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78.1.- EDITORIAL Balance de una etapa. Cuando estas páginas estén en vuestras manos, unas nuevas Juntas de Gobierno y Directiva sostendrán el timón del COIT y la AEIT. Permítasenos por ello dedicar este último editorial a volver la mirada hacia atrás con cariño y cierta nostalgia. La candidatura presentada en Junio de 1990 y posteriormente electa, asumió desde el primer momento la necesidad de que su mandato supusiera una nueva etapa en las actividades de ambas instituciones (entrevista al Decano / Presidente en BIT núm. 67). Una etapa capaz de responder a los retos que imponía un entorno muy diferente a aquel que definió la transición de los años ochenta. Nos propusimos cambiar la actitud distante y complaciente del colegiado / asociado hacia unas organizaciones que asumía, pero en las que no participaba. Decidimos defender y promocionar entre el colectivo la necesidad de apoyarlas e identificarse con ellas. Creamos unos servicios, hasta entonces inexistentes que, si bien son todavía limitados, han supuesto un cambio radical en el modo de percibir las instituciones por los cada día más numerosos compañeros que los utilizan. El aumento espectacular de la actividad en nuestras oficinas, durante estos dos años y medio, demuestra lo mucho avanzado en este terreno. En este periodo más de 1000 titulados y 500 estudiantes asociados se han incorporado. Ello supone un crecimiento próximo al 30% y, lo que es más importante, que las nuevas generaciones se colegian / asocian mayoritariamente. A esta inversión de lo que ocurría en pasadas etapas, no es ajena la labor de promoción realizada en las diversas Escuelas. Nos propusimos aumentar la influencia del COIT y la AEIT en el sector y potenciar su colaboración con los principales agentes del mismo. En colaboración con ellos, se han realizado actividades tan significativas como la organización del congreso de FITCE, donde reunimos a más de 500 ingenieros de telecomunicación europeos, o la puesta en marcha del proyecto ETSIT que, con un presupuesto superior a 300 millones de pesetas, unirá por satélite las Escuelas. Podemos afirmar que con independencia de los inevitables contenciosos particulares, las relaciones con las instituciones más significativas del sector: DGTel, Telefónica, ANIEL, CDTI, etc., son estrechas, fluidas, y sobre todo eficaces. Nos propusimos definir un campo competencial para el ejercicio libre de nuestra profesión. No hemos escatimado esfuerzos en este sentido y, aunque estemos lejos de los objetivos finales, algunos frutos ya se han obtenido. El incremento del 35% experimentado en los dos últimos años por los ingresos por visados y, sobre todo, los acuerdos con la Administración para racionalizar la actividad en algunos campos, indican que avanzamos en unos momentos muy poco favorables para ello. El BIT, escaparate privilegiado de todo esto, también ha cambiado. Cambiamos su imagen, con gran aceptación de la mayoría, y se incorporaron nuevas secciones para acercarlo a los intereses del colegiado / asociado. En un entorno publicitario muy complicado, nuestra revista es uno de los mejores órganos de expresión de los colectivos profesionales. En definitiva, pensamos que estamos en el camino correcto, lo que no significa que la labor de estos años no pueda y deba mejorarse. Las nuevas Juntas se enfrentarán a nuevos retos. La prevista modificación de la Ley de Colegios Profesionales dibuja un cambio drástico en el papel desempeñado por las instituciones profesionales. La recesión económica y el desmantelamiento del sector industrial, causado por una política que hemos cuestionado reiterativamente desde estas páginas, está impactando seriamente al colectivo. El fantasma del paro ensombrece el futuro de las nuevas generaciones. Se han puesto las bases para afrontar la siguiente etapa, siempre nueva y con algunas incertidumbres. Nuestros mejores deseos para los compañeros que integren las nuevas Juntas.

78.2.- EDITORIAL Telefónica: ¿Sólo “ganar dinero”? En recientes declaraciones del Presidente de Telefónica a la Gaceta de los Negocios, Cándido Velázquez afirmaba, con la franqueza que le caracteriza, que “a partir de ahora, nuestra preocupación prioritaria no es otra que ganar dinero”. Olvidados ya los años en que parte de la sociedad, y este colectivo en concreto, proponía una mayor componente pública en nuestra CTNE de entonces, y aceptando el proceso de liberalización de los servicios en el mundo como algo imparable, nos siguen preocupando, y mucho, las palabras de Cándido Velázquez. Nos recuerdan recientes experiencias de Telefónica cuando, presidida por Luis Solana, buscó igualmente la máxima rentabilidad como norte, entonces invirtiendo aquí y allá, en Tokio y en Nueva York, y cayendo, a los pocos años, en la que quizá haya sido la mayor crisis del servicio telefónico que recuerde nuestro país. Olvidar de nuevo las inversiones en tecnología, la calidad del servicio y el peso de los técnicos en la gestión de Telefónica puede suponer, por aquello de que la historia es cíclica, no haber aprendido del pasado, e iniciar la cuenta atrás de lo que supondría volver, en cinco años, a una nueva parálisis de nuestras telecomunicaciones. Eso sí, probablemente Telefónica habrá ganado para entonces mucho dinero. Pero tratándose de un servicio público de carácter social, no todo debe medirse por el nivel de los beneficios.

79.1.- EDITORIAL HISPASAT,¿un negocio? El general desconcierto que últimamente sacude a nuestra sociedad, está afectando directamente al proyecto Hispasat. La evolución de los acontecimientos, problemas técnicos incluidos, la falta de entendimiento y lucha de intereses entre los propios involucrados, la lentitud de la Administración y el histórico desprecio a lo nuestro que tradicionalmente ha caracterizado nuestra sociedad, hace que nuestro primer satélite se encuentre fuertemente cuestionado. Convendría devolver las cosas a su sitio y aclarar que de los satélites domésticos lanzados hasta la fecha por otros países (Alemania, Francia, Italia, Noruega, Méjico, Brasil, Turquía, etc.), ninguno lo ha sido como negocio en sí mismos sino como elemento estratégico de la infraestructura de telecomunicaciones y, en algunos de estos casos, como motor y dinamizador de su industria. Probablemente en nuestro país se haya gastado demasiada tinta, en un mundo demasiado obsesionado por los beneficios económicos como medida del éxito o del fracaso, en vender este proyecto como rentable económicamente y es hora ya de retomar otras consideraciones que las meramente pecuniarias para valorar el fracaso o no de nuestra experiencia. Que el Hispasat sea capaz de concentrar todos los canales que actualmente emiten en castellano, que sea el principio de una política de desarrollo de una capacidad industrial de cara a futuras experiencias, y que actúe como vínculo cultural entre nuestro país y la comunidad iberoamericana, serían algunos de los aspectos, entre otros, que deberían animarnos a los españoles a, lejos de echarle tierra encima, defender la viabilidad y la continuidad de este proyecto. Dicho esto, conviene incidir, sin embargo, en la necesaria eficacia de los diferentes agentes sociales en un segmento, el de la transmisión directa de televisión (DBS), cuya explotación determinará el éxito o el fracaso de la experiencia. Desde el lamentable fallo técnico detectado en el primer satélite, hasta la inconcreción de planes para la adjudicación de los canales cuando ya han transcurrido meses desde la puesta en funcionamiento del mismo, todos tenemos mucho que decir, en especial nuestra Administración, por su lentitud a la hora de legislar y su incapacidad para permitir que nuestro satélite responda en precio, pero sobre todo en plazo, a las necesidades del mercado. Que, por ejemplo el grupo PRISA haya decidido utilizar el Astra y desechar el Hispasat para sus emisiones, debería llevarnos a reflexionar si los responsables de nuestras comunicaciones por satélite han perdido o no el norte. No olvidemos que tenemos 56.000 millones de pesetas en el espacio y que, cumplido el objetivo de impresionar al personal en 1992, ahora tenemos que sacarle partido, que no rentabilidad, a tan importante inversión.

79.2.- EDITORIAL Una antigua demanda, por fin satisfecha. Uno de los aspectos más reiteradamente destacado por las diferentes Juntas de Gobierno del Colegio y Asociación hasta la fecha, una de nuestras quejas seculares, ha sido la escasez de ingenieros de telecomunicación en la Administración y su adscripción a una única Dirección General, la de Telecomunicaciones. Esta reivindicación histórica respondía básicamente al carácter horizontal de la formación que recibíamos, pues creíamos que nuestros conocimientos podrían ser de mayor utilidad al conjunto de la sociedad de lo que la realidad permitía. La publicación en el BOE de la Resolución del Ministerio de administración Pública por la que se convocó a oposiciones del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, de carácter horizontal y en el que se integran la totalidad de los cuerpos existentes, ha satisfecho, al fin, nuestra histórica solicitud. Es más, convocadas las iniciales 200 plazas de este recién creado cuerpo, sesenta de ellas, casi la mitad de las que han sido cubiertas por el turno normal, lo han sido por ingenieros de telecomunicación. Tenemos, pues, que felicitarnos por el éxito que ello supone, por la buena preparación demostrada por nuestros compañeros, y destacar el beneficio que, a buen seguro, reportará al conjunto de la sociedad nuestra aportación a la modernización y mejora de las estructuras administrativas de nuestro país.

80.- EDITORIAL Ante la convocatoria de las elecciones generales. La convocatoria de las elecciones generales nos debe brindar la oportunidad de conocer las propuestas de quienes aspiran a ser los máximos rectores del sector de las tecnologías de la información y, más en concreto, de nuestras telecomunicaciones. Los ingenieros de telecomunicación confiamos y deseamos que nuestros políticos sean capaces de exponerlas durante la campaña electoral que pronto empezará, donde la incertidumbre del resultado final debe contribuir a elevar el tono de un debate que en pasadas convocatorias no ha estado a la altura de lo que este sector merece. Las telecomunicaciones, en la encrucijada. Aceptado que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones es una realidad incuestionable, la experiencia internacional demuestra que existen distintos modos de afrontarlo, y, en consecuencia, muchas preguntas en el aire. ¿Qué modelo de liberalización defiende cada partido político? ¿Qué rango administrativo debe tener el órgano encargado de ejecutar la política nacional de telecomunicaciones que se establezca? ¿De Dirección General? ¿De Secretaría de Estado? ¿De Ministerio? La LOT y el contrato entre el Estado y Telefónica son los instrumentos reguladores más importantes, pero ¿son adecuados? ¿Qué previsiones se tienen sobre el desarrollo reglamentario? ¿Cómo se aseguran los compromisos de nuestro primer operador? ¿Es suficiente el actual PNT como instrumento de planificación estratégica de nuestras telecomunicaciones? ¿Debe corregirse en algún sentido? En definitiva, ¿cuál va a ser la naturaleza y el calendario de los principales hitos del proceso de liberalización propuesto por cada partido político? En cualquier caso, preguntas que los profesionales no querríamos dejar sin respuesta antes de ir a votar. Retevisión, Hispasat, Televisión por cable, TV de baja potencia… son actuaciones concretas de la articulación de los agentes y desarrollo de nuevos servicios que merecerían una respuesta política de quienes desean llevar las riendas de un sector que todos definimos como estratégico para este país. Nuestra industria, en crisis. Cualquiera que sea el resultado electoral, sea quien sea quien gane las elecciones, deberá tomar, por agotamiento del actual, otro modelo económico que mejore el estado general de nuestra industria y logre una evolución positiva del empleo. Pero ante algo tan evidente como esto, surgen muchas preguntas. ¿Qué modelo propone cada partido político? ¿Cómo se van a enfrentar cada uno de ellos con la crisis económica? ¿Qué medidas se tomarán en la lucha contra el desempleo? ¿Se continuará solucionando todo vía medidas macroeconómicas? ¿Qué preocupación existe hacia la situación por la que atraviesan nuestras balanzas tecnológica e industrial? ¿Qué se hará para mejorarlas? ¿Piensan, en fin, los partidos políticos utilizar el poder adquisitivo del Estado para potenciar nuestra industria? ¿Se planificarán, por fin, las compras públicas? ¿Qué van a hacer, en definitiva, los partidos políticos, que no sea únicamente esas medidas de apoyo horizontal que se han demostrado insuficientes, para mejorar la competitividad de nuestras empresas? Muchas preguntas, cuya contestación demostrará el talante de los partidos a la hora de enfrentarse con el futuro de nuestra industria, a la que se tiene que sacar de su estado actual, pues un país, al final, no es sino la suma de las capacidades de sus empresas.

81.- EDITORIAL Instrumentos reguladores y papel del primer operador. En el editorial anterior, BIT dirigió a los partidos políticos que concurrían a las elecciones generales, un conjunto de preguntas claves sobre la política de telecomunicaciones y la política industrial en el sector de tecnologías de la información. Los programas electorales y el debate preelectoral que promovimos desde el COIT y la AEIT –al que asistieron representantes del PSOE, PP, IU y CDS- no han servido para obtener respuesta a las preguntas planteadas. Una vez conocido el resultado electoral, las juntas del COIT y la AEIT se sienten en la obligación de hacer públicas sus respuestas a través de sucesivos editoriales. Comenzaremos planteando nuestra posición sobre tres temas concretos: el modelo de liberación, los instrumentos reguladores y el papel del primer operador. Somos partidarios de un proceso controlado de liberalización, que tenga en cuenta la posición de nuestro principal operador, pero que, al mismo tiempo, considere los intereses y posibilidades de desarrollo de los demás agentes económicos y sociales. Que garantice el acceso y uso de los servicios básicos en las regiones de menor renta, pero que permita el desarrollo de los nuevos servicios. Somos partidarios de acelerar el proceso de adecuación de las tarifas a los costes y de la paulatina introducción de la competencia en los servicios portadores. Es necesario avanzar decididamente en la separación de las funciones de regulación y explotación. El órgano regulador debe tener rango de Secretaría de Estado, de manera que aparezca diferenciado de las infraestructuras de transportes que por su volumen tienden a ocultar a las telecomunicaciones. Debe dotársele de los medios materiales y humanos suficientes para asegurar su autonomía. Sin duda, serán necesarias nuevas modificaciones de la LOT para adecuarlas a las directivas comunitarias. Que la ley sea periódicamente revisada por el Parlamento no tiene demasiados inconvenientes y, en cambio, es una manera de acercar las telecomunicaciones a la clase política. Con todo, queda pendiente dotar al desarrollo reglamentario de un calendario preciso que proporcione un horizonte estable y transparente a todos los agentes involucrados. Es necesario iniciar el proceso de revisión del contrato del Estado con Telefónica, evitando negociaciones apresuradas de última hora. El tratamiento de algunos temas –véase, por ejemplo, el alquiler de circuitos- que están en franca contradicción con las actuales tendencias. Existe el peligro de que se conviertan en un cuello de botella que dificulte el desarrollo armónico de nuestras telecomunicaciones. Saludamos los recientes éxitos de gestión y expansión internacional de nuestro primer operador. Asimismo, nos congratulamos de que se cierre la etapa de inversiones “espamódicas” de los últimos años que ha tenido que abordar el actual equipo rector de Telefónica, como consecuencia de los errores cometidos durante el quinquenio 1983-1988. En estas condiciones, ya no hay excusas para involucrarse en un proceso concentrado de adecuación al nuevo ambiente liberalizador. Es obvio que Telefónica es nuestro principal activo en telecomunicaciones. Por tanto, debe ser apoyada para que salga, si cabe, más fortalecida de este proceso. Pero este apoyo debe estar condicionado a la mejora y transparencia en su gestión y al cumplimiento riguroso de sus compromisos. La extensión del servicio telefónico a zonas geográficas no rentables desde el punto de vista económico, es una cuestión de solidaridad y por tanto, una cuestión política. Es responsabilidad de los poderes públicos buscar fórmulas de financiación de las inversiones y de los déficits de explotación que no distorsionen la gestión del operador. Es urgente dar pasos significativos en la adecuación de las tarifas a los costes. Somos conscientes de la dificultad del problema, fundamentalmente por la correcta asignación de costes en la red y la poca viabilidad a corto plazo de establecer criterios directos de mercado para los servicios básicos, aunque estos mecanismos serán inevitables a medio plazo. En cualquier caso, habría que separar nítidamente los distintos componentes de las tarifas –limitando su dependencia del IPC y buscando otras fórmulas de amortización de la red. En definitiva, el Gobierno debe exigir a Telefónica un plan de empresa con hitos claramente identificables.

82.- EDITORIAL 1998 Continuamos la línea iniciada en nuestro anterior editorial para dar respuesta a las cuestiones planteadas a los partidos políticos, en la confianza de que el nuevo Gobierno las haga suyas. Si a este país le queda alguna apuesta en el área de telecomunicaciones, está relacionada con la creación de un segundo operador, capaz de dar servicios portadores. A la vista de la prevista liberalización de los servicios de voz en alguna fecha entre el 1 de Enero de 1998 y el 1 de Enero de 2003, si se quiere controlar dicho proceso, tendrá que ser abordado de inmediato. Si decidimos esto, es porque creemos que debería ser el Estado quien tomara la iniciativa y liderara el proceso de creación para poder controlarlo, teniendo en cuenta los intereses del operador tradicional y aprovechando las infraestructuras ya existentes para no dispersar las inversiones. Estamos hablando de apoyarse en las redes de Correos, Retevisión, Hispasat, Compañías Eléctricas, etc. Legalmente, las bases están creadas, y bastaría con aprovechar el artículo 14.3 de la LOT para conceder a una determinada organización la operación de servicios portadores, sin tener que crear una legislación especial. Para que el patrocinio que se propugna no se convierta en control por el Estado de este segundo operador, tal y como sucede con Telefónica, y se garanticen por tanto las condiciones para establecer una competencia legítima, se propone crear una Sociedad Anónima, que resultaría ser propietaria de todas las infraestructuras de que disponen los organismos y grupos citados, y a la que se le daría la concesión correspondiente. Una vez operativa, la empresa resultante debería ser privatizada siguiendo el esquema de cualquiera de las operaciones llevadas a cabo con Repsol o Argentaria con lo que, además, se generarían unos beneficios atípicos, que permitirían cubrir otras necesidades. Esta operación debería aprovechar la creación de la Vicepresidencia Económica, que actuaría como elemento de coordinación para romper el “triángulo maldito” de las telecomunicaciones, cuyos vértices siempre han sido el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, aglutinando intereses parciales, en un proceso imparable en el que se corre el riesgo de que además de dar la fiesta en casa, tengamos que bailar con la menos atractiva, desde el punto de vista nacional. Con respecto a las áreas que están pendientes de completarse en el régimen concesional (Trunking y Célula GSM) la única apostilla es que se sigue frenando la dinamización del sector, por lo que solamente cabe reclamar una acción rápida y que, a ser posible, prevea contrapartidas industriales en los respectivos pliegos de condiciones.

83.- EDITORIAL Privatizaciones. Las reacciones que la crisis económica ha suscitado en el mundo occidental han sido de diferente naturaleza a ambos lados del Atlántico: mientras Estados Unidos se repliega sobre sí mismo para proteger su mercado interno, la CEE no parece encontrar una fórmula común para sus Estados miembros, si bien una corriente de privatizaciones de las industrias estatales se está desarrollando en algunos países de la CEE. España, en particular, que lucha por unirse a la Europa de gran velocidad, se encuentra en una dramática situación de empobrecimiento de las arcas públicas, consecuencia, en parte, de la recesión mundial y, en parte, de los ostentosos gastos e inversiones realizados con motivo de nuestras celebraciones de años pasados. Es lamentable que estos gastos se hayan realizado sobre todo en compras al exterior, y no se haya aprovechado la oportunidad de estas inversiones para dar un empujón a nuestra maltrecha industria. El Estado español, en línea con la corriente europea y en su búsqueda de fondos para reducir el déficit público, ha encontrado en la privatización de empresas públicas una fórmula rápida para mejorar la situación de sus arcas. Dos son las razones fundamentales esgrimidas por el gobierno para justificar esta venta de sus empresas: la posibilidad de conseguir fondos para el Estado, y la confianza en la mejor calidad de gestión por parte del sector privado. Ambas razones son susceptibles de ciertas matizaciones. La privatización de empresas priva al gobierno, por una parte del control de una herramienta generadora de empleo, riqueza y soberanía sobre un sector básico de la economía nacional. Si tenemos en cuenta que, parejo a este proceso de privatización, se va a desarrollar el proceso de liberalización de ciertos servicios básicos para la sociedad, cabe reflexionar acerca de quién va a tener el control al cabo de unos años para tomar decisiones sobre el rumbo que deben seguir los sectores industrial y de servicios de nuestro país. Decisiones que pueden ser estratégicas para el conjunto de la sociedad española. Si la única salida para nuestras empresas públicas es la privatización, un principio básico de ese proceso debe ser el de mantener el control de la empresa dentro de España. Y ello podría lograrse bien porque el reparto accionarial así lo garantice, o porque el socio mayoritario, no siendo el Estado, sea un grupo privado español. Así actúan en países de nuestro entorno. En Francia, el debate podrá ser si el capital de sus empresas será, o no, público; pero pocos dudan de que deberá seguir siendo francés. El capital, en contra de lo que muchos quieren creer, porque les beneficia, tiene corazón y nacionalidad, y es bueno y saludable, y hasta necesario, que las empresas españolas estén en manos de españoles. Es cierto que no abundan en España las vocaciones de empresarios industriales; pero no es menos cierto que la política económica de los pasados años en nuestro país ha contribuido bien poco al desarrollo de esas vocaciones. Se ha fomentado el crecimiento rápido y fácil a través de negocios especulativos y no se ha favorecido en absoluto la inversión en creación de tejido empresarial industrial que produce resultados a más largo plazo y con más riesgo, si bien al final es la única riqueza real de que dispone un país. Hay que dar un giro radical a esa política y desarrollar una política industrial a través de incentivos a la inversión industrial privada española que permita que, a medio plazo, podamos ser alguien en el concierto de las naciones desarrolladas. A nadie se le oculta que esto es difícil; pero jamás se resolverá simplemente vendiendo al mejor postor, venga éste de donde venga. El otro gran argumento es el de la mejora de la gestión. No cabe duda de que la toma de decisiones y la gestión empresarial es mucho más eficaz en la empresa privada que en la de titularidad pública, no obstante, es absolutamente imprescindible asegurarse de los intereses a medio y largo plazo de estos gestores privados. El reciente caso de SEAT es, en este sentido, paradigmático. La gestión privada y de alta reputación alemana de VW ha llevado a la empresa a una situación de grandes pérdidas financieras, posiblemente en favor de otras empresas alemanas suministradoras de piezas para SEAT. La pérdida de control por parte del Estado español costó casi 300.000 millones de pesetas hace menos de cinco años y hoy se plantea una situación que va a ser difícil resolver. Probablemente sea éste el momento de señalar que hay mucho responsable público que piensa que un problema deja de serlo cuando él, y el Estado, se lo quitan de encima.