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Editorial Edificios para el siglo XXI -------------------------------------------------------------------------------- Con el Real Decreto-ley 1/1998 de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación en nuevas construcciones, y su posterior desarrollo reglamentario con el Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero, se exige, junto al proyecto arquitectónico tradicional, un proyecto de telecomunicación, sin el cual ningún Ayuntamiento podrá otorgar al constructor de una vivienda la licencia de obra o de ocupación correspondientes. Su publicación supone el reconocimiento de que la única forma real de que el ciudadano se beneficie de la liberalización de las telecomunicaciones es garantizarle que va a disfrutar de infraestructura en su casa capaz de soportar todos los servicios disponibles, sobre los que pueda elegir libremente la mejor oferta en precio, condiciones y contenidos, y con la calidad y la seguridad exigibles. En concreto, y entre otras cuestiones, se garantiza el acceso al servicio universal de Telefonía Básica, al servicio público de Radiodifusión y Televisión, tanto terrenal como por satélite y el acceso a la telecomunicación por cable; se establece la libertad en la elección de los operadores del servicio, sin limitaciones de ningún tipo, se permite la actuación de los mismos en condiciones de igualdad al contar todos ellos con las mismas oportunidades de acceso a los usuarios, y supone, finalmente,un elemento importante para conseguir la adecuación de las instalaciones en los edificios ya construidos para permitir el acceso a los servicios de telecomunicación. Toda esta normativa reconoce también el papel que debemos jugar los ingenieros de telecomunicación como garantes de la calidad y fiabilidad que el ciudadano espera. Supone la defensa de sus intereses por quien esté en condiciones de hacerlo. Para ello, con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en el mencionado Reglamento, se contempla la obligación de contar con un proyecto técnico firmado por un técnico titulado competente en materia de telecomunicaciones y visado por el Colegio Profesional correspondiente. Se aprecia, en muchos casos, una cierta resistencia a su aplicación, pues supone cambios, de una forma u otra, en la actuación futura de ayuntamientos, comunidades autónomas, constructoras, promotores, instaladores y arquitectos, para hacer las cosas con más rigor técnico en materia de telecomunicaciones y tendrán todos que adecuar sus funciones a las que marca la nueva ley, para que el proceso global incorpore a los ingenieros de telecomunicación en la parcela que nos corresponde. Se trata, en conjunto, de una normativa que beneficia a nuestro colectivo y al conjunto de la sociedad, ante la que trataremos de colaborar con todos en la idea de alcanzar su mejor cumplimiento, para, en los casos en que ello no sea suficiente, proceder a continuación a exigir su cumplimiento mediante los mecanismos legales necesarios. Se trata, en definitiva, de una apuesta por la modernidad y la eficacia ante la que no se puede mirar para otro lado.

Editorial Fomentar la competencia, ¿a cualquier precio? -------------------------------------------------------------------------------- Nació la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con el objetivo de fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, facilitar la incorporación de nuevos agentes, y arbitrar y modular la oferta. Desde su creación, la CMT ha intervenido ante posiciones enfrentadas, ordenando, con ello, el futuro marco de actuación de los operadores. Y lo ha hecho, en general, con acierto y celeridad, lo que ha merecido el respeto y el reconocimiento de la mayoría de los afectados. El momento por el que atraviesan las telecomunicaciones en España es especialmente atractivo y delicado. Las telecomunicaciones representan el nuevo espacio de negocio, apenas despuntando, en el que muchos ven pingües beneficios y dinero fácil, no siempre consecuencia de apuestas ajustadas al esfuerzo que el momento requiere. El proceso de liberalización de nuestras telecomunicaciones ha de ser modulado, por ello, por la actuación de los poderes públicos, al menos hasta la maduración de la demanda, para evitar la incorporación de propuestas que al final perjudiquen los intereses generales, creando expectativas falsas en potenciales usuarios no preparados para detectarlas a tiempo. Frente a quienes creemos que se debe garantizar un mínimo de calidad de los servicios en la defensa de los intereses generales y para impedir males mayores, están quienes opinan que deben ser sólo los jueces los que decidan ante posibles malfuncionamientos de la sociedad. En nuestra opinión, es bueno que los ingenieros ayuden a evitar lo que después los abogados resolverán cuando el conflicto esté servido. Para ello, el legislador actúa correctamente cuando exige en la ORDEN de 22 de septiembre de 1998, por la que se establece el Régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y condiciones que deben cumplirse por sus titulares, la presentación ante la CMT de un proyecto técnico firmado por técnico titulado competente en materia de telecomunicaciones que contemple y garantice un plan de calidad de servicio, los aspectos de ingeniería y diseño de red (topología y arquitectura, dimensionamiento, equipamiento, tecnologías a emplear, gestión de red, etc.,), la oferta de servicios, el plan de negocio, etc. La CMT, sin embargo, no esta exigiendo, en su interpretación de la Ley, la calidad debida a los proyectos que se presentan por los nuevos operadores para su aprobación, anteponiendo un equívoco fomento de la competencia a la defensa de los intereses generales. En un interesante paralelismo entre la CMT y la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), es como si ésta no controlase la presencia de los llamados "chiringuitos financieros", surgidos al amparo de la liberalización de los mercados de capitales en Europa, y dejase que el mercado mandase y fueran los mecanismos legales, generalmente judiciales, los que intentasen recuperar las inversiones, ya perdidas, de los incautos inversores, creídos de haber dejado sus ahorros en manos de empresas solventes y serias. En nuestra opinión, y especialmente al principio de la tutela del proceso de liberalización, el papel de intervención del Estado debe ser mayor. No puede dejarse todo en manos del mercado, especialmente cuando este es distorsionado, con buen criterio, por el propio Estado, al obligar al operador dominante a ofrecer sus redes a los nuevos entrantes, a los que nada les impone técnicamente, sino un posible negocio creado bajo la tutela de los poderes públicos. La CMT debe exigir a los nuevos operadores el proyecto técnico con el nivel que la ley demanda, y actuar como garante de calidad mínima, pues es una más de las responsabilidades que como ventanilla pública tiene con el desarrollo de la función para la que fue creada. Se trata, en definitiva, de fomentar la competencia, sí, pero no a cualquier precio.

Editorial Todos somos responsables: Sigue aumentando la distancia entre países ricos y pobres, como consecuencia de la globalización -------------------------------------------------------------------------------- Poco antes de finalizar julio, la ONU presentó su informe sobre el Desarrollo Humano en 1999, cuyas conclusiones han llamado la atención de la sociedad en su conjunto y deben, de forma especial, llevarnos a los ingenieros de telecomunicación, como expertos de la Sociedad de la Información, a una seria reflexión sobre lo que está sucediendo. A nadie se le escapa que la sociedad actual se ha vuelto técnicamente más compleja de lo que era apenas hace 10 años, y nos presenta un modelo marcado por la tecnología, donde el acceso a la información y al conocimiento resulta ser el elemento esencial para el desarrollo de los pueblos y de los individuos. Es aquí donde el informe de la ONU hace un llamamiento general, al que no podemos ni debemos permanecer ajenos. La globalización, señala, está discriminando a quienes no disponen de las últimas tecnologías, de forma que, a medida que avanza la sociedad de la información y las comunicaciones, disminuyen las posibilidades de crecer de quienes no tienen acceso a ellas. Consecuencia de ello, las diferencias aumentan. Mientras que la proporción entre los ingresos de los paises más ricos y los más pobres era, en 1960, de 30 a 1, ahora esta proporción es de 74 a 1. Tremenda realidad, de la que el informe culpa, en gran medida, a quienes creen que el mercado, y no el hombre, es la clave del progreso. El reto para todos es múltiple. En primer lugar, fortalecer el papel de los gobiernos, sin disminuir la libre competencia, pero garantizando con ello un acceso igualitario a los servicios, y la incorporación al desarrollo de los millones de personas que estamos dejando en la cuneta. En segundo lugar, evitar que la cooperación entre países sirva para lastrar aún más a los países pobres, a los que se destina la tecnología que otros rechazan por obsoleta. Finalmente, es necesario hacer un especial esfuerzo tanto en la difusión de las tecnologías de la información, haciendo a todos conscientes de lo importante de su reconocimiento individual y colectivo y su asimilación diaria, como en una seria labor formativa, pues el acceso a la información lo da la capacidad del ciudadano para servirse de ella. Pero, sobre todo, tenemos que permanecer alerta ante la realidad, pues no resulta aventurado afirmar que en nuestras manos está ayudar a que las cosas mejoren, o de forma inconsciente, ser algo culpables de lo que el informe de la ONU denuncia.

Editorial Alternativas para acceso al bucle local -------------------------------------------------------------------------------- Por su importancia, no nos cansaremos de repetir que uno de los aspectos más complejos de regular en la transición hacia el logro de la plena competencia en la prestación de los servicios de telecomunicación es todo lo relativo a la red de acceso, tanto en lo que se refiere al acceso físico a las redes existentes, como en lo que concierne al desarrollo de redes alternativas a las telefónicas tradicionales. Lo sucedido recientemente con la telefonía y los servicios Internet/Intranet son dos buenos ejemplos de cómo la competencia en servicios se desarrolla muy rápidamente y de forma eficaz cuando se da acceso al abonado. Pero también son ejemplos paradigmáticos de la dificultad de competir con infraestructuras de acceso propias, por las fuertes inversiones requeridas y el eterno problema del desequilibrio tarifario. Además, la demanda creciente de servicios que requieren anchos de banda superiores ha agravado el problema en España, porque no se desarrollaron aquí las redes de cable, en la época que lo hicieron en la mayoría de los países de la Europa desarrollada. Si se desean obtener simultáneamente los beneficios de una fuerte competencia en servicios (decenas de operadores) y el despliegue de redes de acceso, en cantidad y calidad suficiente, es necesario actuar en dos sentidos: Buscar formas de "desagregar" el bucle de abonado existente, es decir, permitir su utilización por parte de otros operadores, en condiciones técnico-económicas razonables. Se entiende por condiciones razonables aquellas que permiten a los operadores entrantes una competencia efectiva y a la vez no disuadan al operador establecido (Telefónica) de realizar las inversiones correspondiente en la extensión y modernización de la redes. Proporcionar un entorno favorable a la inversión en redes de acceso alternativas. El despliegue de redes fijas vía radio es una de las alternativas de acceso, que más expectativas suscita. En efecto, por un lado aparece como una de las posibilidades mejores para un rápido despliegue, compatible con un "plan de negocios" con inversiones razonables en volumen y periodo de retorno. Por otro lado, al tratarse de una infraestructura nueva permite su regulación como una red "desagragada" desde su nacimiento. En el número 115 de BIT, del pasado mes de junio, publicábamos un Informe Especial, de carácter monográfico sobre "Nuevos sistemas de acceso vía radio de banda ancha". En dicho informe se repasaban los aspectos técnicos y regulatorios aplicables a estos sistemas y se describía la situación de las tecnologías empleadas y alguna de las experiencias pioneras en España. La Secretaria General de Comunicaciones, aplicando la legislación vigente, y específicamente lo indicado en el artículo 20.2 de la LGT, puso en marcha el procedimiento de consulta pública para conocer si la demanda superaba las previsiones, en función del espectro disponible, de las tres licencias en la banda de 3,4-3,6 GHz y las tres en la de 24,5-26,5 GHz. El resultado de la consulta ha sido espectacular. Varias decenas de empresas, españolas y de otros países, se han mostrado interesadas (19 en la banda de 3,4-3,6 GHz y 27 en la banda de 24,5-26,5). La primera impresión, como profesionales del sector, no puede ser más satisfactoria, puesto que demuestra el interés de muchos empresarios para invertir en España en infraestructuras que permiten el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones. Un análisis más detallado de las actividades que desarrollan las empresas solicitantes, previendo las luchas que se van a entablar para no quedar descartadas, nos surgen ciertas dudas, que queremos comentar, a pesar de ser conscientes de que, cuando estas líneas se publiquen, los concursos ya se habrán convocado. No obstante, estarán pendientes las adjudicaciones. En primer lugar observamos que muchos de los operadores que han mostrado su interés son operadores que ya son titulares de licencias B1 y por tanto que tienen su "core business" en la prestación de servicios finales de telefonía y datos. ¿Son conscientes estos operadores de que las licencias C2 les obliga a ofertar las redes de acceso radio que desplieguen en condiciones de neutralidad y trasparencia al resto de titulares de autorizaciones y licencias, es decir a sus competidores?. En segundo lugar, han manifestado también su interés por las nuevas licencias operadores que tienes desplegadas o están desplegando redes de cable (par de cobre o coaxial) y que proporcionan servicios finales por dichas redes. ¿Como pueden evitar el conflicto de interese que plantea esta situación? En tercer lugar, desean entrar en el mercado español operadores norteamericanos que están iniciando este mismo tipo de actividad en otros países (EEUU y Canadá). ¿Qué compromisos con el valor añadido nacional (la industria española) están dispuestos a asumir?. Finalmente, no se debe olvidar que el regulador ha optado por una solución que implica en el fondo que los operadores de servicios finales compitan entre sí compartiendo unas infraestructuras y servicios que operan "terceras partes" (los ganadores de los concursos más dos operadores que consiguieron el espectro en el periodo de la pre-competencia) a su vez en competencia. Las experiencias anteriores de este tipo muestran que los requisitos para tener éxito en estos casos son: Que las "terceras partes" realicen una gestión independiente, transparente y rentable. Que todos los operadores de servicios finales "ganen". Que las Autoridades Reguladoras envíen mensajes muy claros a los agentes de lo que se pretende y sean muy vigilantes de que se cumplen los objetivos. Y , añadimos para la situación particular de España, que no se ponga en peligro la viabilidad del despliegue de otras infraestructuras alternativas (cable). COIT/AEIT valora muy positivamente el acierto de la Administración en sacar a concurso las licencias objeto de este editorial y es consciente de la difícil papeleta que se le presenta al Ministerio de Fomento, puesto que a lo anterior hay que añadir que el plazo máximo de ocho meses que la LGT establece para la resolución, se ve afectado por un cambio de legislatura. Las decisiones que se tomen son importantes porque decidirán de forma directa en el desarrollo de la competencia y el papel que va a jugar la industria y los técnicos españoles en unos sistemas cada vez más importantes en los nuevos mercados globales

Editorial Hacia la descentralización del COIT -------------------------------------------------------------------------------- En el programa electoral presentado en su día por las actuales Juntas se asumía el compromiso de continuar el proceso de descentralización administrativa de la actividad colegial sobre la base de dos conceptos fundamentales: el respeto a los deseos mayoritariamente expresados por los compañeros y la creación de estructuras que garantizasen, de un modo democrático, el cumplimiento de los fines perseguidos. En consecuencia, tras la toma de posesión, se llevó a la práctica este compromiso desarrollando una línea de actuación dirigida a modificar la estructura territorial del Colegio. La Comisión para el Estudio de la Descentralización Autonómica del COIT ya ha abordado las modificaciones estatutarias requeridas para ello y ha redactado y presentado a la Junta de Gobierno el nuevo texto para su discusión. Las opciones o posibles modelos de configuración del Colegio que han sido objeto de análisis previo son tres, a saber: el que establece el marco estatutario actual, si bien desarrollando la figura de las Delegaciones territoriales aunque seguirían siendo meras representaciones de la Junta de Gobierno; el conocido como modelo Demarcaciones, o "Modelo Caminos" por ser el establecido en esta ingeniería, que también es propio de otras profesiones colegiadas cuyo objeto y dimensión son similares a los de la nuestra; y el modelo de colegios independientes, característico de profesiones con gran implantación, que requiere obligatoriamente la creación del Consejo General de Colegios. La Comisión, en sintonía con la decisión que ya fue adoptada durante el mandato de la anterior Junta de Gobierno, consideró mas adecuado para nuestro Colegio tomar como referencia el modelo Demarcaciones, con las adaptaciones pertinentes a nuestro caso, por las razones que a continuación se exponen. Por una parte se han considerado las desventajas que se desprenden de los otros dos modelos: el actual se presenta como claramente insuficiente para una buena parte de nuestros compañeros; y la creación de colegios independientes y un Consejo General creemos que es algo que, al margen de otras consideraciones, requiere una mayor y más uniforme implantación territorial. Por otra parte, el modelo Demarcaciones, por sí mismo, parece mas adecuado a la realidad actual y a las perspectivas que a corto y medio plazo tiene nuestro Colegio. Pero han sido dos presupuestos los que han conformado fundamentalmente la decisión adoptada. El encuadre constitucional de las telecomunicaciones, recogido en el artículo 149.1.21ª de nuestra Carta Magna, lleva a la conveniencia de un Colegio con personalidad jurídica única capaz de ser el interlocutor y representante indiscutible de la profesión ante la Administración central a través de unos Órganos de Gobierno que seguirán siendo elegidos, como hasta ahora, por sufragio universal de todos los ingenieros de telecomunicación colegiados de España. Y la configuración autonómica española que crea la necesidad de disponer, en algunas comunidades, de una representación de sus ingenieros de telecomunicación, en forma de Corporación de Derecho público, con legitimidad proveniente no sólo de una delegación expresa de la Junta de Gobierno sino de elecciones propias que provean sus Órganos de Gobierno autonómicos; todo ello en el marco de sus propios Reglamentos particulares, articulados en el seno del Reglamento General y de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y con unas competencias adaptadas, en cada caso, a las transferencias que la comunidad autónoma vaya asumiendo dentro del ordenamiento jurídico establecido. Los Estatutos propuestos garantizan, sin embargo, que aquellas otras comunidades cuyos colegiados no consideren necesario la creación de su propia Demarcación o no cumplan los requisitos mínimos que reglamentariamente se establezcan para ello, no se verán afectadas por la implantación del nuevo modelo, manteniendo su actividad colegial exactamente en los mismos términos actuales. El resto de las novedades que aporta el texto constituyen la adecuación a esta nueva estructura territorial del mismo espíritu colegial que anima los vigentes Estatutos, aunque conviene siquiera citar la incorporación de un nuevo órgano colegial: el Consejo de Colegio que, entre otras, tendrá funciones deontológicas y moderadoras e incorporará en su seno a colegiados de reconocido prestigio profesional; y añadir también que se ha tenido buen cuidado de recoger en el articulado los principios que conforman el marco jurídico aplicable en esta materia como son los establecidos en la propia Constitución española, la Ley de Colegios Profesionales, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Competencia Desleal, y, en fin, la reciente Ley de Liberalización de Colegios Profesionales. A partir de ahora sólo nos resta someter el texto a información pública de nuestros colegiados y, si así lo consideran, debatir las posibles aportaciones y proceder a su aprobación en la preceptiva Junta General extraordinaria que será convocada al efecto. Obtenida la aprobación, se iniciarían las acciones que en Derecho administrativo procedan hasta la aprobación por el Gobierno de los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y su publicación subsiguiente en el Boletín Oficial del Estado. Y manifestar, por último, nuestro deseo de que el nuevo marco estatutario pueda ser una herramienta idónea para que la profesión de Ingeniero de Telecomunicación se integre con la mayor eficacia en la configuración autonómica del Estado español y asuma, en cada comunidad, los retos que la denominada Sociedad de la Información le lanza y el protagonismo que la sociedad española, pensamos, le demanda.

Editorial Sociedad de la Información: un pacto de Estado para la entrada del nuevo milenio -------------------------------------------------------------------------------- Nos enfrentamos a un nuevo período electoral. Desde el último (marzo 1996) han sucedido en el mundo de las telecomunicaciones muchas cosas de importancia, lo que se ha podido constatar en el reflejo que su valor e interés estratégico ha tenido en los programas políticos. La transcendencia que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tienen en la nueva era de la economía digital, así como los nuevos modelos de negocio basados en Internet y soportados en las telecomunicaciones, conforman, entre otros, esa Sociedad de la Información en la que cada vez estamos más inmersos y convierten a nuestro sector en uno de los ejes de los programas electorales para la próxima legislatura. Hace cuatro años se debatía sobre la creación de un segundo operador, la privatización de Telefónica, la necesidad de un organismo regulador de las telecomunicaciones, el audiovisual y la informática, la preocupación por la pérdida de empleo en el sector, la desindustrialización, etc. Hoy, en cambio, nos situamos en un escenario liberalizado, con las reglas del juego definidas, con unas ofertas de empleo significativas, con nuestra industria y nuestros operadores con presencia internacional, con las telecomunicaciones siendo las estrellas de la Bolsa y el motor de la economía, con los ojos puestos en Internet y en la telefonía móvil, y dispuestos a enfrentarnos a los nuevos retos de la Sociedad de la Información. Ante tal panorama resulta, en nuestra opinión, esencial que los responsables políticos en España tomen conciencia de la absoluta necesidad de un pacto de Estado en el hipersector de las Comunicaciones y de las Tecnologías de la Información, cuyo futuro, por su carácter estratégico, no sea fruto de los intereses coyunturales de los partidos políticos, sino que refleje los intereses reales de los agentes involucrados (y fundamentalmente de los ciudadanos) en el desarrollo de este hipersector crucial para el futuro de España. No hay duda de que queremos evolucionar hacia la Sociedad de la Información, y que en ésta rigen ciertos principios como, por ejemplo, el de la inversión privada para financiar las cuantiosas inversiones en infraestructuras –imposibles de abordar por los erarios públicos, como ya se estableció en el informe Delors– o el aspecto crítico del tiempo, como factor de éxito, para que las múltiples innovaciones aparezcan en el mercado en el momento oportuno. En este nuevo escenario, al Estado le corresponde el papel de "facilitador" de la acción de los diferentes agentes, y a los partidos políticos la clarividencia suficiente para no utilizar estos temas en su estrategia parlamentaria, provocando retrasos injustificados en su tramitación. La construcción de la Sociedad de la Información, cuyos efectos comienzan a manifestarse en la economía, el empleo, la industria, la educación, la sanidad, la cultura, el derecho a la información, etc., requiere que, de cara al nuevo milenio, se produzca un debate profundo y un acuerdo estratégico en el que participen activamente todos los agentes sectoriales y sociales involucrados en el desarrollo del mercado y de los procesos de despliegue de servicios de telecomunicación emergentes, junto con el compromiso de una garantía de calidad mínima en los mismos que asegure la protección al usuario final. Efectivamente, la garantía de calidad de los servicios emergentes es una exigencia, no sólo para la propia credibilidad de los agentes del sector y para el cumplimiento de los mandatos de privacidad y seguridad sino para que la confianza del usuario (particular o empresa) sea un catalizador del propio mercado. Dicha garantía pasa por el ejercicio de la responsabilidad escrita y no escrita de todas las instituciones que velan por la transparencia, el cumplimiento de la normativa y la competencia efectiva (CMT, Secretaria General de Comunicaciones, etc.) y por el acatamiento sin reservas de las exigencias técnicas recogidas en la legalidad vigente. El equilibrio entre facilitar el desarrollo del mercado, sin trabas coyunturales o interesadas, y velar por un serio cumplimiento normativo que garantice la credibilidad de los propios agentes es, realmente, el ejercicio pendiente que debería ocupar a nuestros representantes políticos en la próxima legislatura.

Editorial Una teleco al frente del IIE [Una nueva legislatura para las telecomunicaciones] -------------------------------------------------------------------------------- El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) se fundó en el año 1905 como Asociación sin ánimo de lucro. Está acogido a la Ley de Asociaciones de 1964, y tiene otorgado por el Gobierno la calificación de "Entidad de utilidad pública". Actualmente se le puede considerar como una organización no gubernamental (O.N.G). Los últimos Estatutos por los que se rige fueron visados por el Ministerio del Interior en el año 1979 y la presidencia de honor del Instituto la ostenta Su Majestad El Rey Juan Carlos I. Su misión, que, conserva su vigencia en el Siglo XXI, debe adaptarse a la Sociedad Española actual, muy distinta a la Sociedad de 1905 o, incluso, a la Sociedad de 1978. Sus fines, como son el fomento y la contribución al progreso de la Ingeniería poniéndola al servicio del desarrollo integral y el bien común de la sociedad, deben complementarse con "contribuir a su prestigio, a una mejor conformación de sus enseñanzas, a incrementar su aprendizaje y atractivo entre los estudiantes, a impulsar su presencia en otras Regiones de Europa y aquellas de clara influencia Española, poniéndola al servicio del desarrollo en claro respeto a la ética empresarial y al respeto al medio ambiente". Tales han sido los principios programáticos manifestados por nuestra compañera María Jesús Prieto Laffargue, elegida Presidenta del IIE para el período 2000-2004 el pasado 6 de abril. El decidido apoyo de nuestro colectivo a la presencia de un ingeniero de telecomunicación, ingeniera en este caso, al frente de la institución que reúne a todos los ingenieros de España responde a nuestro convencimiento de que el IIE ha de dar respuesta urgente a nuevos retos en una sociedad más tecnificada y más compleja, en la que el dominio de la tecnología y el conocimiento de los mecanismos que regulan la Sociedad de la Información serán cruciales. En la conformación del programa electoral de nuestra compañera, destaca la Integración de la Ingeniería, convirtiendo al IIE en instrumento válido desde donde debatir, armonizar y representar las cuestiones de la Ingeniería. En este contexto uno de los compromisos adquiridos ha sido, a iniciativa de nuestro colectivo, la potenciación del actual Centro Servidor Internet del IIE adaptándolo a las nuevas soluciones tecnológicas y de mercado y con el fin último de crear EL PORTAL DE LA INGENIERÍA dotándole de servicios de calidad y atractivos para el conjunto de los ingenieros españoles. Queremos felicitar a nuestra compañera María Jesús Prieto por su nueva responsabilidad, lo que representa también un reto para todos nosotros, y agradecer el decidido apoyo prestado por las distintas asociaciones de ingenieros que han contribuido a que las riendas del IIE sean gobernadas por un ingeniero de telecomunicación. Desde esta tribuna afirmamos nuestra decidida disposición a relanzar el IIE y pedimos vuestra colaboración y participación en todo aquello que lleve a nuestro Instituto de la Ingeniería de España por el camino de la Sociedad de la Información.

Editorial Una nueva legislatura para las telecomunicaciones -------------------------------------------------------------------------------- Tras el proceso electoral y el inicio de una nueva legislatura, las telecomunicaciones estrenan Ministerio. El nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsables de ejecutar los aspectos mas relevantes de la política gubernamental relacionados con la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones y el fomento de la Sociedad de la Información. Contará con dos Secretarías de Estado, una de Política Científica y Tecnológica y otra de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de esta última dependerán al menos dos Direcciones Generales, una de Telecomunicaciones y otra de Impulso de la Sociedad de la Información. Además, a cargo de dicho Ministerio se ha nombrado a Anna Birulés, hasta entonces Consejera Delegada de Retevisión y, por tanto, conocedora del sector y sensible a la importancia que las telecomunicaciones tienen en el desarrollo de nuestro país. Dos hechos que nos mueven al optimismo y que nos permiten manifestar nuestra firme voluntad de colaborar con la ilusión que hemos demostrado hasta el momento, y hacer llegar desde estas páginas nuestra sincera felicitación a nuestra Ministra. Sobre el papel, parece un gran acierto aglutinar en un mismo Departamento ministerial la ejecución de las políticas de ciencia y tecnología, telecomunicaciones y de fomento de la Sociedad de la Información. Por primera vez tendremos una estructura administrativa común para el conjunto de la cadena Ciencia-Tecnología-Industria/Servicios-Sociedad que reconoce explícitamente el papel de las telecomunicaciones en este momento histórico concreto. Por otro lado, el traspaso de las competencias de telecomunicaciones desde Fomento al nuevo Ministerio forma parte de una reforma profunda del sistema regulador del mercado de las telecomunicaciones españolas. En efecto, la otra reestructuración que nos afecta es la dependencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del Ministerio de Economía, que además asume la competencias que también tenía Fomento en la regulación ,establecimiento y control de las tarifas de los servicios de telecomunicación.. Como resultado, bajo el paraguas del Ministerio de Economía estarán, además de los tradicionales Organos de Defensa de la Competencia, la CMT (lo que se conoce en la jerga comunitaria como la Autoridad Nacional Reguladora Independiente) y las competencias sobre los precios regulados, mientras que el Ministerio de Ciencia y Tecnología mantendrá las funciones de Ordenación de las Comunicaciones. Esperamos que la nueva estructura contribuya a racionalizar el reparto de atribuciones y a incrementar la colaboración entre los distintos organismos reguladores competentes, de manera que sus decisiones tengan la coherencia y agilidad que cabe esperar en un mercado en competencia. Reiteramos nuestra felicitación y nuestros ofrecimiento de colaboración a los nuevos Ministros responsables de las telecomunicaciones.