SE ACABÓ EL CONFLICTO, O ZAPATERO A TUS ZAPATOS El Proyecto de Ley para el impulso de la Televisión Digital Terrestre aprobado recientemente en el Congreso, establece en su artículo quinto una modificación del Real Decreto-ley 1/1998 sobre ICT, que define que el proyecto de ICT deberá ser firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación. Vuelven, pues, las aguas al cauce del que fueron sacadas por la decisión en marzo del Tribunal Supremo, que había estimado el Recurso de los ingenieros industriales, de forma que cualquier ingeniero o ingeniero técnico de la rama industrial podría proyectar sistemas de ICT. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación se congratula de esta decisión, para la que se ha contado con una gran unión en el sector. Hasta el pasado mes de marzo, los diferentes gobiernos desde la promulgación de la normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación reconocieron a los ingenieros de telecomunicación, junto a los ingenieros técnicos de telecomunicación de la especialidad correspondiente, como los únicos competentes para el diseño y la realización de las ICT, pese a que siempre hubo un continuo enfrentamiento con los ingenieros industriales, quienes llevaron el caso a los tribunales. Tras haber obtenido resoluciones desfavorables a sus tesis en instancias inferiores, el Tribunal Supremo, en el mes de marzo, estimó el Recurso de los ingenieros industriales en base al principio de reserva de ley que establece la Constitución sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, entendiendo que únicamente puede ser el legislador quien establezca que determinadas materias deben ser ejercidas por una profesión concreta. A consecuencia de ello, cualquier ingeniero o ingeniero técnico de la rama industrial podría proyectar sistemas de ICT. Semejante dislate ha sido formal y definitivamente superado, cumpliendo lo que los jueces pedían. Así, el Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, aprobado en el Congreso y en espera de su publicación en el B.O.E, recoge, en su artículo quinto, la modificación del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Lo modifica en varios extremos, entre los que se incluye expresamente que el proyecto de ICT “deberá ser firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación. Estos profesionales serán, asimismo, los que certifiquen la obra”. “El Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la TDT recoge que el proyecto de ICT deberá ser firmado por un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación” Se trata de un conflicto, definitivamente resuelto ahora, que no debía haberse producido nunca. Por la simple razón de que los ingenieros industriales no tienen los conocimientos necesarios, porque tienen otros, para proyectar y dirigir las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, ni ningún proyecto de telecomunicaciones. Se llega a esta evidencia utilizando el único medio posible: el contenido de su plan de estudios, en el que brilla por su ausencia cualquier asignatura dedicada a las telecomunicaciones. Sólo habíamos llegado a semejante absurdo porque estamos ante una profesión, la de los ingenieros industriales, que se considera a sí misma, producto de sus competencias de ¡1935!, como una profesión de amplio espectro, con el derecho a estar en todas partes, lo soporten, o no, sus conocimientos actuales. Una sociedad avanzada como la nuestra requiere que cada trabajo lo proyecten y ejecuten los expertos que, de verdad, tengan los conocimientos adecuados, aquellos adquiridos en la Universidad que distinguen unas profesiones de otras. El debate real es, en definitiva, si, en el siglo XXI, con la imparable evolución de la tecnología de las últimas décadas, puede aún sostenerse, como podía hacerse a principios de siglo pasado, que exista una titulación que sepa de todo. O si, por el contrario, debemos asumir la realidad, y reconocer formalmente que ello es, con carácter general, imposible en un mundo marcado por la especialización y la complejidad, en el que los grandes proyectos requieren de la participación específica de expertos altamente cualificados de diferentes titulaciones, en igualdad. En cualquier caso, conviene destacar, en la solución de este conflicto para el caso de las ICT, la unión que ha existido en el sector. Primero, el COITT tuvo los reflejos necesarios para presentar, después de su elaboración conjunta con nuestro Colegio, la propuesta de enmienda a los Grupos Parlamentarios para su consideración, por lo que, gracias a ello, estuvo entre las 100 que se presentaron a la Ley en el Congreso. Después, la SETSI, convencida de la bondad de su contenido y de lo justo y necesario de nuestras aspiraciones, garantizó e hizo posible su permanencia a lo largo del proceso parlamentario, el buen término final y la incorporación al texto de la Ley de la enmienda en cuestión. Unión que se concreta también en las cartas y llamadas de apoyo recibidas de los agentes del sector constatando su preocupación porque las telecomunicaciones se abrieran a quienes no tenían los conocimientos adecuados. Nuestro agradecimiento a instaladores, asociaciones empresariales y de usuarios de internet. De vuelta las aguas a su cauce, es la hora de continuar con el trabajo de calidad y la apuesta por la excelencia que los ingenieros de telecomunicación hemos venido manteniendo; la de impulsar, colaborando con la SETSI, nuestras ICT para que incorporen cada avance tecnológico que se produzca y se extiendan al hogar digital del futuro. Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación “Una sociedad avanzada como la nuestra requiere que cada trabajo lo proyecten y ejecuten los expertos que tengan los conocimientos adecuados, aquellos adquiridos en la Universidad que distinguen unas profesiones de otras”