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En los últimos meses hemos asistido, y contribuido desde el COIT y la AEIT, a la presentación de estudios y debates públicos sobre las causas y la naturaleza de la crisis profunda que atraviesa el sector de las telecomunicaciones. Ahora sabemos que las dificultades provienen fundamentalmente del fuerte endeudamiento que arrastran las empresas como consecuencia de la “borrachera de expectativas” vivida hasta la primavera del 2000 y de la desconfianza de los analistas financieros sobre la capacidad de recuperar las fuertes inversiones que requiere el despliegue de las nuevas infraestructuras y servicios (fijos y móviles) de banda ancha. La reducción de la deuda está obligando a las empresas del sector a realizar fuertes ajustes tales como las ventas de activos no estratégicos, paralización de inversiones, reducción de costes, fuertes ajustes de plantilla..., e incluso está produciendo su desaparición por fusión, absorción o simple cierre de sus actividades. Probablemente, muy pronto asistiremos a procesos todavía más fuertes de consolidación. Varios son los orígenes de esa desconfianza antes mencionada. Entre ellos, la respuesta de la demanda a los nuevos servicios, la evolución del marco regulador, el grado de madurez y oportunidad de algunas de las tecnologías claves y el comportamiento general de la economía y de los propios mercados financieros. Por otro lado, asistimos atónitos al espectáculo de ver cómo los gobiernos de Francia y Alemania acuden en ayuda de sus operadores y constatamos la renovada importancia que está adquiriendo en algunos países de nuestro entorno la intervención pública a través de la activación de políticas públicas de innovación y fomento de las infraestructuras y servicios para la Sociedad de la Información. Este difícil escenario es el que se ha encontrado el nuevo equipo que se incorporó al MCYT poco antes del verano, bajo la responsabilidad del ministro Piqué. El nuevo Ministro ha tenido el acierto inicial de lanzar mensajes tranquilizadores al sector, en particular su compromiso de asumir el liderazgo de la situación. Sus declaraciones sobre la dificultad de continuar con el ritmo de bajada de los precios de los servicios, sobre la necesidad de relajar los compromisos adquiridos por los agentes en la adjudicación de las licencias, sobre la necesidad de que se produzca una profunda consolidación de las empresas del sector, o su defensa pública del papel de Telefónica y su preocupación por la industria y la innovación sintonizan muy bien con las preocupaciones del sector. Sus primeras actuaciones concretas, presentadas como “medidas de choque”, son una respuesta urgente a las peticiones concretas y de coyuntura planteadas por los propios agentes. Han resultado un difícil equilibrio entre varios objetivos contradictorios, como son, por ejemplo, el mantenimiento de precios no inflacionistas, el sostenimiento de los ingresos del Estado, relajar la presión de los avales y mejorar los márgenes de los operadores o evitar el deterioro de la competencia, como consecuencia de la progresiva desaparición de los nuevos operadores. En opinión del COIT y de la AEIT, la situación exige ir mas allá y adaptar urgentemente los objetivos y los fundamentos de las políticas públicas y de regulación a la nueva situación. Para nuestras instituciones es motivo de honda preocupación tanto la tremenda reducción de empleo en el sector y las reestructuraciones (paro, prejubilaciones) que afectan al empleo cualificado de expertos de la sociedad de la información, como mantener un mínimo nivel tecnológico (industria del sector, producción, actividades de I+D, innovación) que nos permita responder a las necesidades futuras de nuestras administraciones, de nuestras empresas y, en definitiva, de nuestra sociedad que, no se está incorporando a la revolución digital con la rapidez con la que lo están haciendo países de nuestro entorno. Por lo cual, es necesario un “cambio de modelo” que recupere la confianza en el sector. Para ello, el gobierno dispone de dos instrumentos fundamentales: la nueva Ley (y el desarrollo reglamentario posterior) que se deriva de la transposición del “paquete telecom” del Nuevo Marco y los programas de desarrollo tecnológico y fomento de la SI. Con el primero, puede crear un marco favorable para la consolidación de operadores sólidos con vocación inversora que compitan eficientemente. Con el segundo, puede hacer llegar la oferta de nuevos servicios a zonas no rentables contribuyendo a cerrar la brecha digital, puede incentivar la demanda de servicios públicos en red y favorecer la innovación, el I+D y la formación en TIC. Desde estas líneas, nos ponemos a disposición de los nuevos responsables públicos para colaborar en aquellas tareas que consideren pertinentes. Ante el reto de gobernar las telecomunicaciones en tiempos de crisis BIT 135/SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2002 5

Finalizan su mandato las Juntas actuales y tenemos la sensación de haber cumplido el programa que propusimos hace cuatro años. Esperamos que esta sensación sea compartida por nuestros compañeros. El periodo que ahora termina se ha caracterizado por un creciente posicionamiento de nuestra profesión como uno de los nuevos pilares sobre los que se sustenta la sociedad actual. Producto de la decisión de potenciar el papel del Colegio, y en cumplimiento de una de las funciones públicas que tenemos delegadas, en 2002 se han visado más de 50.000 trabajos, lo que ha supuesto la consolidación del ejercicio profesional del ingeniero de telecomunicación tanto libre como asalariado y ha propiciado el nacimiento de más de doscientos gabinetes de telecomunicación creados por compañeros nuestros. Fenómeno éste totalmente inexistente hasta ahora, que proporciona una red de expertos por todo el territorio nacional y que garantiza y soporta la incorporación de España a la Sociedad de la Información. Como articulación de todo esto, se han elaborado y aprobado unos nuevos Estatutos del Colegio que formalizan también la voluntad descentralizadora expresada hace cuatro años, lo que ha posibilitado durante esta legislatura la creación de las dos primeras Demarcaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, a las que seguirán pronto otras más. El análisis de los nuevos perfiles profesionales, iniciativa PAFET, que se demanden en la Sociedad de la Información, la calidad de la enseñanza y las nuevas habilidades y conocimientos de gestión, marketing, comercial, etc., que hay que desarrollar para los ingenieros de telecomunicación, así como los aspectos socioprofesionales de nuestros colegiados, estudio PESIT, y la orientación de los futuros ingenieros de telecomunicación en las escuelas hacia un mayor conocimiento de las alternativas profesionales por cuenta ajena o por cuenta propia, son cuestiones de notable importancia que se han ido desarrollando. Especialmente oportuna ha resultado en ciertos momentos la labor desarrollada a través de los grupos creados por las Juntas, básicamente el GRETEL y el Foro de las Telecomunicaciones, para hacer más visible nuestra función como expertos y convertir nuestras instituciones en lugar de encuentro objetivo e imparcial, a la hora de reflexionar en torno a las cuestiones fundamentales del sector. Finalmente, porque no se trata ahora de hacer un balance exhaustivo, esta etapa ha supuesto la mayoría de edad para nuestra área interna de gestión, a la que se le ha dotado de medios y recursos para atender, con la mayor garantía de calidad y seguridad, las necesidades futuras de nuestra profesión. Creemos que esta gestión debe estar garantizada con independencia de quienes, en cada momento, resultes elegidos para las Juntas. Han sido, en conjunto, cuatro fecundos años para nuestra profesión y hemos intentado que lo sean también para nuestras instituciones, aunque ello no represente sino los pasos iniciales de un colectivo, los ingenieros de telecomunicación, a los que nos queda aún mucho por hacer. Entre otras cosas, somos conscientes de ello, organizarnos para soportar las crisis cíclicas que sufre todo sector y que en el nuestro está ahora a la vista. Pero todo ello no hubiese sido posible sin el apoyo que la labor de estas Juntas ha tenido de los ingenieros de telecomunicación y que hemos percibido en muy diferentes actos y territorios. De modo que nuestra despedida no puede ser de otro modo que dando las gracias y animando a todos a participar en nuestras instituciones, tanto en el ámbito territorial como central, en unos momentos de vital importancia para nuestra profesión. Gracias a todos BIT 136/NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2002 5 U

BIT 137 ENE.-MAR. 05 2003 Comienza el año con nuevas Juntas en el COIT y en la AEIT y nuestro "sector", entendido como el que conforman operadores y grandes fabricantes de telecomunicaciones, sigue inmerso en una crisis, o ajuste, a la que aun no se le ve el final. En los últimos cuatro años nuestras telecomunicaciones han vivido la eclosión y la recesión, la exuberancia y la escasez, el estrellato y la caída. En este contexto, nuestra profesión ha disfrutado de cuatro años frenéticos: ingenieros de telecomunicación convertidos en primeros actores de la escena, recién titulados literalmente rifados por el "sector", cambios de empresa a corto plazo y siempre para mejorar, sueldos realmente "competitivos", paro inexistente... Pero, al final, llegó lo que se veía venir: la corrección o el ajuste o la recesión, según se vea. Aceptando que nuestras telecomunicaciones están en crisis, resulta necesario destacar, con rotundidad, que el futuro de nuestra profesión no es, ni puede ser, tan incierto como el del "sector". Demostrada nuestra adaptación en época de bonanza, tenemos ahora que valorar nuestra capacidad de reacción a una situación coyuntural adversa como la que vivimos en la que, además, muchas carreras profesionales que aglutinaban conocimientos y experiencia se están viendo truncadas. Puede afirmarse que si las empresas de telecomunicaciones están soportando correcciones todavía muy duras, el impacto en nuestra profesión no está siendo, afortunadamente, tan drástico. Ello puede estar siendo debido, fundamentalmente, a dos factores. Probablemente, el primero sea el hecho de que el campo de actuación profesional de los ingenieros de telecomunicación ya no se reduce sólo al "sector" de las telecomunicaciones, sino a un hipersector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con empresas e instituciones que no están sufriendo ajustes tan duros. El otro está representado por el cambio de mentalidad del ingeniero de telecomunicación, tradicionalmente asalariado, que ahora apuesta por un ejercicio profesional independiente, no sólo referido al tradicional ejercicio libre, sino mediante la creación de gabinetes y pequeñas empresas o ejerciendo como facultativo competente para su propia empresa empleadora. Los datos del último estudio sobre el empleo en la profesión, realizado el pasado mes de enero, son elocuentes: más del 90% del colectivo considera que, profesionalmente, es necesario explorar nuevas alternativas en todos los sectores y no sólo en el de las telecomunicaciones. Por otra parte, el ejercicio profesional no regulado supone ya el 50% de la actividad profesional no asalariada y se espera que los sectores no catalogados como TIC absorban al 25% de los desempleados actuales, en torno al 8% del colectivo, un nivel de paro realmente alto. Especialmente relevante resulta la percepción y disposición de los más jóvenes: el 60% contempla el futuro con optimismo, a pesar de no haber "disfrutado" en muchos casos de la etapa de bonanza, considerando el problema más coyuntural que estructural. Este cambio de mentalidad está en relación directa con el incremento de confianza en las posibilidades propias y amplía beneficiosamente el campo de actuación profesional más allá del propio "sector". Asumiendo la autocrítica que todos tenemos que hacer y empezando por romper el mito del "sector" como centro del universo, con su regulación incluida, tenemos que demostrar institucionalmente lo que ya están demostrando nuestros profesionales: que nuestra profesión es una profesión viva, que sabe y debe adaptarse y que puede y debe superar coyunturas adversas; porque tiene tanto la preparación como la capacidad de asimilación necesarias y suficientes para afrontar con éxito esta situación. UNA PROFESIÓN VIVA www.iies.es/teleco lu Editorial

BIT 138 ABR.-MAY. 05 2003 Del mismo modo que en los comienzos del Siglo XX los ciudadanos reclamaban de sus ediles la construcción de carreteras y calles o la llegada de la energía eléctrica, el agua corriente o el gas, de esa misma forma, la "llegada" de las telecomunicaciones modernas y las facilidades que aporta el uso extendido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han de ser un elemento diferenciador e imprescindible para las ciudades del Siglo XXI. Cada municipio o cada Comunidad Autónoma tiene un punto de partida distinto, unas particularidades propias y unas necesidades en su tejido económico y social específicas. Pero en conjunto es una realidad que, en lo que se refiere al uso y desarrollo de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la mayoría de los indicadores están en toda España por debajo de los países de nuestro entorno europeo y de los EEUU. Aunque es indudable que el avance ha sido notable en los últimos años, disminuyendo las diferencias con respecto a estos países, es también una realidad que otras sociedades han realizado esta labor de manera más eficiente que la nuestra. La cita electoral para el periodo 2003-2007 es, sin duda, un buen momento para que los responsables políticos autonómicos y locales atiendan y entiendan las necesidades de los ciudadanos y de las empresas de su entorno en este ámbito y lideren su plena entrada en la Era de la Información. Para ayudarles, y en cumplimiento de una de nuestras más importantes funciones, desde nuestras instituciones se ha elaborado un documento bajo la denominación "Propuestas del COIT/AEIT para las Administraciones Autonómicas y Locales en el periodo 2003-2007. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Una apuesta de futuro", que ha sido ya presentado a todas las fuerzas políticas más representativas, con el objetivo de que estas propuestas fuesen tenidas en cuenta en la elaboración de los programas electorales de cara a los próximos comicios municipales y autonómicos. El documento pivota sobre la importancia tanto social como económica del sector de las telecomunicaciones, considerando, además, a las telecomunicaciones como un elemento vertebrador y cohesionador del territorio, una poderosa herramienta de desarrollo económico y un medio eficaz para alcanzar un mayor bienestar social. Y lo hace detectando tres ejes fundamentales de actuación. El primero considera a la Administración como inversora en tecnologías de la información, sobre todo en el fomento de la banda ancha y en el acceso a los recursos tecnológicos. El segundo destaca el papel de la Administración como facilitadora del despliegue de redes de telecomunicaciones, para lo que las ordenanzas municipales de telecomunicaciones han de ser un marco homogéneo estableciendo, entre otras cosas, la necesidad de incluir un proyecto de telecomunicaciones en la urbanización, tanto de polígonos industriales como en nuevas zonas residenciales. Finalmente, el tercer eje contempla a las administraciones como promotoras e impulsoras del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el ciudadano y por el tejido productivo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, propiciando además la creación y expansión de empresas específicas de este sector. El documento destaca, de forma especial, y recomienda que la Administración, y especialmente las corporaciones locales, desarrollen esta tarea de fomento de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información entre los ciudadanos con los profesionales adecuados que presten su conocimiento y apoyo en esta tarea, de forma que es clave que el Ingeniero de Telecomunicación forme parte ya de los Ayuntamientos o, al menos, se consolide como un asesor necesario. Solo deseamos que este esfuerzo realizado por el conjunto de la profesión a la hora de elaborar este documento sea de verdad útil y ayude a que nuestras fuerzas políticas incorporen las medidas necesarias para que nuestro país se iguale a otros en su incorporación a la Sociedad de la Información. EL COIT ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES lu Editorial

BIT 139 JUN.-JUL. 05 2003 El pasado 14 de mayo se publicó en el BOE el nuevo Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Es importante destacar que, para el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), no se trata de una más de las normativas que todo Gobierno ha de publicar para regular la sociedad en cualquiera de sus áreas de actividad. El Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, y la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, como marco de desarrollo del Real Decreto-ley 1/1998, establecen la normativa que afectará en el futuro a las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en edificios, y sustituyen a los anteriores reglamento y orden ministerial, hasta ahora vigentes que databan de 1999, a los que mejoran en numerosos aspectos. Para empezar, la nueva situación ha sido diseñada desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información con la colaboración de todos los agentes involucrados: promotores, constructores, arquitectos, ingenieros de telecomunicación, instaladores de telecomunicación, administradores de fincas, operadores y fabricantes. En sí, esto ya es una buena noticia, pues siempre es deseable que toda normativa vea la luz con el conocimiento y el consenso de aquellos a quienes les va a afectar. Pero, además, supone la aceptación por todos de lo que el Reglamento recoge y el definitivo desbloqueo de aquellos casos de ayuntamientos, cada vez menores, que no exigían los proyectos de ICT y que ahora no hallarán justificación para no hacerlo. Además, la nueva normativa incluye, entre su articulado, como técnicos competentes en el diseño, dirección de obra, y certificación de las ICT solamente a los ingenieros de telecomunicación y a los ingenieros técnicos de telecomunicación de la especialidad correspondiente, lo que supone, para el COIT y el conjunto de ingenieros de telecomunicación, un salto cualitativo de gran importancia, que aclara las competencias profesionales y la especialización técnica de los proyectistas, y otro cuantitativo no menor, pues el número de trabajos profesionales está adquiriendo, gracias al soporte de los proyectos de ICT, una enorme relevancia, llevando al libre ejercicio y la existencia de gabinetes de telecomunicación al nivel de otras profesiones históricas. Pero, además, hay otras novedades de especial importancia que es necesario mencionar: se amplían los servicios que se reciben en la ICT (se incorpora la TDT, el LMDS), se otorga flexibilidad al proyectista (previa argumentación), se adaptan y aquilatan las dimensiones de los diferentes elementos constructivos haciéndolos más próximos a la tipología de la edificación en España, se define la figura del director de obra, se amplían las obligaciones de las empresas instaladoras de telecomunicación, se acompasan el proyecto arquitectónico y el de ICT y, muy especialmente, se refuerza la figura del colegio profesional otorgando al visado colegial un mayor ámbito de aplicación. Conviene destacar que todo lo anterior supone, al tiempo, tanto una excelente noticia y un motivo de orgullo para todos, como la necesidad de que todos seamos conscientes del compromiso que, como profesión adquirimos, y sigamos apostando desde nuestras instituciones por la excelencia. Para garantizar a la sociedad que, allá donde haya una nueva edificación, habrá tanto un ingeniero de telecomunicación que pueda responsabilizarse de las telecomunicaciones como un trabajo bien hecho, tenemos todos que asumir el momento histórico para los ingenieros de telecomunicación que vivimos y seguir apostando por la proliferación de gabinetes de telecomunicación a lo largo y ancho del país, por los que encauzar nuestro trabajo como responsables de los proyectos que representan los cimientos de la Sociedad de la Información. EL NUEVO REGLAMENTO DE ICT, OPORTUNIDAD Y COMPROMISO lu Editorial

BIT 140 AGO.-SEP. 05 2003 La prestación de servicios y la explotación de redes de telecomunicaciones implica necesariamente una incidencia sobre el territorio ya que, para ello, se hace preciso el tendido de cables, la colocación de antenas, etc., por parte de los operadores de telecomunicaciones. Para la legislación aplicable a construcción de las infraestructuras se requiere la intervención, en mayor o menor medida de las diferentes administraciones en que se sustenta el servicio que se dispersa en competencias: estatales, autonómicas y municipales cuya armonización está recayendo, con frecuencia, en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). En diferentes foros venimos reclamando insistentemente una integración armónica de las distintas normativas aplicables en el despliegue y explotación de las redes de telecomunicaciones, particularmente de aquellas que provienen de distintas administraciones en razón de las competencias que cada una de ellas tiene asumidas y que están claramente delimitadas en la Constitución y en las leyes. Ha habido un momento en que la situación creada por la dispersión e incluso el caos normativo al respecto ha supuesto un riesgo cierto de bloqueo. En ese momento, el Colegio fue consciente de ello e hizo una llamada especial reclamando la armonización de las ordenanzas municipales que estaban apareciendo en materia de telecomunicaciones, ya que suponían la práctica imposibilidad de despliegue de redes y, en consecuencia, que España quedase relegada en el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. Afortunadamente, los poderes públicos de que se dotan los Estados democráticos cumplen sus funciones y poco a poco se está clarificando el panorama. Así, en relación con el conflicto entre el derecho de los operadores habilitados para el despliegue de redes y la facultad de los Ayuntamientos para establecer ciertas condiciones, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2000 sentó las bases para desbloquear la situación al señalar en sus fundamentos de derecho que: "El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede traducirse, en ningún caso, en restricciones absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación del dominio público municipal, ni siquiera en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas.” Con base en esta Sentencia y en otros impecables y sólidos argumentos propios, la CMT ha dictado varias Resoluciones en las que sienta doctrina, no sólo para el despliegue de redes sino también para el establecimiento de los requisitos a los Ayuntamientos y otros entes públicos cuando ejercen una actividad económica propia de operadores, ya sea para establecer o explotar redes o para proveer servicios de telecomunicaciones. Aunque la mayor parte de ellas se han ceñido al despliegue de las redes de cable, los argumentos se mantienen y también han sido aplicados recientemente en una Resolución referida al despliegue de redes Wi-Fi. Pero la ola de clarificación sigue su avance y ya está llegando al controvertido asunto del despliegue de estaciones de telefonía móvi, que tanto se ha visto afectado por condicionantes sociales y políticos. En este caso es el poder judicial, por medio de distintos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, el que está contribuyendo a limar los conflictos que han sido creados, fundamentalmente, por la aparición de multitud de ordenanzas municipales específicamente dedicadas a este despliegue y promulgadas en medio de un clima de alarma social desmesurada. Distintas sentencias coinciden con la doctrina de extralimitación de la CMT, en cuanto a que las competencias municipales no pueden servir de título ni justificación para, a través de las mismas, regular materias de ajena competencia como son las telecomunicaciones. Y aparece en la línea jurídica dominante un fundamento de derecho que consideramos de gran interés, al recoger que “una instalación concreta que se pueda instalar en un municipio no puede contemplarse aisladamente con independencia de los elementos que componen la red global del operador, y las determinaciones técnicas de los equipos pertenece a la competencia estatal, con lo que se hace posible la prestación del servicio de interés general”. Desde nuestras Instituciones vemos con satisfacción esta secuencia de actuaciones al considerarlas beneficiosas para nuestro sector que, paso a paso aunque lentamente, va despejando incertidumbres y delimitando campos de actuación en el complejo marco jurídico de la organización territorial española. Sería deseable su inmediato reflejo en la práctica diaria, contribuyendo así cuanto antes a que los operadores dinamicen la inversión en infraestructuras en España. OTRO PASO ADELANTE PARA EL DESPLIEGUE DE LAS REDES lu Editorial

En el mes de julio el Gobierno anunció la puesta en marcha del plan España.es para el desarrollo de la Sociedad de la Información, dotado con un presupuesto de 1.029 millones de euros para el periodo 2004-2005. Se trata del segundo plan que Josep Piqué propone y arranca en los prolegómenos de un proceso electoral...y deja el cumplimiento a otro. Esperamos y deseamos que no suceda como con el plan Info XXI, y que el nuevo Ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, asuma e impulse este proyecto. Una señal muy positiva de que así va a ser es la elección de nuestro compañero Jorge Pérez como Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Conocido por todos, tanto por su trabajo como catedrático en la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid como, especialmente, por su brillante etapa como Decano del COIT y Presidente de la AEIT durante dos legislaturas es, sin duda, uno de los más destacados expertos del sector. Su brillante labor como responsable del GRETEL y del Foro de las Telecomunicaciones durante los últimos años, su excelente relación con todos los agentes del sector, su conocimiento de nuestras telecomunicaciones y sus circunstancias, y su reciente paso por Red.es, le erigen como una magnífica elección para hacer rentable el escaso tiempo que resta hasta las próximas elecciones generales. El Colegio siempre ha apostado por la excelencia en el ejercicio profesional de nuestros colegiados para llegar a ser la referencia en el sector y una garantía en el despliegue de sus infraestructuras. En este camino, desde el COIT y la AEIT, y con especial interés ponemos, como no puede ser de otra forma, el hombro para colaborar lealmente en todo aquello que Jorge necesite. A su entera disposición tenemos que estar todos. UN NOMBRAMIENTO ACERTADO

BIT 142 DIC.-ENE. 11 2003 Los últimos datos aportados por la OCDE y el Banco de España muestran que nuestra economía continúa creciendo, y lo hace de forma sostenida y por encima de algunos de los más importantes países de la Unión Europea. Sin embargo, el pasado mes de Octubre, nuestro compañero Jaime Caruana, Gobernador del Banco de España, avisaba de que este crecimiento está básicamente sostenido por el sector de la construcción y alertaba sobre el peligro que supone no disponer de otras vías de generar riqueza cuando los ladrillos empiecen a aflojar, algo que ya se ve en el horizonte. Se preguntaba Jaime Caruana qué otro sector o sectores relevarán al inmobiliario en el futuro, cuando sea necesario. Nosotros, lógicamente, creemos que uno de ellos, probablemente el más importante, debe ser el de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y que ello vuelve a ser posible ya que empieza a dar síntomas de recuperación. En el comienzo de un nuevo año, en las puertas de un proceso electoral que dará vía a nuevos objetivos políticos, depurados ya muchos de los excesos cometidos en la época del "boom" tecnológico, con las cuentas de las empresas saneadas y sus deudas reducidas a niveles aceptables, y situados en el principio de lo que parece ser una clara recuperación de la economía mundial, parecen darse las condiciones objetivas para lanzar nuestro sector e impulsar la definitiva incorporación de nuestro país a la Sociedad de la Información. De ser así, ello debería suponer un reconocimiento explícito por parte del Gobierno que surja tras las próximas elecciones el que este sector será uno de los que dinamizará nuestra economía, lo que debe significar, entre otras cosas, mayores inversiones en I+D+i y en redes de banda ancha, más impulso a la televisión digital terrenal, y más impulso a los servicios avanzados, junto al compromiso de una auténtica administración electrónica como ejemplo para el resto de los ciudadanos. Pero, sobre todo, y en conjunto, es necesario que las futuras políticas económicas dejen de ver este sector como generador de recursos públicos para otras inversiones y acaben con una excesiva e injustificada presión sobre los precios para ayudar al ajuste del IPC. Deberían pasar a reconocer a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información como el soporte de la Sociedad de la Información, como un decisivo factor de mejora de la productividad nacional, y gracias a ello, como motor del conjunto de nuestra economía. TRAS EL LADRILLO, LAS TELECOMUNICACIONES