La reciente aprobación de la Ley Ómnibus dejaba pendiente de un desarrollo normativo posterior la delimitación de la obligatoriedad del visado profesional. El COIT ha tenido conocimiento de que es intención del Gobierno, a través de un decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, dejar fuera del grupo de actividades protegidas por el sistema de garantías del visado profesional la mayoría de los proyectos de telecomunicaciones y, en concreto, los relativos a la utilización del dominio público radioeléctrico, por lo que se ve obligado a manifestar su más profunda preocupación ante esta decisión insólita e inesperada. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y el visado de estos proyectos garantiza que el trabajo se lleva a cabo por profesionales competentes y que cumplen con todos los requisitos normativos para su correcta utilización y la consecuente seguridad para la integridad física y la salud de las personas. La eliminación de estas garantías iniciales no se justifica y es gratuita. Los ciudadanos y la Administración quedarían mas desprotegidos ya que el visado responde también de la corrección del acto facultativo con una póliza de responsabilidad civil. Cuando es necesario, la Justicia acude ahora directamente al proyecto visado: ¿cómo y sobre todo cuántos años llevará delimitar las responsabilidades si desaparece? Conscientes de que una decisión en esta línea implica la minusvaloración de la importancia de unas infraestructuras que son clave para el futuro y que soportan la Sociedad de la Información, además de un menosprecio a los profesionales que tanto han hecho por el desarrollo económico y social del país, el COIT, que lleva más de una década trabajando mano a mano con todos los agentes para hacer posible el despliegue de las comunicaciones móviles y el control de las emisiones radioeléctricas, denuncia esta medida política. Esta decisión no sólo no responde al espíritu de la Directiva europea, sino que viene a desmontar, sin analizar sus consecuencias, un sistema de garantías que en la actualidad goza de buena salud, demostrada eficacia y el consenso de todos los agentes implicados. Nuestro prestigio como profesión y el rigor de nuestro colegio han permitido aportar credibilidad y neutralizar, con datos, la alarma social ante el despliegue de estas infraestructuras. El COIT ha manifestado estos planteamientos en todos los foros en que la Administración nos ha requerido, aportando infinidad de informes y documentación que avalan estas tesis. A pesar de los esfuerzos de la SETSI, ante la nula reacción obtenida, el COIT ha remitido al Ministerio de Economía y Hacienda, en la persona de su titular, Elena Salgado, la carta que se transcribe a continuación, en espera de que la cordura asista al Gobierno a la hora de tomar una decisión definitiva que consideramos de vital importancia para nuestro país, nuestro sector, nuestras instituciones y para los profesionales que representamos. Los colegios profesionales contra las cuerdas, las telecomunicaciones menospreciadas y los ciudadanos más desprotegidos Madrid, 22 de enero de 2010 Querida Ministra: El Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) está ultimando una norma de desarrollo de la Ley Ómnibus con el objeto de delimitar la obligatoriedad del visado profesional a ciertas actividades. Parece ser que dentro de ese grupo limitado no estarán los proyectos y los certificados relativos a la utilización del dominio público radioeléctrico, entre los que se encuentran los conocidos como emisiones electromagnéticas (EMR) que tanta repercusión pública han tenido a raíz del reciente desarrollo de la telefonía móvil. Desde el inicio en España de esta nueva tecnología, que ha supuesto una verdadera revolución social, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y sus ingenieros han sido una pieza clave para el éxito de este proyecto y para el desbloqueo, mediante la clarificación solvente, de las barreras que la alarma social despertada por las emisiones electromagnéticas, y su incidencia en la salud de los ciudadanos, ha generado. Un breve relato de estos acontecimientos se adjunta a esta carta. En estos años, por encima de la imagen de las empresas que han desplegado las redes, tanto la propia sociedad, como los ayuntamientos, las asociaciones de usuarios o de vecinos u otros agentes, han confiado al final en el hecho de saber que todos los proyectos de todas las estaciones emisoras están proyectados, medidos, certificados y visados por ingenieros de telecomunicación colegiados. Y ha generado una gran tranquilidad el que el COIT, mediante su visado, no sólo avala la corrección técnica y la conformidad de esos trabajos con los parámetros que exige la ley, sino que además responde de la corrección del acto facultativo y su visado con una póliza de responsabilidad civil. Distintas administraciones, sobre todo locales, se apoyan en nuestros visados como soporte de actos administrativos para cuya comprobación carecen de medios propios. Y todo esto ha sido realizado en contacto estrecho y permanente con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con la que hemos convergido en la defensa del interés público de este gran proyecto de ingeniería que tanto ha beneficiado las relaciones humanas y la eficiencia económica. A este fin, el COIT ha realizado un gran esfuerzo inversor en estructura humana y medios técnicos que ahora quedarían inservibles. Es decir, la credibilidad de una profesión, la de ingeniero de telecomunicación y de su Colegio, obtenida con mucho esfuerzo durante años, ha sido pieza clave para la implantación de esta tecnología en España. ¿De verdad que ya no es necesaria esa credibilidad y esa garantía que viene aportando?. La Sociedad nos dará la respuesta. Pero es que además de este tipo específico de proyectos, las telecomunicaciones en general son el soporte básico e imprescindible sobre el que se construye y se desarrolla la Sociedad de la Información y del Conocimiento, nuevo ámbito de convivencia y desarrollo social, económico y humano por antonomasia. Y también las telecomunicaciones sustentan derechos fundamentales de la persona como la garantía del secreto de las comunicaciones o el derecho a la información. ¿Cómo se pueden minusvalorar los proyectos de las infraestructuras comunes que garantizan esos derechos?, ¿cómo el MEH puede pretender relegar esta importantísima ingeniería del futuro de ese reducido grupo que está configurando para el ejercicio profesional del futuro que prevé la Ley Ómnibus? No es difícil desde el poder desmontar edificios sólidos y con solvencia histórica contrastada. Lo difícil será volver a reconstruirlos luego cuando se constate el error y sus consecuencias puedan ser ya irreversibles. Entretanto el daño no sólo sería para una profesión con gran prestigio, rigurosa, cualificada y muy responsable, o para un sector clave de futuro, sino también para la sociedad española. Y por si quedase alguna duda, hay que constatar que esa decisión política española no viene condicionada por lo dispuesto en la Directiva Europea de Servicios, ni tampoco la situación actual de ejercicio profesional que se pretende modificar es incompatible con la misma. Es más, el marco actual goza del consenso y la satisfacción de todos los agentes implicados y no genera el más mínimo rechazo social, sino al contrario. ¿Qué sentido tiene modificarlo? Espero que su conocimiento de estos hechos pueda reconducir la situación por el bien de nuestro sector y de nuestro país. Un cordial saludo, Francisco Mellado García Decano-Presidente del COIT
