Resultados de búsqueda para ...

73.- EDITORIAL La LOT se reforma. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, aprobada hace cuatro años, supuso un gran paso hacia adelante en cuanto a la modernización del sector y su adecuación a las tendencias existentes en el mercado mundial de las Telecomunicaciones. Un aspecto positivo que se había de reconocer entonces era el simple hecho de que llenaba el vacío regulador que hasta ese momento existía en nuestro país. Repasando el grado de cumplimiento de la Ley, hay que recordar una vez más desde nuestra revista los aspectos importantes incumplidos. Incumplimientos graves, como el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT) y el nuevo contrato con Telefónica, que debían haberse establecido dentro del año siguiente a la promulgación de la LOT. Tras la reciente constitución del Consejo asesor de Telecomunicaciones, otro aspecto de la LOT que estaba pendiente, parece que ambos vacíos serán llenados en breve. En particular, damos la bienvenida desde estas páginas al PNT, cuyo borrador ya está siendo debatido en el Consejo Asesor. Pasando a analizar las modificaciones que se proponen en la LOT, es de destacar la incorporación de un artículo netamente liberalizador en cuanto concierne a los servicios no contemplados como servicios finales, dejando dentro de esta última categoría tan sólo a los servicios telefónico y telegráfico, que seguirán manteniendo su régimen de monopolio. En cuanto a los servicios que se liberalizan, destaca el calendario previsto para la implantación del régimen de libre competencia en servicios que en otros países de la Comunidad europea ya gozan de este marco, presentando plazos generosos de entrada en vigor de las medidas liberalizadoras (Enero del 93 para conmutación de datos, finales del 93 para telefonía móvil y finales del 96 para la reventa de la capacidad de servicio). Este calendario proporciona, una protección suficiente a los intereses del operador nacional. Pero, bien entendido, Que si deseamos que redunde en beneficio del conjunto de los intereses del sector, deberá aprovecharse el compás de espera para promover el sector industrial y apoyar el posicionamiento de los suministradores de servicios españoles. De no ser así, vemos difícil justificar unos plazos con los que se corre el riesgo de provocar un estancamiento en el desarrollo de los servicios, lo que sin duda haría que los usuarios demandasen un mayor ritmo liberalizador. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, por otra parte, debería hacer especial énfasis en l garantía de una calidad de servicio para los usuarios. Nos parece que estos aspectos no están debidamente contemplados en el nuevo texto, aunque bien podrían reservarse para el desarrollo reglamentario. Respecto de la exigencia de una calidad de los servicios, se nos presentan un buen número de preguntas: ¿De qué forma la Administración va a hacer un seguimiento preciso de la calidad de los servicios de los diferentes explotadores? ¿Tiene recursos para ello? ¿Qué planes tiene para garantizar los servicios al usuario? El nuevo texto de la LOT no profundiza en el capítulo de penalizaciones para los incumplimientos de unos niveles mínimos de calidad de servicio. De todos modos podríamos preguntarnos si la Administración tendrá poder suficiente para imponer unas penalizaciones a la mismísima Telefónica. ¿Qué dirá su primer accionista, que es el propio Estado a través del Ministerio de Hacienda? Un aspecto importante a tener en cuenta es el propio papel que la Administración tendrá como catalizador del proceso de liberación. La Administración deberá garantizar este proceso asumiendo las funciones de vigilancia y control del mismo: vigilancia de la calidad de servicio, garantía de interoperabilidad entre redes, garantía de un trato igualitario a los diferentes operadores de servicios de valor añadido por parte de los operadores de red, etc. Al mismo tiempo, la Administración tendrá que cumplir unas exigencias acerca del desarrollo reglamentario y la homologación de equipos y sistemas, sin las cuales el proceso no podrá funcionar. Todas estas funciones y exigencias de la Administración difícilmente podrán ejercerse si ésta es débil, no sólo en recursos sino en representatividad política. El papel específico que la administración tiene en el proceso de liberalización se halla actualmente perdido por el organigrama de un mastodóntico Ministerio de Obras públicas y Transportes. Asegurar un adecuado control del proceso de liberalización de las Telecomunicaciones es una tarea ardua que ha sido abordada hace ya tiempo por otros países, y no siempre con los resultados que se esperaban, a pesar de contarse con importantes aparatos administrativos. Desgraciadamente, esas fuertes estructuras no se dan en nuestra administración de Telecomunicaciones, verdaderamente insignificante tanto técnica como políticamente, frente al coloso representado por Telefónica. Por ello, de seguir por este camino, la buena marcha del proceso de liberalización se hará aún más difícil: su fracaso puede estar a la vuelta de la esquina.

74.- EDITORIAL ¡Quo vadis, COIT! Como cada cuatro años, y ésta es su tercera edición, Colegio y Asociación analizan la realidad socio-profesional de los ingenieros de telecomunicación. El estudio, recién salido del horno bajo el acrónimo PESIT-3 y cuyo avance se presenta en este mismo número, ya tiene un carácter de valor añadido valiosísimo: es dinámico, al poder correlacionarse con los anteriores PESIT-1 y PESIT-2. Sus contenidos se pueden asociar a tres áreas diferenciadas: el entorno profesional y social del ingeniero de telecomunicación, en donde se desmenuza la profesión desde variadas perspectivas y se analiza las empresas donde ejerce su actividad (el 95% de los ingenieros son trabajadores por cuenta ajena), su formación (tanto la recibida durante los estudios de grado como la denominada “formación permanente”) y su opinión y posicionamiento ante el COIT y la AEIT. Es a este último aspecto al que prestaremos nuestra atención porque, de alguna forma, sirve de guía o contraste con la orientación de las actuales Juntas Directivas. Destaca (¡al fin!) que el colectivo diferencia claramente los roles de Colegio y Asociación y espera, además, de uno y de otra una mayor presencia, desde luego activa, en su entorno, profesional y social. También es, y principalmente, el grupo más joven (menos de 30 años) el que encuentra en el COIT y la AEIT un punto de identificación común que se manifiesta en forma de un cierto espíritu corporativo, en su sentido mejor: agradece los servicios que se le ofrecen (en línea de la actuación programativa de las actuales juntas) exigiendo, al tiempo, que nuestras instituciones desempeñan el papel que la propia sociedad española, al igual que otros colectivos profesionales, les reconoce. Esta última consideración marca un camino, ya emprendido pero nada fácil. Las competencias profesionales asignadas al colectivo, amparadas no ya por la legislación vigente sino por el propio modelo social en que vivimos, no están siendo bien entendidas. Desde nuestra organización no han faltado los intentos, repetidos hasta la saciedad, de encauzar las relaciones de la profesión entre el COIT e instituciones como la DGTel y Telefónica, teniendo como objetivo (desde luego no el corporativismo a ultranza, cosa sobre la que estas juntas se han manifestado siempre totalmente contrarias) la actuación conjunta de todos los actores sociales para el mejor desarrollo de nuestro país, a través de un elemento común de encuentro entre instituciones, empresas y ciudadanos. El COIT y la AEIT no renuncian, en modo alguno, a su papel social y seguirán intentando mostrar sus, permítasenos decir, sanas intenciones, por la vía, como siempre, del diálogo y la transparencia. Y, convencidos de la bondad de sus fines, no cejarán en ello.

75.- EDITORIAL Las inversiones del PNT. El Plan Nacional de Telecomunicaciones ha sido recientemente aprobado. Faltan aún otros elementos para configurar el conjunto de nuestras telecomunicaciones, como la Ley de televisión por cable, el desarrollo de las televisiones locales o los reglamentos de la propia LOT, a cuya espera se encuentra no sólo nuestro sector, sino el conjunto de nuestra sociedad. Da la impresión de que el PNT está fundado en dos únicas ideas: obligar a las empresas que controlan el Estado a incrementar los servicios (política de oferta) y esperar que la demanda le vaya a la zaga. De forma que con ambos mecanismos se pretende generar las inversiones, procedentes de los usuarios, necesarias para mantener y mejorar el actual nivel tecnológico y la satisfacción de usuarios e industria. Quizás a Telefónica se le pueda obligar a invertir en determinados sectores a cambio de reservarle parte del mercado, o llegar a pasar por alto la calidad de los servicios que presta en régimen de monopolio. Pero Retevisión e Hispasat tendrán suficiente con presentar una cuenta de explotación no deficitaria durante estos años. Pretender que sean motores del sector raya con la utopía. En fin, creemos que las telecomunicaciones se deben desarrollar con una política más decidida desde la Administración, se debe forzar no sólo la oferta sino la demanda, bajando precios, aumentando la calidad, favoreciendo nuevos servicios, liberalizando otros. Es importante no olvidar que las infraestructuras de un país condicionan su desarrollo y que, igual que el estado cuida de forma decidida las comunicaciones por carretera y los ferrocarriles con grandes inversiones, tiene poco sentido que las mejoras de las telecomunicaciones deban ser sufragadas exclusivamente con la financiación de los usuarios actuales, vía aumento de cuotas. Ello constituye una forma de imposición indirecta al usuario, que beneficia a la empresa operadora de los servicios así gravados, sin que se le exija ninguna contrapartida. Y, puesto que nos centramos en inversiones, hay que decir que parecen insuficientes para el desarrollo previsto por el Plan, aspecto ya denunciado por la industria. No hay que olvidarse de que todavía estamos sufriendo las consecuencias de una acción similar, que acarreó la mayor crisis que han sufrido nuestras telecomunicaciones en las últimas décadas. Finalmente quisiéramos destacar el importante papel que juega y debe jugar en el futuro el Consejo Asesor, y especialmente la Ponencia creada para el seguimiento en tiempo real del cumplimiento del PNT. Será a través de esta Ponencia como se podrán modificar una serie de medidas que conforman el PNT y de las que depende el futuro de nuestro sector.

76.- EDITORIAL Las ETSITs en la encrucijada. Enfrascados en los problemas del día a día, con un sector que, tras una década boyante, atraviesa un momento difícil, nos pasan inadvertidas cuestiones claves para el futuro de la profesión. Este es el caso de la reforma de los planes de estudio de Ingeniería de Telecomunicación que actualmente se encuentran en un estado avanzado de desarrollo, y cuyos efectos se harán patentes a finales de esta década. La reforma de los planes de estudios, “de iure” o “de facto”, ha sido una constante en las ETSITs desde 1964. Sin embargo, en esta ocasión reviste especial importancia pues se realiza en un entorno hasta ahora desconocido: más de una decena de ETSITs distribuidas por toda la geografía nacional y previsión de mutaciones significativas del perfil profesional requerido por el mercado de trabajo. Un reciente estudio de FUNDESCO evalúa en un millar el número de compañeros que saldrán al mercado de trabajo en 1995, cifra que se eleva a ocho mil quinientos para el conjunto de titulados universitarios relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ambas cifras podrían doblarse al entrar el siglo XXI. No es difícil pronosticar un empeoramiento sustancial de la posición del ingeniero de Telecomunicación que encontrará un mercado de trabajo mucho más competitivo que en el pasado. En este contexto, la adecuación de la formación recibida a la realidad profesional se convierte en el factor fundamental del éxito o fracaso de la inserción profesional del joven ingeniero. ¿Cuáles serán los futuros requisitos profesionales? ¿Están diseñando las ETSITs planes de estudio que los satisfagan? Si hacemos caso de un reciente estudio de FITCE (Federation of Telecommunication Engineers of the European Community), el cambio más drástico se producirá en el segmento ocupacional relativo a la planificación y operación de servicios de Telecomunicación e Informática: segmento que ocupa en la actualidad a casi la mitad de nuestro colectivo. Según FITCE, los cambios en el marco regulatorio y la madurez de las tecnologías exigen que el profesional de este segmento tenga un buen conocimiento del “negocio” de las Telecomunicaciones y la Informática, un conocimiento razonable de los fundamentos de las redes de telecomunicación y de los sistemas informáticos, la capacidad de apreciar las tecnologías disponibles y en desarrollo, así como sus aplicaciones, y la habilidad para interpretar las necesidades de los clientes en función de las tendencias económicas y de mercado. En definitiva, se requerirá, no solamente un buen ingeniero en el sentido técnico, sino también un gestor y líder social, aspectos ingenieriles tradicionalmente olvidados en la formación de los telecos. La “doctrina” de las Juntas del COIT y la AEIT, fundamentada en los estudios socio-profesionales que periódicamente realiza y en el seguimiento del debate nacional e internacional sobre estos temas, puede sintetizarse en tres puntos: primero, reafirmar como principal activo de nuestro ingeniero, la profunda formación tecnológica de carácter horizontal (Eléctrica, Informática y Telecomunicaciones), que vienen impartiendo tradicionalmente las ETSITs. En segundo lugar, aprovechar la reforma en marcha para introducir de forma decidida componentes de economía y gestión, que introduzcan al estudiante en las técnicas y en la cultura del “management”. Finalmente, aconsejar a las nuevas escuelas su especialización en aquellas áreas más acordes con el entorno socio-económico característico de su ubicación geográfica. Pero no debemos olvidar que la responsabilidad última de todo plan de estudios está en cada Universidad y, de ahí y en nuestro caso, en cada ETSIT. Por ello debemos saludar iniciativas como la de CODITEL, agrupación informal de Directores de escuelas de Telecomunicación, foro donde los diferentes centros intercambian experiencias y puntos de vista, y donde COIT/AEIT participan activamente. Pero no parece que la convergencia necesaria, concepto hoy de obligada referencia, vaya por buen camino. Existen puntos de partida muy diferentes según los centros y, aunque somos conscientes de que en un plan de estudios confluyen muchos intereses, los que ahora parecen primar no son precisamente los más encomiables.

77.- EDITORIAL Posición del COIT y la AEIT ante la reforma de la ley de colegios profesionales. Han sido necesarios catorce años desde la promulgación de la Constitución para que el ejecutivo se haya “atrevido” a reformar la Ley de colegios profesionales. Casi cinco lustros en que el asociacionismo profesional de este país ha permanecido dormitando en antiguos cotos competenciales, regulado por una ley caduca que impedía cualquier movimiento modernizador. Pues bien, parece ser que gracias a una sencilla receta económica, la “libre competencia”, el legislador va a solucionar este espinoso tema en pocos meses. La historia comenzó con la publicación del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre “Libre Ejercicio de las Profesiones”. Pudimos leer horrorizados como se iban relatando los vicios y rasgos negativos de cada uno de los Colegios Profesionales para, por simple extensión, parecer que podrían ser imputados a todos los Colegios. Nuestro COIT, que obviamente no aparece citado en el informe, tenía que purgar los “pecados” de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Médicos, Abogados y Arquitectos, por citar aquellas profesiones que de forma recurrente aparecían en el informe. Con todo, la mayor sorpresa fue comprobar cómo, en opinión de los autores del informe, la “magia” del mercado era capaz de acabar de un plumazo con los comportamientos corporativos más recalcitrantes, manteniendo simultáneamente la colegiación obligatoria por titulaciones académicas, el reparto de competencias y atribuciones profesionales establecidos hace decenas de años, y sin modificar las arcaicas estructuras colegiales. El siguiente capítulo de esta historia, y nos situamos ya en el mes de Julio, fue el lamentable debate público del informe en los medios de comunicación. Como no podría ser de otra forma, los colegios fueron incapaces de transmitir a la opinión pública argumentos que contrarrestaran este feroz ataque. La mala experiencia que tienen consumidores y usuarios sobre algunas prácticas colegiales y los términos demagógicos en que estaba redactado el informe, produjeron un inesperado apoyo a las tesis del Gobierno. No puede extrañarnos que en estos momentos asistamos a una carrera contra el reloj, para llevar al parlamento la tramitación de esta ley. La rapidez de los acontecimientos obliga a las juntas del COIT/AEIT a abandonar la discreción que han mantenido hasta el momento y pronunciarse públicamente sobre este asunto, denunciando la contradicción intrínseca del híbrido Colegio/Asociación que se propone en la nueva regulación. Si el legislador considera que es mejor para este país el modelo de asociación profesional de “derecho privado”, como tienen los países anglosajones, lo que tiene que hacer es suprimir el artículo 36 de la Constitución eliminando los Colegios del marco jurídico vigente. Lo que no parece de recibo, es mantener todas las ataduras a la Administración que implica el modelo asociativo de “derecho público”, y, simultáneamente, vaciarlos de contenido competencial en este terreno. Si, por el contrario, el legislador considera, como el COIT/AEIT, que existen algunos servicios profesionales que no pueden quedar sometidos exclusivamente a la lógica del mercado sin acarrear graves perjuicios a los ciudadanos; si cree, como nosotros, que es posible desarrollar los aspectos positivos, que indudablemente tienen los Colegios, por el hecho de ser instituciones con derecho público con decenas o centenares de años de existencia; si tiene la voluntad política de aprovechar este proceso para dotar a los Colegios de un marco normativo que haga de ellos unas instituciones ágiles, participativas del entramado social, e incentivadotas de la competencia y de la calidad, contará con el apoyo incondicional de estas juntas. El Anteproyecto de Ley, hace todo lo contrario, deja la actual y anticuada estructura plenamente vigente, y espera que el “mercado” y la merma de los recursos económicos de los Colegios produzcan el milagro. El COIT/AEIT no puede apoyar este despropósito.

78.1.- EDITORIAL Balance de una etapa. Cuando estas páginas estén en vuestras manos, unas nuevas Juntas de Gobierno y Directiva sostendrán el timón del COIT y la AEIT. Permítasenos por ello dedicar este último editorial a volver la mirada hacia atrás con cariño y cierta nostalgia. La candidatura presentada en Junio de 1990 y posteriormente electa, asumió desde el primer momento la necesidad de que su mandato supusiera una nueva etapa en las actividades de ambas instituciones (entrevista al Decano / Presidente en BIT núm. 67). Una etapa capaz de responder a los retos que imponía un entorno muy diferente a aquel que definió la transición de los años ochenta. Nos propusimos cambiar la actitud distante y complaciente del colegiado / asociado hacia unas organizaciones que asumía, pero en las que no participaba. Decidimos defender y promocionar entre el colectivo la necesidad de apoyarlas e identificarse con ellas. Creamos unos servicios, hasta entonces inexistentes que, si bien son todavía limitados, han supuesto un cambio radical en el modo de percibir las instituciones por los cada día más numerosos compañeros que los utilizan. El aumento espectacular de la actividad en nuestras oficinas, durante estos dos años y medio, demuestra lo mucho avanzado en este terreno. En este periodo más de 1000 titulados y 500 estudiantes asociados se han incorporado. Ello supone un crecimiento próximo al 30% y, lo que es más importante, que las nuevas generaciones se colegian / asocian mayoritariamente. A esta inversión de lo que ocurría en pasadas etapas, no es ajena la labor de promoción realizada en las diversas Escuelas. Nos propusimos aumentar la influencia del COIT y la AEIT en el sector y potenciar su colaboración con los principales agentes del mismo. En colaboración con ellos, se han realizado actividades tan significativas como la organización del congreso de FITCE, donde reunimos a más de 500 ingenieros de telecomunicación europeos, o la puesta en marcha del proyecto ETSIT que, con un presupuesto superior a 300 millones de pesetas, unirá por satélite las Escuelas. Podemos afirmar que con independencia de los inevitables contenciosos particulares, las relaciones con las instituciones más significativas del sector: DGTel, Telefónica, ANIEL, CDTI, etc., son estrechas, fluidas, y sobre todo eficaces. Nos propusimos definir un campo competencial para el ejercicio libre de nuestra profesión. No hemos escatimado esfuerzos en este sentido y, aunque estemos lejos de los objetivos finales, algunos frutos ya se han obtenido. El incremento del 35% experimentado en los dos últimos años por los ingresos por visados y, sobre todo, los acuerdos con la Administración para racionalizar la actividad en algunos campos, indican que avanzamos en unos momentos muy poco favorables para ello. El BIT, escaparate privilegiado de todo esto, también ha cambiado. Cambiamos su imagen, con gran aceptación de la mayoría, y se incorporaron nuevas secciones para acercarlo a los intereses del colegiado / asociado. En un entorno publicitario muy complicado, nuestra revista es uno de los mejores órganos de expresión de los colectivos profesionales. En definitiva, pensamos que estamos en el camino correcto, lo que no significa que la labor de estos años no pueda y deba mejorarse. Las nuevas Juntas se enfrentarán a nuevos retos. La prevista modificación de la Ley de Colegios Profesionales dibuja un cambio drástico en el papel desempeñado por las instituciones profesionales. La recesión económica y el desmantelamiento del sector industrial, causado por una política que hemos cuestionado reiterativamente desde estas páginas, está impactando seriamente al colectivo. El fantasma del paro ensombrece el futuro de las nuevas generaciones. Se han puesto las bases para afrontar la siguiente etapa, siempre nueva y con algunas incertidumbres. Nuestros mejores deseos para los compañeros que integren las nuevas Juntas.

78.2.- EDITORIAL Telefónica: ¿Sólo “ganar dinero”? En recientes declaraciones del Presidente de Telefónica a la Gaceta de los Negocios, Cándido Velázquez afirmaba, con la franqueza que le caracteriza, que “a partir de ahora, nuestra preocupación prioritaria no es otra que ganar dinero”. Olvidados ya los años en que parte de la sociedad, y este colectivo en concreto, proponía una mayor componente pública en nuestra CTNE de entonces, y aceptando el proceso de liberalización de los servicios en el mundo como algo imparable, nos siguen preocupando, y mucho, las palabras de Cándido Velázquez. Nos recuerdan recientes experiencias de Telefónica cuando, presidida por Luis Solana, buscó igualmente la máxima rentabilidad como norte, entonces invirtiendo aquí y allá, en Tokio y en Nueva York, y cayendo, a los pocos años, en la que quizá haya sido la mayor crisis del servicio telefónico que recuerde nuestro país. Olvidar de nuevo las inversiones en tecnología, la calidad del servicio y el peso de los técnicos en la gestión de Telefónica puede suponer, por aquello de que la historia es cíclica, no haber aprendido del pasado, e iniciar la cuenta atrás de lo que supondría volver, en cinco años, a una nueva parálisis de nuestras telecomunicaciones. Eso sí, probablemente Telefónica habrá ganado para entonces mucho dinero. Pero tratándose de un servicio público de carácter social, no todo debe medirse por el nivel de los beneficios.

79.1.- EDITORIAL HISPASAT,¿un negocio? El general desconcierto que últimamente sacude a nuestra sociedad, está afectando directamente al proyecto Hispasat. La evolución de los acontecimientos, problemas técnicos incluidos, la falta de entendimiento y lucha de intereses entre los propios involucrados, la lentitud de la Administración y el histórico desprecio a lo nuestro que tradicionalmente ha caracterizado nuestra sociedad, hace que nuestro primer satélite se encuentre fuertemente cuestionado. Convendría devolver las cosas a su sitio y aclarar que de los satélites domésticos lanzados hasta la fecha por otros países (Alemania, Francia, Italia, Noruega, Méjico, Brasil, Turquía, etc.), ninguno lo ha sido como negocio en sí mismos sino como elemento estratégico de la infraestructura de telecomunicaciones y, en algunos de estos casos, como motor y dinamizador de su industria. Probablemente en nuestro país se haya gastado demasiada tinta, en un mundo demasiado obsesionado por los beneficios económicos como medida del éxito o del fracaso, en vender este proyecto como rentable económicamente y es hora ya de retomar otras consideraciones que las meramente pecuniarias para valorar el fracaso o no de nuestra experiencia. Que el Hispasat sea capaz de concentrar todos los canales que actualmente emiten en castellano, que sea el principio de una política de desarrollo de una capacidad industrial de cara a futuras experiencias, y que actúe como vínculo cultural entre nuestro país y la comunidad iberoamericana, serían algunos de los aspectos, entre otros, que deberían animarnos a los españoles a, lejos de echarle tierra encima, defender la viabilidad y la continuidad de este proyecto. Dicho esto, conviene incidir, sin embargo, en la necesaria eficacia de los diferentes agentes sociales en un segmento, el de la transmisión directa de televisión (DBS), cuya explotación determinará el éxito o el fracaso de la experiencia. Desde el lamentable fallo técnico detectado en el primer satélite, hasta la inconcreción de planes para la adjudicación de los canales cuando ya han transcurrido meses desde la puesta en funcionamiento del mismo, todos tenemos mucho que decir, en especial nuestra Administración, por su lentitud a la hora de legislar y su incapacidad para permitir que nuestro satélite responda en precio, pero sobre todo en plazo, a las necesidades del mercado. Que, por ejemplo el grupo PRISA haya decidido utilizar el Astra y desechar el Hispasat para sus emisiones, debería llevarnos a reflexionar si los responsables de nuestras comunicaciones por satélite han perdido o no el norte. No olvidemos que tenemos 56.000 millones de pesetas en el espacio y que, cumplido el objetivo de impresionar al personal en 1992, ahora tenemos que sacarle partido, que no rentabilidad, a tan importante inversión.