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El sistema español de innovación ante la actual Crisis
Recientemente COTEC afirmaba, con motivo del quinto encuentro empresarial de países del sur de Europa, que congregó a los más importantes mandatarios de esta región en Madrid, que la crisis ha puesto en evidencia que todavía nuestro sistema nacional de innovación no está lo suficientemente consolidado, como para ser motor principal de nuestra productividad. Ahí marcaba el verdadero problema en un mundo de mercados abiertos. En el siguiente artículo Juan Mulet analiza la evolución de la innovación en España en los últimos años y cómo ha afectado la situación actual de crisis económica a este proceso. Se apuntan algunas recomendaciones para evitar que la ciencia y tecnología española quede en un segundo plano en el panorama mundial. os investigadores de las empresas españolas, estimados en equivalentes de jornada completa, fueron 42.100 en el año 2007, y gastaron 7.400 M€ Unas cifras todavía pequeñas cuando se las compara con las de los grandes países europeos, pero mucho mayores que las teníamos en España hace tan sólo diez años. Entonces, los investigadores de las empresas, contados de la misma manera, era 12.000 y gastaban 2.140 M€ El crecimiento medio anual acumulativo en ambos indicadores ha sido superior al 13,5% durante esta década. Y la mayoría de los indicadores que se utilizan para valorar la actividad innovadora de un país también han crecido de forma parecida para España, durante estos últimos diez años. En consecuencia, hoy ya puede decirse que nuestro sistema de innovación ha salido de su infancia, porque se ha dotado de los elementos que caracterizan a los más avanzados, y se pueden dar buenos ejemplos de colaboración entre ellos. Pero está todavía lejos de la madurez. El gasto total en investigación es sólo el 1,27% del PIB, cuando la media europea está alrededor del 2%, y la de la OCDE en el 2,2%. Los resultados de esta continuada aplicación de recursos han sido, en general, proporcionados al esfuerzo. La producción científica española, medida en publicaciones en revistas de prestigio mundial, ha pasado de unos 16.000 artículos en 1997 a casi 43.000 diez años más tarde, el 3,2% de todas las del mundo, lo que supone un crecimiento anual acumulativo de casi el 12%. Idéntico crecimiento han experimentado las patentes españolas concedidas a residentes en nuestro país, que han pasado de las 1.029 de 1997 a las 3.317 de diez años más tarde. Otro dato menos conocido es que las patentes triádicas, aquellas que se protegen simultáneamente en Europa, EE. UU. y Japón, son más o menos las que nos corresponden por nivel tanto de gasto en investigación como de publicaciones científicas, aunque sólo sean el 0,4% mundial. El valor añadido de los sectores de alta y media-alta tecnología también ha aumentado, pero sólo alrededor del 6% anual acumulativo entre los años 2000 y 2006. No cabe duda, por tanto, que la evolución reciente ha sido claramente positiva, y supone un significativo cambio en la historia de nuestra ciencia y de nuestra tecnología. La cuestión ahora es saber si nuestro sistema de innovación es ya un motor de la competitividad de nuestra economía, porque éste es nuestro mayor problema, en cuya solución nuestra capacidad tecnológica tiene que jugar un papel importante. El sistema español de innovación ante la actual crisis Juan Mulet Director General de la Fundación COTEC Pero, al mismo tiempo que en la opinión pública se confirma el convencimiento de que nuestro sistema de innovación debe ser un pilar imprescindible en el nuevo modelo económico que surgirá cuando se alcance lo que ya se viene llamando la “nueva normalidad”, la actual crisis está demostrando, si cabía alguna duda, que aún estamos muy lejos de alcanzar este objetivo. Durante el largo periodo expansivo que ha precedido a la actual crisis, la economía española ha podido crecer al margen de su capacidad innovadora. En un entorno de financiación barata, la vivienda encontraba compradores tanto en el exterior como en el interior y los sectores de bajo valor añadido, basados en mano de obra poco cualificada, podían todavía competir. Pero esto debía tener un límite. A medida que la economía iba creciendo, nuestra demanda exigía productos cada vez más sofisticados, que no eran fabricados en España, y nuestros productos tradicionales eran cada vez más caros y por lo tanto menos competitivos, no sólo en el mercado internacional, sino también en el nacional. En consecuencia, año tras año nuestra balanza de pagos ha tenido un déficit del orden del 10% de nuestro PIB y, según demuestran los cálculos, ésta ha sido la causa del 40% de la abultada deuda externa bruta, que ha llegado a ser equivalente a 1,6 veces nuestro PIB. Un análisis del déficit de la balanza de pagos, muestra hasta qué punto esta fase expansiva ha cambiado nuestro país. Así resulta que las importaciones de productos de alto contenido tecnológico han sido responsables en los años más recientes del 20% del incremento de nuestro déficit comercial. Esto pone en evidencia que España necesita ya ser competitiva también en productos de alta tecnología. Y, por supuesto, debe seguir siéndolo en los sectores más tradicionales, generadores del resto del déficit. Necesitamos pues, y con urgencia, un sistema de innovación que incluya a muchas más empresas capaces de ofrecer productos y servicios de más valor añadido, porque para nuestro país, una vez alcanzado un nivel de desarrollo económico e institucional homologable al de los mejores, la única vía para mejorar la competitividad es el aumento de la productividad. Y para ello sólo existen dos caminos, mejorar las prestaciones de nuestra oferta, lo que aumentará su valor, o reducir los factores necesarios para producirla, lo que reducirá nuestros costes. Pero estas dos ventajas se logran sólo con la innovación, es decir con la aplicación del conocimiento para conseguir los cambios que mejoren la capacidad de las empresas para generar valor. Nuestro sistema de innovación ha demostrado ya que es capaz de funcionar, pero deberá crecer, y de forma importante, para que la productividad de muchas más empresas crezca, y sólo lo hará cuando haya muchas más que basen su estrategia en el uso del conocimiento. En la actualidad sólo el 1% de nuestro valor añadido bruto es generado por empresas de alta tecnología y, escasamente, el 4% por las de media alta tecnología. En los países avanzados estos porcentajes son, respectivamente, el triple y el doble. Pero además, muchas de nuestras empresas son de pequeño tamaño, sólo unas 4.000 pueden considerarse grandes. Y el 82% de nuestros trabajadores están empleados en PYME, un porcentaje muy superior al de los países con los que tenemos que competir. El acceso al conocimiento de las pequeñas empresas es muy difícil y más su integración en el sistema de innovación, quedando éste prácticamente reservado a las escasas pequeñas empresas especializadas en nichos de tecnología avanzada. Para una economía como la española, debería esperarse que el número de empresas integradas en nuestro sistema de innovación estuviese en torno a las 40.000, pero según los datos disponibles, esta cifra es de tan sólo unas doce mil empresas. Debería por tanto hacerse un gran esfuerzo para elevar, y con la mayor rapidez posible, el número de nuestras empresas innovadoras. Pero las empresas innovadoras precisan investigadores, y esta expansión exige una gran alteración del reparto de este colectivo, lo que seguramente será el principal obstáculo a superar. Cuando nos comparamos con la Europa de los 27, resulta que los 122.000 investigadores que hay en total en España, es decir la suma de los que trabajan en empresas y en los establecimientos de I+D del sector publico, representan el 7,2 de cada mil personas activas españolas, una cifra que compara muy bien con la media comunitaria que es 7,9. Pero por otra parte, los que trabajan en nuestras empresas son sólo 2,5 por cada mil activos, mientras que la media europea se sitúa en 3,9. Las diferencias con los grandes países europeos son lógicamente mayores. Alemania tiene 9,6 para cada mil activos, de los que 5,9 trabajan en la empresa. Francia 11,7, con 6,4 empresariales. Para que el número y la distribución de los investigadores por población activa de España alcanzaran, por ejemplo, los de Francia, el número de investigadores totales debería multiplicarse por 1,6, pero el de los empresariales por 2,6. No es sólo el número de empresas el que deberá transformarse para que nuestro sistema de innovación se convierta en el motor que necesitamos para nuestra economía. La innovación es una actitud que debe compartir toda la sociedad, por lo que son necesarios cambios profundos que afectan a las empresas, pero también al entono empresarial y a las personas. Será importante que las empresas aborden conjuntamente tanto las innovaciones tecnológicas como las organizativas y comerciales, porque en un mercado globalizado su competitividad depende tanto de unas como de otras. Son las empresas las que deben imponerse su integración en el sistema de innovación y la de convertirse en guía, por ellas mismas y a través de sus asociaciones, de los demás agentes, porque la innovación es una actividad centrada en la empresa. Un entorno empresarial que estimule la evolución del sistema de innovación debe tener una ayuda pública ágil, una legislación y, especialmente, una regulación estimulante de la innovación. Pero además tiene que ser capaz de valorar la aportación social del investigador y del empresario y lograr que los conocimientos, los hábitos y los valores, es decir la cultura de la sociedad, sean acordes con la actitud innovadora. Seguramente, lo más urgente para superar nuestras deficiencias sea empezar por la mejora de la educación, porque está en la base de todas ellas. Con la educación primaria se deberían inculcar a los futuros ciudadanos los valores y hábitos que hacen innovadora a una sociedad. Con la formación profesional, en sus vertientes reglada y continua, se debería conseguir que la empresa encontrara los especialistas preparados para afrontar sus procesos innovadores. Y con la formación superior, conseguir mejorar nuestra capacidad tanto para generar conocimiento tecnológico como para tomar buenas decisiones empresariales y públicas. Las consecuencias de esta transformación, necesaria y de gran trascendencia, no serán visibles de forma inmediata, pero entretanto se deberán ir consiguiendo otras. Una de ellas es la mejora de la capacidad de nuestras instituciones científicas para transferir tecnología. Es necesario cambiar su gobernanza para que la relación con el tejido productivo pase a ser un hecho normal y necesario para su evolución. Y seguramente esto pasará por el diseño de una carrera de sus investigadores que resulte atractiva, tanto nacional como internacionalmente. Otra deficiencia estructural a resolver es el pequeño tamaño de las empresas españolas, que les dificulta tanto el acceso al conocimiento como a la financiación. Una solución posible es el estímulo de la colaboración, que podría llegar incluso a la fusión, entre empresas de sectores comunes o sinérgicos. La financiación de la innovación no ha encontrado todavía vías adecuadas en España. La crisis ha puesto más en evidencia este otro defecto estructural. Ahora las empresas innovadoras no sólo necesitan financiación para crecer y para cumplir sus compromisos, sino también, y fundamentalmente, “Un entorno empresarial que estimule la evolución del sistema de innovación debe tener una ayuda pública ágil, una legislación y, especialmente, una regulación estimulante de la innovación” para conservar su personal cualificado, que es su principal activo y la clave de su supervivencia. Es urgente encontrar mecanismos que hagan posible compartir el riesgo inherente a la innovación entre un número suficiente de agentes que se especialicen en las sucesivas etapas del proceso innovador. También es urgente que sepamos aprovechar el gran potencial que tiene la demanda, especialmente la del sector público y la de las grandes empresas, para estimular la innovación. Ofrecer mercados es el estímulo más adecuado para las empresas con capacidad de innovar y a la vez el mejor mecanismo para que las más hábiles triunfen. Es evidente que la crisis ha llegado demasiado pronto para la economía española. Estábamos creciendo a un buen ritmo y la evolución de nuestro sistema de innovación progresaba de una manera que las tasas de crecimiento de dos dígitos de casi todos los indicadores, permiten calificar de extraordinaria. Pero, desgraciadamente, no de explosiva, como se hubiera necesitado para afrontar mejor la situación actual y quizá hubiera sido posible en aquellos momentos de gran euforia. Estamos en unos momentos económicamente difíciles, con restricciones en los gastos privados y públicos. En el sector privado, lo más preocupante es el peligro que corren las empresas innovadoras creadas en los años recientes. Todavía no están consolidadas y la difícil financiación puede no sólo hacerles perder los negocios que han conseguido sino también poner en peligro su supervivencia. Salvar estas empresas, que serán el núcleo del sistema de innovación cuando la crisis acabe, es una de las tareas más urgentes que tiene ahora España. Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado anuncian una reducción de su Política 46, la que recoge todos los fondos públicos para políticas científicas, tecnológicas y de innovación. Es verdad que respecto al año anterior el montante total ha disminuido sólo un 6%, y cuando se considera sólo el gasto civil, la reducción es sólo del 3%. Pero es un frenazo importante, porque los años anteriores nos habían acostumbrado a aumentos superiores al 20%. Y los frenazos en este tipo de gastos no son nunca convenientes, porque crean un estado de ánimo poco favorable para enfrentarse a los grandes riesgos implícitos en la innovación y porque la historia confirma que ha sido siempre muy difícil volver a entrar en sendas de crecimiento de este gasto público. Con todo, hay que reconocer que el diseño del gasto incluido en la actual propuesta de la Política 46, no tiene que ser muy negativo para la I+D empresarial, porque se mantienen las convocatorias del Plan Nacional de I+D y, espacialmente, las del Programa INGENIO 2010, al tiempo que frente a la reducción de los importes de las partidas de subvenciones se proponen incrementos no despreciables de los créditos. La I+D pública sí que podrá verse perjudicada en sus inversiones, lo que puede retardar su evolución, que estaba siendo muy favorable con los importantes crecimientos de años anteriores. Pero no puede olvidarse que este estancamiento no debe mantenerse, porque será más que probable una involución que rápidamente nos devuelva a la precaria situación en la que ha vivido desde siempre la ciencia y la tecnología españolas. “Es urgente que sepamos aprovechar el gran potencial que tiene la demanda, especialmente la del sector público y la de las grandes empresas, para estimular la innovación”
30 oct 2015