Artículo BIT
Acuerdo nacional sobre el empleo
Juan l. Marin, Ingeniero de Te1 ecomunicación. Participó en las negociaciones entre Gobierno, Sindicatos y CEOE para la elaboración del ANE representando a CC.OO. Secretario General de la Federación del Metal de Cc. OO. Aeuerdo .Naeíonal sobre el empleo E s inevitable comenzar recordando el impresionante volumen de de- sempleados en nuestro país como consecuencia más saliente de la crisis económica. Las cifras actuales (1.783.500 trabajadores según INE), y la velocidad de crecimiento de los último" años (8,22 por ciento en 1978, 10,14 por cientél en 1979, 12,60 por ciento en 1980 y 13,93 en ell er semestre de 1981), son más que significativas para reforzar el carácter de este problema como el más importante del país en términos económicos, sociales y aún políticos. El ANE supone el primer intento serio en nuestro país de atacar est..: problema con soluciones eficaces. Pese a no ser un plan ambicioso, a ser limitado en su vigencia (final del 82), y a no resolver por si mismo el problema, cuy".! causa final es la crisis, habría que señalar unas cuantas características que lo pueden configurar como un instrumento eficaz para la creación de empleo: a) Se instituye la vía del acuerdo para resolver el problema. En condiciones normales, las fuerzas sociales y económicas operan con un importante grado de autonomía. Sin embargo, la situación económica, social y política de nuestro país (no se olvide la cercanía en el tiempo del 23 F) dibujan un panorama de emergencia que exige como indispensable la vía del acuerdo entre las partes. b) Elemento fundamental en la creación de empleo es el aumento de inversión pública (creación 350.000 empleos). A este respecto podemos recordar los debates parlamentarios en que la izquierda sustentaba estas posiciones frente a los criterios del gonierno. A estas alturas está comunmente a~eptando que el sector privado no crea por sí solo puestos de trabajo. Si invierte, lo hace, en todo caso, para amortizarlos (mejoras tecnológicas). c) Contempla, no sólo las medidas de creación de empleo, sino también una serie de acciones complementarias en cuanto a cobertura del desempleo (subsidio, desempleo agrario, colectivos especiales, etc.). Este incremento de gasto, imprescindible dadas las altas cifras de paro que se registran, se sufraga entre los empresarios y la Administración. d) Lo que fundamentalmente aportan los trabajadores (los sindicatos en su nombre) es la moderación salarial, bajo el presupuesto general de la transferencia de renta de los trabajadores con poder di~ reivindicación a los colectivos más desprotegidos (parados, pensionistas, trabajadores a salario mínimo). Sin necesidad de insistir en su contenido detallado, si se puede decir que ha sido bien recibido por práctica unanimidad en todos los medios. La pregunta generalizada también es si se va a cumplir, en especial el punto relativo a la creación de los 350.000 puestos de trabajo. El primer índice de cumplimiento lo va a dar la discusión de los Presupuestos Generales del 82 que se avecina. En todo caso, el propio carácter del acuerdo, va a exigir una permanente vigilancia por todos los firmantes (especialmente de los sindicatos). En cuanto a la reconversión industrial, las primeras medidas legales se han tomado con la publicación de un Real Decreto-Ley (ROL 9/1981 de 5 de junio) que apunta las líneas generales de la política industrial del gobierno. Es de esperar, sin embargo, que en breves semanas se realice un debate parlamentario en tomo a Sil reencaminamiento como proyecto de Ley y, por tanto, con la posibilidad de ser enmendado. El desarrollo de estas medidas puede variar profundamente la estructura industrial de nuestro país, en función sobre todo de la próxima integración en la CEE. Desde diferente óptica, sin embargo, se ha resaltado la ausencia inexplicable de medidas de reindustrialización en el Decreto Ley del Gobierno con lo que parece limitar su alcance solamente a los sectores en crisis. En este sentido, la necesidad de iniciativas en tomo a la política industrial, cobra un interés excepcional. El desarrollo del decreto referente al trábajo en prácticas, si bien puede fomentar la creación de puestos de trabajo para profesionales jóvenes, puede convertirse, en un mecanismo "económico" para las empresas en el reclutamienf"} de personal. CC.OO. ha firmado el ANE y su 11 Congreso ha ratificado esta firma. Somos conscientes de que el acuerdo en sí no va a resolver por si solo el problema del paro. Un amplio programa es nuestro Plan de Solidaridad contra el Paro. El ANE no hace sino ir en esa dire-:ción, de forma limitada, pues no es un plan de política industrial y de protección a los parados a medio plazo. CC.OO. está de acuerdo en el eje básico del ANE: la redistribución de las rentas salariales, es decir, que los trabajadores con empleo hagan esfuerzos a camhio de que el producto de esos esfuerzos vaya a la creación real de puestos de trabajo (esencialmente vía inversión pública que es la única fiable) y a la protección de los colectivos más desprotegidos Esas contrapartidas fundamentales eran las ausentes en otros acuerdos que CC.OO. no ha firmado, y por lo que dichos acuerdos no han supuesto la generación de empleo. No nos cabe duda, sin embargo, de que tanto el Gobierno como la CEOE van a intentar (de hecho ya se detectan síntomas) que el ANE se desnaturalice, in cumpliendo gran parte de las contrapartidas. La presión de! empresariado sobre el Gobierno es muy fuerte y no hay que olvidar que la CEOE firmó a regañadientes. Por ello damos tanto valor a la Comisión de Seguimiento que puede permitimos una vigilancia estricta y continuada. Y por ello no descartamos que sea necesario en un momento dado ejercer medidas de presión que entendemos deberían extenderse al conjunto de la sociedad. Porque del cumplimiento del acuerdo no dependen solamente los intereses de unos cuantos, sino de toda la población. Si el mecanismo ensayado no da resultado, podrían derivarse nuevas y muy importantes frustraciones 30ciales y una fuerte pérdida de credibilidad en la capacidad de enté:ndimiento y de respeto de los acuerdos por las instituciones democráticas. .
30 oct 2015