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Una oportunidad para la competencia en Infraestructuras en España
Una oportunidad para la competencia en Infraestructuras en España Tras el enconado debate que tuvo lugar a finales del año pasado, la separación funcional o estructural de los operadores históricos ha vuelto a ser noticia ante la posibilidad de que la Comisión Europea apruebe este instrumento como uno de los posibles “remedios” que los reguladores nacionales puedan utilizar para corregir la falta de competencia en el mercado de acceso. En el fondo del debate se encuentra el cuestionamiento de la validez del modelo de “competencia en infraestructuras” para atraer las inversiones que requiere el despliegue de las redes de nueva generación. Jorge Pérez Martínez Catedrático ETSIT-UPM El debate en el contexto de la revisión del marco regulatorio europeo El discurso pronunciado por la Comisaria Europea Viviane Reding, el pasado 27 de junio, sobre las propuestas para el nuevo marco regulatorio europeo, mostró claramente el atractivo que para la Comisión Europea tiene el modelo puesto en marcha por BT, con la creación de la división Openreach. Esta nueva división integra todas las actividades relacionados con la red de acceso. El objetivo de esta organización, acordada con el regulador OFCOM, es garantizar la igualdad de trato a todos los agentes en su acceso a la red del incumbente. Los conflictos surgidos entre el operador incumbente y los operadores alternativos en las condiciones de acceso a las facilidades de desagregación de bucle, han impulsado la idea de que la creación de una división independiente, supervisada en su funcionamiento y procedimientos operativos por el propio regulador, garantizaría la igualdad de trato y, por tanto, mejoraría el nivel de competencia. Al modelo puesto en marcha por BT se vino a sumar la reorganización anunciada por Telecom Italia el pasado 11 de septiembre. TI planteó una separación en 3 grandes líneas, una dedicada a la red de acceso fija, otra a las actividades de móvil, y una tercera enfocada en la banda ancha y los contenidos. A las propuestas anteriores deben sumarse las menos conocidas de Eircom y New Zealand Telecom. Estas propuestas, algunas ya abandonadas, tienen una justificación, más en aspectos financieros y en operaciones de compra-venta y fusiones que en aspectos regulatorios o de modelo de mercado, pero aún así, la coincidencia de todos estos elementos ha reforzado el argumento sobre las bondades de forzar la separación entre la gestión de las redes y la prestación de los servicios en los operadores incumbentes. Las dudas sobre modelo de competencia en las telecomunicaciones La aplicación de los modelos de separación estructural o funcional merece, sin duda, un análisis sobre sus efecto y consecuencias, pero antes es obligada una reflexión sobre el mercado europeo de las comunicaciones electrónicas y la orientación del marco regulatorio. El debate sobre la separación funcional pone claramente de manifiesto la escasa convicción que muestra la Comisión Europea y muchos reguladores nacionales en el modelo de competencia en infraestructuras. El actual marco regulatorio, diseñado para la transición de un mercado en monopolio a uno en competencia, se basaba en la idea, tantas veces repetida, de la escalera de inversión. Las ventajosas condiciones de acceso a la infraestructura del operador incumbente deberían facilitar a los nuevos operadores entrantes captar clientes con un nivel de riesgo e inversión mínimo. Una vez que el número de clientes alcanzase una masa crítica, los nuevos entrantes podrían optar a alternativas con mayor inversión y riesgo, escalando la escalera de inversión para conseguir mejores márgenes y mayor diferenciación. Este escenario permitiría la evolución de un modelo de competencia en servicios, a un modelo de competencia en infraestructuras. La apuesta por la separación revela la renuncia al modelo de competencia en infraestructuras y la nueva orientación hacia una más que probable remonopolización de la red de acceso. Cabe preguntarse si esta nueva orientación, totalmente opuesta a las seguidas en mercados como el americano o el coreano, es lo mejor para el sector europeo. Consecuencias de la separación estructural o funcional La separación, tanto estructural como funcional, en cualquiera de sus grados, tiene como objetivo garantizar el tratamiento no discriminatorio en la provisión de los servicios mayoristas entre el operador incumbente y los operadores alternativos, con el fin último de garantizar el desarrollo del mercado. La OCDE en su informe sobre la revisión de las recomendaciones sobre la aplicación de la separación estructural en mercados regulados1 cuestiona que en el mercado de las comunicaciones electrónicas puedan existir los adecuados incentivos para la inversión en infraestructura de acceso si los operadores no cuentan con los ingresos e incentivos asociados a la integración vertical. La separación funcional, como una opción más suave que la separación estructural, es el modelo que más atractivo ha despertado entre los reguladores europeos. Sin embargo, la conclusión que puede derivarse de un rápido análisis es que esta opción no solucionará los problemas reales que afronta el sector y desincentivará la inversión en las nuevas redes. El análisis de los costes incurridos por la aplicación de la medida de separación muestra un impacto importante. Se incrementan los costes operativos al perderse economías de escala y se duplican activos y estructuras de apoyo actualmente compartidas entre los servicios minoristas y los mayoristas. Siendo el razonamiento sobre los costes importante, el elemento más preocupante es, sin duda, el riesgo a desincentivar tanto la creación de nueva infraestructura como la mejora de la infraestructura existente. La propia Comisión, en el análisis de impacto sobre las medidas valoradas en la revisión del marco regulatorio, afirma que, sin las ventajas de la integración vertical, la empresa carece de referentes para la estimación de la demanda y de incentivos para la inversión en la mejora de la red. Adicionalmente, al regularse solo una tecnología, la asociada a la infraestructura de acceso del operador incumbente, se genera una dinámica competitiva que desincentiva la inversión en infraestructuras alternativas. Como último elemento de análisis debe mencionarse que la aplicación de las medidas de separación tampoco permitirá garantizar la igualdad de trato. La decisión clave es determinar si la compañía/ división segregada se encargará de toda la infraestructura o sólo del acceso. La segunda opción obligará a mantener la regulación sobre el acceso indirecto al bucle en la empresa no segregada. La aplicación de la medida de separación puede garantizar la no discriminación en el acceso a la oferta de desagregación de bucle (acceso directo), pero difícilmente resolverá los problemas asociados al acceso indirecto. La conflictividad regulatoria se está planteando actualmente, no en la desagregación del bucle, sino en la replicabilidad de los servicios finales en prestaciones, precios y coberturas, utilizando servicios mayoristas con márgenes adecuados. Es difícil que la empresa/ división creada tras la separación estructural/funcional pueda prestar la amplia variedad de servicios mayoristas que pueden precisarse en un mercado tan dinámico como el actual mercado de comunicaciones electrónicas Viabilidad de la competencia en infraestructuras en España Para que sea posible alcanzar en España un mercado en competencia efectiva es preciso favorecer la competencia en infraestructuras, mediante un entorno regulatorio que permita acometer el reto de la renovación de la red de acceso y el despliegue de infraestructuras alternativas basadas en redes fibra óptica. Al analizar las posibilidades de desarrollo de este modelo en el mercado español, debemos partir de las cifras de cobertura de las diferentes redes de acceso. La red de los operadores de cable alcanza ya aproximadamente al 50% de los hogares españoles. Si a esta cifra, sumamos la cobertura de la oferta de desagregación de bucle, alcanzaríamos a un 65% de los hogares españoles. Esta cifra define el actual mercado potencial para la competencia en infraestructura. En las condiciones actuales definidas por el coste de los despliegues de infraestructura, la densidad de población y la demanda potencial, los diferentes agentes han identificado una zona que engloba al 65% del mercado residencial, donde puede esperarse un adecuado retorno de la inversión asociada al despliegue de nueva infraestructura. La evolución tecnológica, la reducción de los costes de despliegue, y el impulso de la demanda, puede permitirnos estimar que esta zona podría llegar a alcanzar el 70% del mercado español. Con unas cifras en torno al 70% está plenamente justificado un modelo de competencia en infraestructuras. Para que este modelo pueda desarrollarse, será preciso que la regulación analice los mercados no a nivel nacional, sino por zonas geográficas, distinguiendo zonas donde es viable la competencia en infraestructuras, de aquellas donde no será posible su desarrollo, tal y como ya se está planteando en países como el Reino Unido.2 Al análisis de las cifras de cobertura debe añadirse las particularidades de la evolución demográfica y del parque de viviendas en España. Con una estimación conservadora, podemos valorar que en el período 2006-2011 se incorporarán al mercado español una media de 400.000 nuevas viviendas cada año. Este crecimiento llevaría la cifra de hogares, de los 15,9 millones actuales a 18,6 millones. La reducción en el número de personas por hogar, que acercarán a España a una cifra más cercana a la media europea, unido a la incorporación de población inmigrante, llevaría a un importante crecimiento en el número de hogares. Las cifras de segundas residencias podrían crecer en más de 1 millón, desde las 4,2 millones actuales, a cerca de 5,2 millones. Estas cifras configuran un parque de nuevas viviendas, sin infraestructura de comunicaciones instalada, que define un nuevo mercado, atractivo para todos los agentes, en el que debe favorecerse el despliegue de infraestructura de acceso de nueva generación. Para incentivar las importantes inversiones en la nueva infraestructura de acceso será necesario distinguir entre las infraestructuras existentes del operador incumbente, basadas en el par de cobre, y las nuevas infraestructuras. Las infraestructuras existentes seguirían bajo el modelo actual de desagregación de bucle (ULL) durante un período de tiempo suficientemente largo para permitir a los actuales agentes redefinir su modelo de negocio para bien desplegar infraestructura propia, o bien utilizar los servicios mayoristas que se prestarán sobre la nueva infraestructura. En cualquier caso debe fijarse un límite temporal, por zonas, que incentive la progresiva sustitución de la actual infraestructura de pares de cobre, por las nuevas infraestructuras de acceso. A las alternativas basadas en las redes de cable, y los nuevos despliegues de fibra, podrán sumarse las nuevas infraestructuras inalámbricas basadas en WiMAX, la evolución de las actuales infraestructuras móviles hacia el 4G y las redes basadas en la infraestructuras eléctricas (PLC). Todas ellas pueden tener cabida en un entorno en que las condiciones regulatorias favorezcan la competencia en infraestructuras. Incentivar el despliegue de la nueva infraestructura de acceso debería ser el nuevo foco, tanto de la regulación como de las medidas adoptadas por las diferentes administraciones. Este debate sí supone una apuesta por el futuro del sector y, con él, por el futuro del desarrollo económico y la competitividad del país Facilitar las obras civiles necesarias para los despliegues desde las administraciones locales o aplicar incentivos fiscales a los despliegues de fibra, como ha hecho el Ayuntamiento de París, son algunos ejemplos de medidas que claramente apuestan por favorecer el despliegue de nuevas redes. A estas medidas deben sumarse los adecuados incentivos regulatorios, que asuman el importante reto al que se enfrenta el sector con la mayor inversión desde el inicio del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España. Todos los incentivos serán decisivos para determinar la velocidad a la que se incorporarán en España las nuevas posibilidades de la Sociedad de la Información basada en infraestructuras de acceso que permitan anchos de banda superiores a los 20 Mbit/s en los hogares y empresas españolas. Notas 1 OCDE, C(2006)65, REPORT TO THE COUNCIL ON EXPERIENCES ON THE IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATION CONCERNING STRUCTURAL SEPARATION IN REGULATED INDUSTRIES 2 OFCOM ha abierto a consulta pública la propuesta de revisión del mercado mayorista de banda ancha, en la que recoge la división del Reino Unido en 4 áreas, que se considerarían mercados diferentes, en función de la presencia de infraestructuras alternativas. El documento completo puede consultarse en http://www. ofcom.org.uk/consult/condocs/wbamr/
30 oct 2015