En las sociedades contemporáneas las empresas, las organizaciones públicas y privadas y los ciudadanos en general, necesitan manejar volúmenes ingentes de información para desempeñar adecuadamente sus actividades y esta información se difunde a nivel mundial a través de las grandes redes de telecomunicaciones, principalmente Internet. Sin embargo, lo que realmente permite considerar a Internet y, por extensión, a la Sociedad de la Información como un fenómeno revolucionario es su gran dinamismo y su capacidad para crear nuevos hábitos, para generar nuevos comportamientos sociales, para modificar los esquemas tradicionales, y en definitiva, para crear un nuevo modelo de sociedad. A día de hoy, existe un consenso generalizado sobre las grandes ventajas que conlleva la Sociedad de la Información. De un lado, representa una importante alternativa para superar las desigualdades sociales que han generado las barreras físicas tradicionales de acceso a la información. La Sociedad de la Información ofrece un ilimitado potencial para promover la igualdad de oportunidades en todas las dimensiones de la vida de los ciudadanos. Por otro lado, las nuevas tecnologías juegan ya un papel clave en la competitividad de nuestras empresas y, por ende, en el incremento de la productividad y el empleo eficiente de los recursos, constituyendo un factor clave para el crecimiento económico, para el empleo y para el bienestar. Una prueba de ese consenso generalizado, al que acabo de referirme, es la prioridad que en la agenda política han adquirido la política tecnológica y la política de desarrollo de la Sociedad de la Información. Lo que se discute actualmente no es si estas políticas deben estar entre las prioridades del Gobierno, sino cómo impulsarlas y desarrollarlas mejor. Este es uno de los grandes cambios que se han producido en nuestro país en los últimos años. Buena prueba de ello es que el mercado de las tecnologías de la información y de la comunicación ha pasado en los últimos años de representar un 3,5% del Producto Interior Bruto en 1995 a un 6% de ese Producto Interior Bruto en el año 2002. El número de líneas de telefonía móvil en España ha experimentado, asimismo, un incremento espectacular, superando en lo que va de año los 37 millones, es decir, el 92% de la población, por encima de la media europea. El cambio también ha afectado a la difusión de la tecnología en los hogares, ya que en la actualidad el 40% de los hogares españoles tiene un ordenador personal, y el número de usuarios de Internet ha pasado de 240.000 en 1995 a más de diez millones en el año 2003. Estas cifras son únicamente algunos indicadores del cambio que se ha producido en nuestro país en esta década, pero sirven también como punto de referencia para marcar la senda por la que se ha de seguir avanzando. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología vamos a profundizar en las reformas ya iniciadas, a través de una estrategia basada en tres pilares fundamentales: regulación, infraestructuras y promoción de la Sociedad de la Información. En primer lugar, estamos trabajando en la creación de un marco jurídico que dote al sector de unas reglas estables y transparentes. En este sentido, merece la pena destacar la aprobación, hace escasas semanas, de la Nueva Ley General de Telecomunicaciones, que clarifica el marco regulador de las telecomunicaciones, a la vez que lo armoniza con las pautas marcadas a nivel europeo. Gracias a esta Ley se hace efectivo en todo el territorio nacional el derecho a acceder a Internet como un auténtico servicio universal, reforzando la Caminando hacia el desarrollo de la Sociedad de la Información Carlos López Blanco Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España BIT 142 DIC.-ENE. 8 2003 cohesión territorial y eliminando el riesgo de desigualdades de acceso por razones geográficas. En el mismo sentido debe mencionarse la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, pieza clave para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Tampoco debe olvidarse la inminente aprobación de la Ley de Firma Electrónica, que contempla la instauración del Documento Nacional de Identidad electrónico como herramienta fundamental para impulsar los servicios electrónicos avanzados en la Sociedad de la Información. La segunda línea de actuación se basa en el desarrollo de infraestructuras capaces de dar soporte a los nuevos servicios de la Sociedad de la Información. Me estoy refiriendo a la estrategia para el desarrollo de la banda ancha en nuestro país. Este concepto debe entenderse de forma dinámica como un acceso continuo en el trabajo, en casa o en movimiento, proporcionado a través de una serie de tecnologías, ya sean fijas o inalámbricas que dispongan cada vez de mayor ancho de banda, y que sean capaces de soportar la oferta de contenidos interactivos nuevos e innovadores, de aplicaciones y de servicios, así como la distribución de servicios públicos avanzados. Para ello es preciso que se promueva la conectividad y la disponibilidad de servicios y aplicaciones con carácter universal, fomentando y promoviendo tanto el uso de los nuevos servicios de la Sociedad de la Información como el desarrollo de la industria del sector TIC. Ello requiere de un gran esfuerzo de cooperación activa entre la Administraciones y los operadores y empresas, ya que la banda ancha no sólo tiene un interés político o social, sino también empresarial. Por último, el tercer pilar sobre el que gira nuestra actuación se basa en la promoción del desarrollo de la Sociedad de la Información en sí mismo. Y en este sentido hay que hacer una mención especial a la Administración electrónica, que genera nuevas vías de comunicación y mejora la calidad en la prestación de los servicios públicos por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el propio seno de la actividad de las Administraciones Públicas como en sus relaciones interadministrativas y con los ciudadanos. Nuestros ciudadanos y empresas deben tener la capacidad de elegir el método de relacionarse con la Administración, y la opción por la vía telemática debería ser un activo más en el ámbito de los servicios públicos. Por ello, los poderes públicos tienen el reto de garantizar la accesibilidad a los servicios electrónicos evitando la exclusión social. Para ello, se debe actuar tanto desde el lado de la oferta, con más servicios electrónicos y telemáticos, como desde el lado de la demanda, incluyendo medidas para facilitar el acceso de todos los estratos de la población a los servicios públicos electrónicos. El reforzamiento de la participación ciudadana en el modo y en la forma en la que se prestan los servicios públicos telemáticos resulta esencial, debiéndose cuidar los aspectos de seguridad y confianza en el servicio, y dando todas las garantías de privacidad en la prestación. La Administración electrónica es una vía para avanzar hacia el desarrollo del “mejor gobierno”, en donde la tecnología es fundamentalmente un medio y no un fin en sí mismo. El valor de la Administración electrónica, por tanto, no reside en un mero traslado de los servicios que actualmente presta la Administración, sino que debe responder a la optimización y reorganización de los esquemas del servicio público, de tal forma que permitan una mayor eficiencia y eficacia en las relaciones con los ciudadanos y empresas, así como propiciar el cambio cultural que exige la implantación de la Sociedad de la Información. A ello, es preciso añadir el efecto indirecto que desde su posición ejemplarizante y de liderazgo la Administración electrónica produce en el conjunto de la sociedad, ya que la prestación online de servicios tradicionalmente prestados a través de “ventanilla física” a los ciudadanos puede ser un incentivo fundamental que hace que aumente notablemente el número de personas que accede y utiliza los servicios de la Sociedad de la Información, con el consiguiente efecto en su implantación efectiva. Creo sinceramente que nuestro país ha avanzado mucho en los últimos años y creo también que hemos logrado objetivos muy importantes y muy ambiciosos. Sin embargo queda aún un largo camino por recorrer y es preciso seguir avanzando mucho más. Nos encontramos en un momento crucial para lograr la consolidación de la Sociedad de la Información, dos palabras que hace sólo unos años eran una entelequia y hoy son una realidad. Todos los que creemos que nuestro país debe estar en la vanguardia de Europa tenemos la obligación y el reto de luchar cada día para que los beneficios que la Sociedad de la Información conlleva se extiendan a todos los ciudadanos y a todos las empresas. Sólo así, conseguiremos una sociedad más justa, más cohesionada, más avanzada y más próspera. M BIT 142 DIC.-ENE. 9 2003