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31.- EDITORIAL Nuevo Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. Se acaban de celebrar elecciones a la presidencia del Instituto de la Ingeniería de España, tras terminar el mandato del anterior Presidente, el ingeniero del ICAI, don Augusto López Zuriaga. Un nuevo Presidente, el ingeniero naval don Manuel García Gil de Bernabé, ha obtenido la confianza de 40 de los 73 componentes del Consejo de Representantes del Instituto, y deberá, por tanto, coordinar durante los próximos cuatro años las actividades de esta Federación en la que estamos encuadradas las nueve Asociaciones de Ingenieros Superiores del país. Es un buen momento, por tanto, para revisar la trayectoria del Instituto durante los últimos e importantísimos años, y tratar de reflexionar sobre los temas más importantes de nuestra casa, con vistas al futuro. En términos generales, el análisis retrospectivo arroja un resultado claramente negativo, incluso podría decirse que catastrófico, pues el Instituto no ha sido capaz de hacer que la voz de la ingeniería española estuviera presente en los innumerables momentos decisivos que la transición y modernización que la sociedad española ha vivido y sigue viviendo. Siendo los ingenieros depositarios de una amplia gama de conocimientos, adquiridos fundamentalmente gracias a haber disfrutado de la oportunidad de pasar por unos centros universitarios, que a pocos españoles les fue dada, sobre todo en el pasado, su aportación a la orientación y resolución de los principales problemas económicos, técnicos y sociales no solamente es útil para la sociedad, sino que constituye un inolvidable deber, siendo precisamente el Instituto el mejor cauce del que dispone la ingeniería española para tratar de pagar la deuda social anteriormente indicada. Desde las vergonzantes dudas y rechazo final con que en la tarde del 23 de Febrero de 1981 se acogió la propuesta de nuestro Presidente y Decano de enviar en aquellos cruciales momentos un telegrama de adhesión a la Jefatura del Estado y a la Constitución, hasta la generalizada atonía institucional, que ha mantenido apagada la voz del Instituto ante problemas tan importantes como la reconversión industrial y reindustrialización del país, por citar sólo un ejemplo, pasando por la falta de una acción decidida en cuanto a la reorientación de ese gran fracaso de la ingeniería española, que es la previsión común, no se encuentra prácticamente ningún motivo para estar satisfechos del comportamiento de nuestro Instituto durante estos últimos años. Por esa razón nuestra Asociación, ante el pasado proceso electoral, mostró su apoyo a la persona que nos parecía más indicada para tratar de recuperar el tono y el pulso del Instituto. Esta persona es Ramón Boixadós, Presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Ingenieros Industriales, que, por su amplio conocimiento de la vida del Instituto, y por sus características personales y profesionales, podría haber sido sin duda un eficaz coordinador de los esfuerzos de cuantos pretendemos fortalecer el Instituto. Naturalmente, quienes venimos defendiendo y practicando las reglas de juego democráticas en el Instituto desde 1973, defendemos ahora el resultado de las recientes elecciones, y ofrecemos nuestro apoyo al nuevo Presidente, encaminándolo incondicionalmente a la superación de este peligroso bache en que ha estado sumida la actuación del Instituto, y que desearíamos concretar a la mayor brevedad posible en acciones orientadas a culminar el proceso de reorganización territorial del Instituto, de acuerdo con la estructura autonómica; a la definitiva clarificación de las relaciones Instituto-AMIC, reestructurando en la medida de lo posible la hasta ahora disgregadora e insolidaria política seguida por esa Asociación, absolutamente contraria al espíritu de prevención común que debería mantenerse en el colectivo de la ingeniería; la creación de cauces internos suficientemente ágiles como para captar la participación de los propios compañeros en tareas que tiendan a hacer presentes nuestros criterios en el proceso de cambio social, económico y técnico que se está operando en España. En definitiva, nos gustaría poder trasplantar a la actividad del Instituto una buena parte de las ilusiones que hemos venido poniendo en juego dentro de nuestra Asociación durante estos últimos años. Sr. Presidente del Instituto de la Ingeniería de España, enhorabuena por su elección y tiene Vd. la palabra.

32.- EDITORIAL El fin de una tregua. Cuando en Octubre de 1982 las elecciones celebradas en España llevaron a la Moncloa al equipo de gobierno del PSOE, nuestros deseos de que se modificasen, de forma radical, las maneras de “no hacer” de los ministros del ramo anteriores, eran enormes. Las esperanzas de que se cumpliesen nuestros deseos eran igualmente importantes, pues las declaraciones de los responsables del nuevo equipo en materia de telecomunicaciones, electrónica e informática permitían creer que existía una comprensión clara de los retos que estos sectores punta suponían para el futuro de nuestro país. Las declaraciones efectuadas en la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones, en 1983, por el Vicepresidente del Gobierno y por el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones permitían confiar en una aceleración del ritmo de las transformaciones tan largamente esperadas. Pero es el día de hoy y los temas fundamentales siguen pendientes. Creemos que este incumplimiento de objetivos no se debe a razones objetivas justificables, sino que responde tanto a una débil voluntad política por hacerlos realidad como la imposibilidad de romper algo tan terrible como la inmovilidad de la Administración española hacia aquello que signifique progreso y cambio. Continúan pendientes temas como una unificación de competencias y servicios en telecomunicación que aborde ya y solucione problemas pendientes, la realización práctica del Plan Electrónico e Informático Nacional que evite que su contenido se convierta en papel mojado, la redacción y tramitación urgente de una Ley de Ordenación de las Comunicaciones que supere ampliamente los topes que se plantea el borrador que actualmente elabora el Gobierno, y el replanteo de los criterios básicos de profesionalización de la Administración que permita la incorporación de técnicos capacitados para ejecutar las directrices políticas de los puntos anteriores. La resolución pendiente de dichos problemas y de otros de menor calibre, nos llevan a replantearnos el papel que actualmente está jugando nuestro colectivo. Queremos sustituir nuestro prudente silencio de los últimos meses, lógico como consecuencia de la confianza puesta en un equipo político que tropieza al principio de su gestión con dificultades obvias, y que a nada ha conducido, por una activa denuncia, esperamos que constructiva y para la que vamos a prepararnos seriamente, de aquellos aspectos que como profesionales entendemos deben formar parte fundamental de nuestra sociedad. Que nadie se olvide de que nuestro país tiene un futuro y que tal futuro, querámoslo o no, pasa por las telecomunicaciones, la electrónica y la informática.

33.- EDITORIAL Un parón a tiempo. Los colegios profesionales, son la parte más importante del entramado asociativo profesional de España. Tienen en su historia un contenido importante de tradiciones y funcionamiento democráticos, aún en épocas donde las situaciones imperantes no eran nada favorables a tales “veleidades”. Estas tradiciones y la valoración positiva de cualquier forma asociativa que los ciudadanos de un país se den, para evitar caer en la existencia de sociedades invertebradas, hacen apoyar de principio la idea de los colegios profesionales como una vía, no la única, del asociacionismo profesional. Una vez sentadas las bases anteriores, se está en mejor situación para acometer una tarea que nos resulta ingrata: dejar clara nuestra rotunda oposición al actual anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales que el Gabinete del PSOE parecía decidido a llevar a las Cortes en el próximo periodo de sesiones. Y nos resulta ingrata porque entendemos que tras la argucia de algún habilidoso maestro de pasillo, la Constitución obliga al Gobierno a regular “las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las Profesiones Tituladas”. Enfrentados pues a cumplir con un desarrollo de la Constitución, el gobierno ha desaprovechado una ocasión más para avanzar en el compromiso histórico de organizar desde el marco legal una sociedad que mire al futuro y no se embelese con las imágenes del pasado. El gobierno, y su ministro de la Presidencia, han sufrido el canto de las sirenas de los pasillos para intentar con un proyecto de ley que nos afecta a todos los profesionales, eliminar un moscón incómodo instalado en su seno (las actitudes de algunos colegios que han servido como oposición frontal a algunos de sus proyectos más atrancados). Nos parece mal método el intentar combatir a través de algo universal lo que no deja de ser un comportamiento sectario, torcido y radicalmente rechazable como el que ha mantenido una parte del amplio colectivo profesional. Pero nos parece peor el que se haya desaprovechado la ocasión para no abrir un debate con la sociedad organizada a través de sus asociaciones naturales acerca de los objetivos y funciones que deban tener los colectivos profesionales en una sociedad que mira ya al siglo XXI. Nos parece urgente definir si queremos avanzar hacia una Administración organizada sobre el criterio de su profesionalidad (incorporación de profesionales a sus filas), o bien, que prefiere mantener delegaciones de funciones más propias de épocas donde el atraso técnico de los administradores no les dejaba más remedio que hacer dejación de sus obligaciones. Es el momento de superar viejas concepciones de organización social en torno a las corporaciones, de discutir sobre la obligatoriedad de colegiación, de celebrar un debate para el futuro. Pues bien, nada de esto se ataca en el texto que se nos ha enviado para consulta. Solamente una situación que empeora el texto legislativo anterior, que no reconoce la pluralidad existente en las profesiones y que no distingue entre las infinitas modalidades de lo corporativo, entrando de manera conservadora en lo existente sin cuestionarse si para hacer eso merece la pena moverse o sería más rentable quedarse sin refrendar un pasado ampliamente rechazable. Algunas razones que pueden aclarar aún más “el estado del arte” en este tema son de modo telegráfico, las actitudes que los distintos colectivos han tomado hacia la ley. Han sido las fuerzas más conservadoras, menos proclives a remozar España las que con un disimulo mal ejecutado han apoyado a través de sus críticas el actual anteproyecto, que ha recibido las reprobaciones absolutas de todos los colectivos que en este periodo democrático han apostado siempre por mejorar la condición de nuestra organización social. La decisión tomada por el Gabinete González de paralizar la “criatura” del Ministro Moscoso nos parece cuando menos, prudente; ahora bien lo que nos parecería excelente es que el berraco en cuestión una vez devuelto a los corrales se le dedicase a buen fin, atacando la faena a ser posible con una nueva propuesta que partiendo de cero cumpliera su objetivo: adecuar ley y sociedad a los tiempos en que vivimos. Para ese proyecto nos ofrecemos a colaborar en el objetivo de realizar una ley perdurable y con futuro.

34.- EDITORIAL La Ley de Ordenación de las Comunicaciones En los últimos años, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, están sometidas a un intenso debate público, forzado por un no menos rápido cambio de sus bases tecnológicas. La consecuencia lógica de tal procesote discusión debe ser la readaptación, tras los estudios que sean precisos, de las normativas legales que rigen las disciplinas que nos ocupan. El caso de las telecomunicaciones en España es de una gravedad reconocida. No existen los mecanismos que regulen su funcionamiento interno y lo que es peor, no parece que se vayan a poner en marcha de manera inmediata. Por ello, la existencia de un borrador de Ley de Ordenación de las Comunicaciones ha sido recibido por los “interesados en la materia”, como un material a estudiar, a debatir. Como entre esta pequeña corte de “aburridos interesados” nos contamos las actuales Juntas de Gobierno del COIT y la AEIT, nos pusimos a trabajar sobre un análisis primero de lo que nos parecía el borrador en cuestión. Se generó el documento que recibisteis con el último Bit y que se presentó en la celebración del pasado día de San Gabriel. Definitivamente nuestro patrón no estuvo afortunado y el mensaje que recibimos desde los redactores del borrador (Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones) fue confuso. El representante de dicho Ministerio, al que hay que agradecer su valor, tuvo que recurrir a todas sus mejores habilidades para superar algo que no era fácil, las enormes deficiencias del texto que se nos proponía. El resultado fue que no hubo debate y que las más de 150 personas presentes se fueron con la cabeza caliente y los pies fríos de un acto que se preveía de interés y lleno de contenido. Una pena. Pero como nuestra voluntad no está para pararse en las pequeñas batallas, sino que quiere sobremanera avanzar en la consecución de un aparato legal sintonizado con las necesidades del sector en la actualidad, anotamos la actuación del último San Gabriel, en el “debe” de un Ministerio que parece ocupado en deshojar la margarita de sus incompetencias en materia de comunicaciones, y seguimos adelante. Continuamos solicitando que se abra el debate de la LOC, que se complementen aquellas parcelas que, según se reconoció públicamente, son indispensables para que se entienda el actual borrador. Si hace falta conocer el contrato del Estado con la CTNE para que la LOC tenga coherencia, pues anúnciese en qué términos están las discusiones. Si se están poniendo dificultades al futuro del sector por las actuaciones de otros ministerios que con sus planes condicionan el futuro de la LOC, pues acelérese el proceso de discusión global y no sectorial de estas problemáticas, conviértase el problema en un problema de Estado y no de un Ministerio. Y además solicitamos que si como se nos dijo, el espíritu de nuestra propuesta era válido en algunos aspectos, se nos exijan nuevas y más elaboradas aportaciones; queremos trabajar en lo que nos es muy querido, queremos aportar nuestros conocimientos y experiencias. Todo esto sin que confundamos, en ningún caso, que el límite de nuestra participación acaba donde la voluntad de los elegidos para gobernar marquen. Está en la inteligencia de éstos el querer o no aprovechar la aportación de alguien que siempre ha estado del lado de los que pretenden modernizar y hacer más eficaces las telecomunicaciones en España.

35.- EDITORIAL Ingenieros de Telecomunicación: ¡Se buscan! Durante años nos hemos preocupado desde estas páginas por el sector de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática, clamando por un reconocimiento formal de quienes toman decisiones económicas y políticas de algo que nos parecía obvio desde hace tiempo: la condición de sector clave para el desarrollo económico y social del país en las próximas décadas. Incluso hemos dado más importancia a esta cuestión que a otras de tipo corporativo, en contra del comportamiento habitual de la inmensa mayoría de los colegios profesionales, que suelen anteponer sus privilegios de casta a los intereses del conjunto de la sociedad. Esta actitud abierta, solidaria con otras posturas sustentadas por los colectivos más amplios y heterogéneos y volcada hacia el futuro, otorga a nuestro Colegio y a nuestra Asociación una importante dosis de credibilidad y de fuerza moral a la hora de exponer cualquier planteamiento, sea ante las administraciones, las empresas, los medios de comunicación o la sociedad en general. Y de ahí creemos que nace el auténtico prestigio de una profesión en su conjunto. Prestigio del que indudablemente empieza a haber muestras cada vez más generalizadas, y a favor del cual opera la decidida expansión del sector, hoy ya declarado oficialmente como de interés preferente, y sobre el cual concurren una serie de acciones impulsoras. Hoy vamos a centrar nuestra preocupación en el impacto que esas acciones pueden tener sobre la profesión, y viceversa. Se esté, o no, de acuerdo con los vectores estratégicos que inspiran las medidas impulsadas desde el Ministerio de Industria y Energía y desde la Telefónica, el hecho cierto es que con los planes y compromisos vigentes en la mano, durante el cuatrienio 1985-88 se van a crear entre 800 y 1000 puestos de trabajo perfectamente ocupables por ingenieros de telecomunicación. Suponiendo que el resto de la oferta de empleos para nuestros profesionales se mantenga al menos como hasta ahora (no hay desempleo propiamente dicho en esta ingeniería) nos encontramos con un peligrosísimo cuello de botella, que puede desembocar en dos situaciones poco deseables: o bien una buena parte de estos nuevos puestos es ocupada por otro tipo de profesionales menos preparados para el manejo de los conceptos y tecnologías propias de nuestro currículum académico y profesional, o bien se abortan algunas de esas iniciativas, en su aspecto de captación real de tecnología transferida o de generación de tecnología propia por falta de capital humano nacional, lo cual es más propio de un país tercermundista. ¿Solución? A corto plazo, ninguna enteramente satisfactoria. A largo plazo, es indudable la necesidad de dotar a la infraestructura académica de nuestra profesión de los medios que la importancia relativa del sector reclama. No sólo se trata de dedicar más fondos a la Escuela de Madrid, y de desbloquear el subdesarrollo en que la actitud caciquil y corporativista del sempiterno Rector de la Universidad Politécnica de Barcelona tiene sumida a la segunda de nuestras escuelas técnicas superiores, sino además estudiar urgentemente las medidas necesarias para la creación de nuevas escuelas, siempre con los suficientes medios como para dar una formación a la altura de las circunstancias. El futuro del sector lo exige, y los cientos de españoles que desean ser ingenieros de telecomunicación, sin cabida en los centros actuales, también. En el plazo más inmediato, el COIT y la AEIT van a ponerse en contacto con las entidades y empresas involucradas, para tratar de colaborar en la cobertura del mayor número posible de esos nuevos puestos con ingenieros de telecomunicación, en un afán más orientado a atender el reto de futuro, que a “copar” puestos supuestamente privilegiados, cuyos contenidos, repetimos, se adaptan perfectamente a nuestro perfil profesional. A todo esto, dedicaremos un próximo número de Bit.

36.- EDITORIAL Comunicaciones espaciales: una propuesta injustificable. Una vez más, la Administración se empeña en ahondar la brecha que nos separa de los países industrializados; ahora, con ocasión de las comunicaciones espaciales. Una vez más, nos vemos obligados a salir al paso. Todos los países europeos de nuestro entorno están embarcados en desarrollos más o menos globales de sus sistemas de telecomunicación, desarrollos en los que, sin abandonar la extensión de los sistemas terrenales clásicos, las comunicaciones espaciales ocupan un lugar preponderante, fundamentalmente en el campo de la televisión. Francia, por ejemplo, con una infraestructura actual ya envidiable, con cinco canales nacionales de televisión, uno de ellos de pago y otro basado en le sistema Eutelsat, tiene en marcha proyectos de radiodifusión directa por satélite (TDF-1, con dos satélites de cuatro canales), de satélites de comunicaciones y distribución de TV (TELECOM1, con tres satélites, uno de ellos ya lanzado) de distribución por cable y fibra óptica y, en fin, de TV de baja potencia que podría llegar a los 2500 transmisores. En todos ellos, la participación de la industria francesa es prácticamente total, lo que hará que se sitúe en condiciones óptimas de competitividad cara a un mercado exterior en continua expansión. Y siempre, naturalmente, con el decidido apoyo de las sucesivas administraciones, como es tradicional en el país vecino, en el que los proyectos gubernamentales son el motor principal de la industria punta. Es mucha la distancia que nos separa de Francia y resultaría poco realista el pretender que nuestro país se embarcara en programas tan ambiciosos. Sin embargo, sí es imitable el espíritu que lo anima. Así lo han entendido países como Suecia con dos proyectos de satélite: TELE X y NORDSAT; Italia, con el proyecto ITALSAT, un canal en el OLIMPUS y varios en EUTELSAT; Luxemburgo, con dos canales en el proyecto francés TDF-1 y un proyecto de satélite de 16 canales de comunicaciones y de distribución de TV (GDL); en fin, los países europeos consideran las comunicaciones espaciales como un sector decisivo dentro del desarrollo tecnológico. ¿Y España? España plantea la paradoja de ocupar el quinto puesto europeo en número de receptores de TV y uno de los últimos en I+D, junto con Portugal, Grecia y Chipre. No parece esto último muy acorde con las pretensiones de un país industrial medio que debería optar a la comparación y competencia con otros de capacidad similar, máxime ante las perspectivas de incorporación a la CEE. En relación con las comunicaciones, España tiene más necesidades de las que actualmente su infraestructura puede satisfacer. Puede ser artificial o no, pero es patente la exigencia de una mayor oferta de televisión, lo que conlleva la creación de alternativas a las actuales redes terrenales de distribución de TV y de comunicaciones en general; también debería resultar patente la exigencia de potenciación de los sectores industriales implicados: aeroespacial, electrónica profesional y de gran público y finalmente el de producción de programas de TV. Estas necesidades podrían empezar a ser satisfechas con un proyecto de comunicaciones espaciales con la televisión como motor del mismo, es decir, de un sistema de TV directa por satélite que incluyera canales de baja potencia para otras aplicaciones: distribución de TV, datos, etc. Y es en esta línea donde se encuentra la única actividad realizada hasta ahora: un trabajo del INTA, a petición de RTVE que consistió en un estudio de definición preliminar de un proyecto de sistema de TV directa por satélite. Hasta Septiembre de 1984, la Administración y la industria electrónica no se interesan en absoluto por el tema, salvo dos trabajos aislados en el campo de la recepción. En dicho mes se constituyó la CECE (Comisión Especial para las Comunicaciones Espaciales), al amparo de la Junta Nacional de Telecomunicaciones, en la que están representados en teoría todos los sectores públicos y privados implicados (Administración, CTNE, radiodifusores e industria), aunque con la paradójica excepción del INTA. Pues bien, la CECE redactó y entregó a finales de Enero un documento-propuesta al Gobierno que, a nuestro juicio, justifica el título de esta editorial y cuyas decepcionantes conclusiones básicas son: 1ª) Proponer la regulación de la recepción de señales de TV de otros satélites. 2ª) Estimar injustificada la implantación de un satélite propio. 3ª) Como alternativa alquilar capacidad en algún satélite de organizaciones internacionales, y 4ª) considerar conveniente hacer, en un futuro indefinido, un estudio de viabilidad de un satélite propio. En resumen, la CECE aparte de solicitar la extensión de la Ley de Antenas colectivas, propone la renuncia expresa a que España disponga de un satélite propio a medio plazo, argumentando una demanda insuficiente de servicios junto con elevados costes e insuficiente retorno industrial y tecnológico. Nuestra valoración es muy diferente. Por un lado ya hemos señalado la necesidad de servicios. Por otro, las cifras manejadas en el documento están sobrevaloradas, según nuestras estimaciones aproximadamente al doble del valor real, a lo que hay que unir que el coste de un sistema de satélite comparado con el de una red terrenal equivalente (cobertura total e inmediata) es muy favorable para el primero. Finalmente, los argumentos de retorno no resisten el mínimo análisis: el retorno industrial en el sector aeroespacial pede llegar a ser del 30 al 35% en el primer satélite y crecer en proyectos sucesivos. Está claro, además, que el porcentaje será cada vez más pequeño según se demore la decisión. En el sector terreno de emisión el retorno se estima en un 70% y en el sector recepción sería superior. En este último sector la renuncia significa la entrega del mismo a la tecnología extranjera; todo ello sin entrar a considerar las implicaciones en la industria de producción de programas de TV y las necesidades culturales de España. En un próximo artículo justificaremos todas esas afirmaciones. En fin, no comprendemos a la Administración, ni a la industria, ni a los radiodifusores, ni tan siquiera a la CTNE que a la larga también podría salir perjudicada. No comprendemos la propuesta realizada por la CECE y por ello solicitamos al Gobierno que no la tome en consideración y decida un estudio serio y urgente de la cuestión sin esperar a que un acontecimiento singular, como por ejemplo los Juegos Olímpicos de 1992 (los coreanos han decidido ahora tener un satélite propio para los Juegos del 88 en Seúl) haga tomar una decisión precipitada de última hora que sería mucho más desfavorable. Debemos competir en el ámbito europeo, a nuestro juicio, en algo más que en los cítricos.

37.- EDITORIAL Asumir el reto tecnológico. Al cabo de dos años de vigencia de Plan Electrónico e Informático Nacional, y cuando ya la Dirección General de Electrónica e Informática anuncia una revisión del mismo “al alza”, parece oportuno sopesar y valorar el camino recorrido hasta le fecha. La pregunta que en este sentido debemos hacernos es si el objetivo alcanzado de nivelar nuestra balanza de pagos es suficiente o no, y justifica el moderado triunfalismo de parte de la Administración. Importante resulta valorar el cómo ello se ha logrado y revisar el estado tecnológico actual de nuestra industria. A nuestro juicio, la nivelación “artificial” de nuestra balanza comercial, alcanzada pactando con las empresas multinacionales, no ha traído, ni traerá por sí sola, un desarrollo tecnológico propio, y es precisamente éste el gran fracaso del PEIN puesto en práctica. En muchos países, el tirón de la industria electrónica lo han dado las pequeñas y medianas industrias. En ello ha tenido una importantísima influencia el ambiente en que dichas empresas se movían. Las sociedades de capital-riesgo, los organismos dedicados a la investigación, la universidad, la ordenación y planificación de la demanda, la política de prototipos seguida, y, en general, el apoyo gubernamental al nacimiento y proliferación de industrias con tecnología y capital nacionales, ha significado, en conjunto, un caldo de cultivo adecuado para el protagonismo de la pequeña y mediana industria. En España este ambiente no existe y las PYMES, tal y como el anterior Ministro de Industria reconoció recientemente, son una de las asignaturas pendientes del presente gobierno. Tal estado de las cosas sucede porque el conjunto de los protagonistas, cada uno por separado y todos en conjunto, no han asumido el reto que las nuevas tecnologías suponen. Ni los empresarios, ni la banca, ni los profesionales, ni los sindicatos, ni el propio Gobierno han estado, ni están, a la altura de las circunstancias. Sin embargo, de todos ellos destaca la responsabilidad que el Gobierno tiene sobre el conjunto. Ni los empresarios proliferan porque sí; ni la banca, aunque debiera, invierte si no es con determinadas condiciones que garanticen básicamente el éxito de la operación; ni los profesionales se sienten necesariamente llamados, aunque para ello debieron haber sido formados, a patentizar contra corriente su vocación tecnológica o empresarial; ni los sindicatos pueden, al menos en estos momentos, dar más importancia a la tecnología que al empleo. Es el Gobierno quien tiene que demostrar su adecuación a los tiempos haciendo que el conjunto funcione. De él es la mayor responsabilidad. El PEIN no ha sido, hasta la fecha, la respuesta adecuada, ni la solución que nuestro país necesita. Nivelada la balanza de pagos, ¿quién se preocupa ahora de nuestra industria, de crear tecnología en nuestro país, de desarrollar nuestras propias capacidades, productos y sistemas?

38.- EDITORIAL Por algo se empieza. Al menos desde 1975 “por la tarde”, las Juntas Directivas de la AEIT y del COIT venimos propugnando la cada vez más urgente e imperiosa necesidad de reforzar el organigrama administrativo del que depende la ordenación, regulación, planificación y control políticos de las telecomunicaciones españolas. Más o menos 10 años después del comienzo de estas reivindicaciones de los profesionales, ha aparecido, sin que haya que hacerse muchas ilusiones sobre la relación causa-efecto, el Real Decreto 1.209/85 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, por el cual se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. A la vista de su contenido, no podemos considerar este acontecimiento más que como un tímido primer paso hacia la consolidación de una Administración de Telecomunicaciones fuerte, tecnificada, ágil, única y moderna. Por algo se empieza, aunque sea tarde. Para que esta Administración sea realmente fuerte, falta aún que su máximo responsable “con dedicación exclusiva” se siente cada miércoles en el Consejo de Ministros, teniendo como única preocupación el mundo de las comunicaciones, al margen de autobuses, aviones, trenes y tour operators. Una Secretaría General, con rango de Subsecretaría, ni siquiera garantiza la presencia del mundo de las telecomunicaciones en los Presupuestos del Estado, con entidad propia. Bienvenida sea, como camino intermedio y no como objetivo. Para que esa misma Administración sea tecnificada, es necesaria una urgentísima incorporación de los profesionales adecuados de acuerdo con el nivel de complejidad técnica que las telecomunicaciones van adquiriendo, y sin cuyo conocimiento es imposible tomar decisiones acertadas y rápidas. A nadie se le ocurriría criticar la densidad de economistas por metro cuadrado existente en un Ministerio de Economía, y sin embargo se acusa de corporativismo a quienes propugnan el incremento de profesionales de las telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Lo anterior no implica necesariamente masificar el funcionariado, sino, al contrario, agilizar la gestión pública gracias al concurso de especialistas que aportan un alto valor añadido a sus funciones. La unicidad de la Administración de las Telecomunicaciones requerirá, no sólo agrupar todas las competencias dispersas por los recovecos de la Administración Central en esta materia, sino también evitar la posible dispersión que el empuje de ciertas Comunidades Autónomas pueda provocar y, lo que es aún más importante, aglutinar bajo ese deseable Ministerio de Comunicaciones, las responsabilidades no sólo reglamentarias y políticas de las telecomunicaciones, sino también las económicas, cuyos centros de decisión se encuentran hoy alojados en los Ministerios de Economía e Industria y Energía, más que el de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Así pues, bienvenido sea el Decreto, bienhallados los nombramientos de Director General de Telecomunicaciones y Asesor Ejecutivo del Ministro, que recaen por primera vez en profesionales cualificados de las telecomunicaciones, y bien deseada sigue siendo la solución global de tipo tanto organizativo (un Ministerio, para no ser el único país grande de la CEE que no subraye a ese nivel la importancia de las telecomunicaciones) y el marco legal que en forma de LOC, LOT, o LOX encauce el desarrollo futuro de nuestro sector.