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70.- EDITORIAL Día Mundial de las Telecomunicaciones de 1991: día de contrastes. Dos actos muy diferentes organizó el colegio el pasado 21 de Mayo en que celebró el día mundial de las telecomunicaciones. Comencemos por el segundo, nuevo, insólito, como fue la presentación de los servicios que ofrecen el COIT y la AEIT a sus asociados, en una discoteca de moda, al anochecer. Esta convocatoria, de un corporativismo sano como el de tantos grupos sociales organizados, tuvo un éxito sin precedentes: el millar de asistentes se pasó con largueza y la profesión joven dio una nota de color desconocida hasta entonces. Salvo algún que otro defecto de organización, que deberá corregirse en otras ediciones, podemos calificar este acto como rompedor y muy positivo. Quizá su significado sea el que los ingenieros de telecomunicación seamos tan normales como el que más y el entorno mejor para comunicarse (telecomunicación a distancia cero) sea el que la sociedad ofrece comúnmente al ciudadano. Desde esta perspectiva es una experiencia a repetir. El primer acto fue el habitual de años atrás: 7 de la tarde, salón de actos del IIE, palabras del decano e intervención de la Administración. Este año fue la secretaría General de Comunicaciones, Elena salgado, quien tuvo la gentileza, -siendo permítasenos decir- nueva en esta plaza, de dirigirse a un también habitual público en esta clase de encuentros (no demasiados asistentes y de edad media digamos que hacia arriba). Se esperaba un resultado light, como de costumbre y así lo parecía por su discurso, el habitual también en este foro: agradecimiento al COIT y a la AEIT, objetivos generales de ordenación del sector y gestión, o control de gestión, de los servicios públicos de telecomunicación y objetivos próximos como modificar la LOT para adaptarse a los acuerdos comunitarios, concluir el Plan Nacional de Telecomunicaciones y establecer el nuevo contrato con Telefónica: despedida solicitando la colaboración de los ingenieros de telecomunicación. Era un mensaje conocido, pero consiguió transmitir la sensación de que la cosa iba en serio, y dio fecha: antes de acabar el año. Así esperamos que sea. Debemos resaltar, sin embargo, dos cuestiones de enorme importancia. Una de ellas es su cambio de situación en la mesa política: ahora ya no está sentada al lado de quienes tienen una responsabilidad interventora y deberían plantear un esquema de gran generosidad en cuanto a estructuras y recursos. La otra, y ahí sí afecta al papel de las telecomunicaciones en nuestro país, es la escasa dimensión relativa de la DGTel en este nuevo Ministerio que parece sólo de obras públicas y transportes. El Director General de Telecomunicaciones ha de jugar un papel fundamental, y además difícil, porque ha de ser la conciencia constante del Ministerio.

71.- EDITORIAL Un olvido imperdonable. Recientemente ha sido publicado, en el BOE del 21 de junio de 1991, el real Decreto 970/1991 que regula la composición del “Consejo Asesor de Telecomunicaciones”. Dicho órgano tiene encomendadas importantes competencias en materia de Telecomunicaciones, entre otras, informar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y proponer medidas al Gobierno en el ámbito de las Telecomunicaciones. Es sorprendente la amplia representación de agentes y fuerzas sociales llamadas a participar en este Consejo. Todos los Ministerios que tienen algo que ver con telecomunicaciones, instituciones autonómicas, representantes empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones de usuarios, y un largo etc., en el que parece imposible que falte alguna institución u organización relacionada mínimamente con las Telecomunicaciones. Inexplicablemente hay un ausente: No están representadas las asociaciones profesionales. Como nos resulta imposible imaginar alguna razón convincente para esta exclusión, llegamos a la conclusión de que se trata simplemente de un olvido, de un olvido imperdonable. Es cierto que el error viene de antiguo, pues se produjo en la LOT y que el Real Decreto se limita a desarrollar casi literalmente el artículo correspondiente. Pero estamos seguros que con voluntad política se podría haber encontrado una vía para subsanar dicho error. Dentro de muy poco, las actuales Juntas del COIT y la AEIT cumplirán su primer año de mandato. En este corto periodo de tiempo cumpliendo su compromiso programático de defensa de los intereses profesionales del colectivo que representan y asumiendo la función social que la legalidad vigente les otorga, nuestras asociaciones han entrado en varios conflictos con la Administración. En todos los casos se ha tratado de olvidos y supuestos malentendidos. Así, resulta extraño que en el terreno de las actividades y colaboraciones concretas no encontraremos ninguna dificultad, mientras que la relación institucional continúa siendo difícil. ¿Cuánto tiempo podremos mantener esta paradoja? Parece que a la Administración no le gusta la actual reglamentación legal de las organizaciones profesionales; que recela del posible comportamiento corporativista que manifiestan algunas de ellas. Pero nos preguntamos, ¿alguna vez han dado muestras el COIT y la AEIT de dicho comportamiento? Reclamar las competencias que la legalidad nos reconoce y defender los intereses profesionales de nuestros representados no es incompatible con la defensa de los intereses del ciudadano. Es más, una mirada a los países más avanzados de nuestro entorno nos muestra unas asociaciones fuertes, defensoras de un sano corporativismo, que redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. Una vez más nos vemos en la obligación de denunciar la discriminación a que se encuentra sometido nuestro colectivo. Esperamos que la administración reconsidere esta decisión, y podamos afirmar que de verdad existe la colaboración y el diálogo.

72.- EDITORIAL El COIT ante la Política Industrial. ¿Hay política industrial en el Sector de las Telecomunicaciones? La avalancha de tinta vertida sobre ello en los últimos tiempos parece indicar lo contrario. Es posible que alguna vez, hace 5 ó 6 años, se haya realizado un intento, sin la necesaria coordinación y continuidad. Sin la necesaria coordinación, porque el Ministerio de Industria como principal planificador se vio oscurecido por la poderosa Telefónica, que en aquellos momentos soñaba con capitanear un potente sector industrial. Sin la necesaria continuidad, porque tras unos meses de dominar las primeras páginas de las publicaciones del sector, todo se ha venido abajo, y las pocas aventuras que han durado hasta ahora corren el riesgo de verse privadas de base. Las fusiones, la política de apoyo a la I+D, los varios intentos de construir multinacionales españolas, en definitiva, los intentos de construir un sector industrial con raíces en este país (para no utilizar el mando calificativo de nacional), parecen ahora un juego, privado como está de convicción en los que lo juegan y de confianza en los que lo vemos. ¿Y ahora qué? Todos los responsables van a Bruselas a escuchar en silencio lo que dicen los sumos sacerdotes de la estrategia… No dicen nada de la crisis de nuestras pequeñas empresas, algunas de las cuales se formaron y sostuvieron con el esfuerzo de mucha gente, ayudas y subvenciones públicas, que no han evitado que a finales de 1991 están en situaciones de crisis, renegociando todo lo renegociable, en sectores tan prósperos para otros como las Telecomunicaciones y la informática. ¿Qué ha pasado? La realidad es que la política industrial en España en los últimos años sólo ha existido en lo referente a la reconversión industrial (reajuste de la naval, línea blanca, etc.); pero creemos que no ha existido una política creativa y rigurosa con (1) objetivos tecnológicos para la inserción de España en la economía internacional, (2) recursos suficientes e instrumentos adecuados (planificación de mercados, por ejemplo) manejados con prudencia pero con continuidad, concentrados en los nichos elegidos, (3) seguimiento y análisis crítico, basado en parámetros medibles, de las experiencias empresariales, públicas y privadas, con la aplicación dinámica de correctivos, y (4) evaluación de los beneficios (no sólo cuantitativos) que las buenas experiencias empresariales tienen para la economía en su conjunto. Nuestros dirigentes económicos siempre han valorado el dinero por sí mismo y no por las fuentes que los generan. Tendrían que aprender de nuestros economistas que el dinero es sólido si está generado por un trabajo estable, competitivo y tecnológicamente avanzado. En otro caso, se construye una economía, inflada artificialmente por la especulación y el crédito, cuyo vencimiento llega siempre antes de lo que desea. Y nuestros dirigentes industriales y tecnológicos han pecado del vicio nacional de “estar a la penúltima moda”. Ante este panorama es fácil caer en la tentación de esconderse y arrojar balones fuera: Operadores de Telecomunicaciones a dedicarse a los servicios. Empresas a venderse al mejor postor… Estamos convencidos de que la respuesta a los problemas no está en discutir si debemos ir en primera o segunda velocidad (versión moderna de los galgos y los podencos). Se debe pisar firme en las decisiones a aplicar, pues no se trata tanto de velocidad como de potencia.

73.- EDITORIAL La LOT se reforma. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, aprobada hace cuatro años, supuso un gran paso hacia adelante en cuanto a la modernización del sector y su adecuación a las tendencias existentes en el mercado mundial de las Telecomunicaciones. Un aspecto positivo que se había de reconocer entonces era el simple hecho de que llenaba el vacío regulador que hasta ese momento existía en nuestro país. Repasando el grado de cumplimiento de la Ley, hay que recordar una vez más desde nuestra revista los aspectos importantes incumplidos. Incumplimientos graves, como el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT) y el nuevo contrato con Telefónica, que debían haberse establecido dentro del año siguiente a la promulgación de la LOT. Tras la reciente constitución del Consejo asesor de Telecomunicaciones, otro aspecto de la LOT que estaba pendiente, parece que ambos vacíos serán llenados en breve. En particular, damos la bienvenida desde estas páginas al PNT, cuyo borrador ya está siendo debatido en el Consejo Asesor. Pasando a analizar las modificaciones que se proponen en la LOT, es de destacar la incorporación de un artículo netamente liberalizador en cuanto concierne a los servicios no contemplados como servicios finales, dejando dentro de esta última categoría tan sólo a los servicios telefónico y telegráfico, que seguirán manteniendo su régimen de monopolio. En cuanto a los servicios que se liberalizan, destaca el calendario previsto para la implantación del régimen de libre competencia en servicios que en otros países de la Comunidad europea ya gozan de este marco, presentando plazos generosos de entrada en vigor de las medidas liberalizadoras (Enero del 93 para conmutación de datos, finales del 93 para telefonía móvil y finales del 96 para la reventa de la capacidad de servicio). Este calendario proporciona, una protección suficiente a los intereses del operador nacional. Pero, bien entendido, Que si deseamos que redunde en beneficio del conjunto de los intereses del sector, deberá aprovecharse el compás de espera para promover el sector industrial y apoyar el posicionamiento de los suministradores de servicios españoles. De no ser así, vemos difícil justificar unos plazos con los que se corre el riesgo de provocar un estancamiento en el desarrollo de los servicios, lo que sin duda haría que los usuarios demandasen un mayor ritmo liberalizador. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, por otra parte, debería hacer especial énfasis en l garantía de una calidad de servicio para los usuarios. Nos parece que estos aspectos no están debidamente contemplados en el nuevo texto, aunque bien podrían reservarse para el desarrollo reglamentario. Respecto de la exigencia de una calidad de los servicios, se nos presentan un buen número de preguntas: ¿De qué forma la Administración va a hacer un seguimiento preciso de la calidad de los servicios de los diferentes explotadores? ¿Tiene recursos para ello? ¿Qué planes tiene para garantizar los servicios al usuario? El nuevo texto de la LOT no profundiza en el capítulo de penalizaciones para los incumplimientos de unos niveles mínimos de calidad de servicio. De todos modos podríamos preguntarnos si la Administración tendrá poder suficiente para imponer unas penalizaciones a la mismísima Telefónica. ¿Qué dirá su primer accionista, que es el propio Estado a través del Ministerio de Hacienda? Un aspecto importante a tener en cuenta es el propio papel que la Administración tendrá como catalizador del proceso de liberación. La Administración deberá garantizar este proceso asumiendo las funciones de vigilancia y control del mismo: vigilancia de la calidad de servicio, garantía de interoperabilidad entre redes, garantía de un trato igualitario a los diferentes operadores de servicios de valor añadido por parte de los operadores de red, etc. Al mismo tiempo, la Administración tendrá que cumplir unas exigencias acerca del desarrollo reglamentario y la homologación de equipos y sistemas, sin las cuales el proceso no podrá funcionar. Todas estas funciones y exigencias de la Administración difícilmente podrán ejercerse si ésta es débil, no sólo en recursos sino en representatividad política. El papel específico que la administración tiene en el proceso de liberalización se halla actualmente perdido por el organigrama de un mastodóntico Ministerio de Obras públicas y Transportes. Asegurar un adecuado control del proceso de liberalización de las Telecomunicaciones es una tarea ardua que ha sido abordada hace ya tiempo por otros países, y no siempre con los resultados que se esperaban, a pesar de contarse con importantes aparatos administrativos. Desgraciadamente, esas fuertes estructuras no se dan en nuestra administración de Telecomunicaciones, verdaderamente insignificante tanto técnica como políticamente, frente al coloso representado por Telefónica. Por ello, de seguir por este camino, la buena marcha del proceso de liberalización se hará aún más difícil: su fracaso puede estar a la vuelta de la esquina.

74.- EDITORIAL ¡Quo vadis, COIT! Como cada cuatro años, y ésta es su tercera edición, Colegio y Asociación analizan la realidad socio-profesional de los ingenieros de telecomunicación. El estudio, recién salido del horno bajo el acrónimo PESIT-3 y cuyo avance se presenta en este mismo número, ya tiene un carácter de valor añadido valiosísimo: es dinámico, al poder correlacionarse con los anteriores PESIT-1 y PESIT-2. Sus contenidos se pueden asociar a tres áreas diferenciadas: el entorno profesional y social del ingeniero de telecomunicación, en donde se desmenuza la profesión desde variadas perspectivas y se analiza las empresas donde ejerce su actividad (el 95% de los ingenieros son trabajadores por cuenta ajena), su formación (tanto la recibida durante los estudios de grado como la denominada “formación permanente”) y su opinión y posicionamiento ante el COIT y la AEIT. Es a este último aspecto al que prestaremos nuestra atención porque, de alguna forma, sirve de guía o contraste con la orientación de las actuales Juntas Directivas. Destaca (¡al fin!) que el colectivo diferencia claramente los roles de Colegio y Asociación y espera, además, de uno y de otra una mayor presencia, desde luego activa, en su entorno, profesional y social. También es, y principalmente, el grupo más joven (menos de 30 años) el que encuentra en el COIT y la AEIT un punto de identificación común que se manifiesta en forma de un cierto espíritu corporativo, en su sentido mejor: agradece los servicios que se le ofrecen (en línea de la actuación programativa de las actuales juntas) exigiendo, al tiempo, que nuestras instituciones desempeñan el papel que la propia sociedad española, al igual que otros colectivos profesionales, les reconoce. Esta última consideración marca un camino, ya emprendido pero nada fácil. Las competencias profesionales asignadas al colectivo, amparadas no ya por la legislación vigente sino por el propio modelo social en que vivimos, no están siendo bien entendidas. Desde nuestra organización no han faltado los intentos, repetidos hasta la saciedad, de encauzar las relaciones de la profesión entre el COIT e instituciones como la DGTel y Telefónica, teniendo como objetivo (desde luego no el corporativismo a ultranza, cosa sobre la que estas juntas se han manifestado siempre totalmente contrarias) la actuación conjunta de todos los actores sociales para el mejor desarrollo de nuestro país, a través de un elemento común de encuentro entre instituciones, empresas y ciudadanos. El COIT y la AEIT no renuncian, en modo alguno, a su papel social y seguirán intentando mostrar sus, permítasenos decir, sanas intenciones, por la vía, como siempre, del diálogo y la transparencia. Y, convencidos de la bondad de sus fines, no cejarán en ello.

75.- EDITORIAL Las inversiones del PNT. El Plan Nacional de Telecomunicaciones ha sido recientemente aprobado. Faltan aún otros elementos para configurar el conjunto de nuestras telecomunicaciones, como la Ley de televisión por cable, el desarrollo de las televisiones locales o los reglamentos de la propia LOT, a cuya espera se encuentra no sólo nuestro sector, sino el conjunto de nuestra sociedad. Da la impresión de que el PNT está fundado en dos únicas ideas: obligar a las empresas que controlan el Estado a incrementar los servicios (política de oferta) y esperar que la demanda le vaya a la zaga. De forma que con ambos mecanismos se pretende generar las inversiones, procedentes de los usuarios, necesarias para mantener y mejorar el actual nivel tecnológico y la satisfacción de usuarios e industria. Quizás a Telefónica se le pueda obligar a invertir en determinados sectores a cambio de reservarle parte del mercado, o llegar a pasar por alto la calidad de los servicios que presta en régimen de monopolio. Pero Retevisión e Hispasat tendrán suficiente con presentar una cuenta de explotación no deficitaria durante estos años. Pretender que sean motores del sector raya con la utopía. En fin, creemos que las telecomunicaciones se deben desarrollar con una política más decidida desde la Administración, se debe forzar no sólo la oferta sino la demanda, bajando precios, aumentando la calidad, favoreciendo nuevos servicios, liberalizando otros. Es importante no olvidar que las infraestructuras de un país condicionan su desarrollo y que, igual que el estado cuida de forma decidida las comunicaciones por carretera y los ferrocarriles con grandes inversiones, tiene poco sentido que las mejoras de las telecomunicaciones deban ser sufragadas exclusivamente con la financiación de los usuarios actuales, vía aumento de cuotas. Ello constituye una forma de imposición indirecta al usuario, que beneficia a la empresa operadora de los servicios así gravados, sin que se le exija ninguna contrapartida. Y, puesto que nos centramos en inversiones, hay que decir que parecen insuficientes para el desarrollo previsto por el Plan, aspecto ya denunciado por la industria. No hay que olvidarse de que todavía estamos sufriendo las consecuencias de una acción similar, que acarreó la mayor crisis que han sufrido nuestras telecomunicaciones en las últimas décadas. Finalmente quisiéramos destacar el importante papel que juega y debe jugar en el futuro el Consejo Asesor, y especialmente la Ponencia creada para el seguimiento en tiempo real del cumplimiento del PNT. Será a través de esta Ponencia como se podrán modificar una serie de medidas que conforman el PNT y de las que depende el futuro de nuestro sector.

76.- EDITORIAL Las ETSITs en la encrucijada. Enfrascados en los problemas del día a día, con un sector que, tras una década boyante, atraviesa un momento difícil, nos pasan inadvertidas cuestiones claves para el futuro de la profesión. Este es el caso de la reforma de los planes de estudio de Ingeniería de Telecomunicación que actualmente se encuentran en un estado avanzado de desarrollo, y cuyos efectos se harán patentes a finales de esta década. La reforma de los planes de estudios, “de iure” o “de facto”, ha sido una constante en las ETSITs desde 1964. Sin embargo, en esta ocasión reviste especial importancia pues se realiza en un entorno hasta ahora desconocido: más de una decena de ETSITs distribuidas por toda la geografía nacional y previsión de mutaciones significativas del perfil profesional requerido por el mercado de trabajo. Un reciente estudio de FUNDESCO evalúa en un millar el número de compañeros que saldrán al mercado de trabajo en 1995, cifra que se eleva a ocho mil quinientos para el conjunto de titulados universitarios relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ambas cifras podrían doblarse al entrar el siglo XXI. No es difícil pronosticar un empeoramiento sustancial de la posición del ingeniero de Telecomunicación que encontrará un mercado de trabajo mucho más competitivo que en el pasado. En este contexto, la adecuación de la formación recibida a la realidad profesional se convierte en el factor fundamental del éxito o fracaso de la inserción profesional del joven ingeniero. ¿Cuáles serán los futuros requisitos profesionales? ¿Están diseñando las ETSITs planes de estudio que los satisfagan? Si hacemos caso de un reciente estudio de FITCE (Federation of Telecommunication Engineers of the European Community), el cambio más drástico se producirá en el segmento ocupacional relativo a la planificación y operación de servicios de Telecomunicación e Informática: segmento que ocupa en la actualidad a casi la mitad de nuestro colectivo. Según FITCE, los cambios en el marco regulatorio y la madurez de las tecnologías exigen que el profesional de este segmento tenga un buen conocimiento del “negocio” de las Telecomunicaciones y la Informática, un conocimiento razonable de los fundamentos de las redes de telecomunicación y de los sistemas informáticos, la capacidad de apreciar las tecnologías disponibles y en desarrollo, así como sus aplicaciones, y la habilidad para interpretar las necesidades de los clientes en función de las tendencias económicas y de mercado. En definitiva, se requerirá, no solamente un buen ingeniero en el sentido técnico, sino también un gestor y líder social, aspectos ingenieriles tradicionalmente olvidados en la formación de los telecos. La “doctrina” de las Juntas del COIT y la AEIT, fundamentada en los estudios socio-profesionales que periódicamente realiza y en el seguimiento del debate nacional e internacional sobre estos temas, puede sintetizarse en tres puntos: primero, reafirmar como principal activo de nuestro ingeniero, la profunda formación tecnológica de carácter horizontal (Eléctrica, Informática y Telecomunicaciones), que vienen impartiendo tradicionalmente las ETSITs. En segundo lugar, aprovechar la reforma en marcha para introducir de forma decidida componentes de economía y gestión, que introduzcan al estudiante en las técnicas y en la cultura del “management”. Finalmente, aconsejar a las nuevas escuelas su especialización en aquellas áreas más acordes con el entorno socio-económico característico de su ubicación geográfica. Pero no debemos olvidar que la responsabilidad última de todo plan de estudios está en cada Universidad y, de ahí y en nuestro caso, en cada ETSIT. Por ello debemos saludar iniciativas como la de CODITEL, agrupación informal de Directores de escuelas de Telecomunicación, foro donde los diferentes centros intercambian experiencias y puntos de vista, y donde COIT/AEIT participan activamente. Pero no parece que la convergencia necesaria, concepto hoy de obligada referencia, vaya por buen camino. Existen puntos de partida muy diferentes según los centros y, aunque somos conscientes de que en un plan de estudios confluyen muchos intereses, los que ahora parecen primar no son precisamente los más encomiables.

77.- EDITORIAL Posición del COIT y la AEIT ante la reforma de la ley de colegios profesionales. Han sido necesarios catorce años desde la promulgación de la Constitución para que el ejecutivo se haya “atrevido” a reformar la Ley de colegios profesionales. Casi cinco lustros en que el asociacionismo profesional de este país ha permanecido dormitando en antiguos cotos competenciales, regulado por una ley caduca que impedía cualquier movimiento modernizador. Pues bien, parece ser que gracias a una sencilla receta económica, la “libre competencia”, el legislador va a solucionar este espinoso tema en pocos meses. La historia comenzó con la publicación del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre “Libre Ejercicio de las Profesiones”. Pudimos leer horrorizados como se iban relatando los vicios y rasgos negativos de cada uno de los Colegios Profesionales para, por simple extensión, parecer que podrían ser imputados a todos los Colegios. Nuestro COIT, que obviamente no aparece citado en el informe, tenía que purgar los “pecados” de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Médicos, Abogados y Arquitectos, por citar aquellas profesiones que de forma recurrente aparecían en el informe. Con todo, la mayor sorpresa fue comprobar cómo, en opinión de los autores del informe, la “magia” del mercado era capaz de acabar de un plumazo con los comportamientos corporativos más recalcitrantes, manteniendo simultáneamente la colegiación obligatoria por titulaciones académicas, el reparto de competencias y atribuciones profesionales establecidos hace decenas de años, y sin modificar las arcaicas estructuras colegiales. El siguiente capítulo de esta historia, y nos situamos ya en el mes de Julio, fue el lamentable debate público del informe en los medios de comunicación. Como no podría ser de otra forma, los colegios fueron incapaces de transmitir a la opinión pública argumentos que contrarrestaran este feroz ataque. La mala experiencia que tienen consumidores y usuarios sobre algunas prácticas colegiales y los términos demagógicos en que estaba redactado el informe, produjeron un inesperado apoyo a las tesis del Gobierno. No puede extrañarnos que en estos momentos asistamos a una carrera contra el reloj, para llevar al parlamento la tramitación de esta ley. La rapidez de los acontecimientos obliga a las juntas del COIT/AEIT a abandonar la discreción que han mantenido hasta el momento y pronunciarse públicamente sobre este asunto, denunciando la contradicción intrínseca del híbrido Colegio/Asociación que se propone en la nueva regulación. Si el legislador considera que es mejor para este país el modelo de asociación profesional de “derecho privado”, como tienen los países anglosajones, lo que tiene que hacer es suprimir el artículo 36 de la Constitución eliminando los Colegios del marco jurídico vigente. Lo que no parece de recibo, es mantener todas las ataduras a la Administración que implica el modelo asociativo de “derecho público”, y, simultáneamente, vaciarlos de contenido competencial en este terreno. Si, por el contrario, el legislador considera, como el COIT/AEIT, que existen algunos servicios profesionales que no pueden quedar sometidos exclusivamente a la lógica del mercado sin acarrear graves perjuicios a los ciudadanos; si cree, como nosotros, que es posible desarrollar los aspectos positivos, que indudablemente tienen los Colegios, por el hecho de ser instituciones con derecho público con decenas o centenares de años de existencia; si tiene la voluntad política de aprovechar este proceso para dotar a los Colegios de un marco normativo que haga de ellos unas instituciones ágiles, participativas del entramado social, e incentivadotas de la competencia y de la calidad, contará con el apoyo incondicional de estas juntas. El Anteproyecto de Ley, hace todo lo contrario, deja la actual y anticuada estructura plenamente vigente, y espera que el “mercado” y la merma de los recursos económicos de los Colegios produzcan el milagro. El COIT/AEIT no puede apoyar este despropósito.