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El gigante francés de telecomunicaciones, France Telecom (FT),está a punto de asumir, después de hacerse con la mayoría de lasacciones de la compañía española Amena, la gestión y el control denuestro tercer operador de telefonía móvil, que pasará del verde bri-llante al naranja intenso. Este hecho, unido a la actual presencia de FT en España en telefo-nía fija e Internet, a través de Uni2 y Wanadoo, respectivamente, supo-ne una importante presencia activa de un “big player” europeo global,la del incumbente de nuestra vecina Francia, en un país ajeno, el nues-tro. Muchos piensan que esta nueva situación supondrá una mayor competencia, con el consiguien-te beneficio final para el usuario, y se felicitan por ello. Aunque este argumento será probablemen-te, aunque no necesariamente, cierto, conviene recordar que la competencia ya existía con Amenaen este sector. Pero, por encima de la apertura de los mercados están las reglas del juego, pues FT sigue tenien-do al Estado francés como accionista más que significativo. Y se mantiene esta singularidad en contra de las recomendaciones emanadas de la ComisiónEuropea, asumidas en su día por los estados miembros, incluido el francés, para fomentar la com-petencia en un mercado donde las iniciativas privadas lideren el desarrollo de las telecomunicacio-nes europeas, cuestión que, ahora sí, influye de manera importante en los intereses de nuestro país. Muchos de los estados miembros de la UE no asumen que es imposible la competencia efectivay real en este sector con empresas significativamente participadas por el propio Estado, que no dejade ser juez y parte. Pero si esto es, en sí, preocupante, más lo es que estas empresas salgan a com-petir con ventaja con empresas privadas a países ajenos. Que es exactamente lo que está pasando. La realidad ha demostrado una vez más la capacidad del Estado francés de intervenir de formaartificial en su mercado, impulsando y apoyando abiertamente a su operador con fondos públicoscuando ha considerado oportuno. Lo hizo cuando France Telecom estaba prácticamente en quiebratécnica mediante una ampliación de capital soportada por todos los ciudadanos franceses. Y, denuevo, lo hace con la compra de Amena, en un momento en que la empresa francesa acumula unadeuda de enorme relevancia, cuestiones ambas que difícilmente hubiera asumido cualquier empre-sa privada que lo hubiera intentado. En definitiva, FT actúa de una forma en que Telefónica difícilmente podría. Y ambas van a com-petir en el mismo mercado, el nuestro. Como corresponde a un país que sí ha hecho sus deberes, el Gobierno español poco puede hacerformalmente para impedir la compra de Amena sin romper los compromisos adquiridos de respetoa las reglas del juego europeas. Por eso, dando ejemplo en este sentido, se dio por enterado de laoperación y decidió no intervenir. La conclusión de este proceso nos lleva a la dura convicción de que existen países que parecenno desear el mercado único europeo en telecomunicaciones. Con situaciones como éstas puede concluirse que la responsabilidad de la Comisión Europeaqueda, al menos, comprometida. No tiene sentido perseguir con ahínco las acciones de oro quealgunos Estados ejercen quizá con excesivo rigor y permitir, distrayendo la mirada, que haya paísesmiembros de la UE que mantienen fuertes presencias accionariales en sus operadoras de telecomu-nicación. La Comisión Europea debería revisar el grado de cumplimiento de sus recomendaciones en estamateria y mantener, con eficacia si puede, que las reglas de juego sean las mismas para todos. De otra forma, nunca llegaremos al objetivo de un mercado plenamente liberalizado o, lo quees peor, será ocupado de manera poco justa e ineficiente por quienes mantienen políticas abierta-mente proteccionistas para sus empresas. Al menos, deberíamos tomar nota para el futuro que, ahora sí, nos va a ir mucho en ello.

¿Será la buena? Tras las elecciones de marzo de 2004, y ante la evidencia de que cada día que pasaba, más se degradaba la situación, se reinició el debate en torno a qué actuaciones debía emprender nuestro país para no quedar más descolgado en su incorporación a la Sociedad de la Información. Para ello, el Parlamento español había pedido la redacción de un plan, a elaborar durante 2005, y el nuevo Gobierno se puso manos a la obra, con la creación, entre otras actuaciones, de un grupo de trabajo, en el seno de la de la Comisión Asesora de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuya presidencia se le encargó al catedrático Emilio Ontiveros, quien dio entrada a todas las instituciones y agentes del sector que tuvieran algo que aportar, y quisieran hacerlo. Probablemente por vez primera, no se convocó a un grupo “selecto” de expertos, sino a todo el sector, con lo que las conclusiones y recomendaciones han surgido del trabajo permanente y sostenido de todos. Se trata, por tanto, de la opinión de lo que se debe hacer “desde” el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo que le da al proceso un valor especial que conviene destacar. De todo ello, y con gran parte, aunque no todas, de las recomendaciones del grupo de trabajo, el Gobierno dio luz verde recientemente al plan Avanza para el periodo 2005-2010. Se trata de un plan que garantiza la existencia de recursos disponibles, el tiempo dirá si suficientes, a disposición de las actuaciones en él recogidas, y que contempla la inevitable modificación de la legislación existente para adaptarla a los nuevos tiempos, pues la redacción actual de muchas leyes y normativas impide la utilización activa de las nuevas tecnologías. Nace quizá todavía sin ese necesario impulso personal explícito desde la mismísima presidencia del Gobierno, que sí ha tenido la I+D+i, lo que le convertiría en una de las más importantes iniciativas de nuestro Ejecutivo. Pero, aunque podría y debería ser mayor es, sin duda, la más importante apuesta que nuestro país ha hecho hasta la fecha por recuperar posiciones en Europa en la utilización de las Tecnologías de la Información. Siempre se ha relegado el impulso de este hipersector, dándosele una mayor importancia estratégica otras cuestiones de estado. Pero, por desgracia, se ha llegado a un momento en el que el valor de la tecnología es tan importante para la economía y la productividad de los países que sería un tremendo error volver a perder esta oportunidad. Ha llegado la hora de poner el hombro y ayudar, lograr entre todos que esta sea la buena y, al tiempo, exigir, porque el esfuerzo ha sido y será colectivo, que lo que el plan compromete se cumpla. Que se garanticen medidas de control y seguimiento, que se valoren los resultados y el cumplimiento de objetivos. Y que nadie se dé por enteramente satisfecho porque, teniendo en cuenta lo que nos separa de la media europea y el enorme esfuerzo que supondrá acercarnos a los primeros, podría y debería haberse ido más lejos. Que nunca se den por suficientes los recursos asignados, que deberían haber sido más, pues objetivamente, las inversiones necesarias en este sector para que cumplan con su papel vertebrador de la economía y la sociedad son, comparativamente, mucho menores que las que se necesitan en otros, y mucho más rentables. Nuestro Colegio ha trabajado con los demás agentes del sector, y con el Gobierno, con lealtad y con intensidad. Podemos decir, con orgullo, que los objetivos se han alcanzado, y que ello ha sido posible con la aportación de todos, sin exclusiones. Así que ahora, manos a la obra porque, probablemente, no tendremos muchas otras oportunidades como esta para ir en la buena dirección.

Talento empresarial. La empresa es, por excelencia, agente de crecimiento y progreso. Su dinamismo y capacidad de adaptación al mercado, en un entorno caracterizado por la evolución tecnológica y la globalización de la economía, son claves del liderazgo, especialmente en un sector basado en tecnologías avanzadas, como es el caso de las TIC. Nuestro sector está, además, condicionado por la presión de la competencia, de tal manera que el conocimiento del negocio y de la tecnología que lo sostiene es fundamental a la hora de marcar estrategias. La reciente decisión del Presidente de Telefónica, de reorganizar la cúpula de su compañía, poniendo a la cabeza a dos reputados ingenieros de telecomunicación (Julio Linares y Luis Lada), es consecuencia del enorme esfuerzo de nuestro primer operador por liderar el complejo mundo de la operación de servicios de telecomunicación, y un reconocimiento fehaciente de la contrastada capacidad profesional de ambos. Este esfuerzo se manifiesta en la consolidación de los servicios triple play, con el servicio de telefonía móvil como futuro cuarto elemento de la convergencia tecnológica, lo que permite una oferta completa de servicios multimedia con una tarifa plana. Prueba del esfuerzo de Telefónica lo es, sobre todo, la entrada, de manera significativa dentro del mercado europeo, en países clave como Alemania, el Reino Unido o la República Checa. Dentro de la evidente imparcialidad que nuestras instituciones vienen manteniendo ante todos los agentes que operan actualmente en nuestro sector, merece nuestro reconocimiento y apoyo la exitosa trayectoria empresarial de Telefónica en los últimos diez años de liberalización del sector de las telecos en España, donde los aciertos prevalecen sobre los errores. En esta década se ha erigido en la principal compañía multinacional de nuestro país, ocupando en la actualidad el quinto puesto en el ranking mundial de operadoras de telecomunicaciones por capitalización bursátil, con presencia en 17 países, 180 millones de clientes, y más de 200.000 empleados. Además, con ello ha posibilitado el negocio transnacional de otras muchas empresas españolas del sector. Todo ello en un contexto de mercado nacional muy competitivo, con intervención de todas las compañías líderes internacionales, muchas de ellas, como Vodafone o BT, dirigidas asimismo en España por ingenieros de telecomunicación, y a las que se suma también ONO, reforzada tras la adquisición del negocio de telefonía fija e Internet de Auna. Al COIT/AEIT le corresponde destacar el papel fundamental que los ingenieros de Telecomunicación han jugado –y juegan– desde que nuestro primer operador comenzara su larga y complicada andadura. Son los telecos, con sus conocimientos y su trabajo diario, quienes al asumir labores de gestión en todos los niveles de mando en Telefónica, han demostrado que el perfil de nuestra profesión dispone, como ninguna otra, del bagaje técnico y del "know-how" necesarios para sacar el máximo provecho a la innovación tecnológica.

Es un hecho que, al cabo de ocho años del comienzo del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, el panorama no resulta recisamente positivo. ¿Sólo importan los precios? La política de la Unión Europea (UE), dirigida al impulso de la competencia, seguida con mayor o menor rigor por los respectivos gobiernos, ha dado lugar, con el paso del tiempo, a un sector carente del apoyo público suficiente, escasamente dinámico, constreñido, que con dificultad será capaz convertirse en uno de los que, antes o después, pueda estar llamado a sustituir al ladrillo, cuando la construcción decaiga, como motor de nuestra economía. Las medidas orientadas a aumentar la competencia han buscado una disminución de los precios de los servicios, con la idea de que esto es lo que beneficiaría al ciudadano, línea en la que, lógicamente, está la CMT (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones). Una primera cuestión a considerar es si no nos encontramos demasiado en manos de las decisiones de los reguladores, porque ¿se beneficia al ciudadano logrando sólo que los precios bajen cada vez más? ¿Acaso es eso lo único importante? ¿El beneficio de un país se mide por la capacidad de reducir precios que tengan sus organismos reguladores? Para empezar, cabe preguntarse, si la competencia en España está tan necesitada, después de ocho años de liberalización, de más medidas liberalizadoras y, sobre todo, si el único problema que teníamos, y tenemos, es bajar permanentemente los precios de los servicios, que, por cierto, han descendido ya más de un 30 % en los últimos años, en este sector, en nuestro país. ¿Tiene alguien en cuenta las inversiones en infraestructuras, el empleo de calidad, la existencia de unos salarios dignos, la necesidad de mayores inversiones en I+D+i, la merma de calidad en los servicios que estamos sufriendo, la salud de nuestras empresas más competitivas, y los mayores impuestos que éstas generarían si no estuvieran permanentemente presionadas por cargas “regulatorias” y sus resultados no estuvieran siempre basados en un constante recorte de gastos? Si se tuvieran en cuenta todos estos indicadores, ¿no se beneficiaría más al ciudadano? ¿Tiene lógica que estemos consiguiendo, entre unos y otros, que las empresas de telecomunicación, a pesar de representar el sector con más futuro de la economía, hayan logrado alcanzar el dudoso éxito de situarse, desde que llegó la competencia, entre las que menos tasa de retorno de capital generan entre sus accionistas y las que hayan sufrido mayores pérdidas bursátiles, en su conjunto, en el 2005, yendo este año 2006 por el mismo camino? La memoria colectiva es muy débil y olvida que, en su día -no hace tanto- para “beneficiar” al usuario y a la sociedad en general, los gobiernos, con la aquiescencia de la UE, obligaron a las empresas de telefonía móvil a llevar a cabo impresionantes esfuerzos para poder operar en 3G comprando una licencia a precios astronómicos. La consecuencia de una medida tan contraria a las reglas del mercado ha sido la parálisis de la actividad empresarial, aquejada de enormes deudas y una nula inversión en nuevas infraestructuras y servicios. Una parálisis de la que empezamos a recuperarnos, después de casi cinco años. Pudiera ser que ahora estemos actuando de forma similar, obligando al mercado a asumir decisiones impuestas, reguladas, intervencionistas, actuaciones que abocan a las empresas que de verdad deberían interesar a este país a considerar sus estrategias, una vez más, a la baja. Cuestión que, probablemente, esté influyendo negativamente sobre la buena marcha de nuestra economía y, con seguridad, lo está haciendo en la de nuestro sector, en lo que a calidad de servicios, generación de empleo y de negocio se refiere. Que todo ello no tenga lugar dependerá, tal y como están las cosas, de la intervención que, en cada caso, tenga la CMT, a quien habrá que pedir un importante grado de responsabilidad estratégica en sus decisiones así como también una exigencia de auténtico valor añadido a cada nuevo operador entrante. A los profesionales nos va mucho en ello, pues seguimos apostando por un sector dinámico, generador de riqueza, inversor, innovador y capaz de impulsar, tanto nuestra economía como nuestro bienestar social. Y no nos parece que vayamos en esa dirección.

Un cambio de actitudes E l paso del tiempo, juez último y preclaro de tantas cosas, nos lleva a la conclusión, poco optimista, de que nuestras telecomunicaciones no atraviesan, al cabo de ocho años del inicio de su liberalización, de la salud y el reconocimiento que todos hubiéramos deseado cuando se inició ese proceso. Cierto es que estamos ante uno de los sectores con más futuro, que más tecnología desarrolla, soporte, a su vez, de los demás sectores productivos. Pero también es verdad que, entre unos y otros, y bajo la influencia de la poco atractiva y afortunada política marcada desde la Unión Europea, hemos conseguido el descontento generalizado de todos los agentes del sector. A lo que hay que añadir, un cierto escepticismo social –más o menos patente– ante una actividad que, hasta hace muy pocos años, constituía la admiración y referencia de todos. Las consultas que, con carácter permanente, realizamos entre nuestros colegiados y asociados, ponen en evidencia, una vez más, superado el estallido de la burbuja tecnológica de hace cuatro años, un aumento del empleo de nuestros ingenieros de telecomunicación. No obstante, estos estudios y sondeos reflejan, igualmente, un deterioro sostenido de la calidad de ese empleo, un incremento de la precariedad y un descenso de los niveles salariales. Todo ello, junto a los varios procesos de reducción de empleo que hemos sufrido, está dando lugar a que los jóvenes se replanteen si la Universidad, en general, y los estudios de Telecomunicación, en particular, resultan la mejor elección profesional posible. Con la consiguiente pérdida del relevo generacional que garantice el bagaje de formación y conocimiento, absolutamente necesario para el futuro económico y social. Por su parte, las empresas proveedoras del sector, muchas de ellas lideradas por ingenieros de telecomunicación, sufren las consecuencias de esos recortes de gastos de los operadores, con una excesiva presión a la baja de sus márgenes de rentabilidad y viabilidad. Debido a ello, las empresas acaban aplicando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero en otros sectores, donde el reconocimiento empresarial se encuentra menos supeditado a los costes. Finalmente, los usuarios, precisamente debido a esa presión permanente que se ejerce para el recorte de los precios, sufren una erosión en la calidad de los servicios. Ello se traduce en crecientes quejas y conflictos que dañan seriamente la imagen de nuestras telecomunicaciones entre los ciudadanos. Tenemos la convicción de que este sector debería dar mucho más de sí. Que exige, por nuestra parte, una reflexión urgente que propicie un cambio general de actitudes, para que llegue a ocupar el lugar que le corresponde como un sector más, sujeto a las reglas de la competencia, en el que se confíe en la libertad de mercado para optimizar el retorno de las inversiones, la innovación y una generación de empleo y de oportunidades de negocio en consonancia con lo que correspondería a una actividad que es sustento y soporte de nuestra economía.

Telefonía móvil: los ayuntamientos tienen la última palabra Una de las características diferenciales de las telecomunicaciones es, sin duda, su capacidad para crear valor en el conjunto del tejido económico mediante la generación de actividades, dentro de la práctica totalidad de los sectores, que cada vez recurren de forma más intensiva a la utilización de la información y el conocimiento. Podría decirse que las telecomunicaciones constituyen el sistema nervioso de una sociedad moderna. En ese incuestionable camino hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, resulta evidente la necesidad, tanto de desarrollar e implantar nuevas tecnologías como de hacer llegar sus “beneficios y bondades”, en las mejores condiciones, a todos los ciudadanos. Pero en ese tránsito de las tecnologías y sus beneficios a toda la población, se manifiesta claramente como condición “necesaria” -aunque no suficiente: el despliegue de redes e infraestructuras de Telecomunicación. Un despliegue establecido mediante la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones. Como consecuencia de ello, la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, dedicada básicamente a las comunicaciones móviles, aprobó un procedimiento administrativo de referencia y una serie de recomendaciones “para favorecer el desarrollo armónico de las infraestructuras de red de radiocomunicaciones”, garantizando su despliegue ordenado, equilibrado, de calidad, riguroso, y con el máximo respeto al medio ambiente, a la salud y a la seguridad de toda la ciudadanía. Para conseguirlo, la totalidad de los organismos competentes, a todos los niveles, deberían haber trabajado hasta ahora a fin de poder disponer de una reglamentación única y unas ordenanzas municipales comunes en su espíritu, de tal manera que permitiesen, en aras del bien común, desarrollar las infraestructuras de telecomunicación bajo unas mismas premisas, criterios y parámetros. A fecha de hoy, esa no es la realidad. Raro es el día en el que no aparecen noticias de ámbito local donde se denuncia un bloqueo en el despliegue de redes, una ralentización en el proceso de concesión de licencias, etc. Ello dificulta enormemente la labor de despliegue de las infraestructuras, encarece su coste y, por último, ejerce un marcado impacto en esa disponibilidad de servicios de telecomunicación que todos demandamos. Por si hubiera dudas, una reciente sentencia del Tribunal Supremo determina que los niveles de exposición que recoge la normativa vigente, fundada en la intervención facultativa de los ingenieros de Telecomunicación, son los adecuados. Junto con las últimas aportaciones de la Organización Mundial de la Salud, (fact sheet nº 304. Mayo 2006), coadyuva, una vez más, a desenmascarar a oportunistas y agitadores que propagan tesis que a ingenieros y científicos deberían avergonzarnos. El hecho indiscutible es que los operadores defienden el propósito de ofrecer una mejor cobertura para optimizar el servicio, entre otras cosas, debido a los compromisos que mantienen con la Administración. Sin embargo, aún se les pone en la tesitura de no disponer de todos los permisos y licencias que una heterogénea y compleja administración autonómica, insular y local les impone lo que coincide, además, con una escasa coordinación entre éstas últimas. Falta, a nuestro juicio, un mensaje claro y contundente de las distintas administraciones que remate el emitido por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En especial, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo que, ante la todavía preocupante alarma social, no logra transmitir el mensaje de tranquilidad que su propio Comité de Expertos propugna. Año tras año perdemos terreno frente a otros países en el desarrollo de la Sociedad de la Información en movilidad. Los ingenieros de Telecomunicación hemos pedido, en reiteradas ocasiones, que las administraciones locales se conciencien de la situación y den el paso definitivo con el objetivo de resolver una situación que dura ya demasiados años. Como bien saben los Ayuntamientos, a los profesionales nos tienen a su entera disposición para solucionar esta complicada y difícil situación en la línea de lo establecido por el convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación que esperemos produzca resultados positivos para todos.

En beneficio de los ciudadanos europeos Nos encontramos ante una nueva oportunidad de debate sobre la política europea de Telecomunicaciones tras la publicación, el 29 de junio de 2006, de una Comunicación de la Comisión Europea que plantea la revisión del marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Lo hace con objetivos poco ambiciosos pues, partiendo de que, en su opinión, la regulación europea ha sido una historia de éxito, sólo aborda cambios parciales, lo que no concuerda con la opinión de muchos, entre ellos, con la nuestra. Es el momento de hacer una reflexión a fondo sobre el futuro marco regulador, partiendo de la situación del sector en España, y proponer alternativas que enfoquen plenamente unos objetivos centrados en el beneficio de los ciudadanos europeos. Estamos interesados en el debate, al que aportaremos nuestras propuestas, desde el convencimiento de que nuestras telecomunicaciones no atraviesan, transcurridos ya ocho años de liberalización, por el buen momento que todos hubiésemos deseado. Si realmente se pretende perseguir el beneficio de los ciudadanos europeos, COMO CIUDADANOS, es necesario ir más allá, y no limitarse sólo a pensar en lo que el ciudadano, en tanto consumidor, pudiera lograr a corto plazo. Es preciso hacer una distinción entre consumidor y ciudadano, entre el mercado y la necesidad de impulsar la naciente Sociedad de la Información europea. El logro de beneficios inmediatos para el consumidor actual, principalmente con la competencia en ampliación de servicios y la permanente bajada de precios, está condicionando el futuro desarrollo de todo el sector. El objetivo a medio y largo plazo tiene que seguir siendo el crecimiento de la economía, así como la generación de riqueza y empleo que se deriven del progreso de la Sociedad de la Información. Para ello, la regulación debe contemplar de forma prioritaria, además de la competencia en los actuales mercados, las necesidades de innovación y de nuevas inversiones. La convergencia, referente permanente de las transformaciones del sector, tiene que ser considerada, además de como fenómeno tecnológico, también, y sobre todo, desde el punto de vista socioeconómico. La regulación europea que se implante va a condicionar la forma en que se comporten los agentes económicos, particularmente en cuestiones estratégicas, como la innovación y la inversión, verdaderos motores del futuro. Uno de los aspectos más significativos de este planteamiento, a medio y largo plazo, es la necesidad de inversión en infraestructuras. La convergencia, por ejemplo en el ámbito fijo-móvil o en la integración del audiovisual, debe desembocar definitivamente en las esperadas redes de nueva generación, cuyo despliegue se encuentra actualmente más retrasado de lo que se preveía hace ya una década. Nuevas infraestructuras que facilitarán el soporte para los nuevos servicios de la Sociedad de la Información, basados tanto en la utilización masiva de la banda ancha como en la integración de soluciones a partir de los diferentes aspectos de la convergencia. La competencia de plataformas integradas con las nuevas infraestructuras, va a requerir, además, el desarrollo de un auténtico mercado único, con un marco regulador que garantice la igualdad de todos los ciudadanos europeos para disponer de los servicios y de los beneficios de la Sociedad de la Información en condiciones similares. En este sentido, hay que recordar, desde la perspectiva española, la necesidad de una armonización del mercado único por parte del marco regulador, especialmente en aspectos como los derechos de los usuarios, el tratamiento fiscal o la participación de capital público en el accionariado de compañías privadas, presencia que desequilibra el mercado único y que resulta incompatible con un sector liberalizado de hecho. La nueva regulación debe, finalmente, considerar asimismo el interés de los ciudadanos europeos desde la perspectiva de la competencia no europea. El riesgo de un marco que no facilite de forma decidida la innovación y la inversión, representa un peligro para el eventual retraso del desarrollo de las comunicaciones electrónicas en Europa, y otorgaría ventaja a otros operadores globales no pertenecientes a la Unión Europea para entrar en los mercados de nuestro continente.

Cuarenta meses para el apagado analógico En julio de 2005 el Gobierno lanzó una serie de medidas de impulso para el lanzamiento e implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en nuestro país, estableciendo como fecha para el apagado analógico el mes de abril de 2010, antes de la fecha establecida por la Unión Europea. Han pasado desde entonces diecisiete meses y el panorama de implantación de la TDT muestra todavía signos de incertidumbre que hay que tratar de despejar con medidas concretas. El éxito de nuestro país en la implantación de la TDT depende del trabajo bien hecho y coordinado entre todos los agentes y que los resultados lleguen al ciudadano de forma que perciba las ventajas de esta nueva tecnología. Tenemos que ser capaces de trasladar al ciudadano que la TDT es algo más que una tecnología de sustitución y convencerle de sus muchos valores añadidos. Una vez finalizados los trabajos del Foro Técnico de la Televisión Digital, que, bajo los auspicios del MITyC, congregó a todos los agentes involucrados en el proceso de implantación de la TDT –fabricantes, radiodifusores, operadores de red, facultativos, empresas instaladoras, administradores de fincas, organizaciones de consumidores y usuarios–, es el momento para que el MITyC lidere el proyecto y aporte, en el plazo más breve posible, una planificación detallada de extensión de cobertura por áreas técnicas, hasta alcanzar los niveles de cobertura comprometidos, junto con el calendario de apagado de la televisión analógica en dichas áreas. Esta planificación permitirá, asimismo, que los profesionales competentes ofrezcan soluciones técnicas adecuadas para aquellos municipios que puedan quedar fuera de las zonas planificadas y deseen ampliar dichas coberturas. Queda mucho por hacer y tenemos poco tiempo. Los radiodifusores tienen que promocionar el uso de la televisión digital poniendo en marcha contenidos nuevos y atractivos, así como servicios interactivos que contribuyan a enriquecer sus programas, fidelizar sus audiencias y acercar la sociedad de la información a sus telespectadores; los operadores de red, por su parte, tienen que ser capaces de ofrecer la cobertura necesaria en toda España en los plazos establecidos. Es importante conocer qué parque de edificios queda por adaptar para la adecuada recepción colectiva de la TDT y los resultados de los ya adaptados. Se han de intensificar las campañas de publicidad, información y divulgación destinadas al ciudadano, que desconoce las ventajas de la TDT, que le sensibilicen hacia el cambio a esa nueva forma de ver la televisión. Finalmente, es importante destacar que los descodificadores instalados hasta la fecha son, mayoritariamente, tipo “zapper” (sin interactividad). Para cambiar esta tendencia y facilitar que el parque de receptores que se vaya creando permita una mayor penetración de la Sociedad de la Información, fin último de la apuesta pública por la televisión digital, se deberían ofrecer programas producidos con capacidad interactiva al tiempo que se desarrollen otro tipo de medidas por parte del MICyT que fomenten la disponibilidad de receptores MHP en el mercado y su adquisición por los ciudadanos. Quizás las respuestas o el cambio de rumbo en los planteamientos anteriores haya que buscarlos en “Impulsa TDT”, de quien se esperaba más, y a quien hay que pedir más. Esperemos, por tanto, sus actuaciones y respuestas. Pero también hay cuestiones que el MITyC debería regular para facilitar que los distintos radiodifusores, que se ven obligados a compartir un múltiplex, lleguen a acuerdos aunque tenga intereses no coincidentes en la utilización del múltiplex que comparten. Hay que favorecer experiencias de apagado selectivo como el proyecto piloto “Soria digital” que, gestionado por la entidad pública empresarial RED.es, deberá aportar información sobre aspectos técnicos y jurídicos implicados en el apagado, proceso de adaptación de antenas colectivas, planes de comunicación que se deberán desarrollar para informar a la población, velocidad de penetración de la TDT y plazos mínimos de emisiones simultáneas analógicas y digitales para completar con éxito el proceso de transición. Este proyecto se debería completar con antelación suficiente al inicio del plan de apagado progresivo. En definitiva, son muchas las cuestiones a resolver en estos cuarenta meses que nos separan del cada vez más cercano apagado analógico. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, consciente de que para alcanzar los objetivos tenemos todos que arrimar el hombro, pone a disposición de las entidades involucradas en la implantación de la TDT sus conocimientos para facilitar la extensión de la cobertura mediante micro-reemisores, definir el proyecto técnico de despliegue de TDT, elaborar el material divulgativo necesario y realizar las labores informativas y formativas necesarias hacia el ciudadano. Hagamos, entre todos, que la TDT sea una nueva ventana de entrada a la Sociedad de la Información y represente mucho más que la mera sustitución de una tecnología por otra.