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Las tecnologías de la información y el derecho Tomás de la Quadra-Salcedo Presidente de ADETI Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III NO ES POSIBLE concebir ninguna actividad o realidad humana sin que exista una decisión colectiva sobre su estatuto y regulación; una decisión por la que se sepa cuales son los derechos y deberes de los ciudadanos respecto de ellas. Esa decisión en forma de ley, de costumbre o de jurisprudencia no es otra cosa que el derecho y si el mismo goza de esa omnipresencia en todo lo que es humano no es por decisión de los especialistas en ese arte, sino porque responde a una necesidad intrínseca de la organización de social. A esa necesidad de formalizar el estatuto de las cosas y de las actividades humanas, no podían sustraerse las nuevas tecnologías, ni desde luego las vinculadas con la información. Nadie pone en cuestión la necesidad de una regulación por el derecho de estas tecnologías, ni siquiera los que se reclaman de una ideología ultraliberal. Más bien lo que ocurre en el momento actual es que lo que se echa de menos es que las regulaciones existentes en casi todos los países, por no decir en todos, no ofrecen las garantías de certeza y de seguridad jurídica que les serían exigibles. Este es un rasgo que conviene subrayar desde el principio: el derecho no parece estar hoy a la altura de las circunstancias, puesto que no satisface la primera necesidad que de él se espera: la seguridad jurídica, la certidumbre de los límites de lo que se puede hacer o no y en qué condiciones; la certidumbre, también, de que el régimen jurídico que discipline estas actividades está llamado a tener una cierta permanencia; la certidumbre de que las lagunas de la ley o sus insuficiencias y oscuridades -por otra parte siempre inevitables en todo lo que es humano- serán las menores posibles y se moveran dentro de un margen tolerable y admisible. Hoy resulta difícil no reconocer que las regulaciones de casi todos los países más desarrollados, no reúnen estas características, sino que más bien destilan un aroma de inseguridad. Ello ocurre incluso en los países que se proponen como modelos del nuevo espíritu liberalizador: Estados Unidos y el Reino Unido. La reciente nueva ley de las telecomunicaciones de aquel país es prácticamente imposible de ejecutar en tanto no se dicten sus normas de desarrollo; con la particularidad de que el margen de interpretación que a las mismas se les abre es tan amplio que no pueden generar un sentimiento de confianza en los inversores llamados a implantar las tecnologías de la información hasta no saber cual será el modelo definitivo que va a ser concretado en las normas de desarrollo. En el caso del Reino Unido, precursor en Europa de la liberalización de las Telecomunicaciones, se empieza a dudar por demasiados expertos de si el modelo de un duopolio que inicialmente se ensayó, aunque luego se abriese más la competencia, es un buen modelo. También se duda si las trabas puestas al operador dominante son negativas para el desarrollo tecnológico de la industria de las telecomunicaciones y representan un frenazo artificial en las necesidades de investigación y desarrollo que es una de las exigencias a que ningún país puede renunciar ni obstaculizar. Este rasgo de incertidumbre de la nueva regulación de las telecomunicaciones no es achacable, sin embargo, a la impericia o incompetencia del legislador respectivo de cada país- sería mucha casualidad que en ningún sitio exista un legislador competente- sino a muchas circunstancias de entre las que se pueden destacar especialmente dos. Por un lado debe destacarse la propia evolución de las tecnologías de la información y sus constantes descubrimientos y mejoras que no dejan de asombrarnos cada mes o cada día pues el ciclo de evolución de estas mejoras es tan rápido que su impacto en la opinión pública y en los expertos o en los interesados en las tecnologías de la información se mide ya por cortos periodos de tiempo. Por otro, las dinámicas que han puesto en marcha las tendencias liberalizadoras y de instauración de la libre competencia. Evolución tecnológica Empezando por la primera circunstancia, la de la rapidez de la evolución tecnológica y los nuevos descubrimientos y mejoras a que nos estamos acostumbrando -o mal acostumbrando- no podemos sino congratularnos de la misma y de los beneficios que ha de reportar a la humanidad. El problema es que si el ritmo de evolución tecnológica es tan rápido ocurrirá que del mismo se beneficiará la humanidad en las personas de nuestros bisnietos, puesto que hasta esas fechas no existirá un inversor que se atreva a invertir su capital en unas tecnologías, que pueden quedar desfasadas en poco tiempo y que sin embargo pueden exigir fuertes inversiones que solo se recuperaran si existe una cierta seguridad de permanencia en la utilidad del servicio que procuran. Al ciudadano que necesita cambiar de coche no se le ocurre esperar lo más posible hasta que se produzca una mejora tecnológica notable; en cambio el que tiene que cambiar de ordenador o de software -si ya tiene aquel- sí se ha enfrentado a la duda sobre la conveniencia de esperar al próximo descubrimiento que se anuncia o comprar de inmediato; y lo mismo ocurre si hablamos de televisión digital o de otras tecnologías de la información que empiezan a hacerse comunes en nuestra sociedad. Ello si no hablamos de la espera a la bajada de precios relacionada no sólo con la competencia y con la ampliación del mercado de demandantes de estas nuevas tecnologías, sino con el abaratamiento de costes derivado de los nuevos descubrimientos. Al comprador actual, en la disyuntiva de comprar el producto existente o el que se anuncia como mejor y revolucionario, le puede pasar lo que se atribuye a la burra de Buridan, que llegó a la cuadra tan hambrienta y sedienta que puesta entre la alfalfa y el agua se murió de inanición al ser incapaz de decidir si empezaba por la comida o por la bebida. Pero como el consumidor es inteligente lo que hará no será tanto dejar de comprar aquello que necesita imperiosamente, sino retrasar sus decisiones en todo lo que no sea estrictamente vital para él o su actividad; con ello traspasará el problema de la muerte por inanición al empresario que no colocará sus productos en el tiempo previsto. En definitiva el éxito de la investigación y el desarrollo tecnológico puede hace morir de éxito las propias tecnologías brillantemente descubiertas pues nadie se atrevería a ponerlas en práctica si teme que pueden ser superadas con tanta rapidez que impidan la recuperación de la inversión. La segunda circunstancia que puede explicar el desconcierto en el que parece estar sumida la regulación de estas tecnologías es la del propio proceso de liberalización y regulación en el que están embarcados la mayoría de los países. Dos razones básicas pueden explicar la preferencia actual por un sistema liberalizado y regulado que sustituya al modelo de monopolios o servicios públicos que en el campo de las telecomunicaciones ha sido la norma en casi todos los países. Abaratar los costes La primera es la de la incapacidad para enfrentarse a los retos de la competencia en este sector en un escenario mundial en el que para competir la capacidad de innovación y por tanto de investigación es inversamente proporcional al tamaño de las empresas: sólo las empresas grandes -por tanto las que actúan en mercados grandes- serán capaces de dedicar las cantidades necesarias en I+D que es la condición necesaria para poder estar presentes a medio y largo plazo con garantías de éxito en un mercado globalizado. En esa perspectiva la compartimentación nacional de mercados que suponían los monopolios constituía un serio handicap a la pretensión de estar presente en ese futuro mercado mundial de las Telecomunicaciones. Este defecto estructural de la organización bajo el régimen de monopolios lo vio muy bien la Comunidad económica europea en su libro verde sobre las Telecomunicaciones de 1987. La segunda razón que explica la preferencia actual por la liberalización tiene que ver con los posibles abusos de posición dominante a que puede conducir la situación de monopolio, así como la falta de estímulo por mejorar la eficiencia y abaratar los costes en una actividad en la que se tienen cautivos a los demandantes de servicios y en la que, por tanto, la mejora en la calidad y coste de los servicios no es determinante del aumento en la demanda de estos. Todas estas razones son perfectamente válidas y plausibles y por ello explican las tendencias liberalizadoras actuales. El problema es sin embargo que los servicios públicos no se instauraron en términos generales para beneficio de los concesionarios o titulares del derecho exclusivo a prestar la actividad, sino porque había que atender necesidades de interés general o público que no podían dejarse a la dinámica del mercado (por ejemplo que el teléfono sea accesible en igualdad de condiciones en cualquier parte del territorio y sin costes excesivos de forma que todos los sectores sociales puedan tener acceso a ellos con relativa facilidad). Y esas necesidades siguen subsistiendo básicamente, si acaso incrementadas por el dato de que la propia evolución cultural hace que lo que ayer parecía un lujo (la electricidad que sustituía a la leña y al carbón para producir energía y calor) hoy sea ya un artículo de primera necesidad y lo que hoy puede parecer todavía un producto sofisticado (como las telecomunicaciones por cable de fibra óptica) muy pronto ha de ser considerado como una necesidad vital de la que nadie puede ser privado. Pues bien en un sistema de servicio público se sabía como se atendían esas necesidades (en realidad mediante subvenciones cruzadas desde los usuarios con mas rentas a los usuarios con menos rentas o prescindiendo del coste territorial de los servicios -llevar el teléfono a un hogar de una aldea rural tiene distinto coste que llevarlo a un piso de una gran ciudad- distribuyendo su coste entre todos los usuarios sin tomar en consideración los costes en cada punto territorial). En un sistema de mercado, en cambio, el criterio de la rentabilidad y el criterio de la libertad de elección del segmento territorial o de actividad en que se quiere operar hacen imposible la atención a estas necesidades de interés general con las reglas del mercado puro. Obligaciones de servicio universal En eso consiste, al menos en parte, la regulación: en establecer normas y mecanismos en un sistema de mercado que garanticen que la obligaciones de "servicio universal", que se reconoce que deben subsistir en un contexto liberalizado, queden cubiertas frente a la dinámica propia del mercado que las dejaría abandonadas. Pero esas normas y mecanismos no son fáciles de establecer ni de controlar su cumplimiento; e introducen multitud de problemas difíciles de resolver como el de saber quién tiene que cubrir esas obligaciones de servicio universal (¿todos los que operan en esa actividad o alguno de ellos?) y como se pagan (¿por los presupuestos del Estado o por los usuarios de los servicios que prestan todas las empresas? ¿y cómo se distribuye en este último supuesto entre todas ellas?). La regulación consiste además en resolver un grave problema que presentan estos servicios que en términos económicos se consideran en red: el de que estos servicios tiene una tendencia natural al monopolio porque se prestan a costes decrecientes o a beneficios crecientes ( cuantos más usuarios menos coste por usuario o lo que es lo mismo más beneficio para la empresa). La regulación pretende evitar que esta tendencia al monopolio se consume, especialmente tratando de que las empresas dominantes no abusen de su posición para impedir la aparición de nuevas empresas que les hagan la competencia. De nuevo aquí aparecen mecanismos, reglas y organismos de regulación que han de tratar de que funcione bajo reglas naturales de mercado, una actividad que tiene tendencia, también natural, a no actuar de esa forma. Todo ello dota a la regulación de un margen de discrecionalidad y artificiosidad, que parece ir en contra de la sencillez de un mercado que a veces se presenta como el estado natural, como el estado de naturaleza, de la economía; que no debería necesitar de intervenciones y artificios. Las necesidades de interés general y la tendencia al monopolio o al oligopolio hacen, sin embargo, indispensables tales intervenciones y regulaciones, ello no significa sin embargo que tales regulaciones sean claras y seguras para todos los intervinientes, pues al menos en la fase de implantación del nuevo marco liberalizado no todo son reglas sino actuaciones del organismo regulador (en nuestro país la Comisión del Mercado Nacional de las Telecomunicaciones) que sobre ser un mecanismo nuevo en nuestra tradición jurídica tiene, además, que dar respuesta a problemas también nuevos que no pueden tener respuesta en las normas y que exigen una actuación rápida, si quiere ser eficaz; ello puede poner en cuestión la seguridad jurídica de los operadores en el sector. Barreras del mercado mundial Otro problema que se deja sentir cada día de forma más acuciante es la necesidad de definir un marco internacional de reglas de juego y un árbitro del mismo nivel. La Comunidad que trataba de romper las barreras que se oponían a la creación de un mercado mundial de las telecomunicaciones en el que la industria y las empresas europeas en general pudieran competir con las americanas y las japonesas, está poniendo el acento en la creación de una auténtica competencia en el interior de cada país de la Comunidad. Para ello se trata de favorecer a los nuevos entrantes en los respectivos mercados nacionales, estableciendo restricciones a los operadores dominantes que son los monopolistas del pasado; así al operador dominante británico en telefonía y transmisión de datos se le impidió prestar, a través de sus redes, servicios de televisión; lo que en cambio se les permitía a los nuevos entrantes junto con los demás servicios de telecomunicaciones, para favorecer su desarrollo e implantación en condiciones más semejantes reservándoles ese mercado de la televisión. Esa política no ha impedido que los nuevos entrantes sigan teniendo una cuota mínima de mercado respecto del dominante y en cambio ha producido dos efectos sobre cuyo alcance y significado conviene reflexionar: El primero desincentivar el esfuerzo del operador dominante en investigación, desarrollo y experimentación en ese nuevo servicio de televisión por cable, siendo así que es probablemente el operador británico que por tamaño y experiencia estaba en la mejores condiciones para hacerlo. El segundo la entrada a través de alianzas de todo tipo de operadores estadounidenses en el mercado británico. Si eso fuera así resultaría a la postre que la capacidad de mejora y experimentación de las compañías con tamaño adecuado en cada país, no pueden ejercerla en su país y tendrían que adquirirla fuera, donde tampoco podrían desplegar toda su capacidad, empeñados como estarían en introducirse y asentarse en un mercado en un país distinto lo que consumiría buena parte de sus esfuerzos. El problema sería aún mas grave si esa política de reequilibrio entre los dominantes y los nuevos entrantes no se practicara de la misma forma en todos los países de la Comunidad. En realidad ello deja de ser una hipótesis: el operador dominante en el Reino Unido tiene la limitación señalada en su país que no existe, o al menos no de la misma forma en todos los países de la Comunidad. La reflexión debe llevarse también al plano extracomunitario, pues es urgente saber si las empresas de países terceros (Japón y Estados Unidos sustancialmente), estas sí con tamaño adecuado por tener mercados más amplios en sus países respectivos, tienen en su país las limitaciones que los dominantes pero de tamaño similar encuentran en cada uno de los países comunitarios. El problema no puede eludirse con la afirmación de que la libertad de movimiento de capitales hace inútil hablar de empresas nacionales o comunitarias, en un mundo donde el capital se mueve a velocidad de vértigo transformado en "bits" de comunicación; pues ningún país puede ser insensible, ni tampoco la Comunidad, al hecho de que esos movimientos de capital pueden dejar empobrecido en el corto y medio plazo a un país, que tiene que pechar, sin embargo, con los problemas sociales que, de inmediato, le plantearán sus habitantes que no encontrarán la misma facilidad que el capital para moverse en el mercado mundial de trabajo. Competencia perfecta Las incertidumbres jurídicas son sin duda pasajeras y producto de estar aprendiendo a desenvolverse en un nuevo sistema que será preciso poner a punto y que desde luego puede reportar grandes beneficios. El problema sin embargo es saber si algunos elementos de la política de liberalización, en términos generales bien concebida, pueden ser sin embargo perjudiciales para una industria y unas empresas europeas, en cuanto que más que prepararlas para competir en un mercado mundial les pudiera estar limitando para ello en beneficio de competidores de terceros países. La disyuntiva es si es más lógico insistir tanto en la competencia perfecta dentro de cada país, tomado por separado, esforzandose en proteger a los nuevos entrantes en cada uno de ellos con limitaciones a los dominantes (pensando que son, o deseando que sean tal vez, empresarios nuevos y bisoños a los que hay que defender y animar), o por el contrario si es más lógico abandonar ese escenario de cada país y fijarse más bien en la competencia en el ámbito de la Comunidad pensando que los nuevos entrantes en cada país serán normalmente los operadores dominantes ya existentes en los demás países, que por tanto no necesitan de una especial protección (salvo las medidas generales de acceso a la red existente y transparencia en las tarifas de acceso) pues tienen tamaño suficiente para defenderse por sí solos al abrir mercado en un país distinto del suyo de origen. Esa disyuntiva debería ser respondida desde las instancias comunitarias con plena conciencia de su trascendencia y de que constituye el elemento clave de su política con su correlativo reflejo jurídico en las Directivas comunitarias. Al lado de la respuesta a esa disyuntiva las incertidumbres jurídicas de la liberalización revisten menos importancia, pues sin minimizarlas, en absoluto, se comprende que las mismas serán sin duda superables y tolerables habida cuenta de los beneficios que de la liberalización se esperan y de que son el producto de la aplicación de técnicas nuevas que el paso del tiempo ira aclarando, aunque sin perder de vista los efectos perniciosos que una prolongación excesiva de esa situación de incertidumbre puede conllevar. Hacer una política que sitúe a las empresas europeas en condiciones de competir en el escenario mundial es, en cambio, el nudo gordiano de la política de telecomunicaciones que afecta a su instrumentación jurídica. El acierto en esas decisiones básicas y la rápida culminación del marco jurídico de la regulación en un contexto liberalizado son los retos decisivos de los próximos meses en el plano europeo.

Fomentar la I+D en telecomunicaciones Elisa Robles Fraga Directora General de Tecnología y Seguridad Industrial. Ministerio de Industria y Energía. EN LAS ULTIMAS décadas se han intensificado las consideraciones sobre las características de la sociedad que emergerá de las transformaciones que están produciéndose en un agitado y acelerado fin de siglo. Buena parte de estas apreciaciones están centradas en el papel que la información y las tecnologías vinculadas con su tratamiento desempeñan en la articulación de las nuevas estructuras sociales, económicas y productivas. Sin duda alguna, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más "apasionantes" en el panorama reciente del mundo económico. Es un sector con un peso muy importante, y creciente, dentro de la economía, en un contexto como el actual de globalización e integración cada vez mayores a nivel mundial. Las cuestiones de interés que suscita el desarrollo del sector no se limitan a los aspectos tecnológicos o a su significación económica, sino que en buena medida afectan también a la organización de la sociedad y a sus diferentes actores. Es decir, el sector está teniendo fuertes consecuencias a nivel social y económico y es ya un hecho que la información se está convirtiendo en un factor clave de la producción. Según datos del último informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el sector de telecomunicaciones de los años 90 se está comportando como la mayor y más diversificada de la historia. La buena salud de la industria de las telecomunicaciones es más evidente si lo comparamos con otros sectores de actividad económica; y no hay razones para pensar que esto no seguirá siendo así en los próximos años. Respecto al mercado español, el comportamiento en los últimos años no ha sido paralelo al del resto del mundo, debido fundamentalmente al descenso de las inversiones de los operadores en equipos de telecomunicación. La producción y el empleo siguieron estrechamente el comportamiento de la demanda. Las variables más positivas han sido la exportación, que se ha multiplicado por 10 en la ultima década y el esfuerzo de I+D. La industria de telecomunicaciones se ha consolidado como uno de los primeros sectores por esfuerzo en I+D en España. Estos aspectos positivos son, a mi juicio, muy importantes. Además, se ha producido algo que merece la pena resaltar, las repercusiones que está teniendo y tendrá sobre la industria. Me refiero a la proyección internacional de Telefónica, que ha conseguido una posición importante en los mercados de Iberoamérica, lo cual ha supuesto un gran paso en la internacionalización de Telefónica y de las empresas industriales relacionadas con ella. Desde mi perspectiva del Ministerio de Industria y Energía quisiera incidir en determinados aspectos que considero importantes en el ámbito de la industria de las telecomunicaciones. Es necesario potenciar el desarrollo de un sector industrial de telecomunicaciones nacional y el protagonismo debe corresponder ineludiblemente al sector privado. Entre las actuaciones públicas a desarrollar se encuentra el fomento de la capacidad tecnológica del sector, que puede implicar ayudas puntuales a las empresas españolas, con las limitaciones impuestas,lógicamente, por las normas del derecho de competencia. En el marco de estas actuaciones públicas, se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes criterios: - 1º, la creación de empleo, objetivo prioritario del Gobierno y que deberá recibir una atención adecuada en este sector. - 2º, el incremento del valor añadido en el sector. - 3º, la internacionalización, en sus diferentes versiones de proyección al exterior: acuerdos con otros países, alianzas, inversiones, distribución y comercialización. - 4º, la formación en sentido amplio; y por último - 5º, el fomento de la I+D. Las empresas españolas del sector han realizado un esfuerzo muy significativo en exportación, internacionalización y en desarrollo tecnológico. A pesar de lo cual el gasto en I+D de las empresas españolas está muy por debajo de lo deseable y es algo sobre lo que deben reflexionar las empresas y los poderes públicos. En este sentido, el Ministerio de Industria y Energía se propone apoyar decididamente estos aspectos. El Ministerio de Industria y Energía está elaborando una iniciativa que recogerá todas las acciones e iniciativas del Ministerio relacionadas con la tecnología, la calidad y seguridad industrial, que recibirá el nombre de Iniciativa ATYCA. ATYCA se articulará en torno a dos grandes programas: En primer lugar, un Programa de Fomento de la Tecnología Industrial, que incluirá acciones de promoción de áreas tecnológicas multisectoriales, así como actividades horizontales en el terreno de las infraestructuras, la formación, el diseño industrial y el impulso de los servicios de apoyo a la innovación empresarial. Las telecomunicaciones serán una línea de actuación preferente dentro de este Programa. En segundo lugar, un Programa de Seguridad y Calidad Industrial, orientado a implantar sistemas de gestión de calidad en las empresas, promoviendo la mismo tiempo la certificación y el ecoetiquetado como pasaporte que facilite las exportaciones de productos industriales españoles.

Nuevos perfiles en el negocio de las telecomunicaciones Francisco Ros Presidente de Unisource LAS TELECOMUNICACIONES han dejado de ser servicio público, o, al menos, sólo servicio público, y se han transformado, fundamentalmente, en negocio. Fabuloso negocio para algunos, muy pocos, buscadores de licencias y oportunidades de corto plazo, razonable negocio para otros: empresas con deseos de permanencia y enfocadas al largo plazo. Las telecomunicaciones, además, han ganado en envergadura al anexionarse, en su crecimiento, una parte tanto de las tecnologías y negocios informáticos como de los negocios de contenidos. La resultante es un reformado macrosector con enorme potencionalidad y galopante competencia. En este nuevo contexto los entes gubernamentales responsables del servicio se transforman en empresas y los abonados se convierten en clientes. Cliente, es la palabra mágica. De desconsiderar al abonado se pasa a mimar al cliente y disputárselo. Surge la competencia y el sector inicia una irreversible y total transformación. Se estrechan los márgenes, se amplia enormemente la gama de servicios, mejora la calidad, desaparecen gran parte de las barreras y los acuerdos institucionales comienza a transformarse en relaciones comerciales Realmente, estamos ante la conformación de un nuevo sector, con nuevas reglas, nueva regulación y hasta, incluso, algunos nuevos actores. En este nuevo contexto también cambian, lógicamente, las necesidades de perfiles profesionales que las empresas de telecomunicaciones tradicionalmente demandan y es sobre este punto sobre el que me gustaría hacer algunas breves reflexiones, coincidiendo con la celebración que merece el aniversaro del órgano de expresión de la asociaciación, por excelencia, de los profesioneales del ramo. El sistema universitario español ha generado, a través de las escuelas de telecomunicación y, más recientemente, de las de informática, profesionales de alto nivel técnico que han servido con sobrada dignidad y baremos internacionalmente reconocidos a las necesidades del sector en nuestro país. Las aportaciones técnicas en áreas como la transmisión de datos, las comunicaciones por satélite o los cables submarinos, por citar solo algunas, están ahí para evidenciarlo. La calidad de algunas parcelas de nuestra investigación y desarrollo, aglutinada en torno a las más prominentes escuelas de telecomunicación y al centro de I+D de Telefónica, es comparable a las de los mejores grupos europeos. Las bases técnicas sobre las que se asientan las empresas del sector en España son sólidas y, generalmente, bien construídas, tal como se ha podido comprobar cuando ha habido necesidad de exportar esa experiencia a empresas de otros países con ocasión, por ejemplo, de la expansión internacional de Telefónica. Todo lo anterior, con ser un extraordinario pilar y una base necesaria, ha dejado ya de ser suficiente. Además de esos magníficos profesionales el sistema debe empezar a producir ingenieros y licenciados con más mentalidad comercial, expertos para los que desarrollar un nuevo servicio con atractivo y facilidad de uso para los clientes o encontrar un diseño de infraestructuras o de encaminamiento de tráfico que reduzca los costes, constituya un reto de similar o de mayor categoría que el hallazgo de un nuevo protocolo que reduzca los errores de transmisión o comprima más la información. Las empresas de telecomunicación necesitan nuevos perfiles profesionales con sensibilidad hacia el cliente, hacia la integración y empaquetamiento de nuevos servicios que atraigan el interés de los individuos y fomenten el uso de la red, o hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones que hagan llegar las telecomunicaciones a sectores que ahora no las usan, salvo para lo que estrictamente es la comunicacioón telefónica tradicional, y que les permitirían resolver problemas de gestión y aumentar las eficiencias de sus negocios. Hay que desarrollar multitud de aplicaciones para sectores industriales y profesionales, como, por ejemplo, el sector educativo, pero concebidos como productos comerciales, en precio, calidad y sencillez, y no solo como logros técnicos. La interactividad que las nuevas redes, como Internet, ofrecen a la imaginación de profesionales sólidos y creativos es enorme y aún no suficientemente explotada desde el punto de vista comercial. En las telecomunicaciones actuales los precios los fijará, cada vez más, el mercado y serán, cada vez menos, el resultado de la estructura de costes actual de las operadores. En estas circunstancias es imprescindible reducir los costes de manera significativa y cambiar su estructura, para lo cual se requiere un conocimiento sólido de las posibilidades que ofrece la tecnología en cuanto a empaquetamiento de información, gestión flexible y automatizada de las redes para aumentar su caudal y reducir sus servidumbres y, a la vez, la consecución de acuerdos comerciales con otros operadores que abaraten los costes de la distribución internacional del tráfico. Asimismo en las telecomunicaciones actuales los clientes demandan, cada vez más, servicios de carácter internacional que es preciso ofrecer mediante una fuerte presencia en otros países y las oportunas alianzas con otros operadores. Todo ello requiere de una adecuada capacidad de negociación y del diseño o adopción de unas plataformas comunes o compatibles que garanticen la continuidad y ausencia de fisuras en los servicios. Para ello se requieren profesionales que unan a su sólida formación técnica, un conocimiento de idiomas y entendimiento de otras culturas, a la vez que una cierta base comercial y legal que permita la desenvoltura requerida en las mencionadas circunstancias. En definitiva, nos encontramos conviviendo con el mayor cambio que las telecomunicaciones hayan experimentado jamás, y probablemente con uno de los mayores cambios sufridos por cualquier sector industrial en tiempos recientes, y los profesionales tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y ofrecer los nuevos perfiles que el renovado sector demanda. Existen las bases para ello, tanto por la calidad de la formación técnica de nuestro sistema como por el incentivo que supone el papel de privilegio que Telefónica ocupa en la vanguardia de la conformación del nuevo sector. Solo se necesita un pequeño empuje. La oportunidad lo merece.

Gestión de la tecnología: una asignatura pendiente Fernando Sáez Vacas Catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (E.T.S.I.T.M.) El teléfono y el ordenador, o la fuerza de la tecnología Tenemos que reflexionar sobre los ritmos de implantación de nuestras tecnologías y sobre nuestro papel de ingenieros y extraer algunas conclusiones. Veamos, por ejemplo, el binomio teléfono-ordenador. El teléfono se inventó oficialmente hace ahora justamente 120 años, mientras que el ordenador personal nació hace sólo veinte. No trato de compararlos, sino de evocarlos ahora como artefactos de la tecnología hogareña, de la vida de todos los días. Lo sorprendente es que a pesar de que el ordenador personal es muchísimo más complejo que el teléfono, su ritmo de penetración también es mayor, de 2.5 a 3 veces más rápido en algunos países desarrollados. Las cosas que se pueden hacer con un ordenador personal y un teléfono funcionando juntos escapan a lo que cualquiera de nosotros puede ser capaz de aprender en toda su vida. De todas maneras, este ejemplo es sólo una metáfora del poder de la tecnología y de su velocidad de cambio, que alcanza cotas casi inimaginables en el cruce sinérgico de las telecomunicaciones y la informática, lo que hoy conocemos como tecnologías de la información y de la comunicación. Nos interesa recapacitar un poco en la siguiente cuestión esencial: el poder de la tecnología reside sobre todo en que crea un espacio virtual nuevo, consistente en una multiplicidad desbordante de aplicaciones posibles y de oportunidades, no en la velocidad de sus dispositivos electrónicos o en su ancho de banda. El poder de la tecnología reside en que cambia (puede cambiar) el mundo, la red de actividades sociales, nuestras vidas. Desde este perspectiva, resulta especialmente perturbadora la que se ha llamado "paradoja de la productividad de la tecnología de la información", que todos nuestros ingenieros deberían conocer. La pregunta que se hacen en los EEUU es, cómo es que habiéndose incrementado desde 1970 en dos órdenes de magnitud la potencia de esta tecnología implantada en su economía, su productividad se ha estancado (cuando no disminuido), especialmente en el sector de servicios. Tal vez podríamos plantearnos nosotros esta misma pregunta. Aprender a aplicar la tecnología Ya se ve que hay un excedente de poder tecnológico y un déficit de saber cómo aplicarlo a las estructuras económicas y sociales. Nadie podrá decir que este déficit es imputable sólamente a los ingenieros, ahí están los economistas, los empresarios, los médicos, los funcionarios, los fabricantes, los directivos de las empresas, para preocuparse de incorporar la tecnología a sus asuntos y negocios, si quieren estar actualizados y ser eficaces. Hay quien piensa incluso que el ingeniero no debe implicarse en decisiones que no sean intrínsecamente tecnológicas. Es un debate apasionante, pero improductivo. Hoy, la tecnología nos toca a todos, aunque no seamos ingenieros o técnicos, por lo tanto hay que revisar el papel, y naturalmente la formación, de todos los profesionales. Al hablar de formación es inevitable hablar de la formación de los ingenieros de telecomunicación, que es la tarea fundamental del que suscribe, en la Escuela de Madrid. Escribo a título estrictamente personal. Mi opinión es que el ingeniero que formamos es como un pingüino, hábil y competente en el agua (la tecnología), pero patoso en tierra (aplicación de la tecnología a las estructuras económicas y sociales). Otra metáfora, sin duda. Hasta ahora, es un enfoque que ha dado buenos resultados. Nuestros ingenieros han ocupado satisfactoriamente los puestos más técnicos y siguen razonablemente bien los endiablados progresos de la tecnología. Sin embargo, los fenómenos detectados, seguramente duraderos, de impacto social de la tecnología, sobreabundancia tecnológica e ineficacia aplicativa, nos hacen preguntarnos si no hay ahí un gran territorio profesional para el que los estamos preparando escasamente. Repaso mentalmente algunas de las asignaturas de nuestros planes de estudio y me ratifico en la idea de que practicamos un modelo de máxima focalización en potenciar el conocimiento detallado de la tecnología y de mínimo despliegue tanto de la problemática de aplicación como de su metodología. Por lo demás, ésta no es una tendencia exclusiva, ocurre en las mejores universidades del mundo, que tienen dificultades para adaptarse a los cambios y a las necesidades sociales. Numerosas observaciones y estudios internacionales lo corroboran, aunque no es éste el lugar para lucirse apelando a referencias bibliográficas. Es de perogrullo que se necesita mayor cantidad de técnicos altamente cualificados para integrar la tecnología en aplicaciones útiles e innovadoras que para crearla, pero la universidad no responde en esa sintonía. En España, y por lo que concierne a los ingenieros de telecomunicación, los estudios sociológicos de nuestro Colegio muestran que sus puestos de trabajo se extienden y diversifican históricamente desde una fase inicial centrada en las grandes empresas de los sectores típicamente tecnológicos hacia todo el tejido económico. Esta realidad social debería contribuir, junto con los argumentos anteriores, a hacernos meditar sobre la conveniencia de introducir -sin renunciar a nuestras fortalezas- algunos reajustes en nuestro modelo educativo actual. La tecnología, como recurso Particularmente, creo que con los planes de estudio actuales tales reajustes son viables, sobre todo ahora que tenemos una oferta mayor de materias y más grados de libertad de elección por parte de los estudiantes, aunque no se me oculta que en muchos casos tales reajustes implicarían cierta remodelación de los contenidos de algunas asignaturas. Decir que la tecnología es un medio y no un fin nos parece a todos un tópico, pero otra cosa muy diferente es estar mentalizado y entrenado para comprender y vivir la tecnología de esta manera, para diseñarla e integrarla en una realidad mayor, que es la organización tecnosocial llamada empresa. Sin duda, esto se aprende con la experiencia, ¡pero a qué coste! Por desgracia para nuestra economía, muchas empresas están técnica y culturalmente muy atrasadas en lo que se refiere a los actuales paradigmas de acción relacionados con la tecnología de la información. La tecnología es potencialmente un recurso de primera magnitud en la empresa moderna, pero sus directivos por lo general no son capaces de extraer de ella las claves correspondientes y el ingeniero está enseñado sólo para manejarla en forma descontextualizada. Hay un conjunto creciente de roles en las empresas relacionados con estas tecnologías que tendríamos que abordar en la enseñanza, por lo menos en cuanto a sus bases conceptuales: interlocucionar entre la alta dirección y los técnicos; definir estrategias corporativas y determinar productos y servicios basados en la tecnología; coordinar proyectos complejos; diseñar sistemas de información; establecer prácticas de selección y evaluación de tecnologías; asesorar a la dirección en materia tecnológica, etc. Se trataría fundamentalmente de abrir las expectativas y los procesos mentales de nuestros estudiantes al espacio de acción profesional que representan estos roles. El nuevo plan de estudios de la Escuela de Teleco-Madrid introduce como novedad un paso en la dirección de enseñar tales bases. Me refiero a lo que llamamos una intensificación de Gestión de la Tecnología, de 30 créditos (300 horas). Si no me equivoco, ésta es la primera vez en España que una materia así se programa dentro de unos estudios regulares de grado. Estoy convencido de que, junto con los reajustes antes señalados, esta intensificación constituye una aportación concreta en el camino que se está sugiriendo en este artículo. Lo cierto, sin embargo, es que tal intensificación vive todavía en un estado de papel. Su vida real empieza teóricamente en el curso 1998-99. Ahora hay que definirla en el detalle específico de sus asignaturas y dotarla de los recursos necesarios. El esfuerzo de implantación del nuevo plan de estudios absorbe muchos recursos, lo que algunos compañeros ven como un obstáculo serio a la implantación inmediata de estas materias de Gestión de la Tecnología. Otros la conciben como una Gestión de las Telecomunicaciones, que, dada la tendencia a una convergencia imparable de las tecnologías de la información y a su aplicación integrada, se me antoja una visión restringida. En cualquier caso, lo que tendríamos que debatir a fondo es su conveniencia y su oportunidad. Sería interesante saber qué piensan al respecto nuestros compañeros que están ahí fuera, en las empresas, en el ejercicio de esta profesión.

Telecomunicaciones: un negocio con nuevas formas de actuar Ignacio Santillana Director General comercial de Telefónica Internacional EL SECTOR MUNDIAL de las telecomunicaciones se caracteriza en los últimos años por su dinamismo y los continuos cambios en sus componentes principales, mercados, productos, servicios e intervinientes. Sin duda, es uno de los sectores que está jugando un papel clave en el desarrollo económico y es pieza fundamental para la modernidad de las sociedades. Una sociedad sin un sector de telecomunicaciones avanzado no es moderna ni dispone de la infraestructura idónea para crecer apropiadamente. La mejor caracterización es considerarlo como un sector en cambio progresivo producido por los avances tecnológicos, la desregulación y liberalización de los mercados y la apuesta por la gestión privada. Los avances tecnológicos están produciendo alteraciones en los servicios que se prestan, en la forma de ofrecerlos y en la composición de los propios oferentes. Estas modificaciones tecnológicas están conduciendo a una clara convergencia de ramas de actividad que antes mantenían desarrollo segmentados y no siempre eran parte del núcleo central. El sector tiende a la convergencia de las telecomunicaciones, la informática, la información y el entretenimiento, en base a medios considerados tradicionales para las comunicaciones y ofreciendo conjuntos completos de servicios Las demandas en función del cliente, los cambios regulatorios y la estructuración del mercado están promoviendo formas de actuación más flexibles, dirigidas a la lucha por el mercado y sus diferentes segmentos, la eficiencia y el liderazgo competitivo en un marcos globalizado. En la prestación de los servicios se actúa en el mercado con una oferta múltiple, global e interdependiente a través de una gestión integrada de los distintos servicios bajo el principio de lucha por el cliente en un esquema de alta sensibilidd por los resultados económicos. Es decir, es un negocio nuevo con componentes básicos y modernos, en donde la demanda es múltiple y también lo debe ser la oferta. La caracterización de nueva forma de hacer el negocio viene determinada por la ruptura del marco tradicional de actuación. Se pasa de lo local a lo global, del monopolio doméstico a la competencia (nacional e internacional), de la regulación a la creciente desregulación y mayor liberalización. En paralelo, el sector, que venía preocupándose de forma especial por lo básico, lo técnico (la red), las tarifas y la universalidad del servicio se decanta a dar atención prioritaria a los servicos en plural, a la magnitud y generación de tráfico y a la conquista y fidelización del cliente. La mayor atención a éste último, "el nuevo rey", es un cambio sustancial que marca la línea divisoria entre lo moderno y lo tradicional. Este cambio en el enfoque del negocio, ha impactado en las estrategias fundamentales de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciónes. Se observa una tendencia a la prestación más amplia de servicios -telecomunicaciones, información, entretenimiento, informática, etc.- en un ámbito de coaliciones (alianzas, acuerdos temporales, etc.), de empresas de distintas ramas de actividad y con miras a mercados de mayor tamaño nacionales y/o internacionales. A este reto están respondiendo las empresas del sector (telefónicas, informáticas, de información y entretenimiento) alterando el modelo de producción y de prestación de los servicios, definiendo un servicio global "multimedia", ofreciéndolo al cliente de forma segmentada, según su capacidad de uso, y sensibilizados de forma especial por la rentabilidad y la generación de valor para el propietario o accionista. Este último es también el rey al que mira el gestor. Para ser exitoso en este nuevo escenario, el conductor del nuevo negocio debe pensar en las fortalezas y debilidades de las empresas. Entre las fortalezas, merecen destacarse las buenas perspectivas de crecimiento del sector, diferenciándolo por líneas de negocio (mejor en lo internacional, móvil, entretenimiento y sistemas de información). Entre las debilidades, hay que resaltar la dificultad de ofrecer individualmente los diferentes servicios que se están demandando, la dificultad de ofrecer todos los servicios y la exigencia de un tamaño apropiado para ofrecerlos eficazmente. En consecuencia, priorizar los servicios en función de los clientes, aunar esfuerzos entre empresas complementarias para el srvicio global, mirar más allá de lo básico y lo nacional y ver los efectos combinados de estos parámetros en los resultados económicos y en el valor de la acción son elementos cruciales en la búsqueda de un espacio y éxito en el mercado del multimedia. Todo ello tiene incertidumbres técnicas, de negocio, de mercado... El impulso de la oferta por un lado y el gusto del consumidor por otro, pueden forzar un cierto desorden. Se precisa una nueva forma de hacer el negocio bajo una actitud gerencial distinta, en donde el conocimiento del cliente, el arriesgar y predecir el futuro son piezas claves. Aparece para el gestor el dilema financiero clásico entre invertir para el corto o para el largo plazo. Aquellos gestores en el sector, que preparen las empresas e inviertan para el fuiuro sufrirán en sus ganancias a corto plazo. Estas pérdidas relativas de ganancias a corto plazo hay que compararlas con la probabilidad, cargado por definición de incertidumbre, de obtener ganancias compensatorias a largo plazo. El mercado financiero penaliza el pensamiento a largo plazo, pero el mundo de las telecomunicaciones es sin duda de largo alcance. El futuro negocio de las telecomunicaciones es para aquellos que lo ven hoy. Aquí está el reto para el gestor: mantener solvente lo de hoy, viendo lo del mañana. Este mañana es distinto. Requiere más y mejores servicios, nuevo ámbito de actuación y preocupación por el gran desconocido ("el cliente del futuro") en un entorno con mayor sensibilidad económica del usuario y del propietario.

La numeración de los servicios de telecomunicaciones para la etapa de liberación Valentín Sanz Caja Director General de Telecomunicaciones LA GRADUAL introducción de la tecnología digital en las redes de Telecomunicaciones, está conduciendo a la aparición de un número creciente de nuevos servicios que se ofrecen al público y que exigen una identificación de los abonados que se suscriben. Ya ahora, el número de abonos ha crecido significativamente en el entorno del servicio telefónico ya existente. Es frecuente la demanda de segundas o terceras líneas solicitadas por muchos usuarios, ciudadanos y empresas, que las utilizan para conectar distintos terminales (fax, modem, ordenador, etc.). Crece el número de abonados a los sistemas de radiomensajería, a la telefonía móvil automática, a las redes de cable, etc. Cada vez es mayor la oferta de servicios globales identificados por códigos cortos, ofrecidos a la sociedad de manera gratuita o mediante pago. La atención a todas estas necesidades se está haciendo cada vez más compleja, e irá en aumento conforme vaya siendo más sensible la competencia en los mercados de las Telecomunicaciones. Para que ésta sea más efectiva, es preciso disponer de sistemas de numeración adecuados, asignados a cada operador y a los distintos servicios sobre una base objetiva, transparente y no discriminatoria. Así y, aunque la mayoría de los ciudadanos no se hayan detenido a pensarlo nunca, los números telefónicos se están convirtiendo en un recurso importante y escaso, como las frecuencias o los derechos de paso, que si bien no sufren desgaste por su utilización, deben ser administrados de manera racional por las fuertes repercusiones que ello conlleva. El futuro de la numeración telefónica en España En España, los acontecimientos se han venido desarrollando de forma similar, y han transcurrido ya muchos años de utilización del Plan de Numeración actualmente vigente. Por eso ahora, a la vista de los proyectos en curso y las perspectivas previstas de cara a la próxima liberalización plena, hay que acometer su ampliación dado el crecimiento en cantidad de líneas, nuevos servicios, así como la transformación del mercado con la aparición de la competencia. La numeración se está convirtiendo en un factor clave en el desarrollo de la competencia, con unos planteamientos que, a veces desbordan los límites estrictos de las Telecomunicaciones, por afectar a operadores en competencia y a usuarios de distintos servicios. Debido a este proceso de crecimiento, los esquemas nacionales de numeración adoptados en su día, con el paso del tiempo se van quedando inservibles, y necesitan ser reformados para hacer frente a las nuevas necesidades surgidas del crecimiento y de los cambios del mercado. Es una situación normal, por lo general. Algo de todo esto ha sucedido también en España. En la situación actual de las Telecomunicaciones en nuestro país, ha habido necesidad de tener en cuenta, entre otros, los siguientes condicionantes previos, a la hora de analizar las posibles ampliaciones de la capacidad actual de numeración mediante en un nuevo Plan Nacional: - Reducción del impacto en la sociedad, en los usuarios, debido a que el número telefónico constituye un elemento de identificación esencial tanto para las personas como para las empresas y entidades, y su modificación implica costes, pérdida de oportunidades comerciales y molestias. Por ello la modificación no se ha limitado simplemente al sistema de marcación. Todo ello sin olvidar la repercusión económica para los operadores, que son los que tienen que modificar, entre otras cosas, las centrales de conmutación para que la red de telecomunicaciones acepte los nuevos números. - Aportación de capacidad de numeración suficiente en un horizonte temporal de largo plazo. Aquí aparece el compromiso entre minimizar la longitud de los números y maximizar el tiempo de vigencia del Nuevo Plan de Numeración. - Flexibilizar los tipos de números posibles, de forma que se permita acomodar la numeración a nuevos servicios, números cortos, entrada de nuevos operadores, etc. - Cumplir las normas comunitarias y de la UIT aplicables, lo cual obliga, por ejemplo, a modificar el acceso internacional a 00 y la llamada a servicios de emergencia a 112. - Definir las estrategias y técnicas de gestión de la numeración, para garantizar aspectos tales como el acceso igualitario, el control y la eficiencia en las asignaciones, etc. - Establecer soluciones para permitir la portabilidad de números entre operadores, con objeto de eliminar esta barrera al cambio de operador por parte del usuario. Procede insistir en que otros muchos países han modificado recientemente sus planes de numeración, lo están haciendo en la actualidad o lo van a acometer en el futuro cercano. No es una situación habitual ni deseable, pero sí a veces necesaria, y encajable dentro de la normalidad. En el Reino Unido han cambiado recientemente, manejando ya diez cifras. En Francia, dentro del mes de octubre de 1996 cambian también a diez cifras. En España se han establecido ya las líneas generales del Nuevo Plan Nacional de Numeración, actualmente en fase de desarrollo dentro de la DGTel, que se implantará a nivel nacional tras una primera fase en la provincia de Zaragoza, y se están definiendo los detalles de su contenido. Sus principales características son las siguientes: - Plan cerrado a nuevo dígitos, lo cual proporciona una capacidad teórica máxima de 1000 millones de números. Este espacio total se segmenta según servicios, permitiendo cierta asociación entre el número marcado y el costo esperado de la comunicación. Tal espacio de numeración se ha considerado suficiente para hacer frente a la situación previsible en el sector en los próximos años, con varios operadores de redes y servicios, de cable, de móviles, etc. - Minimización de los inconvenientes ocasionados a los usuarios por el cambio de números. Además, se permitirá la marcación paralela (vigencia simultánea de ambos Planes) durante la etapa inicial del nuevo Plan. - Conservación en el número, en la medida de lo posible, de la información geográfica, para facilitar a los usuarios las indicaciones correspondiente a la tarificación aplicable. - Selección por el usuario, y de forma sencilla, del operador de larga distancia a través del cual desea cursar la llamada. - Capacidad suficiente para acomodar servicios tales como telefonía básica, RDSI, telefonía móvil, telefonía personal, servicios de red inteligente, números cortos, etc., integrando en condiciones igualitarias los servicios proporcionados por los nuevos operadores. - Previsión de un sistema sencillo de ampliación en el futuro, reservando la capacidad adecuada para ello. Aunque no es específico del Plan de Numeración, serán adoptadas las previsiones oportunas para que los números puedan ser portables entre operadores. Esta característica, que está disponible en el Reino Unido desde hace poco tiempo (con severas limitaciones por el momento), implica un determinado grado de modernización en las redes de los diferentes operadores y, además, la creación y mantenimiento de una compleja base de datos para el intercambio de la información específica relacionada con la portabilidad. La concepción de este Plan de Numeración para largo plazo, pretende establecer condiciones análogas en los códigos a asignar a los distintos operadores, una vía de gran importancia para la promoción de la competencia. Por otra parte, puede tener lugar una posterior actuación de la Comisión responsable de los arbitrajes, en los casos de conflicto. El nuevo Plan, lógicamente estará armonizado con el del entorno europeo previsto en la Sociedad de la Información, incluidos por tanto los servicios on line multimedia, tipo Internet. En su diseño se ha procurado minimizar el coste total del cambio, ofreciendo en el futuro alternativas de elección a los afectados, y proporcionando un acceso fácil a los usuarios. Es en estos momentos obvio que el recurso limitado de la numeración telefónica, debe ser gestionado por una entidad independiente de los operadores. Tanto la Dirección General de Telecomunicaciones como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tienen cada una su papel a desempeñar en el proceso. La primera estableciendo las políticas, estudiando los aspectos técnicos y gestionando los recursos y la segunda, vigilando el cumplimiento y ejerciendo la función de arbitraje. Asimismo, la creación de foros de discusión de los aspectos de numeración, con la participación de las partes interesadas, es necesaria para la adecuada incorporación de todos los intereses al debate. En resumen, tal y como ocurre por ejemplo con las matrículas de los automóviles, no es impensable que cada cierto tiempo tengamos que asistir a cambios en la numeración telefónica. Puede pensarse que una causa importante es la relativa baja potencia que presenta conceptualmente un sistema de encaminamiento telefónico, basado en números, diseñado a principios de siglo. Es decir, alfabeto reducido, ausencia de caracteres de control, etc. Algo de esto hay, evidentemente, pero el gigantesco parque de centrales de conmutación que forman parte de la Red telefónica mundial entiende y maneja este concepto y establece una llamada en tiempos increíblemente reducidos. Conviene recordar también que hasta los conceptos de direccionamiento recientes, establecidos en los años setenta, como por ejemplo el de Internet, presentan también problemas para los usuarios, y será preciso modificarlos en el futuro. Es deber de la Administración que las repercusiones de todo el proceso sean mínimas, y las ventajas obtenidas, tanto por los usuarios como por el sector de las Telecomunicaciones sean máximas.

Entender mejor a la empresa: nuestra asignatura pendiente Juan Soto HACE MAS de diez años publiqué en la Revista Bit un artículo titulado "Las multinacionales, una necesidad y una oportunidad". Eran tiempos en los que, a pesar de los intensos esfuerzos del primer gobierno socialista, todavía se detectaba en nuestra profesión un profundo escepticismo a la inversión industrial de origen extranjero. Como consecuencia, quizás, del interesado españolismo con que nuestras mentes fueron alimentadas desde muy temprana edad, así como del recelo que la izquierda ideológica había sentido siempre hacia las grandes compañías, muchas personas de buena voluntad sentían una sincera preocupación por el hecho de que, en una empresa multinacional de origen extranjero, las últimas decisiones no se tomaban sobre nuestro suelo. El inconsciente nacionalismo que teñía su juicio se trasladaba a los más altos ejecutivos de las empresas y transnacionales, a los que se modelizaba tomando decisiones empresariales que, en caso de conflicto, siempre tendían a ser muestras de un patriotismo ejemplar. Mi experiencia personal me inclinaba a no participar de tal visión, al mismo tiempo que a asumir la imprescindibilidad de la inversión extranjera en cualquier proceso de desarrollo relevante de la industria electrónica en España. Participaba de la idea, tan brillantemente defendida por Reich en su libro "El trabajo de las naciones", de que una nación no es ni su capital, ni su tecnología; de que una nación es su gente y de que el valor añadido en la generación del producto industrial suele proporcionar mucha mayor riqueza que la posesión de los medios de producción. Sobre todo si el valor añadido se incorpora en tareas de definición y diseño de productos y procesos, de gestión de las relaciones, cada día más profundas y complejas con proveedores de la industria auxiliar y con distribuidores de los productos finales, o de dirección e ingeniería de operaciones fabriles basadas en los modernos conceptos de calidad total.La década de los ochenta finalizó en España con un tejido industrial electrónico que ya no se limitaba, como había siempre sido la norma, a la industria de las telecomunicaciones. La industria electrónica de consumo y defensa y la de fabricación de semiconductores y de hardware informático contaba con ejemplos varios y muy dignos de actividad local. Sumados a un sector industrial de telecomunicaciones, en plena expansión, después de un largo penoso ajuste, componían un escenario que permitía abrigar una cierta esperanza de que nuestro país podría llegara final de siglo con un sector industrial electrónico que no desentonase tan adversamente del nivel medio de desarrollo alcanzado por el resto de la industria española. La inesperada ay dramática crisis del sector informático de comienzos de los noventa, unida a una desafortunada gestión de la economía española en la legislatura 1989/93, dejaron su profunda huella en el sector de electrónica profesional. La mayoría de las operaciones de fabricación de equipos informáticos desaparecieron. El sector de la electrónica de defensa y el de las telecomunicaciones se mantuvieron pero, en la mayoría de los casos, sólo después de masivos ajustes de su capacidad y de su empleo. Los costes de esos cierres o de esos ajustes son de tal proporción en relación a lo ocurrido en otros países de nuestro entorno que no han podido pasar inadvertidos en los cuarteles generales de las empresas multinacionales que necesitan iniciar o ampliar su presencia industrial en Europa. Por otra parte, los problemas heredados de la legislatura 89-93 son tan graves que los gobiernos que se han sucedido desde entonces dedican casi toda su atención a resolver aquellos que imposibilitarían la incorporación de España a la Unión Monetaria en 1999. La importancia de ese objetivo hace aparecer como irrelevantes otros que en tiempos de menor anormalidad captarían la atención de la sociedad. De cara al Tratado de Maastricht, el país ha suspendido por curso. Sin embargo, está decidido a quedarse estudiando toda la noche del 97 e intentar aprobar el examen de primavera del 98. Esa angustia por recuperar el tiempo perdido, antes de que la historia nos pase factura de nuevo, es muy evidente desde fuera de nuestras fronteras. Podremos provocar respeto pero, no atracción. Respecto a otras alternativas, en estos momentos no parece que seamos necesarios ni que constituyamos una oportunidad para nadie que, en el sector electrónico, esté eligiendo una plataforma europea para instalar una nueva actividad industrial. En contraste con nuestro decreciente atractivo, el Reino Unido e Irlanda, han sabido y podido captar la práctica totalidad de las nuevas inversiones electrónicas procedentes de los EE.UU. y del Pacífico Asiático en los últimos veinticuatro meses. Debido al carácter verdaderamente global de la industria electrónica, a la necesidad de que cualquier planta de fabricación electrónica sea mayoritariamente exportadora, y al alto valor con relación a su peso de los componentes y equipos electrónicos, cualquier nueva inversión electrónica destinada a Europa puede elegir con casi total libertad su localización final. Esta libertad de elección es tan excepcional, comparada con la disponible en muchos otros sectores industriales, que se puede concluir que la distribución de los destinos finales de esas inversiones son un claro reflejo de la atracción relativa del ecosistema empresarial de cada país comunitario. Nuestro país debería sentirse profundamente insatisfecho por los resultados conseguidos estos últimos años. Esta falta de atractivo español es, en cierto modo, el precio que muchos ingenieros de telecomunicación de este país están pagando por formar parte de una sociedad rígida y temerosa. Una rigidez excesiva nos pasa su factura reduciendo significativamente las oportunidades de realización de nuestros profesionales en potenciales instalaciones como las de Hewlett-Packard en San Cugat o las de Lucent en Tres Cantos. Nuestros profesionales están bien preparados para competir, pero su circunstancia nacional no les es favorable en estos momentos. En términos generales, nuestra sociedad sobrevalora todavía el objetivo de seguridad y rehúye el ejercicio de la libre iniciativa, por temor al riesgo que le es inherente. Esta actitud es una lógica consecuencia de un largo pasado en el que las naturales dificultades para la supervivencia en amplias zonas de la península, por un lado, y el carácter controlador y represivo de las clases dirigentes de nuestra sociedad, por otro, convertían en una experiencia prácticamente suicida la toma de cualquier iniciativa. Sin embargo, en las actuales circunstancias, supone un gran error aceptar que nuestra memoria histórica siga hipotecando nuestra imaginación. El gran avance conseguido en el nivel medio de educación de las jóvenes generaciones españolas y la evidente europeización de nuestra visión de vida permiten dar un paso importante en la liberalización del entorno en el que se desarrolla la actividad de la empresa en España. La salud del ecosistema empresarial condiciona de tal forma el nivel de bienestar de una sociedad que resulta sorprendente que sean los empresarios los únicos que públicamente promocionan y defienden a la empresa. Los profesionales, en particular, vemos limitadas nuestras posibilidades de realización y desarrollo por la calidad y cantidad de empresas entre las que podamos optar para trabajar. Sería pues esperado que fuéramos los profesionales quienes apoyásemos toda iniciativa que facilite el nacimiento, desarrollo y multiplicación de la especie-empresa en nuestro territorio, y, muy en particular, la "competitividad legislativa" frente a nuestros colegas comunitarios en todas las variables que impulsen la fortaleza de nuestras empresas. La empresa no se encuentra todavía a gusto en España. Durante mucho tiempo ha visto su nombre usado para dignificar meros negocios, se ha sentido sobreprotegida y por ello infradesarrollada, ha sido con frecuencia presa fácil de algunos malos empresarios que la han expoliado o utilizado para defraudar sus obligaciones fiscales, y de trabajadores desesperados que le exigen que siempre acierte, que garantice a todo trance sus puestos de trabajo, e inevitablemente la convierten en el chivo expiatorio de sus aspiraciones a una imposible seguridad. En los países de la Comunidad Europea, los procesos de solidaridad se producen principalmente a nivel de nación-estado. Es la ciudadanía soberana la que elige por mayoría el nivel de distribución solidaria que desea y, por ello, deben ser los ciudadanos, accionistas, trabajadores y consumidores, los responsables de su financiación. La empresa no vota, sino que es objeto permanente de voto por parte de los demandantes en el mercado global, expuesta a un continuo proceso de selección darwinista. No es prudente ni conveniente utilizarla abusivamente para la satisfacción de las justas aspiraciones de cohesión social de los ciudadanos. Es perfectamente compatible la competitividad empresarial y la solidaridad social pero delimitando con claridad los campos de juego. La sociedad debe tratar a la empresa como un instrumento privilegiado, origen de su nivel de bienestar. Sobre todo a las empresas industriales que no necesitan la proximidad geográfica a sus mercados finales. Los conflictos provocados por el atractivo fiscal recientemente introducido por algunos gobiernos autonómicos, históricamente muy sensibles a la criticidad del papel que la empresa juega en el desarrollo de la sociedad, deben ser reconducidos desde una visión voluntariamente compartida de que ése es uno de los caminos a seguir recorriendo para hacer más competitivamente atractivo nuestro ecosistema empresarial. Igualmente, profundizar en la clarificación de la responsabilidad de la empresa con relación a la estabilidad de su empleo permitiría reducir sus incertidumbres al campo de juego del mercado global en plena competencia, ya de por sí repleto de riesgos y desafíos. Como el hombre, al empresa es ella y sus circunstancias. Optimizar sus circunstancias para aumentar su fertilidad y su longevidad sólo beneficia a la sociedad. Salud social y empresarial son casi la misma cosa.

La importancia de las nuevas T.I. Antoni Subirá i Claus Consejero de Industria de la Generalitat EN LAS PUERTAS del siglo XXI, ya nadie se atreve a discutir que estamos entrando en una nueva era marcada por los avances tecnológicos en el campo de la electrónica y las telecomunicaciones. En lo que se refiere a las esferas tecnológicas y de infraestructuras, los servicios de telecomunicaciones se han configurado como un elemento clave en el progreso tecnológico y de modernización productiva de los países avanzados. Sin embargo, es difícil conocer cuál será el alcance de los cambios que estos avances pueden llegar a ejercer sobre nuestra sociedad, pero en cualquier caso, no es arriesgado asegurar que estamos en las puertas de una revolución que puede ser comparable a la revolución industrial del siglo pasado. Sobre la importancia que está alcanzando el sector de las telecomunicaciones, tan sólo tres apuntes: en primer lugar las inversiones de 10,5 billones de pesetas que prevé el informe Bangemann en el contexto europeo y en el horizonte 1999; por otra parte el hecho de que desde 1991 las inversiones empresariales en los Estados Unidos de América en informática y equipos de telecomunicaciones superan a las de la maquinaria industrial, minera y agrícola; y finalmente el crecimiento exponencial del número de usuarios de Internet. A nivel español, cabe señalar que si la contribución española al PNB europeo es del 9%, el mercado español de telecomunicaciones sólo alcanza al 6% del europeo y el de la informática se queda en tan sólo el 3%. Por ello es de esperar un crecimiento más importante de estos sectores que el de la media europea para poder llegar a un nivel equivalente. Aunque de momento todavía son muchos los que asocian los servicios de telecomunicaciones al ocio y más concretamente a la televisión por cable, otros servicios avanzados como por ejemplo la telemedicina, la teleenseñanza, el teletrabajo, la telecompra, la videoconferencia o los servicios empresariales serán los que tendrán más impacto tanto sobre la calidad de vida como sobre la economía productiva. Además, algunas aplicaciones relacionadas con el ocio, como por ejemplo el vídeo a la carta, han encontrado más dificultades tecnológicas de las que se habían previsto en un principio y es posible que su comercialización sea incluso posterior a la de algunos de los servicios mencionados anteriormente. Pensemos un momento en el impacto de tan sólo dos de estos servicios avanzados. Con la teleenseñanza se crearán campus virtuales con lo cual se abrirá la posibilidad de realizar estudios universitarios a muchas personas que hasta ahora por uno u otro motivo no podían trasladarse de una forma permanente a la ciudad donde se impartían. De este servicio disponemos en Catalunya de una experiencia, la Universitat Oberta de Catalunya, que, después de los primeros años de funcionamiento ha resultado un éxito importante. Por otra parte la deslocalización de los puestos de trabajo como consecuencia de la implantación del teletrabajo puede llegar a convertir muchas segundas residencias en primeras residencias, con el consiguiente efecto dinamizador de comarcas interiores. Centrándonos en el mundo empresarial, las nuevas tecnologías y servicios de la información constituyen un referente básico en las actuaciones de los diferentes agentes económicos, para los que el acceso a la información se ha convertido en un nuevo, y muy importante, factor de competitividad y que por tanto han de adaptarse a la utilización de las nuevas herramientas de una forma cada vez más eficiente. Por ello es fundamental que los responsables de las empresas sean conscientes del valor estratégico de las nuevas tecnologías de la información y sean capaces de utilizarlo para conseguir una ventaja sobre sus competidores. En efecto, la utilización adecuada de las telecomunicaciones conlleva una reducción de costes y del tiempo necesario para llevar a cabo los procesos o transacciones más comunes en el mundo de la empresa. Un estudio realizado recientemente por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de Catalunya ha puesto de relieve que un 75% de las empresas establecidas en Catalunya utilizan algún tipo de herramienta telemática. La previsión es que esta cifra abarque en pocos años la práctica totalidad de las empresas y que las redes de telecomunicaciones soporten todos los intercambios de documentos o de datos entre las empresas y sus clientes y proveedores. En este mismo sentido, hoy en día ya son muchas las empresas que utilizan Internet para dar a conocer sus productos o como fuente de información. En un escenario de este tipo, la disponibilidad de acceso a una red de telecomunicaciones de banda ancha será tan decisivo para decidir la implantación de una empresa como lo puede ser hoy en día la disponibilidad de infraestructuras energéticas o viarias adecuadas. En este entorno, la política de la Generalitat de Catalunya en materia de telecomunicaciones se asienta sobre los siguientes cuatro objetivos básicos: * Garantizar la existencia de unas infraestructuras de servicios de telecomunicaciones en línea con las de los países más avanzados, tanto en capacidad como en costes y calidad, para garantizar la competitividad del conjunto del tejido socioeconómico catalán. * Aprovechar al máximo las oportunidades que aparecerán con el crecimiento de las telecomunicaciones para desarrollar en Catalunya un nuevo sector industrial específico competitivo y un marco del I+D idóneo en todos los aspectos relacionados con las telecomunicaciones: infraestructuras, contenidos, servicios, etc. * Introducir los mecanismos necesarios para garantizar que las redes de telecomunicaciones se conviertan en un elemento integrador del territorio, propiciando el reequilibrio territorial. * Asegurar la presencia de la lengua y cultura catalanas en los servicios y contenidos. En este sentido la Generalitat de Catalunya ha firmado un acuerdo con las dos asociaciones municipalistas de Catalunya, que agrupan la inmensa mayoría de los municipios catalanes, para asegurar que todo el territorio catalán disponga lo antes posible de unas redes de telecomunicaciones avanzadas en la línea con las de nuestros competidores más directos. Este acuerdo ha dado sus primeros frutos positivos al constituirse unas demarcaciones que agrupan prácticamente 800 municipios con cerca del 98% de la población total de Catalunya, y haberse elaborado unos pliegos de condiciones para los concursos de segundos operadores de telecomunicaciones por cable que han de permitir que en un período razonable de tiempo la práctica totalidad del territorio catalán tenga acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones. Por otra parte la Generalitat de Catalunya hizo públicas recientemente una serie de diez medidas que recogen cuál debería ser, a nuestro parecer, el marco general idóneo para conseguir los objetivos reseñados anteriormente, y que aunque ya han sido difundidos en diversas ocasiones, paso a enumerar de nuevo: 1. Realizar lo más pronto posible los concursos para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable. 2. El Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones por Cable ha de ser un elemento de dinamización del sector. 3. Liberalizar el uso de todas las infraestructuras susceptibles de soportar el transporte de telecomunicaciones. 4. Regular la interconexión de las redes de distintos operadores y la numeración. 5. Crear el agente regulador de los mercados de telecomunicaciones. 6. Establecer mecanismos de compensación interterritorial eficaces y no inhibidores. 7. Presentar en el Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. 8. Privatizar totalmente Telefónica de España, S.A. 9. Favorecer la aparición de nuevos operadores integrales. 10. Estudiar un trato fiscal incentivador a las inversiones de las empresas en telecomunicaciones y en informática. Sin duda alguna, en los últimos meses hemos avanzado en la dirección correcta, pero todavía nos queda mucho trabajo por realizar para asegurarnos de que somos capaces de aprovechar íntegramente los retos que impondrá la nueva sociedad de la información.