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88.- EDITORIAL La facultad de certificar y el papel del ingeniero. El Real Decreto 119/31 de 8 de Enero, una vez definidas las competencias que el Estado asigna al poseedor del título de ingeniero de telecomunicación, concluye con dos artículos fundamentales, de los que se deduce que sólo hay dos alternativas para las actuaciones técnicas en que deba intervenir la Dirección General de Telecomunicaciones; o las realiza por sí misma, o las delega en el único colectivo legalmente facultado para ello, el de los ingenieros de telecomunicación. Así las cosas, surge en estos momentos, y con tintes de urgencia, el Proyecto de Real Decreto sobre Operadores Económicos, inspirado por un loable y necesario afán de reordenación, pero del que pueden derivarse consecuencias que transcienden el campo específico que pretende regular. Si llega a aprobarse en su estado actual, esta normativa hurtaría a nuestro colectivo la competencia exclusiva de certificar, otorgándola a los operadores a cambio de cumplir unos requisitos previos. En el Proyecto de Real Decreto al que nos referimos se percibe, a pesar de todo, la voluntad del legislador de conseguir para las instalaciones las más altas cotas de calidad, lo que merece todos nuestros respetos. Pero insistimos, existen detalles, que, de no modificarse, supondría nuestra primera cesión legal de competencias, cargando el proceso de una subjetividad, derivada de ser los propios operadores los encargados de la valoración de su trabajo, que llevaría a las instalaciones certificadas hacia niveles de calidad bien distintos de los que parece perseguir el propio Decreto. Si la DGTel considera que alguna de las instalaciones actualmente sometidas a certificación no debe estarlo, que cambie la normativa correspondiente. Si la DGTel considera, como nosotros, que es necesario comprometer más al instalador individual o a las empresas instaladores, regúlese mediante la exigencia de boletines de instalación, exíjanse las condiciones que se juzguen necesarias para realizar esta loable actividad. Pero la “certificación” es un acto que corresponde a la Administración –a sus ingenieros de telecomunicación- que puede delegar en esta entidad de Derecho Público, el COIT y sus ingenieros, pero en la misma empresa privada que realiza la instalación. En todo esto subyace, en cualquier caso, algo de mayor trascendencia: el papel que ha de jugar el ingeniero, como experto formado por la sociedad, en el funcionamiento de la misma. Existe, y resultaría absurdo no reconocerlo, un especial interés por incluir, entre las medidas liberalizadoras que el Tribunal de Defensa de la Competencia ha elegido como bandera, una supresión, en mayor o menor medida, de la actual misión de los Colegios Profesionales. A nuestro entender, para establecer que las reglas del mercado sean las que marquen, de algún modo, las relaciones entre profesionales, empresas y usuarios, sería un irreparable error atacar el papel que los Colegios Profesionales, en cuanto que entidades de derecho público y realizando labores que la propia Administración ha delegado en ellos. ¿Quién llevaría a cabo las labores de certificación y control que corresponde a los expertos en cada materia, en un sector donde la legislación, la normalización, y la reglamentación técnica de tanto nuevo servicio como va a existir en el futuro, está aún por hacer? Toda sociedad madura debe formar profesionales capaces de dirigir, modular y certificar, con los conocimientos adquiridos, las acciones que en la materia de que se trate asuma la colectividad, garantizando los niveles de calidad que de productos, sistemas, y servicios espera el ciudadano. Carece de sentido que, gastadas importantes cantidades en la tarea de formar técnicos expertos en telecomunicaciones, desaprovechemos sus capacidades para servir al conjunto de la sociedad, como pretenden algunos. Los ingenieros de telecomunicación se configuran en nuestra sociedad de la información como los profesionales capaces de afrontar los retos que están surgiendo, y quienes, con sus conocimientos y atribuciones den respuesta al usuario dentro de un entorno de servicios cada vez más liberalizado. Conforme avance el proceso de liberalización del sector, más necesaria será su regulación. Con los recursos humanos con que cuenta la DGTel será difícil vigilar el cumplimiento de las normas. ¿Por qué no hacer uso de los miles de ingenieros de telecomunicación distribuidos por toda la geografía nacional? ¿Por qué no apoyarse en el COIT, una entidad de derecho público, para regular una práctica profesional tan delicada?

89.1.- EDITORIAL Títulos académicos / títulos profesionales. ¡Regulación ya! En España estamos acostumbrados a establecer una conexión directa entre título universitario, colegiación y ejercicio profesional. Sin embargo, lenta e irregularmente, el legislador ha puesto en marcha un proceso de desvinculación entre titulaciones académicas y profesionales que está produciendo situaciones contradictorias y paradójicas, sin clave jurídica de solución, que, a corto plazo, desencadenarán conflictos de atribuciones verticales y horizontales entre las diferentes profesiones. En efecto, el primer hito del mencionado proceso se concretó en la Constitución Española cuando señaló, como competencia exclusiva del Estado, la “regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales”. La conjunción copulativa “y” abrió la posibilidad de títulos diferenciados. Por otro lado, nuestra Máxima Norma, al reconocer explícitamente a los colegios profesionales y otorgar a una futura Ley la regulación del ejercicio profesional, no sólo establece una conexión entre profesión y colegios, sino que agrandó la diferenciación entre las dos titulaciones: las profesionales las debe señalar el Parlamento mediante Ley, mientras que las académicas las determina el Gobierno mediante Decreto-Ley. La situación se ha complicado posteriormente en la medida en que el proceso de regulación del ámbito académico ha avanzado enormemente, mientras que apenas lo ha hecho en el ámbito profesional. Así, disponemos de un nuevo catálogo de titulaciones universitarias con una variedad y heterogeneidad muy superior a la de la época preconstitucional. Sin embargo, la conflictividad generada por el proyecto de Modificación de la Ley de Colegios Profesionales y por la Ley 12/1986 de 1 de Abril, que regula las atribuciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, parece haber asustado al legislador quien, como Pilatos, se “lava las manos” ante una situación que no puede o no quiere controlar. En el caso particular de las Enseñanzas Técnicas, nos encontramos en estos momentos con la curiosa paradoja de que las enseñanzas de primer ciclo (las superiores) no lo están. Un caso paradigmático que nos afecta directamente es el Ingeniero en Electrónica, cuyos primeros profesionales ya están ejerciendo sin ninguna atribución reconocida y, por tanto, sin posibilidad de ejercicio de libre de la profesión. Las dudas surgen por doquier. ¿Sólo las titulaciones antiguas heredaremos las atribuciones profesionales de la legislación preconstitucional? Como ello es imposible, ¿se crearán nuevos colegios profesionales? ¿Cuáles serán los criterios para repartir las atribuciones?; o, por el contrario, ¿todos podrán actuar en el ámbito de todos, aunque no posean la titulación académica idónea? ¿Quién garantiza al ciudadano que contrata al profesional libre más adecuado? ¿Serán los colegios profesionales, como en los países anglosajones, los encargados de dar las titulaciones profesionales? La impresión general es que el legislador pretende ir hacia el “modelo anglosajón”, más acorde con las directivas de Bruselas, por la vía de limitar las competencias de los actuales colegios y retrasar la creación de nuevos. Sin embargo, no parece tener fuerzas para llevarlo a cabo y, lo que es peor, no plantea otras alternativas convincentes para regular el ejercicio libre de las profesiones. En este contexto, el caos que se puede producir en los próximos años irá en perjuicio de los ciudadanos y mermará el prestigio de los colegios profesionales. Naturalmente, la situación no se puede mantener. En nuestro caso, muy pronto tendremos la presión de los egresados de las Escuelas de Telecomunicación que imparten el nuevo título, sobre todo aquéllas, como las de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde se convirtió la antigua especialidad en Electrónica del titulo de Ingeniero de Telecomunicación, en la nueva titulación de Ingeniero en Electrónica. El COIT y la AEIT darán a conocer su postura en su momento. Somos conscientes de que las soluciones deben ser de carácter general y que son el Ejecutivo y el Legislativo quienes deberán decidir cuáles son las más adecuadas. Pero nos creemos obligados a declarar que, en nuestra opinión, la peor regla es la que no existe. Por tanto, y a pesar de las dificultades y conflictos que será necesario superar, urge que se regulen todos estos aspectos y que se haga desde una perspectiva moderna y adaptada a la realidad de nuestra sociedad. Nos jugamos mucho en ello.

89.2.- EDITORIAL Cuestión de Estado. Desde hace más de un año, los profesionales del sector de las telecomunicaciones veníamos solicitando una definición del Gobierno sobre la forma de abordar el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España. Hace poco, el propio Presidente del Gobierno hizo público el acuerdo del Consejo de Ministros que fijaba, por fin, el cómo éste iba a llevarse a la práctica. El acuerdo es, ante todo, un conjunto de compromisos sobre las fechas de algunos de los principales hitos del camino que nos llevará de la actual situación hasta la emblemática fecha de 1998, en la que se liberalizarán los servicios de voz y datos y las infraestructuras. De este conjunto de compromisos, destacan, con todo, dos de ellos, que significarán avances en la ordenación de nuestras telecomunicaciones de especial importancia: el segundo operador nacional de redes y servicios de telecomunicación y la regulación de la televisión por cable. Poco se puede decir al respecto, salvo celebrar la existencia explícita del plan y solicitar celeridad en el cumplimiento de la actuación comprometida, de la que todos, pero especialmente los profesionales del sector, debemos estar pendientes.

90.- EDITORIAL Al final, ganamos todos. Se celebraron el pasado 10 de Enero las elecciones para las juntas directiva y de gobierno del Colegio y la Asociación, marcadas por una participación superior al 25%, lo que supone, sin duda, algo desconocido hasta la fecha entre la mayor parte de las organizaciones profesionales y, por descontado, entre las ingenierías. A ello ha ayudado tanto el que, por primera vez desde hace más de una década, haya habido más de una candidatura donde elegir, como el proceso de gradual concienciación de nuestro colectivo sobre el creciente protagonismo que los telecos tenemos en la sociedad y el papel que nuestras instituciones jugarán para que ello se lleve a la práctica. Hemos pasado en pocos años, y de esto empezamos a tener todos conciencia, de ser una profesión minoritaria a ser protagonistas de primera fila de la sociedad de la información y la tecnología, y ello de forma creciente e imparable. El número de profesionales, que ya es significativo, y los conocimientos que al final de nuestros estudios poseemos, nos otorgan una responsabilidad social de la que debemos responder y ello dependerá, en gran parte, de lo que en el futuro hagan las juntas recién elegidas. El enfrentamiento al que hemos asistido durante el ejemplar proceso electoral, ha constituido un éxito compartido por todos: candidatos, mesas electorales y el conjunto de la profesión. Los componentes de las nuevas juntas deberán dirigir sus esfuerzos, durante los próximos cuatro años, al cumplimiento de lo prometido en su programa electoral, en la seguridad de que sus actuaciones serán seguidas en detalle por quienes le votaron. Una tarea apasionante en un momento como el que vive nuestro sector, que será imposible sin la colaboración de todos.

91.- EDITORIAL Por favor señorías: la ley del cable, ya. Tras años de vicisitudes, por fin, el pasado mes de Diciembre, el Gobierno envió a las Cortes el proyecto de Ley de Telecomunicaciones por Cable. Tal y como, en su día demandamos las Juntas del COIT y de la AEIT, y como refleja su actual denominación, pretende ser una ley que regule globalmente el régimen jurídico del servicio de telecomunicaciones por cable (TV, audio, datos, portadores, telefonía…) que se presten a través de las redes de cable. Pasar de legislar sólo la televisión por cable, a un nuevo concepto que globaliza todos los servicios susceptibles de ser transmitidos por cable, ha abierto la caja de los truenos en un sector que se encuentra en un proceso de liberalización y de expansión tremendos, en momentos en que en el mismo confluyen importantes intereses económicos y políticos, no siempre coincidentes. Se trata de un proyecto de ley que puede considerarse avanzado en algunos aspectos, como en que se adelante a las decisiones que pueda tomar la Unión Europea en cuanto a la liberalización de las infraestructuras, pues ya reconoce una situación de liberalización controlada, o competencia restringida, al permitir la existencia de un nuevo operador para cada demarcación que se constituya. A pesar de ser éste un aspecto en discusión en el seno del actual debate a nivel comunitario, es bueno que nuestros legisladores vayan por delante de los acontecimientos, aún asumiendo los riesgos que ello supone, y no a remolque como ha ocurrido casi siempre. Un aspecto esencial del proyecto de ley es que se considera el servicio de telecomunicaciones por cable como un servicio público de titularidad estatal, lo cual conlleva que su régimen de prestación sea por gestión indirecta mediante concesión administrativa que otorgaría, tras el oportuno concurso público, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. La situación que el anteproyecto contempla supone dejar sin competencias a las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales ya tienen en la concesión de servicios la difusión y aspiran a tenerla en otros campos de las telecomunicaciones. Por el contrario, a los Ayuntamientos y la Administración del Estado se les asigna la iniciativa y/o aprobación de las demarcaciones. Esto ha desatado la oposición por parte de las minorías nacionalistas representadas en el Parlamento, lo que podría provocar la retirada del proyecto de ley por el Gobierno que supondría, de nuevo, una demora tremendamente perjudicial para el desarrollo del sector del cable, tras el que pivotan los servicios multimedia, e importantes inversiones y empleo. Las Juntas del COIT y de la AEIT consideramos que, garantizando celosamente el principio de integridad de la red, y la protección de los derechos del ciudadano al acceso a todos los servicios, sus señorías deben flexibilizar sus posturas en aras de lograr un rápido consenso en los temas polémicos como básicamente son los relativos a la concesión, aprobación y amplitud de las demarcaciones y a la apertura futura de nuevos operadores por demarcación. Como profesionales preocupados por el futuro del sector de las telecomunicaciones, demandamos de nuestros estamentos políticos y administrativos responsables de la regulación del cable, más agilidad, pragmatismo y responsabilidad, para salir cuanto antes de la actual alegalidad de los servicios por cable en España. La situación actual está impidiendo el desarrollo y prestación de servicios en condiciones técnicas que garanticen su calidad, el crecimiento de nuestra industria de equipos y contenidos multimedia, y, en definitiva, el avance de un sector esencial para progresar hacia la sociedad de la información, tendencia en la que está comprometida España tras la aprobación por la Unión Europea del Informe Bangemann en la cumbre de CORFO de Junio de 1994. Señorías: la Ley de Telecomunicaciones por Cable es necesaria, ya. Cualquier dilación provocada por confrontaciones políticas o entre los Partidos va en contra de los intereses del conjunto de nuestro país.

92.- EDITORIAL III Plan de Investigación. Entre la esperanza y el escepticismo. Los planes nacionales de investigación han sido el elemento básico para el fomento de la I+D en nuestro país. A lo largo de la última década, sus acciones han permitido la creación y mantenimiento de numerosos y, en muchos casos, cualificados equipos de investigadores en los Centros Públicos de Investigación (CPI). Sin embargo, es evidente la contradicción de nuestro sistema ciencia-tecnología-industria (SCTI) que, simultáneamente, es capaz de generar un meritorio porcentaje de la producción científica mundial –media en términos de publicaciones- y un sector productivo con un escaso nivel tecnológico. La situación no puede sorprendernos pues responde, entre otras cosas, a la propia filosofía de nuestro país, en el que, junto a un inexistente apoyo a nuestra industria, se dan en lógica relación con ello, unos criterios de asignación de recursos que apenas han considerado la demanda económica o social de la investigación realizada. Ello ha llevado, como no podía ser de otra forma, a que el porcentaje de la I+D realizada por los organismos públicos haya sido muy superior al de las empresas, al revés de cómo ocurre en los países de nuestro entorno. Así, inicialmente se potenció sin discriminar a todos los grupos tratando de dotar, en el primer Plan, de medios personales y materiales a unos CPI´s maltrechos y olvidados. Posteriormente, en el segundo Plan, se ha intentado concentrar los recursos en los grupos de mayor producción científica. En general, los contenidos de las investigaciones han sido definidos por los propios investigadores que han demostrado una considerable habilidad para adaptarse a las “reglas del juego” impuestas por la Administración. El espectacular crecimiento de su participación en revistas y ponencias en congresos internacionales es la mejor prueba de esta afirmación. Por fortuna, y según sus gestores, el III Plan invertirá esta tendencia y promocionará las líneas de trabajo más acordes con las verdaderas demandas económicas y sociales. En otras palabras, apoyarán a aquellos equipos que demuestren su capacidad para transferir resultados al sector empresarial. No podemos sino aplaudir esta nueva filosofía y desearles el mayor de los éxitos. Sin embargo, son muchas las incertidumbres que comprometen esta iniciativa. ¿Existe un tejido productivo, especialmente en nuestro sector, capaz de asimilar los resultados de los CPI´s? Después de una desastrosa política industrial que lo ha esquilmado, después de haber entregado nuestro mercado a las multinacionales, después de convertir a nuestras empresas en meras correas de transmisión de las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los países avanzados…¿tendrán los CPI´s interlocutores a los que dirigirse? El alejamiento entre los CPI´s y las empresas no es un tópico, es una terrible realidad que limita la competitividad de nuestro sector productivo. Todo esfuerzo en la dirección de superarlo será bienvenido. Sin embargo, los objetivos del III Plan sólo podrán alcanzarse si se complementan con medidas concretas de apoyo a las empresas, especialmente a las pymes, facilitándoles los dos elementos decisivos en los procesos de innovación: un entorno financiero adecuado y unos mercados nacionales que sean plataforma de su indispensable proyección internacional.

93.- EDITORIAL Chapuzas no, gracias. En nuestro Editorial del número correspondiente a Marzo, solicitábamos urgencia en la tramitación de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, advirtiendo que “cualquier dilación provocada por confrontaciones políticas o entre los Partidos va en contra de los intereses del conjunto del país”. Hoy podemos decir con enorme preocupación que lo que entonces no era sino una conjetura, puede llegar a ser una tremenda realidad. En la lucha por conservar el poder a toda costa, los intereses partidistas de unos y de otros están a punto de dar al traste con una de las más importantes iniciativas tecnológicas y de servicios que este país tenía y tiene por delante, y convertirla, nos guste o no, en una chapuza. La jugada es simple: de ley de telecomunicaciones por cable se pasa a la de televisión por cable, y se acaba de golpe con las discrepancias… si no fuera porque en ello perdemos todos demasiado, y dejamos pasar una oportunidad tecnológica de carácter histórico que difícilmente volverá a repetirse en el futuro. Otros países gozan ya de la televisión por cable. Deberán adaptar sus estructuras, con un coste elevado, a una utilización mucho más ambiciosa del mismo. De servir únicamente para transportar la señal de televisión, podrá utilizarse para telefonía y servicios multimedia interactivos (teletrabajo, teleeducación, telemedicina, etc.). En España partimos, paradójicamente gracias a nuestro retraso, con una ventaja inicial, pues directamente podríamos preparar nuestras estructuras y nuestra industria a todos los servicios que una señal de banda ancha por cable puede transportar. Ventaja que estamos a punto de tirar por la borda, por el simple hecho de que, con ello, se aparca, para cuando quizá ya sea tarde, la discusión de algo tan obvio, porque así lo enuncia nuestra Constitución, como es que, en telecomunicaciones, sólo las señales de televisión son competencia de las Comunidades Autónomas, mientras que el resto lo son del Estado. Ahora, la paralización de la ley va a traer consigo un importante retraso estructural, junto con una creciente alegalidad, e importantes inversiones a la espera de tiempos mejores. Como resulta difícil ponerle puertas al campo, las iniciativas de cablear territorios, ya sean locales, comarcales o autonómicos empiezan a aparecer como hongos. La polémica entre el Gobierno Central y la Generalitat de Catalunya quizá sea la más notoria, pero, a otros niveles, hay ya demasiadas iniciativas que impedirán en el futuro que el cable en España sea un desarrollo armónico de nuestro territorio para convertirse en un reino de taifas donde valdrá casi todo y será casi imposible interconectar las redes que vayan implantándose en el tiempo. En este sentido, resulta ejemplar el Decreto del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón que, aprovechando la alegalidad en que estamos inmersos, publica en el BOE para la contratación de una red de cable. Señores diputados: chapuzas no, gracias. Impedir con su “salomónica” decisión el desarrollo de las capacidades y expectativas que la ley de telecomunicaciones por cable estaba generando es, además de tirar balones fuera, algo que, en las actuales circunstancias industriales y económicas por las que atraviesa nuestro país, no es de recibo. El COIT, desde luego, no va a firmar el acuse del mismo.

94.1.- EDITORIAL De la alegalidad a la inseguridad jurídica. Cerramos esta edición asistiendo atónitos al anuncio de que los 54 alcaldes populares de ciudades de más de 100.000 habitantes, siguiendo el precedente de un municipio del PSOE, el de Barcelona, sacarán a concurso las concesiones para la construcción y explotación de sus redes de cable. Simultáneamente saldrán a concurso las mismas concesiones de acuerdo con la futura ley de telecomunicaciones por cable, fruto del pacto parlamentario entre PSOE, CIU, PNV e IU. Por su parte, los responsables del PP anuncian que si obtienen suficiente mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales, modificarán la ley de manera que las licencias válidas serán aquéllas que procedan de los concursos de los ayuntamientos, invalidando los concursos que se hagan de acuerdo a la ley que finalmente apruebe el Parlamento. El disparate es mayúsculo. Ante semejante inseguridad jurídica ¿qué inversor puede comprometerse seriamente en el desarrollo del cable? Situaciones como ésta sólo favorecen a especuladores, o, lo que es peor, permiten que entren operadores e instaladores de infraestructuras de otros países en los que la reciprocidad de negocio no existe. En cualquier caso, garantizan un importante retraso en el despliegue del cable, el “acceso de banda ancha”, en este país. Paradójicamente, esto sucede cuando se acaba de aprobar una directiva europea que autoriza, a partir del 1.1.1996, la utilización de las redes de TV por cable como soporte en la prestación de los servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, esto es, todos menos la telefonía pública vocal. Durante meses los órganos rectores del COIT y de la AEIT han mantenido reuniones constantes con todos los grupos parlamentarios, agentes y asociaciones representativas del sector, a quienes se les ha explicado la trascendencia que para todos tenía la pronta aprobación de una ley de telecomunicaciones por cable. Una ley tan importante para el conjunto de nuestro país que exigía, a nuestro juicio, el consenso de todas las fuerzas políticas sin excepción. Sabemos que nuestro mensaje ha calado en todos los grupos parlamentarios. Que las diferencias entre el texto consensuado y la propuesta del grupo popular no son insalvables. Que la ausencia del PP se explica por su desconfianza ante el acuerdo entre Telefónica y PRISA sobre Cablevisión. Que el conflicto de intereses entre los grandes grupos de comunicación está interfiriendo el proceso de consenso. Apelamos una vez más al buen sentido de nuestros dirigentes políticos y pedimos a quienes han pactado que eliminen esta desconfianza e inviten al PP a sumarse al debate en la tramitación de la ley en el Senado. A su vez pedimos al Partido Popular que, entre tanto, estudie la posible retirada de los concursos de los ayuntamientos. Los intereses del país, en los dos casos, deben estar por encima del “sostenella y no enmendalla”. También pedimos cordura a las administraciones públicas. En esta lucha de intereses, lícitos, entre las Administraciones estatal, autonómicas y municipales, convienen que todos recuerden, y lo decimos como ciudadanos, el papel que la Constitución y la legislación vigente les reservan a cada una de ellas, así como su obligación política de servicio público. Los ayuntamientos tienen un importante papel que desempeñar protegiendo el dominio público y obteniendo contrapartidas para sus municipios, pero ello debe ser compatible con una política nacional de telecomunicaciones. Finalmente, y no menos importante que todo los anterior, conviene recordar el peso de las telecomunicaciones como motor industrial de cualquier país. Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deben favorecer a las empresas españolas, velando por los intereses del nuestro y evitar que su protagonismo particular permita la entrada por la puerta falsa de operadores e instaladores de otros países. El negocio inmediato, el sálvese quien pueda, el ganar utilizando recursos traídos de fuera en lugar de sacar partido a nuestras propias capacidades, es pan para hoy y hambre para mañana.