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La hora de la radio digital
Gretel La hora de la radio digital -------------------------------------------------------------------------------- España no puede quedar fuera de la carrera por la implantación de la radio digital que desde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se ha propiciado durante los últimos años en todos los países miembros de este organismo Es mucho lo que está en juego con la introducción de la Radiodifusión Sonora Digital –conocida como DAB- ya que se esperan cambios radicales debido a la mejor utilización del espectro radioeléctrico, a la mayor calidad del sonido (equivalente a la de un disco compacto actual) y a la posibilidad de ofrecer un gran número de nuevos servicios (transmisión de datos, información de tráfico, mensajería, servicios de búsqueda, Internet...). Todo ello sin contar con que desde el punto de vista estrictamente técnico se podrá añadir más parte del espectro para ser utilizado tanto por operadores públicos como privados, a la vez que se podrá simplificar enormemente la gestión de las frecuencias y perfeccionar la recepción de la señal, que será prácticamente inmune a las interferencias. Los radioyentes acabarán siendo los principales beneficiarios. La DAB (Digital Audio Broadcasting) tiene su origen en el proyecto EUREKA, que a finales de los años ochenta abordó la necesidad de desarrollar un sistema de Radiodifusión Sonora Digital que permitiera la recepción móvil y también la difusión de servicios multimedia. Dado que la asignación de frecuencias para estos servicios es una condición necesaria pues no existe espectro disponible, este tema se abordó en la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) de Wiesbaden. Allí se definieron los parámetros físicos que permiten la implantación de 59 bloques de frecuencia para la nueva radio. Amparándose en estas y otras razones la Administración se propone sacar adelante por Real Decreto un Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal cuyo desarrollo legal se sustenta en la disposición adicional cuadragésimo cuarta de la ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Algunos expertos en regulación califican esta medida como "régimen de urgencia" y la atribuyen a la necesidad sentida por el Gobierno de adelantarse a regular un nuevo servicio, similar al de televisión por cable y la televisión digital, con el fin de llenar lagunas legislativas y para que los nuevos servicios que se predican no penetren en el mercado a través de otros medios y, en definitiva, la radio no se vea privada de muchos de sus actuales oyentes. Todas éstas son razones de peso que no hacen sino reforzar la importancia de la implantación de la radio digital en España. Pero, precisamente por esta importancia y porque, como reza el proyecto de real decreto "para facilitar el desarrollo de la radiodifusión sonora digital terrenal en España es preciso partir desde el primer momento de un escenario cierto que permita a todos los sectores involucrados conocer los plazos con arreglo a los cuales se producirá la implantación", se hace necesario desde GRETEL un análisis sereno del tema. Aún ante la carencia de los anexos del Plan Técnico, lo que hace difícil precisar cuál sea el modelo de radio digital que propone el Ministerio de Fomento, cabe destacar en primer lugar que en el proceso de implantación no se contempla ni a corto ni a medio plazo la sustitución de la tecnología analógica por la tecnología digital, al contrario de lo que se ha planteado para el paso del sistema analógico al digital en el área de la televisión terrenal digital, materia en la que se ha establecido un calendario de migración de una tecnología a la otra. Esta indefinición, que en principio no debe considerarse ni buena ni mala, deja a las fuerzas del mercado el que permanezcan dos modelos de radio –el de antes y el de después de la digitalización- o que se proceda algún día al definitivo traslado al sistema más moderno. En cualquiera de los casos, y dado que la nueva radio digital va a necesitar importantes inversiones que no todos están dispuestos ni preparados para afrontarlas, convendría disponer de algún tipo de estudio previo –sea por parte del sector público como del privado- sobre el impacto económico e industrial que puede suponer la implantación de este sistema. Las inversiones de red necesarias para desarrollar el nuevo servicio se ven condicionadas por el hecho de la no existencia de receptores digitales en el mercado o la presencia de unos pocos a precios muy elevados. Además, ya está en el mercado el sistema RDS que ofrece algunos de los nuevos servicios previstos para la radio digital. ¿Quién va a comprar una radio digital? La penetración del nuevo servicio no parece que vaya a ser rápida (es previsible que comience por los automóviles de gama alta), sobre todo teniendo en cuenta la cifra de inversiones necesarias (del orden de 7.000 millones de pesetas) que, según algunas estimaciones, habrá que hacer para reconvertir el actual sistema de recepción. Históricamente los servicios de telecomunicación han tardado un plazo importante en alcanzar su madurez de forma que, normalmente la penetración a los 10 años es de un 20% del mercado potencial. Vista esta evolución parece aconsejable que las nuevas licencias puedan adjudicarse por un periodo superior a los 10 años, dadas las dificultades reales de penetración que se dibujan en el horizonte. La cuestión de los plazos y las condiciones de la adjudicación de las nuevas frecuencias van unidas indefectiblemente a la competencia, es decir, a la subsistencia de los actuales radiodifusores y a la entrada de nuevos agentes. Estamos ante una cuestión que tiene varias aristas. Por una parte los criterios que se exijan para la renovación deben ser tales que no desincentiven la competencia en el caso de que tengan asegurada la renovación, pero al tiempo deben evitar la discrecionalidad en el proceso de renovación, para lo cual habrá que contar con criterios objetivos para fundamentar la renovación. En el borrador de Real Decreto que estamos comentando, se hace mención a unos plazos en que debe alcanzarse determinada cobertura en términos de población, que traducidos a la realidad, supone que el servicio debe comenzar por Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Sin duda esto responde a una realidad comercial obvia que la norma incentiva. Sin embargo, la norma desincentiva a posibles radiodifusores interesados en comenzar el servicio por zonas donde la oferta de radio analógica es mala y los nuevos programas-servicios podrían suponer mayor valor añadido para los usuarios. Conviene no olvidar que algunos de los nuevos servicios de telecomunicación, por ejemplo la TV digital, han alcanzado mayor penetración (usuarios/habitantes) en zonas de menor densidad de población. Por otra parte, dado que en los concursos se establece con claridad y como único criterio de valoración que se tomarán en consideración las infraestructuras preexistentes, podría entenderse que en determinadas circunstancias la estricta aplicación de este criterio podría suponer una barrera de entrada de nuevos agentes al sector radiofónico puesto que tal decisión jugaría a favor de los operadores ya instalados. No debemos olvidar que se debe garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y es aquí dónde cobran importancia los técnicos y el papel regulador de los Organismos competentes. La existencia de proyectos técnicos y su exigencia por la Administración, supondrá en la práctica, la garantía de que el usuario va a disponer de servicios de calidad. En relación con el tema de la competencia cabe añadir que la introducción de la radio digital debería llevar aparejada una profunda revisión de las normas sobre concentración para que se aporte garantías de variedad y pluralidad a la oferta radiofónica en general. A tenor de lo recogido en el proyecto legislativo será difícil conocer de antemano la configuración de la oferta de programas que se emiten en un mismo ámbito geográfico puesto que es posible que coincidan en el tiempo las convocatorias de nivel estatal y autonómico. Podrían añadirse también otras observaciones a distintos puntos concretos del proyecto. Por ejemplo: no está muy claro cuál es la función y la organización del nuevo operador de canal múltiplex que debe afrontar los nuevos servicios de la radio digital (la gestión de la capacidad del múltiplex y la provisión de programas). Cada multiplex necesita un transmisor. Por tanto, al compartirse el múltiplex entre varios radiodifusores es preciso que se pongan de acuerdo en el proveedor del servicio que puede variar según la zona considerada y una vez acordado quién da el servicio, poder repartir los costes asociados. En concreto, el hecho de compartir el múltiplex entre radiodifusores públicos y privados hace difícil compaginar los distintos intereses de los participantes en el múltiplex. Se supone que los radiodifusores públicos deben prestar el servicio orientados por criterios de servicio público (universal) mientras que los privados utilizan criterios de maximizar beneficios. Ambos criterios son difícilmente conciliables si se tienen que compaginar dentro de un mismo múltiplex. En relación con algunos porcentajes se señala en el proyecto que el 20% de la capacidad de transmisión del programa puede utilizarse para la transmisión de nuevos servicios (datos, etcétera), pero se aprecia una indefinición respecto a quién va a ser el transmisor de datos, cuando el desarrollo de estos nuevos servicios puede ser un aspecto clave en el despliegue de la radio digital. Respecto al 15% de duración en las desconexiones regionales que se pretende en el proyecto parece conveniente que esta cifra sea superior –quizás un 20 ó un 25%- dada la diferencia de los distintos territorios que conforman el Estado español y las necesidades relacionadas con los recursos de la publicidad local para las cadenas comerciales. Todavía una acotación fundamentada en la tecnología. Para que sea posible el comienzo de las emisiones de la radiodifusión digital en las fechas previstas es preciso en primer lugar que los bloques de frecuencias se encuentren disponibles. Por ello TVE deberá solicitar autorización para continuar sus emisiones en un canal alternativo en la banda 470 a 758 MHz, lo que significa que deberán resintonizarse los canales y ello puede suponer una apreciable pérdida de audiencia. Para paliar estos y otros inconvenientes quizás se debería prever un tiempo de emisión simultáneo a través tanto de los canales que se van a abandonar como de los que van a comenzar a usarse. El objetivo de que en fecha de uno de enero del año 2000 deberá estar disponible la red de frecuencia única es difícil de cumplir. Debería, por tanto, flexibilizarse dicha fecha. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones
30 oct 2015