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93.- EDITORIAL Chapuzas no, gracias. En nuestro Editorial del número correspondiente a Marzo, solicitábamos urgencia en la tramitación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, advirtiendo que “cualquier dilación provocada por confrontaciones políticas o entre los Partidos va en contra de los intereses del conjunto del país”. Hoy podemos decir con enorme preocupación que lo que entonces no era sino una conjetura, puede llegar a ser una tremenda realidad. En la lucha por conservar el poder a toda costa, los intereses partidistas de unos y de otros están a punto de dar al traste con una de las más importantes iniciativas tecnológicas y de servicios que este país tenía y tiene por delante, y convertirla, nos guste o no, en una chapuza. La jugada es simple: de ley de telecomunicaciones por cable se pasa a la de televisión por cable, y se acaba de golpe con las discrepancias… si no fuera porque en ello perdemos todos demasiado, y dejamos pasar una oportunidad tecnológica de carácter histórico que difícilmente volverá a repetirse en el futuro. Otros países gozan ya de la televisión por cable. Deberán adaptar sus estructuras, con un coste elevado, a una utilización mucho más ambiciosa del mismo. De servir únicamente para transportar la señal de televisión, podrá utilizarse para telefonía y servicios multimedia interactivos (teletrabajo, teleeducación, telemedicina, etc.). En España partimos, paradójicamente gracias a nuestro retraso, con una ventaja inicial, pues directamente podríamos preparar nuestras estructuras y nuestra industria a todos los servicios que una señal de banda ancha por cable puede transportar. Ventaja que estamos a punto de tirar por la borda, por el simple hecho de que, con ello, se aparca, para cuando quizá ya sea tarde, la discusión de algo tan obvio, porque así lo enuncia nuestra Constitución, como es que, en telecomunicaciones, sólo las señales de televisión son competencia de las Comunidades Autónomas, mientras que el resto lo son del Estado. Ahora, la paralización de la ley va a traer consigo un importante retraso estructural, junto con una creciente alegalidad, e importantes inversiones a la espera de tiempos mejores. Como resulta difícil ponerle puertas al campo, las iniciativas de cablear territorios, ya sean locales, comarcales o autonómicos empiezan a aparecer como hongos. La polémica entre el Gobierno Central y la Generalitat de Catalunya quizá sea la más notoria, pero, a otros niveles, hay ya demasiadas iniciativas que impedirán en el futuro que el cable en España sea un desarrollo armónico de nuestro territorio para convertirse en un reino de taifas donde valdrá casi todo y será casi imposible interconectar las redes que vayan implantándose en el tiempo. En este sentido, resulta ejemplar el Decreto del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que, aprovechando la alegalidad en que estamos inmersos, publica en el BOE para la contratación de una red de cable. Señores diputados: chapuzas no, gracias. Impedir con su “salomónica” decisión el desarrollo de las capacidades y expectativas que la ley de telecomunicaciones por cable estaba generando es, además de tirar balones fuera, algo que, en las actuales circunstancias industriales y económicas por las que atraviesa nuestro país, no es de recibo. El COIT, desde luego, no va a firmar el acuse del mismo.

94.1.- EDITORIAL De la alegalidad a la inseguridad jurídica. Cerramos esta edición asistiendo atónitos al anuncio de que los 54 alcaldes populares de ciudades de más de 100.000 habitantes, siguiendo el precedente de un municipio del PSOE, el de Barcelona, sacarán a concurso las concesiones para la construcción y explotación de sus redes de cable. Simultáneamente saldrán a concurso las mismas concesiones de acuerdo con la futura ley de telecomunicaciones por cable, fruto del pacto parlamentario entre PSOE, CIU, PNV e IU. Por su parte, los responsables del PP anuncian que si obtienen suficiente mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales, modificarán la ley de manera que las licencias válidas serán aquéllas que procedan de los concursos de los ayuntamientos, invalidando los concursos que se hagan de acuerdo a la ley que finalmente apruebe el Parlamento. El disparate es mayúsculo. Ante semejante inseguridad jurídica ¿qué inversor puede comprometerse seriamente en el desarrollo del cable? Situaciones como ésta sólo favorecen a especuladores, o, lo que es peor, permiten que entren operadores e instaladores de infraestructuras de otros países en los que la reciprocidad de negocio no existe. En cualquier caso, garantizan un importante retraso en el despliegue del cable, el “acceso de banda ancha”, en este país. Paradójicamente, esto sucede cuando se acaba de aprobar una directiva europea que autoriza, a partir del 1.1.1996, la utilización de las redes de TV por cable como soporte en la prestación de los servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, esto es, todos menos la telefonía pública vocal. Durante meses los órganos rectores del COIT y de la AEIT han mantenido reuniones constantes con todos los grupos parlamentarios, agentes y asociaciones representativas del sector, a quienes se les ha explicado la trascendencia que para todos tenía la pronta aprobación de una ley de telecomunicaciones por cable. Una ley tan importante para el conjunto de nuestro país que exigía, a nuestro juicio, el consenso de todas las fuerzas políticas sin excepción. Sabemos que nuestro mensaje ha calado en todos los grupos parlamentarios. Que las diferencias entre el texto consensuado y la propuesta del grupo popular no son insalvables. Que la ausencia del PP se explica por su desconfianza ante el acuerdo entre Telefónica y PRISA sobre Cablevisión. Que el conflicto de intereses entre los grandes grupos de comunicación está interfiriendo el proceso de consenso. Apelamos una vez más al buen sentido de nuestros dirigentes políticos y pedimos a quienes han pactado que eliminen esta desconfianza e inviten al PP a sumarse al debate en la tramitación de la ley en el Senado. A su vez pedimos al Partido Popular que, entre tanto, estudie la posible retirada de los concursos de los ayuntamientos. Los intereses del país, en los dos casos, deben estar por encima del “sostenella y no enmendalla”. También pedimos cordura a las administraciones públicas. En esta lucha de intereses, lícitos, entre las Administraciones estatal, autonómicas y municipales, convienen que todos recuerden, y lo decimos como ciudadanos, el papel que la Constitución y la legislación vigente les reservan a cada una de ellas, así como su obligación política de servicio público. Los ayuntamientos tienen un importante papel que desempeñar protegiendo el dominio público y obteniendo contrapartidas para sus municipios, pero ello debe ser compatible con una política nacional de telecomunicaciones. Finalmente, y no menos importante que todo los anterior, conviene recordar el peso de las telecomunicaciones como motor industrial de cualquier país. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deben favorecer a las empresas españolas, velando por los intereses del nuestro y evitar que su protagonismo particular permita la entrada por la puerta falsa de operadores e instaladores de otros países. El negocio inmediato, el sálvese quien pueda, el ganar utilizando recursos traídos de fuera en lugar de sacar partido a nuestras propias capacidades, es pan para hoy y hambre para mañana.

94.2.-EDITORIAL Bienvenida la competencia. La aparición de nuevos operadores que abran el mercado a la competencia ya es una realidad en el segmento de la telefonía móvil digital. Otros servicios se abrirán a la elección de los usuarios en el futuro. En GSM, tanto Telefónica Móviles como Airtel Móvil han superado los plazos marcados con éxito y cumplido sus compromisos técnicos. El COIT ya ha firmado con Airtel un acuerdo que permite al nuevo operador agilizar sus obligaciones legales. Telefónica, ya lo sabe, va a encontrar siempre abiertas las puertas del Colegio para un convenio semejante. Desde estas páginas damos la bienvenida, como no podía ser de otra forma, a ambos, pero especialmente por lo que ello supondrá de desarrollo, de tecnología, demanda de productos españoles, mejora del empleo e internacionalización de nuestra oferta que son, en definitiva, intereses de todos. Y les recordamos nuestra oferta de estrecha colaboración pues, no en vano, será el colectivo que representamos, el de los ingenieros de telecomunicación, uno de los que más puede aportar al éxito de esta experiencia.

95.- EDITORIAL Ahora o nunca. Hace ya más de dos años que las juntas del COIT y la AEIT sometimos a debate público la conveniencia de impulsar la creación de un segundo operador de redes y servicios de telecomunicación. Un segundo operador privado que imaginábamos básicamente español, tanto en la composición accionarial de su capital como en la responsabilidad de su gestión. Un operador construido a partir de agentes que ya disponen de redes importantes, lo que permitía rentabilizar al máximo las inversiones ya realizadas y asegurar el mejor aprovechamiento de estas infraestructuras, y en el que se integrarían las entidades financieras nacionales interesadas en el negocio de las telecomunicaciones. Hace algo más de un año, el gobierno se comprometió con este proyecto. Ha sido, sin embargo, sólo en estos últimos meses, coincidiendo con el final de la legislatura, cuando se han acelerado las acciones legislativas para ejecutarlo. Una vez más la Administración no ha actuado con la celeridad que exigían las circunstancias. Hoy es evidente que no es posible finalizar este proceso antes de las próximas elecciones generales. Por otro lado, tras el establecimiento del denominado “núcleo duro” en torno a Telefónica, los candidatos a convertirse en socios del segundo operador están muy claros. Operadores públicos dependientes del MOPTMA, empresas eléctricas y de servicios, las entidades financieras no pertenecientes al mencionado “núcleo duro” y los operadores de telefonía móvil y cable alternativos a Telefónica. Nos consta además que en los últimos meses se ha avanzado mucho en la “concertación” de estos agentes. El procedimiento de adjudicación debería impulsar esta integración. Es más importante construir un operador fuerte capaz de incorporar valor añadido nacional durante muchos años que recaudar más o menos dinero por la licencia. El “Ahora o nunca” que encabeza este editorial quiere ser una llamada de atención sobre el agotamiento de los plazos. Si queremos que este segundo operador esté preparado en 1998, tiene que arrancar antes del verano de 1996. Es decir, que las autorizaciones, licencias, líneas generales de regulación y arbitraje deben decidirse en los próximos meses. ¿Cómo garantizar la continuidad de un proyecto que tendrá que completarse precisamente en la etapa de relevo del gobierno? Una vez más, apelamos al buen sentido de nuestros responsables políticos, en particular de quienes aparecen como alternativa de poder, para que con sus actitudes no dilaten más el proceso y nos permitimos recordarles que este tipo de situaciones han de considerarse como cuestiones de Estado, y que deben, por lo mucho que nos jugamos, permanecer al margen del enfrentamiento partidario.

96.- EDITORIAL Ante las elecciones generales. De nuevo nos enfrentamos con la posibilidad que todo sistema democrático ofrece periódicamente, que posibilita ante las urnas, el refrendo de una gestión o la elección de nuevas alternativas. Como de costumbre, desde nuestras organizaciones profesionales y desde su medio de comunicación, pretendemos ayudaros a conocer mejor las propuestas que, en tecnologías de la información y las comunicaciones, hacen quienes solicitan nuestro voto para su partido. Como primera reflexión, conviene destacar el peso que, en los programas políticos, tiene nuestro sector. En tan sólo cinco años hemos pasado de tratar de convencer a nuestros políticos de la trascendencia que las tecnologías de la información tenían e iban a tener para nuestra sociedad, a que éstos hagan de nuestro sector uno de los ejes de nuestras políticas a seguir en la próxima legislatura. Tan rápida evolución, más obligada por los derroteros que la tecnología y la economía han tomado en el mundo, que por decisión propia, debería equilibrarse con momentos de reflexión y síntesis, como son los de presentación de programas, para establecer estrategias y compromisos a medio y largo plazo. En este sentido, en el que nuestro colectivo desea hacer algunas reflexiones ante las que las diferentes alternativas deberían situarse. Frente a las grandes generalidades y planteamientos difusos con los que antes se respondía a las grandes cuestiones pendientes en nuestro sector, la madurez alcanzada en los momentos actuales obliga a nuestros políticos a posicionarse en asuntos concretos y resolver situaciones ante las que no cabe echar balones fuera. El grado de liberalización de los servicios; el papel que han de jugar empresas como Telefónica, Retevisión, Hispasat, compañías eléctricas, etc., la creación real y el carácter del segundo operador; la existencia o no de un regulador específico e independiente de la administración; el apoyo real a la industria; la universalización de los servicios; o el reparto de competencias entre las diferentes Administraciones, local, autonómica y central, para evitar enfrentamientos absurdos, son algunos de los interrogantes a los que nuestros políticos habrán de dar respuesta. Para todo ello, a la hora de leer estas líneas ya habrá tenido lugar un debate en los locales del COIT y la AEIT con los responsables de nuestro sector en cada una de las formaciones políticas más destacadas. Además, y en estas páginas, podréis encontrar las contestaciones de todos ellos a un cuestionario común que les remitimos. Esperamos, con todo ello, haberos ayudado a conocer mejor las propuestas de unos y otros a la hora de decidir a quién dar vuestro voto.

97.- EDITORIAL Telecomunicaciones: Un pacto de Estado para el siglo XXI. Prácticamente sin cerrar aún el proceso electoral del 3-M, la perspectiva política presenta una serie de interrogantes que deberán dirimirse a lo largo de este mes. Uno de los sectores más debatidos antes del 3-M ha sido el de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Si se analizan los planteamientos de los distintos partidos políticos a lo largo de los últimos meses, se puede concluir que apenas existen discrepancias en los grandes temas, como ya quedó patente en las declaraciones programáticas de CiU, PNV, IU, PP y PSOE publicadas en estas mismas páginas o en el artículo sobre el acto electoral organizado por el COIT que se comenta en este mismo número. Esto debería facilitar el entendimiento entre todos, ya obligado por la aritmética parlamentaria. No obstante, todavía permanece como escollo a salvar la ley de telecomunicaciones por cable y su posterior desarrollo reglamentario. Aunque ya existe un texto de ley aprobado por las Cortes, el hecho de que el Partido Popular fuera el único que se opuso en su momento, promoviendo incluso entre sus municipios la adopción de iniciativas en el tema contrarias a la ley, y la nueva fuerza parlamentaria que la necesidad de pactos de gobierno puede dar a los partidos minoritarios, que tampoco aceptaban la redacción inicial de la ley pero que llegaron a un consenso sobre la misma y le dieron su apoyo, hace que deba contemplarse la posibilidad de que se puedan producir cambios. En cualquier caso, los responsables políticos de nuestro país debieran tomar conciencia de la absoluta necesidad de un pacto de Estado en el hipersector de las comunicaciones y las tecnologías de la información, similar al que se ha producido recientemente en EE.UU. con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas a la ley de telecomunicaciones. Deberían nuestros políticos darse cuenta de esto, y de la conveniencia de que la nueva regulación que necesita este sector esencial no sea fruto de los intereses coyunturales de los partidos que pretendan emplear su apoyo a este proyecto como moneda de cambio para conseguir concesiones en otras esferas de su actividad política, sino que realmente refleje los intereses de los distintos agentes involucrados en el desarrollo de este hipersector de crucial importancia para el futuro de España. La construcción de la Sociedad de la Información, cuyos efectos se manifestarán en todos los aspectos de la vida económica y social: empleo, industria, calidad de vida, educación, cultura, etc., y de la cual España no puede ni debe quedar al margen, requiere que, de cara a esta revolución del siglo XXI, se produzcan un debate profundo y un acuerdo estratégico en el que participen activamente todos los sectores y agentes sociales. En este sentido, el COIT y la AEIT, como representantes de los profesionales del sector, cuya participación resulta ya imprescindible en un contexto tan tecnificado como es este, ponen a disposición de las Instituciones todo su saber hacer, con la misma voluntad y espíritu de colaboración que ya han demostrado en anteriores ocasiones.

EDITORIAL La política de telecomunicaciones del nuevo gobierno: el real decreto-ley 6/96 El nuevo gobierno parece querer demostrar su interés por el sector de las telecomunicaciones. No ha sido muy habitual en gobiernos anteriores que, recién incorporados a la difícil tarea de gobernar, realicen una declaración reconociendo este sector como estratégico y generador de riqueza a medio plazo, y se lancen a crear una batería de iniciativas con carácter prioritario para la adecuación y reordenación del sector de las telecomunicaciones al nuevo entorno. Nuestro colectivo siente, por tanto, una gran satisfacción al conocer que, desde los nuevos poderes públicos, se tenga tan elevada consideración de su entorno. Tan solo un mes después de la constitución del gobierno (en cuyo discurso de investidura, José Mª Aznar hizo una leve mención a la política del sector), el Consejo de Ministros del 7 de Junio aprobó un Real Decreto-Ley, en cuya exposición de motivos se refleja la importancia con que considera el actual Gobierno el sector de las Telecomunicaciones. Es bueno recordar que gran parte de los principios expuestos en el Real Decreto-Ley han sido objeto de debate en nuestro colectivo y han sido promovidos por el COIT-AEIT desde hace tiempo. Cuatro son las áreas que se desarrollan en el Real Decreto-Ley: (1) la creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, (2) la modificación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, (3) la Concesión del título habilitante a RETEVISION para la prestación del servicio de telefonía básica y (4) la modificación de la LOT. Esta última es una necesidad obligada para ajustar el marco legal del sector al nuevo entorno de competencia en los servicios finales y portadores. Sobre las demás áreas expondremos unas primeras reflexiones. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C.M.T.) La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C.M.T.) va a ser el órgano encargado de, entre otras funciones, el arbitraje y vigilancia de las reglas de la competencia y del juego limpio entre los operadores. La necesidad de un órgano independiente de estas características está bien identificada y debatida en nuestro sector. No está asegurado que la C.M.T., tal como está definida en el decreto, sea el órgano regulador moderno necesario para el desarrollo de un mercado de servicios de telecomunicaciones en régimen de competencia, puesto que su capacidad reguladora y sancionadora dependerá de las competencias que se le vayan otorgando en el futuro desarrollo reglamentario. Además, la dependencia de este órgano del Ministerio de Fomento, así como el procedimiento para el nombramiento de sus componentes (Presidente, Vicepresidente y cinco vocales), que será en su totalidad a propuesta del mismo, nos introduce la duda evidente acerca de la "independencia" de este órgano. En cualquier caso, pensamos que este es un paso valiente, aunque arriesgado, hacia la creación de un órgano de arbitraje moderno e independiente. Ley de telecomunicaciones por cable En lo que respecta a la ley de telecomunicaciones por cable, las modificaciones que se introducen en el Real Decreto-Ley no se corresponden con la batalla planteada por el PP desde la oposición durante la última etapa de la pasada legislatura. Ahora el PP, en la función de Gobierno, recibe el efecto boomerang de su política anterior de lanzar a "sus" ayuntamientos a la concesión de licencias para operar en el cable. No se ve claro cual va a ser la situación en que quedan las licencias concedidas recientemente como son los casos conocidos de Sevilla y Valencia. Por otro lado, el decreto obliga a Telefónica de España a guardar un período de espera de 24 meses para poder operar en las demarcaciones en competencia. Dos años es mucho tiempo, en un momento como el actual en el que asistimos al lanzamiento de los servicios multimedia, y no parece que ayude a la competencia mantener en el congelador durante tanto tiempo a uno de los principales competidores con clara capacidad y vocación inversoras. Este área de las Telecomunicaciones por Cable es, por estos motivos y por el propio procedimiento de sacarlo mediante Real Decreto, en donde empiezan a aparecer las primeras fricciones entre el gobierno popular y sus socios de legislatura. Segundo Operador Finalmente, el Real Decreto-Ley otorga el título habilitante a RETEVISION para operar en Telefonía básica, con el objetivo de tener a corto plazo una participación mayoritariamente de capital privado. La propuesta de creación de un segundo operador en torno a RETEVISION la empezamos defendiendo desde el COIT-AEIT desde hace más de dos años. Con la nueva medida el gobierno hace prácticamente tabla rasa de todos los acuerdos alcanzados y de los avances que se habían hecho hacia la creación del segundo operador con OPTEL. ¿Quiere esto decir que el gobierno actual tiene una alternativa mejor respecto a los agentes económicos que vayan a participar en el proyecto del segundo operador?, o ¿es que no le gustan los agentes que habían llegado a un acuerdo con OPTEL, en los que no figuraba el sector financiero?, ¿considera el gobierno que RETEVISION tiene capacidad suficiente como para poder liderar en solitario la creación del segundo operador? Sean cuales sean las razones que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión, lo que de verdad nos preocupa es que todo ello no suponga tanto un nuevo retraso en el proceso de creación del segundo operador, como que se pueda perder el control nacional del mismo. No cabe duda de que introducir la competencia en la telefonía básica a través de un duopolio en el que el segundo operador se estructure con activos y capitales fundamentalmente españoles es una gran oportunidad para la industria suministradora y los operadores de servicios que generan valor añadido en nuestro país. Pero no es menos cierto que para que ello sea posible es preciso que el segundo operador disponga de tiempo suficiente para alcanzar un grado de desarrollo adecuado antes de permitir la entrada de otros operadores. En consecuencia parece prácticamente ineludible hacer uso de al menos una parte del período de moratoria a que tiene derecho España. De la capacidad política y negociadora de nuestros representantes en la Unión Europea dependerá que la utilización de este derecho no implique la aplicación de medidas que puedan perjudicar las estrategias y alianzas de Telefónica con otros operadores europeos como puede el caso de Unisource. El gran reto para la nueva Administración es conjugar simultáneamente el apoyo al proceso de globalización de Telefónica, nuestro principal activo en telecomunicaciones, y la obtención del máximo beneficio a la introducción de competencia. La creación del segundo operador puede ser un instrumento adecuado para conseguirlo, pero exige gran inteligencia política y de capacidad de persuasión frente a nuestros socios europeos. A pesar de estos grandes interrogantes, que surgen de la nueva política de telecomunicaciones, es necesario conceder al gobierno un margen de credibilidad, para ver si son o no capaces de implantar la política que emana de la exposición de motivos del Real Decreto, reservándonos el próximo otoño para hacer balance sobre los logros y carencias que se han obtenido en la implantación de su política. Finalmente, queremos hacer llegar nuestras felicitaciones como colectivo, hacia dos de nuestros compañeros, José María Vázquez Quintana y Valentín Sanz Caja, por haber sido designados para dirigir las riendas de la política de telecomunicaciones del nuevo gobierno. Las Juntas de Gobierno del COIT-AEIT estarán siempre dispuestas a ayudarles en su difícil tarea y a prestarles la máxima colaboración.

EDITORIAL El coit ante las nuevas titulaciones Hace dos años, en otro editorial y bajo el significativo titular "Títulos académicos / Títulos profesionales. ¡Regulación ya!", este colegio llamaba la atención sobre la problemática que generaría el nuevo catálogo de titulaciones académicas si no se establecía una regulación equivalente en el ámbito profesional. En otras palabras, si no se creaba un nuevo catálogo de colegios profesionales acorde a las nuevas titulaciones. Desgraciadamente, todas las incertidumbres que entonces denunciábamos siguen abiertas. Como resultado, las universidades ya han egresado las primeras promociones de nuevos ingenieros que están ejerciendo sin ninguna atribución reconocida, ni colegio profesional que respalde su actividad profesional. Por otro lado, la reciente modificación de la Ley de Colegios Profesionales aprobada por el nuevo Gobierno obliga a modificar sus estatutos en el plazo de un año, lo que constituye una oportunidad para normalizar la situación. El sentido común indica que deben ser el Ejecutivo y el Legislativo los que, una vez admitida la colegiación obligatoria y después de consultar con todos los agentes implicados, regulen la actividad profesional apostando por una solución de carácter general. Se debe crear un nuevo marco legislativo que permita la creación de nuevos colegios profesionales y la modificación consensuada de los estatutos de los actuales colegios para que estos puedan acoger, en su caso, a las nuevas titulaciones. Desafortunadamente, si la Administración no aborda el problema urgentemente caminaremos hacia un caos cuyos resultados no serán otros que el perjuicio de los ciudadanos y la merma del prestigio de los colegios profesionales. Además, en este "mar revuelto" es inevitable que se produzcan movimientos de "pescadores" a la búsqueda de posibles "ganancias". Según algunas informaciones los Colegios de Ingenieros Industriales ya han dado un paso que nos afecta directamente y nos obliga a posicionarnos ante esta problemática a muy corto plazo. Concretamente parece ser que están estudiando la modificación de sus estatutos para permitir la incorporación en sus colegios, no sólo de las nuevas titulaciones generadas a partir de su antigua titulación, sino también, y esto es muy grave, las de Ingeniero en Electrónica e Ingeniero Informático. Es evidente que estos títulos habilitan para el ejercicio profesional en un porcentaje muy importante de lo que conocemos como sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También es notorio que la Ingeniería de Telecomunicación, tanto por los estudios académicos que la soportan, como por la realidad de su actividad profesional, tienen este ámbito de actuación. Además, no conviene olvidar que las dos titulaciones tuvieron su origen y fueron propuestas desde nuestras Escuelas de Telecomunicación. Nuestra posición, de partida sería que, si estos colectivos lo desean, creasen sus propios colegios pero, ante la posibilidad, más que probable, de que no se creen colegios para estas dos titulaciones y que otros colegios menos afines pretendan asimilar a sus titulados. ¿Debemos abrir el colegio a estos colectivos, aumentando nuestra representatividad y fuerza en el sector? Por el contrario, ¿es mejor mantener un colegio más homogéneo y sin correr el riesgo de diluir nuestra propia personalidad? Muy pronto el COIT cumplirá treinta años. Durante este tiempo nuestra profesión, con el esfuerzo de todos y recorriendo un camino no exento de dificultades, se ha ganado un sólido prestigio en el sector. Ahora nuestra institución podría tener que enfrentarse con una de las decisiones más importantes y difíciles de su historia. Esta Junta de Gobierno propiciará en los próximos meses un debate abierto cuyo fruto nos permita apostar por una opción. Debemos actuar con rapidez y generosidad, pensando en el futuro y no en el corto plazo, haciendo los sacrificios necesarios sin dejarnos llevar por el miedo a lo desconocido, apostando por lo mejor y no por lo más cómodo. Todos debemos participar en el debate y, una vez tomada la decisión, apoyarla sin fisuras. Hay mucho en juego.