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75.- EDITORIAL Las inversiones del PNT. El Plan Nacional de Telecomunicaciones ha sido recientemente aprobado. Faltan aún otros elementos para configurar el conjunto de nuestras telecomunicaciones, como la Ley de televisión por cable, el desarrollo de las televisiones locales o los reglamentos de la propia LOT, a cuya espera se encuentra no sólo nuestro sector, sino el conjunto de nuestra sociedad. Da la impresión de que el PNT está fundado en dos únicas ideas: obligar a las empresas que controlan el Estado a incrementar los servicios (política de oferta) y esperar que la demanda le vaya a la zaga. De forma que con ambos mecanismos se pretende generar las inversiones, procedentes de los usuarios, necesarias para mantener y mejorar el actual nivel tecnológico y la satisfacción de usuarios e industria. Quizás a Telefónica se le pueda obligar a invertir en determinados sectores a cambio de reservarle parte del mercado, o llegar a pasar por alto la calidad de los servicios que presta en régimen de monopolio. Pero Retevisión e Hispasat tendrán suficiente con presentar una cuenta de explotación no deficitaria durante estos años. Pretender que sean motores del sector raya con la utopía. En fin, creemos que las telecomunicaciones se deben desarrollar con una política más decidida desde la Administración, se debe forzar no sólo la oferta sino la demanda, bajando precios, aumentando la calidad, favoreciendo nuevos servicios, liberalizando otros. Es importante no olvidar que las infraestructuras de un país condicionan su desarrollo y que, igual que el estado cuida de forma decidida las comunicaciones por carretera y los ferrocarriles con grandes inversiones, tiene poco sentido que las mejoras de las telecomunicaciones deban ser sufragadas exclusivamente con la financiación de los usuarios actuales, vía aumento de cuotas. Ello constituye una forma de imposición indirecta al usuario, que beneficia a la empresa operadora de los servicios así gravados, sin que se le exija ninguna contrapartida. Y, puesto que nos centramos en inversiones, hay que decir que parecen insuficientes para el desarrollo previsto por el Plan, aspecto ya denunciado por la industria. No hay que olvidarse de que todavía estamos sufriendo las consecuencias de una acción similar, que acarreó la mayor crisis que han sufrido nuestras telecomunicaciones en las últimas décadas. Finalmente quisiéramos destacar el importante papel que juega y debe jugar en el futuro el Consejo Asesor, y especialmente la Ponencia creada para el seguimiento en tiempo real del cumplimiento del PNT. Será a través de esta Ponencia como se podrán modificar una serie de medidas que conforman el PNT y de las que depende el futuro de nuestro sector.

76.- EDITORIAL Las ETSITs en la encrucijada. Enfrascados en los problemas del día a día, con un sector que, tras una década boyante, atraviesa un momento difícil, nos pasan inadvertidas cuestiones claves para el futuro de la profesión. Este es el caso de la reforma de los planes de estudio de Ingeniería de Telecomunicación que actualmente se encuentran en un estado avanzado de desarrollo, y cuyos efectos se harán patentes a finales de esta década. La reforma de los planes de estudios, “de iure” o “de facto”, ha sido una constante en las ETSITs desde 1964. Sin embargo, en esta ocasión reviste especial importancia pues se realiza en un entorno hasta ahora desconocido: más de una decena de ETSITs distribuidas por toda la geografía nacional y previsión de mutaciones significativas del perfil profesional requerido por el mercado de trabajo. Un reciente estudio de FUNDESCO evalúa en un millar el número de compañeros que saldrán al mercado de trabajo en 1995, cifra que se eleva a ocho mil quinientos para el conjunto de titulados universitarios relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ambas cifras podrían doblarse al entrar el siglo XXI. No es difícil pronosticar un empeoramiento sustancial de la posición del ingeniero de Telecomunicación que encontrará un mercado de trabajo mucho más competitivo que en el pasado. En este contexto, la adecuación de la formación recibida a la realidad profesional se convierte en el factor fundamental del éxito o fracaso de la inserción profesional del joven ingeniero. ¿Cuáles serán los futuros requisitos profesionales? ¿Están diseñando las ETSITs planes de estudio que los satisfagan? Si hacemos caso de un reciente estudio de FITCE (Federation of Telecommunication Engineers of the European Community), el cambio más drástico se producirá en el segmento ocupacional relativo a la planificación y operación de servicios de Telecomunicación e Informática: segmento que ocupa en la actualidad a casi la mitad de nuestro colectivo. Según FITCE, los cambios en el marco regulatorio y la madurez de las tecnologías exigen que el profesional de este segmento tenga un buen conocimiento del “negocio” de las Telecomunicaciones y la Informática, un conocimiento razonable de los fundamentos de las redes de telecomunicación y de los sistemas informáticos, la capacidad de apreciar las tecnologías disponibles y en desarrollo, así como sus aplicaciones, y la habilidad para interpretar las necesidades de los clientes en función de las tendencias económicas y de mercado. En definitiva, se requerirá, no solamente un buen ingeniero en el sentido técnico, sino también un gestor y líder social, aspectos ingenieriles tradicionalmente olvidados en la formación de los telecos. La “doctrina” de las Juntas del COIT y la AEIT, fundamentada en los estudios socio-profesionales que periódicamente realiza y en el seguimiento del debate nacional e internacional sobre estos temas, puede sintetizarse en tres puntos: primero, reafirmar como principal activo de nuestro ingeniero, la profunda formación tecnológica de carácter horizontal (Eléctrica, Informática y Telecomunicaciones), que vienen impartiendo tradicionalmente las ETSITs. En segundo lugar, aprovechar la reforma en marcha para introducir de forma decidida componentes de economía y gestión, que introduzcan al estudiante en las técnicas y en la cultura del “management”. Finalmente, aconsejar a las nuevas escuelas su especialización en aquellas áreas más acordes con el entorno socio-económico característico de su ubicación geográfica. Pero no debemos olvidar que la responsabilidad última de todo plan de estudios está en cada Universidad y, de ahí y en nuestro caso, en cada ETSIT. Por ello debemos saludar iniciativas como la de CODITEL, agrupación informal de Directores de escuelas de Telecomunicación, foro donde los diferentes centros intercambian experiencias y puntos de vista, y donde COIT/AEIT participan activamente. Pero no parece que la convergencia necesaria, concepto hoy de obligada referencia, vaya por buen camino. Existen puntos de partida muy diferentes según los centros y, aunque somos conscientes de que en un plan de estudios confluyen muchos intereses, los que ahora parecen primar no son precisamente los más encomiables.

77.- EDITORIAL Posición del COIT y la AEIT ante la reforma de la ley de colegios profesionales. Han sido necesarios catorce años desde la promulgación de la Constitución para que el ejecutivo se haya “atrevido” a reformar la Ley de colegios profesionales. Casi cinco lustros en que el asociacionismo profesional de este país ha permanecido dormitando en antiguos cotos competenciales, regulado por una ley caduca que impedía cualquier movimiento modernizador. Pues bien, parece ser que gracias a una sencilla receta económica, la “libre competencia”, el legislador va a solucionar este espinoso tema en pocos meses. La historia comenzó con la publicación del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre “Libre Ejercicio de las Profesiones”. Pudimos leer horrorizados como se iban relatando los vicios y rasgos negativos de cada uno de los Colegios Profesionales para, por simple extensión, parecer que podrían ser imputados a todos los Colegios. Nuestro COIT, que obviamente no aparece citado en el informe, tenía que purgar los “pecados” de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Médicos, Abogados y Arquitectos, por citar aquellas profesiones que de forma recurrente aparecían en el informe. Con todo, la mayor sorpresa fue comprobar cómo, en opinión de los autores del informe, la “magia” del mercado era capaz de acabar de un plumazo con los comportamientos corporativos más recalcitrantes, manteniendo simultáneamente la colegiación obligatoria por titulaciones académicas, el reparto de competencias y atribuciones profesionales establecidos hace decenas de años, y sin modificar las arcaicas estructuras colegiales. El siguiente capítulo de esta historia, y nos situamos ya en el mes de Julio, fue el lamentable debate público del informe en los medios de comunicación. Como no podría ser de otra forma, los colegios fueron incapaces de transmitir a la opinión pública argumentos que contrarrestaran este feroz ataque. La mala experiencia que tienen consumidores y usuarios sobre algunas prácticas colegiales y los términos demagógicos en que estaba redactado el informe, produjeron un inesperado apoyo a las tesis del Gobierno. No puede extrañarnos que en estos momentos asistamos a una carrera contra el reloj, para llevar al parlamento la tramitación de esta ley. La rapidez de los acontecimientos obliga a las juntas del COIT/AEIT a abandonar la discreción que han mantenido hasta el momento y pronunciarse públicamente sobre este asunto, denunciando la contradicción intrínseca del híbrido Colegio/Asociación que se propone en la nueva regulación. Si el legislador considera que es mejor para este país el modelo de asociación profesional de “derecho privado”, como tienen los países anglosajones, lo que tiene que hacer es suprimir el artículo 36 de la Constitución eliminando los Colegios del marco jurídico vigente. Lo que no parece de recibo, es mantener todas las ataduras a la Administración que implica el modelo asociativo de “derecho público”, y, simultáneamente, vaciarlos de contenido competencial en este terreno. Si, por el contrario, el legislador considera, como el COIT/AEIT, que existen algunos servicios profesionales que no pueden quedar sometidos exclusivamente a la lógica del mercado sin acarrear graves perjuicios a los ciudadanos; si cree, como nosotros, que es posible desarrollar los aspectos positivos, que indudablemente tienen los Colegios, por el hecho de ser instituciones con derecho público con decenas o centenares de años de existencia; si tiene la voluntad política de aprovechar este proceso para dotar a los Colegios de un marco normativo que haga de ellos unas instituciones ágiles, participativas del entramado social, e incentivadotas de la competencia y de la calidad, contará con el apoyo incondicional de estas juntas. El Anteproyecto de Ley, hace todo lo contrario, deja la actual y anticuada estructura plenamente vigente, y espera que el “mercado” y la merma de los recursos económicos de los Colegios produzcan el milagro. El COIT/AEIT no puede apoyar este despropósito.

78.1.- EDITORIAL Balance de una etapa. Cuando estas páginas estén en vuestras manos, unas nuevas Juntas de Gobierno y Directiva sostendrán el timón del COIT y la AEIT. Permítasenos por ello dedicar este último editorial a volver la mirada hacia atrás con cariño y cierta nostalgia. La candidatura presentada en Junio de 1990 y posteriormente electa, asumió desde el primer momento la necesidad de que su mandato supusiera una nueva etapa en las actividades de ambas instituciones (entrevista al Decano / Presidente en BIT núm. 67). Una etapa capaz de responder a los retos que imponía un entorno muy diferente a aquel que definió la transición de los años ochenta. Nos propusimos cambiar la actitud distante y complaciente del colegiado / asociado hacia unas organizaciones que asumía, pero en las que no participaba. Decidimos defender y promocionar entre el colectivo la necesidad de apoyarlas e identificarse con ellas. Creamos unos servicios, hasta entonces inexistentes que, si bien son todavía limitados, han supuesto un cambio radical en el modo de percibir las instituciones por los cada día más numerosos compañeros que los utilizan. El aumento espectacular de la actividad en nuestras oficinas, durante estos dos años y medio, demuestra lo mucho avanzado en este terreno. En este periodo más de 1000 titulados y 500 estudiantes asociados se han incorporado. Ello supone un crecimiento próximo al 30% y, lo que es más importante, que las nuevas generaciones se colegian / asocian mayoritariamente. A esta inversión de lo que ocurría en pasadas etapas, no es ajena la labor de promoción realizada en las diversas Escuelas. Nos propusimos aumentar la influencia del COIT y la AEIT en el sector y potenciar su colaboración con los principales agentes del mismo. En colaboración con ellos, se han realizado actividades tan significativas como la organización del congreso de FITCE, donde reunimos a más de 500 ingenieros de telecomunicación europeos, o la puesta en marcha del proyecto ETSIT que, con un presupuesto superior a 300 millones de pesetas, unirá por satélite las Escuelas. Podemos afirmar que con independencia de los inevitables contenciosos particulares, las relaciones con las instituciones más significativas del sector: DGTel, Telefónica, ANIEL, CDTI, etc., son estrechas, fluidas, y sobre todo eficaces. Nos propusimos definir un campo competencial para el ejercicio libre de nuestra profesión. No hemos escatimado esfuerzos en este sentido y, aunque estemos lejos de los objetivos finales, algunos frutos ya se han obtenido. El incremento del 35% experimentado en los dos últimos años por los ingresos por visados y, sobre todo, los acuerdos con la Administración para racionalizar la actividad en algunos campos, indican que avanzamos en unos momentos muy poco favorables para ello. El BIT, escaparate privilegiado de todo esto, también ha cambiado. Cambiamos su imagen, con gran aceptación de la mayoría, y se incorporaron nuevas secciones para acercarlo a los intereses del colegiado / asociado. En un entorno publicitario muy complicado, nuestra revista es uno de los mejores órganos de expresión de los colectivos profesionales. En definitiva, pensamos que estamos en el camino correcto, lo que no significa que la labor de estos años no pueda y deba mejorarse. Las nuevas Juntas se enfrentarán a nuevos retos. La prevista modificación de la Ley de Colegios Profesionales dibuja un cambio drástico en el papel desempeñado por las instituciones profesionales. La recesión económica y el desmantelamiento del sector industrial, causado por una política que hemos cuestionado reiterativamente desde estas páginas, está impactando seriamente al colectivo. El fantasma del paro ensombrece el futuro de las nuevas generaciones. Se han puesto las bases para afrontar la siguiente etapa, siempre nueva y con algunas incertidumbres. Nuestros mejores deseos para los compañeros que integren las nuevas Juntas.

78.2.- EDITORIAL Telefónica: ¿Sólo “ganar dinero”? En recientes declaraciones del Presidente de Telefónica a la Gaceta de los Negocios, Cándido Velázquez afirmaba, con la franqueza que le caracteriza, que “a partir de ahora, nuestra preocupación prioritaria no es otra que ganar dinero”. Olvidados ya los años en que parte de la sociedad, y este colectivo en concreto, proponía una mayor componente pública en nuestra CTNE de entonces, y aceptando el proceso de liberalización de los servicios en el mundo como algo imparable, nos siguen preocupando, y mucho, las palabras de Cándido Velázquez. Nos recuerdan recientes experiencias de Telefónica cuando, presidida por Luis Solana, buscó igualmente la máxima rentabilidad como norte, entonces invirtiendo aquí y allá, en Tokio y en Nueva York, y cayendo, a los pocos años, en la que quizá haya sido la mayor crisis del servicio telefónico que recuerde nuestro país. Olvidar de nuevo las inversiones en tecnología, la calidad del servicio y el peso de los técnicos en la gestión de Telefónica puede suponer, por aquello de que la historia es cíclica, no haber aprendido del pasado, e iniciar la cuenta atrás de lo que supondría volver, en cinco años, a una nueva parálisis de nuestras telecomunicaciones. Eso sí, probablemente Telefónica habrá ganado para entonces mucho dinero. Pero tratándose de un servicio público de carácter social, no todo debe medirse por el nivel de los beneficios.

79.1.- EDITORIAL HISPASAT,¿un negocio? El general desconcierto que últimamente sacude a nuestra sociedad, está afectando directamente al proyecto Hispasat. La evolución de los acontecimientos, problemas técnicos incluidos, la falta de entendimiento y lucha de intereses entre los propios involucrados, la lentitud de la Administración y el histórico desprecio a lo nuestro que tradicionalmente ha caracterizado nuestra sociedad, hace que nuestro primer satélite se encuentre fuertemente cuestionado. Convendría devolver las cosas a su sitio y aclarar que de los satélites domésticos lanzados hasta la fecha por otros países (Alemania, Francia, Italia, Noruega, Méjico, Brasil, Turquía, etc.), ninguno lo ha sido como negocio en sí mismos sino como elemento estratégico de la infraestructura de telecomunicaciones y, en algunos de estos casos, como motor y dinamizador de su industria. Probablemente en nuestro país se haya gastado demasiada tinta, en un mundo demasiado obsesionado por los beneficios económicos como medida del éxito o del fracaso, en vender este proyecto como rentable económicamente y es hora ya de retomar otras consideraciones que las meramente pecuniarias para valorar el fracaso o no de nuestra experiencia. Que el Hispasat sea capaz de concentrar todos los canales que actualmente emiten en castellano, que sea el principio de una política de desarrollo de una capacidad industrial de cara a futuras experiencias, y que actúe como vínculo cultural entre nuestro país y la comunidad iberoamericana, serían algunos de los aspectos, entre otros, que deberían animarnos a los españoles a, lejos de echarle tierra encima, defender la viabilidad y la continuidad de este proyecto. Dicho esto, conviene incidir, sin embargo, en la necesaria eficacia de los diferentes agentes sociales en un segmento, el de la transmisión directa de televisión (DBS), cuya explotación determinará el éxito o el fracaso de la experiencia. Desde el lamentable fallo técnico detectado en el primer satélite, hasta la inconcreción de planes para la adjudicación de los canales cuando ya han transcurrido meses desde la puesta en funcionamiento del mismo, todos tenemos mucho que decir, en especial nuestra Administración, por su lentitud a la hora de legislar y su incapacidad para permitir que nuestro satélite responda en precio, pero sobre todo en plazo, a las necesidades del mercado. Que, por ejemplo el grupo PRISA haya decidido utilizar el Astra y desechar el Hispasat para sus emisiones, debería llevarnos a reflexionar si los responsables de nuestras comunicaciones por satélite han perdido o no el norte. No olvidemos que tenemos 56.000 millones de pesetas en el espacio y que, cumplido el objetivo de impresionar al personal en 1992, ahora tenemos que sacarle partido, que no rentabilidad, a tan importante inversión.

79.2.- EDITORIAL Una antigua demanda, por fin satisfecha. Uno de los aspectos más reiteradamente destacado por las diferentes Juntas de Gobierno del Colegio y Asociación hasta la fecha, una de nuestras quejas seculares, ha sido la escasez de ingenieros de telecomunicación en la Administración y su adscripción a una única Dirección General, la de Telecomunicaciones. Esta reivindicación histórica respondía básicamente al carácter horizontal de la formación que recibíamos, pues creíamos que nuestros conocimientos podrían ser de mayor utilidad al conjunto de la sociedad de lo que la realidad permitía. La publicación en el BOE de la Resolución del Ministerio de administración Pública por la que se convocó a oposiciones del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, de carácter horizontal y en el que se integran la totalidad de los cuerpos existentes, ha satisfecho, al fin, nuestra histórica solicitud. Es más, convocadas las iniciales 200 plazas de este recién creado cuerpo, sesenta de ellas, casi la mitad de las que han sido cubiertas por el turno normal, lo han sido por ingenieros de telecomunicación. Tenemos, pues, que felicitarnos por el éxito que ello supone, por la buena preparación demostrada por nuestros compañeros, y destacar el beneficio que, a buen seguro, reportará al conjunto de la sociedad nuestra aportación a la modernización y mejora de las estructuras administrativas de nuestro país.

80.- EDITORIAL Ante la convocatoria de las elecciones generales. La convocatoria de las elecciones generales nos debe brindar la oportunidad de conocer las propuestas de quienes aspiran a ser los máximos rectores del sector de las tecnologías de la información y, más en concreto, de nuestras telecomunicaciones. Los ingenieros de telecomunicación confiamos y deseamos que nuestros políticos sean capaces de exponerlas durante la campaña electoral que pronto empezará, donde la incertidumbre del resultado final debe contribuir a elevar el tono de un debate que en pasadas convocatorias no ha estado a la altura de lo que este sector merece. Las telecomunicaciones, en la encrucijada. Aceptado que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones es una realidad incuestionable, la experiencia internacional demuestra que existen distintos modos de afrontarlo, y, en consecuencia, muchas preguntas en el aire. ¿Qué modelo de liberalización defiende cada partido político? ¿Qué rango administrativo debe tener el órgano encargado de ejecutar la política nacional de telecomunicaciones que se establezca? ¿De Dirección General? ¿De Secretaría de Estado? ¿De Ministerio? La LOT y el contrato entre el Estado y Telefónica son los instrumentos reguladores más importantes, pero ¿son adecuados? ¿Qué previsiones se tienen sobre el desarrollo reglamentario? ¿Cómo se aseguran los compromisos de nuestro primer operador? ¿Es suficiente el actual PNT como instrumento de planificación estratégica de nuestras telecomunicaciones? ¿Debe corregirse en algún sentido? En definitiva, ¿cuál va a ser la naturaleza y el calendario de los principales hitos del proceso de liberalización propuesto por cada partido político? En cualquier caso, preguntas que los profesionales no querríamos dejar sin respuesta antes de ir a votar. Retevisión, Hispasat, Televisión por cable, TV de baja potencia… son actuaciones concretas de la articulación de los agentes y desarrollo de nuevos servicios que merecerían una respuesta política de quienes desean llevar las riendas de un sector que todos definimos como estratégico para este país. Nuestra industria, en crisis. Cualquiera que sea el resultado electoral, sea quien sea quien gane las elecciones, deberá tomar, por agotamiento del actual, otro modelo económico que mejore el estado general de nuestra industria y logre una evolución positiva del empleo. Pero ante algo tan evidente como esto, surgen muchas preguntas. ¿Qué modelo propone cada partido político? ¿Cómo se van a enfrentar cada uno de ellos con la crisis económica? ¿Qué medidas se tomarán en la lucha contra el desempleo? ¿Se continuará solucionando todo vía medidas macroeconómicas? ¿Qué preocupación existe hacia la situación por la que atraviesan nuestras balanzas tecnológica e industrial? ¿Qué se hará para mejorarlas? ¿Piensan, en fin, los partidos políticos utilizar el poder adquisitivo del Estado para potenciar nuestra industria? ¿Se planificarán, por fin, las compras públicas? ¿Qué van a hacer, en definitiva, los partidos políticos, que no sea únicamente esas medidas de apoyo horizontal que se han demostrado insuficientes, para mejorar la competitividad de nuestras empresas? Muchas preguntas, cuya contestación demostrará el talante de los partidos a la hora de enfrentarse con el futuro de nuestra industria, a la que se tiene que sacar de su estado actual, pues un país, al final, no es sino la suma de las capacidades de sus empresas.