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Opinión El Espacio de Investigación Europeo y sus implicaciones en España -------------------------------------------------------------------------------- El proceso de construcción europea se ha venido desarrollando con dificultades desde hace varias décadas, pasando por varios ciclos de aceleración y ralentización En estos momentos, una vez que el proceso de adopción de la Moneda Única Europea se ha estabilizado, la corriente de opinión favorable a una mayor integración europea tiene su vista puesta en nuevos retos entre ellos, disponer de una política exterior común, y construir una comunidad científica y tecnológica que apoye la mejora de la competitividad de Europa en un mundo globalizado. Si bien el primero de los retos mencionados es muy difícil de lograr a corto plazo debido a las diferentes sensibilidades nacionales, el segundo, la construcción de una comunidad científica y tecnológica europea, está recibiendo en los últimos meses un impulso especial. La Comisión Europea apoyada por las últimas presidencias, Portugal y Francia, ha concedido a este tema una gran importancia, apoyada también por el Consejo y el Parlamento Europeos. La Comisión Europea ha tomado la iniciativa con la publicación de un documento de reflexión sobre el "Espacio de Investigación Europeo"1. Todos los países europeos han iniciado debates internos sobre las propuestas de la Comisión y, en definitiva, sobre su visión de la configuración que debería tener un Sistema de Ciencia y Tecnología europeo más cohesionado. Figura1. El círculo virtuoso de la innovación Conviene pues, antes de adentrarnos en las consecuencias que este proceso tiene para nuestro país, analizar el papel que juegan las políticas públicas de apoyo a la I+D y a la innovación en sus niveles regional, nacional y comunitario. Posteriormente, revisaremos las principales ideas que subyacen en la creación del "espacio de investigación europeo", para analizar finalmente los retos que nuestro país va a tener que afrontar en los próximos años. Evolución de las políticas públicas de I+D En la última década, el papel jugado por las actividades de I+D en la mejora de la competitividad de las sociedades modernas ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones. Este hecho se refleja en la creciente atención prestada a la I+D y al dinamismo encontrado en los sectores empresariales de alta tecnología. No obstante, la distancia tecnológica de Europa con respecto a EEUU o Japón no disminuye, y el porcentaje del PIB destinado a I+D en los países europeos se ha mantenido estable, o ligeramente decreciente, en la última década. Esta situación ha conducido a un estado de preocupación permanente entre los responsables de la política científica y tecnológica de la Comisión Europea y de los Estados Miembros. En términos de objetivos globales, todas las políticas de I+D e innovación actuales están enfocadas a facilitar el desarrollo armónico del denominado "círculo virtuoso de la innovación". La figura 1 representa de forma gráfica este concepto: el conocimiento se convierte en bienestar y el bienestar en mayor conocimiento. En la figura 1 también se ha representado la idea de que las políticas públicas deberían aplicarse a todos los elementos de la cadena en vez de hacerlo únicamente a algunos de ellos y de manera aislada, como ha sido habitual en las últimas décadas. Únicamente cuando las políticas de I+D faciliten la realimentación entre el conocimiento y el bienestar, podrá mejorarse la situación actual. Un factor que se debe tener presente a la hora de definir políticas de I+D concretas se refiere al hecho de que ya no es posible formularlas de manera aislada en cada país. En este contexto, la pertenencia de España al conjunto de países desarrollados y, en especial, nuestra pertenencia a la Unión Europea hace necesario prestar atención a las políticas de I+D comunitarias Su interacción con las políticas nacionales dentro del proceso de integración europea aludido anteriormente cobra especial significado en estos momentos en los que el Gobierno español ha decidido, tras la aprobación del Plan Nacional de I+D+I, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología: y en la UE comienza un nuevo periodo de financiación de fondos estructurales (2000-2006), y la Comisión Europea desea abordar una nueva estructura de la I+D comunitaria. La interacción entre todos estos aspectos cobra una importancia política mucho mayor de la que tenía anteriormente. La política europea de I+D está incluida en el Tratado de la Unión Europea a través de la ejecución de diversos "Programas Marco"2. Diversos artículos del Tratado (artículos 163 a 173) establecen el marco de definición de las actuaciones en investigación y desarrollo tecnológico, así como la coordinación entre las políticas de I+D de los diferentes Estados Miembros entre sí y con la Comisión Europea. La figura 2 representa la relación que existe, en la práctica, entre las políticas europeas de I+D y las de los Estados Miembros de la UE. Se puede observar cómo las políticas de educación comunitarias, fuertemente relacionadas con la sociedad del conocimiento, no guardan apenas relación con las de I+D que incorporan de forma integrada sus propias actuaciones relacionadas con los recursos humanos, atendiendo fundamentalmente a las necesidades de movilidad o especialización de los investigadores ya formados. Evaluación de la política comunitaria de I+D El peso que tiene la I+D en el presupuesto comunitario no es muy elevado. La figura 3 representa esta situación en la que se puede ver globalmente el peso que tienen la Política Agrícola Común y la de Cohesión (asociada fundamentalmente a los fondos estructurales). Las actividades de I+D en la distribución presupuestaria para el año 2000 suponen únicamente el 4% del total de las políticas internas de la Unión Europea. Estos recursos se utilizan para financiar el Programa Marco de I+D de la UE. Bien es cierto que dentro de la política estructural, los Estados Miembros pueden incluir, como es el caso de España, actuaciones de I+D orientadas al desarrollo regional. Pero esa es una decisión de los EEMM y no del conjunto de la UE. Figura2. Interacción entre políticas nacionales y europeas Como puede sospecharse, la capacidad de influir decisivamente sobre el establecimiento de las prioridades nacionales es muy escaso. Es interesante indicar que España aporta el 7,25% del presupuesto comunitario lo que en el caso de la I+D representa una cifra aproximadamente del 7% del presupuesto español dedicado a investigación y desarrollo. Un porcentaje bajo para que su influencia sea decisiva. Los retornos que se están obteniendo por nuestro país son del orden del 6,4% (ligeramente inferior a la aportación). Los Programas Marco financian de forma competitiva actividades que implican a más de dos instituciones (empresas, universidades, etc.) de al menos dos EEMM aunque, generalmente, implican a muchos más miembros. Por otro lado, el principio de subsidiariedad indica que las actuaciones que deben financiarse con el presupuesto comunitario son aquellas que no puede o no conviene realizar a nivel nacional. Este principio limita bastante las posibilidades de actuación comunitaria y coloca la responsabilidad de la financiación de la I+D que no tenga un claro valor añadido europeo en cada uno de los estados miembros. Derivado de ello, ha existido una tendencia desde hace cinco o seis años en "concentrar" las actividades del Programa Marco en un número reducido de temas en los que Europa deba competir a nivel mundial. La consecuencia derivada de esta situación es un cierto sentimiento compartido entre los Estados Miembros de la UE de que algo diferente debería hacerse en el futuro si se desea superar las limitaciones de la situación actual. Hacia un Espacio de Investigación Europeo En el contexto que acabamos de resumir, y como ya hemos indicado, la Comisión Europea publicó el pasado mes de enero un documento titulado "Hacia un Espacio de Investigación Europeo" con el fin de promover un debate entre la comunidad científica y tecnológica europea, las instituciones de investigación, el Consejo, el Parlamento Europeo, los EEMM, etc. con vistas a incrementar la coordinación entre las políticas nacionales de I+D y establecer las bases del futuro Programa Marco que constituye según el Tratado de la Unión Europea el procedimiento operativo de financiación de las actuaciones de I+D. En respuesta a este documento, la mayor parte de los países pertenecientes a la Unión Europea, entre ellos España, así como diferentes instituciones académicas e industriales, han presentado documentos de posición, iniciándose un amplio debate. Es importante destacar que detrás de este proceso se encuentra el interés de la nueva Comisión Europea en establecer diferencias con su antecesora y el de algunos Estados Miembros fuertes en I+D en tomar un protagonismo mayor dentro del concepto de "cooperación reforzada" existente en el Tratado y que cobrará mayor importancia habida cuenta de que ya no es necesario aprobar en el Consejo Europeo las decisiones relativas a I+D por unanimidad sino por mayoría cualificada. Seguidamente, analizaremos los puntos fundamentales en los que se centra la discusión con mayor influencia sobre la I+D de cada uno de los países. Movilidad de los investigadores La movilidad de los investigadores europeos tiene como objetivo a largo plazo permitir la existencia de una "carrera científica" a nivel europeo facilitando el movimiento de los investigadores de un centro de excelencia a otro. Ello requerirá una progresiva armonización de las condiciones laborales, fiscales, de seguridad social, etc. en las que se desarrolla la actividad en los centros públicos de investigación. Existe un consenso general sobre las ventajas que ello reportaría, aunque todos los países reconocen las dificultades existentes en el proceso de armonización. Especial atención se desea prestar al papel de las mujeres en la ciencia, cuyo número en niveles de responsabilidad es muy bajo. Estructuras estables de investigación En estos momentos, Europa posee centros de investigación de gran calidad aunque con escasa masa crítica para abordar todas las necesidades que se plantean en algunos sectores. De manera similar a como en el sector privado se asiste de forma continua a un proceso de concentración de las capacidades tecnológicas y de producción mediante mecanismos de fusiones y alianzas estratégicas entre empresas, podría ser conveniente realizar algo similar en los centros de investigación europeos. El Consejo Europeo ha acordado establecer un "mapa de la excelencia europea" y apoyar el establecimiento de redes que incluyan a los mejores grupos de I+D europeos, buscando el apoyo a aquellos centros de excelencia que dispongan de la suficiente masa crítica de calidad. Asimismo, la mayor parte de los países europeos poseen grandes instalaciones científicas (generalmente dotadas de grandes equipamientos) que, aunque están abiertas a científicos de otros países, su construcción y operación es un asunto nacional. De alguna manera, se asiste a un proceso de "europeización" de las grandes infraestructuras nacionales. Apertura progresiva de los programas nacionales Actualmente, cada uno de los Estados Miembros de la UE dispone de sus propios programas de investigación y desarrollo orientados a la financiación de sus grupos de investigación y empresas. La Comisión esta impulsando un proceso de apertura progresiva de estos programas a la participación de investigadores o empresas de otros países, de incorporación de evaluadores internacionales, intercambio de información sobre la ejecución de los diferentes programas, etc. Evolución futura Figura3. Distribución del presupuesto comunitario Para los próximos Programas Marco, la necesidad de incluir el apoyo a centros de excelencia y grandes instalaciones, así como la posibilidad de que algunos países decidan acometer programas complementarios (a la carta) con apoyo financiero de la UE (algo que el Tratado de la Unión Europea permite), va a modificar profundamente la arquitectura del futuro VI PM. El proceso mencionado en los apartados anteriores será más o menos sencillo en función de tres factores básicos: •	El desarrollo económico asociado a la sociedad del conocimiento. La nueva economía descansa mucho más en la producción de intangibles que de tangibles. Tan pronto como este hecho se incorpore a los mecanismos implícitos de toma de decisiones, los recursos públicos y privados para la innovación pueden crecer. •	La percepción pública sobre la integración europea. La disponibilidad de más recursos económicos en los Estados Miembros no implica necesariamente que se utilicen para financiar programas de I+D en el ámbito comunitario comunitario. Este factor dependerá de la percepción por el ciudadano europeo de las ventajas que le reportaría de alcanzar un nivel de integración superior, en el que la I+D se convierte en un ingrediente básico. La consolidación política de la nueva Comisión Europea y el papel que jugará en el futuro el Parlamento Europeo serán elementos básicos. •	Los logros visibles de los actuales programas marco. El impacto sobre la competitividad de los programas marco basados en la financiación de muchos proyectos relativamente pequeños constituidos por diferentes entidades de diversos países (consorcios), junto con acciones de movilidad de investigadores de un país a otro y algunas acciones de acompañamiento, no es suficiente. Sus consecuencias para España no son despreciables. España ocupa en ciencia y tecnología una posición de debilidad con respecto a otros países de la UE tanto en términos de porcentaje del gasto en I+D respecto del PIB como en número de investigadores o porcentaje de empresas innovadoras. Para España, este momento constituye, por un lado, un desafío, y por otro una enorme oportunidad en el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas. Un desafío porque la posición de partida en esta carrera no es buena y requerirá un gran esfuerzo económico. Una oportunidad porque la presión externa desde Europa puede acelerar los necesarios cambios internos y provocar una modernización de nuestro sistema de ciencia y tecnología. La posición española ante este reto ha sido abierta y positiva 3 aunque con precauciones. Si los países europeos fuertes en I+D deciden impulsar un proceso de cooperación reforzada, la existencia de una Europa a varias velocidades en I+D es inevitable. En este caso, nuestro país tendrá que hacer un esfuerzo adicional para estar en la "primera velocidad". Gonzalo León Dpto. de Ingeniería de Sistemas Telemáticos ETSIT UPM

Opinión La regulación: una experiencia singular -------------------------------------------------------------------------------- Cuando a finales del año 1996 se creó la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y se me propuso formar parte de su primer Consejo, lo tomé como un reto magnífico y para una persona como yo, apasionada de las actividades relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones una ocasión única e irrepetible, por lo que acepté sin vacilar Era un diseño de la Unión Europea para desarrollar la transición desde un mercado intervenido y en monopolio, (el de las telecomunicaciones) hacia un mercado liberalizado y en competencia, que requería de la puesta en marcha de un ente neutro e independiente (la CMT) capaz de modular con finura este proceso y resolver caso a caso con rapidez cuantos conflictos entre operadores se suscitaran. Por delante varias tareas a realizar. Primero poner en marcha la CMT desde la nada, un Ente Público, organizarla y dotarla de la infraestructura y los conocimientos suficientes en las áreas jurídica, tecnológica, económica y de la competencia, para poder resolver con eficiencia cuantas cuestiones se plantearan. Nada fácil, por cierto, puesto que la experiencia anterior en la creación de Entes Autónomos lo fue por la vía de la segregación de partes de otros entes ya existentes. Después dotar a la CMT de personalidad y establecer su independencia por sus cuatro costados, esto es: 1º Respecto al Gobierno, de ahí su razón de ser creado. 2º Respecto al Tribunal de Defensa de la Competencia, órgano que vela por el mismo fin en todas las actividades de la economía y por tanto, con un evidente solape de atribuciones con respecto a la CMT. 3º Respecto a la Comisión Europea, admitiendo su tutela y 4º Respecto a los Operadores del mercado, a los que hay que atender con neutralidad y equidistancia. También era necesario dotar a la CMT de su propio estilo como Administración, accesible y dialogante, por lo cual comencé por ejercerlo en primera persona atendiendo a cuantos se acercaran. Sin olvidar la transparencia, requisito esencial en un órgano que pretende liberalizar los mercados y por ello resulta imprescindible que el regulador de cuenta de sus actos con publicidad suficiente. Por ello la CMT eligió la página web desde el principio, por su inmediatez, facilidad de acceso, y su capacidad de búsqueda y de almacenamiento. Hoy la web de la CMT resulta un elemento indispensable para cualquier persona involucrada en el sector y que junto con su Informe Anual (Memoria) que contiene las estadísticas del sector, se convierten en las muletas que dan soporte a la interpretación de este mercado. Y finalmente, en este proceso de desarrollo de la CMT no podían faltar dos elementos como son la seguridad y confidencialidad de la información, no en vano, en la CMT se depositan documentos que de ser públicos podrían afectar negativamente a la competencia. Dejando a un lado las tareas de la puesta en marcha de la CMT, voy a comentar mi visión del escenario que teníamos por delante, cuyo punto de partida a finales de 1996 era de monopolio en telefonía, de competencia imperfecta con posición de dominio en transmisión de datos y un Internet acababa de comenzar su andadura con un atomizado conjunto de proveedores de acceso (ISP) nacidos bajo la política de la promoción con un único número de acceso (050) que si bien sirvió para impulsarlo, también acentuó la posición dominante de Telefónica en transmisión de datos. La incorporación de las Directivas de la Comisión Europea a nuestro ordenamiento jurídico propiciaba un marco abierto a la competencia en el que la CMT debía: Dar entrada a nuevos operadores en al mercado, primero el Ministerio de Fomento mediante concurso (Retevisión, UNI2 y los operadores de cable), para luego la CMT mediante el otorgamiento de Licencias y Autorizaciones Generales en condiciones regladas. Anticiparse a los potenciales conflictos de Interconexión entre operadores, fundamentalmente entre Telefónica y los operadores entrantes, tutelando una Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) que facilitase la entrada de competidores al mercado. Entender el fenómeno IP (Internet Protocol) de conmutación de paquetes de datos como una evolución tecnológica dificil de compaginar con la clásica telefonía vocal basada en la conmutación de circuitos. Entender el proceso de digitalización del propio sector de las telecomunicaciones para determinar sus consecuencias y observar su influencia en los mercados conexos como la Radio y la Televisión. Ver el proceso de maduración del mercado desde una integración vertical fruto de su gran componente tecnológica hacia una desagragación de la cadena de valor de los Operadores en Acceso y Transporte, o si se quiere, en Mayoristas y Detallistas. Y, como no, que bajen los precios, que para esto se ha decicido introducir la competencia. Del resultado, no quien para juzgarlo, esto deben hacerlo los propios Operadores que desde la CMT hemos regulado y sin lugar a dudas los ciudadanos, o mejor dicho, los clientes que en definitiva deben ser los verdaderos beneficiarios de la competencia. Florenci Bach Ex vicepresidente de la CMT [email protected]

La creciente utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones representa uno de los aspectos de mayor influencia en los países y en las sociedades avanzadas en el nuevo Siglo. Así, al igual que hablamos de la Sociedad Industrial para referirnos a los sistemas económicos y sociales que han dominado la mayor parte del siglo XX, con el término Sociedad de la Información aludimos a un nuevo modelo de sociedad en el que la información y el conocimiento ocupan un lugar central. Ante esta nueva era, una de las prioridades políticas de los próximos años debe ser el promover todas las iniciativas necesarias para aprovechar, desde el primer momento, la oportunidad histórica derivada de la rápida evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y, muy especialmente, de los avances en las telecomunicaciones. En el ámbito europeo, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Europa celebrada en el mes de marzo de 2000 en Lisboa, los líderes europeos han fijado como un nuevo objetivo estratégico de la Unión Europea "convertir a esta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". Para Europa, la Nueva Economía o la economía basada en el conocimiento nos ofrece grandes oportunidades de crecimiento económico sostenido y, lo que para España es de gran interés, las posibilidades de creación de empleo. Esta nueva sociedad posibilita un funcionamiento más eficiente del sistema de mercado, dentro de una economía cada vez más globalizada y con mayor grado de interrelación. También, se produce un aumento de la productividad, aparecen nuevos canales de distribución, y nuevas formas de concebir las empresas, de estructurar los sectores y de realizar los negocios. El Gobierno ha mostrado reiteradamente su voluntad y su compromiso por un rápido desarrollo de la Sociedad de la Información en España. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología persigue este objetivo y permite, además, la unificación y coordinación de las políticas relacionadas con la ciencia, tecnología, telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información, junto a las políticas industriales. El proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España constituye uno de los principales instrumentos en los que hay que seguir profundizando para alcanzar un rápido y vertebrado desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país. La labor realizada en los últimos cinco años está dando unos resultados muy positivos para lograr acercar a las empresas y familias españolas a esta nueva Sociedad, como lo demuestra la rápida evolución de Internet y sobre todo por el éxito de la telefonía móvil, que nos ha situado por encima de la media comunitaria. La plena implantación de la Sociedad de la Información en España implica hacer partícipes a todos los ciudadanos y a todas las empresas de las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. El objetivo del Gobierno de conseguir una "Sociedad de la Información para todos" hace necesario utilizar distintos instrumentos. En este sentido, el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes para la Liberalización de las Telecomunicaciones ha continuado con las políticas activas de fomento del acceso a Internet y a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La introducción de la tarifa plana para el acceso a Internet, garantizando así la inmediata accesibilidad de todos los ciudadanos, especialmente las familias, a precios asequibles, y los bonos de voz, y de voz y datos, han permitido acelerar el incremento del uso de Internet entre las empresas y las familias españolas. Los datos del Estudio General de Medios, con un crecimiento del 39 % del numero usuarios de Internet de mayo a noviembre, y el crecimiento del 78% del tiempo de uso de acceso a Internet a través de la red telefónica durante dicho período, confirman la buena dirección de estas medidas. También, las desgravaciones fiscales introducidas en las medidas legislativas de junio de 2000, están teniendo una incidencia significativa en el incremento del número de ordenadores personales en las familias y en las empresas. Aunque debemos superar el bajo nivel de presencia en la Red de las empresas, y en especial de las PYMES, el uso del comercio electrónico por parte de las empresas está creciendo de forma significativa. Será favorecido por el establecimiento de un marco regulador adecuado que aporte una mayor seguridad a las transacciones electrónicas, tal como se contempla en el Proyecto de Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico que el Gobierno tiene previsto remitir al Parlamento en los primeros meses del año 2001. Otro gran objetivo del Gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones, es disponer de redes rápidas y potentes de acceso, redes que, en definitiva, tengan más ancho de banda para que los nuevos servicios y aplicaciones se desarrollen con mayor celeridad alcanzando al más amplio conjunto de los españoles. También el Gobierno, está realizando, en el marco de la Iniciativa Estratégica "INFO XXI", una labor de coordinación y fomento para el desarrollo de la Sociedad la Información en la Administración Pública. La aprobación del Plan de Acción INFO XXI por parte de la Comisión Interministerial de la Sociedad la Información supone un avance decisivo en la Administración Electrónica, donde ya hay importantes actuaciones en marcha en el ámbito de la Educación, la Sanidad, la Justicia, la Administración Tributaria, o la Seguridad Social, que permiten una mejora considerable en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Alcanzar estos importantes objetivos constituye una tarea en la que todos: administraciones públicas, instituciones, agentes sociales, asociaciones civiles, empresas y ciudadanos tenemos que participar activamente. Anna M. Birulés i Bertrán Ministra de Ciencia y Tecnología

España afronta en el presente un gran reto en su transición hacia una verdadera Sociedad de la Información. La internacionalización y la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos abren un gran mundo de oportunidades que debemos ser capaces de aprovechar. La estabilidad presupuestaria y financiera, la liberalización de los mercados de bienes, servicios y factores y la introducción de competencia han sido ingredientes fundamentales para superar un gran reto: la plena integración en la Europa del euro. Este logro ha sido posible a través de la convergencia nominal con los países más estables de la Unión. Sin embargo, nuestra ambición no nos permite contentarnos con este logro. Es empeño decidido del Gobierno converger con los países más prósperos de Europa en términos reales, mejorando el bienestar de todos los ciudadanos. Para ello resulta imprescindible asegurar una transición lo más rápida posible de nuestro país a la Sociedad de la Información. La entrada en la era digital, propulsada por la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, abre múltiples oportunidades en términos de creación de renta, de empleo y de cohesión social, en definitiva, de bienestar. Estos frutos resultarán de la incorporación de nuevas ideas, tecnologías y formas de comunicarse en un mundo global. Esta es una de las principales conclusiones de la Cumbre de Lisboa, que subrayan la importancia de incorporar lo antes posible a la UE a la "revolución de las TIC". Estas razones han configurado a la política de desarrollo de la Sociedad de la Información como una política prioritaria. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado precisamente con el fin de impulsar la investigación, el desarrollo, la innovación y el desarrollo de la Sociedad de la Información, se coordinan las acciones del Gobierno para acelerar la implantación de una Sociedad de la Información para todos en España. La regulación de la "sociedad digital" debe tener presentes aspectos de tanto calado como la convergencia tecnológica y sus repercusiones sobre las estrategias competitivas de los agentes económicos, la regulación de los contenidos y de los servicios que permiten su provisión, las políticas de discriminación positiva hacia los agentes con mayores dificultades para acceder a la sociedad de la información o el establecimiento de un marco regulador adecuado para las transacciones electrónicas que respete adecuadamente los derechos de los agentes. La estrategia del Gobierno para impulsar el pleno desarrollo de la Sociedad de la Información se sustenta en varios pilares: 1) La plena liberalización de los mercados de servicios de telecomunicaciones. La plena competencia en los mercados de telecomunicaciones es el mejor medio para asegurar que las empresas, especialmente las pymes, y los usuarios residenciales se beneficien de servicios de calidad al menor precio posible. Muchas han sido las medidas de liberalización adoptadas por el Gobierno en los últimos años. El acceso indirecto a las llamadas locales y la apertura del bucle local son los últimos pasos de la liberalización de las redes telefónicas fijas. Esas medidas se ven complementadas con medidas regulatorias aplicables al operador dominante de tanto calado como la aprobación de una tarifa plana de acceso a Internet asequible (2.750 pesetas) y de bonos mensuales tanto para voz como para datos de 600 minutos a precios reducidos (700 pesetas o 1.400 pesetas, según los horarios de acceso). La introducción de dos nuevos operadores en la banda de 1800 MHz en el mercado de la telefonía móvil es también buena muestra de la decisión del Gobierno de incrementar la competencia en los mercados de telecomunicaciones para beneficio de todos los usuarios. La instauración de la plena competencia debe realizarse de forma equilibrada con la necesaria extensión y diversidad de nuestras redes de banda ancha, sin las cuales el acceso a Internet y a los nuevos servicios de la Sociedad de la Información no serán una realidad. El desarrollo de la competencia debe conducirse de manera que éste sea compatible con el incentivo a la inversión en redes y tecnologías, en particular, el desarrollo de redes alternativas a las de los tradicionales monopolistas públicos. 2) El establecimiento de un marco regulador que dé confianza y seguridad a los usuarios de los servicios de la Sociedad de la Información. Los usuarios sólo comprarán o venderán en la red y disfrutarán de los servicios que la tercera generación de telefonía móvil hará posible si somos capaces de instaurar un marco que infunda seguridad y confianza a los que en él se encuentran. Sólo así explotaremos todas las posibilidades que las nuevas tecnologías nos reportan. La seguridad debe abarcar tanto la protección de los usuarios en la realización de transacciones electrónicas como la protección frente a contenidos indeseables. 3) Brindar a todos los ciudadanos las oportunidades de la Sociedad de la Información. El compromiso del Gobierno es hacer realidad una Sociedad de la Información para todos. Se trata de evitar la denominada "fractura digital", asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los ciudadanos a la red. Esta misión abarca no sólo facilitar el acceso a Internet a todos los ciudadanos a través de precios asequibles, sino también luchar contra la infoexclusión mediante políticas activas de introducción de Internet en las escuelas, tanto de enseñanza básica como secundaria. Estas acciones se complementan con la acción formativa. Nuestro país no puede permitirse dejar pasar el tren de las nuevas tecnologías para acercarnos al pleno empleo. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un gran yacimiento de empleo capaz de contribuir decisivamente a la creación de empleo. Aprovechar esta oportunidad requiere evitar que por ausencia de una capacitación o formación adecuada estas oportunidades se desaprovechen. De ahí el carácter crucial de la necesidad de formar a personal cualificado en el sector de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Se trata, en este caso, de una responsabilidad compartida del sector público y el sector privado. El papel protagonista debe residir en las empresas, a través de la formación continua y el reciclaje tecnológico de sus recursos humanos, pero el sector público debe ser activo en su acción formativa, orientando la formación pública a la demanda de capital humano de las empresas y reformulando sus políticas activas de empleo con el fin de formar a los desempleados en capacidades demandadas por el mercado. 4) La Administración como proveedor de servicios a través de la red. Los servicios públicos en línea son una prioridad. Algunos servicios son hoy ya una realidad (algunos de ellos, paradigmáticos y novedosos en el plano mundial, como la posibilidad de presentar la declaración del IRPF a través de Internet). Sin embargo, el campo de aplicación es todavía muy amplio, y pronto otros muchos servicios que harán más fácil la vida de los ciudadanos serán una realidad. El Gobierno está plenamente comprometido con el pleno desarrollo de la Sociedad de la Información en España. El entusiasmo con el que trabajamos en la consecución de este objetivo parte de nuestra convicción de que la Sociedad de la Información va a constituir una gran fuente de renta, empleo y bienestar para todos los ciudadanos españoles. Baudilio Tomé Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

Alo largo de los últimos años está teniendo lugar un debate en torno al papel que desempeñan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la aparición de lo que se ha dado en llamar "Nueva Economía", entendiéndose como tal la combinación de una situación de crecimiento económico no inflacionario, durante un período prolongado de tiempo, basado en un aumento de la productividad inducido por la globalización de la economía y la creciente utilización de las tecnologías de la información y comunicación. El origen de este debate se halla en los importantes avances tecnológicos que han experimentado estos sectores a lo largo de los últimos años, que han permitido notables reducciones de precios de los bienes y servicios que producen y, sobre todo, una mejora en su calidad, tal y como ponen de manifiesto los progresos realizados en relación con el procesamiento y transmisión de la información. Los efectos potenciales sobre la economía en su conjunto pueden incidir tanto sobre la oferta como sobre la demanda agregada, con una intensidad que depende del grado de flexibilidad de los mercados de productos y factores. Así, los avances tecnológicos mencionados, generan recortes en los costes de producción y aumentos de la productividad de todas aquellas industrias que utilizan como inputs los bienes y servicios producidos por las TIC, lo que a su vez, reduce los costes de los factores productivos de otras industrias. Ello estimula a las empresas a producir más para cada nivel de precios, lo que, en última instancia, determina un aumento de la oferta agregada y del potencial de crecimiento la economía. Por otra parte, el desarrollo de estas tecnologías puede tener efectos sobre la demanda agregada. Así, en la medida en que se generen expectativas de aumento de los beneficios en las empresas relacionadas con estos sectores, puede producirse, como parece que ha ocurrido los últimos años, un aumento de la valoración bursátil de estas empresas que impulse, por una parte, el consumo de las familias y, por otra, la inversión. Hasta aquí, los efectos sobre el conjunto de la economía que cabe esperar del desarrollo de las nuevas tecnologías son similares a los que provoca una innovación tecnológica, y comparables, históricamente, al impacto que pudo tener el establecimiento del ferrocarril o la invención de la electricidad. En esta ocasión, sin embargo, la difusión de las nuevas tecnologías se produce de forma más rápida, tiene mayor alcance y está dando lugar a formas innovadoras de organización de la producción, con nuevas reglas, principios e instituciones. La evidencia en torno a este último aspecto no es todavía concluyente, si bien la generalización en el uso de Internet está creando oportunidades, negocios y servicios hasta ahora inexistentes; está actuando como catalizador y como receptor del proceso al mismo tiempo, y está generando la aparición de lo que se denominan "externalidades de red". Por otra parte, está permitiendo una reducción importante en los costes de búsqueda de información y la apertura a la competencia de servicios que hasta hace poco disfrutaban de elementos de monopolio local. En resumen, la utilización generalizada de Internet incentiva la eficiencia y la competencia de la economía. Desafortunadamente, la información estadística disponible no permite contrastar los efectos descritos en su totalidad, aunque algunos resultados relativos a la economía americana son suficientemente ilustrativos. Esta economía ha experimentado a lo largo de los últimos cinco años una de las expansiones económicas más largas de su historia, de manera que en el promedio del período 1996-2000 ha registrado una tasa anual de crecimiento del PIB del 4,4%, tasas de avance de la productividad del trabajo y del empleo del 2,4% y del 1,9%, respectivamente, y un crecimiento en el deflactor del PIB del 1,9%. Además, estudios recientes señalan la significativa aportación de los sectores de las tecnologías de la información y de telecomunicaciones a esta aceleración en el crecimiento económico, estimándose, en algunos de ellos, que las ICT han contribuido en dos terceras partes a la aceleración del ritmo de crecimiento de la productividad registrada entre los períodos 1991-1995 y 1996-1999. La Unión Europea vive, también, una fase de expansión económica, pero los resultados en términos de crecimiento del PIB y de la productividad son más modestos, con tasas del 2,6% y del 1,2% en el período 1996-2000, respectivamente. Por otra parte, el peso del valor añadido de las ramas que producen bienes informáticos y de telecomunicaciones en el del conjunto de la economía se situaba en el 4,2% en el año 1999, mientras que alcanzaba el 6,8% en EEUU, y el gasto en bienes y servicios de estos sectores por habitante era un 60% inferior en la UE. No obstante, la economía europea podría estar acortando diferencias con respecto a la americana. Así, en 1999, la participación de las TIC sobre el valor añadido de la UE creció a una tasa del 6% (3% en Estados Unidos) y las ventas por Internet un 214% ( un 195% en Estados Unidos); tasas que se explican, en parte, por unos niveles de partida muy inferiores. Según estas cifras, la inversión y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones está alcanzando en Europa magnitudes razonables, pero su impacto sobre el crecimiento y la productividad es todavía limitado, lo que indica una utilización todavía insuficiente de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Para corregir esta tendencia es necesario que los países europeos avancen más rápidamente en las reformas necesarias para dotar a los mercados de bienes, factores y servicios de mayor flexibilidad, en el diseño de una regulación más eficiente que favorezca el establecimiento de nuevas empresas y en el desarrollo de los mercados financieros y, en particular, de los de capital riesgo, imprescindibles para suministrar financiación a las empresas más innovadoras que integran los sectores vinculados a las nuevas tecnologías. Y todo ello, en un entorno macroeconómico que garantice la estabilidad y la eficiente utilización de los recursos. Jaime Caruana Gobernador del Banco de España Ingeniero de Telecomunicación

La importancia de la Tecnología y la necesidad de innovar en métodos, sistemas y servicios para que la humanidad avance en esa búsqueda incesante de bienestar y solidaridad, es hoy en el año 2000 más palpable que en ningún otro momento de nuestra historia. La contribución al crecimiento económico de un país, de su capital tecnológico es hoy tan evidente, que la Ingeniería y sus profesionales vuelven a estar en el centro de mira de las empresas y los gobiernos que quieren liderar el siglo XXI. El Instituto de la Ingeniería de España se acerca al siglo XXI con una renovada plenitud, con un estrenado convencimiento del lugar que la sociedad española y esa sociedad interdependiente, internacionalizada, e impregnada de tecnología le está exigiendo ocupar. Cargado de historia, el Instituto de la Ingeniería de España, Federación de todas las ramas de la ingeniería española, vigentes hasta fechas recientes y abierto a la incorporación de todas las que vayan apareciendo, va a cumplir 100 años. El 15 de Enero de 1905 se registra, pero fue soñado por los primeros cincuenta ingenieros en mayo de 1902. Hoy sus 70.000 ingenieros de Minas, Industriales, Caminos, Agrónomos, Montes, I.C.A.I., Aeronáuticos, Navales, Telecomunicación y Defensa, ratifican los ideales de antaño, la razón que les llevó a agruparse. Si entonces el objetivo era impulsar, llevar a cabo la industrialización de España, diseñar un sistema de transformación técnica de España, hoy lo es esa necesidad de situar a España en la sociedad post-industrial del conocimiento en el uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para dar el salto cualitativo como Nación, en la calidad de vida de sus habitantes, en su formación, en su asistencia social y sanitaria, innovando más, generando más empleo y más cualificado. Nombres como José Echegaray, Juan de la Cierva, Leonardo Torres Quevedo, Rafael Benjumea, Eduardo Torroja, Leopoldo Calvo Sotelo, Gregorio López Bravo, José Mª Oriol y Urquijo, Manuel Gil de Bernabé, Juan José Alzugaray y otros muchos que dieron y dan vida al Instituto están presente con intensidad. El impulso y la apuesta que en su día hicieron los Jefes de Estado (Alfonso XIII, General Franco) por hacer del Instituto una Institución de referencia, vuelve de nuevo con frescura renovada en el comienzo del siglo XXI. Los ingenieros son maestros en el arte de corregir la tradición sin desarticularla y así lo están haciendo. Conservando lo mejor. Saben que los requerimientos del siglo XXI son otros. Profundamente diferenciados. La complejidad y multidisciplinariedad de los proyectos y de las soluciones, la necesidad de una innovación tecnológica fuerte y sostenida, las exigencias de rigor y calidad precisan de instituciones como el Instituto de la Ingeniería de España que con carácter horizontal agrupe todas las especialidades para dar respuesta armónicas, sistémicas y aportando a los Centros de decisión lo que es su haber: el conocimiento. Pero al mismo tiempo, se precisa de un Instituto abierto, descentralizado, flexible, adecuado en su estructura y en su forma de organizarse. En el umbral del Siglo XXI, el Instituto de la Ingeniería de España puede ser una Estructura fija de Innovación donde se favorezca que los desarrollos de investigación que se lleven a cabo en las Universidades españolas se traduzcan en ideas tecnológicas para ser elaboradas por las Empresas y traducidas en productos y servicios. El Instituto puede ser un lugar de encuentro entre Universidades y Empresas tamizado por el saber hacer que representan las Asociaciones de Ingenieros. El Instituto puede ser esa Agencia que asegure que hay que financiar proyectos de innovación bien preparados para ser traducidos en productos competitivos. El Instituto de la Ingeniería puede ser ese Espacio en que día a día se realce el prestigio social del valor añadido español porque suministre los indicadores y las metodologías de referencia para que se conozca el estado del arte de la Innovación y la Tecnología en España, y dichos indicadores se comuniquen. El Instituto de la Ingeniería de España debería ser un objeto deseado y de atención de los poderes públicos, por lo que de apoyo de la Sociedad Civil a sus políticas podría suponer. Desde esta Tribuna así lo estimulo. María JesúsPrieto Laffargue Presidenta del Instituto de la Ingeniería de España Ingeniera de Telecomunicación

Enrique Gutiérrez Bueno es Decano y Presidente del COIT y de la AEIT, respectivamente, desde hace casi dos años. Durante este tiempo, se han emprendido todos los proyectos que fueron propuestos en sus candidaturas y se le ha dado a ambas instituciones un fuerte impulso para potenciarlas, estando actualmente inmersas en una inevitable renovación, para adecuarse a las necesidades de un sector tan estratégico como este. Muchos temas sobre la mesa, pero, fundamentalmente, una nueva filosofía, un nuevo enfoque de lo que los ingenieros de telecomunicación de hoy necesitan para afrontar el reto que supone adecuarse a la evolución de una sociedad marcada por las tecnologías de la información. Llevas dos años como Decano y Presidente ¿Qué retos destacarías, a medio plazo? Ante todo, uno: nuestra profesión tiene que lograr, como colectivo, y no solo de forma individual, el reconocimiento social como punto de referencia en la construcción de la Sociedad de la Información. Hasta hace bien poco, existía un cierto respeto al papel de cada profesión en la sociedad. Así, nadie discutía que, por ejemplo, la red de carreteras era responsabilidad de los ingenieros de caminos, la construcción de buques era cosa de los navales, y las centrales nucleares o la red de alta tensión eran de los industriales. Ahora, la cosa es bastante más complicada, nos ha tocado vivir tiempos más difíciles, y nuestra pelea consiste en lograr el reconocimiento de que las tecnologías que soportan la Sociedad de la Información, en especial las telecomunicaciones, son cosa nuestra. ¿Cómo responde el COIT al reto de consolidar ese protagonismo? El gran papel que están haciendo los ingenieros de telecomunicación allá donde desarrollen su trabajo es un fantástico punto de partida. Pero lo que hemos reforzado ha sido la respuesta como profesionales responsables de los proyectos de telecomunicación ante la sociedad, aquellos que las empresas, especialmente operadores e ingenierías, han de presentar ante las ventanillas públicas para construir todas nuestras infraestructuras de telecomunicaciones. El ingeniero de telecomunicación como responsable del proyecto y el COIT con su visado, conforman esa cadena de calidad que nuestra sociedad lleva aplicando desde hace muchas décadas. Esto, que es histórico en otras profesiones, es, en la magnitud actual, algo novedoso para nuestro colectivo, algo que nuestras instituciones, conscientes de lo que nos va en ello, están impulsando sin límites. Ahora se están visando más de 13.000 proyectos al año, cifra en constante crecimiento, y a todos ellos se les exige un control de calidad riguroso, que garantiza el nivel de los trabajos que el Estado y las empresas después hace suyos. Otro aspecto que creemos fundamental es hacer de nuestras instituciones punto de encuentro de los agentes involucrados en el sector y referencia en la difusión de conocimientos hacia la sociedad. La reciente edición del libro sobre regulación del GRETEL, que está teniendo un enorme éxito, o los numerosos cursos y jornadas organizados para ayuntamientos y para otras profesiones dirigidos a mejorar el papel de cada uno el establecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones, o el proyecto de Foro de las Telecomunicaciones que pensamos arrancar en 2001, son algunos de los muchos ejemplos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo afronta el Colegio el reto de la descentralización? La existencia de Escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional, hasta 19 en la actualidad, está suponiendo la presencia de ingenieros de telecomunicación en todas partes. Ahora, tras los ingenieros industriales, somos los más numerosos. Sin embargo, éramos, y seguimos siendo, una profesión demasiado centralizada, consecuencia de nuestros orígenes, pues durante muchos años sólo existió una Escuela en Madrid, y aún venimos arrastrando las consecuencias. Uno de los compromisos de la candidatura que encabecé fue proceder, con carácter de urgencia, a la descentralización de nuestras instituciones. Lo primero, e inmediato, fue impulsar que las Delegaciones de la AEIT se convirtieran en Asociaciones autónomas, para darles más vida, más relación con sus Comunidades Autónomas, más protagonismo. Lo siguiente fue el cambio de estructura para la descentralización del COIT, cuestión más compleja, que nos ha llevado algo más de tiempo, pero que ya es realidad, con el nacimiento, el pasado mes de Diciembre, de las Demarcaciones de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, donde en breve se pondrá en marcha el visado de proyectos. ¿Es posible que el COIT pierda empuje con esta disgregación de fuerzas? En absoluto, más bien al contrario. El ingeniero de telecomunicación tiene que vivir en relación muy cercana los problemas de su entorno. Se trata también de responder a la realidad de España. Se ha buscado una solución que debe lograr mantenernos unidos, y que permite una casi total autonomía para actuar. Al sumar las capacidades alcanzadas en las comunidades autónomas, tendremos una profesión más fuerte. Este es nuestro reto. ¿Puede decirse que el papel del ingeniero de telecomunicación ante la sociedad está cambiando? Suelo decir que el ingeniero de telecomunicación vertebra la sociedad de hoy, cosa que antes no sucedía. Garantiza con sus conocimientos la incorporación de todos a la Sociedad de la Información, implementa los sistemas y servicios necesarios, diseña las redes que establecen los operadores, es experto en temas de consultoría de telecomunicación y cada vez está más implicado en las administraciones, tanto central, como autonómicas y locales; así que tiene una enorme presencia en todos los ámbitos. El COIT y la AEIT quieren colaborar con todas las instituciones donde el ingeniero de telecomunicación está trabajando sean empresas, administraciones, universidades, etc. para consolidar, como colectivo, ese trabajo tan excelente que cada uno hace a título individual. En general, creo que lo vamos consiguiendo, aunque, en esto, siempre queda mucho por hacer. Parece que el ingeniero de telecomunicación no sale, en general, de las áreas técnicas de las empresas. La formación del ingeniero está demasiado dirigida a resolver problemas de carácter técnico. Nos educan para ello. La empresa sabe que cuenta con un profesional muy capaz para resolver aquello relacionado con la tecnología. Pero también es necesario que sepa gestionar, liderar equipos de trabajo, implicarse en cuestiones y decisiones de carácter gerencial, llegar a dirigir empresas. Los contenidos de la enseñanza tienen que ir variando para adaptarse a los cambios, porque hay una tendencia general del teleco a trabajar en temas exclusivamente técnicos. Desde nuestras instituciones pedimos a las Escuelas, a través de nuestra activa participación en CODITEL, que reúne a todos los directores de las ETSITs de España, que mantengan sus cualidades actuales, pero que, además, preparen más a los alumnos para que, cuanto antes, lleguen a dirigir empresas. La demanda de profesionales está aumentando ¿es verdad que se detecta ya una carencia de ingenieros de telecomunicación? Existe una demanda creciente de profesionales de tecnologías de la información, y una menor oferta de lo que sería necesario. Pero no solo de ingenieros superiores de telecomunicación, que representan el extremo de arriba del abanico, sino de todas las profesiones que lo componen, hasta el nivel más elemental, quizá representado por los titulados de FP. Como somos conscientes de este hecho,el Consejo de Universidades, ANIEL y el COIT han decidido llevar a cabo un estudio sobre las necesidades reales de profesionales en el sector de la Sociedad de la Información. Ahí se va a recoger con todo detalle qué perfiles se necesitan, en qué número y qué medidas y acciones hay que tomar para resolver el problema. El proyecto se le ha encargado a un grupo de expertos dirigidos por nuestro compañero Gonzalo León. Lo que está claro es que este ciclo de estabilidad y crecimiento no va a durar toda la vida, y que épocas de baja demanda también habrá, pero seguro que nuestra profesión será de las menos afectadas, aunque algo le toque. ¿Qué pueden aportar nuestras instituciones a un sector como este, recién liberalizado, con tantos agentes involucrados y con intereses tan diferentes? Existe, en el debate sobre lo que se debe hacer para regular correctamente la incorporación de nuestro país a la Sociedad de la Información, una cierta falta de rigor, en el sentido de que cada uno de los participantes defiende, cosa lógica, únicamente su intereses de una forma directa e inmediata, buscando su beneficio, y no el del conjunto. En ese debate falta objetividad, generosidad y la defensa del sector a medio plazo. El Colegio cree que tiene un papel que cumplir, basado en su independencia, para lograr esa objetividad a la hora de planear el futuro de todos. Para ello, estamos proponiendo a los principales agentes involucrados la creación de un Foro de las Telecomunicaciones que suponga un marco de discusión más general, en el que se analicen las diferencias existentes y se busquen soluciones entre todos. ¿Qué esperas lograr en este momento? Solo que espero que el esfuerzo que desde las Juntas estamos haciendo para fortalecer la profesión e impulsar el papel de los ingenieros de telecomunicación en la sociedad sea valorado por todos. A todos lo ingenieros de telecomunicación les pide su complicidad para que, allá donde estén, nos ayuden a impulsar una mayor colaboración entre todos nosotros, y a mantener, con su excelente trabajo, las altas cotas de calidad y de reconocimiento que nuestra profesión tiene en la actualidad.

A parte de las dificultades propias de toda valoración sectorial, la producción de bienes y servicios en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones presenta dos problemas muy especiales: 1) definir su propio contenido en un sector nuevo y en profundo cambio y 2) calcular unos precios que tengan en cuenta las continuas variaciones de calidad. Con una caída de precios, en cualquier forma que se valoren, respecto a otros productos, el peso del sector es sensiblemente superior en unidades monetarias constantes que a precios corrientes. Pero además resulta clave el corregir la variación de precios, de los cambios en calidad que la propia evolución tecnológica suele incorporar a progresivas generaciones de productos TIC. En 1996 la Comisión Boskin estudia el problema general de los precios en EEUU y concluye que la inflación en términos de IPC estaba sobrevalorada en 1,1 puntos de porcentaje como consecuencia de dos aspectos básicos: 1) la ponderación fija en un año base en que los nuevos productos (de menor inflación) pesan menos y 2) la limitada corrección de las mejoras de calidad. A partir de 1995 el Bureau of Economic Analysis (BEA) establece un nuevo sistema de precios encadenados ("chain-weighted price") que cambia anualmente las ponderaciones de sus diferentes componentes. Respecto a los cambios por calidad, el antecedente es aún anterior y proviene de un proyecto conjunto BEA/IBM anterior a 1990, en que la Contabilidad Nacional de EEUU incorpora por primera vez índices de precios «hedónicos» para ordenadores personales, que en 1997 se extienden a todo tipo de ordenadores y en 1998 a semiconductores de diferentes tipos. Un precio hedónico descompone un producto en sus principales componentes (por ejemplo capacidad de memoria, velocidad, etc. en un ordenador) y asigna un precio a cada uno. De esta forma, al calcular la variación de precios entre dos modelos distintos se eliminan previamente las alteraciones de precios debidas a un cambio en los distintos componentes. Según un documento reciente de la OCDE elaborado por Paul Schreyer (The contribution of information and communication technology to output growth: a study of the G7 countries, STI Working Paper 2000/2, marzo 2000) sólo EEUU, Canadá, Japón y, parcialmente, Francia utilizan precios hedónicos dentro del conjunto de países de la OCDE. Para posibilitar comparaciones entre países, este documento propone utilizar los denominados índices de precios «armonizadosª TIC. La hipótesis de trabajo consiste en admitir que las diferencias entre las tasas de variación de precios observadas en EEUU entre bienes de equipo TIC y no-TIC utilizando índices encadenados y precios hedónicos (puntos de porcentaje), son similares a las que podrían darse en otros países. Esos diferenciales de inflación se calculan año a año para el período 1970-96 y se suavizan mediante un alisado que ofrece como resultado 10 puntos de porcentaje inicial y una tendencia creciente hacia 13 al final del período. Unos 12 puntos de diferencia anual, en promedio, durante los 25 años observados lleva a que un índice 100 inicial se convierta en 4. Dada la evolución observada de los precios de equipo no-TIC en un país, se pueden calcular los índices de precios armonizados y comparar estos con los índices oficiales. Los resultados del estudio de Schreyer para la OCDE, indican que en todos los países G-7 y desde 1985, los precios «armonizados» mantienen caídas medias anuales para productos de tecnologías de la información, del orden del 10% y tasas pequeñas (positivas o negativas, según los casos), para telecomunicaciones. Es evidente que partiendo de los datos de inversión TIC en unidades monetarias corrientes, una evolución de precios más baja supone ritmos de crecimiento más elevados, que se sitúan entre el 10 y el 25% anual para TI y entre el 2 y el 15% para TC, en distintos países G-7 y para el período 1990-96. De utilizar los índices de precios habituales o los corregidos por calidad, la aportación del sector de las nuevas tecnologías al crecimiento económico de un país puede duplicarse. Los resultados indican un efecto en los países europeos (con la excepción del Reino Unido) y Japón, del orden del doble: cuatro décimas en EEUU y sólo dos en Japón, Alemania, Francia o Italia. Por supuesto todas las valoraciones son parciales al no tener en cuenta la aportación del software informático que, según las nuevas normas de la Contabilidad Nacional (SEC-95), forman también parte de la inversión en TIC. En un reciente estudio (Perspectivas económicas y empresariales, Ceprede, diciembre 2000), hemos intentado reproducir el procedimiento de Paul Schreyer para España, a efectos de disponer de unos índices «armonizados» del tipo de los elaborados para los G-7. Para ello, hemos utilizado los IPRIs del conjunto de bienes de equipo y los específicos de «Máquinas de oficina y ordenadores» y «Material electrónico (excepto ordenadores)», calculando también el correspondiente a bienes de equipo no-TIC. Calculadas las tasas de variación de TIC (-0,3% en promedio anual 1992-2000) y no TIC (2,1%), estas últimas se reducen en la proporción para precios hedónicos observada en EEUU, obteniendo una caída media anual de precios TIC armonizados del orden del 10%. El gráfico adjunto muestra la evolución del índice oficial (IPRI) y del armonizado. Frente a la ligera caída del índice oficial (100 en 1990 y 97,5 en el 2000), se calcula una fuerte reducción en esos 10 años del precio corregido por calidad (de 100 en 1990 a 35,9 en 2000). Una reducción del orden del 10% anual, ponderada por una participación de la inversión TIC sobre el PIB privado no agrario cercana al 2%, supone una contención de precios de 2 décimas de punto. Si calculamos la contribución al crecimiento de la inversión en TIC, una tasa media de variación en corrientes del 13% en promedio de los tres últimos años apenas cambia en pesetas constantes utilizando un deflactor como el IPRI (-1%), pero se sitúa en el entorno del 25% al corregirla por precios armonizados (-10,6%). Al ponderar estas variaciones por el peso de la inversión TIC en el PIB privado no agrario (cercana al 2%) la contribución al crecimiento se sitúa en ? de punto de porcentaje, en promedio, con precios oficiales y casi ? punto con precios armonizados. Antonio Pulido (CEPREDE) Emilio Fontela (CEPREDE)