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Iñigo de la Serna. Presidente de la FEMP y Alcalde de Santander
30marzo 2013 119922 “Gastar en Administración Electrónica es ahorrar dinero” Íñigo de la Serna es alcalde de Santander desde mayo de 2007. Desde julio de 2012 ostenta además el cargo de Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en un momento trascendental para el municipalismo ante la más profunda reforma de la Administración Local desde el inicio de la democracia, planteada por el Gobierno con el objetivo de racionalizar competencias y ahorrar gasto público. De esta reforma, que revisa en profundidad el escenario competencial, y de otros asuntos de gran impacto para los municipios españoles charlamos con este ingeniero de caminos, canales y puertos que, en su momento, fue el alcalde más joven de capital de provincia de toda España. La importancia de las herramientas de Administración Electrónica, el impulso a las Ciudades Inteligentes (y la reciente creación del Comité Español de Normas sobre Ciudades Inteligentes del que es vicepresidente), la Agenda Digital Española y su impacto para las entidades locales, la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado o la aplicación de la tecnología a la mejora de la transparencia en las administraciones públicas son alguno de los temas que abordamos con el regidor santanderino, que lidera la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación en nuestro país, que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares (en total 7.324) y que representan más el 90% de los Gobiernos Locales españoles. Íñigo de la Serna Presidente de la FEMP. Alcalde de Santander Perfil de | Íñigo de la Serna marzo 2013 119922 119922 marzo 2013 31 BIT. En usted la vocación política fue muy temprana (fue el alcalde más joven de capital de provincia de toda España) ¿Cómo surge esa vocación? ¿Qué le ha aportado la ingeniería (es ingeniero de caminos, canales y puertos) en las sucesivas responsabilidades que ha ido asumiendo desde entonces? Mi primer contacto con la política fue como director de gabinete de quien entonces era el Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, José Luis Gil, a quien tengo un gran aprecio, personal y profesional, y de quien aprendí mucho en aquel momento. Él fue quien me abrió una puerta que estaba, en cierto sentido, entre mi profesión de Ingeniero de Caminos, en la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente, y la política propiamente dicha. Tras esa etapa, fui concejal de Medio Ambiente durante cuatro años, antes de ser elegido alcalde. Se podría decir que en esos primeros años mi experiencia profesional me ayudó a ejercer mi responsabilidad política, básicamente porque me había aportado unos conocimientos que me fueron muy útiles para el desempeño de esa tarea. Y seguramente también me ayuda a día de hoy, puesto que todos somos el resultado de las diferentes etapas y experiencias que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida. BIT. Los tiempos de crisis son tiempos de reformas. En su caso su periodo al frente de la FEMP viene marcado por un contexto especialmente delicado por la coyuntura crisis económica ¿Están reaccionando las entidades locales de manera eficaz en este nuevo escenario? ¿Cree que la Administración de cercanía es la que más seriamente se está viendo afectada por esta situación de crisis? El contexto en el que se mueve la Administración Local parte de un grave problema de financiación estructural que padece desde hace años, agravado por la crisis económica que ha provocado un descenso de los ingresos municipales en los últimos años. Además, ha tenido que asumir unas competencias impropias que absorben un 25% de su presupuesto. Pese a estas dificultades, los Gobiernos Locales afrontan esta realidad con austeridad, con rigor en el gasto, con eficiencia y con transparencia. Debo insistir una vez más en un hecho constatable: somos la Administración que mejor ha cumplido los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y me atrevo a decir que somos la Administración que mejor cumplirá este año esos objetivos. BIT. Una de las más importantes reformas anunciadas por el gobierno es la Reforma de la Administración Local. Recientemente declaraba que el proyecto se está gestando en un clima de diálogo muy valorado por los representantes de la Administración Local ¿Considera que nos encontramos en un momento clave para el municipalismo? ¿Qué conceptos o principios regirán esa reforma? Estamos en un momento histórico para el municipalismo y ante la reforma más profunda de la Administración Local desde el inicio de la democracia, porque va más allá de la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985, todavía en vigor, y porque, además, trasciende al ámbito local, puesto que aborda cuestiones importantes que inciden en el conjunto de las Administraciones Públicas. En el texto del Anteproyecto presentado por el Gobierno, el bloque más importante sin duda es el que tiene que ver con el ámbito competencial, porque será el que más ahorro genere para los ciudadanos. La nueva Ley acabará por fin con las duplicidades administrativas y, por tanto, con el problema histórico de las competencias impropias. El avance, en este sentido, es muy significativo porque responde a la principal reivindicación del municipalismo. El segundo de los bloques es el de la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios, un objetivo que nosotros compartimos plenamente. Se trata de garantizar la prestación de esos servicios por aquella Administración que esté en mejores condiciones de asumir su gestión y su coste. La reforma contempla también otros aspectos de gran calado y repercusión social. Me refiero al establecimiento de criterios de retribución para cargos electos locales, el nivel de dedicación exclusiva que debe aplicarse en función del tamaño del municipio o el control económico- financiero de las Entidades Locales. En definitiva, estamos ante una reforma trascendental que exigirá a los Gobiernos Locales un gran esfuerzo de dedicación y compromiso para su aplicación efectiva. Se trata de un esfuerzo de país para cooperar en el asentamiento de las bases de crecimiento para España y, por ello, entiendo que este camino no debe realizarse en solitario. Las CCAA deberán actuar con la misma contundencia y responsabilidad que las Entidades Locales a la hora Somos la Administración que mejor ha cumplido los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y me atrevo a decir que somos la Administración que mejor cumplirá este año esos objetivos” “ Perfil de | Íñigo de la Serna 32marzo 2013 119922 119922 marzo 2013 de establecer también en su esfera límites a los cargos eventuales, a las dedicaciones exclusivas, a las retribuciones, al número de cargos electos y en la mejora de los servicios públicos. BIT. Parece que la Reforma pondrá el acento en evitar “duplicidades y triplicidades” en la prestación de un mismo servicio por diferentes administraciones y revaluará algunas competencias hoy por hoy asumidas desde la Administración Local y que son más propias de otras Administraciones. ¿A qué competencias podría afectar esta redistribución? ¿Estas medidas no podrían ser un freno a lo que se denomina “segunda descentralización”? Podemos hablar de la sanidad que, siendo como es una competencia de las Comunidades Autónomas, los servicios que lleva aparejados serán prestados y financiados por esta Administración; y aquellos otros que ahora están financiados por las Entidades Locales pasarán a las Autonomías, entre ellos, por ejemplo, los consultorios rurales. En servicios sociales, a pesar de ser un capítulo en el que las competencias de las Entidades Locales eran más limitadas, se han estado asumiendo costes que suponen una parte importante de gastos. Ahora, el anteproyecto asigna a las Entidades Locales la responsabilidad de evaluación y de información en situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social. Esto quiere decir que otros servicios, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el catering social o cualquier otro servicio de carácter estable ha de ser financiado íntegramente por las Comunidades Autónomas. En relación a la educación, el Anteproyecto especifica que ésta recaerá en las CCAA que son quienes tienen transferidas las competencias en esta materia. Sin embargo, en este punto, sí vamos a realizar aportaciones desde la FEMP para que se clarifique oportunamente que también los gastos correspondientes a los servicios de limpieza y mantenimiento de los centros escolares recaerán íntegramente en las autonomías. En definitiva, en lo que se refiere a las competencias que finalmente van a residir en las Entidades Locales tenemos que estar enormemente satisfechos porque hay un avance sustancial. De todas formas, el anteproyecto también contempla la posibilidad de que las Entidades Locales puedan asumir determinadas competencias delegadas si se dan determinados supuestos, como que no se ponga en riesgo la suficiencia financiera, que no se produzcan duplicidades y que su aplicación responda a criterios sostenibles. Este nuevo escenario competencial no supone un freno a la segunda descentralización a la que usted alude. Al contrario, racionaliza una distribución competencial que ya no podía mantenerse por más tiempo y, al mismo tiempo, acaba con un sistema injusto e insolidario en las relaciones entre la Administración Local y la Autonómica. En este último borrador la nueva Ley garantiza que las Entidades Locales cobren el cien por cien de la financiación de esos servicios que les venían impuestos por las Comunidades Autónomas y además atiende tres cuestiones fundamentales planteadas por la FEMP: que los Ayuntamientos tengan cinco Perfil de | Íñigo de la Serna marzo 2013 119922 119922 marzo 2013 33 años para prestar esos servicios, que haya una aceptación por parte del municipio -antes era impuesta- y que se garantice la financiación, bien por la vía de la compensación de deuda, bien por la vía de la retención de la participación en los ingresos del Estado de la propia Comunidad Autónoma. BIT. El proyecto no prevé la “fusión” de Ayuntamientos pero sí la posibilidad de llegar a acuerdos para que algunos servicios se puedan prestar desde ámbitos supramunicipales en función de su eficiencia en costes. ¿Qué servicios pueden ser más susceptibles de prestarse en estas fórmulas? Se trata de servicios derivados de competencias propias que llegado el momento no puedan ser prestados o gestionados por los municipios de menos de 20.000 habitantes. El último borrador que hemos conocido recoge que las Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares, asumirán el ejercicio de esas competencias cuando la prestación no pueda realizarse en el ámbito municipal. Pero debe quedar claro que se trata de una cesión temporal de la competencia y del servicio, hasta un máximo de cinco años. Aquí, la clave es el establecimiento de los criterios que fijarán el coste estándar de cada servicio, para evaluar si el Ayuntamiento en cuestión está en condiciones de ejercerlo. La FEMP ya ha comunicado al Gobierno que quiere participar en la elaboración de estas condiciones, así como que los Ayuntamientos tengan un periodo transitorio de adaptación a la aplicación de dicho coste estándar, antes de que se haga efectiva la retirada del servicio. BIT. Usted es presidente de la Red de Ciudades Inteligentes y Alcalde de una de las ciudades pioneras en la aplicación de las tecnologías a la mejora de la prestación de servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos. ¿Considera que entre los responsables locales hay conciencia de las posibilidades que ofrecen las tecnologías también en cuanto a su ahorro de costes y racionalización de los servicios públicos? ¿De qué manera cree que puede influir el entorno de crisis económica en la puesta en marcha de iniciativas ligadas a las Smart Cities? Fíjese si hay conciencia por parte de los responsables locales sobre esta cuestión que, en apenas un mes, desde su creación, hemos sido capaces de poner en marcha toda la organización de la Red. Y no sólo eso. A esta rapidez y agilidad hay que añadir la concreción y pragmatismo que se están aplicando a los procedimientos de trabajo, desarrollando propuestas concretas para que, con los mínimos recursos, podamos poner en marcha acciones muy beneficiosas para todas las ciudades y para sus ciudadanos. La utilización de las nuevas tecnologías es determinante, por ejemplo, para conseguir una movilidad eficiente y una iluminación sostenible. De esta forma, se puede conseguir el ahorro en el gasto de las Administraciones locales y, a su vez, impulsar la capacidad de generar actividad económica y la creación de empleo. Las Administraciones Públicas tenemos que buscar nuevas herramientas de inversión y, en esta línea de trabajo, entra de lleno la colaboración público- privada. Para ello, es necesario contar con el apoyo del tejido empresarial en la inversión de los nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías. En definitiva, la crisis lo condiciona todo, pero lo positivo es que nos obliga a los responsables municipales a forzar la imaginación y buscar salidas. En este sentido, creo que las smart cities requerirán de un cambio en la organización interna de las administraciones locales, un proceso que debería verse favorecido por la reforma local, que va a conllevar una redistribución de competencias que exigirá reorganizar los recursos humanos, técnicos y económicos de los ayuntamientos. Por este motivo, en las aportaciones que la FEMP va a hacer al texto del Anteproyecto de Ley vamos a reclamar como competencia propia de los Ayuntamientos todas las actuaciones relacionadas con el impulso de la tecnología y las ciudades inteligentes, al ser una importante fuente de ahorro y de actividad económica en nuestros respectivos territorios. BIT. Recientemente se ha creado el Comité Español de Normas sobre Ciudades Inteligentes, fruto de un convenio rubricado entre SETSI y AENOR Perfil de | Íñigo de la Serna 34marzo 2013 119922 119922 marzo 2013 ¿Serán estas pautas fundamentales para facilitar también una mayor cooperación entre diversos municipios en este ámbito? Como saben, soy vicepresidente primero del Comité de Normalización de Ciudades Inteligentes, el órgano promovido por AENOR y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), encargado de establecer los criterios y parámetros que tendrán que regir las smart cities. Estos criterios sirven, fundamentalmente, para que AENOR determine si una ciudad es “inteligente” o no. Por tanto, son determinantes, en este sentido. Yo además añadiría que esos indicadores o pautas servirán también para que los municipios nos fijemos los unos en los otros para llegar a ser cada día más “inteligentes”. Es un trabajo bonito, porque estamos discutiendo juntos, en los distintos subcomités que se creen, los distintos órganos oficiales, como el Gobierno de España y los ayuntamientos, con las empresas del sector, donde se establecerán los criterios y parámetros que tendrán que regir las smart cities”. BIT. La Agenda Digital para España propone algunas medidas de importante impacto para las Entidades Locales. Concretamente promueve la eliminación de barreras a los despliegues de infraestructuras, una de las continuas reclamaciones de los operadores de red. ¿Cree que ha habido hasta la fecha una excesiva fragmentación regulatoria? ¿Cree que medidas en este sentido pueden facilitar el que España alcance los objetivos de conectividad planteados por Europa? Sin duda, la aplicación de esta Agenda permitirá avanzar hacia una mayor conectividad y trasladará los beneficios de las nuevas tecnologías a un mayor número de ciudadanos y de empresas, además de a la propia Administración. Esperamos que, al mismo tiempo, sirva para homogeneizar la normativa que regula este sector que, como es sabido, se ha producido desde el momento en que hay diferencias normativas en las distintas Comunidades Autónomas. Por otro lado, debemos valorar que la Agenda se ha elaborado mediante un proceso abierto y participativo que ha contado con la colaboración de todos los actores implicados, incluidas las Entidades Locales. Desde la FEMP, hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de que se respeten las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos a la hora de facilitar el despliegue de esas infraestructuras. BIT. La Agenda Digital para España propugna también un impulso decidido de los servicios de Administración electrónica, vinculado a medidas de alfabetización para los ciudadanos de manera que se pueda evitar la “brecha digital”. Los usuarios de la e-Administración en España representan un 39,1% y los objetivos marcados por Europa son de un 50% de usuarios de estos servicios en 2015. ¿Qué medidas se pueden articular desde su ámbito de actuación para favorecer la consecución de estos objetivos? ¿Considera que la gestión municipal es la que quizá pueda verse más beneficiada de estas nuevas vías de comunicación y de servicio al ciudadano? Desde la FEMP llevamos años difundiendo entre los municipios la necesidad de la Administración Electrónica, para dar cumplimiento a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Las distintas medidas en las que colaboramos con los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, han servido para hacer que esta aproximación sea cada vez más real. Este es el primer paso, ya que si no hay servicios online, difícilmente habrá público para ellos. No obstante, todavía queda mucho trabajo por delante para conseguir que la Administración Electrónica llegue a todos los rincones de nuestra geografía municipal. Precisamente, uno de los objetivos del Plan de Administración Electrónica 2013-2015, incluido en el marco de la Agenda Digital, es la utilización de la tecnología para eliminar la brecha digital. La clave está en potenciar el uso de servicios básicos telemáticos en municipios de pequeño tamaño, así como la intercomunicación entre las diversas administraciones y la mejora de la accesibilidad para favorecer la incorporación como usuarios a colectivos con especiales dificultades. La labor de difusión de entre los ciudadanos, en el caso de los Ayuntamientos, podría canalizarse con cierta facilidad a través de la red de telecentros del país. La utilización de las nuevas tecnologías es determinante, por ejemplo, para conseguir una movilidad eficiente y una iluminación sostenible. De esta forma, se puede conseguir el ahorro en el gasto de las Administraciones locales y, a su vez, impulsar la capacidad de generar actividad económica y la creación de empleo” “ Perfil de | Íñigo de la Serna 119922 marzo 2013 35 BIT. El anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones incide en alguno de estos aspectos mencionados: aboga por la reducción de trabas administrativas, incluyendo un nuevo marco de relación entre la Administración Local, el operador y la Administración General del Estado ¿Considera este nuevo marco un paso firme en la modernización de la Administración Local? ¿Articular procesos de tramitación telemática en este nuevo marco es una inversión necesaria si se quiere conseguir una auténtica unidad de mercado y convertir en una verdadera reforma estructural? ¿Es factible conjugar estos objetivos con las restricciones presupuestarias a las que se ve obligada la Administración a todos los niveles? Se trata de una Ley necesaria que abordará la reducción de trabas administrativas como un objetivo prioritario, algo que coincide plenamente con la postura de la FEMP. Sin embargo, el texto que manejamos hasta la fecha tiene muchas cuestiones susceptibles de mejorar en lo que se refiere al ámbito competencial de las Entidades Locales, en especial en materia de urbanismo. Hemos enviado un informe al Ministerio para tratar de que el contenido del Proyecto de Ley recoja nuestro punto de vista al respecto y respete las competencias locales en dicha materia. Respecto a la segunda cuestión que me plantea, sin duda se trata de una inversión necesaria y, en este sentido, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en varios proyectos que se darán a conocer próximamente. Y por último, no cabe hacer otra cosa que lograr estos objetivos contando con los recursos que tenemos y sin malgastar un euro. Pero en este tema tenemos una gran ventaja porque gastar en Administración Electrónica es ahorrar dinero. BIT. A este respecto cabe también citar el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que establece, entre otras medidas, que todas las Administraciones públicas compartirán una única base de datos electrónica para ejercer labores de control y supervisión. El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad estima que la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un periodo de diez años. ¿Ha sido España un país con súper-abundancia normativa? ¿En qué medida considera que estas decisiones pueden incentivar las inversiones? La Ley que el Gobierno quiere sacar adelante viene a solucionar ese problema que usted apunta y no me cabe la menor duda de que una vez resuelto y armonizado todo ese panorama normativo, las inversiones fluirán con mayor rapidez. Nosotros, desde la FEMP, entendemos que sería adecuado analizar el impacto normativo del Anteproyecto y, en concreto, que se valore detenidamente la posible repercusión que la misma puede tener en la diferente normativa relativa al urbanismo y la ordenación del territorio, materias que la Directiva de Servicios excluía expresamarzo 2013 119922 Vamos a reclamar como competencia propia de los Ayuntamientos todas las actuaciones relacionadas con el impulso de la tecnología y las ciudades inteligentes, al ser una importante fuente de ahorro y de actividad económica en nuestros respectivos territorios” “ Perfil de | Íñigo de la Serna 36marzo 2013 119922 mente. Precisamente, dadas las coincidencias entre el ámbito de aplicación material de la Ley Paraguas y del Anteproyecto de Ley de Garantía de Mercado, creemos que sería oportuno valorar la posibilidad de hacer una norma integrada para mayor seguridad jurídica. BIT. Recientemente se anunciaba que todos los municipios de la Comunidad de Madrid se encuentran ya conectados con el sistema unificado de registros administrativos públicos ORVE. Se inicia así una experiencia que puede ser de gran utilidad para otros municipios que se podrán adherir a este tipo de iniciativas. ¿Considera que hay todavía mucho recorrido para la aplicación de este tipo de medidas de Administración electrónica en España? ¿Están los ciudadanos suficientemente preparados para su aplicación? ¿Puede ser el “cloud computing” sobre el que se basa esta iniciativa, un detonante de estos servicios? Soluciones en la nube, como ORVE, son las idóneas para llevar la Administración Electrónica a todos los rincones de España, ya que no hacen falta equipos especiales ni software complicados. En la Comunidad de Madrid ya está extendida a todos los municipios y esta experiencia servirá para la implantación de este sistema en toda la geografía municipal española. Los municipios de la Comunidad Valenciana, de Baleares y de Castilla y León están a punto de hacerlo. Contamos con la colaboración de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como órganos capaces de impulsar el uso en su ámbito territorial atendiendo especialmente a los municipios de menos de cien mil habitantes. Estamos, por tanto, en pleno recorrido de este gran proyecto. Las Administraciones están preparadas y el ciudadano también lo está, al menos el ciudadano “tecnológico”, que cada vez es más numeroso. El reto es conseguir que aquellos otros ciudadanos que no están preparados o no puedan acceder en estos momentos se incorporen cuanto antes. Las Entidades Locales son conscientes de la responsabilidad que tienen para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos por todos los canales posibles, para lo que es esencial la utilización de la Administración Electrónica y la interoperabilidad entre Administraciones. BIT. ¿En qué estado se encuentra el gran proyecto de Portal de Entidades Locales, que permitirá conectar electrónicamente a la Administración del Estado con los 8.116 municipios españoles, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares? La FEMP dedica una especial atención a la puesta en marcha, en su totalidad, del Portal de Entidades Locales. En estos momentos, el cien por cien de los municipios ha realizado ya alguna tramitación a través de este Portal. Esto quiere decir que cualquier aplicación que quiera ofrecerse a los Ayuntamientos a través de este portal, posibilita su uso inmediato a través del mismo. El sistema ORVE, por ejemplo, utiliza este portal. BIT. Recientemente se publicaba el informe sobre transparencia (grado de apertura a los ciudadanos) de Consistorios Españoles que elabora “Transparencia Internacional España” en el que 33 corporaciones locales obtienen la nota de “sobresaliente” frente a las 21 de 2010 y con puntuaciones medias más altas para todos los consistorios. ¿En qué medida tecnología y transparencia están ligadas? ¿Qué importancia tiene la aplicación de tecnología en esa percepción del ciudadano sobre los servicios y su eficiencia? Perfil de | Íñigo de la Serna 119922 marzo 2013 37 La transparencia es una condición intrínseca al buen gobierno y a la calidad democrática. La tecnología es un instrumento que la facilita en la medida en que abre otras puertas a los ciudadanos para acceder a la información pública, a la gestión y a la participación política y permite a los responsables institucionales dar a conocer a los ciudadanos los detalles más relevantes y transcendentes de la gestión pública y facilita el acceso a los servicios y la participación. Por tanto, es evidente que la transparencia sería más complicada sin los medios telemáticos. Últimamente están surgiendo distintos portales de Open Data que además de hacer transparentes los datos públicos, los hace reutilizables para ciudadanos y empresas generando valor añadido y posibilidades de negocio. El informe al que alude es revelador en ese sentido: desde que empezaron a medirse los índices de transparencia en 2008 hasta ahora, los resultados han ido mejorando en todas las ediciones. Incluso, muchos Ayuntamientos tienen portales específicos de transparencia municipal en los que se recoge toda la información relativa a las actividades municipales, a los responsables políticos, al personal, a las convocatorias públicas, presupuestos, información contable y todo aquello que entienden que el ciudadano tiene derecho a saber, más allá de los preceptos normativos. Es relevante, en este sentido, que en la última edición se ha incluido un análisis de los indicadores que contempla el proyecto de Ley de Transparencia, actualmente en el Congreso, con unos excelentes resultados entre los municipios analizados. BIT. El COIT viene colaborando desde hace siete años con el Servicio de Asesoramiento Técnico (SATI) que ofrece la FEMP a los municipios, concretamente en el ámbito del despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones móviles. ¿Cómo valora esta colaboración? ¿Es el tamaño medio de nuestros municipios un factor que anima a la prestación de este tipo de servicios en áreas con especificidades técnicas tan importantes como las telecomunicaciones? La colaboración que mantiene la FEMP con el COIT se materializa en la Asesoría Técnica del SATI ofreciendo asistencia en los aspectos técnicos del despliegue de antenas de telefonía móvil a todos los municipios españoles a través del servicio mencionado. Colaboración además que es avalada por la experiencia del servicio y la satisfacción que muestran las Entidades Locales con el mismo. La mayoría de las Entidades Locales de España son municipios de tamaño medio y pequeño, los cuales, tienen unos recursos económicos y humanos limitados. Por ese motivo, es común entre los mismos que no cuenten con ingenieros de telecomunicación en sus dependencias y por ello, se hace necesario servicios como el del SATI que ofrece la FEMP. BIT. Tuvo durante algún tiempo un blog personal. ¿Lo mantiene? ¿Le gusta mantener ese contacto directo con la ciudadanía? Mantener un blog, al igual que ocurre con las redes sociales, requiere de un tiempo y una dedicación de las que, en este momento, desgraciadamente no dispongo. Sí que procuro mantener al día mi página en Facebook pero, como digo, no tengo tiempo para mucho más. No obstante, para estar en contacto con los ciudadanos, en una ciudad del tamaño de Santander, basta con salir a la calle y, a veces, ni siquiera eso es necesario, puesto que muchos se dirigen directamente al Ayuntamiento para plantear sus problemas y sus preocupaciones. También con mucha frecuencia visito los barrios y me reúno con los vecinos y los representantes de sus asociaciones para conocer las necesidades de cada zona. Y, gracias al trabajo que estamos desarrollando en innovación, hemos implantado nuevos medios de participación de los ciudadanos en la mejora de la ciudad. Un ejemplo de ello es la aplicación “El pulso de la ciudad”, que está disponible en App Store y Google Play, y permite que los ciudadanos comuniquen, a través de su smartphone, cualquier incidencia (un banco roto, una farola fundida, un problema de tráfico, etc.) para que al Ayuntamiento asigne al servicio correspondiente la respuesta o solución a la cuestión planteada. En algunos casos, transcurren sólo unas horas desde que se informa de la incidencia y se resuelve. Es una forma muy efectiva y ágil de atender a las demandas de los ciudadanos.3 marzo 2013 119922
30 oct 2015