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La hora de la radio digital
Gretel La hora de la radio digital -------------------------------------------------------------------------------- España no puede quedar fuera de la carrera por la implantación de la radio digital que desde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se ha propiciado durante los últimos años en todos los países miembros de este organismo Es mucho lo que está en juego con la introducción de la Radiodifusión Sonora Digital –conocida como DAB- ya que se esperan cambios radicales debido a la mejor utilización del espectro radioeléctrico, a la mayor calidad del sonido (equivalente a la de un disco compacto actual) y a la posibilidad de ofrecer un gran número de nuevos servicios (transmisión de datos, información de tráfico, mensajería, servicios de búsqueda, Internet...). Todo ello sin contar con que desde el punto de vista estrictamente técnico se podrá añadir más parte del espectro para ser utilizado tanto por operadores públicos como privados, a la vez que se podrá simplificar enormemente la gestión de las frecuencias y perfeccionar la recepción de la señal, que será prácticamente inmune a las interferencias. Los radioyentes acabarán siendo los principales beneficiarios. La DAB (Digital Audio Broadcasting) tiene su origen en el proyecto EUREKA, que a finales de los años ochenta abordó la necesidad de desarrollar un sistema de Radiodifusión Sonora Digital que permitiera la recepción móvil y también la difusión de servicios multimedia. Dado que la asignación de frecuencias para estos servicios es una condición necesaria pues no existe espectro disponible, este tema se abordó en la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) de Wiesbaden. Allí se definieron los parámetros físicos que permiten la implantación de 59 bloques de frecuencia para la nueva radio. Amparándose en estas y otras razones la Administración se propone sacar adelante por Real Decreto un Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital Terrenal cuyo desarrollo legal se sustenta en la disposición adicional cuadragésimo cuarta de la ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Algunos expertos en regulación califican esta medida como "régimen de urgencia" y la atribuyen a la necesidad sentida por el Gobierno de adelantarse a regular un nuevo servicio, similar al de televisión por cable y la televisión digital, con el fin de llenar lagunas legislativas y para que los nuevos servicios que se predican no penetren en el mercado a través de otros medios y, en definitiva, la radio no se vea privada de muchos de sus actuales oyentes. Todas éstas son razones de peso que no hacen sino reforzar la importancia de la implantación de la radio digital en España. Pero, precisamente por esta importancia y porque, como reza el proyecto de real decreto "para facilitar el desarrollo de la radiodifusión sonora digital terrenal en España es preciso partir desde el primer momento de un escenario cierto que permita a todos los sectores involucrados conocer los plazos con arreglo a los cuales se producirá la implantación", se hace necesario desde GRETEL un análisis sereno del tema. Aún ante la carencia de los anexos del Plan Técnico, lo que hace difícil precisar cuál sea el modelo de radio digital que propone el Ministerio de Fomento, cabe destacar en primer lugar que en el proceso de implantación no se contempla ni a corto ni a medio plazo la sustitución de la tecnología analógica por la tecnología digital, al contrario de lo que se ha planteado para el paso del sistema analógico al digital en el área de la televisión terrenal digital, materia en la que se ha establecido un calendario de migración de una tecnología a la otra. Esta indefinición, que en principio no debe considerarse ni buena ni mala, deja a las fuerzas del mercado el que permanezcan dos modelos de radio –el de antes y el de después de la digitalización- o que se proceda algún día al definitivo traslado al sistema más moderno. En cualquiera de los casos, y dado que la nueva radio digital va a necesitar importantes inversiones que no todos están dispuestos ni preparados para afrontarlas, convendría disponer de algún tipo de estudio previo –sea por parte del sector público como del privado- sobre el impacto económico e industrial que puede suponer la implantación de este sistema. Las inversiones de red necesarias para desarrollar el nuevo servicio se ven condicionadas por el hecho de la no existencia de receptores digitales en el mercado o la presencia de unos pocos a precios muy elevados. Además, ya está en el mercado el sistema RDS que ofrece algunos de los nuevos servicios previstos para la radio digital. ¿Quién va a comprar una radio digital? La penetración del nuevo servicio no parece que vaya a ser rápida (es previsible que comience por los automóviles de gama alta), sobre todo teniendo en cuenta la cifra de inversiones necesarias (del orden de 7.000 millones de pesetas) que, según algunas estimaciones, habrá que hacer para reconvertir el actual sistema de recepción. Históricamente los servicios de telecomunicación han tardado un plazo importante en alcanzar su madurez de forma que, normalmente la penetración a los 10 años es de un 20% del mercado potencial. Vista esta evolución parece aconsejable que las nuevas licencias puedan adjudicarse por un periodo superior a los 10 años, dadas las dificultades reales de penetración que se dibujan en el horizonte. La cuestión de los plazos y las condiciones de la adjudicación de las nuevas frecuencias van unidas indefectiblemente a la competencia, es decir, a la subsistencia de los actuales radiodifusores y a la entrada de nuevos agentes. Estamos ante una cuestión que tiene varias aristas. Por una parte los criterios que se exijan para la renovación deben ser tales que no desincentiven la competencia en el caso de que tengan asegurada la renovación, pero al tiempo deben evitar la discrecionalidad en el proceso de renovación, para lo cual habrá que contar con criterios objetivos para fundamentar la renovación. En el borrador de Real Decreto que estamos comentando, se hace mención a unos plazos en que debe alcanzarse determinada cobertura en términos de población, que traducidos a la realidad, supone que el servicio debe comenzar por Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Sin duda esto responde a una realidad comercial obvia que la norma incentiva. Sin embargo, la norma desincentiva a posibles radiodifusores interesados en comenzar el servicio por zonas donde la oferta de radio analógica es mala y los nuevos programas-servicios podrían suponer mayor valor añadido para los usuarios. Conviene no olvidar que algunos de los nuevos servicios de telecomunicación, por ejemplo la TV digital, han alcanzado mayor penetración (usuarios/habitantes) en zonas de menor densidad de población. Por otra parte, dado que en los concursos se establece con claridad y como único criterio de valoración que se tomarán en consideración las infraestructuras preexistentes, podría entenderse que en determinadas circunstancias la estricta aplicación de este criterio podría suponer una barrera de entrada de nuevos agentes al sector radiofónico puesto que tal decisión jugaría a favor de los operadores ya instalados. No debemos olvidar que se debe garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y es aquí dónde cobran importancia los técnicos y el papel regulador de los Organismos competentes. La existencia de proyectos técnicos y su exigencia por la Administración, supondrá en la práctica, la garantía de que el usuario va a disponer de servicios de calidad. En relación con el tema de la competencia cabe añadir que la introducción de la radio digital debería llevar aparejada una profunda revisión de las normas sobre concentración para que se aporte garantías de variedad y pluralidad a la oferta radiofónica en general. A tenor de lo recogido en el proyecto legislativo será difícil conocer de antemano la configuración de la oferta de programas que se emiten en un mismo ámbito geográfico puesto que es posible que coincidan en el tiempo las convocatorias de nivel estatal y autonómico. Podrían añadirse también otras observaciones a distintos puntos concretos del proyecto. Por ejemplo: no está muy claro cuál es la función y la organización del nuevo operador de canal múltiplex que debe afrontar los nuevos servicios de la radio digital (la gestión de la capacidad del múltiplex y la provisión de programas). Cada multiplex necesita un transmisor. Por tanto, al compartirse el múltiplex entre varios radiodifusores es preciso que se pongan de acuerdo en el proveedor del servicio que puede variar según la zona considerada y una vez acordado quién da el servicio, poder repartir los costes asociados. En concreto, el hecho de compartir el múltiplex entre radiodifusores públicos y privados hace difícil compaginar los distintos intereses de los participantes en el múltiplex. Se supone que los radiodifusores públicos deben prestar el servicio orientados por criterios de servicio público (universal) mientras que los privados utilizan criterios de maximizar beneficios. Ambos criterios son difícilmente conciliables si se tienen que compaginar dentro de un mismo múltiplex. En relación con algunos porcentajes se señala en el proyecto que el 20% de la capacidad de transmisión del programa puede utilizarse para la transmisión de nuevos servicios (datos, etcétera), pero se aprecia una indefinición respecto a quién va a ser el transmisor de datos, cuando el desarrollo de estos nuevos servicios puede ser un aspecto clave en el despliegue de la radio digital. Respecto al 15% de duración en las desconexiones regionales que se pretende en el proyecto parece conveniente que esta cifra sea superior –quizás un 20 ó un 25%- dada la diferencia de los distintos territorios que conforman el Estado español y las necesidades relacionadas con los recursos de la publicidad local para las cadenas comerciales. Todavía una acotación fundamentada en la tecnología. Para que sea posible el comienzo de las emisiones de la radiodifusión digital en las fechas previstas es preciso en primer lugar que los bloques de frecuencias se encuentren disponibles. Por ello TVE deberá solicitar autorización para continuar sus emisiones en un canal alternativo en la banda 470 a 758 MHz, lo que significa que deberán resintonizarse los canales y ello puede suponer una apreciable pérdida de audiencia. Para paliar estos y otros inconvenientes quizás se debería prever un tiempo de emisión simultáneo a través tanto de los canales que se van a abandonar como de los que van a comenzar a usarse. El objetivo de que en fecha de uno de enero del año 2000 deberá estar disponible la red de frecuencia única es difícil de cumplir. Debería, por tanto, flexibilizarse dicha fecha. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones
30 oct 2015
Artículo BIT
Condiciones de Calidad en la Prestación de Servicios de Comunicaciones
Gretel Condiciones de Calidad en la Prestación de Servicios de Comunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- La regulación de las condiciones de calidad en las que se deben prestar los servicios de comunicaciones es un tema de permanente actualidad, tanto desde el punto de vista de los usuarios, a los que afecta directamente, como desde el de los agentes que se encuentran en competencia dentro del Hipersector de la Información y las Comunicaciones Estas condiciones de calidad incluso afectan notoriamente a la percepción que pueda tener el mercado sobre las bondades y capacidades de este Hipersector. En esta línea de actualidad, la Administración ha presentado muy recientemente un "Proyecto de Orden por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones" como desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en sus aspectos relativos a la regulación del servicio universal y demás obligaciones de servicio público. Todo ello plantea un buen número de cuestiones sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones y su regulación que es interesante considerar en detalle. Así, el propósito de este artículo es la revisión general de la cuestión de la regulación de la calidad en comunicaciones, y no tanto del mencionado Proyecto de Orden que será utilizado tan solo como ejemplo de la posición regulatoria tradicional. Regulación o no regulación, esa es la cuestión En primer lugar se debe plantear si realmente es necesario regular la calidad con que se prestan los servicios de comunicaciones o si debe dejarse que las propias fuerzas de mercado, en un entorno de adecuada competencia, sean las que permitan que los usuarios y el mercado determinen si merece la pena el servicio que tienen contratado con un cierto proveedor al precio que pagan. Esta cuestión de la necesidad o no de regular la calidad de los servicios es aún más importante por dos circunstancias que se dan precisamente en la actualidad, aunque no necesariamente estén presentes en un futuro a medio plazo. La primera de ellas es que el éxito de la introducción de nuevas redes, servicios y aplicaciones convergentes, piénsese en Internet, se basa en una apreciable parte en una estrategia que utiliza la ausencia de calidad como factor determinante en el abaratamiento de costes de todo tipo y en la permisividad para efectuar toda clase de experimentos con usuarios reales. Hay que tener en cuenta que tanto los protocolos de Internet como los dispositivos que permiten encaminar la información, por no hablar de las mismas aplicaciones o software que manejan los usuarios, utilizan estándares de calidad (incluyendo casi la completa ausencia de la misma en algunos casos) totalmente alejados de lo que sería mínimamente aceptable en un entorno de servicios de telecomunica- ción clásicos (como la telefonía básica). Como corolario de esta idea, parecería que la ausencia de regulación de la calidad puede favorecer la aparición de nuevas redes, servicios y aplicaciones que con el tiempo pueden alcanzar unos estándares de calidad aceptables. Otro ejemplo, en este sentido de relación entre calidad y desarrollo del mercado, lo constituye la telefonía móvil, donde la notoria falta de calidad (ruidos, cortes, imposibilidad de establecimiento de la comunicación, zonas de sombra, ...) no ha impedido que este servicio de comunicaciones sea un éxito fulminante en el mercado. La segunda circunstancia a considerar para la regulación de la calidad lo constituyen las obligaciones derivadas del servicio universal de telecomunicaciones, de las obligaciones de servicio público y de las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de comunicaciones. Estas obligaciones están ligadas a la definición del servicio universal y del servicio público así como a la defensa y protección del consumidor. Este segundo punto de vista parece obligar a introducir algún tipo de regulación sobre la calidad de los servicios de tipo universal o público. Obsérvese en cualquier caso, que la introducción de regulación de la calidad para unos servicios y no para otros introduce una asimetría en las obligaciones y en las oportunidades del mercado, sobre todo si se tiene en cuenta la convergencia y la aparición de nuevos servicios basados en el paradigma de Internet. Esta asimetría en servicios que a día de hoy son distintos, como puede ser el ejemplo de la telefonía básica y la telefonía IP, puede ofrecer resultados muy diferentes a los que persigue la regulación en términos de competencia justa. Por otra parte es notorio que la definición de lo que es el servicio universal va a sufrir una revisión continua a lo largo de los próximos años, con las consiguientes implicaciones en la regulación de la calidad de estas nuevas versiones de servicio universal. La regulación de la calidad y la competencia Después de la discusión anterior, se puede aceptar como hipótesis que es necesaria la regulación de la calidad en la prestación de los servicios de comunicaciones por mor del servicio universal y el servicio público. Pero ahora surgen dos dudas. La primera es: ¿a quién se le aplica esta regulación? ¿a todos los operadores o sólo a aquellos que son dominantes?. Y en segundo lugar: la regulación de la calidad ¿es solamente para el servicio universal o, previendo la convergencia y la redefinición del servicio universal, se debe aplicar a prácticamente todos los servicios que puedan ser de interés para los usuarios en un futuro cercano?. En los párrafos siguientes se discuten ambas cuestiones. La regulación de la calidad de la prestación del servicio tan solo a los operadores dominantes tiene puntos fuertes. En primer lugar, es este tipo de operadores el que está ligado con el servicio universal, un servicio que incluye un nivel mínimo de calidad entre los elementos que lo definen, y, en segundo lugar, pudiera ser que la obligación de los operadores dominantes de cumplir unos mínimos de calidad, haga que la competencia se vea obligada a superar estos mínimos para hacer atractiva su oferta de servicios ante el mercado. Sin embargo, es patente que la introducción de una regulación de este tipo corre grandes riesgos. Por un lado introduce otra asimetría más entre los diferentes operadores y proveedores presentes en el mercado español. Por otro lado, puede tentar al efecto contrario al buscado, es decir, rebajar la calidad a costa de un menor coste que haga suficientemente interesante el servicio al usuario. No olvidemos a este respecto que, como se ha mencionado, Internet demuestra cada día que existen usuarios dispuestos a una gran rebaja en la calidad si con ello consiguen una notoria reducción de sus costes. Y esto es cierto, no solamente para los usuarios, sino también para operadores de infraestructuras o proveedores de servicios. Con respecto a la segunda cuestión, ¿qué servicios deben regularse?, el proyecto de orden mencionado solo hace referencia a la calidad de los servicios de telefonía fija y a los circuitos alquilados, hace una mención de pasada para algunos parámetros que podrían aplicarse en un futuro a la telefonía móvil, y deja a un lado, por ejemplo, los servicios de acceso a la información, léase acceso a Internet. Puestos a regular calidad de servicios, no tener en cuenta a la telefonía móvil no parece tener mucho sentido en un país en el cual el año que viene el número de teléfonos móviles sobrepasará al de teléfonos fijos, lo que no solo plantea la cuestión de la regulación de su calidad, sino también la propia definición de telefonía básica y de servicio universal. Con respecto al acceso a Internet, el tema es mucho más complicado y es hasta cierto punto lógico que el proyecto de orden pase de puntillas sobre esta cuestión. ¿Por qué?. Pues porque el acceso a Internet es un servicio donde confluyen diversos operadores y proveedores. ¿Quién es el responsable de la calidad global, que es lo que el usuario final percibe?. ¿El ISP, el operador de acceso (típicamente el telefónico), el operador de datos, algún misterioso operador de backbones en Internet, o quizás el servidor de contenidos?. Considérese el conocido caso de las llamadas fallidas a Internet a través de la extinta Infovía, donde la indefinición del responsable de la calidad del servicio dejaba indefenso al usuario frente a situaciones que simplemente no entendía. O considérese también el reciente informe de la CMT sobre el acceso a Internet en España donde se señalan las barreras que dificultan el acceso masivo de los ciudadanos entre las que están desde el ordenador personal y su abstruso y poco fiable sistema operativo hasta la elevada tarifa plana. Desde esta visión de promoción del acceso a Internet como algo que contribuirá al desarrollo económico y social del país parece ya tiempo de enfrentarse con el problema de su calidad. Por supuesto, dentro de la definición de la calidad de todos estos servicios habría que incluir todo tipo de esquemas de difusión de televisión, o ¿es que al usuario que se le va la señal de un partido por el que ha pagado no hay que considerarlo dentro de los servicios susceptibles de calidad mínima?. Además la transparencia en la calidad es clave en un entorno de competencia y convergencia que se dirige hacia la interconexión de operadores y la interoperabilidad de servicios y donde el usuario solamente percibe la calidad global del servicio y no tiene por qué entender las complejidades técnicas sobre las responsabilidades de los diferentes agentes implicados. Apuntes para un nuevo enfoque de la calidad en comunicaciones Después de las discusiones de los apartados anteriores, parece notorio que no hay ninguna solución que basada en el actual marco regulatorio sea satisfactoria para todos los agentes implicados. Por ello, en este apartado se apunta muy someramente una solución que incluye un cambio de las reglas del juego. Considérense, como ejemplo, los parámetros que miden la calidad del servicio telefónico básico según el proyecto de orden. Son: el tiempo medio de suministro de la conexión inicial, la tasa de cumplimiento de plazos de suministro, la proporción de averías por línea de acceso, el tiempo medio de reparación de averías, la tasa de cumplimiento de plazos de reparación, la proporción de llamadas fallidas, la demora en el establecimiento de llamada, la proporción de puntos de acceso público de pago, la proporción de llamadas a servicios de operadora y de consulta no atendidas y la tasa de reclamaciones por facturación. Dejando a un lado la discusión sobre el valor numérico de los parámetros, que no es el objeto de este artículo, obsérvese que de los diez parámetros mencionados, los ocho primeros se refieren a infraestructuras o a servicios difícilmente separables de éstas y los dos siguientes a servicios claramente desagregables. De estos dos últimos parámetros de servicios es dudoso que exista ninguna necesidad de regulación puesto que, si existe suficiente competencia en servicios, y parece que la hay, ya se encargará el mercado de obtener un servicio satisfactorio. Nótese que hasta en el ejemplo del acceso a Internet, se cuidan estos dos aspectos. En cambio los parámetros de control sobre la calidad de infraestructuras son absolutamente necesarios puesto que hacen referencia a algo que es actualmente, y probablemente durante bastante tiempo, un recurso escaso: la red de acceso. Generalizando a partir de este ejemplo, el principio de la regulación de la calidad sería mantener la vigilancia sobre los parámetros y prestaciones de estos recursos escasos, sean del operador que sean y sirvan para el servicio que sirvan. De esta manera es posible que el usuario tenga una mayor garantía de la calidad y sepa a quién atribuírsela y también es posible que los agentes que tengan que interconectarse o interoperar sabrán con que pueden contar o qué pueden ofrecer al usuario con seguridad, evitando futuros conflictos entre operadores, con el usuario como espectador y damnificado. Una regulación de la calidad basada en esta idea tiene además la ventaja de que el usuario siempre estaría protegido, a veces incluso a su pesar, como cuando está dispuesto a tener un servicio, tipo telefonía móvil, sin reparar inicialmente en los aspectos de calidad. Por supuesto, esto no es más que una idea de comienzo, y todavía sería necesario la consideración de cuáles son los recursos escasos actuales (que pueden cambiar con el tiempo) y que parámetros definen adecuadamente su calidad. También hay que considerar con cuidado si a la regulación de los recursos escasos (básicamente infraestructuras de comunicaciones) hay que añadir la regulación de algunos servicios básicos (soporte a la operación, conmutación, ...) que son complicados de desagregar de las infraestructuras y que quizás deban tener también una definición en términos de parámetros de calidad. -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones
30 oct 2015
Artículo BIT
Políticas ante la era digital
Gretel Políticas ante la era digital -------------------------------------------------------------------------------- Noticias como la reciente aprobación del proyecto de firma electrónica, el avance de los planes de I+D estatales y de varias comunidades, así como las nuevas formas de acceso inalámbrico a las redes, nos compensan en parte de otras sobre la menor utilización relativa de Internet o el lentísimo avance del comercio electrónico en España Es hora, pues, de preguntarse si las políticas nacionales favorecen la nueva economía digital, que un reciente informe del Gobierno norteamericano –”Emerging Digital II”– evalúa en casi el 8% del PIB y considera fuente principal de crecimiento económico, de productividad y de reducción de precios en dicho país. En España, en cambio, contamos con más expresiones de voluntad política que con cifras estimativas o hechos reales. Esas voluntades se refieren a conceptos de fronteras tan borrosas como los de innovación y difusión tecnológica, tecnología e innovación, o incluso investigación y desarrollo o formación e investigación. Conceptos todos ellos que, pese a su vaguedad, operan con la misma materia prima, tan inmaterial e intangible como sus derivados: la información, que es –cada vez más– creada, procesada, transmitida y almacenada por medios digitales. Por ello, hay que agradecer el actual proceso de clarificación y reconocimiento de que vivimos en una sociedad de la información. Eso implica admitir que cualquier política global, supranacional, estatal, o regional y local, tiene que responder al desafío de los nuevos tiempos, pese a que la cultura de los agentes no esté preparada. Entre nosotros, ni siquiera está preparada para ese reto la cultura vivida o emitida por quienes deberían liderar el proceso. Nuestros líderes ni siquiera son conscientes de que, precisamente porque la sociedad de la información es mucho más que un concepto, también vivimos en una economía de la información. En consecuencia, cualquier política económica, de cualquier nivel, y muy especialmente las de carácter regional y local, si quiere tener algún efecto sobre la estructura económica a través de recursos tan fundamentales como la innovación y la formación y el conocimiento, tiene que operar sobre las infraestructuras y sobre las superestructuras de la información. Cambiar las superestructuras es tan difícil como instroducir los otros cambios. Implica cambiar la cultura, las ideas y las formas de pensar, percibir o medir el fenémeno. Y en esto ni siquiera contamos con las adecuadas herramientas analíticas. Ni la información aparece explícitamente en las estadísticas oficiales o las cuentas nacionales, ni su economía se enseña en la Universidad o los institutos (salvo en algunas especialidades de empresa que han introducido como materia los sistemas de información). Para colmo, ni siquiera algunos de los mejores economistas llegan todavía a distinguir entre tecnologías de la información y las comunicaciones (telecomunicaciones, informática y medios audiovisuales), contenidos informativos (flujos o mensajes transportados poir tales tecnologías) y conocimiento (resultado de sumar a la materia prima informativa todos sus citados derivados, hasta convertir los flujos informativos en un verdadero stock o depósito de conocimientos). Se trata, sin embargo, de diferencias tan elementales como la existente entre la actividad de los medios de transporte (coches, trenes, barcos o aviones), los objetos transportados (personas o mercancías) y el resultado de ese servicio en el conjunto de la economía. Lo cierto es que, aunque todavíaq no lo sepan ni los que mandan ni esos economistas, estamos inmersos en una economía de la información y el conocimiento, en una economía donde el transporte de información (de datos e ideas al fin y al cabo) tiene ya más importancia real que el transporte de personas o mercancías por tierra, mar y aire, que generan como mucho el 4 ó 5 del PIB y aún menos del empleo en los países más avanzados. Todavía sumarían menos sin descontamos las deseconomías externas como los atascos o las víctimas de accidentes de tráfico, evaluadas por diversos autores en más de la mitad de ese porcentaje. Pero los números cantan: las tecnologías de la información como medios de transporte de datos, ideas, imágenes, etcétera se situarían entre el 5% y el 9% del PIB, aunque si se les añade el creciente valor de los contenidos informativos ya mediatizados alcanzan a duplicar esas respectivas cifras, de forma que el conjunto de la cadena de valor del multimedia o del hipersector informativo se situaría en los países más desarrollados entre el 10% y el 20% del PIB. Pero si en vez de la información queremos estimar el más amplio fenómeno del conocimiento (integrado tanto por la información sobre atributos como por la información sobre técnicas o tecnología) nos iríamos en las economías más avanzadas al 40% ó 50% del PIB y a una cifra algo mayor del empleo. Junto al espacio físico está así surgiendo un espacio informativo, que lo sustituye en tanta o mayor medida como lo complementa. Y ello porque, a la hora de organizar económicamente una sociedad cada vez más compleja, la información pasa a ocupar un papel central en la economía-actividad, si no todavía en la economía-ciencia ni en su enseñanza, que tarda en darse cuenta de las consecuencias del cambio de una economía basada en el mando directo a otra cimentada sobre el control informativo. Alguna responsabilidad tiene en ello el que la información haya sido considera por la teoría como un bien no exclusivo ni transparente, de manera que tarda en imponerse como commodity o mercancía, pese a la tremenda evidencia y a la fuerte capacidad de arrastre de los grandes avances tecnológicos y de los cambios sociales, así como la consideración del conocimiento como la causa de casi dos tercios del aumento de la productividad total de los factores. Así lo acaba de reconocer el Banco Mundial, en su informe “El conocimiento al servicio del desarrollo”. Como otros del G-7 y de otras instituciones internacionales, este informe revela que en las políticas globales se ha pasado de la consciencia a la acción. También en las políticas supraestatales acometidas por los EEUU con su Infraestructrua Global de la Información, la Unión Europea con su política de Sociedad de la Información, e incluso Japón, Canadá y Austria con planes similares. Todas ellas se caracterizan precisamente no sólo por preparar las infraestructrueras de la nueva economía (cables de fibra óptica y satélites prolongados en redes digitales que, además de su propia función, mejoran la de las carreteras, trenes o puertos), sino por querer cambiar algunas superestructuras, empezando por ejemplo los planes tecnológicos o de I+D para favorecer la innovación y la difusión del conocimiento. El IV y el V Programa Marco de la UE son buena prueba de cómo se extiende la horizontalidad de las tecnologías de la información hasta copar la mayoría de los recursos disponibles, ejemplo que necesariamente se extiende a los programas subsidiarios de los estados, las regiones o las ciudadades. Esa horizontalidad se refleja en el Plan español y ahora el madrileño, que han salido después del acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de abril pasado lanzando una Iniciativa Estratégica para el desarrollo de la Sociedad de la Información, presentada como “uno de los fenómenos más complejos e interesantes” de la última etapa del milenio y con efectos “difícilmente medibles” El Gobierno español quiere con ello acometer y liderar una actuación global coordinada que permita a nuestro país situarse en condiciones de igualdad ante los “nuevos escenarios socio-económicos que se están configurando”. Sin embargo, ni a nivel estatal ni regional basta con dar el protagonismo principal a la iniciativa privada para que continúe sus esfuerzos en innovación, construcción de infraestructuras y nuevas aplicaciones. Hay que adoptar una actitud institucional, en pro de un desarrollo armónico y sostenible a medio plazo, sin limitarse a declarar como objetivo el dar a todos acceso a los beneficios de estas nuevas tecnologías y servicios. Y eso requiere algo más que palabras o propósitos de coordinación que pueden encubrir prácticas burocráticas. Requiere impulsar los medios necesarios para que haya un real despliegue de medios, además de optimizar los recursos o de simplificar los canales de interlocución. La forma de hacerlo es una cuestión política, por el momento centrada en crear una Comisión interministerial y en el anuncio de un Ministerio de la Innovación y la Tecnología que libere por fín a estas actividades del adjetivo limitativo de “industriales. Si la razón de ubicar esa Comisión en el actual Ministerio de Industria es que ya posee una visión global de las políticas de oferta y demanda de la Sociedad de la Información, que engloban a la industria, a los Servicios y a los usuarios; ¿por qué no integrar a comunidades autónomas o grandes ciudadades, quienes han de complementar esas políticas con otras propias dirigidas a adaptar su estructura productiva y sus instituciones y culturas a los requerimientos de la productividad y competitividad, que hoy ya tienen ese carácter global?. Al fin y al cabo, serán las empresas de estas regiones y ciudades las que tengan que competir buscando maximizar economías externas (de acceso a mercados y productos, tecnológicas, etcétera) y de aglomeración (evitando las externalidades negativas de la contaminación o el tráfico, etcétera), así como las economías de escala y alcance que proporcionan las nuevas tecnologías y redes de la información. Esa maximización, y en consecuencia el aumento de la productividad y la competitividad como objetivos a los que deben ayudar las políticas, pasa por reducir lo que podemos denominar costes de control (De Lucio, Beninger) o lo que Coase y Williansom denominan costes de transacción. Costes que, pese a esta inadecuación de la economía-ciencia para medir con rigor el impacto de la información, son ante todo y sobre todo costes de la información. Y no solo ahora, sino que han sido especialmente evidentes durante todo el siglo XX, cuando el control de una actividad cada vez más compleja ha sido uno de los fenómenos con los que más ha tenido que operar el decisor (individuo-familia, empresa o administración pública) a la hora de gestionar sus actividades preexistentes o de elegir localizar sus nuevas actividades. Tan evidentes como sumergidos en la teoría, que primero hablaba casi exclusivamente de costes del transporte, luego de costes de mano de obra, después de economías externas o externalidades, más delante de externalidades relacionadas con la economías de escala, capital humano, para terminar reconociendo –aunque sólo en algunos casos– el papel que corresponde a que acumulación de información y de conocimient. En suma, tales políticas deben partir de que los cambios económicos revelados por los procesos de globalización por la aparición de un espacio de flujos informativos, van más allá de alterar el espacio físico y el tiempo, las dos mayores limitaciones humanas. Sus efectos sociales inciden con fuerza en la retroalimentación de los cambios económicos y en el consiguiente desplazamiento de lo tangible a lo intangible, de una economía basada principalmente en la materia y la energía a otra economía centrada en la información. Por eso resulta especialmente percibida la mayor calidad y el superior rendimiento de los servicios, sobre todo de los más intensivos en información, más capaces –por tanto– de atraer sus nuevas tecnologías. Buena parte de la expansión atribuida durante el siglo XX a los servicios ha sido realmente debida a los servicios de carácter más informativo, como por ejemplo el comercio, la educación y la sanidad, por no citar los más recientemente pujantes servicios a empresas, asociados con la desverticalización de la organización productiva. A la hora de gobernar la continuidad de estos procesos, esas políticas deben apreciar también que el nuevo espacio de flujos informativos acelera considerablemente la movilidad de los factores productivos, impulsando profundas transformaciones estructurales y la relevancia estratégica de las tecnologías de la información. No deben ignorar que el homo faber que surgió como consecuencia del homo sapiens convertido en homo oeconomicus, se ha transformado en “homo movilis”, gracias a una creciente demanda de movilidad favorecida por lo que José B. Terceiro ha denominado con gran acierto “socied@d digit@l”. Inmerso en el incesante flujo mediático en el tiempo y en el espacio digital del ocio y del negocio, ha surgido un nuevo tipo, que Terceiro denomina homo digitalis y Matteis homo communicans. Un hombre con derecho a que las acciones de quienes le gobiernan en todos los niveles sean adecuadas a los nuevos tiempos -------------------------------------------------------------------------------- GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones
30 oct 2015
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Convergencia, Competencia y Regulación en los Mercados de las Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet
Gretel Convergencia, Competencia y Regulación en los Mercados de las Telecomunicaciones, el Audiovisual e Internet -------------------------------------------------------------------------------- En breve plazo verá la luz el segundo libro del GRupo de REgulación de las TELecomunicaciones del COIT. En esta obra se recoge una versión revisada y actualizada de los temas tratados en el libro anterior, y se amplía significativamente sus contenidos al incorporar temas relativos al fenómeno Internet, los procesos de convergencia y la nueva economía digital. Jorge Pérez y Claudio Feijóo, en su calidad de coordinadores del GRETEL 2000, nos presenta el libro y nos adelanta algunas de sus conclusiones mas significativas Una perspectiva completa e integrada La publicación a finales de 1998 del primer libro del GRETEL1 constituyó el primer intento en nuestro país de presentar una visión integrada y completa sobre la regulación de los sectores del Telecomunicaciones, Audiovisual e Internet en España. Integrada, porque consideraba simultáneamente los elementos jurídicos, económicos y tecnológicos que influían en los diferentes temas, y lo que es más importante, porque presentaba de manera sencilla y racional la lógica que subyacía en los procesos complejos y cambiantes que caracteriza a estos mercados. Se renunció a parte del rigor analítico de las técnicas de cada disciplina, en favor de una visión multidisciplinar común comprometida con la explicación pedagógica de la problemática de la regulación de los sectores mencionados. Completa, porque anticipando la importancia que posteriormente tendría el fenómeno de convergencia, presentó conjuntamente y de manera relacional las regulaciones dispares de los sectores de telecomunicaciones, audiovisual e Internet. Como resultado el libro ha sido utilizado por los profesionales mas diversos de la regulación como uno de los manuales de referencia a los que acudir para conocer los fundamentos y el estado de una cuestión concreta y como "libro de cabecera" de estudiantes y estudiosos que se introducen por primera vez en este campo. Animados por este resultado y conscientes de la rapidez de los cambios en esta materia, a principios de 1999 se reconstituyó el GRETEL, al que nos referiremos a partir de ahora como GRETEL 20002, con la misión de elaborar una edición actualizada del mismo. Quince meses después tenemos el placer de presentarles un libro que va mucho más allá del objetivo inicialmente previsto. En efecto, se trata de una obra en dos volúmenes, el primero dedicado a la regulación de los sectores de telecomunicaciones, audiovisual e Internet; el segundo dedicado al estudio del fenómeno de la convergencia (tecnológica, de mercados y sectorial), y a la emergencia de la nueva economía digital. Siguiendo el formato del libro anterior, cada uno de sus 18 capítulos acaba con un apartado, denominado comentarios GRETEL, en que se exponen las conclusiones mas relevantes del debate mantenido sobre cada tema por el colectivo de autores. De esta manera se separan nítidamente el análisis, que se pretende riguroso y neutro, de la opinión.. El entorno Tradicionalmente la explotación de los servicios de telecomunicaciones, la informática y la producción audiovisual, constituían sectores de actividad económica disjuntos con sus propias regulaciones específicas. Los avances en microelectrónica, en software, la digitalización de las señales (textos, voz e imagen) y de su transporte, inició un proceso de convergencia tecnológica en sectores que tenían en común el actuar sobre la misma materia prima, la información, y el hacer usos intensivo de redes de comunicaciones. En este contexto, Internet se convirtió en el paradigma de esta convergencia. En paralelo se inició el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, un lento pero inexorable proceso de apertura a la competencia de un sector tradicionalmente explotado en monopolio. Ambos procesos enmarcados en un contexto mas general de globalización, competencia y difusión acelerada de equipamientos y servicios TIC que caracteriza el cambio de siglo, están produciendo la paulatina reestructuración de los mercados y de su regulación. El libro comienza realizando un diagnostico del mercado español de telecomunicaciones y tecnologías de la información y descubre el enorme reto que supone su adaptación a los cambios de entorno. El GRETEL 2000 se sorprende de la ausencia en nuestro país de estudios relevantes sobre el impacto que el proceso de liberalización esta teniendo sobre los aspectos estructurales del mercado, las infraestructuras, la creación de valor añadido y el sistema de innovación. Por ello, alerta a las autoridades públicas y agentes sectoriales sobre la necesidad de considerar los efectos de la regulación no solo desde el punto de vista de la competencia a corto plazo, sino también como un instrumento relevante para favorecer el valor añadido nacional de este sector a medio y largo plazo. Balance del proceso de apertura a la competencia de las telecomunicaciones en España En el libro se analiza el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España desde 1987 a nuestros días. En un ejercicio de sistematización, se distinguen tres fases: liberalización, precompetencia y competencia plena. Cada una de las fases se describen con detalle, poniendo de manifiesto la legislación desarrollada, las instituciones reguladoras implicadas y los nuevos agentes que progresivamente fueron entrado en el mercado español. El GRETEL 2000 analiza las causas que han dado como resultado el modelo español de apertura a la competencia caracterizado por: •Diligencia en la transposición de las directivas de harmonización. •Creación tardía de los operadores de la precompetencia. •Ausencia de restricciones significativas para que Telefónica pudiera actuar en los mercados convergentes del Audiovisual e Internet. •Rapidez en el establecimiento de las condiciones que posibilitan el despliegue de infraestructuras alternativas vía radio. •Régimen de acceso a redes, estructura tarifaría marco y precios de interconexión que a corto plazo disuaden la competencia y la inversión en el bucle de abonado y favorecen la entrada de nuevos operadores en los negocios de "larga distancia" (telefonía internacional, interprovincial y provincial) con bajos niveles de inversión. •No reconocimiento de un modelo de costes para el operador establecido y como consecuencia la no resolución de tres aspectos claves ligados a la regulación del operador establecido: el desequilibrio de tarifas, el reconocimiento del déficit de acceso y del servicio universal. •Poco éxito en la regulación de los servicios convergentes. El GRETEL2000 valora positivamente el proceso seguido hasta ahora pero apremia a los reguladores a que aborden sin dilación los temas pendientes y alienten el debate que permita preparar el próximo cambio de marco regulador que nos anuncia la Comisión Europea3. Las claves de la regulación de las telecomunicaciones A lo largo de ocho capítulos el lector encontrará el análisis detallado de los temas fundamentales de la regulación de las telecomunicaciones en el marco de competencia plena que define la Ley General de Telecomunicaciones, su desarrollo posterior y las resoluciones que las Autoridades Reguladoras han ido tomando antes los problemas concretos que se han planteado. Los temas tratados son: •Las Autoridades Reguladoras Nacionales en la EU. •Entrada al mercado y títulos habilitantes. •Interconexión y Acceso a Redes •Obligaciones de Servicio Público y Derechos de Paso •Gestión del Espectro Radioeléctrico. •Numeración •Infraestructuras en el Interior de Edificios •Costes y Precios de los Servicios de Telecomunicaciones Los temas están tratados de forma estructurada y comprensiva de manera que el lector pueda simultáneamente revisar el estado actual del tema o consultar un aspecto concreto de su interés. En sus comentarios, el GRETEL 2000 descubre como la dinámica del comportamiento de los agentes en el mercado esta sobrepasando ya la regulación existente y plantea la necesidad de modificar dicha regulación para adaptarla a la realidad del mercado. Para ello parece razonable utilizar la oportunidad que plantea la "Revisión" del marco general que se esta haciendo actualmente a nivel comunitario. El Audiovisual No puede pasarse por alto la confusión que existe en la regulación del sector audiovisual en España, no sólo por el número de normas que lo contemplan parcialmente, sino por la categoría y significación de cada una de ellas. Incluso existen algunas muy antiguas que no reflejan ya la situación actual, como el Estatuto de Radio y Televisión de 1980. O bien se trata incluso de leyes derogadas parcialmente, como las leyes que regulaban las Telecomunicaciones por satélite y cable, que están vigentes sólo en parte. A todo esto hay que añadir la dispersión que resulta del reparto de competencias en materia audiovisual, con lo que a las leyes estatales hay que sumar las que dictan las CCAA dentro de su competencia. El libro presenta con todo detalle este panorama, tanto para las distintas modalidades de TV como de Radio. El GRETEL 2000 opina que de la misma manera que el legislador hizo un esfuerzo unificador en la regulación de las telecomunicaciones, fruto del cual es la vigente Ley General de 1998, sería igualmente necesario que se unificara el régimen jurídico del sector audiovisual, no sólo de la televisión, y que por una vez, se adelante a los acontecimientos, previendo la convergencia de los tres sectores, audiovisual, telecomunicaciones e Internet, de manera que se ofrezca a su desarrollo futuro una base regulatoria coherente y motivadora, que sea la guía segura y fiable tanto para los usuarios, como sobre todo para los que operan en el sector. Internet Una mirada apresurada sobre Internet pudiera arrojar la opinión de que se trata de un sector completamente desregulado o al menos carente de una buena cantidad de normas. Este apreciación difiere bastante de la realidad pues Internet lejos de ser una entidad abandonada al libre albedrío de los elementos que la componen, se encuentra gobernada por un buen número de organizaciones y procedimientos estrictos. Otra cosa muy diferente es que estas organizaciones se escapen, hoy, de los esquemas y de los agentes reguladores habituales en otras partes del sector de la información y las comunicaciones. Como se expone en el libro, las organizaciones que gobiernan la evolución de Internet en sus distintos aspectos (protocolos, servicios, numeración, nombres, ...) tienen estructuras y relaciones complejas entre ellas, pero se caracterizan, hoy y al menos nominalmente, por su independencia y neutralidad frente a gobiernos y grandes empresas. Sin embargo, la influencia que tienen las decisiones de estas organizaciones de gobierno de Internet son tremendas tanto desde el punto de vista de mercado como socialmente. Este hecho anima al GRETEL 2000 a proponer el impulso de la presencia de relevantes personalidades del ámbito de influencia hispana en Internet en las organizaciones de gobierno de Internet. Ello debe hacerse, por supuesto, sin vulnerar los principios de neutralidad, independencia y búsqueda del interés común que caracterizan a los que forman parte de estas entidades de gobierno de Internet. Aún así quedan sin regular un buen número de aspectos que pueden ser críticos para la evolución de Internet y el futuro del sector. Ejemplos de algunos de ellos pueden ser el acceso a infraestructuras de los operadores de telecomunicaciones, la agregación de servicios, el servicio universal de acceso a la información o la aplicación de patentes en Internet. Por ello, y en vista de la previsible importancia que pueden adquirir estas cuestiones, se ánima a los organismos reguladores competentes para que sean proactivos y vigilen las condiciones de competencia y de servicio a los ciudadanos relacionadas con el desarrollo de Internet. Las carencias de la regulación de Internet son más patentes desde un punto de vista global, ya que aunque existe regulación sobre algunos aspectos críticos como firma electrónica, propiedad intelectual o comercio electrónico, esta no dista de ser hoy nada más que regulación "regional" que tiene que enfrentarse con una red que cubre el mundo entero y que por tanto crea cuestiones, problemas y oportunidades globales. Convergencia El libro dedica cuatro capítulos al análisis del fenómeno de la convergencia. A partir de su significado en distintos ámbitos (tecnología, capital, mercados, políticas públicas, regulación etc.) se dedica un capítulo al estudio de la situación actual del proceso y a la propuesta un modelo para su análisis. Modelo que posteriormente se desarrollas, a partir del análisis del impacto de la convergencia en las cadenas de valor de los servicios tradicionales de cada sector (comunicaciones, Internet y Audiovisual ) y las nuevas cadenas de valor específicas que surgen en los nuevos servicios y modelos de negocios. La convergencia desde las comunicaciones nos lleva inevitablemente a la problemática del acceso. Internet es el paradigma de la convergencia tecnológica ¿puede ser el paradigma de las demás convergencias?. Para el audiovisual la convergencia se inicia con la difusión interactiva de contenidos.Además, se dedica un capitulo a los problemas de la propiedad intelectual en el entorno emergente de la convergencia. Para el GRETEL 2000 las preguntas clave sobre la regulación de la convergencia hacen referencia a la compatibilidad del modelo actual de regulación de cada uno de los sectores por separado con el desarrollo convergente del mercado, a la conveniencia de reunir la regulación en una única que tenga en cuenta la convergencia y que esté más orientada hacia las reglas generales de la competencia, y finalmente, si la regulación puede adelantar la convergencia de mercados o si es mejor regular mercados convergentes. Como primera respuesta se puede decir que hoy la situación de partida de los diversos sectores en cuanto a su regulación es tremendamente dispar. En este sentido, se podría hablar de un paso previo a la regulación convergente que trataría de hacer uniforme la regulación entre sectores. Las características clave de esta igualación serían: •Abierta, en el sentido de no impulsar posiciones de predominio y permitir la competencia intersectorial e intrasectorial •Mínima, en el sentido de regular solamente aquellas cuestiones (básicamente, recursos escasos y protección del usuario) que el comportamiento del mercado no es capaz de mantener adecuadamente por sí solo. A partir de aquí, el elemento clave para poder entender la regulación en el marco de la convergencia es la cadena de valor que resulta de la aproximación de los sectores de las comunicaciones, Internet y el audiovisual. Esta cadena de valor permitirá comprender en mayor medida algunos de los difíciles retos a los que se enfrentará la regulación en los años venideros. La Economía digital El último capitulo del libro se dedica al estudio de "la explosión" de la economía digital. Se describen las coordenadas de este nuevo fenómeno emergente, las aproximaciones teóricas que existen y la base estadística que las soportan. A partir de estos hallazgos se interpreta el debate sobre la nueva economía y como esta transformando la visión que teníamos sobre fenómenos como la globalización, la ciencia económica, la prácticas empresariales, los mercados financieros y los modelos de negocio. El punto de partida del análisis que se presenta es la constatación de que la pujanza económica de las tecnologías de la información encuentra el campo abonado no sólo en los efectos de la convergencia tecnológica, sino en la creciente importancia alcanzada en el mundo actual por la información y el conocimiento. Es la fuerte demanda de información y conocimiento –es decir, la creciente intensidad informativa de la gran mayoría de las actividades económicas, relacionada con las necesidades de control y transacción– la que impulsa con fuerza la demanda de tecnologías de la información. Desde que el Departamento de Comercio de los EEUU publicó hace poco más de un año el informe Emerging Digital Economy, muchos han sido los análisis y hallazgos sobre el particular. Pero quizá el primero y más importante consiste en que ha logrado sensibilizar sobre la importancia económica y el impacto de las tecnologías de la informacióny las agencias de estadísticas federales han formulado planes para el análisis y medida efectiva del fenómeno y de sus más dinámicas manifestaciones, como el comercio electrónico. Pero todavía sólo podemos entrever el fenómeno fijando algunas de sus coordenadas, y a lo sumo medir algunas de sus innumerables partes, aunque desde la constatación de que muchas de esas partes están cambiando, otras apenas emergiendo, mientras que el todo evoluciona rápidamente. De ahí que en países como España, donde la conciencia científica sobre su importancia es menor y las estadísticas más deficientes, se imponga como prioridad el establecer al menos sus coordenadas para contribuir al desarrollo de un cuadro coherente con el fin de que las empresas, el gobierno y los ciudadanos lo aprovechen mejor. En consecuencia, el GRETEL 2000 urge a las autoridades públicas, al mundo docente e investigador y al conjunto de la opinión pública para que tomen conciencia y actúen conforme a las nuevas realidades, creando los estímulos necesarios en orden a que esas nuevas realidades sean mejor comprendidas, explicadas y gobernadas con el fin de lograr mejor provecho para la economía y la sociedad españolas. Jorge Pérez Martínez Claudio Feijoo González GRETEL Grupo Regulación de las telecomunicaciones
30 oct 2015
Artículo BIT
Hacia un Nuevo Marco Regulatorio para el sector de las Telecomunicaciones
Gretel Hacia un Nuevo Marco Regulatorio para el sector de las Telecomunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- El pasado 12 de julio la Comisión Europea hizo públicas siete disposiciones (una propuesta directiva marco, cuatro propuestas de directivas específicas, la regulación de la desagregación del bucle local y una decisión sobre el marco regulador del espectro), que suponen un cambio importante del marco regulador de las telecomunicaciones. Los autores de este artículo, miembros del GRETEL, nos presentan el alcance de este conjunto de medidas en el proceso general de liberalización de las telecomunicaciones en la UE y su relación con las recientes medidas liberalizadoras (RDL 7/2000) adoptadas por el gobierno de España La Unión Europea, ha impulsado este proceso adoptando un rol de arbitro y a la vez magno espectador, simultaneando alternativamente la publicación de informes dirigidos a iniciar un proceso consultivo en el sector con la publicación de directivas liberalizadoras vinculantes para los estados miembros de gran importancia política. Desde esta perspectiva, la Unión Europea ha ejercido de impulsora de un proceso que, si bien es cierto ha logrado la completa liberalización, a día de hoy, no está acabado por muchos motivos. En lo que respecta a España, el proceso regulatorio de las telecomunicaciones ha superado distintas fases encaminadas a lograr una competencia plena y efectiva en el sector convergente de las telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones ha supuesto el marco regulatorio en el que se ha desarrollado la nueva situación de competencia a partir del 1 de diciembre de 1999. Este nuevo marco se materializó en una misión, que era ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios en competencia, redundando ésta en una mejora de la calidad y precio de los servicios ofrecidos. Recientemente se han producido un conjunto de decisiones de la Comisión que implican un cambio importante del marco regulador de las telecomunicaciones. Estas reformas, junto con las las nuevas medidas de carácter liberalizador que está planeando el gobierno no pueden entenderse sin la visión europea recogida dentro del "Quinto Informe"1, el "Review 99"2 y los resultados de la consulta pública del originada por el "Review 99"3, entre otros documentos, los cuales han tenido como principal consecuencia la aparición el 12 de Julio de 2000 de siete nuevas disposiciones (una directiva marco, cuatro directivas específicas, una regulación y una decisión ) que constituyen un nuevo marco regulatorio europeo4. Al hilo de esto, la conferencia de prensa-presentación de estas disposiciones de la comisión señala el todavía dominio de los operadores incumbentes como el aspecto negativo del proceso liberalizador teniendo en cuenta que se ha conseguido un mercado en fuerte crecimiento, un gran número de nuevos operadores para elegir y una sensible bajada de tarifas como aspectos positivos dentro de todo este proceso. El nuevo Marco Regulatorio en la UE El proceso que ha dado lugar a un nuevo marco regulatorio en las telecomunicaciones se ha iniciado en el año 1999 y finalizará en a fines del año 2001, fecha límite en la que la última de las nuevas directivas debe de ser transpuesta. Este proceso ha tenido tres etapas claramente diferenciadas: En una primera etapa se ha hecho un análisis minucioso del estado regulatorio de los diferentes estados miembros. Para ello, primeramente se ha obtenido una "fotografía" del estado de implantación del paquete regulatorio comunitario en los diferentes estados miembros. Las conclusiones se han materializado en el Quinto Informe de la Comisión. Por otro lado, también se ha analizado la convergencia (consultas sobre Libro Verde sobre la Convergencia ), el espectro (consultas sobre Libro Verde sobre el Espectro Radioeléctrico) o la televisión digital (conclusiones del informe sobre la televisión digital). Como consecuencia de todas estas consultas públicas, se han obtenido una serie de conclusiones que han inspirado la elaboración en profundidad de una revisión del marco regulatorio, el cual se ha materializado en el la Revisión de 1999 ("Review 99"). En la revisión realizada, se han marcado una serie de objetivos que debía alcanzar el nuevo marco. De entre ellos, se pueden destacar los siguientes: 1. Promover un mercado europeo abierto y competitivo 2. Beneficiar al ciudadano europeo (acceso asequible al servicio universal, protección de datos y de la intimidad, transparencia en las tarifas…) 3. Consolidar el mercado interior en un entorno convergente 4. Establecer una regulación que potencie la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, garantizando los objetivos de interés general. 5. Reducir la regulación hasta el mínimo posible para alcanzar los objetivos políticos. 6. Aspirar a una regulación neutral con el tipo de tecnología. El nuevo marco regulador propuesto en la revisión debe de articularse en torno a 3 líneas de acción: una serie de medidas comunitarias específicas del sector formada por una directiva marco y cuatro directivas particulares reduciendo el número de medidas legales de veinte a seis; un conjunto de medidas no vinculantes tales como recomendaciones, directrices, códigos de conducta… que permitan aportar flexibilidad al marco general; y finalmente, una mayor utilización de la legislación que regula la competencia, la cual sustituirá progresivamente la normativa sectorial. Las principales propuestas de la revisión se enuncian a continuación (ver Tabla 1). Un marco único que regulará las infraestructuras de comunicaciones y sus servicios asociados ( ej. servicios de comunicaciones, servicios de acceso …). Los servicios prestados a través de estas redes como la radiodifusión o los servicios de banco electrónico serán regulados por otras medidas nacionales o comunitarias como la Directiva sobre Comercio Electrónico. Respecto a Internet, seguirá considerándose un servicio de transmisión como el resto, lo cual ya se ha contemplado en el anterior marco. Los servicios a través de Internet como el comercio electrónico no son objeto de estudio en la revisión 99. El nuevo marco de títulos habilitantes contempla la existencia únicamente de autorizaciones generales y las autorizaciones específicas son contempladas únicamente cuando existen recursos escasos. Respecto al acceso a redes y la interconexión, el nuevo marco establece principios comunes para ambos, de tal manera que los operadores entrantes puedan competir con los dominantes independientemente del medio de transmisión. En el espectro radioeléctrico se intentará que las consideraciones que orienten la actuación comunitaria sean también políticas y no solo técnicas. A pesar de que el servicio universal seguirá siendo una de las prioridades de la UE, de facto es marginado en importancia por el resto de medidas al renunciar la comisión a aumentar sus prestaciones hasta el 2002 (siendo conocida la actitud de la Comisión de promover una universalización de las telecomunicaciones mediante la promoción de la competencia y no mediante la vía legal). El lanzamiento de medidas que faciliten la introducción de la competencia en el bucle local responde al impulso ejercido por los quince durante la cumbre de Lisboa. Así por tanto, la Comisión empleará las facultades que tiene conferidas en virtud del Derecho de la competencia, no acudiendo a la vía habitual (presente en el resto de estas directivas) para impulsar el acceso desagregado en la UE. Además, se pide que exista una actuación reguladora coherente a escala comunitaria. Sin llegar a crear una autoridad reguladora comunitaria que resultaría muy costosa, sería conveniente aumentar la colaboración entre la Comisión y las ARN. Por último, se propone adaptar la directiva 97/66/EC relacionada con temas de propiedad intelectual y privacidad, a los nuevos y previsibles desarrollos en servicios y tecnologías que has aparecido o aparecerán próximamente. El objetivo último es que los usuarios posean el mismo nivel de protección, independientemente de la tecnología utilizada, como ya fue declarado en el "Review 99" Fruto de las propuestas de la revisión, surgió la comunicación de la comisión de 26 de abril de 2000 con los resultados de la consulta pública sobre la revisión 99. A partir de esta y de las propuestas de los agentes del sector salió a la luz el 12 de julio de 2000, el nuevo marco regulatorio el cual comenzará a ser aplicado a partir del momento que es transpuesto. Este fenómeno queda resumido en la siguiente figura: En nuestra opinión los elementos mas relevantes de nuevo marco regulador que se propone son: Disminución significativa de la capacidad de los estados miembros de la UE de imponer condiciones a los operadores en el proceso de otorgamiento de los títulos habilitantes. Aparición de la figura de los operadores con "poder significativo en un mercado". Esta figura permite a las autoridades reguladoras nacionales extender de manera flexible a otros operadores condiciones que hasta ahora solo afectaban al operador histórico. Desregulación total de los servicios y fuerte regulación del acceso, interconexión y compartición de las infraestructuras existentes. La desagregación inmediata del bucle de abonado de las redes fijas y su mas que probable extensión a medio plazo a las redes móviles, supone un cambio radical de las condiciones de competencia en el mercado de las telecomunicaciones de consecuencias difícilmente previsibles. El reto consiste en encontrar las condiciones que incentiven a los operadores, en particular a los operadores históricos nacionales, al despliegue y modernización de sus infraestructuras. Renuncia a utilizar el "servicio universal" como instrumento para extender a toda la población el acceso a las infraestructuras y servicios de la Sociedad de la Información. Aparición de elementos de regulación convergente (telecomunicaciones + audiovisual) tendente a romper la integración vertical de la cadena de valor existente en el sector audiovisual. Estricta y polémica regulación de los derechos de propiedad intelectual de los contenidos y de la privacidad en las nuevas redes (Internet). Este tema generará fuertes controversias en los próximos meses. Estos cambios implican necesariamente una importantísima reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) y de su desarrollo normativo. Si no fuera por los plazos tan cortos que hay para la transposición de las directivas al ordenamiento jurídico español, los autores de este artículo recomendarían iniciar el procedimiento para la tramitación de una nueva LGTel. El Real Decreto-Ley 7/20005 En España la situación ha cambiado enormemente los últimos años. Inicialmente, España era un país que destacaba en el seno de la Unión por su lentitud a la hora de aplicar medidas liberalizadoras que la hicieran salir del periodo de monopolio, con la llegada al poder del partido popular la situación que ha cambiando radicalmente hasta llegar a la situación contraria. España es en la actualidad uno de los países que anticipan las reformas liberalizadoras. En este sentido, una parte de las medidas tomadas en el Real Decreto-ley del pasado 23 de junio constituyen un adelanto a algunas de las nuevas medidas adoptadas con el nuevo marco europeo comentado en el apartado anterior. Existe sin duda la voluntad política de dinamizar el mercado con el objetivo último de implantar la Sociedad de la Información de una manera rápida y sencilla, un claro motor económico y generador de empleo en el centro de la sociedad española. En la Tabla 2 aparecen las medidas adoptadas en España. Sin embargo, existen algunas medidas tomadas por el gobierno que no tienen equivalencia a priori con ninguna de las directivas que han aparecido hasta ahora, como es el caso de la tarifa plana. Es curioso el hecho de que el gobierno español ha impulsado la tarifa plana mediante Real Decreto imponiendo al operador dominante una tarifa y horario determinado. Esta medida política no tiene parangón en la política europea. La apertura del bucle en España merece especial consideración pues de nuevo sitúan a nuestro país entre aquéllos que adelantan la aplicación de una medida de obligado cumplimiento de la Comisión. Sin embargo, como se puede comprobar en la tabla, la fecha impuesta por la Comisión es prácticamente coincidente con la Española. Por lo tanto, España va a tener poca ventaja respecto a otros estados miembros. También ha existido cierta anticipación respecto a la Contabilidad de Costes impuesta al operador dominante, aunque las medidas adoptadas por el gobierno son mucho menos amplias que las recogidas en la nueva Directiva de Acceso e Interconexión, la cual, entre otras medidas, otorga una parcela de poder mayor a las ARN. En resumen, el Real Decreto-Ley de 23 de junio ha introducido nuevas medidas que suponen un paso más en el proceso liberalizador iniciado hace años. La trascendencia de algunas de ellas como la desagregación del bucle hace que sea digno de alabanza el impulso adoptado por el gobierno, debido a la trascendencia que tiene esta medida en el mercado. La osadía de la tarifa plana introducida por el gobierno va en principio en contra de la política europea de telecomunicaciones pero muestra una clara voluntad política de impulsar el acceso a Internet. Al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología le espera un gran trabajo el próximo año para poder adaptar la LGTeL a las nuevas directivas. -------------------------------------------------------------------------------- TABLA 1. PAQUETE NORMATIVO DEL NUEVO MARCO REGULADOR EN LA UE Disposición Fecha límite en la Implantación COM (2000) 384 Directiva sobre acceso e interconexión de redes de comunicaciones. (Directive of the European Parliament and of the Council on acces to, and interconection of, electronic comunications networks and associated facilities) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 393 Directiva sobre un marco regulatorio común para redes y servicios de comunicación. (Directive of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framwork for electronic communications networks and services) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 392 Directiva sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios en relación a redes y servicios de comunicación (Directive of the European Parliament and of the Council on universal service and user" rights relating to electronic commuications networks and services) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 386 Directiva sobre autorizaciones en redes y servicios de Telecomunicación. (Directive of the european Parliament and of the Council and the authorisation and electronic communications networks and services) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 385 Directiva sobre el procedimiento de datos personales y la protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones. (Directive of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communication sector) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 394 Regulación del Parlamento Europeo y el consejo sobre la desagregación del acceso local. (Regulation of the European parlamient and of the Council on unbundled acces to the local loop) 31 de diciembre del 20001 COM (2000) 407 final Decisión sobre un marco regulatorio para política de espectro en la Unión Europea. (Decisión of the European parliament and of the Council on a regulatory framework radio spectrum policy in the European Community) (Decisión con la entrada en vigor para toda la UE) TABLA 2 PAQUETE NORMATIVO DEL RDL 7/2000 Aspecto Fecha límite en la Implantación Apertura del Bucle y selección de operador Obligación de los operadores dominantes de redes telefónicas fijas de facilitar el acceso desagregado y compartido al bucle de abonado Obligación por parte de los operadores dominantes de redes públicas fijas de facilitar los procedimientos de selección de operador de llamada a llamada y preasignación para llamadas metropolitanas. A partir de enero de 2001 Antes del 15 de noviembre de 2000 Modificación de Tarifas Telefónicas Obligación por parte de los operadores dominantes del servicio telefónico fijo disponible al público de crear un programa de tarifas para el servicio telefónico fijo metropolitano de 600 minutos de tráfico al mes con valor de 700 pesetas. Obligación por parte de los operadores dominantes del servicio telefónico fijo disponible al público de incorporar una tarifa de acceso a Internet a través de RTC a un precio de 2750 ptas. mensuales independientemente del número de llamadas. A partir del 1 de noviembre de 2000 A partir del 1 de noviembre de 2000 Impulso de competencia en móvil Obligación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de efectuar un estudio sobre las posibles alternativas con el fin de incrementar la competencia en la telefonía móvil. Antes del 31 de octubre de 2000 OIR Obligación de la CMT para presentar la propuesta de modificación de la OIR de Telefónica con el fin de garantizar la eficacia competitiva de las medidas liberalizadoras de 23 de junio de 2000. Antes del 15 de septiembre de 2000 Contabilidad de Costes Publicación de la contabilidad de costes en lo operadores dominantes del servicio telefónico fijo y líneas alquiladas en las áreas de negocio telefónico fijo, líneas alquiladas, interconexión y servicio universal o en operadores de telecomunicaciones no dominantes pero con obligaciones de servicio universal. Antes del 31 de julio del año siguiente al del ejercicio en cuestión -------------------------------------------------------------------------------- Jorge Pérez Martínez Héctor Pérez Sáinz Sergio Pérez Sáinz
30 oct 2015
Artículo BIT
Ante el proyecto de Real Decreto relativo a servidumbres, límites de exposición y otras restricciones de emisiones radioeléctricas1
Ante el proyecto de Real Decreto relativo a servidumbres, límites de exposición y otras restricciones de emisiones radioeléctricas1 Pocos desarrollos técnicos en la historia de las telecomunicaciones han tenido una aceptación social tan rápida y extensa como la telefonía móvil, y muchos menos han generado tantas expectativas como la que suscita la fusión Móvil-Intenet que producirán las futuras generaciones de móviles. Sin embargo, desde hace unos meses se percibe en España un aumento de la preocupación que suscita la exposición humana a los campos electromagnéticos producidos por las estaciones base utilizadas en comunicaciones móviles. Esta creciente alarma social puede poner en peligro el normal desarrollo de la Sociedad de la Información y del sector de las comunicaciones móviles, en particular. Centenares de Ayuntamientos, entre los que se encuentran capitales de provincias, han suspendido temporalmente la correspondiente concesión de licencias a los Operadores para la instalación de antenas de telefonía móvil hasta que no se apruebe una reglamentación sobre los niveles máximos de exposición (se refieren al RD que comentamos); Por otra parte, ante el retraso en la tramitación del RD y el aumento de la presión social, la Generalitat de Cataluña y algunos municipios han promulgado normativas particulares sobre el asunto en su ámbito territorial. La causa principal de la situación creada en nuestro país es que la Administración Central está reaccionando con demasiada lentitud ante la vorágine de informaciones contradictorias que han aparecido en los diferentes medios de comunicación, con el consiguiente impacto en la opinión pública, dando lugar a que un problema tan complejo como el que nos ocupa sea abordado olvidando los importantes esfuerzos (investigación científica, políticas públicas en el área de la salud, creación de normativas técnicas de seguridad de terminales e instalaciones radioeléctricas, etc) que, desde hace años, se llevan realizando en muchos países, entre ellos los de la Unión Europea. Por este motivo, y con ocasión de la próxima entrada en vigor del Real Decreto relativo a las servidumbres, a los límites de exposición y otras restricciones de emisiones radioeléctricas, el Gretel, como grupo de expertos en materia de regulación de las telecomunicaciones, cree conveniente en esta ocasión complementar su análisis del Real Decreto con una explicación general del problema planteado, esperando que contribuya a despejar las dudas suscitadas y, sobre todo, ayude a reducir la confusión presente en prescriptores y formadores de la opinión pública. LA PERCEPCIÓN SOCIAL Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS En los países avanzados, la opinión pública está muy sensibilizada sobre los potenciales impactos en la salud y en el medio ambiente procedentes de las innovaciones científico-técnicas. La velocidad del cambio tecnológico y el desarrollo de los medios de comunicación hacen que se difundan los supuestos riesgos potenciales de una innovación antes de que las investigaciones científicas hayan podido clarificar totalmente la naturaleza del riesgo. Los responsables públicos, agentes sectoriales y los profesionales competentes en cada una de las áreas involucradas tienen que considerar esta nueva forma de “percepción social del riesgo”, asumiendo la toma de decisiones en un entorno con un cierto grado de incertidumbre científica, sin perder de vista la posible “inquietud de la población”. En la evaluación, gestión y control de la percepción social del riesgo a las emisiones radioeléctricas hay que considerar los siguientes aspectos: a) Obtención de la “evidencia” científica de los efectos de las emisiones radioeléctricas en la salud y evaluación del riesgo. b) Aplicación del “principio de precaución”, de manera que se mitigue dicho riesgo. c) Establecimiento de una normativa regulatoria sobre equipos e instalaciones que garanticen la seguridad del entorno mediante el cumplimiento estricto de b). d) Comunicar adecuadamente al conjunto de la sociedad la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas para superarlo. Acotación del problema, evidencia científica, evaluación del riesgo y aplicación del principio de precaución Conviene señalar en primer lugar que nuestro ámbito se circunscribe a emisiones procedentes de instalaciones utilizadas en sistemas de comunicaciones radio, es decir, exposiciones de RF de baja intensidad; ello quiere decir que quedan fuera de nuestro análisis las radiaciones ionizantes y las emisiones de ondas electromagnéticas de baja frecuencia (en particular las de 50 Hz, procedentes de tendidos eléctricos de alta tensión). Por otra parte, no se puede tratar de igual manera las emisiones procedentes de las estaciones base y las de los terminales;. por ejemplo, la exposición a la que están sometidas las personas que viven en las cercanías de las estaciones base (fuera de las zonas de exclusión) es muy inferior a la que se somete una persona cuando mantiene una comunicación desde un teléfono móvil. Se han realizado muchos estudios (búsqueda de la evidencia científica) sobre la exposición de los seres humanos a los campos electromagnéticos sin que, hasta el momento, ninguno de ellos haya demostrado que éstos pueden afectar a la salud de las personas. También se han realizado numerosos experimentos para evaluar los efectos biológicos que producen los campos electromagnéticos, pero ninguno ha demostrado que dichos efectos sean dañinos. Estas conclusiones están recogidas en los informes de evaluación del riesgo elaborados por la Organización Mundial de la Salud2, la Comisión Europea3, el informe Stewart4 publicado en el Reino Unido o los recientemente publicados en Francia5, en EEUU6 y en España7. La regulación europea3 en materia de emisiones radioeléctricas se basa en la Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). Esta Recomendación está alineada con las recomendaciones internacionales emitidas por la Comisión Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) y los trabajos efectuados por el organismo de normalización europeo reconocido Comité Europeo de Normas Electrotécnicas (CENELEC). En España el Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado recientemente las conclusiones y recomendaciones de un estudio encargado a un comité de expertos relacionados con la evaluación del riesgo de los campos electromagnéticos (CEM) sobre la salud humana, todos de reconocido prestigio nacional e internacional. La principal conclusión del trabajo ha sido la siguiente: “a la luz de los conocimientos científicos actuales se puede afirmar que la exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos a la salud, dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, y que el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos”. En los informes más recientes señalados anteriormente, se observa un alto grado de convergencia en los criterios y propuestas. Las recomendaciones comunes son: • Hasta el conocimiento científico actual, no existe riesgo pero deben proseguirse las investigaciones. • Es necesario aplicar el “principio de prudencia” para evitar el riesgo. • La exposición a las emisiones radioeléctricas provenientes de las estaciones base es muy inferior a la procedente de los terminales. • Establecer procedimientos más precisos de medida de las emisiones de los terminales y mejorar los procedimientos que aseguren que no se alcanzan los valores máximos de exposición recomendados en las zonas accesibles de las estaciones base. • Se deben tener mayores precauciones con la exposición de “colectivos sensibles”, como son niños, embarazadas, ancianos, enfermos, etc. • Es necesario informar adecuadamente al público. El Informe español “Campos electromagnéticos y salud pública” Con cierto retraso y precipitación, el Estado español, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo, convocó a un comité pluridisciplinar de expertos independientes con el fin de elaborar un informe técnico acerca de los CEM y su posible incidencia en la salud pública; este grupo de trabajo celebró su reunión de constitución el 7 de marzo de 2000. Aunque cuando escribimos estas líneas todavía no se conocía el contenido del informe mencionado, recientemente este Comité de Expertos ha presentado sus conclusiones y recomendaciones, de las que a continuación recogemos las más relevantes. Conclusiones: • “la exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos a la salud, dentro de los límites establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz” • “el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos”. • “a los valores de potencia de emisión actuales, a las distancias calculadas en función de los criterios de la recomendación, y sobre las bases de la evidencia científica disponible, las antenas de telefonía y los terminales móviles no representan un peligro para la salud pública”. • “en cumplimiento del principio de precaución y a pesar de la ausencia de indicios de efectos nocivos para la salud, conviene fomentar el control sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de hacer un seguimiento a medio y largo plazo de las exposiciones a campos electromagnéticos”. Con respecto a la telefonía móvil y los campos electromagnéticos derivados, las autoridades sanitarias, por el principio de precaución deberían: • Instar a las compañías fabricantes de terminales celulares a clasificar y etiquetar sus productos en función de sus potencias de emisión, de hecho algunos de estos fabricantes ya lo hacen. • Actualizar los procedimientos de solicitud, autorización, instalación e inspección de antenas de telefonía, con el fin de que los ciudadanos estén convenientemente informados y adopten las decisiones que consideren más idóneas a la hora de permitir la instalación de estos equipos en sus propiedades. • Garantizar el cumplimiento de la Recomendación de la UE, especialmente en el caso de la instalación de estaciones base en las inmediaciones de espacios sensibles, tales como centros educativos, de salud, hospitales o parques públicos, y evitar que el haz de emisión directa de estas antenas afecte o se dirija a dichas zonas. • Promover un uso racional de los teléfonos móviles, particularmente a los grupos de especial atención (niños, adolescentes o portadores de implantes activos, entre otros) con objeto de reducir exposiciones innecesarias a los CEM. El Proyecto de RD del Ministerio de Ciencia y Tecnología Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo han elaborado conjuntamente, basándose en el informe anteriormente mencionado, un proyecto de Real Decreto para la protección de los ciudadanos ante a las emisiones de las estaciones radioeléctricas utilizadas por los operadores para la prestación de servicios de radiocomunicaciones. Algunas de las principales medidas que contempla son: • Se definen como niveles máximos de exposición los recomendados por las Instituciones europeas; estos niveles se corresponden con los propuestos por la ICNIRP. • Para la autorización de instalaciones radioeléctricas a los operadores que establecen redes para los servicios de radiodifusión y televisión y los titulares de licencias individuales tipo B2 y C2, se exige un Proyecto o Propuesta Técnica que incluya un estudio indicando que los niveles de emisión radioeléctrica sobre los lugares en que puedan permanecer habitualmente las personas son inferiores a los de las normas indicadas anteriormente. • Presentación de un informe anual sobre el cumplimiento de la normativa del RD por parte de los operadores de telefonía móvil y de acceso radio (titulares de licencias individuales B2 y C2, respectivamente), que deberán remitir al MCYT: la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) podrá ampliar esta obligación a titulares de otras instalaciones radioeléctricas. • Con carácter anual, la SETSI, sobre la base de los resultados obtenidos en las citadas inspecciones y la de los informes presentados por los operadores, elaborará y hará público un informe sobre la exposición a emisiones radioeléctricas. • Aplicación de un principio de precaución adicional en la planificación de las estaciones base fundamentado en que la ubicación de las estaciones radioeléctricas minimice los niveles de exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas con origen tanto en éstas como, en su caso, en los terminales asociados a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del servicio. • Adecuación de las estaciones base ya instaladas y en funcionamiento a los requisitos del RD en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento aprobado por dicho RD. Los operadores que establezcan redes soporte de servicios de radiodifusión sonora y televisión y los titulares de licencias individuales de tipo B2 y C2 deberán remitir al MCYT una certificación de la conformidad de dichas instalaciones con los valores máximos establecidos, expedida por un técnico competente en materia de telecomunicaciones. El proyecto de RD contempla además un capítulo dedicado a la Evaluación Sanitaria de Fuentes de Emisiones Radioeléctricas. Según el citado texto “en función de los datos disponibles, el Ministerio de Sanidad y Consumo evaluará los riesgos sanitarios potenciales de la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas, teniendo en consideración el número de personas expuestas, sus características epidemiológicas, edad, partes del organismo expuestas, tiempo de exposición y condiciones sanitarias de los sujetos”. Así mismo, “El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, desarrollará los criterios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y prácticas que puedan dar lugar a la exposición a emisiones radioeléctricas de la población, con el fin de aplicar medidas para minimizar la exposición”. Sin entrar en el debate sobre los niveles máximos de exposición (que consideramos es el campo de los expertos en salud pública), todo parece indicar que este Real Decreto y su posterior desarrollo garantizará suficiente grado de seguridad a las instalaciones radioeléctricas. En este sentido, los Ingenieros de Telecomunicación tendrán un papel destacado como garantes del cumplimiento de la normativa en materia de emisiones, mediante su participación en la elaboración del proyecto o propuesta técnica, la realización de mediciones y en los procesos de certificación e inspección de las instalaciones. Comentarios del GRETEL 2001 Sin embargo, el GRETEL considera que el informe de Sanidad y el RD, anteriormente descritos, llegan tarde. Cuando escribimos estas líneas, asistimos a un debate público en el que el principal Partido en la oposición, varias Comunidades Autónomas y Alcaldes de varias de las principales ciudades españolas, proponen valores de límites de exposición distintos a los propuestos en el RD. A su vez, la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Castilla-La Mancha y distintas Administraciones Locales, amparándose en sus competencias en salud y urbanismo, han promulgado una normativa propia en su respectivo ámbito territorial. La polémica competencial entre las distintas Administraciones Públicas está servida. Así, los Entes locales consideran que en su ámbito territorial propio son competentes para otorgar licencias de ubicación en dominio público de infraestructuras de red o instalaciones (en este caso de telecomunicaciones), competentes para la declaración de algunas actividades y sus instalaciones (por ejemplo de telecomunicaciones) como clasificadas según el Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas (aún no ha sido derogado) y competentes para considerar determinadas obras o instalaciones (de telecomunicaciones por ejemplo) en dominio privado como contrarias a los planes de ordenación urbana aunque haya sido aprobada dicha instalación por una comunidad de propietarios. Las Comunidades Autónomas aducen su competencia exclusiva, también en su ámbito territorial, para Ordenación del territorio así como las de desarrollo legislativo en Medio Ambiente y Salud en virtud de las cuáles podrían establecer por un lado criterios de ubicación para las instalaciones de telecomunicación y por otra normas de protección más estrictas que las básicas emanadas de la Administración General del Estado. GRETEL urge encarecidamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología a la inmediata publicación del RD y simultáneamente crear las condiciones para conseguir lo antes posible una normativa armonizada aceptada por todas las Administraciones involucradas. Por otro lado, recomienda que el Gobierno español impulse acciones similares en el ámbito de la Unión Europea. Por último, GRETEL quiere manifestar su preocupación por la alarma social (incremento de la percepción social del riesgo) que puede resultar como consecuencia del proceso de amplificación social del riesgo que se produce desde los medios de comunicación al informar del efecto combinado de las controversias científicas, las controversias competenciales entre administraciones y las controversias políticas. En este sentido, recomendamos el establecimiento de lugares de encuentro y participación de los agentes involucrados y el desarrollo de políticas conjuntas de comunicación que permitan ofrecer información contrastada y veraz que atempere la alarma social creada. 2 WHO, “Electromagnetic Fields and Public Health: Mobile Telephones and their Base Stations”. Hoja nº 193 (2000) 3 Recomendación 1999/519/CE. http://europa.eu.int/eurlex/es/lif/dat/1999/es_399X0519.html 4 Publicado por el IEGMP (Independent Expert Group on Mobile Phones) el 11 de mayo del 2000 5 Rapport au Directeur Général de la Santé. “Les Telephones Mobiles, leurs Stations de Base et la Santé”. 16 janvier 2001 6 GAO. “Research and Regulatory Efforts on Mobile Pone Health Issues”. May 2001 7 Ministerio de Salud y Consumo. “Campos electromagnéticos y salud pública”. Resumen informativo. 11 deMayo de 2001
30 oct 2015
Artículo BIT
El GRETEL aboga por la revisión de procedimiento. Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominios en Internet bajo UDRP, ¿normas de excepción?
Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominios en Internet bajo UDRP, ¿normas de excepción? 1 El GRETEL aboga por la revisión de procedimiento Nombres de dominio y Marcas Los nombres de dominio han adquirido una importancia creciente como mecanismo de negocio que facilita la presencia de una cierta empresa en la red. El desarrollo vertiginoso que ha tenido Internet ha disparado el número de conflictos entre marcas, signos distintivos y nombres de dominio. Estos conflictos se han originado, en gran medida, por las diferencias existentes entre los sistemas de registro de marcas, signos distintivos, nombres comerciales y el de registro de nombres de dominio, así como por la actitud inicial de titulares de marcas sin interés aparente en Internet. El sistema de registro de marcas está administrado por una autoridad pública con carácter nacional, que otorga derechos de uso exclusivo al titular de la marca, los cuales tienen validez en el ámbito del territorio en cuestión, o mediante acuerdos en diferentes países o incluso todo el mundo. Por otro lado, la concepción fundamentalmente global que tienen de partida los dominios de Internet (por ejemplo “.com”) choca con este esquema territorial. Una de las consecuencias de esta divergencia entre el sistema tradicional y el de Internet ha sido los abusos en la utilización de nombres de dominio en Internet, en muchos casos a la búsqueda del aprovechamiento comercial o meramente crematístico de algún nombre conocido. El Procedimiento UDRP Para resolver esta situación se han adoptado una serie de procedimientos. Así, la Corporación Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) adoptó en 1999 una serie de normas para la resolución uniforme de controversias en materia de nombres de dominio, en inglés, “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (UDRP). El procedimiento UDRP fue adoptado por todos los registradores acreditados de nombres de dominio que acaban en .com, .net y .org (nombres de dominio de nivel superior genéricos, gTLD), así como algunos otros registradores nacionales. Como consecuencia de la adopción de estas medidas, se ha reducido notoriamente el registro abusivo de nombres de dominios coincidentes con nombres de marcas o signos distintivos. La primera controversia sobre nombres de dominios se presentó en Diciembre de 1999 ante la OMPI. Este procedimiento ha estado previsto para resolver los problemas de la “ciberocupación”. En ningún momento se pensó que dicho procedimiento sirviera para disputas sobre “mejor derecho” en relación con el uso de nombres de dominio, marcas y nombres comerciales. El concepto de “ciberocupación” se atribuye a los registros de dominio que se hayan realizado de manera abusiva y se usen de mala fe. El propio procedimiento UDRP preveía un mecanismo eficiente, rápido (previsión de menos de 45 días para la resolución) y económico para examinar demandas y eliminar los casos de abuso notorio de los derechos de los titulares de las marcas, dejando en manos de los tribunales los casos más complejos. Durante el año 2000, la OMPI ha atendido el 65% de todos los casos que se han presentado al amparo de las reglas UDRP de la ICANN. El número de casos, relativos a dominios gTLD, que se han presentado en la OMPI hasta finales de mayo del año 2001, fue de 2569. En lo que respecta a la situación estadística de casos en España, puede afirmarse que, por alguna razón, España está siendo muy activa en este proceso, ocupando el tercer lugar del mundo en cuanto al número de casos de demandas presentadas así como empresas / entidades españolas demandantes y demandadas. Este dato no deja de ser sorprendente habida cuenta que España no se encuentra en el mismo lugar del ranking de páginas Web disponibles o número de internautas. La práctica de la ciberocupación se desarrolló en los primeros años de vida de Internet, en los que ciertas personas o empresas entendieron que podían registrar nombres de dominios coincidentes con marcas o nombres comerciales notorios, pensando en solicitar posteriormente una compensación económica por el “rescate” de dicho nombre de dominio a favor del titular razonable. Estas prácticas han causado severos problemas en el desarrollo de Internet y llegaron a suponer una amenaza seria para el desarrollo normal de la economía y los negocios en Internet. En este estado de ansiedad y desasosiego de los titulares legítimos de marcas, se desarrolló la Política e ICANN que dio su fruto en las normas UDRP. Normas UDRP Cualquier persona o empresa puede iniciar una demanda, siguiendo el procedimiento administrativo UDRP y su Reglamento, a cualquiera de los proveedores de servicios de resolución de conflictos aprobados por la ICANN: OMPI, National Arbitration Forum (NAF), E-Resolution y CPR Institute for Resolution. Cada uno de los proveedores de servicio para la resolución de conflictos dispone de una serie de árbitros que serán los que examinen la demanda en cuestión y de una serie de normas suplementarias, que tienen un marcado carácter administrativo-logístico, abarcando los aspectos de tramitación de la demanda, la respuesta, las tarifas asociadas al proceso, etc., pero siempre sobre la base de la UDRP y su Reglamento. Si ni el demandante ni el demandado eligen un panel de tres árbitros, entonces el proveedor de servicios autorizado seleccionará un único árbitro y el total de las tasas asociadas al proceso las pagará el demandante. Si por el contrario, algunas de las partes elige que el panel esté compuesto por tres árbitros, el demandante se hará cargo de las tasas asociadas al proceso administrativo, excepto cuando la petición de tres árbitros la haya realizado el demandado, en cuyo caso se harán cargo de las tasas en partes iguales ambas partes (demandante y demandado). Cabe resaltar que los árbitros han de firmar una declaración de imparcialidad e independencia, como requisito previo para su aceptación en un determinado caso. Cuando el panel de árbitros toma una decisión favorable al demandante (suele consistir en la petición de transferencia del nombre de dominio en litigio), esta decisión es ejecutiva en 10 días hábiles. Antes de que se cumpla este plazo de 10 días hábiles, el demandado puede acudir a los tribunales ordinarios de justicia para suspender la decisión del panel de árbitros. Por otra parte, si el panel de árbitros decide rechazar la petición del demandante, ahí termina el proceso de arbitraje de resolución de conflictos. Ventajas e Inconvenientes de UDRP Puede afirmarse hoy en día que la política UDRP ha resuelto dicho problema por cuanto es relativamente fácil, económico y rápido restituir el nombre de dominio para el propietario de una marca registrada. Es necesario también apuntar que en cierta medida el desarrollo de la ciberocupación se haya podido promover, quizás inconscientemente, desde los propios titulares de marcas conocidas, que se han “dormido” durante años, pensando que Internet no les afectaba ni iba con ellos. Es preciso indicar aquí que si bien el proceso UDRP es válido y da resultados para resolver estos casos, es también conveniente cuestionarse hasta cuándo debe estar vigente este proceso, dada la madurez de Internet y el creciente tráfico comercial on-line existente. En efecto, si los propietarios de marcas se vieron sorprendidos por el advenimiento de Internet y cuando reaccionaron se dieron cuenta que sus marcas, signos distintivos o nombres comerciales ya estaban registradas como nombres de dominio por otras personas o empresas más avispadas, es entendible que esta sorpresa pudo ser provocada por la implantación rápida de una nueva tecnología. Ahora bien, parece necesario el establecimiento de un cierto plazo de tiempo, de forma que durante dicho período el titular de una cierta marca pueda emprender el procedimiento UDRP. A partir de esa fecha, o bien ya se han suscitado los procesos de disputa relacionados con dicha marca, o habrá prescrito cualquier derecho exclusivo del titular de una marca sobre uso de nombres de dominio idénticos o confusamente similares, considerando en este caso que los derechos que confiere la marca para utilizar el procedimiento UDRP han caducado por no haber hecho su titular un uso correcto de los mismos. No obstante, los procedimientos judiciales u otros procedimientos de arbitraje alternativos podrán ser utilizados de manera continua. No obstante, una vez reparados los problemas derivados de la ciberocupación, el procedimiento UDRP presenta otra serie de problemas que no fueron tenidos en cuenta inicialmente, por cuanto el desasosiego y ansiedad contra los ciberocupadores, en los años 95 a 99 fue tal, que no se previó que fuera el demandante quien pudiera hacer un uso abusivo de dicho procedimiento. Desde GRETEL se aboga por la revisión urgente de dicho procedimiento asegurando que se ofrecen las máximas garantías a las partes en conflicto. Un procedimiento excepcional, como es UDRP, no puede utilizarse en litigios complejos, como los que se plantean en pleitos de “mejor derecho”. Propuestas para la revisión del procedimiento UDRP Algunas de las principales sugerencias de GRETEL para la revisión del procedimiento UDRP son: – Una disputa no debe iniciarse sin antes pasar por una formalidad previa: la evaluación preliminar de un árbitro para decidir si la admite a trámite o no. Solo se notificaría al demandado la existencia de una demanda cuando ésta haya sido formulada correctamente y exista una percepción razonable por un árbitro de que la demanda cumple con una mínima formalidad y razonable percepción de buen derecho. – El procedimiento UDRP debe inhibirse y cancelarse automáticamente cuando una de las partes notifique que se ha iniciado algún procedimiento judicial sobre el mismo asunto. Esto evitará el abuso de uso de mecanismos judiciales y de arbitraje librándose batallas legales en varios foros simultáneamente. – El demandado debería tener opción de elegir el proveedor de servicios de arbitraje. No sería cuestión de elección del demandante unilateralmente. Por tanto, si bien el demandante debería remitir la demanda a un determinado proveedor de servicios, quien decidiría sobre la adecuación de la demanda para seguir su curso, a partir de ese momento, se ofrecería al demandado que confirme qué proveedor de servicios resolvería el caso principal. – La demanda representa unos costes para el demandante, para el proceso de arbitraje así como para la defensa del demandado. En consecuencia, el proceso UDRP debería prever que el demandante asuma el coste derivado de la presentación de una demanda que más tarde se resuelva en favor al demandado, en el caso en que se considere que el demandante actuó de mala fe. Este coste debería ser en forma de depósito que el demandante entregaría al proveedor de servicios hasta que se resuelva la disputa. Este depósito debería cubrir el coste relativo a la defensa que el demandado se verá obligado a realizar. – El árbitro, el cual se ofrece voluntariamente a serlo, no puede estar participando simultáneamente en un proceso como parte y en el siguiente como árbitro. En consecuencia, la decisión de actuar como árbitro debe llevar asociada la decisión de inhibirse de participar como parte en cualquier proceso de disputa, aunque sea para otro caso. – Los árbitros, tanto para paneles de un árbitro como para paneles de tres árbitros, deben ser elegidos por el proveedor de servicios de arbitraje, dando posteriormente la opción a las partes del derecho de veto a dicho árbitro. En el caso de no producirse acuerdo entre las partes, se debería recurrir a un procedimiento análogo al dispuesto en nuestra Ley de Arbitraje (art. 38-44), que contempla un caso de designación de los árbitros por el juez del lugar donde deba dictarse el laudo. Este procedimiento, lo utilizaría la ICANN tras oír a las partes, o la propia ICANN podría establecer un turno rotatorio entre los proveedores de servicios aceptados. – El proveedor de servicios de arbitraje debe involucrarse en las disputas, no sólo en el trámite administrativo y comunicaciones formales, sino también para promover que los razonamientos de los árbitros sean homogéneos, independientemente de las personas. Se debe evitar que el razonamiento de un panel sea casuístico, caprichoso, incoherente con resoluciones anteriores, etc. – Las relaciones entre el procedimiento de arbitraje bajo normas UDRP y los litigios o resoluciones de jurisdicciones ordinarias referidas al mismo pleito deben definirse con absoluta claridad. – El idioma del procedimiento debiera ser el de la nacionalidad del demandado. De esta manera, debería existir la posibilidad de utilizar el idioma español en los litigios donde el demandado sea de nacionalidad española. UN CASO DE DISPUTA: “denuestratierra.com” Un ejemplo de conflicto de nombre de dominio gTLD, que ha seguido el proceso UDRP de la ICANN, es el correspondiente al caso “denuestratierra.com”2. A la vista de las conclusiones del Juzgado y del panel de la OMPI, todo hace suponer que este caso es un ejemplo de indebida utilización del procedimiento UDRP, por cuanto la disputa en cuestión más bien se parece a una controversia legal sobre “mejor derecho”, más que caso de ciberocupación. Bit - Nº 128 Sumario Editorial Opinión (1) Opinión (2) A Vuelapluma T. Castilla y León H. Valencianos Murcia Cataluña Bit a Bit Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Perfil Café Redacción GRETEL ¿Qué es? Rincón Internet Pulso del Mercado Bit Recomienda Se ha reducido notoriamente el registro abusivo de nombres de dominios coincidentes con nombres de marcas o signos distintivos Los árbitros han de firmar una declaración de imparcialidad e independencia, como requisito previo para su aceptación en un determinado caso
30 oct 2015
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El papel de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el nuevo entorno de las comunicaciones móviles
El papel de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en el nuevo entorno de las comunicaciones móviles Un Operador Móvil Virtual (OMV) es, dicho de forma sencilla, una organización que ofrece servicios de telefonía móvil similares a los prestados hoy en día en numerosos países por operadores establecidos y nuevos entrantes, sin que para ello posean una concesión u autorización de espectro radioeléctrico. Se trata, por tanto, de que, por ejemplo en el caso de España, el consumidor final pueda realizar llamadas móviles a través de operadores diferentes de Telefónica Móviles, Airtel, Amena o Xfera, aunque la llamada tenga que pasar por la red de acceso radio de uno de estos operadores. El pasado 10 de noviembre de 2000, el Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó para su discusión en el Consejo de Ministros un Informe sobre el incremento de la competencia en la telefonía móvil. El informe se basa en un estudio sobre las posibles alternativas que podrían permitir incrementar el grado de competencia de telefonía móvil en España, realizando las propuestas regulatorias correspondientes. Dicho informe recoge, entre otros, la introducción de dos nuevos agentes en el mercado: los operadores móviles virtuales (OMV) y los revendedores de servicios móviles independientes2. Los OMV, en el sentido estricto aparecido en el mencionado informe, son operadores sin reserva de espectro radioeléctrico, al estilo de los Mobile Virtual Network Operators (MVNO) conocidos en Europa; su introducción en el mercado se hará mediante la definición de un nuevo tipo de licencia y su relación con los operadores de red se basará en libres acuerdos entre las partes. A su vez, el pasado 14 de diciembre de 2000, el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones aprobaba un Informe al Gobierno sobre la situación de la competencia en el mercado de comunicaciones móviles en España. Dicho Informe establecía que España ocupaba una de las últimas posiciones de la UE en cuanto a potencial de atracción de inversores al mercado móvil, basándose en una fórmula que relacionaba el PIB respecto a la superficie del territorio y al número de operadores establecidos; por otra parte, afirmaba que la inversión inicial de un operador que quisiera entrar en este mercado sería cuantiosa, lo que conllevaba a unos precios del servicio más altos al usuario final con respecto a los operadores ya establecidos. En principio, y así lo analiza más tarde el Informe, las obligaciones en cobertura e inversión son una barrera de entrada al mercado, en donde el poder de los operadores establecidos en éste obliga a los entrantes a competir con estrategias agresivas –precios bajos- para captar clientes. El Informe presenta opciones para romper con las barreras de entrada al mercado de comunicaciones móviles, enfocándolo en el incremento de la competencia en servicios y en la de redes; la “competencia en servicios” vendría liderada por la aparición de los OMV (nuevos agentes en la cadena de valor), lo que en teoría supone menor incentivación para la inversión de los operadores en redes pero mayor aceleración tecnológica por el efecto competitivo, reducción de precios y un uso más eficiente del espectro (aumento de aplicaciones y usos; “coste por unidad de uso” más bajo). Marco de actuación Se podrían distinguir, al menos, dos categorías de OMV basadas en las siguientes premisas: • Operadores Móviles Virtuales de Red con bajo perfil – Se pueden ver como parte del Operador Móvil con Red de Acceso, con su propio Registro de Posición Base (Home Location Register –HLR-), – Dependiendo de los acuerdos con el Operador Móvil con Red de Acceso, pueden prestar servicios sobre sus propias plataformas o sobre plataformas compartidas, – No usan directamente rangos de numeración, – Ofrecen sus propios servicios y aplicaciones y pueden revender “airtime”. • Operadores Móviles Virtuales de Red con alto perfiL – Es prácticamente como un Operador Móvil con Red de Acceso pero sin la red radio (espectro), – Tienen derechos de asignación de rangos de numeración, – Tienen experiencia técnica y capacidad financiera para establecer y explotar su propia red. Marco regulatorio en España En España, en el momento de preparación de este artículo, está circulando por los distintos órganos consultivos un proyecto de Orden3 que modificaría la conocida Orden de Licencias (OLI) para dar cabida al tipo de operador OMV; el título habilitante que amparase a éstos sería una Licencia Individual A2, que habilitaría para la prestación del servicio de comunicaciones móviles disponibles al público mediante la utilización de un conjunto de medios de conmutación y transmisión. Las características generales que definirían el nuevo título habilitante serían: – Ámbito nacional o inferior, – Los titulares A2 deben establecer “acuerdos sobre accesos especiales” con los titulares B2 dominantes, al menos, – Intervención de la CMT para la resolución de conflictos respecto a los términos de los acuerdos, – El régimen de precios queda formado bajo el libre acuerdo entre las partes (no orientado a costes). En cuanto a los derechos que amparasen a los operadores A2, estarían: – Obtener numeración en las mismas condiciones que los B2 (bloques de numeración del Plan Nacional de Numeración y Código de Red Móvil), – Proveer de red de acceso a sus abonados “mediante acceso especial a redes” sólo en el ámbito geográfico de su licencia; en el resto, se precisa llegar a acuerdos de roaming con un B2, – Los accesos especiales son al menos a las Centrales de Conmutación Móviles de las que dependan directamente las Estaciones Base que ofrezcan cobertura en el ámbito geográfico de la licencia A2, – Los accesos especiales están limitados a la disponibilidad de capacidad excedentaria en las redes de acceso de los B2 dominantes (en el caso de demanda superior a oferta, se establecen “procedimientos competitivos”), – Los titulares A2 de ámbito inferior al nacional pueden establecer acuerdos de roaming con cualquier B2, – Interconexión con cualquier otra red pública. Por último, las condiciones a las que se obligarían los operadores A2 serían: – Disponer de una red de soporte, – Elementos propios de gestión de abonados (Customer Care, Facturación, HLR) – Medios de conmutación y transmisión, propios o alquilados, – Capacidad para provisión de acceso a sus abonados (acuerdos de acceso especial a redes con los B2), – No tener derecho a ocupar el dominio público ni privado, ni a compartir infraestructuras con otros operadores, ni a compartir locales e infraestructuras de otros operadores a efectos de interconexión, – No estar obligados al despliegue y cobertura de los titulares de licencias B y C, – Asegurar y garantizar la portabilidad de numeración para sus abonados en las mismas condiciones que los B2. Análisis del GRETEL. En la exposición de motivos (apartado 3) de la propuesta de Directiva de Acceso e Interconexión del Paquete 2003, actualmente en proceso de tramitación en la UE, se aconseja para el mercado de comunicaciones móviles personales la utilización de regulación “ex post” y sólo se prevé que los reguladores nacionales puedan realizar regulaciones “ex ante”, como la que nos ocupa, en los casos en que no exista competencia suficiente en el mercado. Entendemos por tanto, que la SETSI, en sintonía con la CMT, ha llegado a la conclusión de que, a pesar de la todavía no efectiva incorporación de un nuevo operador (Xfera), no existe suficiente competencia en este mercado y asume los riesgos que significa en este momento (desaceleración económica, dificultades de financiación y proceso de consolidación de los operadores existentes, etc.) realizar regulaciones “ex ante” del calado de la que nos ocupa. La utilización de los “accesos especiales a la red”, como mecanismo para acceder a las redes de los operadores dominantes B2, está amparada en el art. 16 de la Directiva 98/10/CE, de 26 de febrero, y en el art. 7 del RD 1651/1998, de 24 de julio. El procedimiento escogido permite una enorme variedad de modelos de negocio según el ámbito geográfico en que se desee operar y de las infraestructuras fijas que disponga un operador que ya sea titular de otro título habilitante (por ejemplo B1 u operadores de cable); se podría, por ejemplo, tener una licencia A2 en las grandes ciudades y, mediante acuerdos de itinerancia, operar en todo el territorio nacional o viceversa. Sin embargo, en la práctica, la viabilidad de un OMV está condicionada por la existencia de capacidad excedentaria, por los precios de los accesos especiales y por los acuerdos de itinerancia. En este sentido, nos preocupa la Disposición Transitoria Primera del proyecto de Orden que parece indicar que la secuencia del proceso es primero obtener la licencia tipo A2 y, en el período de los cuatro primeros meses de vigor de la Orden, la presentación de las solicitudes de accesos especiales a las redes de los B2 dominantes; podrían solicitarse muchas licencias individuales A2 (el modelo genera muchas expectativas) y obtenerse mínimos resultados (pocos acuerdos de acceso concluidos). Otra reflexión de carácter general es la complejidad técnica y de implantación al extender los servicios al conjunto de las comunicaciones móviles personales; ello conlleva que los operadores B2 deban compartir una buena parte de su inteligencia de red con los operadores móviles virtuales; esto se nos antoja muy difícil en un entorno de muy pocos incentivos para los B2. Resulta extraño que el Gobierno decida la introducción, temporalmente simultánea, de dos tipos de agentes con casi los mismos derechos (roaming nacional, numeración, etc.) pero sin las mismas obligaciones (compromisos de despliegue de infraestructuras avalados, proyectos de carácter social, etc.). A su vez, el cuarto operador tendrá que competir en desigualdad de condiciones con los Operadores Móviles con Red de Acceso establecidos, al no tener todavía base de clientes, y con los OMV, que tienen un compromiso inversor mucho menor. Así las cosas, la introducción regulatoria de los OMV debilitaría fuertemente al cuarto operador, pudiendo llegar a una reducción del número de operadores, cuando el propósito del Gobierno es aparentemente el contrario. Es difícil, en este momento, evaluar las posibles consecuencias que la entrada en vigor de esta Orden pueda tener sobre el sector de las comunicaciones móviles, pero sí se vislumbra un conjunto de ventajas e inconvenientes que, en opinión del GRETEL, sería interesante poder evaluar con cierto detalle. Ventajas: – Incremento de la competencia, resultando evidente que con la puesta en marcha de este proyecto de Orden se va a producir un descenso de los precios de los servicios móviles, lo que redundará en un beneficio para el ciudadano, – Reduce, aún más si cabe, las barreras entre comunicaciones fijas y móviles estimulando la convergencia fijo-móvil, – No se imponen, apenas, obligaciones por parte del regulador al nuevo prestador de servicios, dejando que sea el mercado, vía acuerdos de itinerancia y otros, quien realmente establezca dichas obligaciones. Inconvenientes: – Se aumenta considerablemente la complejidad de las “reglas del juego” en el sector, – Si los operadores, los nuevos entrantes A2 y los dominantes B2, no alcanzan los acuerdos correspondientes, tendrá que intervenir el órgano regulador (CMT); en este caso, quedaría por conocer con más detalle si se introducirán elementos de distorsión en las reglas del mercado y cuáles serían sus consecuencias, – Existe un cierto riesgo ocasionado por la posible desincentivación de inversiones en redes de acceso radio de los operadores dominantes, – No se ha producido todavía un debate en el ámbito europeo sobre este nuevo modelo y es difícil prever las consecuencias de la anticipación del mismo; si no se adopta una solución similar en el resto de países, sobre todo en los de la UE, la falta de reciprocidad penalizará en su expansión a las empresas españolas, que tendrán que competir en desigualdad de condiciones con operadores extranjeros globales que tienen como base países donde los operadores españoles no tienen derecho a ser OMV, – En el actual momento de consolidación del sector de las comunicaciones móviles en España (cuatro operadores, y el último entrante buscando su hueco en el mercado), con algunos operadores de servicios estableciendo estrategias globales para abordar el mercado de la UE, supone un cierto riesgo poner en marcha un nuevo modelo que introduzca más incertidumbre al sector. Finalmente, nos preocupa que, tanto los operadores móviles actuales como los nuevos entrantes candidatos a ser OMV, por razones opuestas, hayan manifestado su oposición a la regulación propuesta. ANEXO: OMV en Europa. En el entorno europeo, la situación actual de los OMV se podría sintetizar como sigue: Alemania La ANR está convencida de que no hay base legal para una intervención regulatoria por su parte para promover servicios de OMV, ni siquiera en el caso de que no se alcanzaran acuerdos comerciales con un operador móvil sobre roaming nacional. Austria Está bajo análisis de la ANR. El regulador, en la oferta de licencias UMTS publicada en agosto de 2000, hace referencia explícita sobre el acceso a las redes móviles a la revisión de la normativa comunitaria en marcha. No hay ninguna decisión sobre requisitos previos para ser licenciatario como OMV. Bélgica La legislación actual no incluye ninguna previsión de OMV. Los requisitos para ser licenciatario no se han definido y la ANR está reflexionando sobre el régimen de los futuros OMV. Dinamarca La legislación danesa no define a los OMV y no incluye ninguna previsión regulatoria para esta categoría de operador; sin embargo, las nuevas características de roaming nacional, las cuáles otorgan derechos de roaming nacional a proveedores de servicios móviles que no poseen red, pueden ser una vía de acceso a los OMV. Esta situación podría dar a los OMV el derecho a solicitar “alquiler de capacidad de infraestructura”, lo cual se considera una posible forma de interconexión. Según la Ley 418, de 31 de mayo de 2000, sobre Competencia e Interconexión en el sector de las telecomunicaciones, el roaming nacional es una forma de alquiler de capacidad de infraestructura. En agosto de 2000, se concluyó un “acuerdo OMV” entre Sonofon y Tele2. No se precisa licencia ni autorización para ejercer de OMV. Finlandia La legislación actual no incluye ninguna previsión de OMV y no se precisa licencia ni autorización para ejercer de OMV. Francia La ANR ha publicado un documento “MVNOs: ART first thoughts” cuyos puntos principales son : – No hay consenso en la definición de un OMV, aunque un criterio mínimo de acuerdo parece estar en el control de la tarjeta SIM del abonado, – Ante cualquier forma que pueda adoptar un OMV, es difícil para una ANR intervenir ex-ante, – La ART es partidaria de dejar que las fuerzas del mercado decidan sobre los esquemas de OMV más ventajosos, – El título que precisa un OMV es Licencia de telefonía de voz (Código de Telecomunicaciones L.34-1) o Licencia de red (Código de Telecomunicaciones L.33-1), en el caso de querer obtener bloques de numeración. Una de las condiciones para conseguir una Licencia es que el OMV debe demostrar que tiene capacidad técnica y financiera para implantar su proyecto y que ha alcanzado un acuerdo con un operador móvil para usar su red de acceso radio, – La concesión de un Código de Red Móvil (MNC) estaría sujeta a los requisitos de la misma licencia. Grecia Está bajo análisis; el documento de consulta pública relacionado con el procedimiento de otorgamiento de licencias móviles de 2ª y 3ª Generación incluye cuestiones sobre OMV. No hay ninguna decisión sobre requisitos previos para ser licenciatario como OMV. Holanda No hay obligación legal para la existencia de OMV. El requisito para ser licenciatario es un simple registro. Irlanda La ANR ha decidido ofrecer una Licencia “Clase A” y tres Licencias “Clase B”. La “A” incluirá también como criterio de evaluación una oferta de acuerdo voluntario con respecto al precio de acceso para los OMV, basado en la fórmula “retail-minus”. Si el OMV quiere bloques de numeración, es preciso solicitar una Licencia General de Telecomunicaciones. Italia La ANR y la Autoridad “Antitrust” están a favor de introducir la figura de OMV tanto en las redes 2G como 3G, aunque el problema ahora radica en cuándo los OMV iniciarán sus operaciones. En julio de 2000, Agcom abrió una consulta pública sobre los OMV que incluía las siguientes consideraciones: – La disponibilidad de frecuencias en redes 2G para introducir OMV (TIM y Omnitel se quejaron de que sus redes estaban cerca de la saturación), – El tiempo necesitado por los operadores de redes 3G para recuperar sus inversiones antes que puedan acceder a dichas redes los OMV. Luxemburgo No hay debate oficial aún. Noruega No hay obligación legal para los operadores de red en llegar a acuerdos con OMV. En el Reglamento de Servicios y Redes de Públicas de Telecomunicación (secciones 4 a 6), en vigor desde febrero 2001, se establece que la obligación de los operadores de redes móviles con “poder significativo de mercado” a aceptar cualquier petición razonable de acceso a su red no incluye las peticiones de acceso de operadores tipo OMV. En cuanto a realidades comerciales, hay en Noruega un operador, Sense Communications, que alquila capacidad de Telenor y se asemeja más a un proveedor tradicional de “minutos de voz” (airtime reseller) que a un OMV. El título requerido para ejercer de OMV es la autorización general y su registro. Portugal Está bajo análisis por la ANR y no hay aún decisión alguna en cuanto a requisitos previos para obtener título habilitante. Reino Unido La ANR publicó un “Statement” en octubre de 1999, tras una consulta pública, en donde concluía que aún no estaba justificada una intervención regulatoria en el caso de los OMV. En cuanto a realidades comerciales ya existe el caso de Virgin Mobile y hay otros planeados (BskyB y Energis). No se precisa requisito especial para ejercer de OMV, ya que se asume cubierto en la Ley de Telecomunicaciones. Suecia Desde mayo de 2000, los explotadores de redes móviles tienen la obligación de vender capacidad de red excedentaria a aquellos que lo soliciten, en las condiciones típicamente requeridas de no-discriminación y transparencia de precios (Ley de Telecomunicaciones, artículo 23a). En estos momentos no hay ninguna realidad comercial y el título requerido para ejercer de OMV es la autorización general y su registro. Suiza Está bajo análisis por la ANR y no hay aún decisión alguna en cuanto a requisitos previos para obtener título habilitante. Bit - Nº 129 Sumario Editorial Opinión A Vuelapluma Cataluña Bit a Bit H. Valencianos Display Display Empresa Gente Bit Entrevista Especial Café Redacción GRETEL Perfil Rincón Internet Portal Ingeniería ¿Qué es? Marco Regulador Tecn. y Sociedad Gale. Operadores Bit Recomienda N La SETSI, en sintonía con la CMT, ha llegado a la conclusión de que, a pesar de la todavía no efectiva incorporación de un nuevo operador (Xfera), no existe suficiente competencia en este mercado Nos preocupa que, tanto los operadores móviles actuales como los nuevos entrantes candidatos a ser OMV hayan manifestado su oposición a la regulación propuesta
30 oct 2015