proveedor de soluciones DRM. No obstante, durante las primeras etapas del desarrollo de DRM parece probable que se adopten soluciones parciales previas a un estándar único, como pueda ser la creación de estándares de facto o la adaptación de terminales a varias plataformas distintas. LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA DEL CANON POR COPIA PRIVADA Desde un punto de vista filosófico la copia privada representa un equilibrio entre los derechos de los creadores sobre sus obras y los derechos de los usuarios de las mismas. Desde un punto de vista jurídico, la copia privada forma parte de la regulación de la propiedad intelectual como una excepción a los derechos de los creadores sobre sus obras, es decir, es una forma de que los usuarios puedan ejercitar el derecho de reproducción de los productores y autores, sin necesidad de requerir su autorización. Es en este sentido en el que se considera una "excepción" al derecho exclusivo de reproducción. El canon por copia privada se crea como compensación hacia los propietarios de derechos de propiedad intelectual por el perjuicio que pudiera ocasionarles la limitación de este derecho de reproducción. Actualmente esta compensación la pagan los fabricantes de equipos y soportes a los propietarios de derechos de autor a través de las sociedades de gestión colectiva. La llegada de los sistemas DRM supone importantes cambios en este escenario de gestión tradicional de derechos, ya que uno de sus propósitos es evitar todos los usos no autorizados de los contenidos. En este nuevo modelo de gestión digital se hace necesario evitar que se duplique el pago a los propietarios de derechos de autor, primero en forma de canon de copia privada incluido en la compra de dispositivos o soportes y posteriormente en la adquisición del derecho de uso del contenido en cuestión. Además, deben evitarse incongruencias como el establecimiento de un canon por copia privada cuando, bajo ciertos sistemas de DRM, no es posible realizar dicha copia. En estas condiciones se hace necesario un mecanismo de revisión y corrección de los actuales sistemas de remuneración compensatoria, que tal vez culmine con la desaparición del canon tradicional, siempre basado en el análisis transparente de cada caso y buscando el desarrollo de un modelo de pago justo tanto para el usuario como para los propietarios de los derechos. No obstante, todavía hoy las tecnologías DRM distan mucho de tener una madurez e implantación masiva como para suponer un efecto significativo en el mercado de contenidos. Por otra parte existen un conjunto de contenidos que no están actualmente (y difícilmente lo estarán) ligados a sistemas de protección de DRM, para los que debe seguir existiendo un mecanismo de gestión de la remuneración compensatoria. Además, el escenario actual se caracteriza por la heterogeneidad en la legislación entre países en cuanto a la definición del canon, cuantía, dispositivos o soportes a los que se aplica y mecanismos de revisión, lo que impide de momento la creación de un mecanismo global de gestión, incluso en el ámbito de la Unión Europea. EL PUNTO DE VISTA DE LOS USUARIOS/CONSUMIDORES En cuanto a la cuestión primordial de la aceptación del DRM por parte de los usuarios finales, hay que decir que los sistemas DRM prometen importantes ventajas para éstos, como, por ejemplo, permitir la descarga de archivos de audio o vídeo desde portales seguros de Internet (sin amenazas de virus u otros códigos malignos), eligiendo el contenido deseado "a la carta", optando a distintos y flexibles modelos de pago (pay-per-track, pago por suscripción, alquiler por límite de tiempo o número de reproducciones) y transferir dichos contenidos a sus dispositivos de uso personal (reproductor de música portátil, terminal de comunicaciones móviles, etc), todo ello de forma legal. No obstante y a pesar de la inmadurez de estas tecnologías, no han tardado en aparecer posturas muy críticas con la aplicación de DRM en ciertos contextos, y que reclaman la protección de los derechos e intereses de los usuarios. En primer lugar, DRM proporciona a los proveedores de contenidos información sobre los hábitos de los consumidores que pueden entrar en conflicto con su derecho a la privacidad. Además, la mayor protección de los derechos de autor podría conseguirse a costa de limitar accesos a contenidos que hoy resultan legítimos. Por tanto, se haría también necesario un correcto etiquetado de los nuevos productos y servicios en el que se indiquen claramente los derechos y restricciones en el acceso al contenido, buscando crear sensación de familiaridad por parte del consumidor con este nuevo repertorio de modelos de acceso. Este punto se hace particularmente importante cuando se limita la actual percepción del consumidor que considera el contenido que ha comprado como propiedad, como es el caso de los accesos que imponen limitaciones temporales o por número de reproducciones permitidas. Estos modelos se asemejan más a un modelo de alquiler que al de compra, y su éxito deberá basarse en una clara exposición de los derechos del usuario así como en lograr que se perciba esta forma de acceso como ventajosa para el consumidor. La sustitución del marco legislativo actual, delimitado por las leyes de propiedad intelectual, por un marco contractual, supone también un cierto riesgo para los intereses de los usuarios, ya que puede limitar seriamente los actuales derechos del consumidor. Como conclusiones, hay que señalar que la tecnología y la implantación de los sistemas DRM distan aun mucho de haber alcanzado la madurez, y que su éxito final dependerá de factores tales como el desarrollo de una tecnología base (como los accesos de banda ancha), la creación de una oferta de contenidos de calidad, diferenciada y en concordancia con el precio de cada servicio, la facilidad de uso, la interoperabilidad en cuanto a plataformas y terminales y la creación de un clima de confianza y seguridad tanto para usuarios como para propietarios de derechos de autor. Estas cuestiones involucran a un gran número de agentes, tanto de la cadena de valor tradicional del mercado audiovisual como de los agentes entrantes en el nuevo entorno digital, por lo que el éxito final de DRM dependerá de su capacidad de colaboración en el desarrollo de un modelo que favorezca a todas las partes, superando las actuales divergencias existentes en cuanto al enfoque que debe seguirse en su desarrollo y, en cualquier caso, sin olvidar que la clave residirá en la aceptación por parte del usuario final y en la percepción que éste tenga con respecto a la situación precedente. En este sentido, hay que insistir en que la protección de los derechos de propiedad intelectual no debe ir reñida con la protección de los derechos del consumidor.

Los contenidos, es decir, la información procesada y adaptada a los gustos y necesidades de los usuarios – consumidores, son el eslabón que se encuentra más "aguas arriba" en la cadena de valor resultante del proceso de convergencia que ha dado lugar a lo que se conoce como sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Una cadena de valor que representa el proceso por el que el desarrollo tecnológico y las fuerzas del mercado orientan sus esfuerzos hacia la satisfacción de una demanda básica por parte de los consumidores: el acceso y uso eficiente de información en cualquier lugar, contexto y formato. Conscientes, por tanto, del valor que suponen tanto los propios contenidos, como los medios que permiten (y controlan) el acceso a los mismos, los agentes de los sectores de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y las tecnologías de la información compiten por su captura e integración en los correspondientes modelos de negocio. En este sentido, las oportunidades derivadas de la integración de los contenidos (y el acceso a los mismos) en los modelos de negocio resultado de la convergencia son, sin duda, de 46 bit 153 OCT.-NOV. 2005 GRETEL 20051 Cátedra COIT-UPM Contenidos y competencia en telecomunicaciones Las variaciones de la nueva cadena de valor situa a los agentes ante un reto, que incluye el que los contenidos sean fundamentales en el modelo de negocio. 1 Copyright 2005 Grupo GRETEL. Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia Reconocimiento-CompartirIgual 2.1 de Creative Commons, disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/es/legalcode.es Este artículo recoge algunas ideas relativas al último trabajo del GRETEL sobre los "contenidos" y sus diferentes modelos de explotación. 2 Nótese que se ha omitido el adjetivo "razonable", puesto que es difícil medir con los criterios actuales este futuro balance. Más aún, quizá la búsqueda a toda costa de una "razonabilidad" impida la existencia de soluciones que a la larga traigan mayores beneficios a la sociedad en su conjunto. En este sentido, los escenarios posibles pueden ir desde un "cambiarlo todo para que todo siga igual", hasta un mundo donde los contenidos son utilizados por parte de agentes totalmente distintos a los tradicionales como una "commodity" más para los usuarios. “Existen múltiples formas posibles de derechos de acceso al mundo de los contenidos que pudieran afectar a la competencia aguas abajo. Las principales son los acuerdos exclusivos de acceso a cierto tipo de contenidos, y los acuerdos de acceso multiplataforma” una enorme magnitud. Sin embargo, forman parte aún de mercados emergentes que se encuentran en estadios de evolución ineficientes, quizá inmaduros, desde el punto de vista del negocio. Al mismo tiempo, además de su valor intrínseco, los contenidos se encuentran en la frontera entre un mundo tradicional con reglas establecidas y un mundo nuevo en el que confluyen los intereses diversos de los agentes del sector TIC, pero que todavía no es bien conocido y en el que no existen reglas que establezcan un balance2 entre los diferentes intereses en juego. No solamente esto, sino que por el propio interés que los usuarios tienen en los contenidos, por su relación con las libertades y derechos de estos mismos usuarios, incluyendo valores trascendentes como la belleza o la capacidad de disfrute, incluso por su conexión con los medios de comunicación, es imposible pensar que los cambios que tengan lugar se produzcan sin gran estrépito. Así, es en este escenario de evolución del sector de la información y las comunicaciones donde, a pesar de que la tecnología permite vislumbrar el futuro, aún se presentan retos muy difíciles y variados relacionados con los contenidos de cara a implementar masivamente soluciones como la banda ancha, la televisión digital interactiva o la ubicuidad y movilidad en el acceso a estos contenidos. Indudablemente, uno de ellos resulta ser la incuestionable relación entre el acceso a dichos contenidos (y su posterior explotación) y la necesaria competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Contenidos y competencia en el mercado de las telecomunicaciones Asumida la relevancia de los contenidos en los modelos de negocio emergentes en el mercado de las telecomunicaciones, es imposible considerar las condiciones de competencia en este mercado sin tener presentes las implicaciones que pudiera tener el acceso a dichos contenidos aguas arriba de la cadena de valor resultante. Este es el caso para las ofertas de triple play, para los nuevos servicios interactivos sobre banda ancha o para el acceso a contenidos a través de plataformas inalámbricas/móviles, todos considerados claves en el nuevo entorno de desarrollo y evolución del sector. En este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea trabaja actualmente en un examen previo de la influencia que el acceso al mercado de contenidos audiovisuales de carácter deportivo pudiera tener en la competencia entre operadores de tercera generación bit 153 OCT.-NOV. 2005 47 GRETEL 2005. Contenidos y competencia en telecomunicaciones 1 El proceso se inició en enero de 2004, con las siguientes palabras del entonces Comisario de Competencia, Mario Monti, "Hemos llegado al momento álgido del lanzamiento de las redes de 3G y como el éxito de este servicio depende en buena medida en la capacidad de los operadores de suministrar contenidos audiovisuales muy solicitados, las autoridades reguladoras de la competencia han de velar por que el acceso a los derechos deportivos se mantenga abierto y no sea discriminatorio". Véase http://europa.eu.int/rapid/ pressReleasesAction.do?reference=IP/04/134&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en “En el escenario de evolución del sector de la información y las comunicaciones, a pesar de que la tecnología permite vislumbrar el futuro, aún se presentan retos muy difíciles y variados relacionados con los contenidos de cara a implementar masivamente soluciones como la banda ancha, la televisión digital interactiva o la ubicuidad y movilidad en el acceso a estos contenidos” (y más allá) de comunicaciones móviles en Europa3. En general, se puede clasificar la influencia que el acceso a los contenidos de interés para los usuarios tiene en la competencia en dos clases. Por un lado, la influencia sobre el grado de competencia existente entre las plataformas que ya están presentes en el mercado y la influencia que pudieran tener como barreras de entrada para nuevos agentes y/o plataformas interesados. Existen también múltiples formas posibles de derechos de acceso al mundo de los contenidos que pudieran afectar a la competencia aguas abajo. Las principales son los acuerdos exclusivos de acceso a cierto tipo de contenidos, y los acuerdos de acceso multiplataforma. Los acuerdos exclusivos tienen un efecto evidente cuando pueden constituir una ventaja competitiva (que los usuarios perciben) sobre el resto de los agentes presentes en el mercado. En este sentido, hay que señalar que mientras existe una cierta experiencia sobre las consecuencias de estos acuerdos sobre la competencia en el mundo de la difusión audiovisual, su efecto sobre los servicios interactivos o los servicios móviles es desconocido. En cualquier caso, existen algunas evidencias en el sentido de que los operadores de comunicaciones están dispuestos a pagar un "premium" por el acceso exclusivo a estos contenidos. Que el motivo de pagar este tanto adicional sea la búsqueda de una ventaja definitiva frente a la competencia, o una cuestión más relacionada con el marketing o la imagen de marca está aún por ver. Por otra parte, los acuerdos de acceso multiplataforma pueden tener efectos más sutiles sobre la competencia. Un ejemplo sería el siguiente. Los agentes detentadores de derechos sobre contenidos muchas veces venden éstos en un paquete que incluye múltiples plataformas: televisión, Internet, móviles, …, puesto que consideran que de esta forma consiguen un precio mejor que separando las condiciones de acceso. La consecuencia es que estos derechos van, hoy, a parar a las plataformas de televisión que tienen un modelo de negocio consolidado. Cuando otros operadores, por ejemplo de comunicaciones, quieren el acceso a estos contenidos tienen que negociar con las televisiones, lo que en muchos casos hace difícil el acuerdo y, puesto que éstas no explotan estas nuevas plataformas, los contenidos no son utilizados y por tantos accedidos por los usuarios sobre las mismas. En cualquier caso, y como siempre, las dificultades están tanto en los efectos que el acceso a los contenidos pudiera tener sobre la competencia, como en la definición del mercado relevante. Así, habría que considerar tanto el tipo de contenidos como la plataforma de acceso a los mismos. En definitiva, los agentes se enfrentan a nuevos retos debido a la ampliación de la cadena de valor y al hecho de que los contenidos pasen a formar una parte muy importante de sus modelos de negocio y nuevas ofertas de servicios/ aplicaciones. Al mismo tiempo, aunque la tendencia actual sea hacia la no intervención, las autoridades competentes deben examinar de tiempo en tiempo si las condiciones de acceso a los contenidos de interés constituyen una barrera a la libre competencia. u 48 bit 153 OCT.-NOV. 2005 GRETEL 2005. Contenidos y competencia en telecomunicaciones “Los contenidos se encuentran en la frontera entre un mundo tradicional con reglas establecidas y un mundo nuevo en el que confluyen los intereses diversos de los agentes del sector TIC

Cumbre Mundial de la SI: origen y necesidad. GRETEL 20051. Cátedra COIT-UPM. La Sociedad de la Información (SI), término ampliamente utilizado en los últimos años, se refiere fundamentalmente a que la "información" se convierte en el elemento central sobre el que gravitan las principales fuerzas económicas y sociales de las sociedades modernas, y a que de su uso y acceso depende la calidad de vida de los ciudadanos. La Sociedad de la Información viene caracterizada por la extraordinaria expansión de las redes de comunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo global de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial, el incremento de las posibilidades de elección e información de los usuarios o la aparición de nuevas fuentes de empleo. En suma, es la revolución digital la que, impulsada por los motores de las tecnologías de la información y la comunicación, está cambiando profundamente la manera en que la gente piensa, actúa, comunica y trabaja. Por tanto, no es de extrañar que su desarrollo sea uno de los pilares básicos en la política de la mayoría de gobiernos. Sin embargo, para gran parte de la población mundial, el acceso a las nuevas redes digitales resulta extremadamente limitado o, incluso, inexistente, lo que genera importantes diferencias socioeconómicas y culturales entre aquellas comunidades (pertenecientes a distintos países o incluso dentro del mismo país –ya sean desarrollados o en vías de desarrollo–) que tienen capacidad para acceder a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de forma eficaz y las que no. Es el fenómeno que se conoce como brecha digital, una cuestión de máxima relevancia tanto política como social. Véase, como ejemplo ilustrativo de lo anterior, la siguiente tabla donde se recoge la clasificación de las diferentes regiones y de algunos países del mundo en función del índice e-readiness 2005 publicado (anualmente) por The Economist Intelligence Unit del Grupo The Economist3. Dado el indudable alcance y relevancia de la cuestión, son muchos los foros de discusión que vienen tratando y analizando los retos que el desarrollo de la Sociedad de la Información plantea. De entre todos ellos, el carácter integrador e internacional de las conferencias a gran escala de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hace que constituyan un marco idóneo para debatir y sentar las bases de la "Sociedad de la Información"5. Además, dada su repercusión, la organización de estas Cumbres (con el complejo proceso preparatorio que conllevan) es una poderosa herramienta para tomar conciencia de la problemática discutida atrayendo la atención de la opinión pública, consiguiendo el apoyo político de los líderes mundiales y sentando las bases de numerosos proyectos. Así, en diciembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información6 (CMSI) en dos fases7. La primera se celebró en Ginebra, acogida por el Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda ha tenido lugar recientemente en Túnez, acogida por el Gobierno de Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005. La Cumbre distinguió dos núcleos de reflexión: la contribución de las TIC al desarrollo, y los distintos retos y problemáticas a los que se enfrenta la Sociedad de la Información, núcleos que representaban las preocupaciones de los países en vías de desarrollo (carencia de infraestructuras, alfabetización digital, servicio universal, propiedad intelectual, software libre…) y las de aquéllos que ya han alcanzado la plena integración de las TIC en sus procesos económicos (seguridad en la red, spam, defensa de los derechos humanos…). Además, si bien en un primer momento las Cumbres mundiales se plantearon como encuentros gubernamentales, la CMSI se ha caracterizado por el fomento de la participación de todos los estamentos socioeconómicos implicados, desde representantes de alto nivel de los gobiernos y organizaciones intergubernamentales, hasta organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y sector privado. Primera fase. El objetivo de la primera fase de la CMSI era redactar una clara declaración de voluntad política así como estimular a los Gobiernos y al sector privado a emprender medidas concretas que establecieran los fundamentos de una Sociedad de la Información para todos, teniendo en cuenta los distintos intereses en juego8. Así, esta primera fase culminó con una Declaración de Principios9 que consta de 11 aspectos clave, en general relacionados con cuestiones de carácter multidisciplinar y con el impulso de la Sociedad de la Información. Asimismo, se redactó un Plan de Acción10 que sugiere una serie de medidas bajo cada uno de estos principios. Sin embargo, tanto en lo referente a la problemática relacionada con el gobierno de Internet11 como a la relativa a los mecanismos de financiación de las TIC para el desarrollo12 no se consiguió alcanzar ningún tipo de consenso. Por tanto, se solicitó la constitución de dos grupos de trabajo13 que profundizaran en ambas cuestiones y expusieran sus conclusiones en la segunda fase de la cumbre. Segunda fase. En la segunda fase de la CMSI se ha tratado de poner en funcionamiento el Plan de Acción, analizando y evaluando los adelantos conseguidos en su aplicación y se ha elaborado una Agenda14 con los objetivos que se deben alcanzar hasta 2015. Con respecto a la problemática del gobierno de Internet, el documento final de la CMSI supone un avance en diversos ámbitos, e incluye el reconocimiento de que todos los gobiernos tienen una función y responsabilidades idénticas, y el comienzo de un nuevo proceso para mejorar la cooperación entre todas las organizaciones implicadas así como una serie de plazos para alentar y hacer el seguimiento del progreso alcanzado15. El texto que se acordó en Ginebra queda de esta forma completado con nuevos compromisos sobre la lucha contra la delincuencia y la seguridad informáticas así como para la garantía de la privacidad y la libertad de expresión. Finalmente se solicita la convocatoria para el segundo trimestre de 2006 de una reunión del nuevo foro para diálogo sobre políticas de las múltiples partes interesadas (Foro internacional de la gobernanza de Internet)16. Respecto al debate abierto sobre los mecanismos de financiación para hacer frente a las dificultades que plantea la utilización de las TIC en favor del desarrollo, el documento elaborado por el TFFM (Grupo Especial sobre Mecanismos Financieros) ha puesto de relieve la complejidad de los mecanismos existentes e identifica una serie de ámbitos en los que podrían introducirse mejoras. Así, desde la CMSI se ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se fomente la transferencia de tecnología y para que se adopten políticas y programas que permitan a los países en desarrollo poner la tecnología al servicio del desarrollo, reconociendo también la responsabilidad social del sector privado. Finalmente, se ha consolidado el Fondo de Solidaridad Digital creado en Ginebra como mecanismo financiero innovador y de naturaleza voluntaria, al que pueden contribuir todas las partes interesadas. Ahora es importante que estas cuestiones, aún reconociendo su importancia teórica, se plasmen en iniciativas concretas y de carácter práctico, que las hagan realmente efectivas. Algunas aportaciones Españolas. España ha tenido un papel relevante en esta segunda fase de la CMSI en las siguientes cuestiones: – Destaca la solicitud para que el día 17 de mayo sea declarado el Día Mundial de la Sociedad de la Información, idea original de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y que tras diversas vicisitudes ha sido "adoptada" por la propia administración española y trasladada al foro de la Cumbre. – Intervención del ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, en la sesión plenaria de la Cumbre, defendiendo un modelo de gobierno de Internet más internacionalizado y presentando el Plan Avanza para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España17. – Presentación por parte del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, del segundo volumen de "La Sociedad de la Información en el siglo XXI: un requisito para el des@rrollo". En él han participado numerosos expertos de la administración, investigación, sociedad civil y sector privado, abordándose un amplio abanico de temas: relación entre las TIC y el desarrollo y la cooperación al desarrollo, los telecentros como elementos de inclusión electrónica, el aprendizaje en la red, los modelos de software, la e-accesibilidad, la diversidad cultural y lingüística en la red y la persona en la Sociedad de la Información18. – Presentación por parte de Global VSAT Forum-España y los proyectos Europeos Mossa y Broadwan (con participación española) del caso ejemplar de despliegue de red de telecomunicaciones por satélite en banda ancha en Castilla La Mancha, estimulándose a los gobiernos y agentes privados hacia un desarrollo mundial inspirado en este concepto de combinación de tecnologías satelitales y terrenales, que permiten llevar las nuevas tecnologías, en igualdad de condiciones, a los usuarios y empresarios ubicados en zonas remotas. – Presentación del proyecto Casa Asia Virtual como punto de encuentro entre culturas en Internet. En este sentido, pretende convertirse en el principal referente de contenidos en castellano sobre Asia y el Pacífico, y un punto de encuentro para instituciones, empresas, organismos, ONG y sociedad civil que quiera informarse y relacionarse con esta región gracias al uso de las nuevas tecnologías19. Aparte de lo anterior, España ha participado de forma reseñable en diversos foros paralelos, como por ejemplo, los que trataban cuestiones de género. Algunos comentarios. Lo expuesto anteriormente indudablemente ilustra que foros de este tipo sacan a la palestra las cuestiones pendientes para afianzar e impulsar en la práctica un verdadero desarrollo global de la Sociedad de la Información, la cual no debe ser considerada como un fin per sé y sí como un vehiculo instrumental para mejorar la calidad de vida real de la sociedad en su conjunto. Desafortunadamente, esta Sociedad de la Información se encuentra aún en un estadio muy incipiente en la mayor parte de los países, incluyendo, casos flagrantes de menosprecio de la libertad de expresión o de impedimento del acceso a la información. Un ejemplo ilustrativo de esto último es que, en la propia CMSI, se han presentado las zonas "negras" de Internet, que representan a aquellos países que quieren controlar/censurar la red20. También, la CMSI ha obligado a que, por algún tiempo, los países sean conscientes de sus dificultades para el desarrollo de esta sociedad, generándose así iniciativas (tanto públicas y privadas) para avanzar en el mismo. En cualquier caso y al mismo tiempo, experiencias interesantes y exitosas se comparten21, destacando, en este sentido, las aportaciones de la sociedad civil, más enriquecedoras (en la mayoría de los casos) que las de las propias administraciones. Como comentario final y salvando las distancias, no debe obviarse el hecho de que sigue siendo necesario considerar numerosas cuestiones de (mucho) mayor calado y que su resolución debe aunar los recursos necesarios a nivel mundial con (mucha) mayor urgencia: hambre, falta de libertades, conflictos bélicos, … y a cuya resolución, aunque sea de manera indirecta, también debería contribuir la consolidación de una verdadera Sociedad de la Información. NOTAS: 1 Copyright 2005 Grupo GRETEL. Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia Reconocimiento- CompartirIgual 2.1 de Creative Commons, disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/es/legalcode.es Este artículo recoge algunas ideas relativas al último trabajo del GRETEL sobre los "contenidos" y sus diferentes modelos de explotación. 2 La puntuación de cada región se basa en la que cada país de ésta obtiene en el e-readiness. 3 Aparte de éste (el más actual por fecha de publicación), existe otra serie de medidas sintéticas (compuesta a partir de varios indicadores, en general, relacionados con su desarrollo social, político, económico y, por supuesto, tecnológico) sobre la capacidad de los distintos países de acceso a la Sociedad de la Información: por ejemplo, el Índice de Acceso Digital (IAD) publicado por la UIT en 2003 con datos de 2002 o el Networked Readiness Index del Foro Económico Mundial de 2004. 4 Nótese que España ha mantenido (incluso empeorado) su posición relativa en el último año, estando considerablemente por debajo de la media de la región de Europa Occidental. 5 Las Cumbres de las Naciones Unidas han versado sobre distintos temas que reciben atención mundial, como la pionera Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990), la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000) o la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (Monterrey, México, 2002). 6 Véase http://www.itu.int/wsis/basic/about-es.html. 7 La división de la CMSI en dos fases es una de sus características particulares, ya que este tipo de eventos suelen constar de una sola fase. 8 Más de 11.000 participantes de 175 países asistieron a la Fase de Ginebra y a los eventos conexos: cerca de 50 jefes de Estado o Gobierno y Vicepresidentes, 82 Ministros y 26 Viceministros y jefes de Delegación de 175 países, así como representantes de organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil. 9 Documento WSIS-03/GENEVA/4-S. 12 de mayo de 2004. Declaración de Principios. Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el nuevo milenio. 12 de mayo de 2004. Disponible en . Los aspectos clave de esta declaración se recogen en http://www.itu.int/wsis/basic/key-es.html. 10 Disponible en http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSISDOC- 0005!!PDF-S.pdf. 11 Según se reconoció en la CMSI, el Gobierno de Internet supone más que la atribución de nombres y direcciones de Internet. Incluye cuestiones de índole social, económica y técnica, y aspectos importantes de políticas públicas como el de los recursos críticos de Internet, la seguridad y protección de Internet y aspectos y cuestiones de desarrollo relativos a la utilización de Internet. 12 Cabe destacar que en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas se reconoce expresamente que las TIC son un factor imprescindible para el cumplimiento de muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 13 Grupo de Trabajo sobre Gobierno de Internet (WGIG, Working Group on Internet Governance) y Grupo Especial sobre Mecanismos de Financiación (TFFM, Task Force on Financial Mechanisms). Los documentos finales aportados por ambos grupos se encuentran en http://www.itu.int/wsis/preparatory2/index-es.html. 14 Tunis Agenda for the Information Society. President of the PrepCom of the Tunis Phase. 15 November 2005. http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.pdf 15 No obstante, EE.UU. sigue manteniendo aún el control de ICANN y, por tanto, de Internet (números y direcciones). 16 . 17 Véase http://www2.mityc.es/es-ES/Servicios/ GabinetePrensa/NotasPrensa/internet16 1105.htm 18 Véase http://www2.mityc.es/es-ES/Servicios/ GabinetePrensa/NotasPrensa/SI1711 05. htm. 19 Véase http://www.casaasia.es/. 20 Véase http://www.elmundo.es/tecnologia.html 2005/11/18/esociedad/1132315585.html. 21 Por ejemplo, se ha presentado un PC cuyo coste es inferior a $100 y puede recargarse en lugares donde haya problemas para conseguir corriente eléctrica, destinado a estudiantes de países en vías de desarrollo.

Ante la revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas. En el año 2002 se aprobaba un nuevo marco regulador para las comunicaciones electrónicas en el contexto de la Unión Europea, cuyo principal objetivo consistía en reconducir la regulación sectorial ex ante vigente hacia las leyes del Derecho de la Competencia basadas en la intervención ex post. Introducción Tal y como se reconoce en el conjunto de documentos legislativos, la principal herramienta de esta nueva aproximación es la definición y análisis de los mercados de referencia, entendida como el mecanismo para imponer “remedios” que corrijan el comportamiento de aquellos mercados que carezcan de competencia efectiva. Sin embargo, pasados ya prácticamente tres años desde la puesta en marcha de este marco regulatorio, el avance en cuanto a su implementación práctica en los diferentes Estados miembros es, cuanto menos, cuestionable2, por lo que está prevista su revisión, que deberá realizarse a lo largo del año 2006. En este sentido, la propia Comisión Europea, aún reconociendo que estos procedimientos de análisis requieren una cantidad considerable de recursos y suponen una carga para las agencias nacionales reguladoras (ANRs), especialmente para las de los países más pequeños, insiste en que los reguladores redoblen sus esfuerzos para centrar sus energías en completar a tiempo la primera fase de análisis de mercado3. No obstante lo anterior y asumiendo que el sector de las comunicaciones electrónicas es, per sé, un sector caracterizado por un alto grado de dinamismo, principalmente en lo que se refiere a la evolución tecnológica y económica del mercado, está ya prevista una revisión de este marco regulatorio que debe realizarse a lo largo del año 2006. De hecho, la Comisión Europea lanzó a finales de 2005 una consulta pública4 que supone el primer paso de esta revisión, con el objetivo de estudiar aquellos aspectos del marco actual que han funcionado correctamente y detectar aquellos que deberían modificarse para considerar lo anteriormente expuesto. Sobre el marco regulatorio vigente En primer lugar, y asumiendo las ventajas teóricas que a priori supone el actual marco regulador frente a su antecesor5, desde el punto de vista de su implementación práctica apenas se ha avanzado en cuanto a la consecución de su objetivo básico, esto es, la reducción paulatina de la regulación sectorial ex ante en favor de una mayor aplicación de los criterios e instrumentos característicos del Derecho de la Competencia de carácter ex post. En este sentido, el planteamiento regulatorio y competencial actual parece responder aún a un modelo de transición desde una etapa inicial de monopolio a la de liberalización plena, instaurada en la Unión Europea a partir de 1998. Además, el modelo que se ha promulgado a lo largo de estos años por parte de las diferentes ANRs presenta una serie de debilidades que, cuanto menos, cuestionan su viabilidad en el entorno cada día más basado en la convergencia multi-sectorial / multi-plataforma que gobierna el paradigma sectorial en la actualidad. Lo anterior está relacionado con los importantes cambios que se han producido a lo largo de la cadena de valor del sector tradicional de las telecomunicaciones y, como consecuencia, en los modelos de negocio presentes en el mercado. Por tanto, debe considerarse el necesario fomento y desarrollo de un modelo competencial sostenible entre los diferentes agentes presentes en este sector, en gran parte sustentado en la convergencia, la cual conduce a su vez a difuminar las barreras entre mercados antes claramente separados6 y que, indudablemente, debe contribuir al establecimiento de una regulación acorde con este nuevo escenario. Además, ello tiene una importante ligazón con el esperado despliegue de soluciones de interés para los usuarios sobre las llamadas Redes de Nueva Generación (NGNs – Next Generation Networks), infraestructuras que facilitarán la proliferación creciente de servicios y aplicaciones convergentes7. Más aun, el objetivo a largo plazo sería mantener el mínimo grado de intervención regulatoria necesaria para el desarrollo de una competencia efectiva y sostenible, esto es, no amparada exclusivamente en una regulación sectorial ex ante que, inevitablemente, tiende a perpetuarse. Ello iría alineado con el objetivo último del marco regulatorio de 2002 de aplicar, en lo posible, un enfoque ex post característico del tradicional Derecho de la Competencia y que, además, responde mejor al necesario enfoque de flexibilidad regulatoria. Además de lo anterior, y en consonancia con el marco competencial sostenible que debe promulgarse en comunicaciones electrónicas, el marco regulador tiene la importante misión de garantizar la calidad de los servicios prestados a los usuarios finales así como los derechos de estos usuarios, incluyendo el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad. Todo ello, incluso, adquirirá una importancia creciente en los próximos años Cuestiones estructurales que condicionan el desarrollo del modelo regulatorio No obstante lo anterior, aún existen una serie de cuestiones de carácter estructural que, de manera directa o indirecta, condicionan el desarrollo efectivo de un modelo de competencia efectiva y sostenible y, por ende, del propio modelo regulatorio. La primera de ellas está relacionada con el hecho de que determinados Estados miembros de la Unión Europea siguen siendo accionistas de referencia de sus propios operadores incumbentes. Sin entrar a valorar la idoneidad de estas prácticas que generalmente responden a la defensa de objetivos estratégicos totalmente lícitos, este hecho incumple una de las premisas fundamentales discutidas previamente a la plena liberalización, es decir, la privatización de los diferentes agentes del mercado con el fin de evitar posibles conflictos de los Estados (como parte interesada) en su papel de reguladores de este mercado. Adicionalmente, este hecho perturba el desarrollo de un modelo de competencia equitativo, ya que determinados operadores gozan del beneplácito gubernamental, especialmente en lo que a sostenibilidad y viabilidad económico-financiera se refiere. En segundo lugar, y aun reconociendo las diferencias existentes entre los diferentes mercados de los Estados miembros, se hace necesario avanzar en la consecución de un mercado único europeo, el cual no ha alcanzado aún su nivel de desarrollo deseable. En este sentido, el entorno globalizado característico de los sistemas económicos actuales, y concretamente su extrapolación al sector de las comunicaciones electrónicas, no hace sino demostrar la importancia de afianzar un mercado común europeo sólido y competitivo. Desde el punto de vista regulatorio, ello debe fomentarse en base a una homogeneización y armonización en lo que respecta a las condiciones regulatorias en los mercados de los diferentes Estados miembros. Sin embargo, se dan notables discrepancias entre los procesos seguidos por las diferentes ANRs, principalmente en lo que se refiere a su grado de apertura y, de forma especial, a los calendarios de acción marcados. Es cierto que las circunstancias varían de un país a otro, pero no es menos cierto que una dispersión excesiva puede ir en detrimento del objetivo general de impulsar el mercado interior mediante la homogeneización de las regulaciones nacionales. En cualquier caso, nos estamos aproximando a un escenario donde la competencia en el mercado único europeo aumenta (móviles, VoIP, banda ancha,…) y, por tanto, se requiere mayor simplicidad y homegeneidad. Por otra parte, también debe avanzarse sobre el objetivo prioritario de lograr una mayor independencia de las ANRs que, desde unos procedimientos transparentes y objetivos, deben velar por el correcto desarrollo de un modelo competencial sostenible. Por último, y en relación con lo señalado anteriormente, vuelve a plantearse el debate sobre la idoneidad y compatibilidad entre dos modelos de competencia antagónicos: el basado en servicios frente al que se basa en infraestructuras propias. Este debate cobra especial importancia conforme se avanza en el proceso de convergencia y en el despliegue de nuevas infraestructuras de banda ancha y, en este sentido, los responsables políticos deben tomar conciencia y establecer las condiciones para el mejor desarrollo de este sector. Otras cuestiones sobre la implementación práctica del marco regulatorio actual Finalmente, existen determinadas cuestiones de carácter práctico que condicionan asimismo el avance hacia un mejor entorno regulatorio. En primer lugar, la aproximación a la definición de mercados incluida en la Recomendación de la Comisión en vigor no se encuentra plenamente alineada con el contexto actual, sino que parece más una solución de compromiso entre el modelo regulatorio anterior y el deseable para el futuro. Por tanto, y tal y como se ha señalado anteriormente, prolongar en el tiempo el necesario replanteamiento del modelo podría conducir a un círculo vicioso en el que, en lugar de adaptar la regulación y sus objetivos a la situación real de los mercados, la regulación existente se perpetuara, basándose en criterios de transición que surgieron de la situación inicial de monopolio del mercado. En este sentido, precisamente la propia Recomendación de mercados relevantes es la pieza clave para el necesario cambio de enfoque hacia un entorno más flexible y dinámico. Como último comentario, es un hecho que, contra la pretensión de la Comisión de reducir el número de mercados de referencia, así como el número de operadores con poder significativo en el mercado, la realidad que se deduce del trabajo de los reguladores hasta la fecha parece marchar en general en sentido contrario y, como consecuencia, las obligaciones de los operadores parecen ir en aumento8. En esta situación, la revisión del paquete de Directivas y la Recomendación de mercados de referencia plantean interrogantes que sólo tendrán un desenlace con efectos positivos si verdaderamente se opta por reducir de forma clara e inequívoca el nivel de intervencionismo regulatorio. Desde luego, si desde las instituciones europeas se cree en el mercado como terreno de juego dinamizador, debería reducirse la intervención de los poderes públicos, asegurando simplemente una “constitución” que permita la competencia justa. Pero si el resultado de esas reflexiones resulta en un crecimiento del número de mercados sobre los que deben realizarse análisis de competencia, identificación de cada vez más operadores con poder significativo y multiplicación del número de obligaciones imponibles, se corre el riesgo de que la inversión se detraiga, debido a la incertidumbre sobre los modelos de negocio de los distintos agentes. Además, si los operadores ven cada vez más reducidos sus márgenes operativos puede aventurarse que ello implicará indefectiblemente una pérdida de competitividad por parte de los operadores europeos9 de consecuencias impredecibles. Por todo lo señalado, y aunque el nuevo marco vigente representa un paso adelante en el proceso de desregulación de la industria, el acercamiento hacia una situación de “normalidad” es aun incipiente, especialmente en lo que se refiere al proceso de actual de definición y análisis de los mercados de referencia. Así, resulta especialmente urgente un avance en el establecimiento de un nuevo modelo regulatorio acorde con la evolución tecnológica y de la competencia que gobernará el desarrollo de este sector clave en los próximos años. NOTAS: 1 Copyright 2006 Grupo GRETEL. Algunos derechos reservados. Este artículo se distribuye bajo la licencia Reconocimiento- CompartirIgual 2.1 de Creative Commons, disponible en http://creativecommons. org/licenses/by-sa/2.1/es/legalcode.es. 2 Según algunos estudios, a fecha de junio de 2005, 133 mercados habían sido analizados por las ANRs de 13 Estados miembros y habían sido revisados por la Comisión, lo que implica que tan sólo el 30% del trabajo total se había completado hasta entonces. Esta situación no ha variado mucho durante la segunda mitad de 2005. (Véase De Streel, A. “A First Assessment of the New European Regulatory Framework for Electronic Communications”. Communications & Strategies, no. 58, 2nd quarter 2005, IDATE) 3 Véase el discurso de Viviane Reding, Comisaria Europea de la Sociedad de la Información y Medios, sobre “The review of the regulatory framework for e-Communications” en el 1st Meeting of the Centre for European Policy Studies Taskforce on Electronic Communications (Bruselas, 15 de septiembre de 2005). Disponible en http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction. do?reference=SPEECH/05/515&fo rmat=HTML&aged=0&language=EN&gui- Language=en. 4 “Call for input on the forthcoming review of the EU regulatory framework for electronic communications and services including review of the Recommendation on relevant markets”. Bruselas, 25 de noviembre de 2005. Disponible en http://europa.eu.int/ information_society/policy/ecomm/doc/i nfo_centre/public_consult/review/511_25 _call_for_input_comp.pdf. De hecho, la mayoría de las ideas recogidas en el presente artículo se refieren a las expuestas por el GRETEL en su respuesta a esta consulta europea. 5 El actual marco regulador comunitario de las comunicaciones electrónicas supone una profundización en los principios que han regido la política de telecomunicaciones de la Unión Europea durante la última década, básicamente, el refuerzo del mecanismo de competencia entre agentes como motor principal de desarrollo del sector. 6 Un ejemplo claro es el proceso de convergencia fijo-móvil. 7 Un ejemplo de plena actualidad son los servicios de Voz sobre IP (VoIP), o de multiplay como TV-IP además de otros servicios interactivos y multimedia basados en IP. Nótese que ello también tiene una notable influencia sobre el marco regulatorio del audiovisual que, actualmente, también se encuentra en proceso de revisión. 8 Asemejándose a un proceso donde, tras el proceso de liberalización, el fenómeno de intervención regulatoria fuera creciendo en lugar de disminuir progresivamente. 9 La valoración bursátil de las compañías de telecomunicaciones a nivel mundial puede ser ilustrativo de lo anterior.