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Títulos académicos / títulos profesionales. ¡Regulación ya!
89.1.- EDITORIAL Títulos académicos / títulos profesionales. ¡Regulación ya! En España estamos acostumbrados a establecer una conexión directa entre título universitario, colegiación y ejercicio profesional. Sin embargo, lenta e irregularmente, el legislador ha puesto en marcha un proceso de desvinculación entre titulaciones académicas y profesionales que está produciendo situaciones contradictorias y paradójicas, sin clave jurídica de solución, que, a corto plazo, desencadenarán conflictos de atribuciones verticales y horizontales entre las diferentes profesiones. En efecto, el primer hito del mencionado proceso se concretó en la Constitución Española cuando señaló, como competencia exclusiva del Estado, la “regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales”. La conjunción copulativa “y” abrió la posibilidad de títulos diferenciados. Por otro lado, nuestra Máxima Norma, al reconocer explícitamente a los colegios profesionales y otorgar a una futura Ley la regulación del ejercicio profesional, no sólo establece una conexión entre profesión y colegios, sino que agrandó la diferenciación entre las dos titulaciones: las profesionales las debe señalar el Parlamento mediante Ley, mientras que las académicas las determina el Gobierno mediante Decreto-Ley. La situación se ha complicado posteriormente en la medida en que el proceso de regulación del ámbito académico ha avanzado enormemente, mientras que apenas lo ha hecho en el ámbito profesional. Así, disponemos de un nuevo catálogo de titulaciones universitarias con una variedad y heterogeneidad muy superior a la de la época preconstitucional. Sin embargo, la conflictividad generada por el proyecto de Modificación de la Ley de Colegios Profesionales y por la Ley 12/1986 de 1 de Abril, que regula las atribuciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, parece haber asustado al legislador quien, como Pilatos, se “lava las manos” ante una situación que no puede o no quiere controlar. En el caso particular de las Enseñanzas Técnicas, nos encontramos en estos momentos con la curiosa paradoja de que las enseñanzas de primer ciclo (las superiores) no lo están. Un caso paradigmático que nos afecta directamente es el Ingeniero en Electrónica, cuyos primeros profesionales ya están ejerciendo sin ninguna atribución reconocida y, por tanto, sin posibilidad de ejercicio de libre de la profesión. Las dudas surgen por doquier. ¿Sólo las titulaciones antiguas heredaremos las atribuciones profesionales de la legislación preconstitucional? Como ello es imposible, ¿se crearán nuevos colegios profesionales? ¿Cuáles serán los criterios para repartir las atribuciones?; o, por el contrario, ¿todos podrán actuar en el ámbito de todos, aunque no posean la titulación académica idónea? ¿Quién garantiza al ciudadano que contrata al profesional libre más adecuado? ¿Serán los colegios profesionales, como en los países anglosajones, los encargados de dar las titulaciones profesionales? La impresión general es que el legislador pretende ir hacia el “modelo anglosajón”, más acorde con las directivas de Bruselas, por la vía de limitar las competencias de los actuales colegios y retrasar la creación de nuevos. Sin embargo, no parece tener fuerzas para llevarlo a cabo y, lo que es peor, no plantea otras alternativas convincentes para regular el ejercicio libre de las profesiones. En este contexto, el caos que se puede producir en los próximos años irá en perjuicio de los ciudadanos y mermará el prestigio de los colegios profesionales. Naturalmente, la situación no se puede mantener. En nuestro caso, muy pronto tendremos la presión de los egresados de las Escuelas de Telecomunicación que imparten el nuevo título, sobre todo aquéllas, como las de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se convirtió la antigua especialidad en Electrónica del titulo de Ingeniero de Telecomunicación, en la nueva titulación de Ingeniero en Electrónica. El COIT y la AEIT darán a conocer su postura en su momento. Somos conscientes de que las soluciones deben ser de carácter general y que son el Ejecutivo y el Legislativo quienes deberán decidir cuáles son las más adecuadas. Pero nos creemos obligados a declarar que, en nuestra opinión, la peor regla es la que no existe. Por tanto, y a pesar de las dificultades y conflictos que será necesario superar, urge que se regulen todos estos aspectos y que se haga desde una perspectiva moderna y adaptada a la realidad de nuestra sociedad. Nos jugamos mucho en ello.
30 oct 2015