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Artículo BIT
Los derechos de ocupación de dominio público y la compartición de infraestructuras de telecomunicaciones
Los derechos de ocupación de dominio público y la compartición de infraestructuras de telecomunicaciones La prestación de servicios y la explotación de redes de telecomunicaciones implica necesariamente una incidencia sobre el territorio, ya que, para ello, se hace preciso el tendido de redes, la colocación de antenas, etc., por parte de los operadores de telecomunicaciones. De esta manera, la práctica del establecimiento de infraestructuras de telecomunicaciones viene siendo una fuente de conflictos entre los agentes involucrados. Los intereses de los operadores colisionan, a veces, entre sí y para la construcción de las infraestructuras se requiere la intervención, en mayor o menor medida de las diferentes administraciones: estatal, autonómica y municipal. El presente artículo trata de hacer un breve recorrido por la secuencia operativa de la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones recogiendo en especial la doctrina que ha ido construyendo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en las diversas Resoluciones emitidas al respecto. No está de más comenzar recordando que las telecomunicaciones, en España, son competencia exclusiva del Estado en virtud del artículo 149.1.21ª de la Constitución española de 1978 y que La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (LGTel) conceptúa las telecomunicaciones como servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia, lo que resulta fundamental para la aplicación de las normas de Derecho civil y administrativo pertinentes en las distintas fases del proceso que vamos a comentar. El derecho genérico de ocupación. La liberalización de las telecomunicaciones trae consigo el que tengan que ser tenidas en cuenta las necesidades de ocupación de los operadores de telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones. Esta necesidad de ocupación se plantea tanto sobre el dominio público como sobre el privado, y en el caso del dominio público puede afectar a cada uno de los ámbitos territoriales: estatal, autonómico y local. Los derechos de ocupación están regulados, en la legislación española, en la LGTel, en el Capítulo II de su Título III, y en el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la LGTel en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones (RSU). El artículo 43 de la LGTel reconoce el derecho a la ocupación del dominio público y propiedad privada por parte de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones que tengan impuestas obligaciones de servicio público. De este modo, se otorga un derecho subjetivo a favor de los citados operadores, para lo cual deberán cumplir los requisitos previstos en la citada Ley y el RSU. Estos requisitos son los siguientes: Que el operador sea titular de una licencia individual para el establecimiento de una red pública de telecomunicaciones. Que tenga impuestas obligaciones de servicio público. Las obligaciones de servicio público genéricas son directamente impuestas en el momento del otorgamiento de la licencia, como contraprestación al reconocimiento genérico del derecho de ocupación del dominio público. Por su parte, el artículo 44 de la LGTel, si bien configura la ocupación del dominio público como un derecho del operador de telecomunicaciones, también atribuye a las administraciones titulares del dominio público (en los términos establecidos por la Ley) la competencia para el establecimiento de las condiciones y requisitos para la ocupación del dominio público, que deberán ser, en todo caso, transparentes y no discriminatorios. Ejercicio del derecho de ocupación. Margen de actuación de los titulares del dominio. Una vez reconocido genéricamente en la licencia, el operador podrá ejercer su derecho a la ocupación mediante la solicitud para ocupar dominio público o privado. En lo que se refiere a la ocupación de dominio público, en España, la multiplicidad de Administraciones determina que la solicitud del operador para ocupar dominio público deba dirigirse a la Administración competente para su gestión. Es decir, si se pretende ocupar una carretera de titularidad estatal, deberá solicitarlo al Ministerio de Fomento, mientras que si la carretera es autonómica se dirigirá a la Administración autonómica y si es una vía urbana, al Ayuntamiento. En la regulación de la LGTel y el RSU podemos destacar lo siguiente: Con carácter previo a que la Administración competente en la gestión del dominio público cuya ocupación se solicita otorgue la autorización es preceptivo el informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), que se pronunciará, por una parte, sobre la titularidad de una licencia individual que otorgue el derecho de ocupación al operador, y, por otra, sobre la coherencia entre el ámbito territorial de la licencia y el tramo de dominio público solicitado. Las condiciones y requisitos deberán ser transparentes y no discriminatorias En el caso particular de los municipios el reconocimiento genérico del derecho de ocupación antes citado debe concretarse en cada caso en una autorización de uso del dominio público local, que, según el artículo 45.a) de la LGTel deberá otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local. En definitiva, se trata de conciliar el derecho de ocupación demanial de los operadores con las competencias municipales de protección de sus intereses públicos. Es en la ocupación de dominio público local donde la cuestión se plantea de manera más problemática para los operadores, por lo que los diferentes organismos (MCYT, CMT) están realizando diferentes actuaciones para garantizar que los operadores puedan hacer efectivo el derecho de ocupación y evitar la imposición por parte de las autoridades locales de condiciones que puedan ser contrarias a lo establecido en la legislación de telecomunicaciones. De esta manera el MCYT ha recibido diferentes quejas de operadores sobre el no otorgamiento de los derechos de ocupación y, como consecuencia de ello, se ha dirigido a las Administraciones titulares del dominio público objeto del conflicto para instar el cumplimiento de lo establecido en la legislación de telecomunicaciones en lo que a los derechos de ocupación de los operadores se refiere. La CMT por su parte ha emitido diferentes Resoluciones como consecuencia de diferentes problemas que se le han planteado En este sentido, conviene citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2000, en la que se ha basado la CMT en diversas Resoluciones, que, en el Fundamento de Derecho segundo señala: "El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede traducirse, en ningún caso, en restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación del dominio público municipal, ni siquiera en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas. Por ello, puede resultar útil, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y la Jurisprudencia de esta Sala, el examen de los preceptos cuestionados desde las perspectivas de los parámetros que sirven para determinar la existencia de proporcionalidad; esto es, la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de la entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés público que se intenta preservar." Esta Sentencia, como se ha comentado, es reiteradamente utilizada por la CMT en la fundamentación de sus decisiones cuando se trata de dilucidar la cuestión que mayor interés nos merece ahora: cuál es el margen de decisión que, respecto de la ocupación del dominio público local por los operadores de telecomunicaciones, corresponde a los Ayuntamientos, una vez recibida una solicitud concreta de ocupación presentada por un operador. La CMT, en una RESOLUCIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INTERVENCION PRESENTADA POR CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA, S.A. EN RELACION CON DETERMINADAS ACTUACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA establece claramente que "solamente cabe la denegación de una solicitud de ocupación presentada por un operador con derecho a la misma en los términos solicitados y la imposición de otras condiciones por un Ayuntamiento, si está justificada sobre la base de la protección de los "requisitos esenciales" La LGTel, define los "requisitos esenciales" como "los motivos de interés público y de naturaleza no económica que lleven a imponer condiciones al establecimiento o al funcionamiento de las redes públicas de telecomunicaciones o a los servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Dichos motivos son la seguridad de explotación de la red, el mantenimiento de su integridad y, en los casos en que esté justificado la interoperabilidad de los servicios, la protección de los datos, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los objetivos urbanísticos, el uso eficaz del espectro de frecuencias y la necesidad de evitar interferencias perjudiciales entre los sistemas de telecomunicaciones de tipo radio y otros sistemas técnicos de tipo espacial o terrestres". De acuerdo con estos parámetros, la CMT, en la contestación a una consulta de MEDITERRANEA NORTE DE SISTEMAS DE CABLE, S.A. Y MEDITERRANEA SUR SISTEMAS DE CABLE, S.A., ACERCA DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON EL OBJETO DE INSTALAR REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIÓN, establece que "un Ayuntamiento no puede decidir acerca de la concreta solicitud de ocupación presentada por un operador de telecomunicaciones sobre la base de la conveniencia de la misma, criterio que, con carácter general, se recoge en la normativa reguladora del dominio público local a propósito de su ocupación, dado que en el caso de los operadores de telecomunicaciones existe un derecho de ocupación que les ha sido reconocido conforme al procedimiento previsto en la legislación de telecomunicaciones" Aclara también la CMT, en la misma contestación, que la aplicación de los requisitos esenciales no puede llevar nunca a imponer restricciones absolutas, sino sólo a condicionar el modo de ejercer el derecho de ocupación. Las Ordenanzas municipales. Pero la intervención municipal no se está limitando a las actuaciones sobre solicitudes individuales con base en proyectos de ocupación específicos; la proliferación de Ordenanzas municipales cuyo contenido técnico incide en el despliegue de infraestructuras está suscitando que los operadores u otras entidades afectadas recurran reiteradamente al MCYT y a la CMT. De esta manera el MCYT está realizando un seguimiento (basado en la facultad que la ley le confiere de informar los instrumentos de planificación territorial o urbanística) del contenido de las Ordenanzas municipales, con el fin de evitar la imposición, por parte de las autoridades locales, de requisitos que sean contrarios a lo establecido por la Ley. Como consecuencia se ha instado la modificación y se han recurrido diversas Ordenanzas municipales por los motivos indicados. En cuanto a las actuaciones de la CMT a este respecto conviene citar el INFORME AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE RELATIVO AL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN EN SU TÉRMINO MUNICIPAL. En este documento se apoya en que "corresponde a los operadores involucrados la determinación de la forma en que puede organizarse la compartición, puesto que son quienes mejor conocimiento tienen de (..) las soluciones que mejor se ajustan (..)", y concluye que "no parece coherente con la libertad empresarial de que disponen los operadores el hecho de que la Ordenanza proyectada pretenda establecer los criterios de dimensionamiento de las secciones de los prismas de canalización, tanto en lo respecta al número de tubos de cada operador, su sección transversal y la disposición física de los mismos, que son aspectos que no deberían ser regulados por la Ordenanza" La compartición de infraestructuras. La LGTel ha previsto la posibilidad de que diferentes operadores deseen hacer uso del mismo tramo de dominio público. A estos efectos, se contempla un procedimiento específico para el uso compartido de infraestructuras de telecomunicaciones por los operadores, con el objeto de que se cumplan los principios de transparencia y no discriminación en el uso de dominio público, a la vez que se protejan intereses de tipo medioambiental o urbanístico. En estos procedimientos está prevista la intervención de la CMT para establecer las condiciones en aquellos aspectos en los que no exista acuerdo entre los operadores. El artículo 48 del repetido Reglamento establece que los operadores con licencias para instalar redes públicas de telecomunicaciones que gocen del derecho de ocupación del dominio público podrán ser obligados al uso compartido con otros operadores, de las instalaciones que realicen sobre las propiedades afectadas, y el artículo 49, recogiendo lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 11/1998, estipula que por Orden del Ministro de Fomento (ahora MCYT) se establecerán los supuestos en los que, con carácter previo a la emisión del informe o de la resolución que apruebe el proyecto técnico dictados por la Secretaría General de Comunicaciones (ahora SETSI) a que se refieren los artículos 46 y 47 de dicho Reglamento, será necesario efectuar anuncio público otorgando un plazo de veinte días a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones para que manifiesten su interés en la utilización compartida. Es decir, que, con carácter previo a la emisión del preceptivo informe, si la infraestructura en cuestión se encuentra entre los supuestos antes mencionados, debe seguirse el procedimiento de uso compartido otorgándose un plazo de veinte días para manifestar interés en la compartición por parte de quienes reúnan los requisitos establecidos. Hasta estos momentos se han publicado varias Ordenes Ministeriales declarando la utilización compartida, a efectos de la instalación de redes públicas de telecomunicaciones, del dominio público afecto a la red de carreteras de interés general del Estado (Orden de 25 de mayo de 1999) y del dominio público afecto a diversos municipios, entre los que se encuentran Sevilla, Vitoria, Logroño y Murcia. En aplicación de ello se han desarrollado diferentes procedimientos de uso compartido en dominio público afecto a la red de carreteras estatales y en dominio público de diferentes municipios. En lo que la red de carreteras estatales se refiere, la SETSI ha publicado, desde comienzos del año 2000, mas de 10 anuncios en el Boletín Oficial del Estado para el uso compartido de mas de 70 tramos repartidos por distintos viales de la red de carreteras de interés general del Estado, que afectan a un total de aproximadamente 2.500 kilómetros. En estos procedimientos, algunas de las condiciones para el uso compartido han sido establecidas por la CMT, al no poder llegar a un acuerdo los operadores. La norma obliga al titular del dominio a efectuar anuncio público para general conocimiento de los operadores interesados, pero no explicita el medio ni el ámbito por lo que aparece ahí una laguna que convendría subsanar y así parece que lo hará el Proyecto de Orden por la que se regula el uso compartido de los bienes de titularidad pública y privada a que nos venimos refiriendo. Este Proyecto de Orden, en los términos que se conocen, debe agilizar el establecimiento de los supuestos a que se refiere la LGTel; el texto propone también procedimientos alternativos de acuerdo entre los operadores así como su sometimiento voluntario a arbitraje. En este Proyecto de Orden se contempla que para seguir el procedimiento de uso compartido, la administración titular del dominio público tiene que comunicar a la DGTTI de que en el dominio público de su titularidad se va a seguir el procedimiento de uso compartido (se elimina la necesidad de publicar una Orden Ministerial para cada titular de dominio público que quiera seguir el procedimiento). A partir de aquí para las actuaciones singulares de ocupación de dominio público las fases más importantes del procedimiento son las siguientes: Anuncio público (realizado por el titular del dominio público, normalmente por haber recibido una solicitud de autorización de algún operador de telecomunicaciones). Negociación del Acuerdo entre los operadores que manifiesten interés en el uso compartido. Informe de la SETSI Autorización de la ocupación por el titular del dominio público. Como complemento a esta Orden y con el fin de facilitar el desarrollo de los procedimientos de uso compartido, se han elaborado, en el seno del Comité Técnico de Normalización 133 (Telecomunicaciones) de AENOR, 5 proyectos de normas UNE, que fueron aprobados en la reunión de este comité del día 14 de noviembre de 2001. Estas normas son: PNE 133100- (1 al 5) : Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro. Parte 3: Tramos interurbanos Parte 4: Líneas aéreas Parte 5: Instalación en fachada Los supuestos de uso compartido establecidos en la Orden ministerial nacen, como hemos visto, de quienes ostentan la titularidad del dominio publico que va a ser objeto de la ocupación y posterior compartición. Corresponde a la Administración pública titular, iniciar el procedimiento de uso compartido sobre dichos bienes, por lo que es importante recalcar que, en tanto se satisfagan los derechos de ocupación de los operadores que los detenten, no es obligatorio imponer la compartición. En un caso similar, a los efectos que aquí nos ocupan, se encontrarían los expedientes de uso compartido del dominio privado en los que se suspendería la tramitación del expediente de expropiación forzosa en el mismo momento antes citado, es decir, con carácter previo al informe o la resolución que apruebe el proyecto técnico por parte del MCYT. Las cuestiones prácticas que se plantean a la hora de convenir la ejecución de estas instalaciones a compartir son múltiples y variadas, siendo el propio RSU el que asigna a la CMT las funciones de resolución de los conflictos. Respecto de la variedad de situaciones que se vienen planteando, cabe citar una modificación que recoge la PROPUESTA MODIFICADA de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A UN MARCO REGULADOR COMÚN PARA LAS REDES Y LOS SERVICIOS DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS presentada por la Comisión el 4 de julio de 2001. En su artículo 10 referido a los derechos de paso se introduce un añadido a su párrafo primero del siguiente tenor literal, cuya lectura produce a la vez ilusión y escepticismo: "Los Estados Miembros velarán por que los procedimientos y condiciones relativos a los derechos de paso se apliquen de manera coherente en todo el territorio". Derecho de ocupación y derecho de uso. De momento, las bases doctrinales para resolver las cuestiones de interés genérico en los conflictos sobre el uso compartido de las infraestructuras fueron sentadas en una RESOLUCIÓN DE LA C.M.T. RELATIVA AL USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES A CONSTRUIR EN LA AUTOPISTA A-7, dentro de uno de los expedientes de uso compartido de las carreteras de interés general del Estado. Esta Resolución clarificó los conceptos de ocupación y uso. Los hechos analizados se refieren a la compartición de diversos tramos de la autopista A-7, siendo Interoute el solicitante inicial de la ocupación y otros varios operadores habilitados los que, en el plazo legalmente establecido, manifestaron a la SGC su interés en la utilización compartida de la infraestructura de telecomunicaciones. El dominio objeto de la ocupación fue anteriormente declarado de uso compartido por Orden Ministerial. Ante la falta de acuerdo para la construcción conjunta de la infraestructura, Interoute solicitó la intervención de la CMT aportando el documento de propuesta de acuerdo que ha servido de base para la discusión entre operadores. La CMT resuelve la obligación de uso compartido en las condiciones propuestas por Interoute pero con las modificaciones establecidas en los Fundamentos Jurídicos que aporta. En sus Fundamentos de derecho, la Resolución excluye las infraestructuras existentes y se contrae a la solicitud recibida en el marco de un expediente de ocupación nuevo. Por otra parte, considera fundamental delimitar cuál es el bien a compartir, pues el RSU alude al uso compartido "de las instalaciones que realicen sobre las instalaciones afectadas o de éstas" mismas. Destaca, asimismo, que el derecho a compartir se ejerce sobre un determinado proyecto de ocupación al que reconoce como el núcleo de la ejecución. Al fundamentar los principios generales, distingue la posición del solicitante inicial como único responsable ante la Administración concedente y único titular de los derechos derivados del procedimiento administrativo de ocupación (aunque luego adquiera la obligación de compartir), siendo los demás solicitantes de la compartición exclusivamente tenedores de un derecho de uso. Es interesante destacar que la resolución versa sobre un bien de dominio público de titularidad estatal como es el viario de las carreteras que integran la red de interés general del Estado y, en consecuencia, la tramitación del expediente de ocupación corresponde al Órgano competente de la Administración General del Estado que es en este caso la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Aunque no es objeto de esta Resolución, es un hecho constatado que en este punto se producen conflictos de competencias entre los facultativos firmantes del proyecto técnico específico incluido en el expediente. Para su clarificación, no hay que olvidar el hilo conductor del procedimiento, pues la causa que justifica la ocupación es el interés público del servicio a prestar que no es otro que el de telecomunicaciones; y es en este procedimiento en el que se incardina el trámite ante la Dirección General de Carreteras que actúa, en este caso, como Órgano competente de la Administración titular del dominio sin que por ello la infraestructura a construir deje de estar adscrita y condicionada, a todos los efectos técnicos, a un servicio de telecomunicaciones. Por último, la Resolución se pronuncia sobre las discrepancias entre el solicitante inicial y otros operadores siendo de interés destacar las conclusiones siguientes porque trascienden a los conflictos del propio caso: a) La compartición que se pretende lo es del dominio público viario sobre el que se establecerá la infraestructura y no de ésta misma. b) El solicitante inicial es el único beneficiario de la concesión de ocupación del dominio público considerado, sin perjuicio de ser obligado a su uso compartido. c) A la hora de determinar la extensión del derecho de uso distingue dos ámbitos en esa infraestructura: los elementos de uso exclusivo y los de uso común. La propiedad de estos últimos se rige en régimen de comunidad. La delimitación ideal de estos ámbitos es un tema no resuelto totalmente en el que aparecen argumentos ajenos y de orden superior a los propios acuerdos específicos: valga como ejemplo la dificultad de salvaguardar la garantía constitucional del secreto de las comunicaciones cuando las exigencias urbanísticas municipales no permiten una mínima exclusividad a los operadores en la asignación de cámaras o arquetas. Otro tanto podría decirse del cumplimiento de los parámetros de servicio. d) Al Comité de Seguimiento de las obras en cuestión se le asigna una facultad interesante durante su periodo de existencia: estudiar las peticiones de nuevos titulares de licencias que quieran (y puedan) participar en la compartición con posterioridad a la fecha de la Resolución. La aparición más tarde de nuevos licenciatarios queda también prevista, pero con la cautela de que no vaya en detrimento de los que habían llegado al acuerdo. e) Y, finalmente, posibilita la cesión parcial o total a terceros por parte de los operadores de los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo pero con la condición de que la entidad receptora cumpla con los requisitos que establece para ello la LGTel; decisión que afecta de manera importante a las exigencias que vienen planteando diversas instituciones, incluidos algunos Ayuntamientos. Las infraestructuras cedidas deben destinarse, en todo caso, a la prestación de servicios de telecomunicaciones. La cesión de las infraestructuras construidas. Esta cesión, en cuanto a su incidencia en el titular o gestor final de la infraestructura de telecomunicaciones, merece ser analizada con algo más de detalle. La CMT, en la antes citada RESOLUCIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE INTERVENCION PRESENTADA POR CABLE Y TELEVISION DE ANDALUCIA, S.A. EN RELACION CON DETERMINADAS ACTUACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, hace una interesante consideración sobre el Ayuntamiento como entidad que opera en el sector a los efectos de la aplicación de la libre competencia. Concluye la CMT, desde el reconocimiento constitucional a los Ayuntamientos (articulo 128) al ejercicio de la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas y en concordancia con la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que una Corporación Local puede actuar como operador o como autoridad reguladora. Pero "es evidente que en los casos en que el Ayuntamiento realice una actividad económica, está actuando como operador económico en cuyo caso le son de aplicación las normas de defensa de la competencia y la CMT podría vigilar su actuación en el mercado de las telecomunicaciones y servicios convergentes." Y para rematar esta cuestión, volvemos a referirnos a la contestación de la CMT a una consulta de MEDITERRANEA NORTE. En esta consulta al analizar el régimen jurídico de las relaciones entre el Ayuntamiento que explote unas canalizaciones de red y los operadores de telecomunicaciones que las utilicen, distingue el título en virtud del cual actúe en Ayuntamiento. Si actúa como titular del dominio público serán las relaciones propias de una Administración pública con sus administrados. Pero si la intervención municipal se produce, directamente o a través de una sociedad participada, con la intención de intervenir como un agente económico más en el mercado, compitiendo con otros operadores en la actividad de explotación de infraestructura y redes de telecomunicaciones –a cuya categoría pertenece la explotación de las canalizaciones subterráneas para cables de comunicaciones-, sus relaciones jurídicas serán las que se deriven de la normativa sectorial de telecomunicaciones. La necesidad, en este caso, de la oportuna licencia queda recogida al concluir que "la CMT podrá, al autorizar la realización de esta actividad de explotación a través de la correspondiente licencia C1 (o, en su caso, B1), establecer las condiciones que estime necesarias para que la provisión del volumen de canalizaciones a instalar sea tal que, con el mismo no se distorsione la libre competencia. Así lo habilita el artículo 7.3 de la LGTel" Aunque no haya sido tratado en esta consulta, conviene mencionar el hecho frecuente de que los operadores han de sobredimensionar la infraestructura que se construye, a instancia del titular del dominio. El uso que en el futuro se haga de esta infraestructura sobrante condiciona el análisis de la cuestión por lo que sólo dejaremos constancia de ello. Las entidades intermedias. Como hemos visto, en la compartición de infraestructuras existe un paso fundamental como es el acuerdo técnico y económico entre los operadores para la ejecución del proyecto. Pero también queda sentado que ha de quedar salvaguardado el derecho genérico de ocupación que detenta cada operador así como las competencias municipales. Dejando de lado la eficaz labor que, generalmente, realizan las denominadas "mesas de coordinación" integradas por los agentes involucrados, como instrumentos para agilizar la gestión de todo este procedimiento, están apareciendo entidades que, bajo diferentes formas jurídicas, intervienen en distintas fases mediante la negociación de acuerdos parciales o genéricos con las partes afectadas y la aportación de mecanismos de gestión unificada entre operadores y Administración. De nuevo aquí hay que hacer notar que el precitado Proyecto de Orden sobre el uso compartido, contempla la designación, por parte de las Administraciones titulares del dominio, de entidades que las representen en el procedimiento de compartición. A este respecto, no todas las iniciativas han contado con la aprobación de la CMT. En su INFORME AL AYUNTAMIENTO DE ALAQUÁS SOBRE LA PROPUESTA DE METRORED, S.A. DE CONSTRUIR UNA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA PARA LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, el Órgano regulador concluye que el convenio que se pretende vulnera la normativa de telecomunicaciones, en la medida que contiene previsiones contrarias a los principios de objetividad y no discriminación entre operadores. En síntesis, la propuesta consistía en constituir una empresa mixta entre el Ayuntamiento y la operadora para la creación de la infraestructura de la red de fibra óptica, en régimen de alquiler a las demás operadoras. El informe desfavorable de la CMT argumenta que no se contempla la ocupación del dominio público por los operadores sino que se regula, al margen de las previsiones que se contienen en la Ley sobre esta materia, la compartición de las infraestructuras que un operador instalará en el dominio público. Un caso pionero. Este es el caso del Consorcio LOCALRET que, según su propia presentación, nace como "Una respuesta desde el ámbito local al desarrollo de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información" y mediante la cual "los Ayuntamientos de Cataluña, conscientes de su papel, se implican en una actuación sin precedentes que da como resultado la creación de un Consorcio local que agrupa a casi todos los Ayuntamientos de Cataluña, independientemente de su tendencia política y de su volumen de población, así como a las dos entidades municipalistas existentes en Cataluña: la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas. Aunque entre sus objetivos estratégicos se encuentran la prestación de servicios de telecomunicaciones para los Ayuntamientos, el asesoramiento jurídico y fiscal en ese campo y contribuir al desarrollo de la sociedad de la información, la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones es lo que llama nuestra atención en este momento. El Consorcio recoge las inquietudes de los Ayuntamientos de desplegar las redes de telecomunicaciones aprovechando las oportunidades y minimizando el impacto. Para la gestión conjunta de la planificación y la construcción de estas infraestructuras de telecomunicaciones crea una Sociedad Anónima, LOCALRET S.A., que se constituye en el año 1999 como interlocutor de los Ayuntamientos en lo que concierne a la implantación de las nuevas redes frente al conjunto de operadores que extienden infraestructura en todo el territorio. Si damos por supuesto que la inclusión de esta entidad en el procedimiento de ocupación no debe erosionar ninguno de los derechos y garantías que tienen los agentes involucrados y que anteriormente hemos analizado, no cabe duda de que la gestión coordinada de un proceso con tales competencias dispersas es una buena iniciativa que debe beneficiar a todas las partes. Pero frente a esa oportunidad, el factor de riesgo que introduce la inclusión de un nuevo agente es doble: por un lado en este nuevo agente descansa el cumplimiento de una buena parte de las condiciones de transparencia y no discriminación hacia todos los operadores que la ley impone para el procedimiento de la compartición; y por otra, los Ayuntamientos han de ser consecuentes con la cesión de atribuciones que han hecho a favor del órgano gestor. No deben existir dudas sobre la vinculación de los Ayuntamientos con los acuerdos que el Consorcio firme con los operadores porque, de lo contrario, el modelo se convierte en un nuevo obstáculo en el ya de por sí difícil proceso de la compartición de infraestructuras de telecomunicaciones. STS, Sala 3ª, Sección 4ª . Recurso de Casación 114/94. Ref.: AJ 2001/4341 Ref.: SC 2000/3764 Ref.: MTZ 2001/4057 COM (2001) 380 final Ref.: ME 2000/2343 Ref.: SC 2000/3453 Bit - Nº 130 Sumario Editorial Opinión (I) Opinión (II) A Vuelapluma Aragón Desde Sevilla... T.R. Murcia Noche J.Linares Julio Linares (II) Mª Jesús Prieto Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL (I) GRETEL (II) Perfil ¿Qué es? Rincón Internet Marco Regulador Pulso del Mercado Gale. Operadores Tecn. Sociedad I Portal Ingeniería Tecn. Sociedad II Bit Recomienda N Francisco Mellado García y Antonio Fernández-Paniagua Díaz-Flores. Miembros de GRETEL
30 oct 2015
Artículo BIT
La Gestión del Espectro Radioeléctrico en España
La Gestión del Espectro Radioeléctrico en España La Gestión del Espectro Recientemente el Consejo Asesor de Telecomunicaciones ha tenido conocimiento de los planes de la Administración española para revisar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). La revisión del CNAF y los servicios, usos y aplicaciones que se pueden realizar en cada segmento del espectro es una obligada actuación periódica de la Administración, orientada a actualizar las bandas de frecuencias disponibles para cada tecnología radio, así como adecuar las necesidades de espectro de cada servicio de radiocomunicaciones a la vez que se incluyen nuevos servicios y condiciones de utilización del espectro. Esta actuación de la Administración española también viene obligada por las decisiones de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones que revisan el Reglamento de Radiocomunicaciones y, por tanto, obligan a que los Estados Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones adapten sus Cuadros de Frecuencias nacionales a las disposiciones en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones. Aplaudimos la iniciativa de la Administración de revisar el CNAF, cuya versión en vigor fue revisada en 1999. Las decisiones de la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, celebrada en Estambul2 en el año 2000, van a entrar en vigor el 1 de Enero del 2002. Sería conveniente que la Administración española incorpore en la revisión en curso del CNAF, cuya aprobación vía Orden Ministerial previsiblemente tendrá lugar en los primeros meses del año 2002, aquellas disposiciones derivadas de los resultados de la pasada Conferencia CMR-2000, de tal modo que se eviten en la medida de lo posible los períodos temporales de desajuste entre las disposiciones en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones y las normas nacionales incluidas en el Cuadro. Somos conscientes que esta actuación diligente, no obstante, puede presentar algunas dificultades administrativas o de procedimiento por cuanto las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones son aprobadas por el Parlamento. Armonización del espectro radioeléctrico Si bien la gestión del espectro radioeléctrico es un tema muy complejo y especializado, existen claras referencias en Organizaciones internacionales, las cuales facilitan la gestión de las frecuencias y, sobre todo, promueven la armonización regional y mundial. El Sector Radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones3, con sus Comisiones de Estudios, Grupos de Trabajo y Equipos de Proyecto, es la referencia más clara con respecto a las medidas a tomar en la gestión nacional del espectro. La armonización de los usos del espectro es muy conveniente desde el punto de vista de conseguir economías de escalas en los equipos y terminales que se utilizan para la prestación de cada servicio, así como en los procedimientos operacionales relacionados con el uso de las bandas de frecuencia en cuestión. Ejemplo obvio de esta ventaja es la enorme penetración del servicio móvil GSM en toda Europa y allende fronteras gracias a una armonización del uso del espectro de frecuencias disponible en cada país. Pero también la armonización del uso del espectro es fundamental para algunos servicios, como los basados en sistemas de satélites, cuya cobertura excede, por naturaleza propia del sistema, las fronteras nacionales. Estos sistemas necesitan de la identificación de bandas de frecuencias que puedan ser usadas simultáneamente en varios países. Para estos sistemas, decisiones individuales nacionales en contradicción con los criterios de la UIT en lo relativo a espectro disponible, suponen una importante traba para el despliegue efectivo de este tipo de sistemas que, por otro lado, necesitan de largos períodos de diseño y fabricación antes de ponerse en operación comercial. Ejemplos específicos evidentes de esta necesidad de espectro armonizado son el Servicio Fijo por Satélite mediante constelaciones de satélites no geoestacionarios o el Servicio de Navegación por Satélite, como el sistema Galileo proyectado por Europa. Una particularidad de la gestión del espectro es que los cambios en las disposiciones reglamentarias aplicables en cualquier banda de frecuencias necesitan de grandes períodos de tiempo transitorios de adaptación, bien porque existan usuarios que utilizan dicha banda en la actualidad o bien porque sea necesario planificar la disponibilidad de espectro para los nuevos servicios y aplicaciones que se desarrollarán comercialmente en un tiempo posterior, normalmente 5 a 10 años. Revisión del CNAF: Necesidad de discusión con los agentes interesados La revisión del CNAF supone un enorme esfuerzo por parte de la administración española para revisar y actualizar las condiciones de uso de bandas de frecuencias comprendidas entre unos pocos KHz y 300 GHz, con toda la problemática específica asociada a cada banda en particular y los requisitos de los servicios de radiocomunicación que utilizan dicho espectro. Partiendo de la dificultad mencionada anteriormente, parece que la actual versión de CNAF, conocida por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, necesitará de bastante discusión para solucionar los problemas que probablemente se les plantearán a algunos operadores, que tienen servicios operativos o están en fase de planificación. Se comentan aquí dos ejemplos evidentes en cuanto a la divergencia percibida de las disposiciones del borrador de CNAF con respecto a las decisiones de las CMR o de los puntos de vista de las Organizaciones ligadas a la gestión del espectro. Por un lado, los servicios de Acceso al Bucle Local vía Radio han desaparecido, en la práctica, del CNAF en lo que se refiere a la banda de 28 GHz, cuya utilización estaba prevista en el futuro. Esta decisión no se comprende bien considerando las importantes inversiones privadas y públicas realizadas ya en nuestro país en desarrollos y pilotos comerciales, habiéndose otorgado ya licencias para usos experimentales. La UIT ha identificado segmentos de esta banda como apropiados para el despliegue efectivo de este tipo de sistemas en complemento a otras opciones basadas en la banda de 26 GHz o en la futura banda de 40 GHz, cuando la tecnología correspondiente pueda usar esta última. La CEPT4 también ha identificado partes de esta banda como apropiadas para aplicaciones FWA5. Por otro lado, los servicios satelitales pasan en el CNAF 2001 a no disponer de protección radioeléctrica, por lo que no podrán ser utilizados en redes que no sean de aficionados, ya que no se podría garantizar el servicio. Esta peculiar situación que propone el CNAF afectaría incluso a todos los servicios de satélites ya operativos en las bandas de 11 GHz así como a los futuros servicios por satélite en las bandas 18 y 38 GHz. Quedarían así afectados todos los servicios de distribución directa de televisión al hogar (las plataformas de TV digital), las redes VSAT de aplicaciones empresariales o gubernamentales, redes de distribución de datos, distribución de señales de televisión, distribución de señales de radio, redes de soporte y reserva a cable submarino, algunos enlaces con las Islas, servicios de tele-enseñanza, etc. Prácticamente, todos los usuarios de sistemas de satélites se verán afectados, directa o indirectamente, por este planteamiento extremo del borrador de CNAF. Igualmente, los sistemas planificados de constelaciones de satélites no podrían implementar las opciones de acceso universal a la banda ancha al no poder garantizar el servicio a sus clientes. Es de esperar que del debate que se produzca entre la Administración y los fabricantes y operadores interesados en el espectro radioeléctrico, se clarifiquen las opciones de utilización del mismo en España y nos pronunciamos a favor de una armonización que asegure la consecución de las mayores economías de escala posibles. En esta armonización, es importante tener en cuenta la fuerte presencia española en Latinoamérica, por lo que las disposiciones de la UIT deberían ser el marco de referencia preferencial para España. En este contexto, es muy importante el mantenimiento de una línea coherente en las decisiones de los gestores del espectro, de tal manera que se tengan en cuenta los planteamientos y planes previos de sus antecesores en la gestión del espectro, puesto que la introducción de incertidumbre en la regulación del uso del espectro supone un freno severo para que los fabricantes, inversores y operadores decidan arriesgarse empresarialmente. Disponibilidad de información. Bases de datos del espectro La gestión del espectro se ha llevado tradicionalmente con extremada cautela por las administraciones nacionales. Este modo de gestionar el espectro podría llegar a entenderse de acuerdo con el perfil de los actores de hace años y cuando los operadores actuaban en monopolio y diseñaban parte de la política industrial. Hoy día, este escenario ha cambiado. Más de 110 empresas disponen de licencias o autorizaciones otorgadas por la CMT6 para operar sistemas vía radio. Es importante, en este entorno, que la gestión del espectro por la Administración se potencie consecuentemente. Si bien la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones dispone de normas públicas sobre los procesos de tramitación de licencias y los requisitos exigibles al solicitante, cuando el servicio o la licencia incluye el uso de espectro, es frecuente que el proceso administrativo correspondiente conlleve un impacto en los plazos esperados para obtener la resolución administrativa procedente. La Administración ha de poner la gestión del espectro radioeléctrico a la altura de la importancia económica, social e industrial que realmente tiene hoy día. Algunos países están adoptando actitudes muy transparentes en cuanto a la gestión del espectro. Para ello, están poniendo la información de uso del espectro disponible al público para que pueda consultarla, confirmar el grado de ocupación y uso del mismo y, sobre todo, planificar la utilización del espectro de acuerdo con datos fiables. La CEPT7, el grupo SAT REG de la Comisión Europea y otras organizaciones han pedido a las administraciones que faciliten información clara y precisa sobre el estado del uso del espectro en sus países. Deben evitarse las incertidumbres innecesarias con respecto a los datos o información de estado del uso del espectro, que han de utilizar los fabricantes u operadores en sus tareas de planificación. El Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación especializado en la gestión del espectro está a disposición de la Administración para colaborar en la consecución exitosa de los retos a que se enfrenta. ¿Para cuando una Agencia de Radiocomunicaciones en España? El Grupo GRETEL aboga porque se abra en nuestro país el debate sobre el mejor foro donde se deba gestionar el espectro: ¿una Agencia de Radiocomunicaciones independiente del Ministerio de turno?. Existen ejemplos en países de nuestro entorno: la Agencia Nacional Francesa de Frecuencias, la Oficina de Gestión del Espectro Suiza, la Agencia de Radiocomunicaciones Británica, el Instituto de Comunicaciones de Portugal, etc. Cada país ha adoptado una estructura de Agencia o Instituto acorde con sus necesidades nacionales o sus experiencias estructurales previas. A tenor de los resultados de gestión del espectro que se están observando en dichos países puede afirmarse que su funcionamiento no ha presentado problemas administrativos u operativos con la Administración pública. Es más, la Agencia de Frecuencias Francesa se está constituyendo en el líder indiscutible Europeo (a distancia) en capacidad de gestión del espectro, flexibilidad y agilidad operativa, preparación tecnológica, representación internacional, etc. España, que se ha debatido tradicionalmente en el seguimiento de modelos y experiencias llevados a cabo en Francia y más recientemente en el Reino Unido, países en los que ya existen desde hace años dichas Agencias de Radio, parece que podría seguir la tradición y, en este caso, no estaría de más que el debate sobre la creación de una Agencia de Frecuencias independiente en España comience, más bien pronto que tarde.
30 oct 2015
Artículo BIT
La migración del TRAC
La migración del TRAC El TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular) es un sistema operado por Telefónica, sobre las infraestructuras del servicio de comunicaciones móviles analógicas Moviline, para prestar el servicio telefónico fijo disponible al público en áreas rurales de difícil acceso. El sistema comenzó a instalarse en 1991 y, actualmente existen en torno a 255.000 líneas TRAC repartidas entre Galicia (81.200), Andalucía (39.100), Castilla León (30.800), Comunidad Valenciana (22.500) y Cataluña (12.000), así como en otras regiones. La extensión del servicio telefónico en el medio rural, ya contemplada desde 1946 en el Contrato de Telefónica con el Estado, ha sido objeto de una singular regulación gubernamental que ha ido encauzando acciones cada vez más concretas a desarrollar por Telefónica, desde el año 1978. A finales de 1987, se elaboró el Plan de Extensión de Telefonía Rural para su aplicación en el período 1988-1991. Después de finalizar este período, comenzó una nueva etapa cuya fuente normativa sería el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), con nuevas exigencias de calidad y aplicación de nuevas tecnologías, especialmente la telefonía de acceso celular, que permitiría en el desarrollo del Plan operacional 1993-1996 alcanzar la universalidad del servicio básico telefónico. La reducida capacidad de comunicación de datos del sistema TRAC (2.400 bps) y el auge de Internet está forzando su sustitución a fin de ofrecer a los usuarios de entornos rurales de difícil acceso una velocidad adecuada de transmisión de datos que permitiera la conexión a Internet con calidad suficiente. Sin embargo, los últimos meses han sido testigos de excepción de numerosas noticias en los medios de comunicación en los que se comentaba la próxima sustitución del sistema y las posibles opciones tecnológicas, de regulación y de mercado que se estaban barajando. ¿Cuáles han sido las razones que han hecho que se acelere el proceso de sustitución del sistema? Desde nuestro punto de vista, existen cinco motivos por los que se esté produciendo en este momento ese intento de cambio: • El fuerte incremento de la penetración de Internet. La aparición de las tarifas planas de telefonía ha popularizado, si cabe aún más, el acceso a Internet; esto ha acentuado las protestas de los más de 255.000 usuarios del sistema TRAC que se sienten discriminados puesto que no pueden acceder a Internet con la misma velocidad a la que acceden el resto de los abonados de telefonía fija de España. • La apuesta que se está haciendo desde el Gobierno (Plan Info XXI) y desde la Unión Europea (Iniciativa eEurope) por extender el desarrollo de la Sociedad de la Información; esto implica que los numerosos beneficios socioeconómicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones lleguen a todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que viven en zonas remotas alejadas de las grandes áreas urbanas. • La madurez de tecnologías alternativas que pueden sustituir el anticuado sistema analógico TRAC con las suficientes garantías (aumento de la capacidad de transmisión, calidad del servicio); éste es el caso de las tecnologías móviles GPRS, CDMA (utilizado en UMTS) o las redes de acceso fijo inalámbrico LMDS. • La inminente aprobación de un nuevo marco regulatorio en la Unión Europea que sustituirá al vigente, en particular la nueva directiva de servicio universal. La novedad que aporta esta nueva directiva es que se incluye por primera vez el acceso a Internet con “capacidad de transmisión suficiente para permitir el acceso funcional a Internet” dentro del servicio universal. Esta gran novedad ha sido la razón principal de que la actualización del sistema TRAC sea necesaria no sólo debido a cuestiones tecnológicas o de desarrollo de la sociedad de la información, sino desde el hecho ineludible de actualizar el actual marco regulatorio español a las nuevas directivas, en particular a la de servicio universal. • Asimismo, la telefonía móvil automática analógica en la banda de 900 Mhz. (banda que utiliza el TRAC), se extinguirá progresivamente al considerarse prioritaria la disponibilidad de frecuencias para otros servicios. Por todo ello se liberarán progresivamente la mencionada frecuencia hasta la extinción de este servicio, conforme a las necesidades existentes y en todo caso, dicha liberación deberá ser efectiva antes del 1 de Enero de 2007, fecha establecida para su extinción. Esta circunstancia es otro elemento añadido que apremia a buscar una solución razonable para la sustitución del TRAC. CÓMO UBICAR EL NUEVO SERVICIO Existen muchos interrogantes respecto a cómo sustituir el TRAC, tanto desde un punto de vista técnico, como desde el punto de vista del marco regulatorio sobre el que se desarrollará la nueva alternativa, así como de las vías de financiación para desplegar las infraestructuras. Cuestiones técnicas: • ¿Qué tecnología de acceso podría ser utilizada? Hay varias tecnologías que pueden ser apropiadas desde el punto de vista de las inversiones necesarias y las prestaciones que ofrecen. De hecho, tanto las tecnologías móviles digitales de última generación como las tecnologías de acceso inalámbrico fijo pueden ser buenas opciones para sustituir al TRAC. En cualquier caso, siguiendo el principio de neutralidad tecnológica, no se debería obligar a ningún operador a utilizar una tecnología en detrimento de otra porque esta decisión debe de ser tomada por el propio operador, de acuerdo a sus criterios. • ¿Qué velocidad de transmisión de datos mínima se debería establecer? Esta puede ser una buena oportunidad para extender el desarrollo de la sociedad de la información en España, el cual, hoy por hoy, es un objetivo político de primer nivel. Dado el exitoso papel que está teniendo el ADSL en la extensión de la sociedad de la información en las áreas urbanas, el Gobierno no debería renunciar a planteamientos ambiciosos, promoviendo, a través de la regulación, una velocidad de acceso que intentase alcanzar a la de la red telefónica fija en este entorno. • ¿Se integrará la antigua plataforma TRAC de voz con la nueva plataforma avanzada de datos? No parece lógico, desde el punto de vista técnico, que coexistan dos plataformas separadas, una de voz (y analógica) y otra de datos (y digital). Su integración facilitaría la prestación de los servicios a los usuarios, ya que pensemos en los potenciales problemas que podrían surgir en caso de que fueran dos operadores diferentes quienes prestaran el servicio sin olvidar que Telefónica es el prestador del servicio universal hasta el año 2006. Cuestiones regulatorias: • ¿Qué marco regulatorio se establecerá para prestar el nuevo servicio (servicio universal, otras obligaciones de servicio público, ...)? Este es un aspecto fundamental porque determina las condiciones con las que el operador u operadores van a prestar este nuevo servicio sustitutorio del TRAC. En caso de que se pretenda prestar de acuerdo al actual marco regulatorio de la Ley General de Telecomunicaciones, las opciones posibles estarían bajo el paraguas bien del servicio universal, bien en otras obligaciones de servicio público o en libre concurrencia, sin olvidar tener en cuenta que el nuevo marco regulatorio europeo deberá ser traspuesto, como muy tarde, a lo largo del 2003. • ¿Qué operadores prestarán el servicio? Aunque Telefónica es el operador que presta actualmente el servicio universal, no hay que descartar la posibilidad de operadores interesados en la prestación del servicio sustitutorio o en el despliegue de las infraestructuras necesarias, teniendo en cuenta posibles subvenciones que pudieran existir, o la propia política de los operadores a la vista de las posibilidades que proporciona el marco regulatorio. • Espectro concedido para la prestación del servicio. Dado que lógicamente se utilizarán tecnologías inalámbricas para la prestación del servicio, el espectro necesario se presenta como una cuestión básica. Supongamos el caso de que se utilice la misma banda de frecuencias que actualmente se usa (banda de Moviline), Telefónica u otros operadores podrían desplegar su solución tecnológica sobre dicha banda. En caso de que esa banda se adjudicara para otro tipo de servicios (nuevas licencias de telefonía móvil o la asignación de dicha banda entre los operadores de telefonía móvil actuales), el MCyT debería conceder nuevo espectro a aquellos operadores que desplegaran infraestructura o, en su caso, al prestador del futuro servicio, cabe señalar en ese sentido, que el propio MCyT en el proceso previo al concurso de las licencias de radio de 3,5 Ghz. (manifestación de interés por parte de los operadores) ya indicaba la reserva de canalizaciónen dicha banda para futuras necesidades del Servicio Universal. Como última opción, la solución posible sería utilizar las bandas de frecuencia que ya poseen otros operadores, como los de LMDS. Cuestiones económicas: • ¿Cómo será la financiación del servicio? Partiendo de la hipótesis de que el servicio podría ser deficitario, es necesario plantear qué herramientas permitirían financiar el proyecto e, incluso, qué recursos se podrían barajar para que se convirtiera en atractivo. En este caso juegan un importante papel el Fondo Nacional para la Financiación del Servicio Universal, que correspondería a una regulación del nuevo servicio sustitutorio del TRAC como servicio universal, así como otros fondos empleados para mejorar las infraestructuras de las regiones desfavorecidas (Fondos Estructurales, esencialmente de la UE) o para el desarrollo de la innovación tecnológica (PROFIT de la Administración española). Esto pasa asimismo porque se clarifique de una vez por todas, los asuntos pendientes sobre la prestación del Servicio Universal, tales como: razonabilidad, sistema contable y de cálculo de costes, fondo del servicio universal (criterios de aportación y reparto), etc. LAS OPCIONES REGULATORIAS La prestación actual de los servicios cubiertos por el sistema TRAC está amparada por la Ley General de Telecomunicaciones y por su Reglamento de desarrollo del servicio universal. En particular, en la Disposición Transitoria Tercera de ambos documentos; se establece que Telefónica es considerada, a efectos de la prestación del servicio universal, y hasta el 31 de diciembre de 2005, el operador inicialmente dominante en el mercado de telefonía fija. También se establece que a lo largo de 2005 se determinará si Telefónica conserva esa consideración en cada ámbito territorial. Para regular el nuevo servicio, el Estado podría o bien modificar el actual marco regulatorio sin necesidad de trasponer las nuevas directivas, o bien transponer las nuevas directivas europeas al marco regulatorio, desarrollando por tanto unas nuevas “reglas de juego”. En los apartados siguientes se comentan las posibles opciones regulatorias considerando la hipótesis de que el regulador, para conseguir el objetivo de prestar el servicio de Internet con “calidad suficiente para permitir un acceso funcional a Internet”, tan sólo pretende modificar el actual marco, sin trasponer las nuevas directivas. El nuevo servicio sustitutorio regulado como servicio universal La primera opción en lo referente a la regulación del nuevo servicio sustitutorio del TRAC sería la correspondiente a la utilización del concepto servicio universal. Esta opción, en principio, es la más lógica porque estaría en sintonía con la nueva directiva de servicio universal que, tarde o temprano, será traspuesta en España, y además se corresponde con el marco regulatorio que actualmente se utiliza para prestar servicios mediante TRAC. Para ello, sería necesario realizar modificaciones al Reglamento de Servicio Universal, debido a que sería necesario introducir al menos las características principales del servicio de Internet que se pretende ofrecer. En caso de que se modificara dicho reglamento, habría dos opciones diferentes: continuar imponiendo a Telefónica la prestación del nuevo servicio, para lo cual el regulador se seguiría amparando en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento, o bien, permitir a otros operadores que prestaran dicho servicio, para lo cual debería modificar o desarrollar la actual legislación. Ante la situación de que sean otros operadores los que quieran prestar dicho servicio universal2, sería conveniente resolver además de los aspectos antes señalados, otros como: demarcaciones que se establecerían (nacional, regional, etc.), procedimiento de adjudicación utilizado, condiciones impuestas a los operadores ganadores, el operador que prestaría el servicio en caso de que se quedara desierta alguna demarcación y financiación del servicio (Fondo Nacional para la Financiación del Servicio Universal). El nuevo servicio sustitutorio regulado como parte de otras obligaciones de servicio público (art. 42 lgt y Reglamento del su) La segunda opción regulatoria no vendría dada bajo el ámbito del servicio universal, sino por las obligaciones de servicio público a las que hace referencia el artículo 42 de la Ley General y del Reglamento del SU. Según este artículo, el Gobierno ”podrá imponer otras obligaciones de servicio público a los operadores (...) previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por razones de cohesión territorial o de extensión del uso de nuevos servicios”. Para ello, dado que no existe normativa que establezca las condiciones aplicables a los operadores que podrían ofrecer sus servicios por esta vía, sería necesario desarrollar adecuadamente dicho artículo 42 por vía reglamentaria u otro mecanismo similar. Dicho reglamento debería contemplar aspectos tales como: posibles demarcaciones que podrían establecerse para la prestación del servicio, número de operadores por demarcación, condiciones impuestas a los operadores e, incluso, financiación disponible. El nuevo servicio sustitutorio regulado dentro de la libre competencia La última opción sería la prestación del servicio en libre competencia. En este caso, los operadores mejor posicionados para prestarlo serían los de LMDS y/o telefonía móvil. Por otro lado, los operadores podrían acudir a diversas vías de financiación (PROFIT, Fondos Estructurales, etc. ) que compensaran las grandes inversiones iniciales. Convendría sin embargo, plantearse la necesidad de establecer algún mecanismo en caso de que se diera la situación de que en alguna demarcación no existiera ningún operador interesado en prestar el servicio. En ese caso, sería necesario acudir a alguna de las dos vías anteriormente comentadas (servicio universal o artículo 42) ya que la nueva directiva de servicio universal obliga a que todos los ciudadanos dispongan de una conexión a Internet con calidad suficiente. En el diagrama se esquematizan las tres opciones posibles. El resultado final de este proceso de decisión es el operador u operadores que prestan el servicio, bien de manera forzada (vía servicio universal o art. 42), bien de manera voluntaria (potencialmente, todos aquellos operadores con el título habilitante necesario para prestar el servicio). LA CONSULTA PÚBLICA DE LA DGTTI El 31 de julio de 2001, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información realizó una consulta pública a todos los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones autorizados para prestar el servicio telefónico fijo disponible al público y/o para explotar las redes públicas de telecomunicaciones. En dicha consulta se les preguntaba sobre su interés en “asumir el compromiso de facilitar a los actuales abonados TRAC que lo solicitasen una conexión a la red de telefonía fija que ofrezca al usuario la posibilidad de transmitir datos para acceder a Internet a velocidades similares a las que disponen el resto de los usuarios”. Las condiciones generales impuestas eran: • Calendario: El proceso de sustitución del TRAC debía estar concluido el 1 de enero de 2006, debiendo alcanzar el 60% antes del 1 de enero de 2004. • Condiciones de explotación: – Las condiciones económicas aplicables a los usuarios debían ser las mismas que las que se aplican al operador dominante en relación a la conexión a la red y la prestación del servicio telefónico fijo. – Al operador designado se le asignarían las frecuencias necesarias de acuerdo a lo previsto en el CNAF. – Podrían utilizarse fondos FEDER procedentes del Programa Operativo “Sociedad de la Información” en las zonas Objetivo 1. En teoría podría obtenerse hasta un máximo del 50% de la inversión en dichas zonas. Como vemos, de la lectura del texto de la consulta parece derivarse que el regulador estuviese analizando la solución que hemos denominado de “nuevo servicio en régimen de libre competencia”. Sin embargo, rápidamente se observaron las dificultades de esta aproximación, ya que su alcance está de por sí limitado al ámbito de las infraestructuras de rentabilidad muy dudosa salvo que dicha infraestructura sea utilizada por Telefónica para la prestación del servicio universal. En términos estrictamente regulatorios y de competencia la sustitución del TRAC se apoyaría básicamente en el concepto de servicio universal y, por tanto, difícilmente se le podría imponer al operador responsable del servicio universal condiciones de utilización de una infraestructura de un tercero que no le garantizara la integridad de la prestación del servicio. Rizando el rizo, en la actualidad se pretende instrumentar una extraña combinación de las tres soluciones indicadas. Telefónica, para proporcionar a sus clientes TRAC el acceso a Internet y para cumplir en el futuro los compromisos derivados de la prestación del servicio universal, sacaría a licitación pública la construcción y operación de una red de acceso (en su mayor parte basada en acceso radioeléctrico fijo en 3,5 GHz); ello permitiría que el operador de infraestructuras accediese a la financiación comunitaria. Esta opción; es de difícil encaje si se pretende instrumentar de una forma impositiva ya que esto iría en contra de la propia regulación del servicio universal, entre otras. La solución se nos antoja compleja y difícil de implantar. CONCLUSIONES El Gobierno, a través de los organismos que posee para regular el sector de las telecomunicaciones, no puede dejar pasar la oportunidad que se le presenta para poner a España en cabeza en cuanto al despliegue de redes de acceso a Internet en áreas rurales de difícil acceso. Ello implica proporcionar a estas áreas geográficas unas prestaciones similares a las proporcionadas mediante red telefónica fija; de esta manera se acabaría con un desequilibrio injusto de los últimos años, en los que 255.000 usuarios no pueden conectarse a Internet con la calidad suficiente y, por tanto, no disfrutar de los beneficios de la sociedad de la información. Es muy importante que se plantee sin colisiones el marco regulatorio en el que se debe desarrollar la sustitución del TRAC; estando a la vista la entrada en vigor de un nuevo marco de regulación europeo, en donde, a través de la directiva de servicio universal, este problema quedaría perfectamente resuelto, cualquier nueva medida dispositiva nacional que no estuviera en sintonía con el espíritu y la letra de la directiva se encontraría con rechazos que no harían más que retrasar la implantación del nuevo servicio en detrimento de los usuarios rurales, sin olvidar que cualquier norma relacionada con el desarrollo de la sociedad de la información se debe elevar previamente a consultas ante la Comisión Europea. Consecuentemente, y ya que estamos ante un objetivo más amplio que la propia prestación del Servicio Universal (búsqueda de fondos estructurales, impulso de nuevas tecnologías y participación de otros agentes del sector en la prestación del nuevo servicio universal, anticipación al necesario desarrollo reglamentario, etc.), consideramos que la vía de actuación debería ser doble: • Por una parte, y desde la óptica regulatoria, la Administración debería proseguir lo que es la completa definición de los aspectos pendientes en la actual prestación del servicio universal y el inicio del desarrollo reglamentario derivado de la nueva legislación Comunitaria. • Por otra, debería dejar a la libre negociación de las partes el análisis de las distintas opciones de cooperación y la viabilidad de ellas, siempre en un contexto que respete las reglas del mercado y de la competencia, limitándose el papel de la Administración al establecimiento de un marco general de actuación en el que se desenvuelvan estas negociaciones (fechas, objetivos deseables, etc.), actuando principalmente como elemento dinamizador en aquellas actuaciones que necesariamente requieran de su concurso y asegurando que éstas posibiliten una coherencia con el desarrollo reglamentario anteriormente aludido. De todo lo expuesto se deduce que el problema no es tanto “el qué hacer”, algo en lo que existe un consenso generalizado en el sector y en la propia sociedad, sino el “cómo hacerlo”. En ese sentido el MCyT debe sopesar cuidadosamente las distintas alternativas existentes, facilitando, y poniendo sobre la mesa para negociar, aquella que posibilite satisfacer una importante y legítima demanda social a través de una solución con solvencia contrastada, tanto en el plano tecnológico y financiero como en el de servicio. Bit - Nº 131 Sumario Editorial Opinión (I) Opinión (II) Opinión (III) T.R. Murcia Aragón A Vuelapluma Cataluña Bit a Bit Gente Bit Display Display Empresa Entrevista Especial Café Redacción GRETEL Portal Ingeniería Perfil ¿Qué es? Tecn. Sociedad I Tecn. Sociedad II Tecn. Sociedad III Rincón Internet Marco Regulador Pulso del Mercado Bit Recomienda N Fco. Javier García Díaz, José Luis Machota Vadillo, Jorge Pérez Martínez y Héctor Pérez Sáiz (miembros del Gretel).
30 oct 2015
Artículo BIT
Revisión del Estado de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)
Revisión del Estado de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) La LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico), actualmente (abril de 2002) en el proceso de discusión en el Congreso, tiene por objeto promover la utilización de Internet y otros servicios interactivos, por medio de intentar conferir una mayor seguridad jurídica a las actividades que se realizan en los nuevos medios electrónicos y, así, transmitir la confianza necesaria a usuarios y prestadores de servicios. Además, con esta Ley se pretende incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, (publicada el 17 de julio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas) relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico. Asimismo se pretende incorporar parcialmente la Directiva 98/27/CE relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad con lo establecido en la misma, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en la mencionada ley. Por último, conviene destacar que, en la elaboración del texto legislativo, han intervenido además del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los Ministerios de Economía, Justicia y Sanidad y Consumo. En el presente artículo se van a analizar los puntos clave de la mencionada Directiva comunitaria, así como la evolución del texto legislativo en su transposición a la legislación nacional española (LSSICE), los elementos más relevantes del citado texto y las reacciones originadas en diferentes ámbitos: política, sociedad, Internet... Elementos clave de la Directiva comunitaria 2000/31/CE La Directiva 2000/31/CE también llamada Directiva sobre Comercio electrónico persigue la creación de un marco jurídico que garantice la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre Estados miembros y no armonizar el campo de la legislación penal en sí. Con este nuevo marco jurídico se pretende estimular el crecimiento económico, aumentar la competitividad de la industria europea y fomentar las inversiones innovadoras y la creación de puestos de trabajo. La Directiva concede, además, una atención especial a la peculiar naturaleza de Internet y al papel de las partes interesadas y de la autorregulación, respetándo los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Fecha Hito 08-jun-00 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 29-sep-00 Presentación del Primer Borrador del Anteproyecto 2-20 oct 00 Consulta Pública Primer Borrador del Anteproyecto 18-ene-01 Segundo Borrador del Anteproyecto 09-may-01 Portal Kriptópolis.com inicia la campaña Anti-LSSI 11-may-01 Tercer Borrador del Anteproyecto fechado de 30 de abril de 2001 sep-01 Debates en la Comisión de la Sociedad de la Información del Senado 05-dic-01 Informe del CGPJ 17-ene-02 Fecha límite para la puesta en vigor un ordenamiento jurídico que regule las actividades realizada en Internet, ateniéndose a lo establecido en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo. 28-ene-02 El portal Mienten.com publica el denominado IV Anteproyecto fechado de 9 de octubre de 2001 08-feb-02 El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de SSICE. Se remite el texto legislativo al Parlamento para su tramitación Tabla 1. Cronología de la LSSICE En esta directiva se examinan ocho cuestiones esenciales: • El lugar de establecimiento de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, previéndose la prohibición de regímenes específicos de autorización para dichos servicios. • Las garantías de la transparencia de las actividades del prestador de servicios • Las comunicaciones comerciales (publicidad, marketing directo, etc.), fijándose determinados requisitos de transparencia para garantizar la confianza de los consumidores y fomentar las prácticas comerciales leales. • La creación de códigos de conducta por parte de las organizaciones representantes de profesiones reguladas, con objeto de permitir el comercio en línea cumpliéndose las normas de deontología. • La celebración de contratos en línea. • La responsabilidad de los intermediarios (exceptuando los meros transportistas). • La aplicación de las normativas, fomentando la elaboración de códigos de conducta a escala comunitaria, estimulando la cooperación administrativa entre Estados miembros, obligando a instaurar un sistema de recurso judicial rápido y eficaz (adaptado al entorno de los servicios en línea) y facilitando la creación de otros sistemas eficaces para solucionar litigios transfronterizos. • La definición del concepto de servicios de la sociedad de la información ó SSI (remitiéndose a la Directiva 98/48/CE Art.1 Apdo.2), como servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios Estado Actual de la LSSICE La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico ha pasado por diferentes etapas legislativas hasta su aprobación como Proyecto de Ley el 8 febrero de 2002. La tabla que se muestra a continuación muestra precisamente los hitos más destacables del camino recorrido por el texto desde la presentación del primer anteproyecto a principios del año 2000. En la actualidad, La LSSICE se encuentra en estado de Proyecto de Ley (121/000068) tramitándose en el Congreso de los Diputados. Este Proyecto de Ley fue presentado el 14 de febrero de 2002 y publicado el 22 de febrero en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. La Comisión competente es la Comisión de Ciencia y Tecnología. El plazo para la presentación de enmiendas inicialmente finalizaba el 18 de marzo, pero se amplió en sucesivas ocasiones hasta la fecha definitiva del 9 de abril de 2002. El pasado jueves 11 de abril se celebró la primera sesión de debate del Proyecto de Ley en el Congreso donde se presentaron 9 enmiendas a la totalidad: sietes de devolución y dos con la presentación de un texto alternativo (PSOE e IU). El Grupo Popular rechazó las previamente citadas nueve enmiendas. Otros partidos políticos como CIU presentaron enmiendas parciales al articulado del Proyecto de Ley. En definitiva, parece claro que el consenso político en torno al Proyecto de Ley de momento está lejos de producirse. Asimismo nótese que las consideraciones realizadas en este artículo se han realizado utilizando un texto legislativo (el Proyecto de Ley 121/000068) que puede no ser el definitivo. Los puntos principales de la LSSICE, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología destaca en su página web, se citan a continuación: • Las obligaciones de los prestadores de servicios incluyen proporcionar en su página web información básica sobre su actividad y comunicar el nombre de dominio que utilicen al registro público en que estén inscritos. • Los usuarios tienen derecho a saber el nombre, dirección postal y de correo electrónico de los prestadores de servicios y a acceder de forma fácil y gratuita a la información que éstos deben proporcionar sobre el precio y condiciones de comercialización de sus bienes o servicios a través de Internet • Se obliga a los prestadores de servicios de intermediación a colaborar con las autoridades competentes para hacer efectivas las resoluciones que se dicten para evitar o poner fin a actividades ilícitas en la Red • Se prohíbe el envío de las comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas por medio del correo electrónico (‘spam’) salvo que previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. • Los usuarios tendrán derecho a disponer de información, las condiciones aplicables al contrato y el procedimiento a seguir para ordenar sus pedidos, antes de iniciar la contratación, así como a recibir confirmación del mismo, cuando el proceso de contratación haya concluido • El proyecto de ley potencia los sistemas de solución de conflictos tanto judiciales como extrajudiciales que permitan obtener solución a los problemas planteados de forma rápida, sencilla y económica e incorporen, para ello, medios electrónicos en su tramitación Transposición a la legislación española de la Directiva Comunitaria La LSSICE también conlleva la obligación de transposición a la legislación nacional de la Directiva Comunitaria 2000/31/CE. Aunque es necesario aclarar que, como en toda transposición de una Directiva comunitaria, el Gobierno deberá comprobar si se cumplen los principios rectores de la Directiva en el ordenamiento jurídico español, y sólo en caso contrario, estará obligado a modificar el ordenamiento para adaptarlo a la Directiva en cuestión. En cualquier caso, este proceso de transposición, no exento de polémica, se examina a continuación. En primer lugar, destaca la ampliación del concepto de servicios de la sociedad de la información que aparece en el actual Proyecto de Ley con respecto a la Directiva, ya que se incluyen los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios. En segundo lugar, destaca en la exposición de motivos de la LSSICE, la omisión respecto de la Directiva comunitaria de la mención al deber de las leyes relativas a la prestación de SSI de garantizar la posibilidad de desempeñar esta actividad libremente en virtud del principio de libertad de expresión. Asimismo, destaca la transposición del Art. 6 de la Directiva según el cual la prestación de servicios de la sociedad de información no estará sujeta a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes. En la LSSICE no sólo se elimina la mención a los requisitos con efectos equivalentes sino que además en su Art. 9 se establece la obligación de inscribirse en un Registro Público, lo cual, si bien no se puede considerar autorización en sí, puede ser equivalente en ciertas circunstancias. Otro de los aspectos de mayor relevancia ha sido el tratamiento del spam o correo electrónico no solicitado. Existió una primera tentativa de implantación de listas de exclusión, de manera que un usuario, recibido el spam, puede notificar al emisor el deseo de no recibir más correos publicitarios de ese emisor (es el denominado mecanismo opt-out). Por el contrario, amparándose en la libertad otorgada por la Directiva, finalmente se ha prohibido el spam sin solicitud expresa del mismo (se ha elegido el denominado mecanismo opt-in1). Del mismo modo, se considera de gran importancia la discusión acerca de las responsabilidades exigibles a los proveedores de SSI. En el caso de la LSSICE se han redactado varios artículos sin esperar a las propuestas de la Comisión (expresamente mencionadas en la Directiva) en materias como las responsabilidades exigibles a los proveedores de hipervínculos y servicios de instrumentos de localización (Art. 16 de la LSSICE) o la definición de los procedimientos de detección y retirada de contenidos de la red (cuya mención en el Art. 16 los incluye como parte de los códigos de conducta en la LSSICE). Por último, nótese la omisión explícita en la transposición del artículo 15 de la Directiva, el cual decreta la inexistencia de obligación general de supervisión de los datos transmitidos o almacenados. Es más se establece la obligación a los prestadores, amparándose en la libertad otorgada por la Directiva, de supervisar o conservar todos los datos relativos a la actividad de un determinado destinatario durante un período máximo de seis meses y ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente. Reacciones al texto La polémica ha acompañado todas las fases por las que ha pasado (y pasará) el presente texto legislativo. Las reacciones son muy variadas: desde el rechazo total a la ley a la petición de modificación de artículos puntuales, susceptibles de generar cierta inseguridad jurídica. Partidos políticos, como PSOE e Izquierda Unida, han presentado enmiendas a la totalidad del texto legislativo. Organizaciones como Asimelec (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones) que representa al 80% de los ISPs españoles ha emitido un comunicado expresando su desacuerdo con el texto presentado como Proyecto de Ley. Asociaciones de usuarios y consumidores han firmado una posición común respecto al Proyecto de Ley. Por otra parte, desde que en mayo de 2001 naciera la denominada Campaña Anti-LSSI numerosos internautas se han adherido a la misma. Como ejemplo destacamos a Arturo Quirantes, profesor de Física de la Universidad de Granada, quien publica en su página web2 una serie de interesantes informes sobre la LSSICE. En el presente artículo nos hacemos eco de extractos de uno de los mismos. El viernes 5 de abril de 2002, la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del Partido Popular, Ana Mato, calificó de pataleta la actitud del PSOE, que supone hacer oposición por oposición ya que se trata de una ley imprescindible para desarrollar la sociedad de la información en España. Añadió que el PP tiene intención de estudiar las propuestas que recientemente han hecho públicas diversas asociaciones de internautas y usuarios, así como el sindicato CCOO, ya que algunas de ellas mejoran el texto actual. En aras de un mejor entendimiento de la problemática que nos ocupa, se presentan desagregados por conceptos los puntos más discutidos del Proyecto de Ley, acompañados de una síntesis de las posiciones en torno a los mismos. Concepto de Servicios de la Sociedad de la Información (SSI) Tal y como se comentó en la sección anterior del presente artículo en la LSSICE se ha ampliado el concepto de SSI que aparece en la Directiva comunitaria. Con respecto a este hecho, se ha destacado la necesidad de una definición más precisa del ámbito de aplicación de la Ley, delimitando las actividades económicas de aquellas que no lo son, puesto que cualquier actividad puede en última instancia estar ligado a una actividad económica. Curiosamente, no se considerarán SSI los ofrecidos mediante telex, fax, telefonía vocal o teletexto. Spam (envío de comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico) El tratamiento que se ha otorgado al spam ha variado según los anteproyectos presentados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En el segundo anteproyecto se optó por el mecanismo de opt-out mientras que a partir del tercer anteproyecto se eligió la opción de opt-in, en línea con la futura Directiva de Protección de Datos. Un comentario interesante se ha planteado en torno a si conviene precisar que la “autorización expresa” del cliente, exigida para poder enviar comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico, no pueda ir incluida en los documentos generales de contratación de bienes o servicios. Por supuesto, con respecto al spam, algunos usuarios son partidarios de su prohibición total, mientras que un número de empresas son más proclives a un opt-out. La libertad de expresión Determinados artículos de la LSSICE (como los artículos 8 y 11 del Proyecto de Ley) se han tildado de inconstitucionales y de atentar contra la libertad de expresión de los internautas. Así, según algunas interpretaciones, los artículos 8, 11, 37 y 42, tienen un contenido ambiguo que puede suponer una limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión y difusión de los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, reconocido en el artículo 20 de la CE y en el artículo 20.1. a) y d) de la Constitución Española. También se ha señalado que, teóricamente, si un prestador de servicios situado fuera de la UE y del EEE comete algunas de tales infracciones, el MCYT podría, basándose en la actual redacción de la ley, impedir el acceso de dichos prestadores desde España. La autoridad competente Se trata quizás de uno de los puntos de mayor polémica y tiene relación con el punto anterior puesto que trata sobre el organismo para llevar los mecanismos de control y sancionadores contemplados en la LSSICE. Con respecto a esta cuestión algunas organizaciones han considerado insuficientemente definida en el texto la intervención de la autoridad judicial en todos aquellos supuestos en los que pudieran verse afectados derechos fundamentales y las situaciones en la que la autoridad administrativa puede actuar. También se ha destacado la confusión e inseguridad jurídica que supone la introducción de términos como “autoridades competentes”, “órgano competente”, “autoridad competente por razón de la materia”, “autoridad administrativa competente”, … a lo largo del texto del Proyecto de Ley (artículos 8, 11, 39 y 44). También se ha señalado la falta de claridad en cuanto al sujeto competente para autorizar o impedir el acceso a la información de un web, estimando que puede repercutir en una situación de inseguridad jurídica. Sanciones En relación con los puntos anteriores (libertad de expresión y autoridad competente) se encuentran las sanciones contempladas en caso de cometer algunas de las infracciones recogidas en la ley (Art. 38 y 39). Con respecto a estas sanciones se ha reclamado que se respete el principio de proporcionalidad, tomando como referencia no sólo el incumplimiento legal tipificado, sino también el perjuicio que puede suponer para los consumidores y la realidad económica del prestador del servicio. También se solicita la aclaración de la forma en la que se cuantificarán las multas, consideradas por las organizaciones profesionales “desproporcionadas entre los grandes y pequeños proveedores de servicios”. A modo de conclusión, cabe señalar que los autores de este artículo estiman de gran importancia la existencia de una ley que tenga el fin de promover el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y afianzar la seguridad de los ciudadanos en las comunicaciones y servicios electrónicos. Sin embargo, el texto legislativo que el Gobierno ha presentado como Proyecto de Ley adolece de precisión y claridad jurídica tal y como se ha señalado en los puntos anteriores. Nótese que existen otros aspectos del Proyecto de Ley que no se han analizado en el presente artículo, como el criterio de consentimiento establecido para la contratación electrónica (Disposición Adicional Cuarta del Proyecto de Ley) que puede dar lugar a interpretaciones malintencionadas de la futura ley. Por consiguiente, los autores abogamos por un mayor rigor legal del articulado del Proyecto de Ley para que España pueda contar con su primera ley de la Sociedad de la Información con la seguridad y confianza jurídica que este acontecimiento merece. 1 En consonancia con la futura Directiva de Protección de Datos en comunicaciones electrónicas 2 http://www.ugr.es/~aquiran Bit - Nº 132 Sumario Editorial Opinión Entrevista A Vuelapluma H. Valencianos Cataluña Bit a Bit Display Display Empresa Gente Bit Especial Café Redacción GRETEL Tecn. Sociedad I Tecn. Sociedad II Portal Ingeniería Perfil ¿Qué es? Rincón Internet Pulso del Mercado Bit Recomienda N Autores: Jaime Castellano Cachero, Claudio Feijóo González y Roberto Sánchez Muñoz (Miembros del GRETEL)
30 oct 2015
Artículo BIT
Los mercados relevantes en el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones
Los mercados relevantes en el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones1 El nuevo marco regulador de las telecomunicaciones aprobado recientemente por el Consejo y el Parlamento Europeo supone un cambio en los instrumentos a utilizar en la regulación de estos mercados. El objetivo sigue siendo la apertura y confianza en la competencia y libre iniciativa para una mejor provisión de servicios y de redes de telecomunicaciones en la UE. Los instrumentos ahora propuestos siguen centrándose más en forzar condiciones para dar cabida y/o defender la competencia mediante la imposición de obligaciones a los operadores históricos. La diferencia es que ahora cambia tanto el umbral para imponer las obligaciones (abandonando el criterio del 25% del mercado) como el mercado objetivo, pasando a ser todos los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Se trata a partir de ahora de evaluar en primer lugar si la competencia funciona o no en un mercado concreto, y si la respuesta es negativa, será entonces cuando las autoridades sectoriales podrán imponer mecanismos de regulación sobre los operadores considerados dominantes. En la Directiva Marco del nuevo paquete se explicita claramente que el test en el que se basará la intervención reguladora será el de la ausencia de competencia efectiva en los mercados analizados. La delimitación del alcance de los mercados Un ejemplo claro del cambio que este nuevo marco supone es el referido a la delimitación del alcance de los mercados. Desde el inicio del proceso liberalizador en la UE los mercados en que se consideraban necesario intervenir (básicamente telefonía fija disponible al público, circuitos arrendados e interconexión) se definían implícitamente, es decir sin realizar un verdadero análisis de la necesidad de las medidas impuestas ni del alcance a nivel de servicios o a nivel geográfico, de cada uno de ellos. Simplemente se presuponía su necesidad. Con la aplicación del nuevo marco hay que hacer explícita la necesidad de cualquier decisión reguladora. Ello obliga a segmentar los mercados (por productos y áreas geográficas), analizar el grado de competencia y en su caso identificar los operadores con posiciones de dominio en cada uno de esos mercados. Solo entonces es posible imponer normas reguladoras “ex ante”. La secuencia de decisiones a adoptar y los órganos responsables de cada decisión son las siguientes: 1. La Comisión Europea define los mercados relevantes en la dimensión del producto. Esta delimitación se realiza a través de una Recomendación donde publicará la categorización de estos mercados. Si bien es cierto que una ANR de un Estado Miembro podrá, previa justificación, desviarse de esta delimitación de mercados relevantes, la propia Comisión Europea se reserva un derecho de veto a nuevas definiciones nacionales siempre y cuando éstas puedan atentar contra la unidad de mercados en la UE2. 2 Las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) de los Estados Miembros deberán delimitar esos mercados a nivel geográfico. 3. Más tarde las ANR analizan el grado de competencia efectiva en los mercados. Si encuentran ausencia de competencia en algún mercado, deberán identificar qué operadores ostentan posiciones de dominio tales que obstaculicen el buen desarrollo de la competencia. 4. Una vez éstos quedan identificados, las ANR deberán imponerles al menos una condición sobre su comportamiento de tipo “ex ante”. Cabe plantearse aquí, si tiene siempre sentido imponer obligaciones ex ante por el mero hecho de disfrutar de una posición de dominio. La evaluación del grado de competencia y de la idoneidad de las imposiciones ex ante a imponer, lo realizarán las ANR en el Análisis de Mercado, verdadero instrumento periódico de regulación del día a día del sector. En la actualidad estamos todavía en la fase primera. La Comisión Europea comenzó un proceso de consulta en 2001 sobre la delimitación de los mercados relevantes en el marco de la definición de las Directrices sobre la definición y evaluación del mercado, proceso que aun no ha finalizado, y tiene previsto otro proceso de consulta pública sobre la propia Recomendación que hemos mencionado. En el siguiente apartado explicaremos los principios que han guiado este proceso. Como vemos, la delimitación de los mercados es el medio escogido por la Comisión Europea para transformar el rígido marco regulador actual, donde básicamente la intervención reguladora era el motor del proceso, a otro donde las fuerzas del mercado permiten marcar los pasos y evolución. El mercado relevante a efectos de aplicación de los principios de defensa de la competencia El mercado a efectos de la defensa de la competencia se entiende que es el “espacio comercial en cuyo interior debe evaluarse la potencia económica de la empresa en relación con sus competidores”, tal y como refrendó el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el caso AZKO. Hacemos notar al lector que esta definición no coincide con la definición de mercado económico. Las autoridades de defensa de la competencia cuando analizan un posible abuso de una posición de dominio tratan de identificar el conjunto de productos o servicios en el que una empresa por su posición en el mercado pueda elevar precios, restringir el output o realizar prácticas de exclusión de cara a rivales tales que de ese modo la empresa obtenga mayores beneficios. En este sentido es como se define el mercado relevante en el sentido anti- trust: es el área económica (que comprende servicios y localizaciones) donde una empresa puede ejercitar su poder de mercado. Sin embargo, y a diferencia de la práctica anti- trust, para la regulación sectorial “ex ante” no tiene demasiada importancia si se dan o no las condiciones adecuadas para que una empresa que practique conductas abusivas tenga éxito en sus estrategias anti- competitiva, pues es casi una condición intrínsica de algunos mercados de telecomunicaciones. Para minimizar este efecto se pide que cuando se analicen posiciones de dominio y se determinen los remedios regulatorios a imponer se haga un análisis prospectivo de la posición de dominio que podría aconsejar a un regulador, contra lo que inicialmente pueda parecer, la no determinación de una posición de dominio y con ello la no imposición de obligaciones. Básicamente lo que el mercado relevante busca es identificar las fuerzas, vía demanda y vía oferta, que disciplinen a la empresa en cuestión en su política de precios, impidiendo que ésta pueda elevar precios y que esto le salga rentable. Estas fuerzas que disciplinan el comportamiento de la empresa (y por tanto determinantes de la extensión del mercado relevante a efectos de la aplicación de la defensa de la competencia) son: 1 La sustitutabilidad de demanda: la existencia de productos similares al ofrecido por la empresa, los cuales pueden ser demandados por los consumidores si la empresa en cuestión eleva el precio de venta del suyo propio. 2 La sustitutabilidad por el lado de la oferta: posibilidad de que si la empresa A eleva el precio de su servicio, otras empresas inicialmente operativas en otros mercados puedan ajustar su función de producción y entrar a ofrecer un producto similar al ofrecido por la empresa A, disciplinando de este modo su política de precios. 3 La competencia potencial: posibilidad de que agentes económicos no activos en el mercado en cuestión puedan entrar sin costes de entrada significativos y de un modo rápido al mercado inicial, disciplinando de nuevo de este modo el comportamiento de la empresa A. En el análisis de la extensión de un mercado sin duda el factor 1, sustitutabilidad de demanda, es el más importante. De hecho en muchos casos anti- trust la sustitutabilidad de oferta apenas ha sido tomada en consideración. Los elementos 2 (sustitutabilidad de oferta) y 3 (competencia potencial) no son considerados de primer orden para la delimitación del mercado (sí son considerados importantes, en cambio, para la identificación de la dominancia de una empresa). Pero en el sector de las telecomunicaciones tenemos que son en general empresas multi- servicios, que pueden, en ocasiones, comenzar a ofertar un servicio rival en un breve espacio de tiempo y sin costes adicionales importantes. En este sector la entrada de rivales procedentes de otros mercados al mercado de interés es muchas veces viable e importante y por tanto la entrada potencial de rivales sí es una fuerza disciplinadora relevante. Hay ocasiones, además, que la regulación existente impide la entrada rápida y sin costes significativos de nuevos operadores a un mercado concreto. Estos costes deben ser tenidos en cuenta en la delimitación del mercado. La delimitación de los mercados relevantes es crucial tanto en sí misma como por que es una pieza básica del posterior análisis de la dominancia de un operador. Y es básica esta pieza porque afecta a los criterios estructurales que se aplicaran posteriormente para determinar el PSM (Peso Significativo en el Mercado) de un operador. La dominancia es la capacidad de una empresa de ejercitar su poder de mercado y éste es un comportamiento de un operador. Pero medir el comportamiento es más difícil que hacer uso de criterios estructurales de concentración, participación o de barreras a la entrada. Es por esta razón por la que las autoridades anti- trust para determinar el PSM suelen recurrir a criterios de tipo estructural, y no tan frecuentemente al análisis del comportamiento de las empresas. Los criterios estructurales utilizados son: grado de concentración (bien de una empresa, bien de un grupo de ellas, bien la distribución de las participaciones de todas las empresas y análisis de las asimetrías en la distribución por tamaños), el grado de diferenciación de los productos y el grado de barreras a la entrada. Muy en especial la cuota de mercado, medida bien en términos monetarios o bien en alguna medida física del output, es una medida muy utilizada. Es evidente que estos criterios tiene limitaciones clarísimas, pero sigue siendo una de las medidas básicas que aproximan la dominancia de un operador. Por otro lado, si un mercado concreto se define de un modo muy estrecho, es más fácil que la participación (en ventas) de una empresa grande aisladamente sea relativamente menor con respecto de las demás y con respecto a su tamaño. Si en cambio el mercado relevante en donde se calcula la participación de esa empresa es más amplio (incluye a más productos y servicios, a un mayor número de localizaciones geográficas o de potenciales productos rivales....) entonces la participación de esa empresa en este nuevo mercado más amplio aumentará dado que proporciona un mayor número de servicios y puede muy bien ser que este cambio sea muy importante, tanto como para que pasemos de considerar a esta empresa como no- dominante a dominante (en base al uso simplista de su cuota de mercado como proxy de dominancia). El mercado se define en base a dos dimensiones: 1. la dimensión del producto, y 2. la dimensión geográfica (o espacial). La primera dimensión trata de identificar a todos los servicios que sean de algún modo sustitutos desde el lado de la demanda con respecto del producto inicialmente considerado. La dimensión espacial trata de identificar los servicios y las empresas que a pesar de encontrarse en localizaciones distintas pueden suponer una fuerza disciplinadora para el producto de interés. La Comisión Europea publicó una Notificación en 1997 en la cual afianza más los criterios detrás de estos dos elementos del mercado anti- trust3. En los mercados de telecomunicaciones, la Comisión Europea es la encargada de la delimitación de los mercados en base a la dimensión de productos o servicios, y las ANR, en colaboración con la Comisión, de la clasificación en base a la dimensión espacial. La delimitación de los mercados relevantes tiene dificultades claras a nivel metodológico. Se trata de saber qué servicios son considerados por los consumidores como sustitutos más o menos cercanos. Hay muchas metodologías disponibles para medir este grado de sustitutabilidad entre servicios. Pueden ser estudios de tipo econométrico en donde se trate de estimar una demanda a la que se enfrenta el operador en cuestión, la demanda residual, para a partir de ella obtener la elasticidad -precio (bien directa o bien cruzada) de los servicios de interés. Este tipo de estudios es enormemente útil aunque siempre estará sometido a críticas sobre el método de estimación utilizado y a calidad de datos desagregados. En EEUU, es muy frecuente, en casos anti- trust dedicar grandes recursos del proceso a la estimación y crítica de métodos cuantitativos para la delimitación de los mercados relevantes. Es necesario reconocer que los alcances de los mercados son algo complejo y cambiante, debido a factores de demanda y de oferta exógenos, y a esta realidad se deberán adaptar los reguladores. Se pueden desarrollar también estudios de tipo experimental, en los cuales se realizan muestreos específicos en donde a un conjunto representativo de usuarios se les pregunta por sus hábitos de consumo y por posibles cambios en los mismos cuando algunos precios cambien significativamente. Estas evidencias de tipo experimental son muy útiles pero tienen la crítica de que al no ser un comportamiento efectivo, de mercado, de esos consumidores, sino tratarse tan solo de declaraciones (que no implican decisión o coste efectivo alguno), su consistencia con respecto al comportamiento efectivo está limitada. En mercados donde la innovación en servicios o productos es importante, y las telecomunicaciones son una muestra clara de ello, hay dificultades adicionales en la definición del alcance de los mercados. Estas dificultades se basan tanto en la aparición de innovaciones como en ocasiones en estrategias propias de los operadores que ayudan a segmentar transitoriamente mercados que en sí mismos podrían estar incluidos en un mismo mercado relevante. El ejercicio ahora se hace aun más difícil porque la delimitación del mercado se debe hacer de un modo prospectivo y teniendo en cuenta los posibles desarrollos a nivel de servicios que puedan ocurrir en el futuro próximo. En cualquier caso, la Comisión deja claro en la Directiva Marco y en las Draft Guidelines que la delimitación de los mercados (o la determinación de operadores con PSM) de una ANR en el contexto de este marco regulador no implica ninguna convalidación a la delimitación de un mercado que pueda desarrollar una Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) en el contexto de un caso anti- trust que deba decidir. A pesar de que la coherencia entre ambas decisiones y ambas instituciones es muy aconsejable, una delimitación de la ANR no presupone su validez en el ámbito de las decisiones de una ANC. La Comisión Europea publicó en Julio 2001 unas Guidelines de aplicación de los principios de defensa de la competencia, básicamente recogidos en los Artículos 81- 86 del Tratado de la UE, al sector de las telecomunicaciones. Hay novedades en este Documento en cuanto que aparecen elaborados conceptos importantes: análisis prospectivo de mercados, dominancia colectiva y dominancia multi- mercado en especial. A pesar de que estos conceptos ya habían sido utilizados en casos anteriores por la Comisión Europea y refrendados por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en este documento se extienden los principios a aplicar. Era necesario especificar algo más las normas básicas de la competencia a este sector porque esta actividad de red comparte una serie de características en todos los países de la UE que influyen sobre la aplicación de los principios anti- trust. Estas características son: economías de red, integración vertical de operadores históricos, regulación estricta de algunas actividades, gran innovación en servicios y en procesos, convergencia de tecnologías y servicios y existencia de objetivos, aunque muy heterogéneos a través de la UE, de Servicio Universal. A nivel metodológico se propone un test muy conocido a aplicar para definir la extensión de los mercados tanto para su evaluación vía demanda como vía oferta: el test del hipotético monopolista (o llamado test del 5%). Este test fue inicialmente propuesto por el Departamento de Justicia de EEUU en 1984 y básicamente intenta identificar el poder de mercado de un operador haciendo el ejercicio de ir aumentando la extensión de un mercado inicialmente definido, para ir incluyendo productos (o localizaciones) al mercado inicial hasta que el (los) operador (es) en cuestión no tenga ya posibilidad de incrementar precios, restringir el output y obtener así mayores beneficios. Este test se basa en la idea de mercado anti- trust la cual trata de identificar el área económica (a través de servicios o bien de localizaciones) en la cual una empresa pueda ejercitar su posición de dominio. De hecho el propio Departamento de Justicia definió la extensión de un mercado a efectos anti- trust como: “el número de productos y un área geográfica asociada tal que (en ausencia de nueva entrada) una empresa hipotética que cubra ella sola todo el mercado puede incrementar sus beneficios a través de un incremento pequeño pero no transitorio en el precio”. Este test es muy útil y aproximaciones al mismo se pueden realizar a través de la estimación de demandas residuales para una o un conjunto de empresas. El problema que tiene es que requiere de estimaciones econométricas muy a menudo intensas en tiempo y en datos que en ocasiones no están disponibles. La definición del alcance de los mercados plantea una tensión importante a nivel práctico. Si, por un lado, los mercados se definen de un modo muy estrecho, es posible que no se esté caracterizando bien el grado de sustitutabilidad y de rivalidad, aunque sea limitada a ciertos grupos de consumidores, de los bienes que ofrece un conjunto de empresas. En la definición del mercado anti trust se deben incorporar todos aquellos servicios que de algún modo sirvan a un mismo fin o bien sean percibidos por los consumidores como sustitutos de tal modo que disciplinen a los oferentes de los mismos en sus precios y estrategias comerciales. Si no se hace así, se estarán ignorando fuerzas competitivas importantes para las empresas. Además, la convergencia y la innovación de servicios pueden hacer muy pronto de una delimitación estrecha algo artificial y no operativo a nivel regulatorio que puede incluso frenar el desarrollo de las innovaciones y de la competencia. Otra razón adicional para la cautela en la delimitación demasiado estrecha de mercados en este nuevo marco regulador se basa en las consecuencias. Ya hemos dicho como la delimitación de los mercados es un paso necesario y previo al de la determinación de la dominancia. Si se encuentra posibilidad de dominancia de un operador, la ANR deberá imponerle condiciones sobre su comportamiento, y el conjunto de obligaciones y restricciones que una ANR puede llegar a imponer de modo ex ante es muy amplio y estricto. Si la delimitación del mercado inicialmente efectuada es muy estrecha se puede crear una segmentación artificial del mercado con consecuencias posiblemente negativas sobre los incentivos a la entrada, a la innovación y a la competencia sana entre las posibles empresas activas. Si, por otra parte, se definen los mercados de un modo muy amplio se podía estar enmascarando el poder de mercado de las empresas con las implicaciones que para la dominancia esto puede traer. Del mismo modo, al incluir a muchos productos o servicios en la misma categoría se puede estar sub-representando el grado de rivalidad (bien entre servicios bien entre rivales potenciales) a los que se somete un conjunto de empresas con consecuencias negativas para las decisiones regulatorias y evolución posterior de la competencia. La Comisión sugiere que se deben distinguir mercados atendiendo a los criterios de: - el usuario final: cabe distinguir por tipos de clientes. La Comisión considera que en cuanto a servicios finales, los servicios ofrecidos a empresas pueden formar parte de un mercado distinto de los servicios ofrecidos a usuarios residenciales, debido a su diferente demanda de volumen, usos alternativos y diferentes políticas comerciales que se les aplican. Este criterio basado en quien sea el cliente final es profusamente utilizado en casos anti- trust referidos a otros sectores cuando se observa que el comportamiento de éstos y los contratos que reciben son muy diferentes. - asimismo parece que los servicios de voz y de datos por redes móviles forman mercados diferenciados de los mismos servicios finales ofrecidos por redes fijas. - si el servicio es un input o se trata de un servicios final: la Comisión entiende que se debe distinguir entre servicios ofrecidos a nivel de input (redes, mercados mayoristas o wholesale) y servicios finales que transitan por las redes (o mercados minoristas, retail). Este criterio representa la existencia de dos mercados que se consideran independientes entre sí en sus determinantes básicos (costes y demanda): el mercado de infraestructuras (de acceso) y el mercado de servicios para el consumidor final. Esta delimitación importa en especial si tenemos en cuenta la existencia de activos esenciales (cuellos de botella) en poder de los operadores históricos y la posibilidad de estos de poder ofrecer un servicio (el acceso) y el otro (el servicio final) en un solo paquete a precios que los entrantes sin red propia no puedan igualar. Si el objetivo básico del nuevo paquete es garantizar unas condiciones de competencia efectiva en los mercados, este principio de delimitación de mercados relevantes ayudará mucho a conseguir el objetivo. Comentarios GRETEL Hemos expuesto los principios que según el Nuevo Marco deben guiar la delimitación de los mercados relevantes a efectos de aplicación de la regulación ex ante o bien de los principios de la defensa de la competencia, aplicados de forma ex post. A continuación se describen algunos problemas e incertidumbres que hemos detectado en los debates habidos entre los distintos miembros del GRETEL al analizar este tema. Relación entre “ausencia de competencia efectiva” e identificación de operadores dominantes Como hemos visto, en el nuevo marco regulador para poder intervenir en un mercado se requieren dos elementos, y el problema es que se requieren de un modo conjunto/ simultáneo: 1. que el mercado concreto no funcione en competencia efectiva, y 2. que la autoridad sectorial haya identificado a uno (o a varios) operador como dominante. Será entonces, cuando se den ambas condiciones, cuando la autoridad impondrá obligatoriamente condiciones sobre el comportamiento del operador considerado como dominante. Sin embargo, puede muy bien ocurrir que por hechos no imputables a ningún operador en concreto, un mercado aun no funcione con una oferta variada de servicios en rivalidad. Este tipo de situaciones se da con frecuencia en escenarios de incorporación/renovación de nuevas tecnologías (inversiones en nuevas redes), en momentos de incertidumbres sobre comportamientos de la demanda (desconocimientos de los modelos de negocio) o cuando existe dificultades para obtener los recursos de capital necesarios (desconfianza de los mercados financieros). Esta situación está sucediendo en estos momentos en los mercados emergentes de servicios de banda ancha sobre redes fija y los servicios sobre las nuevas generaciones de redes móviles. Si el objetivo último del nuevo marco regulador es garantizar condiciones de competencia efectiva, se debe dejar libre iniciativa y restringir el comportamiento de los operadores que frenen la competencia solo en aquellas dimensiones donde se considere necesario hacerlo. Pero restringir el comportamiento de algunos operadores de un modo innecesario cuando estos pueden traer inversiones, innovaciones y rebajas en los precios, puede ocasionar costes de eficiencia muy altos. Creemos deseable que las autoridades sectoriales, antes de determinar al operador con PSM realicen un estudio profundo del mercado económico en sí mismo para poder evaluar, en caso de que así ocurra, los factores que hacen que ese mercado en concreto no funcione en competencia efectiva. Esto es, se deben identificar los determinantes- en ocasiones exógenos a los operadores activos- que frenan el desarrollo de la competencia. En relación a la diferenciación entre mercados mayoristas y minoristas y la ausencia del criterio de “tipo de cliente final” En la delimitación específica que esta realizando la Comisión Europea parece aplicarse planteamientos diferentes en cuanto a la extensión de los mercados de mayoristas y de los mercados de minoristas. Creemos que esto puede tener consecuencias negativas en la medida en que no permitan la realidad competitiva de los mercados ni las fuerzas competitivas e innovadoras que inciden en ellos. En este sentido los instrumentos puestos a disposición para la regulación y para la delimitación de los mercados relevantes en el nuevo marco son muy ricos y pueden ser enormemente útiles para lograr el objetivo deseado: mercados de telecomunicaciones abiertos y en competencia, pero en la aplicación concreta de estos principios parece que la Comisión Europea no ha utilizado plenamente el instrumental a disposición. Por ejemplo, es posible definir extensiones de mercados concretos en base a criterios como tipo de cliente final (por ejemplo, residencial vs. empresa). Pero este criterio no ha sido utilizado en la primera categorización realizada por la Comisión en los mercados minoristas. La distinción del mercado relevante en base al criterio del tipo de cliente final puede ser muy útil y es profusamente utilizada en otros ámbitos de la política de defensa de la competencia. En mercados mayoristas, por otro lado, delimitaciones más amplias son posiblemente deseables. Un ejemplo puede ser el acceso desagregado. Desde el punto de vista de los operadores, existentes y potenciales, diferentes tipos de acceso pueden entrar en competencia cuando toman la decisión de con qué tecnología entrar en un mercado concreto. La sustitutabilidad entre tecnologías alternativas puede darse si pensamos en un horizonte temporal que no sea del corto plazo, y dado que estamos en un sector en donde las amortizaciones, los planes de negocio y los procesos de entrada llevan largos periodos de tiempo, el horizonte temporal a considerar en estos mercados de redes (o mayoristas) debe necesariamente ser más largo que en los mercados finales, de minoristas. Y esto tiene implicaciones de política de defensa de la competencia claras. Además, la propia Comisión Europea en el nuevo marco establece claramente que el análisis del mercado se debe realizar de un modo prospectivo, o sea , teniendo en cuenta la evolución próxima estimable de tecnologías, servicios y convergencia. Si se confía en los incentivos del mercado como fuerza básica en la asignación de recursos de este sector, está claro que si las empresas establecidas obtienen beneficios extraordinarios, son los propios incentivos de los potenciales entrantes los que harán que estos beneficios se reduzcan al abrirse procesos de entrada con la misma o con tecnologías que permitan la oferta de los mismos servicios. Delimitar muy estrechamente los mercados mayoristas puede conducir a decisiones reguladoras que segmenten artificialmente la actividad en base a la tecnología utilizada, lo cual no solo va contra el principio de la neutralidad tecnológica, sino que puede tener implicaciones negativas en la competencia entre tecnologías e infraestructuras alternativas que se pretende conseguir. La heterogeneidad de su aplicación en los distintos Estados Miembros Por último, queremos resaltar la posible heterogeneidad en la aplicación de los principios de defensa de la competencia a través de los Estados Miembros, en especial con la ampliación de la UE a países del Este de Europa. Esta heterogeneidad puede venir por dos vías: por un lado la tradición, recursos y grados de independencia de los distintos reguladores nacionales sectoriales en una UE ampliada serán aun mayores que las existentes. Esta diversidad cultural importa en cuanto a la aplicación más o menos severa de los principios del nuevo marco para abrir los mercados de telecomunicaciones. Por otro lado, la divergencia en las políticas puede proceder del hecho de que las situaciones de partida y el grado de madurez en los distintos mercados en la UE son muy distintos en cada país, y será por tanto natural encontrar grados de regulación distintos en los diferentes mercados de la UE. Esto puede suponer una cierta asimetría reguladora, necesaria a corto plazo, que puede frenar algo los incentivos a la entrada y consolidación de las empresas. Bit - Nº 133 Sumario Editorial Opinión Entrevista A Vuelapluma H. Valencianos Teleco. R. Murcia Gente Bit Display Display Empresa Especial Café Redacción GRETEL Perfil Pulso del Mercado ¿Qué es? Tecn. Sociedad Rincón Internet Bit Recomienda N 1 Este artículo ha sido preparado por Iñigo Herguera, José Luis Machota, Francisco Javier García y Jorge Pérez. Todos los autores son miembros del GRETEL 2 Art. 7 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, Bruselas, Febrero 2002.. Los alcances de los mercados son algo complejo y cambiante, debido a factores de demanda y oferta exógenos, y a esta realidad se adaptarán los reguladores
30 oct 2015
Artículo BIT
"Comentarios al borrador de anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones"
Nuevo marco europeo Superada la transición del régimen de monopolio al de plena competencia, caracterizada por una regulación intensiva a tal fin, la reforma debe conducir a una reducción de la carga normativa permitiendo un mayor juego al mercado y a la normativa general aplicable al mismo, en particular, la de competencia. Surge la necesidad de tomar en consideración además otros aspectos, entre ellos la convergencia de los sectores en torno a las comunicaciones electrónicas. El nuevo marco regulador está compuesto por una Directiva marco1, cuatro Directivas específicas (de autorización, acceso, servicio universal2 y sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas3) y una Decisión (espectro radioeléctrico4). Los Estados miembros deben realizar su transposición adoptando y publicando las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias, a más tardar el 24 de julio de 2003. Con objeto de que se trate de un proceso armonizado éstas se aplicarán a partir del 25 de julio de 2003. Proceso de transposición Existían diversas posibilidades para la incorporación al Derecho español de las directrices comunitarias que definen el nuevo marco regulador para las comunicaciones electrónicas. La transposición no se podía abordar únicamente con modificaciones de los Reglamentos ya que algunos de los principales cambios introducidos por la nueva legislación europea afectan a conceptos definidos en el cuerpo normativo de la LGTel 985, es el caso del régimen de Títulos Habilitantes o el concepto de poder significativo de mercado. Por tanto, las opciones para hacerlo son bien modificar la actual Ley General de Telecomunicaciones de modo que se recojan los cambios dictados desde Bruselas, bien crear una nueva Ley. La opción elegida finalmente por el Gobierno español ha sido la de crear una nueva Ley. Con una vocación de cambios mínimos respecto al texto anterior declarada desde el inicio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) elaboró un borrador de antepro- El 24 de abril de 2002, con la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) de un conjunto de nuevas directivas, se hacía realidad la reforma del marco regulador europeo de las telecomunicaciones comenzada con la Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones. Comentarios al borrador de anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 82 1 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33) 2 Directivas 2002/20/CE, 2002/19/CE y 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 (DO L 108 de 24.4.2002, p. 21, 7 y 51, respectivamente). 3 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37). 4 Decisión 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (DO L 108 de 24.4.2002, p. 1). 5 Ley 11/1998, de 25 de abril, General de Telecomunicaciones (BOE de 25.4.1998). Este artículo ha sido preparado por Vanessa Ruano Nájera con la colaboración de los siguientes miembros del GRETEL: Raúl Cabanes Martínez, Jaime Castellano Cachero, Claudio Feijóo González, José Fernández-Beaumont, Francisco Javier García Díaz, José Luis Gómez Barroso, Íñigo Herguera García, José Luis Machota Vadillo, Francisco Mellado García, Jorge Pérez Martínez, Roberto Sánchez Muñoz, Iván Segura Zamora y Julián Seseña Navarro.llos ámbitos donde puedan ejercer su condición de dominancia, y que es su conjunto son las que ya existían en la normativa anterior, en relación con controles tarifarios, explotación de determinados servicios, selección y pre-selección de operador, así como en materia de interconexión y acceso. En consecuencia, la definición y el análisis del mercado –concepto éste sencillo en su concepción pero complicado en su ejecución- serán piezas clave de la regulación. – Se mantiene la regulación del servicio universalmodificando el conjunto de las prestaciones que lo integran para incluir el acceso funcional a Internet; desde la Comisión Europea se hace especial hincapié en que por el momento no se trata en ningún caso de un acceso de banda ancha, aunque posteriores revisiones analizarán este punto. Sin embargo, también se puede observar un cambio en el enfoque de la nueva normativa en cuanto a los operadores que pueden ser designados para la prestación del servicio universal, podrán recibir esa designación todas las empresas autorizadas. – El nuevo marco comunitario se refiere a las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, asumiendo el proceso de convergencia de redes y servicios. Además del cambio terminológico, es de destacar las referencias incluidas en las distintas directivas a las BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 83 yecto de nueva Ley General de Telecomunicaciones, que hacía público el pasado mes de julio con el fin de abrir un período de consulta pública sobre el mismo. En la actualidad el borrador propuesto desde el Ministerio está siendo estudiado por la Comisión Europea. El GRETEL, en calidad de grupo experto en temas de regulación, es invitado a colaborar en el análisis del borrador. Este grupo viene realizando un seguimiento del proceso desde que comenzara la reforma del marco regulador comunitario6. El análisis del anteproyecto de ley se hace observando el grado de fidelidad a la hora de realizar la transposición, ya que si bien las normas dictadas desde Bruselas son líneas genéricas que pueden tomar diferentes formas al incorporarse al Derecho de cada Estado miembro, su esencia se debe respetar y cumplir, independientemente de la articulación concreta elegida por cada gobierno para hacerlo. El estudio se afronta también desde la búsqueda de cambios con respecto al texto de 1998 cuyo principal objetivo era la apertura del mercado a la competencia. Por último, y dado que se ha optado por crear una nueva Ley, se trata de realizar una reflexión sobre el borrador desde la búsqueda de soluciones a problemas surgidos en los últimos tiempos, en concreto allí donde se identificó que el anterior texto presentaba dificultades. Principales objetivos de la reforma comunitaria: Transposición Pueden considerarse como elementos principales de la reforma comunitaria que deben constituir a su vez los puntos fundamentales de la modificación de la Ley española los siguientes: – Dentro de la reducción de la carga normativa que supone el nuevo marco, se simplifica el régimen de entrada al mercado y de prestación de servicios mediante la unificación de los títulos habilitantes en una única autorización general. Otro aspecto es que debe impedirse que cuestiones de forma o comportamientos intervencionistas vengan a poner freno a la innovación y a la evolución tecnológica. – Procura también introducir un mayor grado de armonización en aquellas áreas en las que la experiencia de los últimos años ha demostrado su necesidad, en particular, en materia de asignación y uso del espectro radioeléctrico. En este sentido, es importante destacar que simultáneamente a la aprobación de las cuatro directivas antes citadas se promulgara la Decisión del espectro. – Es importante destacar el carácter armonizadordel nuevo marco: es deseable y necesario establecer unas normas de juego comunes bajo las cuáles todas las partes gocen de igualdad de condiciones. Pensemos por ejemplo en un escenario donde la dispar normativa entre Estados miembros resulta determinante para una empresa en el momento de decidir dónde realiza una cuantiosa inversión, o en las ventajas competitivas que pueden surgir para algunas empresas a resultas de diferentes comportamientos de las autoridades reguladoras de cada Estado miembro. – Sólo se justifica aún cierta regulación ex ante para aquellos mercados en los que se aprecie un funcionamiento defectuoso, presumiéndose que dicha situación se da cuando en un mercado existan una o más empresas con poder significativo en el mercado y que puedan ejercer alguna práctica anticompetitiva. A estas empresas se les podrán imponer ahora como máximo obligaciones ligadas a aque- 1 GRETEL 6 Véase “Gretel 2002: Nuevo diseño europeo de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet”, COIT 2002.7 Véase artículo 18 Directiva marco, artículo 24 Directiva de servicio universal y artículo 5 Directiva de acceso. 8 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE 12/07/2002), que es la incorporación al Derecho español de la Directiva 2000/31/CE (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 84 vez más interrelacionados. Por una parte esta nueva LGTel, la recientemente aprobada LSSICE8, y la saga podría continuar próximamente con una Ley para el Sector Audiovisual. No deja de resultar curiosa la justificación que encontramos en el artículo 1 para el uso de la categoría “telecomunicaciones” donde se hace explícitamente una referencia a las comunicaciones electrónicas como caso particular dentro de la primera. El GRETEL se cuestiona si esta ley, que no es una ley que regule servicios sino la explotación de las redes y la prestación de los servicios, se adecúa a una realidad en la que cada vez es más difícil separar estos conceptos. Esta dificultad se pone de manifiesto si observamos que se trata de una ley que limita su ámbito de aplicación por exclusión. El problema no sólo será que diferentes servicios recaigan bajo dos leyes del mismo nivel y quizá contradictorias en diversos puntos (LGTel/LSSICE, en este caso), sino que podemos encontrarnos con otros que queden desregulados, en tierra de nadie. Veamos lo anterior con un ejemplo muy significativo como es el vídeo bajo demanda. Si es un operador como Telefónica quien presta el servicio sería regulado por la LGTel, si lo hiciera otro tipo de operador, por ejemplo un ISP a través de streaming recaería bajo la LSSICE, y sin embargo el usuario percibe el mismo servicio redes y servicios digitales de radiodifusión y televisión, en el sentido de alentar sistemas compatibles así como determinadas obligaciones de transporte de contenidos específicos cuando sea necesario por motivos de interés general7. – Reviste especial importancia para el correcto funcionamiento del mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas, la colaboración de las distintas autoridades implicadas, tanto dentro de un mismo Estado como entre las de distintos estados, y todas ellas con la Comisión. En el caso español en particular, sería deseable una mayor claridad en el ámbito de funciones y sistema de colaboración entre la CMT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las autoridades nacionales de competencia (ANC) y el Ministerio de Economía. Esta colaboración será especialmente necesaria en el proceso de definición y estudio de los mercados de referencia y en la imposición de obligaciones a las empresas designadas tras aquél como poseedoras de poder significativo de mercado. Contemplado como transposición, se puede decir que el borrador nos presenta una ley que intenta adaptarse fielmente a las directrices comunitarias –obsérvese que en muchos casos se ha optado por una trascripción literal de aquéllas. En el borrador se echa en falta un elemento inicial formal de exposición de motivos, que vendría a recoger precisamente estos aspectos aquí comentados. La nueva LGTel como oportunidad Quizá la decisión de no elegir como mecanismo de transposición la realización de modificaciones a la anterior Ley –procedimiento más sencillo desde el punto de vista político y que ha sido elegido por muchos de los Estados miembros- se debiera a un deseo de economizar esfuerzos, aunque los cambios introducidos hayan sido mínimos. En opinión del GRETEL no se justifica la creación de una nueva LGTel si no es para aprovecharla como oportunidad excepcional de ir más allá de la transposición y resolver problemas identificados en el esquema anterior. Los comentarios que a continuación se hacen a la totalidad del borrador en muchos casos siguen esta filosofía. Comentarios concretos al borrador Con objeto de facilitar el seguimiento de las reseñas que a continuación se hacen se sigue el orden del articulado en la medida de lo posible. Ya en el título del borrador de Ley encontramos algo extraño, y es que si bien la anterior ley sí lo era, esta ya no debería llamarse “Ley General de Telecomunicaciones” si intenta ser fiel al nuevo marco regulador propuesto desde Europa que va más allá de las Telecomunicaciones. Aunque nuestra reflexión final es que quizá incluso en el ámbito comunitario se quedara únicamente en una intención, ya que finalmente el audiovisual quedó al margen y los temas específicos de Internet fueron en otra Directiva. Las particularidades del reparto competencial en el ordenamiento jurídico español fuerzan la separación desde el punto de vista regulador de las telecomunicaciones y el audiovisual. Parece por tanto que la única solución que se ha encontrado es continuar teniendo diferentes leyes para regular temas cadaindependientemente del procedimiento. Ya dentro del título correspondiente a la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia, y hacemos énfasis en este hecho por suponer un cambio de paradigma, se deja para reglamentación posterior algunos procedimientos que conviene señalar deberían ser sencillos en su concepción y no caer en el error de reproducir los actuales sistemas. En materia de títulos habilitantes, por ejemplo, el espíritu de la Comisión ha sido simplificador y así debería hacerse. La propuesta que hace la LGTel en cuanto a las obligaciones de los titulares de autorizaciones generales se hace en forma de lista de los objetivos que persiguen dichas obligaciones, curioso cuando menos ya que en el anexo de la Directiva de autorización aparece explícitamente un listado de las obligaciones que podrán derivarse del disfrute de una autorización general y en muchos casos aquellos objetivos no tienen correspondencia directa con éstas. En cuanto a los mercados de referencia son varios los puntos que conviene aclarar: – Será la periodicidad del análisis de mercado a realizar lo que garantizará que las medidas tomadas se ajusten fielmente a la realidad del mercado y que la regulación no excederá la mínima necesaria. Dado que se insta a la CMT a que anualmente publique la lista de operadores designados como dominantes, y dicha publicación no se entiende sino como resultado del correspondiente análisis del mercado parece que la periodicidad debería ser por tanto anual. – Las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) y las de competencia (ANC) deben colaborar siempre en la realización del análisis de mercado, y así se explicita en el documento de Directrices marcadas desde la Comisión. – En el nuevo marco regulador para que una ANR puede intervenir en un mercado se requiere que dos situaciones se den simultáneamente: 1) que el mercado concreto no funcione en competencia efectiva y la legislación sobre competencia no baste para remediar el problema y 2) que existan empresas dominantes con posibilidad de ejercer dicho dominio. Sería adecuado que el texto de la ley hiciera énfasis en la necesidad de estas dos condiciones, dado que podría muy bien ocurrir que por hechos no imputables a ningún operador en concreto, un mercado aún no funcione con una oferta variada de servicios en rivalidad. Por otra parte, también se considera deseable que las autoridades sectoriales, antes de determinar al operador con PSM realicen un estudio profundo del mercado económico en sí mismo, con objeto de evaluar, en su caso, los factores que hacen que ese mercado en concreto no funcione en competencia efectiva. De este modo quedaría justificada la actuación de la autoridad tanto en caso de actuación como de no actuación. – El GRETEL desea hacer hincapié en que entre las condiciones que pueden justificar la no imposición de obligaciones específicas, debe prestarse especial atención a los mercados incipientes para favorecer la implantación y desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos servicios con el fin de permitir su expansión. – Autoridades nacionales de reglamentación: A lo largo de todo el texto se detecta una carencia y es que no terminan de aclararse las funciones de los diferentes órganos designados como ANR. En el apartado concreto de mercados de referencia aparece la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) como tercero en discordia, que podría intervenir en materia de precios minoristas. Parece que se desea que ciertos temas, por ejemplo los relacionados con los usuarios, sigan separados de las actividades de la CMT, más orientadas hacia el comportamiento de las empresas en el mercado. Esta medida, que vendría a ser la continuación del régimen transitorio de intervención administrativa de los precios minoristas establecido en el 98, no parece adecuado que recaiga bajo la potestad de la CDGAE salvo transitoriamente y únicamente en el caso de que no se consigan los objetivos perseguidos mediante la regulación de los precios mayoristas, establecida por la CMT en base al correspondiente análisis de mercado, de aquí que quizá esta puntual actuación debiera pasar a una disposición transitoria. – Por último, el audiovisual queda al margen de esta ley (el segundo párrafo del artículo 1 se dice expresamente que “se excluye del ámbito de esta Ley el régimen básico de radio y televisión”). Por tanto no se incluye por tanto referencia alguna al mercado audiovisual como mercado susceptible de ser incluido en la lista de mercados de referencia. Sin embargo se trata de un concepto muy amplio y en algún momento deberá abordarse en su conjunto y en particular por ejemplo qué respon- BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 85sabilidades tendrá la CMT en este importante mercado En materia de interconexión y acceso a las redes y recursos asociados, la posible intervención de la CMT en cuando a acceso condicional es demasiado amplia. El objetivo claro queda apuntado: “... en la medida que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a determinados servicios digitales de radiodifusión y televisión”, pero se debe vigilar que cuando se determine reglamentariamente se contemplen las condiciones de acceso enumeradas en el anexo I de la Directiva de acceso. Por otro lado, la posibilidad de imponer obligaciones en materia de acceso o interconexión a empresas que no hayan sido declaradas con un poder significativo en el mercado no está justificada ni desde el punto de vista del nuevo enfoque de regulación de mínimos, ni desde la perspectiva del derecho de la competencia, y debe tratarse de una posibilidad excepcional que requeriría la intervención de la Comisión Europea. Por lo que respecta al servicio universal, la principal novedad que aporta la directiva es la garantía de un acceso funcionala Internet. En el caso español se aprovechó la aprobación de la LSSICE para incluir este aspecto y otros relacionados con cuestiones técnicas que lleva asociadas (como la sustitución del TRAC, transposición adelantada que llama la atención). Lógicamente esta exigencia se ha trasladado al borrador aunque ligada en exceso a las condiciones técnicas actuales. Sería preferible una frase similar a la que aparece en el artículo 4.2 de la directiva que sugiere tener en cuenta “las tecnologías dominantes utilizadas por la mayoría de los abonados y la viabilidad tecnológica”. De esta forma, se mantendría la flexibilidad necesaria para en el futuro modificar la velocidad de transmisión de datos exigible, así como para incorporar las posibilidades de las tecnologías inalámbricas (véase también el considerando 8 de la Directiva de servicio universal). En cuanto a la prestación, debería mejorarse la redacción del apartado que se ocupa de la designación de las empresas encargadas. Este artículo hace mayor énfasis en que, de acuerdo con el artículo 8 de la directiva, la obligación de servicio universal deja de ser tratada de forma unitaria y puede segmentarse geográficamente y/o en diferentes elementos del servicio. Cualquier empresa (o grupo de empresas) podrá ser designada para que garantice una parte de esas obligaciones. No se hace referencia a la calidad del servicio prestado (algo que sí aparece en la directiva). También está necesitado de una redacción más exacta el artículo dedicado a la estimación del coste y a su financiación. La directiva permite explícitamente la financiación pública del coste o, en su defecto, se habrá de articular un fondo al que contribuirán “los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas” (no se entiende, por tanto, la distinción que el borrador hace entre “las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones electrónicas” y “las empresas prestadoras de los servicios telefónicos básicos disponibles al público”). Se mantiene a la CMT como órgano encargado de determinar si el operador designado sufre o no una “carga injusta”, poder discrecional que proviene de la directiva. Por último, los servicios obligatorios y las otras obligaciones de servicio público tienen un peso (en el texto y en el mercado si se llegaran a aplicar hasta sus últimas consecuencias) que se nos antoja excesivo. Sobre la ocupación de dominio sugerimos que se aclare que los titulares de una autorización general tienen la condición de interesado para solicitar, en el marco de la normativa aplicable de la Administración titular del dominio público o con competencias en medio ambiente, salud pública o seguridad pública y ordenación urbana o territorial, la ocupación del dominio público o privado (en este caso debería ir acompañada de un proyecto técnico avalado y firmado por un ingeniero de telecomunicaciones) y a recurrir las resoluciones que dichas Administraciones dicten sobre sus solicitudes. Esta aclaración tiene como objetivo dotar a los titulares de autorizaciones generales de un título indubitado que les legitime para efectuar dichas solicitudes en el contexto de la normativa administrativa aplicable. El farragoso título del capítulo dedicado al “secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas” es la mejor prueba de hasta qué punto se han ignorado las directrices europeas. Todo el capítulo es una traslación directa de la Ley del 98. Se mantiene la estructura del articulado (y la mayor parte del contenido) mezclando materias que deberían estar bien separadas pues son reguladas incluso en directivas diferentes. De acuerdo con el nuevo marco europeo, uno de los apartados debería denominarse “derechos e intereses de los usua- BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 86 El GRETEL, en calidad de grupo experto en temas de regulación, es invitado a colaborar en el análisis del borrador.rios finales”. En la directiva correspondiente hay once artículos dedicados a los derechos de los usuarios. Se regulan, entre otros, temas básicos como los contratos, la transparencia y publicidad de la información, la calidad del servicio, la integridad de la red o la interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital. La transposición no sólo no es fiel sino que, de entre estos derechos, los más están muy adelgazados, otros desaparecidos y algunos desplazados a otros lugares de la Ley (conservación de número, obligaciones de transmisión). Sería admisible que el artículo sobre “redes de comunicaciones electrónicas en el interior de los edificios” (ICT) se incluyera entre los derechos de los usuarios, aunque parece mejor darle cuerpo propio. La enjundia del artículo se envía a desarrollo reglamentario. Los problemas que se detectan en el trato dado a la privacidad de los datos personales no son menores. Algunas de las obligaciones impuestas por la directiva aparecen en la LSSICE, con el consiguiente y ya señalado posible problema de fronteras entre normas. Es cierto que algunas de estas obligaciones corresponden al ámbito de la LSSICE (comunicaciones comerciales no solicitadas) pero otras quizá estarían mejor aquí (como el artículo 11bis sobre retención de datos de tráfico, introducido en la LSSICE). Más grave es que, lamentablemente, otras no figuran en ninguna parte. Cuestiones tan importantes como la facturación desglosada, la identificación de línea llamante y conectada, el desvío automático de llamadas, la responsabilidad de los suministradores en la seguridad de las redes, el uso de los datos de localización del usuario o las cookies (todas ellas reguladas en la directiva) han quedado en el limbo legislativo. Sobre el dominio público radioeléctrico parecería más correcto (y más coherente con la Decisión sobre el espectro, véase el artículo 2 de la Decisión espectro radioeléctrico) comenzar por definir el rango de frecuencias radioeléctricas a que se refiere esta Ley.. La gestión del espectro radioeléctrico se ha vuelto tan dinámica y especializada que es muy difícil que la Administración, con sus procedimientos y carencias, pueda hacerse cargo de la gestión del espectro en una Sociedad de la Información como la que vivimos. Por este motivo se propone la creación de la Agencia de Frecuencias Radioeléctricas de España (AFRE). Éste sería un órgano que gozaría de cierta autonomía y agilidad de gestión, aunque sus funciones estarían supervisadas por la Administración en cuanto a concesiones de frecuencias que conllevan un fuerte componente de carácter social, a concesiones que requirieran decisiones de Consejo de Ministros, etc. Se propone aclarar en el texto de la Ley la diferencia entre la atribución (los usos permitidos en una determinada banda de frecuencias) y la asignación (uso o usos para los que se ha concedido efectivamente el derecho de uso del dominio público radioeléctrico), así como el aprovechamiento del espectro concedido, parámetros técnicos del servicio suministrado, etc. Pese a que la Decisión del espectro radioeléctrico especifica que debe darse publicidad al CNAF y a sus procedimientos de elaboración y aprobación, en el borrador no se hace mención al procedimiento de elaboración del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Por otra parte, el artículo 5 de la Decisión indica que “Los Estados miembros mantendrán actualizada dicha información y tomarán medidas para crear bases de datos apropiadas que pongan dicha información a disposición del público, en su caso de conformidad con las medidas de armonización pertinentes adoptadas con arreglo al artículo 4”. En el borrador no hay referencia a estas bases de datos y deberían especificarse claramente las condiciones de transparencia y publicidad de los usos del espectro, esto es, de las correspondientes asignaciones de frecuencias. Se expresa claramente la imposibilidad de destinar el espectro transferido para cualquier uso distinto del que originalmente tenía atribuido. De no ser así podría darse el problema de la aparición de mercados secundarios. El borrador prevé un procedimiento genérico sobre cómo se van a valorar las tasas por reserva del uso del espectro. Prevé unos parámetros basados en factores ambiguos y todos ellos definidos a priori, con lo que la Administración debe revisar los coeficientes a aplicar a cada uno de estos parámetros y además debe hacerlo con antelación a la dinámica del mercado, lo que sin duda, introduce un factor distorsionador del mercado, que es innecesario y se viene demostrando continuamente que es contraproducente. Sería más conveniente definir unos parámetros más sencillos tendentes a definir una tasa a prioriorientada a compensar sólo los costes del procedimiento de concesión de reserva y que tengan en cuenta el estado de ocupación de una determinada banda y la complejidad del proceso de asignación de frecuencias, y otra parte BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 88variable de la tasa definida a posteriori en función del volumen de negocio que dicha reserva haya facilitado al titular de la licencia de uso del espectro. De esta manera se alinea la Administración con el entorno económico y de libre competencia de los países de la economía de libre mercado; la iniciativa económica debe partir de los agentes reservándose la Administración un papel de moderador y regulador de posibles desviaciones de mercado o de impacto social negativo. En cuanto a la administración de las telecomunicaciones es de destacar que en este borrador se dice específicamente que son ANR el Ministerio de Ciencia y Tecnología, concretamente la unidad a la que dentro de él corresponda, y la CMT. Sin embargo el hecho de ser dos nos deja con la duda de quién ejercerá el papel de interlocución, propio de las ANR, con la Comisión Europea. Por último, aunque ya se ha mencionado con anterioridad, el objetivo de pasar desde el actual funcionamiento ex ante, hacia un planteamiento predominantemente ex post, nos lleva necesariamente a buscar un punto de encuentro entre la actuación de autoridades nacionales de regulación y de competencia. La CMT se encargará de la regulación sectorial específica, pero con el tiempo sus actividades y criterios evolucionarán. En resumen y después de haber realizado un profundo análisis del borrador nos queda la sensación de que ciertos problemas no se han abordado o que la solución se basa en planteamientos demasiado continuistas. El intento de convertir este texto en instrumento de transposición quizá lo ha hecho centrarse demasiado en ciertos aspectos que perfectamente podrían haberse articulado reglamentariamente, apartándolo del que debiera ser su objetivo: erigirse en pauta de una nueva política que abogue por un modelo regulador claro, transparente, estable, predecible y de mínimos. Objetivo éste que por otra parte encaja perfectamente con el espíritu comunitario. La nueva ley nació de la necesidad de transponer el nuevo marco comunitario y con vocación de cambios mínimos. La realidad del sector de las telecomunicaciones exige que se vaya más allá y pretenda ser mucho más. En opinión del GRETEL una nueva Ley General de Telecomunicaciones puede ser muy oportuna y necesaria dada la delicada situación que atraviesa el sector. La creación de una nueva ley se justifica sólo si con ella se pretende ayudar a que se produzca un cambio significativo en el modelo regulador. De otro modo sería suficiente con realizar las modificaciones oportunas en la ley vigente. U
30 oct 2015
Artículo BIT
Ante el desarrollo reglamentario de la nueva LGTel
Ante el desarrollo reglamentario de la nueva LGTel GRETEL 2004 La reciente entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGTel)1 supone el primer hito del proceso de transposición del nuevo marco regulador europeo de las comunicaciones electrónicas al ordenamiento jurídico español. No obstante, su carácter de texto abierto y flexible2 requiere una mayor concreción de los aspectos básicos en su pertinente desarrollo reglamentario. El presente artículo aporta la visión del GRETEL señalando los aspectos que deben concentrar un mayor esfuerzo por parte de todos los colectivos involucrados en la implantación efectiva del nuevo marco3. SOBRE LOS MERCADOS DE REFERENCIA La gran novedad y verdadero instrumento regulador del nuevo marco reside en la definición y análisis de los mercados de referencia. Dada su importancia, el GRETEL considera que esta etapa debería haber concluido de forma sincronizada con la entrada en vigor de la nueva LGTel4. A fecha de hoy, aún no hay un calendario público5 que refleje los distintos hitos de actuación previstos sobre los mercados de referencia y de la metodología que se vaya a utilizar en tales actuaciones. Resultaría cuanto menos paradójico que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no hubiera concluido los análisis de los mercados en España cuando la Comisión Europea iniciase el proceso de revisión de la Recomendación6 que previamente los había identificado –previsto para junio de 2004-. Otra cuestión importante que el GRETEL advierte, tanto en la propia Ley como en los proyectos de Reglamento, es el elevado grado de discrecionalidad que se otorga a la CMT en los apartados relacionados con los mercados de referencia, lo que podría ir en detrimento del objetivo de armonización regulatoria en el ámbito europeo si cada Autoridad Nacional de Regulación (ANR) no aplica criterios comunes en las metodologías a emplear. Por último, en cuanto a los mercados emergentes, el GRETEL se muestra partidario de que no deberían ser sometidos a obligaciones ex ante. En este sentido, y sin perjuicio de que proceda una intervención por parte de las autoridades de competencia en determinados casos, las ANR deben disponer de los suficientes argumentos para justificar cualquier forma de intervención ex ante temprana en estos mercados, considerando en particular que existe siempre la posibilidad de intervenir ex post, así como en la fase de evaluación periódica de los mercados relevantes. Nuevamente, el GRETEL advierte como principal problema la delimitación de un mercado nuevo o emergente. SOBRE EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO El GRETEL confía en que la creación de una agencia específica para la gestión del espectro radioeléctrico (Agencia Estatal de Radiocomunicaciones) permita agilizar su gestión y hacer del mismo un recurso clave de cara a la innovación en nuevos servicios y aplicaciones. No obstante, la creación de este ente en ningún caso debería burocratizar aún más la administración de las telecomunicaciones, lo que iría en contra del espíritu simplificador de la regulación comunitaria. Adicionalmente, el GRETEL considera que hubiese sido más oportuno la elaboración de una nueva Orden sobre el dominio público radioeléctrico, por contraposición a una modificación de la anterior7, con el objetivo de clarificar y resaltar la importancia de este recurso escaso como elemento facilitador de innovación en los próximos años. Sobre cuestiones concretas del borrador, el GRETEL considera positivo el compromiso que adoptaría la administración para comprometerse en plazos de las resoluciones, que se aplicarían tanto para los procesos administrativos como técnicos asociados al otorgamiento de asignaciones de frecuencias. No obstante, no se aborda con el mismo espíritu la coordinación internacional en el uso del mismo. Asimismo, el GRETEL advierte una serie de carencias tanto en la nueva LGTel como en su propuesta de desarrollo reglamentario: –Referencia a la Decisión sobre el espectro como guía armonizadora en la UE y a sus contenidos como elementos de referencia política8 para la gestión del espectro. – Definición y regulación de procedimientos de consulta pública con los operadores, usuarios, fabricantes, etc. – Detalle y procedimientos que se aplicarían para la publicación de información sobre utilización del espectro (asignaciones, usuarios, rendimiento de uso, etc.) y actualizaciones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. – Necesidad de enlace entre las políticas de I+D y la gestión del espectro radioeléctrico. Por último, el GRETEL anima a que se concrete en la mayor brevedad posible el desarrollo reglamentario de las condiciones de cesión de los derechos de uso del espectro radioeléctrico (mercado secundario), teniendo en cuenta la necesidad de armonización en el ámbito europeo. SOBRE EL SERVICIO UNIVERSAL El proyecto de Reglamento introduce alteraciones mínimas con respecto a la regulación anterior, planteando nuevamente algunas de las incógnitas no despejadas en el pasado y que son en gran parte debidas a la discrecionalidad otorgada a la CMT: – En cuanto al método de designación recogido existen ciertos aspectos que deberían aclararse, como las condiciones del posible proceso de licitación (definición del ámbito territorial elegido, período y condiciones de prestación del servicio). El procedimiento elaborado parece teóricamente válido a priori pero, en la práctica, resultará difícil de articular. – En cuanto al cálculo del coste neto, la partida sobre la que ha existido un serio desacuerdo entre las estimaciones de Telefónica y las de la CMT ha sido, principalmente, la relacionada con la prestación del servicio en las zonas geográficas no rentables. Resulta necesario alcanzar una definición más clara de las áreas geográficas, manteniendo la coherencia con las áreas de competencia definidas en los posibles concursos y licencias. – En cuanto a la financiación del servicio, el GRETEL critica el hecho de que no se haya seguido ni el espíritu ni la letra de la Directiva comunitaria en cuanto a las posibles alternativas de sistemas de financiación del SU, echando de menos la posibilidad de financiación pública o, al menos, mixta. – Además, el GRETEL resalta la ampliación en dos años del plazo de prestación del SU por parte de Telefónica respecto al régimen de la LGTel’98 (donde la obligación finalizaba el 31/12/2005), sin estar claros los motivos de dicho cambio. El objetivo deberá ser la consolidación de un entorno en el que se creen las condiciones que faciliten la inversión de los agentes, se reduzcan los conflictos en torno al concepto y aplicación del SU y se haga llegar a los usuarios de zonas con carencias soluciones más operativas y avanzadas que las actuales. SOBRE LA INTERCONEXIÓN Y EL ACCESO A REDES El modelo de interconexión y acceso a redes es básico de cara a la implantación de un modelo de competencia deseable en infraestructuras y en servicios. En este sentido, el GRETEL aboga por la implantación de precios mayoristas que incentiven la inversión en nuevas redes y en innovación de las existentes. Por otra parte, el GRETEL considera positivo y alineado con la regulación comunitaria la prioridad de intervenir ex ante sobre mercados mayoristas frente a los minoristas. En resumen, el GRETEL entiende que el modelo de acceso e interconexión debería avanzar en el planteamiento de un modelo de competencia sostenible, tanto en redes como en servicios, en el que la necesidad de desarrollo y modernización de infraestructuras sea siempre un objetivo instrumental a tener en cuenta. SOBRE LA TRANSPARENCIA DEL REGULADOR Una cuestión especialmente relevante, derivada de la propia flexibilidad de la nueva regulación, es la necesaria transparencia a lo largo de todo el proceso regulatorio. Así, aunque debe ser un principio común de toda regulación eficiente, cobra especial importancia en el nuevo marco dada la discrecionalidad de la que disfrutan las ANR, especialmente la CMT en lo referente a la definición y análisis de mercados. Así, los principales comentarios del GRETEL al respecto son los siguientes: –El aumento del número de ANR previsiblemente dificulte su coordinación, algo que debería evitarse. – No existe en la nueva Ley ni en los proyectos de Reglamento una cláusula general de transparencia aplicable al funcionamiento y “conducta” del conjunto de ANR, aludiéndose a la misma de manera ocasional. – Sería deseable una mayor proliferación del mecanismo de consultas públicas y mejor acceso a la información derivada de las mismas. SOBRE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Los derechos de los usuarios, en general, se refuerzan en el nuevo marco. No obstante, el GRETEL destaca lo siguiente a tener en cuenta en el desarrollo reglamentario: – Mejorar la transparencia informativa y la relación usuarioprestador de servicios (trámites/reclamaciones). – Facilitar el cambio de proveedor de servicios de telecomunicaciones de forma ágil y sencilla. – Mejorar y agilizar los procedimientos de resolución extrajudical de conflictos. 1 Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE nº 264 4/11/2003. 2 Una de las características significativas de la nueva Ley es su marcado carácter generalista, lo que aporta flexibilidad y continuidad a la misma, aunque puede contribuir también a generar incertidumbres regulatorias. 3 Para más información, véase GRETEL 2002. Nuevo Diseño Europeo de las Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet. 4 Desde marzo de 2002, se sabía que dicho trabajo debía ser realizado, y desde febrero de 2003 estaban determinados por la Comisión los mercados relevantes regulables ex ante. 5 El GRETEL entiende que esto demuestra una falta de transparencia en las actuaciones regulatorias lo cual debería subsanarse, tal y como se comenta en un epígrafe posterior. 6 Recomendación C(2003)497 de la Comisión de 11 de febrero de 2003. 7 Orden de 9 de marzo de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. 8 Decisión Nº 676/2002/CE sobre un marco regulador para política de espectro en la Unión Europea.
30 oct 2015
Artículo BIT
SPAM. Una amenaza real para el correo electrónico
SPAM Una amenaza real para el correo electrónico GRETEL 2004 Con el crecimiento de Internet y el correo electrónico se ha producido también un fuerte aumento de los correos no deseados (spam). En estos momentos aproximadamente el 60% de todos los correos que circulan por Internet son correos no deseados por sus receptores1. En España, el 90% de los internautas reciben spam, suponiendo ello una molestia para el 80% de los mismos2. La Figura 1 recoge la evolución en el último año del porcentaje de spam del total de e-mails de Internet. Los correos no deseados son molestos, causan importantes problemas de seguridad, hacen perder tiempo, recursos y dinero a los usuarios, empresas y organizaciones, proveedores de servicios y de infraestructuras. ¿QUÉ ES EL SPAM? La definición más aceptada para el término spam es: toda comunicación electrónica3 no deseada por su receptor con independencia del procedimiento empleado para su envío. Ofertas comerciales de todo tipo, timos, cartas encadenadas o correos con virus forman parte del paisaje que cada día nos dibuja el spam en nuestro e-mail. En la Figura 2 se presenta el peso relativo de los distintos contenidos del spam. No obstante, es conveniente reconocer que el correo electrónico es el medio de comunicación por excelencia en la Sociedad de la Información, por lo que muchas de las prácticas comunicativas del mundo real (lícitas y socialmente aceptadas) tenderán a trasladarse a este nuevo medio, por lo que el uso de las comunicaciones electrónicas habrá de analizar, más tarde o más temprano, los contenidos y las formas utilizadas en estas comunicaciones. Según el Radicati Group4, el spam tiene un coste para las empresas de 49 dólares por buzón y año, solamente en términos de equipamiento y comunicaciones, a lo cual habría que añadir lo que quita en productividad para los trabajadores. Por cada spam que llega al receptor, está calculado que éste pierde una media de 3 segundos en cada uno, si ponemos precio a este tiempo veremos que el coste para una organización al cabo del año es realmente importante. En este sentido, aunque sea difícil estimar la totalidad de los costes a nivel global, según los últimos estudios llevados a cabo por la UE, este coste puede alcanzar los 10 billones de euros al año5. El spam tiene dos tipos de autores (spammers): aquellos que lo hacen por ganar dinero (publicidad6) y los que lo hacen por molestar o para divertirse (cartas en cadena, virus, rumores). Los primeros tienen un canal de publicidad en el que los costes los paga el que recibe la publicidad y no el que la envía (increíble pero cierto). Algunos estudios que han analizado la posible rentabilidad de lo que se ofrece vía spam hablan de que un spammer puede fácilmente generar 1000 euros por cada millón de correos que envía, algo que consiguen hacerlo en un tiempo inferior a una hora con un coste de conectividad inferior a 0,1 Euros. Si quieres triplicar el beneficio sólo tienes que triplicar el número de envíos. La otra fuente de spam son los virus y los gusanos que están aumentando exponencialmente en los últimos meses. El 90% de los virus se propagan por e-mail y el 51% de las empresas han sufrido pérdida de información y problemas de seguridad como consecuencia de estos virus informáticos. Estos programas llegan a nuestro ordenador vía e-mail y en general se envían desde nuestro ordenador a todas las direcciones de correo que tengamos en nuestra máquina. Estos virus pueden ser destructivos para nuestro ordenador, pueden estar pensados para sacar información, para atacar a otros ordenadores o simplemente para molestar a todos nuestros conocidos. Tradicionalmente eran creados por hackers con afán de notoriedad, pero en estos momentos empiezan a converger y ya se dan casos de virus utilizados con fines comerciales similares a los que utilizan los anteriores. Ya hay virus que cambian la publicidad que aparece en nuestro navegador (presentan ventanas no solicitadas, cambian los banners, envían recomendaciones a nuestros conocidos firmadas por nosotros) y todo esto desde el ordenador del usuario, el cual desconoce que esto esté pasando. Estos programas utilizan reclamos como las descargas o el intercambio de ficheros y se aprovechan de las herramientas de intercambio P2P para conseguir una distribución masiva e incontrolada. VULNERABILIDADES DEL CORREO ELECTRÓNICO Y PROBLEMAS GENERADOS POR EL SPAM Los protocolos de correo electrónico actuales, y principalmente el de envío (SMTP- Simple Mail Transfer Protocol) presenta una característica que lo hace especialmente vulnerable, que es la facilidad que ofrece para falsificar el remitente y suplantar la identidad del que envía. Esto en una red globalizada es aprovechado por los spammers en general y por los estafadores en particular para burlar los controles y las investigaciones posteriores. En este momento hay varias iniciativas en el plano técnico (SPF - Sender Permitted From, Domreg, ..) de los servidores de correo, para que los ordenadores que envían email estén registrados y para evitar que se utilicen remites falsos. La otra debilidad deriva del bajo coste que tiene para el spammer el envío masivo, sobre todo si se usan recursos ajenos. Por ello otra de las líneas de trabajo de los servidores es controlar sus recursos y establecer unas políticas de uso que minimicen el riesgo de que se mal utilicen los recursos de un proveedor. La solución de estas vulnerabilidades no elimina el spam, consiguen fundamentalmente evitar los abusos en recursos ajenos. Siempre queda la posibilidad de que alguien configure una máquina, que la registre y que se dedique a enviar correos de forma masiva desde un país que no persiga esta práctica. Los problemas que genera el spam afectan a los siguientes agentes: – El usuario receptor del correo spam, al cual le supone coste, molestia, tiempo y falta de seguridad. – Los equipos que intervienen en las comunicaciones que deben gestionar un ancho de banda y un volumen de información, cuyo coste deberán repercutir al resto de agentes. – Los proveedores de servicio de correo que tienen que aumentar el tiempo de proceso, la capacidad de almacenamiento y además desarrollar técnicas de filtrado que en algún caso pueden generar problemas adicionales con sus clientes (eliminar correos buenos, invadir la privacidad, ...). – Los remitentes cuya identidad ha sido suplantada y que de repente se ven inmersos en un grave problema, que en algunos casos les puede llevar a tener que cambiar su cuenta de correo. ¿HAY SOLUCIONES PARA EVITAR EL SPAM? Podemos decir que no hay una solución definitiva, pero sí hay medidas que se puede poner en marcha en diferentes niveles para ir incorporando al correo electrónico del nivel de calidad (seguridad, confidencialidad y disponibilidad) que necesita. En el ámbito legal lo importante es conseguir que cada vez haya más países que regulen este tema y que haya una buena coordinación entre ellos para que cada vez sean menos los sitios desde los cuales haya impunidad para el envío de spam. En este sentido, indicar que hay dos tendencias en el mundo a la hora de regular el envío de correo publicitario: la de aquellos que obligan a que haya un consentimiento previo (opt-in para poder enviar e-mail) y la de aquellos que optan por lo contrario, que haya listas de exclusión (opt-out) a las que cualquiera se puede apuntar y a la que todos los que envían deben de consultar. En cualquiera de los casos la aplicación de la ley debe ir acompañada de mecanismos muy ágiles que faciliten la comunicación de este tipo de abusos. Lo ideal es que una denuncia de spam fuese cuestión de un click. Los usuarios y los que generan los contenidos deben ser conscientes de los riesgos que se esconden detrás de una dirección de correo electrónico. Necesitan, por tanto, estar informados y sensibilizados para prevenirlas y disponer de canales sencillos y efectivos para comunicarse con su proveedor o con las autoridades para resolver su problema si ya es víctima del spam. Por otro lado, hay medidas técnicas. Nos interesa distinguir entre aquellas que pueden ponerse en marcha antes de que el correo salga de su origen, antes de aceptarlo por el que gestiona el buzón destinatario del correo y, finalmente, las que se ponen en marcha una vez aceptado antes de que el usuario lo reciba. Las primeras son las más efectivas puesto que consideran el problema en su origen y evitan que se genere tráfico y carga a terceros. En esta línea hay que incluir todas las técnicas de seguridad, autenticación, control de flujo, remitentes, recursos y políticas de uso. En el segundo plano están aquéllas en las que el mensaje llega hasta el servidor que tiene el buzón receptor y que básicamente consisten en la gestión de listas negras (sitios desde los que no se recibe ningún mensaje), listas blancas (se aceptan todos los mensajes de estas direcciones) y más recientemente el control del registro de la máquina que inició el envío. Todas estas técnicas tienen ventajas e inconvenientes y en general son objeto de ataques de los spammers para hacerlas ineficaces. Finalmente están las medidas técnicas que podemos poner en marcha una vez que hemos aceptado el mensaje. Estas medidas pueden implementarse bien en el servidor que aloja el buzón del receptor o en el programa del usuario que lee el correo. Las medidas más conocidas son la gestión de listas (blancas y negras) y el filtrado que puede ser con reglas fijas o adaptativo. En general los proveedores utilizan combinaciones de diferentes técnicas, fundamentalmente filtrado y listas. Siempre que aparece una técnica el spammer inventa una forma de enviar el mensaje que despista o anula a los detectores. Por ejemplo en estos momentos encontramos correos que aprovechan el formato HT0ML para combinar textos aleatorios entre las letras de forma que se lee correctamente pero despista a los filtros adaptativos ya que cada mensaje es distinto a pesar de que se visualiza siempre igual. 1 Según algunas estadísticas de julio de 2003, alrededor del 50% de todo el tráfico de e-mails se consideraba spam, frente al 8% de mediados de 2001. Para más información véase el informe “Background Paper for the OECD Workshop on Spam” (22-Jan-2004). 2 Según datos del Informe “La Sociedad de la Información en España 2003”, Telefónica. 3 La Directiva 2002/58 CE sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas define comunicación como “cualquier información intercambiada o conducida entre un número finito de interesados por medio de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público”. 4 Radicati Group, fundado en 1993, es una firma dedicada a los estudios de mercado, tendencias y previsiones desde una perspectiva global. http://www.radicati.com/ 5 “Unsolicited Commercial Communications and Data Protection”. Comisión Europea. 6 En este grupo sería discutible la actual inclusión de los pequeños empresarios que utilizan los medios electrónicos con fines de comercio lícitos en sus estrategias de comunicación así como a todas las comunicaciones de nuestra vida social y mercantil que se van trasladando al medio de comunicación por excelencia en la Sociedad del Conocimiento (el correo electrónico). EL GRETEL DESTACA – Estamos ante un problema de gran calado por su dimensión económica, social y funcional. – No hay soluciones mágicas por lo que hay que actuar en todos los niveles de la cadena (usuarios, proveedores, reguladores, COIT y webmasters) y para ello hay que trabajar fundamentalmente en la coordinación del sector en España con otras de proyección supranacional. – El objetivo es informar, sensibilizar y poner en marcha herramientas, soluciones y políticas que eleven la calidad en todos sus eslabones de la cadena y si es posible, de forma coordinada para aumentar la eficacia. – Dotar a los proyectos de procedimientos técnicos normalizados para poder ajustarse a las normas, procedimientos y políticas que el sector decida poner en marcha en cada momento. – Avanzar para incorporar la firma electrónica en el uso del correo electrónico como elemento que permite elevar la calidad y la seguridad en toda la cadena de valor a través de la identificación del remitente. – Será necesaria una regulación de los contenidos, las prácticas y los métodos de envío de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con la proporcionalidad del problema. Cuadernos GRETEL 2004 El Nuevo Marco Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y su Implantación en España” GRETEL 2004 El GRETEL acaba de inaugurar una nueva temporada. El pasado 12 de febrero tuvo lugar la presentación de dos nuevas publicaciones -estrenando un nuevo diseño basado en formato de cuaderno, más dinámico y ágil para un sector cambiante necesitado de opinión profesional en el momento adecuado-, con lo que se retoma el sendero marcado por el último trabajo que realizó el GRETEL, dedicado al “Nuevo Diseño Europeo de las Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet”, para analizar el impacto del “nuevo marco regulatorio de las comunicaciones electrónicas” sobre el desarrollo del sector. Esta nueva entrega, bajo el título general “El Nuevo Marco Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y su Implantación en España”, se ha dividido en tres partes diferenciadas con el objeto de abordar todos los elementos clave que introduce la aplicación práctica de la nueva regulación. El primero de los cuadernos tiene por título “Análisis de la Nueva Regulación Europea de las Comunicaciones Electrónicas” y pretende presentar al ingeniero de telecomunicación y al profesional los principales cambios que supone la implantación de los principios establecidos por el nuevo entorno de regulación de las telecomunicaciones en Europa, analizando aquellos aspectos de mayor relevancia. El segundo cuaderno, “La Transposición del Nuevo Marco Regulador Europeo de las Comunicaciones Electrónicas en España”, se centra en el caso específico de España, haciendo una descripción de la nueva Ley General de Telecomunicaciones e incluyendo los ya famosos comentarios posicionales del GRETEL. En el tercer cuaderno, “Definición y Análisis de los Mercados de Referencia”, se recoge en detalle una de las novedades más importantes del nuevo marco, que es el proceso de definición y análisis de los mercados relevantes del sector por parte de las agencias nacionales de reglamentación.
30 oct 2015