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Carta abierta a los telecos del siglo XXI Jorge Pérez Martínez Decano COIT/Presidente AEIT Queridos compañeros y amigos: Es para mí un placer y un orgullo presentar el número cien de la revista BIT, el órgano de expresión de las organizaciones profesionales de los ingenieros de telecomunicación. En las páginas del BIT se han escrito las dos últimas décadas de la historia de esta profesión y una buena parte de la reciente historia del sector español de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El destino ha querido que estén fechadas en el mismo año el primer número del BIT y la Constitución Española que garantiza la convivencia democrática entre ciudadanos. Que nuestra revista sea contemporánea con la consolidación del Estado de Derecho, el proceso de integración de nuestro país en Europa y la modernización de las estructuras sociales y económicas del país. Una modernización que ha requerido de un importante despliegue de infraestructuras y servicios de telecomunicación y de la difusión acelerada de nuevos equipos y sistemas de información. Un periodo de casi veinte años caracterizados por un continuo cambio tecnológico, la reestructuración permanente del sector industrial, la lenta pero progresiva introducción de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicación, y más recientemente, el imparable proceso de internacionalización del conjunto del sector. Fenómenos que han podido recibir puntual atención en las páginas de nuestra revista mediante la desinteresada colaboración de muchos de vosotros. Gracias a todos los que habéis hecho posible estos cien números del BIT. El rol social y la práctica profesional del ingeniero de telecomunicación se han visto muy afectadas por un cambio de entorno tan importante. Hace veinte años esta ingeniería era prácticamente desconocida en los ámbitos empresariales y sociales, la estudiaban unos pocos "locos de la electrónica", hoy día es una de las "carreras" más demandadas. El ingeniero de telecomunicación ha dejado de ser un ingeniero que entiende de equipos y redes de telecomunicación y se ha convertido en un profesional de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). No están tan lejos aquellos tiempos en que teníamos que "predicar" desde estas páginas que las telecomunicaciones eran algo más que el teléfono y la televisión, que la informática iba a cambiar las formas en que trabajábamos y vivíamos, que el futuro de un país iba a depender de su capacidad de asimilar las tecnologías resultantes de la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones -las TIC-, que los poderes públicos y en particular la Administración tenían que tomarse en serio este sector. En la actualidad el sector es objeto de atención y controversia diaria en los medios de comunicación social, ya no es necesario convencer a nadie de su importancia y, sin embargo, desde las páginas del BIT tenemos que seguir predicando el interés general, la racionalidad y la diligencia en la toma de decisiones sobre un sector cada día más sometido a las presiones de legítimos intereses particulares. La publicación de este número especial del BIT es una ocasión excelente para extraer conclusiones sobre los aciertos y errores cometidos en estos años, analizar críticamente la situación en que nos encontramos y reflexionar sobre qué medidas tomar para abordar con éxito el apasionante futuro que nos aguarda. En las páginas siguientes, decenas de expertos procedentes de los más diversos campos contribuyen a esta tarea aportando sus reflexiones personales y puntos de vista Sus opiniones son muy valiosas pues todos ellos, por una u otra razón, han sido, son o serán en el futuro protagonistas principales de esta aventura colectiva. Gracias a todos por ayudarnos en este empeño. Tecnología, finanzas y contenidos Personalmente soy también contemporáneo con la revista. Mi primer empleo y el primer número del BIT son de la misma "quinta", me falta por tanto "distancia" suficiente para juzgar con criterio este pasado. Por ello me limitaré a compartir con vosotros algunas preocupaciones sobre el futuro del ingeniero de telecomunicación. Un futuro que dependerá en gran medida de nuestra capacidad de integran tres visiones o culturas muy diferentes, la de la "tecnología", la de las "finanzas" y la de los "contenidos". Los ingenieros de telecomunicación de las generaciones post-BIT tuvimos la suerte de contar entre nuestros enseñantes universitarios con un número creciente de profesores amantes de la investigación y el desarrollo de tecnologías. Fuimos educados bajo dos postulados muy simples: el valor intrínseco de la tecnología y la necesidad de anticiparse al continuo cambio tecnológico. Creíamos que el laboratorio, en tanto que lugar alejado del mercado, era el lugar natural del joven ingeniero, veíamos como un mal necesario el desempeño de las tareas comerciales y de gestión que nos conducían a puestos de mayor responsabilidad. La experiencia profesional y algunas habilidades personales parecían bagajes suficientes para desarrollar con éxito la carrera profesional. Durante la década de los ochenta y en particular en su "prodigioso" segundo quinquenio, este perfil profesional demostró ser muy adecuado para el desarrollo de la industria electrónica, la modernización de las infraestructuras y servicios de telecomunicación y el espectacular despliegue de la informática en nuestro país. En mayor o menor medida todos los sectores mencionados estaban estructurados en forma monopolística. La industria electrónica dependía fuertemente de las compras públicas. Telefónica, "monopolio natural" de las telecomunicaciones acordaba con sus suministradores la evolución de la red en función de la tecnología disponible. IBM todavía dominaba el mercado de la informática con unos "mainframes" que consumían enormes cantidades de horas de programadores y analistas. No puede extrañarnos que en un escenario como el descrito y en plena renovación tecnológica como consecuencia de la digitalización de los sistemas y el tratamiento automático de la información, la tecnología se convirtiera en el elemento central del proceso. Sin embargo, a finales de los ochenta aparecerán signos evidentes de cambio. Poco a poco, y como consecuencia de la apertura de los mercados, se va consolidando una industria comercializadora que va ganando terreno a la tradicional industria fabricante que se ve sometida a un fuerte proceso de concentración y ajuste laboral. Telefónica, amenazada por el inicio del proceso de liberalización y en el deseo de aprovechar las oportunidades derivadas de los procesos de privatización en los mercados emergentes iberoamericanos, abandona paulatinamente sus compromisos industriales e inicia su descentralización por áreas de negocio (corporativización de filiales). Competencia de los mercados A través de su participación en el "núcleo duro" surgido del proceso de privatización de Telefónica o mediante la participación en los nuevos operadores, agentes procedentes del sector financiero van cobrando mayor protagonismo. La visión del "dinero" se hace presente en el sector. En un mundo que se hace cada vez más global y competitivo, en el que el sector público cede terreno a la iniciativa privada, el mercado impone su ley. Términos como eficiencia, competitividad, financiación y retorno de las inversiones, búsqueda de fuentes externas, marketing... etc., en definitiva la visión de "negocio", sustituyen paulatinamente al propio hecho tecnológico. Gana terreno la preocupación de los poderes públicos por regular la competencia de los mercados en detrimento de la extensión de los servicios. Para complicar más el panorama, la digitalización y compresión de las señales de vídeo y el despliegue de redes de acceso de banda ancha (cable, satélite, distribución por microondas) hace realidad el multimedia interactivo. Otra visión, la procedente de los "contenidos " audiovisuales se hace presente en el sector. El ingeniero de telecomunicación del siglo XXI tendrá que navegar en el caótico mundo que vaya surgiendo de la mezcla de estas tres culturas. Un mundo mucho más complejo y competitivo al que tendremos que añadir valor. Nuestro bagaje fundamental seguirá siendo nuestro conocimiento y dominio de la tecnologías para crear y explotar las infraestructuras y los servicios que progresivamente vaya demandando la incipiente Sociedad de la Información. Personalmente soy muy pesimista sobre las posibilidades de este país para crear valor en las tecnologías más "duras". Me refiero a las tecnologías básicas, al hardware estandarizado o al software empaquetado que se dirige al mercado mundial, este segmento del mercado quedará en manos de muy pocas empresas multinacionales. Por el contrario, creo que existen grandes oportunidades en las tecnologías "blandas", como por ejemplo la ingeniería de sistemas, el despliegue de infraestructuras o el desarrollo de aplicaciones y servicios para usuarios. Ingenieros postindustriales Las Escuelas deberían reflexionar sobre este fenómeno, la realidad del mercado de trabajo va imponiendo un perfil profesional distinto. Quizás debamos ser un poco menos tecnólogos y algo más ingenieros, ingenieros postindustriales, pero sobre todo habrá que formar titulados capaces de comprender y anticipar los entresijos de las "tres culturas", capaces de compartir los valores positivos de los otros dos mundos. En el contexto de la nueva Europa que se avecina somos un mercado modesto y alejado de su centro geográfico, económico y político. Nuestro principal activo no puede ser otro que el capital humano que seamos capaces de aportar, un capital que habrá que alimentar con profesionales procedentes de las tres culturas. Distintos profesionales pero con un objetivo común: satisfacer las demandas de los ciudadanos en tanto que usuarios y consumidores de información.

BIT, un lugar de encuentro Enrique Gutiérrez Bueno Director revista BIT y Vicedecano del COIT/AEIT Cien números son muchos, especialmente para una revista bimestral y con pocos, pero ilusionados medios. Llegar hasta aquí ha sido mérito de todos. Este número pretende ser homenaje fiel a toda una profesión en la que toda la sociedad ha depositado su confianza y a la que no podemos fallar. Hace casi 18 años, quienes iniciamos esta aventura éramos gente joven, con ganas de cambiar el mundo. Nos estábamos incorporando al primer empleo y luchábamos colectivamente por lograr que este país fuera como los de nuestro entorno. Estábamos hartos del "Spain is different" y queríamos que lo que llegaba a nosotros como "dictablanda" dejara paso lo antes posible a una democracia plena, real y participativa. Eramos "un poco rojos". En ese entorno nació el BIT-hoja, artilugio con tamaño DIN A3 que convenientemente doblado, se sellaba y enviaba a los telecos de entonces. Y en ese entorno, y por evolución natural, también vió la luz por primera vez en junio de 1978 el actual BIT. Casi dos décadas han pasado desde entonces. Una interminable lista de profesionales han hecho posible , de una u otra forma, esta andadura. Todos tendrán, seguro, más canas y verán la vida de otra forma. Pero seguro que recuerdan su paso por BIT con ilusión y una pizca de melancolía. Tras la victoria de la candidatura "democrática" que encabezaba Angel Luis Gonzalo como Presidente y Decano, Manolo Gamella fue en 1978, el primer director de BIT. Ahora nos alegra con sus artículos de vinos, así que hasta nuestros más jóvenes lectores pueden conocer a quién inició esta aventura, sin cuyo concurso probablemente no tendríamos la oportunidad de hacer historia que nos brinda este nº 100. Pero junto con Manolo, había un grupo de entusiastas telecos (asumiendo el riesgo de dejarme alguno en el tintero), entre los que destacaban Braulio Tamayo, Jerónimo de Ugarte, Paco Marín, Fernando Viles, Armando Guerra, Darío Maravall, Fernando Jiménez Molina ó Gerardo López Araújo, recientemente fallecido, a quien todos recordaremos durante mucho tiempo. Luis González Souto ayudaba, siendo alumno de cuarto de carrera, y ganándose "unas pelillas". Hacía casi de todo y era quien buscaba aquí ó allá la escasa publicidad que poblaba nuestras páginas. Quien escribe estas líneas se encargó de la revista desde su número 2. A Luis González Souto le sustituyó, más adelante, Pedro Alonso, brillante subdirector de la DGTel en la actualidad. A partir del número 40, fue Mario Urea quién se encargó de ello. Dejó vacante el puesto en el nº 49, que fue ocupado interinamente por los hermanos Pérez Martínez, Jorge y Félix. Desde el nº 51 al nº 65, el director de la revista fue Antolín Velasco.Finalmente, y desde el nº 66 hasta nuestros días, la responsabilidad recayó de nuevo en mi modesta persona, ayudado eso sí, en un ilusionado equipo, formado por Carmen Fernández Ruiz, que es quien realmente se "curra" el día a día de nuestra revista, y por Adrian Cragnolini como responsable de publicidad. Mención especial merecen quienes -en su mayoría telecos-, número tras número han ocupado nuestras páginas de Bit Recomienda. Justo es recordarles por su constancia y lo ameno de sus aportaciones. Para todos los que, en algún momento u otro, han arrimado su hombro, estén donde estén, mi más agradecido recuerdo. Muy probablemente sea BIT, tras estos casi cuatro lustros, la revista decana del sector. Otras emblemáticas, como "Electrónica hoy", "Actualidad Electrónica" o "Chip" han sucumbido al inexorable paso del tiempo. Bit ha resistido y responde hoy a la realidad de una profesión crucial y determinante para el futuro de nuestra sociedad. Quisiera destacar que, en toda esta historia, BIT se ha mantenido fiel a sus principios. Nunca pretendió ser una revista técnica. Para eso, decíamos entonces, había muchas otras y buenas. BIT siempre se definió como socio-profesional y en ello continúa. Hubiera sido un error caer en ser un medio de comunicación del estilo del que los Colegios Profesionales editaban: difícil de leer, arduo, denso, técnico. No ser "un ladrillo" fue, desde el principio, nuestro objetivo; informar al teleco de su entorno, sensibilizarle respecto al papel que como colectivo, estábamos llamados a jugar, y, de paso, divertir en lo posible. No sé si lo hemos conseguido. Supongo que, con altibajos, a veces hemos andado cerca de lograrlo. Pero siempre lo hemos intentado. Será con el nº 200 con el que podremos evaluar si lo hemos co seguido o no. Espero poder verlo.

Plataforma digital: la ceremonia de la confusión robablemente esta sea una de las ocasiones en que las juntas del COIT y la AEIT han tenido más dificultades para elaborar el editorial que abre las páginas de cada nuevo número de BIT. Ha sido muy fuerte la tentación de guardar silencio ante la ceremonia de la confusión en que se ha convertido el debate sobre la TV digital. Para entender esta rocambolesca historia, es necesario empezar señalando los cuatro actividades fundamentales que componen el negocio de la TV de pago: la creación de contenidos audiovisuales, su empaquetamiento y programación, su difusión y la gestión del acceso condicional y de los abonados. En España, como en el resto de Europa, la ausencia de una industria audiovisual fuerte y el reducido tamaño del mercados favorecen la integración vertical de estas actividades, siendo "los derechos del fútbol" y la posición previa en el mercado las principales ventajas competitivas para dominar este negocio. Por otro lado, el alto coste de los equipos de recepción y sobre todo del IRD - la mal llamada plataforma digital -, hace necesario la financiación al usuario - vía alquiler o subvención - de este equipamiento. El "gestor" de la plataforma puede impedir su utilización por parte de sus competidores sin más que desplegar equipos "propietarios" que solo sean capaces de recibir sus propias señales. Ese es el caso de los EEUU donde cada difusor tiene su propio IRD de bajo coste incompatible con los de sus competidores. En este marco surge la Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión. El objetivo explícito de la mencionada directiva es el de establecer el marco estratégico global para la introducción de los servicios de televisión avanzados y de la TVAD" (1er considerando), obligando a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para fomentar el desarrollo acelerado de estos servicios (artículo 1). Entre estas medidas se encuentran las referentes al acceso condicional que se recogen en el polémico articulo 4. Su epígrafe c) supone de hecho la ruptura de la cadena de valor de la TV de pago que existe en la actualidad, al aparecer una nueva figura: el operador de servicios de acceso condicional. Esta nueva figura produce y comercializa el acceso a los servicios digitales de televisión, facilitando a todas las entidades de difusión los medios técnicos que permitan que sus servicios de TV digital sean visualizados, en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, por los usuarios televidentes, autorizados mediante el uso de los descodificadores gestionados por estos nuevos operadores de servicio de acceso, con arreglo a las reglas de la competencia. En definitiva, la directiva trata de evitar que un único programador/difusor domine el mercado mediante el control del parque instalado de plataformas, en el supuesto, muy probable en mercados de tamaño reducido, de que la primera tecnología de acceso condicional que se instale se convierta de facto en un estándar. Para ello, se aplica una filosofía similar a la utilizada en el mercado de la telefonía, obligando a acuerdos de interconexión entre plataformas y permitiendo el acceso de cualquier programador a los usuarios del programador dominante. Hasta aquí todo es normal, asistimos una vez más al despliegue de una innovación técnica que altera la estructura del mercado y que supone una oportunidad que va a permitir la entrada de nuevos agentes en un negocio explotado hasta entonces en régimen de monopolio. La respuesta de los "tiburones" de la comunicación no podía ser otra que la de capturar el componente clave del negocio: el control de los contenidos , es decir, "los derechos de fútbol". La batalla se resuelve con una distribución desigual de dichos derechos entre Antena 3, Canal + y TV Autonómicas, y con una sobrevaloración general de los mismos que hace necesario su explotación en la modalidad de "pay per view". Como no podía ser de otra manera, la siguiente batalla es la del control de la plataforma. En el curso de los acontecimientos se decantan dos iniciativas, la de Canal+ - el agente que ya está instalado en el mercado - y la liderada por Telefónica, que se presentó como una plataforma neutral abierta a todos los programadores - lo que podría ser la figura del proveedor de acceso condicional-, en la que se encontraban la práctica totalidad de la TV pública, Antena 3 y Televisa. Desde el principio se inicia un "pulso" entre ambas plataformas, negociaciones incluidas, contaminado por la batalla "mediática" entre los grupos de comunicación. Por su parte el Ministerio de Fomento hace público su apoyo a una "plataforma única", pero no manifiesta ninguna intención de transponer la directiva anteriormente mencionada. La noche de 24 de Diciembre se produce el acuerdo entre Antena 3 y Canal + sobre los derechos del fútbol, y algunos días más tarde se anuncia el abandono de Antena 3 de la plataforma liderada por Telefónica para incorporarse a la plataforma de Canal +. Ante este hecho, el Gobierno responde con la trasposición de la directiva 95/47/CE, desencadenándose un enfrentamiento político y mediático como jamás se ha conocido en este sector. Ante esta situación, las juntas del COIT y la AEIT manifiestan: 1. Que no desean entrar en ningún tipo de valoración sobre las posiciones mantenidas por los diferente partidos políticos y grupos de comunicación en litigio. Sin embargo, les pedimos sosiego y cordura para resolver un conflicto que amenaza con cercenar el despliegue de unas tecnologías de gran importancia para el futuro de este país. 2. Que la transposición de la Directiva 95/47/CE era, además de un compromiso con nuestro socios europeos, una necesidad para el desarrollo armónico de la TV digital en España. 3. Que dicha transposición y el desarrollo reglamentario que la acompaña, se ha realizado de manera precipitada, sin dar tiempo a la participación de los agentes económicos y sociales involucrados, a diferencia de otros países de nuestro entorno europeo, donde se ha abierto un período de consulta pública y de debate entre los agentes interesados, con objeto de alcanzar unas reglas del juego razonables, no discriminatorias y que peritan proteger los intereses de los usuarios. 4. Que aunque discrepamos sobre algunos puntos, el marco reglamentario que se deriva de lo publicado en el BOE no tiene por qué constituir un obstáculo al despliegue de la TV digital. 5. Que nuestras principales discrepancias sobre el Real Decreto y los reglamentos son: a) La demora hasta Diciembre de 1998 para que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones - CMT - adquiera todas sus competencias. b) En este sentido, son escasas competencias que se atribuyen a la CMT en el tema que nos ocupa hasta la fecha señalada. Estamos ante un caso evidente que justifica la creación de la CMT y que permitiría empezar a demostrar la competencia en su papel de vigilancia de las reglas del juego de la competencia. Creemos que es el momento de adelantas el comienzo del ejercicio de sus funciones y no de retrasarlo. c) Se genera una gran confusión al publicar simultáneamente tres disposiciones en las que se mezclan reglamentos. Se fija la prestación del servicio de telefonía básica por los operadores de cable dentro del reglamento del Servicio de Telecomunicaciones por satélite. ¿Es un lapsus, fruto de la precipitación o es que está suficientemente meditado?. No obstante, creemos conveniente una aclaración. d) No aparecen debidamente reflejados los derechos de los usuarios, y especialmente en aquellos casos que, siendo clientes de una opción en servicio deban cambiar sus receptores debido a una acción administrativa. e) No queda clara la política de precios sobre el empleo de los descodificadores, ya que estos deben "sujetarse a los costes". Esto puede interpretarse como una ausencia de margen comercial que impida el posible desarrollo de negocio. 6. Que si, como sería deseable, no es posible que las plataformas en competencia lleguen a un acuerdo sobre una tecnología de acceso condicional común, existen soluciones viables - técnica y económicamente - para resolver el problema de que el conjunto del parque instalado de plataformas sean capaces de descodificar señales procedentes de todas plataformas. 7. Que lo importante en este momento es que el Regulador anime a los responsables de las iniciativas a encontrar una solución negociada. En el caso de que estos no lleguen a ningún acuerdo, se permita la libre competencia en el mercado, realizando para ello una interpretación lo más laxa posible de la normativa existente. Es decir, que se asegure que las plataformas que se desplieguen tienen, desde el punto de vista técnico, la capacidad de descodificar todas las señales, aunque a falta de acuerdo comercial, en un primer momento solo recibiesen, además de los canales en abierto, los del difusor que financia la plataforma. 8. Que el órgano regulador y el Tribunal de Defensa de la Competencia vigilen la evolución del mercado y ,"a posteriori", adopte las decisiones correctoras oportunas en el caso que se haya producido abuso de posición dominante u otras distorsiones del mercado,. 9. Que las juntas del COIT y la AEIT comparten con los poderes públicos su preocupación por garantizar el derecho del ciudadano al libre acceso a la información y el riesgo que entraña la concentración de poder en unos pocos grupos financieros o de comunicación. En este sentido, somos partidarios de que se estudie, en un clima tranquilo y sosegado, una regulación sobre contenidos. Pero separemos los diferentes problemas involucrados en el conflicto y encaucemos su discusión hacia los órganos adecuados. 10. Que existen otros "cuellos de botella", por ejemplo el parque de antenas colectivas instalado o la necesidad de utilizar varias antenas parabólicas debido a la posición orbital de ASTRA e HISPASAT, que pueden frenar el desarrollo de la TV digital y generar nuevos conflictos. Es urgente que el regulador los identifique y convoque a todos los agentes involucrados para discutir su regulación, de lo contrario el conflicto estará servido.Para finalizar señalemos que la principal enseñanza que podemos sacar del conflicto planteado, es la necesidad de poner en marcha unos órganos reguladores -DGTel, CMT-, con competencias claramente definidas y procedimientos ágiles y transparentes que permitan la participación de todos los agentes interesados. En el complejo momento que están viviendo las telecomunicaciones, la existencia de un Regulador con estas características es una ventaja competitiva de primera magnitud y un elemento reductor de la crispación política y mediática como la que se está produciendo en la actualidad. Más información en artículo "La TV Digital por satélite en España". -------------------------------------------------------------------------------- El Sr. Villalonga, Presidente de Telefónica y los ingenieros En otro orden de cosas, desde estas Juntas tenemos que llamar la atención sobre las incomprensibles declaraciones del señor Villalonga, Presidente de Telefónica,al Financial Times (Miercoles 29 de Enero de 1997), refiriéndose a su política de nuevos fichajes, que han terminado de alarmar al colectivo, y especialmente a nuestros compañeros que trabajan en Telefónica. Según el rotativo, el Sr. Villalonga parece que dijo: "We have brought in people from the consumer goods industries. The people before were engineers. It is 3000 times better not to be an expert". Lo que para mayor claridad traducimos: "Hemos traído (a Telefónica) gente de la industria de bienes de consumo. La gente anterior eran ingenieros. Es 3000 veces mejor no ser un experto". Desde aquí queremos expresar nuestra perplejidad por estas declaraciones, absolutamente impropias del presidente de la Primera Empresa de Telecomunicaciones de este país, una empresa en la que por la fuerte base tecnológica en que se sustenta, los ingenieros están llamados a jugar siempre un papel crucial, tanto en funciones técnicas como directivas. Queremos creer que el señor Villalonga no quiso decir lo que realmente dijo, y por ello, esperamos cuando menos, una inmediata clarificación y rectificación de dichas declaraciones.

La Ley General de las Telecomunicaciones on toda probabilidad en unos meses se iniciará el trámite parlamentario de la Ley General de las Telecomunicaciones (LGT). Esta ley, que deroga y sustituye en nuestro ordenamiento jurídico a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), será la disposición legal de mayor rango en la regulación de las telecomunicaciones de este país. La LOT surgió para "ordenar" un sector en el que la práctica totalidad de los servicios de telecomunicación se concebían como servicios públicos explotados en régimen de monopolio mediante concesiones administrativas del Estado. Por el contrario, la nueva ley tiene por misión regular un sector abierto a la competencia en el que desaparecen los derechos exclusivos para operar redes y servicios. A nadie se le oculta la importancia de esta ley que debe regular un sector en el que continuamente aparecen nuevas oportunidades tecnológicas y en el que existen muchas incertidumbres sobre la respuesta de los mercados a los nuevos servicios. Un sector que se internacionaliza y se globaliza muy rápidamente y que se encuentra cada vez más sometido a las presiones de los principales agentes económicos. Por otro lado, esta ley debe incorporar las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, unas directivas que continuamente van reduciendo el margen de discrecionalidad política de los legisladores de los Estados miembros. Con todo, las enormes diferencias en las estructuras de los mercado de telecomunicaciones de los países y sus diferentes ordenamientos jurídicos permiten todavía realizar transposiciones de las directivas favorables a las condiciones de cada país. En nuestra opinión, la LGT debe proporcionar un marco legal global de carácter flexible, abierto, evolucionable y de amplio consenso entre los grupos parlamentarios. Debe limitarse por tanto a marcar los objetivos, establecer las "reglas de juego" generales y delimitar claramente las atribuciones y competencias reglamentarias del Ministerio de Fomento y de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La LGT debe suscitar un amplio consenso sectorial y parlamentario. Hasta ahora los agentes sectoriales nos hemos limitado a "enmendar" en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones aquellas disposiciones que parecían más desfavorables a los intereses de cada cual. Es el momento de dar un paso más e iniciar un debate sincero y profundo sobre el anteproyecto de ley. A juzgar por lo que se publica en los medios de comunicación social, desde que se hizo público el borrador de anteproyecto de ley el 20 de enero de 1997, el debate sobre la ley ha sido liderado fundamentalmente por juristas. Ya sabemos de las dificultades de introducir en las leyes marcos flexibles y abiertos, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, la importancia de las "formas" en nuestro ordenamiento, etc. Temas sin duda importantes pero que no deben ocultar el debate sectorial de "fondo". Cuando escribimos este editorial, el anteproyecto de la LGT está pendiente de ser informado por el Consejo de Estado. En breve plazo, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, será enviado a las Cortes. En este sentido, os anunciamos que el COIT/AEIT invitará a todos sus colegiados/asociados y a los representantes de los principales agentes sectoriales a participar en dicho debate.

El Segundo Envite l "gran juego" de las telecomunicaciones que se desarrolla en los mercados nacionales del los distintos países de la Unión Europea está cada día mas condicionado por las estrategias internacionales de los grandes operadores europeos. Aparentemente el "juego" consiste en abrir paulatinamente los mercados a operadores alternativos al operador dominante en cada país y esperar que esta competencia desarrolle los mercados en beneficio de los usuarios (mejores servicios a menor coste). Las reglas y el ritmo del juego se establecen en Bruselas y las autoridades nacionales (poderes públicos e instituciones reguladoras) actúan como árbitros en las sucesivas "partidas". Esta es una visión muy estrecha pues oculta los complejos procesos de internacionalización que están siguiendo los operadores para enfrentarse al cada vez más cercano mercado global. Un fenómeno que tiene como consecuencia mas llamativa la formación de grandes alianzas internacionales que de una u otra manera están siempre presentes en los segmentos de mercados más importantes que se abren a la competencia. La reciente internacionalización de Telefónica, en particular su entrada en los mercados iberoamericanos, nos ha mostrado los beneficios que conllevan estos procesos para el conjunto de la industria y los servicios del país de origen del operador que accede a los nuevos mercados. En sentido contrario, nos alerta sobre la amenaza que representaría la entrada de un operador global foráneo no comprometido con los agentes económicos y sectoriales nacionales. Con toda probabilidad los beneficios de introducir competencia no justificarían la oportunidad perdida de incorporar "valor añadido nacional" a la economía del país. Concluida con éxito la privatización total de Telefónica y su incorporación a la alianza global que encabeza BT, nuestro primer operador ha definido completamente la posición estratégica con que se va a enfrentar al proceso de globalización. Era la condición necesaria para que pudiera tener lugar la segunda "gran partida" que se desarrolla en el mercado español. Nos referimos al proceso de privatización de RETEVISION y al nacimiento de un operador alternativo de telefonía básica, o lo que es lo mismo, al segundo operador global multiservicio español. Como no podía ser de otra manera, cada uno de los dos consorcios presentados incorpora un gran operador foráneo europeo, digno representante a su vez de alguna de las alianzas globales consolidadas o en fase de formación. Sin embargo, el análisis de su composición accionarial muestra que estamos ante consorcios de naturaleza muy distinta. El consorcio Endesa (30,9%)-Stet (30,9%)-Unión Fenosa (12,3%)-Euskaltel (4,2%)-y seis cajas de ahorros regionales, tiene como elemento diferencial la alta participación de agentes nacionales no exclusivamente financieros. El consorcio OPERA, compuesto por BCH (50%)-France Telecom(42,8%)- y Sprint(7,2%), representa a la alianza global de mayor peso político en Europa. Los dos tienen a priori capacidad técnica y financiera para abordar con éxito la construcción del segundo operador global español. Sin embargo, representan dos aproximaciones estratégicas al mercado español muy diferentes. El pliego de cláusulas administrativas que regula el concurso de adjudicación y venta de acciones de RETEVISIÓN S.A. asigna a la oferta económica el 40% de la puntuación total, mientras que asigna muy poca puntuación a los compromisos con el "valor añadido nacional" (creación de empleo, potenciación de la industria nacional, compromisos de I+D, etc...). Erróneamente a nuestro juicio, ha primado más el deseo de asegurar el "éxito político" de la privatización y la obtención de ingresos a corto plazo (para contribuir a la disminución del déficit público), que otras consideraciones de carácter más estratégico. Como representantes de uno de los colectivos profesionales con mas capacidad de añadir valor al desarrollo de la industria y los servicios de telecomunicaciones, destacamos que la opción que incorpore mayor valor añadido y capacidad de gestión nacionales, sería la más coincidente con la postura mantenida, por estas Juntas. No obstante, desde el respeto de nuestras instituciones hacía la transparencia en las reglas del concurso y a los criterios que deben regir su adjudicación, saludaremos gustosamente el nacimiento del nuevo operador ya que, en cualquier caso, supondrá la conclusión del segundo envite de las telecomunicaciones españolas y un claro beneficio para los usuarios.

LA NUEVA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN stamos asistiendo en los últimos años a un impresionante acontecimiento social que está rompiendo los esquemas tradicionales de las comunicaciones: nos referimos al fenómeno Internet. España, que se incorporó con retraso a esta explosión de conectividad global, irrumpió con enorme fuerza en el mundo Internet a principios de 1996 gracias a la puesta en marcha del Servicio de Acceso a Información (SAI), común y erróneamente conocido como INFOVIA, y a la agresiva campaña publicitaria realizada por Telefónica en el lanzamiento de la marca comercial anteriormente citada. En efecto, bajo la denominación de INFOVIA se incluyen, además del SAI, el alojamiento de páginas y servidores Web de distintas proveedores de información o de servicios on-line (entre ellos los que suministran acceso a Internet) y el correspondiente servicio de directorio. Es decir, una autentica Internet privada de ámbito nacional. Los resultados del año y medio transcurrido son suficientemente demostrativos de su éxito. Más de 500.000 usuarios habituales y 1300 proveedores de servicios de información de todo tipo, de los cuales más de 400 son proveedores de acceso a Internet, dándose la situación singular de que en España tengamos más del 10% de los proveedores de Internet existentes en el mundo. Entre éstos se encuentra el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) que, bajo la dirección del COIT y la AEIT, fue pionero en aprovechar el SAI e INFOVIA para proporcionar servicios Infovía/Internet a los ingenieros españoles. Un servicio de gran aceptación que atiende en la actualidad a más de tres mil quinientos ingenieros de toda España por la irrisoria cantidad de 5000 pts/año, más el coste de la llamada metropolitana. Aunque el SAI no se planteó jurídicamente como un "servicio universal", lo cierto es que tiene la práctica totalidad de sus características: al alcance de cualquier ciudadano, con facilidad de uso, precio asequible e igual en cualquier lugar de la geografía nacional. Incluso puede decirse que ha alcanzado un nivel de universalidad mayor que el propio servicio telefónico básico al tratar todas las comunicaciones, el principal componente del gasto, como llamadas metropolitanas. En el modelo actual, el servicio de acceso a Internet se reparte entre tres tipos de agentes: Telefónica, que proporciona en exclusiva el SAI, es decir, la conexión del terminal de usuario final (PC+modem), a través de la red telefónica pública conmutada o RDSI, a un punto de interconexión provincial al que se conectan los operadores concesionarios del servicio de conmutación de datos. Para el usuario final esta conexión se realiza mediante un número único (055) y a tarifa metropolitana. Los operadores del servicio de conmutación de datos que proporcionan los circuitos que conectan a los proveedores de servicios on-line con el SAI y el proveedor de Internet. Los proveedores de servicios on-line que proporcionan los servicios Internet (correo electrónico, www, news....) a sus clientes. Nótese que cualquier llamada a través del SAI tiene su origen y final en Telefónica. Ésto permite compensar a ésta del déficit que se produce por tarificar como metropolitanas las llamadas provinciales y nacionales que se realizan a los puntos de interconexión del SAI. Así, en el modelo actual esta compensación se realiza mediante la imputación de este déficit a la tarifa que Telefónica aplica a los proveedores de servicios on-line, que a su vez lo repercuten a sus clientes. El resultado final es que los usuarios que tienen su proveedor de servicios on-line dentro del área de tarificación metropolitana están subvencionando a aquellos que se encuentran fuera de ella ¡una característica más del concepto de servicio universal!. Además, los proveedores de servicios on-line pueden acceder a todo el mercado nacional desde un único centro ¿Puede extrañarnos el elevado número de proveedores de servicios on-line que hay en España? ¿Cuántos son "non profit" como el nuestro y atienden a colectivos específicos? ¿cuántos podrían ser los institucionales? Desde la "Comisión para la Supervisión del SAI", creada por la orden 11-1-1996 (BOE 27-1-1996) que regula este servicio, y con alguna que otra denuncia en Bruselas y ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, el SAI e INFOVÍA han sido cuestionados por algunos de los agentes que actúan en este mercado. De hecho se ha solicitado un cambio de regulación que defina estos servicios como "de valor añadido" de manera que Telefónica dejase de ser el proveedor en exclusiva de estos servicios. Por otro lado, el cambio regulatorio era imprescindible desde el momento en que se concedió a Retevisión la segunda licencia de telefonía básica. Como consecuencia de todo lo anterior, la Administración ha decidido anular la regulación existente definiendo el SAI como un servicio de valor añadido más que pueden ofrecer cualquier operador de conmutación de datos o proveedor de servicios de información. A partir de ahora cualquiera de ellos podrá instalar su propio Centro de Acceso a Información (su "INFOVIA") con sus propios servicios de directorio. Eso sí, la conexión a la red telefónica pública conmutada se realizará directamente, bien mediante accesos normalizados (baterías de modems con acceso a 7 o 9 cifras), o bien mediante los accesos especiales que se establezcan (servicio 900). Es decir, tras un periodo transitorio de unos ocho meses, desaparece el 055 como número único de acceso universal con tarifa telefónica urbana y consecuentemente su principal y más interesante atributo, su tarifa local en todo el ámbito nacional. Con ello se pone en riesgo la universalización del acceso a Internet y un escenario de servicios on-line insólito a nivel mundial. Insólito pero que ha demostrado su viabilidad económica y su aceptación social. De un plumazo, sin el menor debate público, se adopta un nuevo esquema regulatorio que significa el paso de un modelo de competencia entre múltiples proveedores de servicios on-line (más de 400) a través de una plataforma común y garantía de acceso a tarifa metropolitana, a un modelo de múltiples plataformas de acceso en competencia que a priori no asegura la misma tarifa de acceso a todos los ciudadanos y que da una ventaja tremenda a aquellos agentes que puedan integrar verticalmente todas las operaciones (la provisión de servicios on-line, la provisión de circuitos y el acceso). Sólo con el transcurso del tiempo sabremos cuál de los esquemas ha sido más eficaz para el desarrollo de este importante mercado y si el acceso al ciudadano de estos servicios se realiza de manera no discriminatoria. Desde el COIT/AEIT creemos que la Administración tiene la responsabilidad de asegurar que todo ciudadano reciba este servicio al menos en las mismas condiciones que lo ha recibido hasta ahora. Por otro lado, en un momento en que se debate el "concepto dinámico del servicio universal", nos parece que se ha perdido la oportunidad de aprovechar el éxito actual del SAI para buscar entre todos soluciones mas imaginativas y ambiciosas.

Plataformas digitales: una invasión de "hongos" y algo más an sido muchos los esfuerzos de este Colegio para hacer llegar a los Ayuntamientos nuestra preocupación sobre el impacto de las antenas, los cableados de los edificios y en general las instalaciones de telecomunicaciones en la estética de las ciudades. Desafortunadamente, no hemos logrado otra cosa que despertar de sus dirigentes simpatía, comprensión y buenas palabras, pero ningún compromiso concreto de buscar soluciones al problema. Ayer fueron las antenas individuales para televisión terrenal, hace muy poco las antenas y torres de telefonía móvil, hoy las antenas parabólicas individuales y muy pronto las redes de cable. Un problema que se acrecienta día a día por la multiplicidad de operadores que conlleva la apertura de los mercados a la competencia y la necesidad de desplegar las nuevas redes de acceso que requieren los servicios avanzados de telecomunicaciones. Si del exterior de los edificios pasamos al interior de las viviendas nos encontramos con otra amenaza, mucho peor, para buena parte de la ciudadanía: la imposibilidad de acceder al conjunto de la oferta de servicios de telecomunicaciones por la inadecuación de las instalaciones internas de los edificios de viviendas colectivas. En efecto, el despliegue de la TV digital por satélite ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, la importancia de los problemas reseñados. De manera telegráfica la situación es la siguiente: Es un servicio recibido con enorme interés por los usuarios, muchos de los cuales verán frustradas sus expectativas de disfrutarlo. La suma de las cifras aportadas por Vía Digital y Canal Satélite Digital sitúan en 300.000 las peticiones a primeros de octubre. Según nuestras estimaciones más del 60% de dichas peticiones proceden de viviendas colectivas. Una agresiva campaña por la captura del abonado de las dos plataformas, que no reparan en realizar la instalación de una antena individual en el balcón o la instalación de una antena parabólica para distribuir la señal por la antena colectiva, sin garantía de que dicha instalación permita la coexistencia de otras plataformas. La firma de acuerdos privados entre comunidades de propietarios y una de las plataformas, por la que dicha plataforma "regala" la instalación colectiva ocupando las canalizaciones existentes e impidiendo, de facto, la recepción de la señal procedente de la otra plataforma. El conflicto entre el derecho individual a la información y los derechos de propiedad colectivos está servido. Esta situación se produce como consecuencia, por un lado, de la ausencia de una legislación actualizada que regule los aspectos técnicos de distribución de las señales en viviendas colectivas y´por otro, de la falta de legislación: Autonómica, cuando está transferida la competencia, y Municipal, en cuanto los ayuntamientos son los últimos y directos responsables del impacto estético de las ciudades. Una situación que preocupa a muchos alcaldes y que puede devenir en la publicación de Ordenanzas redactadas con precipitación y sin cubrir adecuadamente la problemática. Frente a todo ello, y en aras a contribuir a resolver este problema, las juntas del COIT y la AEIT han acordado hacer llegar a los órganos competentes y a la opinión pública en general su posición. Una posición, avalada por un trabajo continuado durante años (ved el artículo al respecto en este mismo BIT), que resumimos en los siguientes puntos: 1º Cualquier actuación que se lleve acabo debe partir del principio de que los usuarios deben poder recibir las señales de televisión analógica y digital con calidad óptima, pudiendo elegir entre los posibles operadores, con el mínimo coste de infraestructura. Todo ello debe hacerse respetando el aspecto estético de las ciudades. 2º Que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), haciendo uso de las atribuciones que le otorga el Real Decreto-Ley 16/1997 de 13 de septiembre, inicie urgentemente un procedimiento formal de consulta pública para elaborar una circular que contenga las instrucciones pertinentes. 3º Que mientras tanto la CMT convoque a los operadores de TV digital por satélite, fabricantes, colegios profesionales competentes, asociaciones de instaladores, etc., para establecer un "código de conducta" que evite situaciones irreparables. 4º Que el Ministerio de Fomento publique urgentemente la normativa prevista en el Artículo 49 del R.D. 2066/1996. 5º Que los Ayuntamientos redacten las Ordenanzas reguladoras de la instalación de antenas que evite el creciente caos en fachadas, terrazas y tejados. Dichas ordenanzas deberían seguir unas directrices generales homogéneas de ámbito estatal. 6º Que dichas Ordenanzas exijan, para la concesión del Permiso de Obra de todo edificio de nueva construcción, que las instalaciones de Telecomunicación en el interior de edificios respondan a las características de la legislación del Ministerio de Fomento materializadas en un proyecto Técnico redactado por un Técnico Competente y visado por el Colegio correspondiente y que para la concesión de la licencia de ocupación se presente el Certificado de Conformidad de la Instalación, también realizado por Técnico competente y visado por el Colegio correspondiente. 7º Que dichas Ordenanzas establezcan un período transitorio, no mayor de tres años, para la eliminación de las antenas individuales de televisión terrenal y las parabólicas que puedan haberse instalado en las fachadas u otros lugares inadecuados. 8º Que toda esta legislación sea para cumplirla y exigir su cumplimiento. Todo lo anterior redundará, en opinión del COIT, en beneficio para los ciudadanos que no tendrán que invertir en equipos o instalaciones que luego deben cambiar y que podrán disfrutar de la oferta que más les agrade sin estar sujetos a situaciones de dominio por los operadores. Reportará beneficio para las ciudades que recuperarán su estética . Y también se beneficiarán los operadores y proveedores de servicios que accederán con facilidad a un mayor número de usuarios.

El año que vivimos peligrosamente urante el presente año se ha producido una aceleración vertiginosa y hasta cierto punto caótica en los cambios de todo tipo dentro del sector, que llevará a España a pasar de ser uno de los países constantemente calificado como más lento en la aplicación de las medidas liberalizadoras a ser uno de los estados de la U.E. con mayor grado de liberalización. Así pues, a principios o mediados del próximo año nos encontraremos con: * tres operadores de telefonía fija (Telefónica, Retevisión y la empresa que resulte adjudicataria de la tercera licencia, cuya convocatoria está prevista para finales de este año); * dos operadores de telefonía móvil (y pendiente la adjudicación de una licencia para telefonía personal DCS-1800 adicional a la que también obtendrán Telefónica Móviles y Airtel); * un operador de redes de telecomunicaciones por cable en cada demarcación (además de Telefónica) que estará autorizado para la prestación del servicio telefónico; * dos plataformas para la difusión de televisión digital por satélite; * varios operadores de servicios de valor añadido (conmutación de datos, acceso a información, etc.), reorientación de la situación actual del mercado de servicios de acceso a información; * la empresa británica Colt Telecom S.A. ha obtenido de la CMT la concesión administrativa para prestar ciertos servicios de valor añadido de telecomunicación, excluidos el servicio final telefónico básico y el servicio público de difusión de televisión, por medio de una red propia que se le autoriza construir (con lo que se podría definir como un primer paso hacia la liberalización efectiva de infraestructuras), y otras empresas, tales como WorldCom por ejemplo, ya se han dirigido a la CMT con solicitudes similares; * y, para finalizar, destacar que, estará presente la perspectiva del 1 de diciembre de 1998, fecha en la que cualquier empresa podrá competir en el sector de la telefonía básica que, en la actualidad, representa alrededor del 60% del valor total del mercado de telecomunicaciones. También hay que mencionar especialmente la constitución de operadores regionales de telecomunicaciones con participación pública, como el caso de Euskaltel en el País Vasco o el previsible operador que se forme en Cataluña, que contribuirán a complicar todavía más el espectro de agentes presentes en el mercado. A la vista de todo lo anterior, no es fácil plantearse cuál será la evolución del sector en el apasionante futuro que le espera. Tendrán que ser las fuerzas del mercado las que, en función de los intereses y estrategias puestos en juego por cada agente, decidan sobre la futura conformación del mismo, así como sobre la coherencia existente entre la multiplicidad de la oferta y las necesidades reales existentes, procediendo en consecuencia a la selección de aquellos operadores que sepan escoger con mayor acierto el nicho de mercado donde desarrollar su actividad y adaptarse al especial entorno social que presenta la configuración autonómica española. En este proceso de evolución del mercado hacia la plena competencia deberá jugar un papel preponderante la labor de la CMT como salvaguarda de dicha competencia. Desde estas instituciones creemos que, aunque no es deseable que el Estado tenga un papel excesivamente intervencionista sino que, por el contrario, es necesario dejar jugar libremente a los agentes del sector, tampoco se deben dejar determinados aspectos sólo a la libre confrontación de intereses del mercado. En concreto, los objetivos de consecución y mantenimiento de la cohesión social y territorial en materia de telecomunicaciones llevan a desear una intervención del Estado en aquellos aspectos que el mercado por sí solo no es capaz de resolver. Tanto más en un caso como el español en el que la existencia de profundas diferencias entre las distintas regiones podría redundar en que dichas diferencias se manifestaran también en la calidad y la cantidad de los servicios de telecomunicación esenciales disponibles, produciéndose de hecho la existencia de ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al tipo de servicios a los que tienen acceso. Resumiendo, podríamos decir que ante el excitante reto que supone la próxima apertura del mercado de las telecomunicaciones desde el COIT y la AEIT consideramos que, por un lado, se debe dejar jugar libremente a los intereses del mercado en todo aquello que signifique la introducción de nuevos servicios y de competencia en los existentes, pero, por otra parte, en aras a la cohesión social y territorial, se debería llegar a un compromiso o pacto de Estado para la definición y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, tanto las contenidas en el denominado servicio universal como las imponibles a las licencias de operación de redes o servicios, debiendo involucrar dicho pacto de estado a todas las administraciones con competencias directas o indirectas sobre la materia, esto es, la central, la autonómica y la local. Asimismo, la labor de la CMT será fundamental nuevamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan a los operadores. Posiblemente el marco ofrecido por el próximo debate parlamentario de las enmiendas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones fuera la ocasión idónea para, al tiempo que se evita un excesivo intervencionismo en el libre juego del mercado, introducir en la Ley estas consideraciones sobre la imposición de obligaciones de servicio público y la necesaria colaboración entre las distintas administraciones. SUCEDIÓ EN 1997 * Inicio de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (O.M. de 31/1). * Aprobación del Reglamento Técnico y de Prestación del servicio de telecomunicaciones por satélite (RD 136/1997). * Privatización completa de Telefónica de España, S.A. y posterior alianza de esta compañía con BT, abandonando su participación en Unisource. * Irrupción de la TV digital por satélite en el mercado español. * Incorporación de la Directiva 95/47/CE sobre el uso de normas para la transmisión de señales de TV, cuyos aspectos principales son: la introducción de la figura del operador de servicios de acceso condicional, la utilización de sistemas de acceso condicional abiertos y compatibles, y la estandarización del algoritmo de cifrado (RD-Ley 1/1997, tramitado como Ley 17/1997). * Entrada de Telefónica en el sector audiovisual (Vía Digital y Antena 3) y en el de contenidos (Audiovisual Sport). * Aprobación de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, cuyos principales aspectos son: la creación de la CMT, la modificación de la LOT, la modificación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, y la creación del segundo operador (Ley 12/1997, que se había iniciado como el RD-Ley 6/1996). * Determinación de las tarifas y condiciones de interconexión a la red telefónica básica operada por Telefónica (O.M. de 18/3) * Concurso y adjudicación del proceso privatizador de Retevisión. El consorcio liderado por Endesa y Stet se hace con un 70% del capital de la sociedad y se inicia la andadura del nuevo operador. * Inicio de la tramitación parlamentaria en el Congreso del Proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones (junio). * Regulación del régimen de prestación de la telefonía móvil en su modalidad DCS-1800 (RD 1252/1997). * Establecimiento de procedimientos y condiciones para la selección y preasignación de operador en las llamadas de larga distancia (O.M. de 18 de julio), para la conservación del número de los abonados al servicios telefónico básico en caso de cambio de operador (O.M. de 4 de agosto) y aprobación del plan nacional de numeración. * Liberalización de la prestación del servicio de acceso a información a través de la RTC o RDSI (O.M. de 8/9). * Disolución de la Dirección General de Telecomunicaciones. * La CMT empieza a ejercer sus funciones suspendiendo determinadas campañas de Telefónica, aprobando la concesión a Colt Telecom para prestar servicios de valor añadido e iniciando una consulta pública sobre sistemas de acceso condicional. * Convocatoria de los concursos para la adjudicación de la prestación de servicios de telecomunicaciones por cable en la práctica totalidad de las demarcaciones, y adjudicación de los mismos en demarcaciones que representan más del 70% de la población. * Consolidación del segundo operador de telefonía móvil (la previsión de facturación de Airtel para el presente ejercicio supone alrededor de un 50% de la de Telefónica Móviles y cerca de un tercio del valor total del mercado).