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67.- EDITORIAL De la bola de cristal a la moneda al aire. Valorar el pasado, estudiar el presente y tratar de escudriñar lo que nos pueda deparar el futuro resulta imprescindible para quienes deseen responder adecuadamente a las necesidades de cada momento y evitar situaciones desfavorables que, cuando suceden, suelen ser difícilmente superables. La caótica situación en que llegaron a encontrarse nuestras telecomunicaciones públicas puede ser un ejemplo de ello. Otros aspectos no menos preocupantes y que empiezan a ser cuestionados, como la política económica e industrial que se ha estado aplicando en los últimos años, empiezan a aparecer en el horizonte. Cuestiones, éstas y otras, que son como son y solamente con el paso del tiempo podrán valorarse como positivas o negativas. Desgraciadamente, nadie posee una bola de cristal para poder vaticinar lo que el futuro nos depara. Pero de la bola de cristal a la moneda al aire va un abismo. Quien toma decisiones quisiera, siempre, disponer de la primera herramienta, pero la cruda realidad es que, las más de las veces, las prisas y la improvisación llevan a lo segundo. No pretendemos enmendar la plana a quien decide, llámese Solana, Solchaga, Pérez o García. Quisiéramos, eso sí, que no empezaran siempre los debates cuando ya es tarde. Nos gustaría evitar la carencia de discusión previa y valiente entre expertos y afectados que sirva de soporte a quien o quienes deben, al final del proceso, llevar a la práctica, legislar y dirigir el día a día. Es, en nuestra opinión, esto lo que está fallando y es precisamente esto lo que deseamos retomar cuanto antes mejor. Parece como si un largo letargo hubiese sacudido nuestra sociedad en general y nuestro sector en particular. El fantasme del miedo a “no salir en la foto”. El “sostenella y no enmendalla”. El aquí mando yo y el contraste de opiniones sólo llevará a la puesta en cuestión de mi persona. Precauciones y miedos que sólo sirven para aplazar y evitar sistemáticamente cualquier debate y, en consecuencia, para saber, de forma directa y organizada, las opiniones de los demás. Precauciones y miedos que han acabado con los últimos vestigios de ilusión colectiva que nos quedaba de cuando esto era habitual y la sociedad era “más abierta”. Como queremos ser positivos, vaya por delante un ejemplo de lo que debería ser más habitual: el debate creado en torno a lo que debe ser el ingeniero de telecomunicación del año 2000. Reunidos en El Escorial, durante dos días en fechas recientes, por iniciativa de nuestra Escuela de Madrid, quienes tenían algo que decir en este asunto, las discusiones, a veces ásperas, se han producido abiertamente. Cada uno ha aportado sus dudas, proyectos, rechazos y necesidades, libre y abiertamente, produciéndose, en conjunto, una auténtica “puesta en común” de experiencias personales y colectivas. Lo que llevará, sin duda, a quienes vayan a redactar el Plan de Estudios, a lograr un ingeniero de telecomunicación preparado para el futuro. Situaciones análogas en otros aspectos, son, por desgracia, difíciles de imaginar. Jornadas puntuales, con presencia de sindicatos, profesionales, administración y oposición, donde se repita la experiencia, en torno al modelo industrial, a las compras públicas, al desarrollo de los servicios, a las políticas sectoriales o al proceso tecnológico de nuestra incorporación a Europa, por poner algunos ejemplos, podrían hacer públicos muchos descontentos, frustraciones, proyectos o ilusiones, y traerían consigo, y eso es lo importante, sustanciales avances en la construcción colectiva de una verdadera “casa común”, la de todos los españoles. Es a esto a lo que ayudaremos cuanto podamos las Juntas Directivas del COIT y de la AEIT.

68.- EDITORIAL ¿Quién garantiza la calidad de los nuevos servicios? Los cambios estructurales en el sector, provocados por el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y la imparable corriente liberalizadora, están incrementando la gama y extensión de los servicios de telecomunicación de los que cada día dependen más las actividades de numerosas instituciones y ciudadanos. Las consecuencias de índole económico, industrial y político de este proceso, ocultan en numerosas ocasiones algo esencial: el objetivo último de todo servicio no es otro que la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Hasta ahora la garantía de la calidad del servicio estaba en manos de Telefónica que, con evidente éxito durante décadas y menor fortuna en los últimos años, cumplió su cometido. El papel pasivo de usuarios, profesionales y administración ha propiciado unas inercias estructurales que deberán modificarse a corto plazo para evitar un caos en el sector de consecuencias imprevisibles: Necesitamos organizaciones de usuarios, tanto institucionales como de consumidores, fuertes y con un conocimiento profundo del sector. Unas organizaciones que compensen el manifiesto desequilibrio entre le ciudadano y las entidades que suministran los servicios. La administración debe asumir por fin sus responsabilidades en esta área. Faltan normativas y medios de homologación que garanticen la disponibilidad y calidad de los equipos empleados. El papel de los diferentes profesionales debe ser delimitado con claridad en normativas específicas para cada servicio de modo que se aprovechen los conocimientos de estos técnicos. Por otro lado, es imprescindible la creación de canales alternativos a los Juzgados, como las Juntas Arbitrales, que aseguren la rapidez en la tramitación de las quejas. Su eficacia pasa por dotarles de soporte económico y capacidad sancionadora. La cualificación de los profesionales implicados, ingenieros e instaladores entre otros, tiene que garantizarle mediante mecanismos de selección, cursos de formación y reciclado, etc. La creciente sofisticación de los nuevos servicios así lo exige. Finalmente, todos los actores implicados deberemos colaborar en la definición de un marco de actuación donde cada cual pueda ejercer sus derechos y responder de sus obligaciones. La ingeniería de telecomunicación, y en especial su ejercicio Libre, se verá afectada por la nueva situación. Hasta ahora éste era desempeñado por un pequeño grupo de compañeros y se centraba en un reducido número de sistemas. El desarrollo de los servicios de valor añadido ampliará cuantitativa y, sobre todo, cualitativamente el campo de actividades. Las labores de consultoría, dictámenes, certificación fin de obra, etc., se incrementarán y extenderán por todo el país. Nosotros también tenemos que romper nuestras propias inercias. Más compañeros deberán incorporarse a estas labores y los que ya las realizan tendrán que adaptarse a la nueva situación. Como todo proceso de reconversión conllevará necesariamente algunos sacrificios pero estamos convencidos que lo demanda el futuro de la profesión. Las juntas del COIT y la AEIT estamos trabajando en la definición del nuevo marco y contamos para ello con la colaboración de los propios implicados por medio de la Comisión de Ejercicio Libre. Sin embargo, la labor de convencimiento ante los otros actores no es fácil. Necesitamos el esfuerzo e imaginación de todos y estamos abiertos a todas las sugerencias. Por último, es de justicia mencionar que se están haciendo algunos esfuerzos en la dirección adecuada. Una prueba de ello son las reuniones entre la DGTel, UCE y COIT de las que informamos en este mismo número. Sin embargo, tenemos la impresión de ir más lentos que el sector y así nunca lo alcanzaremos.

69.- EDITORIAL Ante la remodelación del gobierno. Han pasado casi dos meses desde que se produjo la última remodelación del Gobierno, lo que trajo consigo nuevos responsables ministeriales y un diferente reparto de responsabilidades a niveles inmediatamente inferiores. Se fue José Barrionuevo del antiguo MTTC dejando tras de sí grandes problemas sin resolver, especialmente los relativos al desarrollo de la LOT, el Plan Nacional de Telecomunicaciones o el contrato con Telefónica. Será ahora José Borrell, con un Ministerio más complejo, quien deba afrontar estas áreas. A pesar de nuestras continuas discrepancias con la DGTel en temas concretos, la lógica confirmación de Javier Nadal como Director general de Telecomunicaciones, que aún no se ha hecho pública a la hora de cerrar esta edición, es un dato positivo a tener en cuenta, pero nos surgen, en cualquier caso, importantes interrogantes. Ya no figuran, por ejemplo, las comunicaciones en el frontispicio del Ministerio. Caídas éstas, ahora lo es sólo de Obras Públicas y Transportes. Y aunque ya el nuevo ministro ha destacado públicamente el importante papel que las telecomunicaciones tienen para un país como el nuestro, nos queda la duda real de la prioridad que nuestro sector tendrá en la agenda de Borrell. Hubiéramos preferido, en la línea que nuestro colectivo viene demandando, la creación de una Secretaría General de Telecomunicaciones. La creación en el nuevo ministerio de Industria y Comercio de una Secretaría de Estado de Industria sería otro de los aspectos relevantes de la remodelación que nos ocupa. Significa, de entrada, una pérdida de rango de nuestro sector en el seno de la estructura organizativa del Ministerio. Podría responder al escepticismo que, en amplios sectores, está generando la política industrial seguida por nuestra administración en los últimos años. El hecho es que a muchos preocupa que no exista un sistema ciencia-tecnología-industria y que, en consecuencia, que valga todo, incluso destruir el escaso tejido industrial existente, con tal de conseguir crecimiento a corto plazo, es responsabilidad de nuestro Ministerio de Industria. Lograr que exista una decidida influencia gubernamental en sectores estratégicos, como han hecho y hacen otros países, que traiga consigo el establecimiento de una política industrial a medio plazo, que prime eficacia, rentabilidad, tecnología propia y producto en nuestras empresas debe ser el objetivo fundamental de la recién creada Secretaría de Estado de Industria. Resulta positivo, sin embargo la incorporación de las competencias de comercio en el Ministerio de Industria, pues supone articular intereses comunes hasta ahora dispersos para la industria. Convendría aclarar, para finalizar, que por encima de los cargos están las personas y que, en definitiva, el éxito de la remodelación en nuestro sector dependerá de los planteamientos, los objetivos y las prioridades que se marquen Álvaro espina en Industria y Elena salgado en Comunicaciones. De ello estaremos pendientes. Vaya nuestra colaboración y nuestro apoyo por delante.

70.- EDITORIAL Día Mundial de las Telecomunicaciones de 1991: día de contrastes. Dos actos muy diferentes organizó el colegio el pasado 21 de Mayo en que celebró el día mundial de las telecomunicaciones. Comencemos por el segundo, nuevo, insólito, como fue la presentación de los servicios que ofrecen el COIT y la AEIT a sus asociados, en una discoteca de moda, al anochecer. Esta convocatoria, de un corporativismo sano como el de tantos grupos sociales organizados, tuvo un éxito sin precedentes: el millar de asistentes se pasó con largueza y la profesión joven dio una nota de color desconocida hasta entonces. Salvo algún que otro defecto de organización, que deberá corregirse en otras ediciones, podemos calificar este acto como rompedor y muy positivo. Quizá su significado sea el que los ingenieros de telecomunicación seamos tan normales como el que más y el entorno mejor para comunicarse (telecomunicación a distancia cero) sea el que la sociedad ofrece comúnmente al ciudadano. Desde esta perspectiva es una experiencia a repetir. El primer acto fue el habitual de años atrás: 7 de la tarde, salón de actos del IIE, palabras del decano e intervención de la Administración. Este año fue la secretaría General de Comunicaciones, Elena salgado, quien tuvo la gentileza, -siendo permítasenos decir- nueva en esta plaza, de dirigirse a un también habitual público en esta clase de encuentros (no demasiados asistentes y de edad media digamos que hacia arriba). Se esperaba un resultado light, como de costumbre y así lo parecía por su discurso, el habitual también en este foro: agradecimiento al COIT y a la AEIT, objetivos generales de ordenación del sector y gestión, o control de gestión, de los servicios públicos de telecomunicación y objetivos próximos como modificar la LOT para adaptarse a los acuerdos comunitarios, concluir el Plan Nacional de Telecomunicaciones y establecer el nuevo contrato con Telefónica: despedida solicitando la colaboración de los ingenieros de telecomunicación. Era un mensaje conocido, pero consiguió transmitir la sensación de que la cosa iba en serio, y dio fecha: antes de acabar el año. Así esperamos que sea. Debemos resaltar, sin embargo, dos cuestiones de enorme importancia. Una de ellas es su cambio de situación en la mesa política: ahora ya no está sentada al lado de quienes tienen una responsabilidad interventora y deberían plantear un esquema de gran generosidad en cuanto a estructuras y recursos. La otra, y ahí sí afecta al papel de las telecomunicaciones en nuestro país, es la escasa dimensión relativa de la DGTel en este nuevo Ministerio que parece sólo de obras públicas y transportes. El Director General de Telecomunicaciones ha de jugar un papel fundamental, y además difícil, porque ha de ser la conciencia constante del Ministerio.

71.- EDITORIAL Un olvido imperdonable. Recientemente ha sido publicado, en el BOE del 21 de junio de 1991, el real Decreto 970/1991 que regula la composición del “Consejo Asesor de Telecomunicaciones”. Dicho órgano tiene encomendadas importantes competencias en materia de Telecomunicaciones, entre otras, informar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y proponer medidas al Gobierno en el ámbito de las Telecomunicaciones. Es sorprendente la amplia representación de agentes y fuerzas sociales llamadas a participar en este Consejo. Todos los Ministerios que tienen algo que ver con telecomunicaciones, instituciones autonómicas, representantes empresariales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones de usuarios, y un largo etc., en el que parece imposible que falte alguna institución u organización relacionada mínimamente con las Telecomunicaciones. Inexplicablemente hay un ausente: No están representadas las asociaciones profesionales. Como nos resulta imposible imaginar alguna razón convincente para esta exclusión, llegamos a la conclusión de que se trata simplemente de un olvido, de un olvido imperdonable. Es cierto que el error viene de antiguo, pues se produjo en la LOT y que el Real Decreto se limita a desarrollar casi literalmente el artículo correspondiente. Pero estamos seguros que con voluntad política se podría haber encontrado una vía para subsanar dicho error. Dentro de muy poco, las actuales Juntas del COIT y la AEIT cumplirán su primer año de mandato. En este corto periodo de tiempo cumpliendo su compromiso programático de defensa de los intereses profesionales del colectivo que representan y asumiendo la función social que la legalidad vigente les otorga, nuestras asociaciones han entrado en varios conflictos con la Administración. En todos los casos se ha tratado de olvidos y supuestos malentendidos. Así, resulta extraño que en el terreno de las actividades y colaboraciones concretas no encontraremos ninguna dificultad, mientras que la relación institucional continúa siendo difícil. ¿Cuánto tiempo podremos mantener esta paradoja? Parece que a la Administración no le gusta la actual reglamentación legal de las organizaciones profesionales; que recela del posible comportamiento corporativista que manifiestan algunas de ellas. Pero nos preguntamos, ¿alguna vez han dado muestras el COIT y la AEIT de dicho comportamiento? Reclamar las competencias que la legalidad nos reconoce y defender los intereses profesionales de nuestros representados no es incompatible con la defensa de los intereses del ciudadano. Es más, una mirada a los países más avanzados de nuestro entorno nos muestra unas asociaciones fuertes, defensoras de un sano corporativismo, que redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. Una vez más nos vemos en la obligación de denunciar la discriminación a que se encuentra sometido nuestro colectivo. Esperamos que la administración reconsidere esta decisión, y podamos afirmar que de verdad existe la colaboración y el diálogo.

72.- EDITORIAL El COIT ante la Política Industrial. ¿Hay política industrial en el Sector de las Telecomunicaciones? La avalancha de tinta vertida sobre ello en los últimos tiempos parece indicar lo contrario. Es posible que alguna vez, hace 5 ó 6 años, se haya realizado un intento, sin la necesaria coordinación y continuidad. Sin la necesaria coordinación, porque el Ministerio de Industria como principal planificador se vio oscurecido por la poderosa Telefónica, que en aquellos momentos soñaba con capitanear un potente sector industrial. Sin la necesaria continuidad, porque tras unos meses de dominar las primeras páginas de las publicaciones del sector, todo se ha venido abajo, y las pocas aventuras que han durado hasta ahora corren el riesgo de verse privadas de base. Las fusiones, la política de apoyo a la I+D, los varios intentos de construir multinacionales españolas, en definitiva, los intentos de construir un sector industrial con raíces en este país (para no utilizar el mando calificativo de nacional), parecen ahora un juego, privado como está de convicción en los que lo juegan y de confianza en los que lo vemos. ¿Y ahora qué? Todos los responsables van a Bruselas a escuchar en silencio lo que dicen los sumos sacerdotes de la estrategia… No dicen nada de la crisis de nuestras pequeñas empresas, algunas de las cuales se formaron y sostuvieron con el esfuerzo de mucha gente, ayudas y subvenciones públicas, que no han evitado que a finales de 1991 están en situaciones de crisis, renegociando todo lo renegociable, en sectores tan prósperos para otros como las Telecomunicaciones y la informática. ¿Qué ha pasado? La realidad es que la política industrial en España en los últimos años sólo ha existido en lo referente a la reconversión industrial (reajuste de la naval, línea blanca, etc.); pero creemos que no ha existido una política creativa y rigurosa con (1) objetivos tecnológicos para la inserción de España en la economía internacional, (2) recursos suficientes e instrumentos adecuados (planificación de mercados, por ejemplo) manejados con prudencia pero con continuidad, concentrados en los nichos elegidos, (3) seguimiento y análisis crítico, basado en parámetros medibles, de las experiencias empresariales, públicas y privadas, con la aplicación dinámica de correctivos, y (4) evaluación de los beneficios (no sólo cuantitativos) que las buenas experiencias empresariales tienen para la economía en su conjunto. Nuestros dirigentes económicos siempre han valorado el dinero por sí mismo y no por las fuentes que los generan. Tendrían que aprender de nuestros economistas que el dinero es sólido si está generado por un trabajo estable, competitivo y tecnológicamente avanzado. En otro caso, se construye una economía, inflada artificialmente por la especulación y el crédito, cuyo vencimiento llega siempre antes de lo que desea. Y nuestros dirigentes industriales y tecnológicos han pecado del vicio nacional de “estar a la penúltima moda”. Ante este panorama es fácil caer en la tentación de esconderse y arrojar balones fuera: Operadores de Telecomunicaciones a dedicarse a los servicios. Empresas a venderse al mejor postor… Estamos convencidos de que la respuesta a los problemas no está en discutir si debemos ir en primera o segunda velocidad (versión moderna de los galgos y los podencos). Se debe pisar firme en las decisiones a aplicar, pues no se trata tanto de velocidad como de potencia.

73.- EDITORIAL La LOT se reforma. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, aprobada hace cuatro años, supuso un gran paso hacia adelante en cuanto a la modernización del sector y su adecuación a las tendencias existentes en el mercado mundial de las Telecomunicaciones. Un aspecto positivo que se había de reconocer entonces era el simple hecho de que llenaba el vacío regulador que hasta ese momento existía en nuestro país. Repasando el grado de cumplimiento de la Ley, hay que recordar una vez más desde nuestra revista los aspectos importantes incumplidos. Incumplimientos graves, como el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT) y el nuevo contrato con Telefónica, que debían haberse establecido dentro del año siguiente a la promulgación de la LOT. Tras la reciente constitución del Consejo asesor de Telecomunicaciones, otro aspecto de la LOT que estaba pendiente, parece que ambos vacíos serán llenados en breve. En particular, damos la bienvenida desde estas páginas al PNT, cuyo borrador ya está siendo debatido en el Consejo Asesor. Pasando a analizar las modificaciones que se proponen en la LOT, es de destacar la incorporación de un artículo netamente liberalizador en cuanto concierne a los servicios no contemplados como servicios finales, dejando dentro de esta última categoría tan sólo a los servicios telefónico y telegráfico, que seguirán manteniendo su régimen de monopolio. En cuanto a los servicios que se liberalizan, destaca el calendario previsto para la implantación del régimen de libre competencia en servicios que en otros países de la Comunidad europea ya gozan de este marco, presentando plazos generosos de entrada en vigor de las medidas liberalizadoras (Enero del 93 para conmutación de datos, finales del 93 para telefonía móvil y finales del 96 para la reventa de la capacidad de servicio). Este calendario proporciona, una protección suficiente a los intereses del operador nacional. Pero, bien entendido, Que si deseamos que redunde en beneficio del conjunto de los intereses del sector, deberá aprovecharse el compás de espera para promover el sector industrial y apoyar el posicionamiento de los suministradores de servicios españoles. De no ser así, vemos difícil justificar unos plazos con los que se corre el riesgo de provocar un estancamiento en el desarrollo de los servicios, lo que sin duda haría que los usuarios demandasen un mayor ritmo liberalizador. La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, por otra parte, debería hacer especial énfasis en l garantía de una calidad de servicio para los usuarios. Nos parece que estos aspectos no están debidamente contemplados en el nuevo texto, aunque bien podrían reservarse para el desarrollo reglamentario. Respecto de la exigencia de una calidad de los servicios, se nos presentan un buen número de preguntas: ¿De qué forma la Administración va a hacer un seguimiento preciso de la calidad de los servicios de los diferentes explotadores? ¿Tiene recursos para ello? ¿Qué planes tiene para garantizar los servicios al usuario? El nuevo texto de la LOT no profundiza en el capítulo de penalizaciones para los incumplimientos de unos niveles mínimos de calidad de servicio. De todos modos podríamos preguntarnos si la Administración tendrá poder suficiente para imponer unas penalizaciones a la mismísima Telefónica. ¿Qué dirá su primer accionista, que es el propio Estado a través del Ministerio de Hacienda? Un aspecto importante a tener en cuenta es el propio papel que la Administración tendrá como catalizador del proceso de liberación. La Administración deberá garantizar este proceso asumiendo las funciones de vigilancia y control del mismo: vigilancia de la calidad de servicio, garantía de interoperabilidad entre redes, garantía de un trato igualitario a los diferentes operadores de servicios de valor añadido por parte de los operadores de red, etc. Al mismo tiempo, la Administración tendrá que cumplir unas exigencias acerca del desarrollo reglamentario y la homologación de equipos y sistemas, sin las cuales el proceso no podrá funcionar. Todas estas funciones y exigencias de la Administración difícilmente podrán ejercerse si ésta es débil, no sólo en recursos sino en representatividad política. El papel específico que la administración tiene en el proceso de liberalización se halla actualmente perdido por el organigrama de un mastodóntico Ministerio de Obras públicas y Transportes. Asegurar un adecuado control del proceso de liberalización de las Telecomunicaciones es una tarea ardua que ha sido abordada hace ya tiempo por otros países, y no siempre con los resultados que se esperaban, a pesar de contarse con importantes aparatos administrativos. Desgraciadamente, esas fuertes estructuras no se dan en nuestra administración de Telecomunicaciones, verdaderamente insignificante tanto técnica como políticamente, frente al coloso representado por Telefónica. Por ello, de seguir por este camino, la buena marcha del proceso de liberalización se hará aún más difícil: su fracaso puede estar a la vuelta de la esquina.

74.- EDITORIAL ¡Quo vadis, COIT! Como cada cuatro años, y ésta es su tercera edición, Colegio y Asociación analizan la realidad socio-profesional de los ingenieros de telecomunicación. El estudio, recién salido del horno bajo el acrónimo PESIT-3 y cuyo avance se presenta en este mismo número, ya tiene un carácter de valor añadido valiosísimo: es dinámico, al poder correlacionarse con los anteriores PESIT-1 y PESIT-2. Sus contenidos se pueden asociar a tres áreas diferenciadas: el entorno profesional y social del ingeniero de telecomunicación, en donde se desmenuza la profesión desde variadas perspectivas y se analiza las empresas donde ejerce su actividad (el 95% de los ingenieros son trabajadores por cuenta ajena), su formación (tanto la recibida durante los estudios de grado como la denominada “formación permanente”) y su opinión y posicionamiento ante el COIT y la AEIT. Es a este último aspecto al que prestaremos nuestra atención porque, de alguna forma, sirve de guía o contraste con la orientación de las actuales Juntas Directivas. Destaca (¡al fin!) que el colectivo diferencia claramente los roles de Colegio y Asociación y espera, además, de uno y de otra una mayor presencia, desde luego activa, en su entorno, profesional y social. También es, y principalmente, el grupo más joven (menos de 30 años) el que encuentra en el COIT y la AEIT un punto de identificación común que se manifiesta en forma de un cierto espíritu corporativo, en su sentido mejor: agradece los servicios que se le ofrecen (en línea de la actuación programativa de las actuales juntas) exigiendo, al tiempo, que nuestras instituciones desempeñan el papel que la propia sociedad española, al igual que otros colectivos profesionales, les reconoce. Esta última consideración marca un camino, ya emprendido pero nada fácil. Las competencias profesionales asignadas al colectivo, amparadas no ya por la legislación vigente sino por el propio modelo social en que vivimos, no están siendo bien entendidas. Desde nuestra organización no han faltado los intentos, repetidos hasta la saciedad, de encauzar las relaciones de la profesión entre el COIT e instituciones como la DGTel y Telefónica, teniendo como objetivo (desde luego no el corporativismo a ultranza, cosa sobre la que estas juntas se han manifestado siempre totalmente contrarias) la actuación conjunta de todos los actores sociales para el mejor desarrollo de nuestro país, a través de un elemento común de encuentro entre instituciones, empresas y ciudadanos. El COIT y la AEIT no renuncian, en modo alguno, a su papel social y seguirán intentando mostrar sus, permítasenos decir, sanas intenciones, por la vía, como siempre, del diálogo y la transparencia. Y, convencidos de la bondad de sus fines, no cejarán en ello.