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10.- EDITORIAL Querámoslo o no, nos encontramos inmersos en el inicio de lo que será la era de la Telemática. El desarrollo apreciado en la última década se acelerará en las dos próximas de tal forma que la existencia, por un lado, de un procesamiento de datos de increíble potencia y, por otro, de unas comunicaciones de gran capacidad y alcance, habrán cambiado la estructura social hasta en sus más hondas raíces. Esta unión entre ordenadores y comunicaciones hará que el control humano sobre sus circunstancias haya llegado a todas partes. Resulta evidente que quien controle este proceso, quizá irreversible, dominará tecnológicamente a los que no hayan sido capaces de evitar esta dependencia. Conscientes de ello todos los países de Occidente, tanto más cuanto más industrializados, tratan de apoyar el desarrollo de su propia industria informática. Este no es, evidentemente, el caso de nuestro país, donde entretanto, no podemos siquiera pensar en discutir si las medidas tomadas son , o no, las correctas. Simplemente porque la Administración, en este asunto, no es capaz de asumir su papel; o, lo que es peor, asume el papel del liberalismo más trasnochado, dejando que un sector como éste se regule a través de la presión multinacional. Como en tantas otras cosas, acabaremos lamentándonos de no haber actuado en su momento. Quizá sea éste un mal endémico en nuestro país. Se está pidiendo a gritos un Plan Informático Nacional. Quizá ese borrador elaborado en los dos últimos años y que descansa en algún cajón esperando no sabemos qué. Nos preguntamos, además, si su redacción contemplará el desarrollo de una industria nacional de componentes, la creación de puestos de trabajo, la producción de aquello que la seguridad nacional necesita, etc. Los interrogantes abundan y su importancia urge a que el Gobierno descubra sus cartas. Si las tiene.

11.- EDITORIAL En Junio de 1982, dentro de poco menos de dos años, se celebrará en España el Campeonato Mundial de Fútbol. Es muy posible que el acontecimiento se produzca con brillantez deportiva e incluso técnica, pero también es seguro que este Campeonato pasará a la historia como una gran oportunidad perdida en la que la Administración, RTVE y la industria nacional de la electrónica hubieran podido demostrar que ya no se hacían las cosas como antes. Pero; la ausencia de iniciativas planificadas y, por tanto, el recurso a la improvisación, van a ser, una vez más, los parámetros fundamentales a utilizar en este evento. Con un conocimiento cierto de 8 AÑOS de antelación, se han perdido inexplicablemente cerca de seis de ellos para planificar adecuadamente los recursos técnicos y humanos que serán necesarios en la transmisión del Campeonato, para preparar las inversiones precisas que permitieran cumplir con la adquisición de recursos, y en fin, para que la industria nacional pudiera programar qué tipos de materiales y equipos se comprometía a desarrollar y producir en España. Ni RTVE planificó a tiempo, ni la administración se interesó en programar las inversiones adecuadas con plazo suficiente y urgir a RTVE, que al fin y al cabo es un organismo de la misma, ni la industria de la electrónica se preparó en participar adecuadamente. Y, ahora, a menos de dos años del Campeonato, vienen los rasgados de vestiduras, las acusaciones mutuas: RTVE no ha colaborado con la industria nacional; el Gobierno ha recortado al 50 por ciento el presupuesto de recursos presentado, tarde, por RTVE; RTVE dice, no obstante, que este recorte no afecta sustancialmente a lo planificado (¿); la industria de la electrónica no ha presentado planes de producción ni siquiera indicativos; etc., etc. Una vez más, los responsables de las decisiones en este país no han sido capaces de enfrentarse con rigor y profesionalidad a un compromiso adquirido. La responsabilidad es de ellos, aunque las consecuencias nos afecten a todos. No debemos olvidarlo.

12.- EDITORIAL No es práctica habitual de nuestra revista el hablar de temas que, por su carácter coyuntural o su amplitud, hemos considerado propicios para otras tribunas. Hoy, sin embargo, conscientes de la gravedad de la situación, vamos a opinar sobre algo que ha sido comentario habitual durante las últimas semanas y que con certeza lo seguirá siendo en las próximas: la situación económica y su consecuencia directa, el paro. Nos apoyamos para ello en considerar que nuestro colectivo se ve afectado en varios flancos: Desde la óptica del ingeniero que desempeña funciones directivas y que conoce de las dificultades de hacer hoy una política empresarial constructiva en un marco de problemas estructurales profundos, desde la situación del que no encuentra trabajo o lo encuentra en funciones y tareas devaluadas y con la presión que suponen varios cientos de compañeros más a la búsqueda del “dorado”, y finalmente, desde la disminución del poder adquisitivo y sensación de desconfianza en el futuro que se ha producido a partir de la aparición de la crisis económica. Por definición y por convicción, no queremos analizar el último intento de programa económico presentado al país por el nuevo Gobierno, responsable de mejorar en un futuro las incertidumbres antes expuestas. Solamente queremos destacar que si en ese programa se anuncia la firme voluntad de atacar el problema del paro y la remodelación de sectores industriales con tecnología atrasada a la vez que se apoyan aquellos sectores nuevos más productivos, nos sentimos directamente afectados por todos lados. Tenemos parados y somos sector punta. Tenemos conocimientos y no se aplican intensamente. Formamos parte de un colectivo al que no se le sacan beneficios sociales de sus “saberes” y al que la Administración niega su importancia para la gestión de una sociedad desarrollada. Si el Gobierno quiere disponer de un sector público competitivo, si quiere apostar por una sociedad tecnificada, si quiere mirar hacia el futuro, ha de tomar decisiones que, sin ninguna duda, han de tener un asesoramiento técnico importante, sobrepasando la normal tentación de improvisación con el único objetivo de complacer a la galería. Sin caer en la defensa de pequeños mundos corporativos, sabiendo que el problema económico afecta a otros sectores de la sociedad de manera más grave que al nuestro, nos creemos en la obligación de sumarnos a aquéllos para reclamar soluciones que permitan superar la crisis y afrontar nuestros problemas más angustiosos.

13.- EDITORIAL El sector de la Electrónica Profesional se encuentra en un momento crucial. La informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones suponen un reto tecnológico que las naciones desarrolladas han asumido plenamente, y en el que nuestro país no parece interesado. Siempre en aras de responder a la opinión pública con la resolución de los problemas del momento, la Administración olvida sectores, como el nuestro, que a medio plazo se convertirán en prioritarios. Pero la necesidad de crear una base tecnológica que nos permita, cuando esto suceda, afrontar el problema con garantías de éxito, es algo que ahora, y no entonces, hay que asumir. Porque entonces ya será tarde. Y esto, lamentablemente, es lo que no se está haciendo. La consecuencia inmediata es que nuestra dependencia y nuestro retraso con respecto a países avanzados irá en aumento. Paradójicamente, entre las “voces autorizadas” del sector existe una asombrosa coincidencia. Se pide insistentemente una política de inversión del sector público que potencie y proteja la industria nacional, se considera imprescindible la existencia de un plan de informática y otro de microelectrónica que sirvan de marco para el desarrollo de industrias nacionales, que, de otra forma, estarían abocadas al fracaso. Falta, en definitiva, una política tecnológica e industrial seria. La Administración, que es consciente del problema después de las innumerables presiones de que está siendo objeto, justifica su incapacidad en la falta de apoyo económico que le puede ofrecer al sector, originada por la actual crisis, y no le dedica el interés necesario, dando, al parecer la batalla por perdida. Desde aquí queremos dejar constancia de que los medios a poner en estos momentos, son, además de económicos, de otra índole: interés gubernamental en el desarrollo de una electrónica nacional, tecnificar y organizar la administración para hacerla más eficiente, mentalizar a la opinión pública, planificar las inversiones con tiempo, ordenar y coordinar las competencias administrativas en el sector, etc. Nos lleva al desaliento, por ejemplo, asistir a manifestaciones, como la del Subsecretario de Transporte y Comunicaciones el día de San Gabriel, que no hacen sino demostrar que su Ministerio carece de norte en lo que a telecomunicaciones se refiere, y dar la sensación de que ni quiere, ni sabe, ni puede resolver el problema. Nos queda la esperanza de que la recién creada Dirección General de Electrónica e Informática dependiente del Ministerio de Industria de el juego que todos esperamos. Que no es poco. No obstante, conviene ser conscientes de que no es la Administración Pública el único estamento involucrado en la dinámica del sector, aunque sí el más influyente. Las entidades financieras, los empresarios, los usuarios y los trabajadores deben asumir su papel con la misma fe y seriedad que le exigimos a aquélla. Y dentro de estos últimos, nosotros, como profesionales, deberíamos ser siempre un ejemplo vivo y tenaz de esa profesionalidad, que tanto está faltando en muchos casos. ¿Empezamos por ahí?

14.- EDITORIAL Son muchas las ocasiones en que hemos reclamado la atención de gobernantes y legisladores sobre los problemas de nuestro sector, y hemos pretendido hacerles ver la urgente necesidad de trazar con claridad los caminos por los que las Telecomunicaciones y la Electrónica deben transcurrir en el futuro. Ese futuro que ya no se concibe sin unos servicios modernos y asequibles, y sin unos procesos productivos donde las tareas rutinarias y repetitivas sean realizadas por las propias máquinas, dotadas de inteligencia artificial, todo ello al servicio de hombres cada vez más sanos, más cultos y más libres. Hasta ahora, ninguna respuesta, ningún gesto positivo. ¿Ha cambiado algo en las últimas semanas? Pues, tal vez sí o tal vez no. Veamos. Sin entrar aquí a considerar la amenazadora posibilidad de que el tinglado legal y político se venga abajo (¡no es posible que los españoles seamos tan obstinadamente masoquistas con nuestra Historia!), hay dos hechos a tener en cuenta. Primero. El Ministro de Transportes y Comunicaciones ha encargado la “redacción de un documento básico sobre Política de Telecomunicaciones”. Por algo se empieza. En su momento, nos manifestamos decepcionados por la composición del grupo receptor del encargo, así como por el método elegido para su redacción. Cuando se nos pidió por escrito “la expresión del punto de vista de la comunidad profesional de Telecomunicaciones sobre los servicios… y otras facetas de las Telecomunicaciones”, con la limitación de hacerlo en cuatro semanas y sin indicarnos la finalidad del documento, ni sus objetivos, ni su alcance, la reacción fue doble. Hacia el Ministerio, señalar nuestra desconfianza en que un planteamiento tan precipitado y desenfocado pudiera arrojar un resultado valioso. Hacia nuestra responsabilidad como profesionales constituir una Comisión que, supliendo las carencias indicadas, canalizara los conocimientos y sugerencias de los Ingenieros de Telecomunicación hacia un documento propio. Pero sin atropellarse; ordenando los temas y las ideas. Tratando de evitar la chapuza. El planteamiento general consiste en no pretender sintetizar a toda costa en un modelo único las diferentes e incluso contrapuestas opiniones de nuestros compañeros respecto a temas como regulación de las Telecomunicaciones, régimen de explotación de servicios, unidad pluralidad de infraestructuras, comercialización de terminales, política industrial, etc. Y en esas estamos. Segundo. Ante nuestra protesta por el patrocinio oficial que se dio a la operación comercial del Sector Telemático Francés, disfrazada de Jornadas Hispano-francesas, el propio Ministro recogió en el discurso de clausura la mayor parte de las sugerencias que le enviamos por escrito. Recogiendo la calificación de “Sector Básico”, manifestó “la voluntad de instrumentar los apoyos administrativos y económicos necesarios para potenciar al máximo las tecnologías y la industria españolas” y adoptó un tono general francamente positivo. Nuestro Decano-Presidente le comentó al finalizar, “Estamos todos de enhorabuena si esa va a ser la postura del Gobierno en los próximos tiempos y las palabras se traducen en hechos”. Sr. Ministro, le tomamos la palabra y le ofrecemos nuestra colaboración.

15.- EDITORIAL Defender la profesión. Es una opinión extendida que los españoles no formamos un cuerpo social homogeneizado en torno a ideas universalmente extendidas, de contenido y proyección por encima de intereses inmediatos y concretos. Los españoles encerrados y preocupados por su universo individual han roto, sin embargo, sus barreras para sentirse integrados en mundos reducidos de intereses comunes: aquellos que se forman en torno a las actitudes corporativas. Desde esas posiciones cada colectivo se procura instrumentos para extender sus competencias y defender los terrenos previamente conquistados. La vieja tradición gremialista ve continuada su función en los días del siglo XX, varios siglos después de que hayan desaparecido sus colectivos de origen. Esta tentación afecta igualmente en nuestros días a todos los ciudadanos, con independencia de la posición que se tenga en las escalas productivas. Es común, por lo tanto, encontrar espíritu corporativo entre los metalúrgicos, los médicos, los ingenieros, etc. Nuestra profesión, por haber nacido recientemente no parece disfrutar sin embargo de una muy alta cota de integración corporativa, según se desprende de la historia de casi todas nuestras actuaciones en los marcos naturales de la AEIT y el COIT. Esto, que es una realidad, pesa sobre las posibilidades que se nos prestan, en este terreno de juego de los intereses corporativos, para conseguir elevar nuestra presencia social al mismo tiempo que se mejora la necesaria, hoy impetuosa tecnificación de la sociedad. Tal falta de sentimiento nos impide levantar la voz con energía suficiente para deslindar el intrusismo profesional al que estamos sometidos, de la saludable competencia de otras ingenierías; nos limita para denunciar abusos e incumplimientos de la legalidad en muchos de los cometidos que la Administración se reserva en este dominio y por fin nos impide reunir lo que de unitario tienen los hombres y mujeres de esta profesión por encima de las evidentes diferencias que nos separan para mejor defender la profesión. Desde esa postura claramente manifestada de la bondad de tales actuaciones, nuestro colectivo acertaría, sin embargo, al distinguir un uso de un abuso, de dicho “espíritu de cuerpo”. Nos vienen en estos días en que se cierra el BIT a los ojos, los coletazos del conflicto médico generado en el Hospital Provincial de Madrid y su posible extensión a todo el territorio nacional. Y como colofón de lo anterior expuesto creemos que es el típico caso en que no nos sentimos solidarios ni identificados con aquellos que, involucrando a todo un colectivo profesional, pretenden sin más el mantenimiento de actitudes cuando menos inmorales, en muchos casos corrompidas. Actitudes minoritarias que no guardan la más mínima solidaridad con ese amplio número de médicos en paro que han manifestado su repulsa públicamente a tales actitudes, así como con el conjunto de los españoles que no han entendido cómo se podían manejar sus fondos de manera tan inaceptable. Nosotros no podemos compartir ese llamamiento que se puede generar sobre lo que se ha dado en llamar “el problema de la clase médica”. No por falta de comprensión sobre las actitudes corporativas sino por una exacta medición de lo que de trigo y de paja hay en cada caso concreto.

16.- EDITORIAL Coordinación y coherencia. Que estamos a punto, si no ponemos ya los medios para evitarlo, de perder el tren del desarrollo y pasar a ser una nación definitivamente dependiente en lo que se refiere a las telecomunicaciones, la electrónica y la informática, es algo, que, actualmente, no ofrece duda. Esto es así, porque aún no existe una verdadera voluntad política de seguir una senda de progreso similar a la del bloque de países desarrollados al que históricamente pertenecemos. Aunque hasta hace bien poco apostábamos a que esta voluntad no existía y denunciábamos de forma reiterada que esta atención que nuestro sector requiere, ni se daba, ni existía el menor interés por parte de la Administración en que se diera, ahora debemos decir que este fenómeno empieza a darse. Por un lado, por las presiones que, desde sectores profesionales, se mantienen sobre los responsables de administrar los fondos públicos, y, por otro, por el propio dinamismo del sector, y el ejemplo de otros países que tenemos cerca. Sin embargo, este naciente apoyo se caracteriza, a veces por su incoherencia, y siempre por su descoordinación. No es coherente, por ejemplo, que el titular del hasta hace poco Ministerio de Transportes y Comunicaciones, manifiesta, durante la clausura de las llamadas Jornadas Hispano-Francesas de Telemática, “su voluntad de instrumentar los apoyos administrativos y económicos necesarios para potenciar al máximo este sector, consciente de que es básico para el establecimiento y desarrollo de una economía moderna”, se proceda, al poco tiempo, a añadir más competencias a las que ya soportaba este Ministerio, ahora el turismo, que no hacen sino relegar el problema de las telecomunicaciones, la electrónica y la informática, al mismo furgón de cola, ahora de un tren más largo: el de las preocupaciones y prioridades dentro del Ministerio. Que no hay coordinación es, por otra parte, evidente. Mientras en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones se anuncia reiteradamente la próxima aparición de un Libro Blanco sobre el futuro de las Telecomunicaciones, la Electrónica y la Informática, en alguna parte se le siguen añadiendo páginas al nonato Plan Informático Nacional, y desde el Ministerio de Industria se pone en marcha una Asociación para tratar de favorecer la aplicación de la microelectrónica en los procesos productivos de las PYME. Por supuesto, Defensa, Sanidad, Interior y RTVE cubren sus necesidades en esta área “a su aire”. En Transporte, Turismo y Comunicaciones se albergan algunos de los servicios, pero también forman parte importante de la demanda los que se regulan y explotan desde Defensa, Trabajo, Sanidad y Seguridad Social e Interior y Presidencia. Por otro lado, en Industria y Energía se tiene como objetivo ordenar la oferta nacional, mientras en Economía y Comercio se juega un papel decisivo respecto a las importaciones. Hay empresarios, técnicos y buena situación estratégica mundial para un desarrollo floreciente de este sector en nuestro país. El Gobierno tiene la palabra o, mejor dicho, la capacidad de actuar. Si, como parece, pretende practicar un nuevo estilo, basado en el pragmatismo y empeñado en la eficacia, dispone de una gran ocasión para lucirse en este terreno de las Telecomunicaciones, la Electrónica y la Informática.

17.-EDITORIAL El 11 de Diciembre de 1979, siendo entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, Salvador Sánchez Terán, y producto de una moción presentada en el Parlamento por el PSOE, el Gobierno se compromete a redactar en el plazo de un año, “un informe sobre el futuro de la industria electrónica y telecomunicaciones en España, y el papel que el Gobierno está dispuesto a asumir”. El 25 de Febrero de 1981, el Ministro de la Presidencia del Gobierno, en respuesta a una pregunta realizada en el Congreso de los diputados, comunicó por escrito al presidente de dicho organismo que en Junio del presente año se haría público el Libro Blanco. Finalmente durante una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de los Diputados, celebrada el pasado día 17 de Junio el actual Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones volvió a retrasar el reloj, anunciando la salida del Libro Blanco a la luz pública para “antes de finalizar el verano”. (La estación conocida como verano dura oficialmente hasta el 21 de septiembre). Antes, en Diciembre de 1980, sin que se hubiera fijado siquiera el índice de dicho Libro, el ahora Ministro del ramo José Luis Álvarez, que cuenta en su departamento con un Gabinete de Ordenación de las Telecomunicaciones, encarga a Antonio Barrera de Irimo (Consejero de CTNE y Presidente de FUNDESCO) la redacción de un Libro Blanco sobre el futuro de las Telecomunicaciones en España, quien presidirá a partir de ese momento un grupo de personas, cuya entidad, composición y objetivos nunca se han detallado oficialmente. En sus propias comunicaciones, el grupo se hace llamar indistintamente Comisión y Ponencia Especial. La Comisión “encargada de elaborar un informe que sirva de base para definir la política más adecuada para el futuro de este sector” es protestada desde varios frentes, acusada de no estar adecuadamente compuesta y de no contar con los medios y el tiempo necesarios para semejante tarea. Producto de ello, su presidente solicita información a aquellos sectores y personas “que puedan aportar datos o criterios sobre el presente y el futuro de las telecomunicaciones, sus repercusiones económicas sobre otros sectores productivos, y sus repercusiones sociales sobre el conjunto de nuestro país, incluyendo juicios de valor”, tal y como textualmente recogía su carta. Esto sucede el 22 de Diciembre y uno de los organismos cuestionados es, lógicamente, nuestro Colegio Oficial, a través de la persona de nuestro Decano. Se nos solicitaba “la expresión del punto de vista de la comunidad profesional de telecomunicación frente a los servicios de telecomunicación”, aunque no estuvieran tan próximas a nuestro juego de intereses y responsabilidades. Se nos daba para ello poco más de un mes de plazo, que sensiblemente reducido si tenemos en cuenta que en el mismo estaba incluido el periodo de Navidad. La junta de Gobierno del COIT, consciente de la importancia y trascendencia del tema, rehuye la “chapuza” y, a costa de sobrepasar el periodo fijado, decide poner en marcha, a su vez, una comisión abierta, cuya convocatoria apareció, en su día, en las páginas de nuestro Boletín, que diera forma a nuestra aportación. Tras su trabajo, repartido por áreas entre sus componentes, esta comisión presenta sus conclusiones a la Junta de Gobierno, que concreta y presenta a la Comisión que preside Antonio Barrera de Irimo el documento que tenéis en vuestras manos y que pretende ser, tal y como se indica en la carta de presentación “una sucinta expresión de los aspectos más destacables que, a juicio de este Colegio Oficial, deberían contemplarse en una Política de Telecomunicación aplicable a la realidad de nuestro país”. Se ha huido, conscientemente y en lo posible, de apoyaturas cuantitativas que, con toda seguridad, resultarían redundantes para la Ponencia oficial, centrándonos en los puntos esenciales sobre los que, en lo sucesivo, pivotarán las actividades de este sector. Nos ha parecido, así mismo, oportuno subrayar la vital importancia que para nosotros tienen una serie de decisiones políticas de amplio espectro, previas a la elaboración de una Política concreta de Telecomunicaciones, tal como se recoge en la Introducción de nuestro documento. Los profesionales tenemos la obligación de utilizar nuestras organizaciones como foros para discutir estos temas. Por ello, nos proponemos invitar a los diversos sectores sociales a que manifiesten sus puntos de vista sobre el presente y el futuro de las Telecomunicaciones, la Electrónica y la Informática, a fin de aportar nuevos datos para que, tanto la Administración Pública como el Parlamento puedan hacer frente con la adecuada perspectiva a las graves responsabilidades contraídas con la sociedad en este sector. En opinión de la Junta de Gobierno del COIT, este intento oficial de estudiar el sector demuestra una vez más la ausencia total de la voluntad política mínima necesaria para asumir la importancia del mismo, y planificar su futuro. Parece más un recurso barato encaminado a ir trampeando el acoso parlamentario, que un primer paso para el establecimiento de una nonata Política de Telecomunicaciones. Y todo esto, mientras el sector se tambalea y varios cientos de compañeros se encuentran sin empleo, resulta demasiado grave para permanecer callados y quietos. Si queremos mejorar nuestro campo de actuación profesional, debemos reflexionar y dialogar cuanto sea necesario, pero también actuar. Por nosotros, que no quede.