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36.- EDITORIAL Comunicaciones espaciales: una propuesta injustificable. Una vez más, la Administración se empeña en ahondar la brecha que nos separa de los países industrializados; ahora, con ocasión de las comunicaciones espaciales. Una vez más, nos vemos obligados a salir al paso. Todos los países europeos de nuestro entorno están embarcados en desarrollos más o menos globales de sus sistemas de telecomunicación, desarrollos en los que, sin abandonar la extensión de los sistemas terrenales clásicos, las comunicaciones espaciales ocupan un lugar preponderante, fundamentalmente en el campo de la televisión. Francia, por ejemplo, con una infraestructura actual ya envidiable, con cinco canales nacionales de televisión, uno de ellos de pago y otro basado en le sistema Eutelsat, tiene en marcha proyectos de radiodifusión directa por satélite (TDF-1, con dos satélites de cuatro canales), de satélites de comunicaciones y distribución de TV (TELECOM1, con tres satélites, uno de ellos ya lanzado) de distribución por cable y fibra óptica y, en fin, de TV de baja potencia que podría llegar a los 2500 transmisores. En todos ellos, la participación de la industria francesa es prácticamente total, lo que hará que se sitúe en condiciones óptimas de competitividad cara a un mercado exterior en continua expansión. Y siempre, naturalmente, con el decidido apoyo de las sucesivas administraciones, como es tradicional en el país vecino, en el que los proyectos gubernamentales son el motor principal de la industria punta. Es mucha la distancia que nos separa de Francia y resultaría poco realista el pretender que nuestro país se embarcara en programas tan ambiciosos. Sin embargo, sí es imitable el espíritu que lo anima. Así lo han entendido países como Suecia con dos proyectos de satélite: TELE X y NORDSAT; Italia, con el proyecto ITALSAT, un canal en el OLIMPUS y varios en EUTELSAT; Luxemburgo, con dos canales en el proyecto francés TDF-1 y un proyecto de satélite de 16 canales de comunicaciones y de distribución de TV (GDL); en fin, los países europeos consideran las comunicaciones espaciales como un sector decisivo dentro del desarrollo tecnológico. ¿Y España? España plantea la paradoja de ocupar el quinto puesto europeo en número de receptores de TV y uno de los últimos en I+D, junto con Portugal, Grecia y Chipre. No parece esto último muy acorde con las pretensiones de un país industrial medio que debería optar a la comparación y competencia con otros de capacidad similar, máxime ante las perspectivas de incorporación a la CEE. En relación con las comunicaciones, España tiene más necesidades de las que actualmente su infraestructura puede satisfacer. Puede ser artificial o no, pero es patente la exigencia de una mayor oferta de televisión, lo que conlleva la creación de alternativas a las actuales redes terrenales de distribución de TV y de comunicaciones en general; también debería resultar patente la exigencia de potenciación de los sectores industriales implicados: aeroespacial, electrónica profesional y de gran público y finalmente el de producción de programas de TV. Estas necesidades podrían empezar a ser satisfechas con un proyecto de comunicaciones espaciales con la televisión como motor del mismo, es decir, de un sistema de TV directa por satélite que incluyera canales de baja potencia para otras aplicaciones: distribución de TV, datos, etc. Y es en esta línea donde se encuentra la única actividad realizada hasta ahora: un trabajo del INTA, a petición de RTVE que consistió en un estudio de definición preliminar de un proyecto de sistema de TV directa por satélite. Hasta Septiembre de 1984, la Administración y la industria electrónica no se interesan en absoluto por el tema, salvo dos trabajos aislados en el campo de la recepción. En dicho mes se constituyó la CECE (Comisión Especial para las Comunicaciones Espaciales), al amparo de la Junta Nacional de Telecomunicaciones, en la que están representados en teoría todos los sectores públicos y privados implicados (Administración, CTNE, radiodifusores e industria), aunque con la paradójica excepción del INTA. Pues bien, la CECE redactó y entregó a finales de Enero un documento-propuesta al Gobierno que, a nuestro juicio, justifica el título de esta editorial y cuyas decepcionantes conclusiones básicas son: 1ª) Proponer la regulación de la recepción de señales de TV de otros satélites. 2ª) Estimar injustificada la implantación de un satélite propio. 3ª) Como alternativa alquilar capacidad en algún satélite de organizaciones internacionales, y 4ª) considerar conveniente hacer, en un futuro indefinido, un estudio de viabilidad de un satélite propio. En resumen, la CECE aparte de solicitar la extensión de la Ley de Antenas colectivas, propone la renuncia expresa a que España disponga de un satélite propio a medio plazo, argumentando una demanda insuficiente de servicios junto con elevados costes e insuficiente retorno industrial y tecnológico. Nuestra valoración es muy diferente. Por un lado ya hemos señalado la necesidad de servicios. Por otro, las cifras manejadas en el documento están sobrevaloradas, según nuestras estimaciones aproximadamente al doble del valor real, a lo que hay que unir que el coste de un sistema de satélite comparado con el de una red terrenal equivalente (cobertura total e inmediata) es muy favorable para el primero. Finalmente, los argumentos de retorno no resisten el mínimo análisis: el retorno industrial en el sector aeroespacial pede llegar a ser del 30 al 35% en el primer satélite y crecer en proyectos sucesivos. Está claro, además, que el porcentaje será cada vez más pequeño según se demore la decisión. En el sector terreno de emisión el retorno se estima en un 70% y en el sector recepción sería superior. En este último sector la renuncia significa la entrega del mismo a la tecnología extranjera; todo ello sin entrar a considerar las implicaciones en la industria de producción de programas de TV y las necesidades culturales de España. En un próximo artículo justificaremos todas esas afirmaciones. En fin, no comprendemos a la Administración, ni a la industria, ni a los radiodifusores, ni tan siquiera a la CTNE que a la larga también podría salir perjudicada. No comprendemos la propuesta realizada por la CECE y por ello solicitamos al Gobierno que no la tome en consideración y decida un estudio serio y urgente de la cuestión sin esperar a que un acontecimiento singular, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de 1992 (los coreanos han decidido ahora tener un satélite propio para los Juegos del 88 en Seúl) haga tomar una decisión precipitada de última hora que sería mucho más desfavorable. Debemos competir en el ámbito europeo, a nuestro juicio, en algo más que en los cítricos.

37.- EDITORIAL Asumir el reto tecnológico. Al cabo de dos años de vigencia de Plan Electrónico e Informático Nacional, y cuando ya la Dirección General de Electrónica e Informática anuncia una revisión del mismo “al alza”, parece oportuno sopesar y valorar el camino recorrido hasta le fecha. La pregunta que en este sentido debemos hacernos es si el objetivo alcanzado de nivelar nuestra balanza de pagos es suficiente o no, y justifica el moderado triunfalismo de parte de la Administración. Importante resulta valorar el cómo ello se ha logrado y revisar el estado tecnológico actual de nuestra industria. A nuestro juicio, la nivelación “artificial” de nuestra balanza comercial, alcanzada pactando con las empresas multinacionales, no ha traído, ni traerá por sí sola, un desarrollo tecnológico propio, y es precisamente éste el gran fracaso del PEIN puesto en práctica. En muchos países, el tirón de la industria electrónica lo han dado las pequeñas y medianas industrias. En ello ha tenido una importantísima influencia el ambiente en que dichas empresas se movían. Las sociedades de capital-riesgo, los organismos dedicados a la investigación, la universidad, la ordenación y planificación de la demanda, la política de prototipos seguida, y, en general, el apoyo gubernamental al nacimiento y proliferación de industrias con tecnología y capital nacionales, ha significado, en conjunto, un caldo de cultivo adecuado para el protagonismo de la pequeña y mediana industria. En España este ambiente no existe y las PYMES, tal y como el anterior Ministro de Industria reconoció recientemente, son una de las asignaturas pendientes del presente gobierno. Tal estado de las cosas sucede porque el conjunto de los protagonistas, cada uno por separado y todos en conjunto, no han asumido el reto que las nuevas tecnologías suponen. Ni los empresarios, ni la banca, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni el propio Gobierno han estado, ni están, a la altura de las circunstancias. Sin embargo, de todos ellos destaca la responsabilidad que el Gobierno tiene sobre el conjunto. Ni los empresarios proliferan porque sí; ni la banca, aunque debiera, invierte si no es con determinadas condiciones que garanticen básicamente el éxito de la operación; ni los profesionales se sienten necesariamente llamados, aunque para ello debieron haber sido formados, a patentizar contra corriente su vocación tecnológica o empresarial; ni los sindicatos pueden, al menos en estos momentos, dar más importancia a la tecnología que al empleo. Es el Gobierno quien tiene que demostrar su adecuación a los tiempos haciendo que el conjunto funcione. De él es la mayor responsabilidad. El PEIN no ha sido, hasta la fecha, la respuesta adecuada, ni la solución que nuestro país necesita. Nivelada la balanza de pagos, ¿quién se preocupa ahora de nuestra industria, de crear tecnología en nuestro país, de desarrollar nuestras propias capacidades, productos y sistemas?

38.- EDITORIAL Por algo se empieza. Al menos desde 1975 “por la tarde”, las Juntas Directivas de la AEIT y del COIT venimos propugnando la cada vez más urgente e imperiosa necesidad de reforzar el organigrama administrativo del que depende la ordenación, regulación, planificación y control políticos de las telecomunicaciones españolas. Más o menos 10 años después del comienzo de estas reivindicaciones de los profesionales, ha aparecido, sin que haya que hacerse muchas ilusiones sobre la relación causa-efecto, el Real Decreto 1.209/85 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, por el cual se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. A la vista de su contenido, no podemos considerar este acontecimiento más que como un tímido primer paso hacia la consolidación de una Administración de Telecomunicaciones fuerte, tecnificada, ágil, única y moderna. Por algo se empieza, aunque sea tarde. Para que esta Administración sea realmente fuerte, falta aún que su máximo responsable “con dedicación exclusiva” se siente cada miércoles en el Consejo de Ministros, teniendo como única preocupación el mundo de las comunicaciones, al margen de autobuses, aviones, trenes y tour operators. Una Secretaría General, con rango de Subsecretaría, ni siquiera garantiza la presencia del mundo de las telecomunicaciones en los Presupuestos del Estado, con entidad propia. Bienvenida sea, como camino intermedio y no como objetivo. Para que esa misma Administración sea tecnificada, es necesaria una urgentísima incorporación de los profesionales adecuados de acuerdo con el nivel de complejidad técnica que las telecomunicaciones van adquiriendo, y sin cuyo conocimiento es imposible tomar decisiones acertadas y rápidas. A nadie se le ocurriría criticar la densidad de economistas por metro cuadrado existente en un Ministerio de Economía, y sin embargo se acusa de corporativismo a quienes propugnan el incremento de profesionales de las telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Lo anterior no implica necesariamente masificar el funcionariado, sino, al contrario, agilizar la gestión pública gracias al concurso de especialistas que aportan un alto valor añadido a sus funciones. La unicidad de la Administración de las Telecomunicaciones requerirá, no sólo agrupar todas las competencias dispersas por los recovecos de la Administración Central en esta materia, sino también evitar la posible dispersión que el empuje de ciertas Comunidades Autónomas pueda provocar y, lo que es aún más importante, aglutinar bajo ese deseable Ministerio de Comunicaciones, las responsabilidades no sólo reglamentarias y políticas de las telecomunicaciones, sino también las económicas, cuyos centros de decisión se encuentran hoy alojados en los Ministerios de Economía e Industria y Energía, más que el de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Así pues, bienvenido sea el Decreto, bienhallados los nombramientos de Director General de Telecomunicaciones y Asesor Ejecutivo del Ministro, que recaen por primera vez en profesionales cualificados de las telecomunicaciones, y bien deseada sigue siendo la solución global de tipo tanto organizativo (un Ministerio, para no ser el único país grande de la CEE que no subraye a ese nivel la importancia de las telecomunicaciones) y el marco legal que en forma de LOC, LOT, o LOX encauce el desarrollo futuro de nuestro sector.

39.- EDITORIAL Sobre ESPRIT, EUREKA, RACE, SDI y otras oportunidades. La complejidad creciente de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, así como las exigencias financieras y humanas que plantea su desarrollo, obligan a una coordinación de esfuerzos internacionales, a la hora de poner en marcha cualquier programa ambicioso de tipo científico-tecnológico. Es, más que nunca, la hora de la cooperación internacional. Los ciclos de vida de las tecnologías y de los productos en que se plasman, se acortan. Las sucesivas generaciones de componentes, equipos y sistemas mueren cada vez más jóvenes, siguiendo una ley afortunadamente contraria a la de los seres humanos. La competencia por mantenerse o mejorar posiciones en los mercados internacionales es, por tanto, cada vez más cruenta, y sólo a los muy preparados, los que producen innovaciones con muy alta competitividad y a los que manejan la información adecuada en el momento oportuno, son capaces de sobrevivir. El propio gigante norteamericano, ve amenazadas sus posiciones por la laboriosidad y sagacidad de los japoneses, mientras la vieja Europa sigue gastando casi un 10% de su PIB global en el mantenimiento de las fronteras internas. En este ambiente, los objetivos de tipo tecnológico están desplazando a los estrictamente económicos en la política general de los principales países. Cuando Reagan o Mitterrand quieren ilusionar a sus votantes, ofreciéndoles opciones de futuro, “inventan” complicados programas de desarrollo tecnológico, a los que atribuyen casi milagrosas propiedades para resolver los problemas de sus respectivas áreas de influencia. Acertada o no, ésta es la vía de finales del siglo XX, por la que resulta imprescindible caminar. Y nosotros, con la casa sin barrer. Parece trágico signo el que nos sitúa históricamente ante grandes disyuntivas fuera del tiempo adecuado. O llegamos demasiado pronto, o llegamos demasiado tarde, pero en muy raras ocasiones conseguimos llegar al sitio adecuado en el momento preciso. Superada la transición política, aceptado el sistema democrático y realizada la reconversión de nuestros sectores industriales obsoletos, las oportunidades que los programas de cooperación tecnológica internacional brindan al proceso de reindustrialización, que coloque a nuestra economía en situación adecuada para abordar las próximas décadas de forma airosa, nos pasan por delante sin tener aún la preparación precisa para obtener todas las posibles ventajas. La Administración sigue sin estar lo suficientemente tecnificada como para abordar toda la serie de negociaciones que están teniendo lugar ya en los escenarios europeos, norteamericanos y japoneses. La buena voluntad y extraordinaria entrega con que algunos altos funcionarios están actuando, no suple, desgraciadamente, la carencia de expertos en las distintas materias objeto de estos programas, donde se ventila mucho de nuestro futuro. Tampoco nuestras empresas industriales demuestran estar suficientemente preparadas ni siquiera concienciadas en muchos casos, para hacer frente a este reto, lo cual llevará a una creciente dependencia respecto a empresas extranjeras. Nuestro sistema ciencia-tecnología, tiene también diversas carencias que le impiden adaptarse de forma ágil al ritmo que la cooperación internacional impone. Entre los proyectos de investigación básica generalmente apoyados por la CAICYT y los programas industriales que a duras penas llegan a las ventanillas del CDTI, existe un hueco en el que, precisamente se suelen mover los programas competitivos, impulsados por la cooperación entre gobiernos e industrias. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible partir de un análisis al menos tan crudo como el anterior, para poder alcanzar resultados positivos. Porque estamos convencidos de que no sólo se deben sino que se pueden alcanzar. Pero no es ya el tiempo de la ficción sino de la realidad, y no basta, por tanto, estampar firmas en documentos de cooperación internacional, sino prepararse rápidamente para que dicha cooperación sea verdaderamente real. Sin ánimo de establecer decálogos inflexibles, nos permitimos apuntar algunas necesidades de muy urgente solución, vías a nuestra incorporación efectiva al proceso de avance tecnológico internacional: - Urgente tecnificación de nuestra Administración, donde sobran varios miles y faltan varias decenas de personas. - Puesta en marcha de programas especiales para formación de técnicos en los campos tecnológicos considerados como estratégicos. - Creación de nuevas instituciones que puedan programar, gestionar y controlar programas de cooperación tecnológica, sin la pesadez burocrática de las ya existentes. - Puesta en marcha inmediata de programas tecnológicos nacionales, que aglutinen nuestros recursos investigadores, sirvan para hacer más eficaz la formación de nuestros técnicos y permitan colaborar con otros países en términos de menor dependencia e incluso, en algunos casos, de igual a igual. El país tiene suficientes reservas de ilusión, imaginación y capacidad de esfuerzo, como para situarse en las primeras filas de esta maratón tecnológica a la que se han lanzado los principales países del mundo, pero es preciso pasar inmediatamente de las palabras a los hechos, superando nuestro antiguo complejo de país cuya capacidad innovadora se agota en lo cultural y no traspasa las fronteras de lo científico y tecnológico. ¿Ayudamos todos?

40.- EDITORIAL Multinacionales y tecnología. Los acuerdos alcanzados en los dos últimos años entre nuestra Administración y diferentes multinacionales, triunfalmente difundidos por los medios de comunicación, pueden haber llevado al ciudadano medio, y a más de un técnico en la materia, a pensar que sólo a través de este tipo de empresas se puede llegar a poseer tecnología en nuestro país. Cambiar mercado cautivo y facilidades de todo tipo por tecnología, parece ser la política seguida por nuestro Gobierno. A este planteamiento quisiéramos hacer algunas breves matizaciones. Cuestionar, a estas alturas, el fenómeno multinacional, su potencia tecnológica, y su ventajosa presencia, dominante, en algunas áreas, resultaría, en nuestro país, inútil. De sobra conocido es el modelo defendido por quienes piensan que el camino más corto para tener tecnología propia, el que nos permitirá saltar etapas, pasa por el establecimiento de acuerdos con empresas multinacionales. No es, sin embargo, y aunque se nos quiera hacer ver lo contrario, oro todo lo que reluce. Según un reciente informe de la Universidad Autónoma de Madrid en torno al fenómeno tecnológico en España, solo un 3% de la tecnología importada es realmente innovadora, y, de ésta, la mayor parte se podría desarrollar en nuestro país, si se pusieran los medios. En definitiva, debemos preguntarnos si resulta imprescindible el acuerdo con las multinacionales en todos los casos para poseer la tecnología. Creemos sinceramente que no. Entre otras cosas, porque nuestros profesionales han dado sobradas muestras de poder asumir el mismo reto tecnológico que los de otros países. Resulta necesario, a nuestro juicio, y para aclarar conceptos al ciudadano medio, distinguir entre la auténtica tecnología punta y lo que podríamos llamar tecnología avanzada o alta tecnología, que contempla el diseño de sistemas y equipos de gran sofisticación y prestaciones, que está al alcance de quien quiera desarrollarla porque viene, o casi viene, “en los libros”. Mientras que para poder abordar lo que hemos llamado tecnología punta resulta, en los momentos actuales, imprescindible depender de una multinacional, no sucede lo mismo con el otro nivel tecnológico: aquí, quien ha arriesgado, ha recogido sus frutos. Países como Italia, y no Japón ni EE.UU., deben servirnos de ejemplo. Parece que, como país, hemos decidido jugar la baza tranquila y segura de la dependencia tecnológica. Dependencia “atenuada” o “controlada”, según gustan de matizar sus responsables, pero dependencia al fin y al cabo. Nos encontramos, así, cada vez más irreversiblemente abocados a jugar el papel de vasallos para siempre, con nuestro desarrollo propio condicionado, y nuestra independencia limitada e inestable. Elegidas las áreas adecuadas, solo arriesgando y trabajando “sin red” poseeremos tecnología propia de verdad. Existen actualmente empresas, aunque en número mucho menor del deseado, y profesionales, que están demostrando que es posible. Que ello se generalice resulta, quizá , un problema de política global que es imprescindible abordar con urgencia. Todo lo expuesto debe posibilitar, además nuestra adecuada participación en proyectos de carácter multinacional, en condiciones de igualdad, cosa que solo sucede cuando se posee tecnología. En resumen: multinacionales, rotundamente si, pero en donde sean realmente necesarias y/o aporten tecnología punta. En las áreas restantes se puede y debe desarrollar tecnología española.

41.- EDITORIAL Los eurotópicos. Con el ingreso formal en la CEE, ya tenemos motivos renovados para sustituir los manoseados tópicos hispanos que tantas páginas han llenado durante las últimas décadas, e incluso siglos, por otros lugares comunes no menos convencionales, aunque elevados, eso sí, a la categoría de europeos: los eurotópicos. Como pretendemos no caer en ellos, dejemos constancia de nuestra satisfacción por el acontecimiento y, con un simple “hola Europa” pasemos directamente a los grandes temas que servirán para definir unas telecomunicaciones españolas más a la europea que las actuales. Para empezar, europeizar nuestras telecomunicaciones implica inmediatamente ordenarlas. Nuestros puntos de vista y criterios al respecto ya son sobradamente conocidos, y en este punto y hora sólo insistimos en la urgencia con que debe llevarse a la práctica, después de tanto tiempo malgastado. Otra forma de europeizar consistiría en asumir que las telecomunicaciones de un país como el nuestro necesitan políticas elaboradas en los más altos niveles del Poder Ejecutivo de la Nación, por su impacto sobre la economía y la sociedad en general, y su condición de agente modernizador de ambas, Alguien podría pensar que, en estos momentos, europeizar las telecomunicaciones también significa liberalizarlas ampliamente, pero ahí conviene recordar que los países de la CEE que ya están contemplando procesos liberalizadores semejantes a los de EE.UU. y Japón, disponen de unos equipamientos en telecomunicaciones muy superiores a los nuestros, y de unos grupos industriales nacionales suficientemente fuertes como para necesitar mercados externos y, al tiempo, resistir los envites multinacionales a sus propios mercados internos. Con el peor nivel de penetración telefónica por 1000 habitantes de la CEE (excepto Portugal e Irlanda); con el nivel más bajo en inversión en telecomunicaciones por habitante (idem); con el peor porcentaje de participación de los productos de explotación de las telecomunicaciones en el PIB (idem), y sin tener un grupo industrial genuinamente nacional en este sector, no se pueden acometer las mismas alegrías liberalizadoras que en otros países. Por otra parte se ha demostrado que a mayor liberalización, mayor regulación y control por parte de las autoridades correspondientes, y las nuestras tienen, en el terreno de las telecomunicaciones, una estructura tan endeble y poco desarrollada que difícilmente puede aceptarse la idea de que están en condiciones de regular y controlar casi nada, como puede verse en la práctica diaria. Europeicémonos pues, adquiriendo los buenos hábitos y costumbres de nuestros vecinos; la seriedad de sus planteamientos; la profesionalización y tecnificación de sus Administraciones, e incluso su forma de practicar el nacionalismo. Pero no caigamos en la ingenuidad o en la chapuza de copiar sus esquemas, cuando nuestras condiciones objetivas no coincidan con las suyas y presagien un desastre. Es decir, hagamos las cosas bien, que, además, es lo más sencillo.

42.- EDITORIAL Participar en las asociaciones profesionales europeas. Insistir en la condición de europeos comunitarios que, desde hace cinco meses, nos afecta no es, por ahora, reiterativo. Tras nuestra integración formal en la CEE, resulta ahora necesario hacer tal condición efectiva, especialmente en determinados aspectos, con la asimilación sin tardanza de lo que ello implica. Hace ya años que las demás naciones que integran la Comunidad han iniciado un abierto acercamiento en áreas comunes. A nivel empresarial, tales iniciativas se centran en torno a proyectos tecnológicos, para, conjuntamente, hacer frente a opciones ajenas a los intereses europeos que persiguen objetivos análogos. Para tales iniciativas ya existen, cada vez más consolidadas, propuestas comunitarias en las que, aunque aún tímidamente, nuestras industrias se encuentran involucradas, al menos en la medida de sus posibilidades actuales. Existe otro área que afecta directamente a nuestro papel como profesionales, hacia la que aún no estamos sensibilizados. Nos referimos en concreto a nuestra participación activa en los colectivos europeos de carácter profesional, a los que no damos todavía el peso específico que en otras sociedades tienen. Resulta necesario que asumamos como colectivo, y tal y como lo hemos hecho en otros muchos aspectos, lo que nuestra condición de europeos significa. Básicamente son dos las asociaciones de ingenieros a las que aquí debemos hacer referencia: La Federación europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) engloba a los ingenieros europeos de todas las ramas, siendo uno de sus objetivos más importantes la coordinación de las diferentes titulaciones que a niveles nacionales resultan posibles. A la Federación de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Económica Europea (FITCE) pertenecemos, ahora sí, con todos los derechos. Hasta la fecha asistíamos como miembros adheridos habiendo incluso organizado uno de sus congresos anuales en nuestro país. Trata la FITCE de plantear la problemática que las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías presentan, especialmente en los entornos de los diferentes PTT europeos. Son en nuestro país los ingenieros de telecomunicación que pertenecen a la Administración o a Telefónica quienes pueden y deben ser miembros activos de la FITCE. A ellos recordamos desde aquí el interés que para todos tiene su participación activa. Ambas asociaciones buscan, en definitiva, coordinar las diferentes experiencias que puedan afectar al conjunto de los ingenieros europeos. Ser sensibles a tales iniciativas y asumir lo que ello significa resulta condición ineludible para una sociedad como la nuestra que tiene a estas alturas, que recuperar mucho tiempo perdido.

43.- EDITORIAL Balance obligado de un cuatrienio. Se han cubierto cuatro años de legislatura del Gobierno mayoritario del PSOE, y cuando este número salga de imprenta el pueblo español habrá escogido a sus nuevos gobernantes, en ese ejercicio de soberanía máxima que representa el voto universal. Es, por lo tanto, momento de balance y de proyectos. Nosotros, desde nuestra posición, conscientes de la necesidad de que existan múltiples voces desde la sociedad, que ayuden a la formación de una opinión plural y rica, queremos sumarnos a ambas tareas. Empezando por las acciones desarrolladas por la Administración en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, podemos decir que, si bien se han dado pasos positivos, que permiten hablar de la existencia de “cimientos de un gran edificio”, la inconsistencia de los avances, su trayectoria corta y con demasiadas concesiones, no nos permiten ser muy optimistas al respecto. La organización administrativa no ha alcanzado el rango que nosotros hubiésemos deseado y, además, seguimos en un Ministerio que, si bien ha acogido en su seno a la Secretaría de Comunicaciones, no ha logrado poner nuestros problemas, los del sector, a la altura de nuestros compañeros de viaje (Transportes y Turismo). Se ha cambiado el ímpetu inicial de los momentos de Mayo de 1983, para volver a los discursos de cartón-piedra, que permiten al responsable político de turno pasar sobre los problemas sin apenas tocarlos. De esa organización administrativa debió surgir una norma legal que diese forma y contenido al disperso mundo de la telecomunicaciones en España. Pocas leyes, durante estos cuatro últimos años, han tenido un desarrollo tan confuso como el del anteproyecto hoy llamado LOT. Defendido sin ganas bajo el primitivo título de LOC, por el primer Gobierno Socialista, y reactualizado por el segundo, dejando por el camino aspecto trascendentes, es una norma a la que el futuro Parlamento deberá dedicar el tiempo y cariño suficientes para que no sea un bebé tardío y, además, con serias deficiencias. El segundo punto de referencia de nuestro sector se debe centrar en lo desarrollado por la Compañía Telefónica, sin duda el motor de las telecomunicaciones españolas. Pues bien, es obligado destacar, como ya hemos repetido en otros momentos y otros foros, que España sigue teniendo el peor nivel de penetración telefónica por 1000 habitantes de la CEE, con la excepción de Portugal e Irlanda; que mantenemos el nivel más bajo de inversión en telecomunicaciones por habitante, para idéntico entorno, y que la participación de los productos de explotación de las telecomunicaciones en el PIB es, igualmente, la peor de entre nuestros socios comunitarios. Añadidas a estas realidades, está una gestión de la Compañía que ha dado giros estratégicos radicales, durante este periodo, en sus aspectos industriales, impidiendo la consecución de planes que necesitan tiempo y planificación para su ejecución. En el día de hoy, por ejemplo, se echa de menos la continuidad de la política que estableció el Primer Plan Cuatrienal de la Compañía. En los aspectos de política industrial, la principal referencia para nuestros sectores ha estado en los entornos del Plan Electrónico e Informático Nacional. Fue, sin duda alguna, este reto de la Administración, más lejos en sus objetivos iniciales que en sus logros finales. La teoría del atajo tecnológico, usada como inspiración de las principales políticas industriales desarrolladas en el país, no ha permitido, hasta el momento, a pesar de los importantes recursos utilizados y de los mercados potenciales en presencia, demostrar si, primero, es un atajo y, segundo, si tras él se llega a los objetivos tecnológicos a los que el país debiera optar. El Plan, que estuvo repleto de deseos de obtener resultados brillantes para la galería de los números corrientes, sin fijarse en lo que dejaba de sólido realmente, abre las puertas a un segundo PEIN, ya anunciado, aunque todavía no conocido. La mera existencia de este tipo de planes merece ser saludada, por cuanto que ponen en evidencia las necesidades de planificación y protagonismo del sector público en los mercados tecnológicos avanzados. Otros muchos aspectos, como la gestión del espectro radioeléctrico, la situación de la televisión, la Ley de compras públicas, etc., merecerían ser tratados aquí, pero las limitaciones de espacio nos lo impiden. Sin embargo, no queremos pasar por alto el enorme problema, heredado por el actual Gobierno, que supone la escasez de recursos humanos cualificados para satisfacer las necesidades tecnológicas del país. La falta de previsión, en este sentido, nos ha llevado a que hoy estén en peligro objetivos tan queridos por nosotros como la tecnificación de la Administración y la expansión de la industria y de los productos nacionales. Este error de planificación de recursos para la Universidad, ha de ser corregido por el nuevo Gobierno de forma urgente. Para resumir, creemos que, en este cuatrienio, si bien se ha prestado más atención a los problemas que nos ocupan, la dedicación y el ritmo imprimidos no han alcanzado el nivel suficiente como para permitir al pasaje que se desabroche los cinturones y fumen, si lo desean. Estamos en un periodo aún crítico del viaje, y conducirlo con éxito es un reto al Gobierno que salga elegido y al que nos ofrecemos para colaborar en la construcción de ese mundo de las telecomunicaciones españolas, que tanto nos interesa a todos.